Análisis

  • Irene María Briones Martínez. Copresidenta de la sección de Derecho Canónico del ICAM.

Los delitos de odio por razón de religión y de creencias

Contexto Legal Europeo

En la Recomendación 1805 (2007), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se afirma que la blasfemia no debe considerarse un delito, pero sí conmina a las legislaciones nacionales para que castiguen el delito de odio. Las leyes que regulan el delito de blasfemia se han ido derogando, y lo mismo ocurre con la denostada difamación de las religiones, los casos se dilucidan normalmente por la vía del hate speech, salvo supuestos como Finlandia con el delito del breach of the sanctity of religion, o la ley rusa que sanciona con tres años de prisión la blasfemia, tras el suceso del grupo de música punk Pussy Riot.

Para acercarnos al delito de odio, tenemos que mencionar la Recomendación (97) nº. 20, del Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa, en la que muestra una gran preocupación por el resurgimiento actual del racismo, la xenofobia y el antisemitismo y el desarrollo de un clima de intolerancia, por lo que se invita a un compromiso para combatir todas las ideologías, políticas y prácticas que constituyen una incitación al odio racial, la violencia y la discriminación.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), en su Recomendación de política general nº 15, establece las medidas para la lucha contra el discurso de odio, entre las que se encuentra la invitación a la firma del convenio contra la ciberdelincuencia, y el respeto al artículo 20 del PIDCP-ICCPR.

El informe de la Comisión de Venecia (2008) se preocupó especialmente por la incitación al odio religioso. Examinada la legislación europea sobre blasfemia, insultos e incitación al odio religioso, concluye que la incitación debería ser objeto de sanciones penales, aunque considera que no debe ser objeto de sanción el simple insulto a los sentimientos religiosos, y que la blasfemia debería abolirse.

A este informe, le sigue el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia, emitido por las Naciones Unidas, de 5 de octubre de 2012, en el que se recalca la necesidad de las prohibiciones penales, advirtiendo que los líderes religiosos también incitan al odio.

En general, el delito de odio, incluso en forma de discurso, implica la incitación, la violencia y la discriminación contra personas o grupos de personas, por razón de su religión o creencias, pero no directamente para proteger a la religión o a las creencias sino a las personas. Delito que afecta en el ámbito de Estrasburgo al artículo 10 del Convenio, y al artículo 17 por la conocida doctrina negacionista o de la guillotina, jurisprudencia de la que trato en una monografía. En otros continentes también contemplamos estos itinerarios, aunque con diferentes peculiaridades, en las que se puede castigar o no la apología del delito.

Asimismo, se debe mencionar la lucha contra la ciberdelincuencia del odio acrecentada con el confinamiento del COVID-19, y que ya se advertía en la Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2017, extendiéndose la lista de delitos en 2020 y 2021 a la violencia doméstica y de género, así como al acoso sexual ejercidos a través de la red que son transfronterizos por su propia naturaleza.

En el discurso de odio religioso vemos una conexión con el terrorismo, en el que el odio y las emociones están en el lenguaje derogatorio y exterminador de incitación y apología. A su vez, los ataques terroristas han desencadenado consecuencias negativas como la situación de ‘ansiedad’, con violaciones de derechos humanos en la imposición de medidas de seguridad nacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/73/296 titulada “Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o la Creencia”, que condena enérgicamente la violencia y los actos de terrorismo dirigidos a individuos, incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas, sobre la base o en nombre de una religión o creencia.

Del mismo modo, la necesaria limitación de la libertad de asociación, tal y como se desprende de la STEDH Vona c. Hungría, de 9 de junio de 2013, asimismo la retirada de apoyo financiero a fundaciones o a cualquier asociación que pueda estar ligada a actividades terroristas, aunque también persigan fines sociales y religiosos, o sólo cuando ataquen el patrimonio cultural religioso como ‘forma de destruir la identidad religiosa de los creyentes’, o que trafiquen con estos bienes. Y, como se recomienda también en la Declaración ministerial sobre la prevención y la lucha contra la radicalización que conducen al extremismo violento, celebrada en Belgrado (2015) por la OSCE, se condena firmemente la destrucción del patrimonio cultural y de lugares religiosos. Indicar someramente la primera condena de la Corte Penal Internacional por destrucción de patrimonio histórico en Tombuctú: el caso Al Mahdi. Además, es de suma actualidad que con fecha de 21 de enero de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución condenando los delitos contra los sitios religiosos y el patrimonio cultural. La resolución se titula “Promoción de una cultura de paz y tolerancia para salvaguardar los lugares religiosos”.

Realidad social y legal española

La legislación penal española suscribe el acuerdo de uso del término de odio utilizado en el ámbito de la OSCE, tras ser aprobado en 2003 por este organismo internacional que reúne a 57 países. El actual Ministro del Interior presentó el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio (2019), en el que están implicadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También podemos colocar un espejo ante la realidad española con los informes anuales, en los que aparecen datos estadísticos de los delitos de odio por razón de religión o de creencias, que no son los más acusados, pero continúan cometiéndose especialmente sobre varones y, actualmente se han introducido encuestas sobre delitos de odio. Debido a la jurisprudencia reciente sobre el escarnio, hay que diferenciar los delitos de los artículos 522 a 526 del mismo Código sobre ofensas a los sentimientos religiosos.

Se constata que hay un incremento de delitos de odio basados en la Islamofobia, según se desprende de los datos manejados por el Observatorio para el Pluralismo Religioso en España. La OSCE opera con otros recursos distintos de los informes oficiales de España, y considera que en España se vive también el antisemitismo, el odio anti-Roma y anti-Cristianismo, siendo éste último más elevado en incidentes contra la propiedad. No obstante, el número de crímenes tuvo su punto álgido en 2017 y fue descendiendo hasta la actualidad.

En la exégesis de las reformas del derecho penal español así como de la LECr., no debemos obviar la Guía Práctica para la Abogacía sobre delitos de odio, elaborada por la Fundación de la Abogacía Española que pone de relieve que es una actuación marcada por la casuística y, sobre todo, por el abanico de interpretaciones que se abre en el análisis jurídico de las conductas tipificadas en el artículo 510 del Código Penal; de hecho es una cuestión de no poca enjundia para jueces, fiscales y abogados si la gravedad legal de una determinada ofensa o agresión de este tipo es modulable según el contexto político y social en el que se produce.

Hacia la atención a verdugos y víctimas del odio

Lo que conocemos como victimología y el mejor conocimiento de los delincuentes con el fin de prevenir el delito y aminorar o reparar sus consecuencias, se ven reforzados a través de una tarea propia de los juristas. Además, tanto la atención a las víctimas como al autor debería incluir un aprendizaje de reconocimiento y respeto del otro, con la conciencia de la historia de genocidios del siglo XX y XXI. La metodología de este aprendizaje consiste en construir la tolerancia y una ciudadanía responsable a través de la educación, buscando igualmente consensos que asuman los diferentes modelos de justicia en el orden nacional e internacional.