MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid ha ordenado que se retiren las ‘barreras Covid’ de los juzgados madrileños, una medida que se implantó con la pandemia para restringir el acceso a las secretarías de los órganos judiciales.
La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid ha emitido hoy una orden que insta a la «retirada inmediata de todos los elementos que obstaculicen o impidan la entrada a las secretarías de los juzgados».
Su eliminación era reclamada por operadores jurídicos, entre ellos el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El Colegio ha aplaudido la orden dictada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
«Las ‘barreras Covid’ que todavía hoy siguen impidiendo el paso a los profesionales de la abogacía a las secretarías de las sedes judiciales afectan al derecho de defensa y atentan contra nuestra dignidad. Es un trato que no merecemos y que he denunciado como abogado y como Decano. Esperamos que esta orden ponga fin a un sinsentido. Desde el ICAM vigilaremos que así sea», ha señalado Eugenio Ribón.
Por ello, el Colegio continuará alerta comprobando la situación de las sedes judiciales madrileñas para verificar la efectiva retirada de todos los obstáculos que dificultan el ejercicio de la abogacía y el derecho de los ciudadanos a acceder a los juzgados.
Estas barreras se implantaron durante la crisis de salud pública provocada por el Covid-19, comenzando en las sedes judiciales a existir muebles, timbres o carteles que impedían la entrada libre a las secretarías judiciales, medidas que carecían de amparo normativo y que aún a día de hoy permanecen presentes en multitud de juzgados.
Ribón fue de los primeros abogados en Madrid en denunciar públicamente esta situación, iniciando una campaña en redes sociales para que otros compañeros/as también reportaran estas barreras.
El Colegio, a través de Defensa de la Abogacía ICAM, realizará un seguimiento diario sobre la retirada de los obstáculos en las sedes judiciales y denunciará públicamente cada barrera que permanezca después de la orden de la Comunidad de Madrid.
