En un momento crucial para la calidad democrática y de la Justicia el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) pone en marcha la iniciativa «Sociedad Civil y Estado de Derecho» con el propósito de reunir y visibilizar las diversas actuaciones de entidades jurídicas y sociales en este ámbito. Impulsado por Roberta Poza, Diputada de la Junta de Gobierno responsable de Relaciones Institucionales, este proyecto busca ser un punto de encuentro para las entidades de la sociedad civil que trabajan en la preservación del Estado de Derecho.
Se trata tanto de promover el análisis y la reflexión, como de poner de relieve el papel crucial que juega la sociedad civil en la salvaguarda de los principios democráticos que constituyen el pilar de nuestro Estado de Derecho y también realizar futuras acciones conjuntas.
El proyecto se inaugurará con una jornada dedicada a analizar la Ley de Amnistía desde el prisma constitucional y del Derecho europeo, en colaboración con la Fundación «Hay Derecho» y con la «Plataforma Cívica por la Independencia Judicial». Esta jornada no solo marca el inicio de una serie de diálogos esenciales, sino que también pone de manifiesto la urgencia de fortalecer los lazos entre la sociedad civil y el sistema jurídico para garantizar el sostenimiento de nuestros principios democráticos.
¿Dónde reside la importancia de la sociedad civil? ¿Por qué es capital poner en valor su papel como contrapeso político y de vigilancia de las instituciones?
La viabilidad de las democracias depende de la existencia de instituciones y organizaciones de la sociedad civil fuertes y activas. Son muchos los teóricos que sostienen que la salud de las democracias está intrínsecamente ligada a la presencia de una sociedad civil robusta y dinámica. Esta sociedad civil, conformada por individuos y organizaciones independientes, actúa como un antídoto contra problemas clásicos como la desafección ciudadana, la falta de transparencia, la escasa participación en los asuntos públicos o la ausencia de espacios para la deliberación. En esencia, la sociedad civil debe ser vista como un instrumento efectivo, quizás el más efectivo, para la regeneración democrática.
No podemos olvidar que la estructura de las democracias viene a ser un sistema, dinámico y en tensión, de poderes y contrapoderes.
En España este papel encuentra su referente en el modelo de sociedad que propugna la Constitución, basado en una democracia participativa y donde los poderes públicos deben facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y cultural.
Además, nuestra Carta Magna reconoce el derecho de audiencia de todos los ciudadanos a través de sus organizaciones en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, lo que representa pasar de una organización totalmente pasiva de administrados a otra de ciudadanos activos y, para la Administración, de una situación basada en la autoridad-poder a otra basada en la negociación, la influencia y la persuasión.
¿Qué papel ha de jugar la abogacía en la defensa del Estado de Derecho?
La abogacía es uno de los pilares fundamentales de la sociedad civil, pues promueve y protege el Estado de Derecho. Concretamente, el artículo 3.1 de los Estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y el artículo 1.5 del Estatuto General de la Abogacía Española confieren al ICAM la defensa del Estado social y democrático de Derecho.
Con ello en mente, esta Junta tiene una firme convicción y compromiso con el principio de legalidad constitucional, con el Estado de Derecho y en la separación de poderes como fundamento del Estado democrático y de sus mecanismos de control.
El Colegio ha de garantizar, desde la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política, la defensa de la Constitución y de los Tratados europeos, tal y como manifestó públicamente la Junta de Gobierno del Colegio en su declaración institucional aprobada por unanimidad el pasado 9 de noviembre y a la que se sumó la mayor parte de la abogacía madrileña.
¿Cómo puede la sociedad civil y la abogacía contribuir a mejorar el sistema de justicia y fortalecer el Estado de Derecho?
En primer lugar, desempeñando de forma activa ese papel de contrapeso que antes comentábamos. Para ello tiene a su alcance diversas formas de acción para ejercer una influencia positiva. Así, por ejemplo, la sociedad civil y la abogacía tienen un papel fundamental en impulsar reformas legales necesarias y garantizar que las leyes reflejen las necesidades y valores de la sociedad. La transparencia en el proceso legislativo y la participación ciudadana son elementos clave para lograr esto. No podemos dar por sentado el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Debemos ser activos en su protección y promoción en cada momento, en cada caso y en cada reforma legal.
Además, la colaboración entre abogados, jueces, académicos y ciudadanos es esencial para abordar desafíos complejos como la lucha contra la corrupción.
Las campañas de sensibilización e iniciativas para visibilizar casos de éxito o actuaciones ejemplares son herramientas poderosas para fortalecer a la sociedad civil en la defensa del Estado de Derecho y la seguridad jurídica.
¿Por qué se impulsa el ciclo sociedad civil y estado de derecho?
En primer lugar, para el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil que actúan en defensa del estado de derecho y que están consiguiendo importantes logros a pesar de sus limitaciones a la hora de actuar, como las económicas y operativas.
Con esta iniciativa, el ICAM se compromete a ayudar, a ser una plataforma para el diálogo conjunto y para emprender cualquier tipo de acción o iniciativa que sirva tanto para potenciar a estas entidades y dar visibilidad a su labor como para avanzar de forma conjunta en metas que son comunes.
¿Cuál es el mensaje que el ICAM desea transmitir a la sociedad respecto a su labor en defensa del Estado de Derecho?
Defender el Estado de Derecho es defender que todas las personas, independientemente de su posición, están sujetas a las mismas leyes y que estas leyes son claras, justas y aplicadas imparcialmente, atributos fundamentales para garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sistema legal.
Como Junta de Gobierno asumimos esta visión como parte de nuestros objetivos. No solo tenemos la responsabilidad de una gestión eficaz del Colegio y de la defensa de los intereses corporativos de la Abogacía. Como el Decano proclamó en nuestra toma de posesión, el ICAM también está llamado a reivindicar y defender el Estado de Derecho.
El mensaje que queremos transmitir con esta iniciativa que ahora inauguramos es que la sociedad civil y la abogacía tienen un poder transformador que debe ser aprovechado para construir un futuro mejor. Es fundamental ser activos en la protección y promoción del Estado de Derecho y la seguridad jurídica en cada momento, en cada caso y en cada reforma legal. Juntos, podemos trabajar para fortalecer nuestras instituciones y garantizar la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos.
