Es imprescindible reflexionar sobre el futuro de la jurisdicción militar para adaptar su normativa al contexto y a la problemática actual de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, destinatarias de la misma. Así lo ha reconocido Jacobo Barja de Quiroga López, presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en un acto organizado por la sección de Derecho Militar del ICAM que preside el abogado Mariano Casado.
En su intervención, el magistrado resaltó que la jurisdicción militar está en el centro de atención debido a la proposición no de ley presentada por Sumar en marzo de este año, que propone una reconfiguración. «Estaría compuesta por órganos especializados servidos por jueces y magistrados de carrera, lo que genera un cambio importante, con leyes procesales ordinarias». Para el ponente, «estos cambios se respaldan porque se piensa que hay una falta de independencia de la justicia castrense frente a sus mandos militares. La razón de esa falta de independencia es porque estos magistrados mantienen su empleo militar y dependen de sus superiores jerárquicos. También revela la necesidad de la doble instancia que no existe en la jurisdicción militar y que ahora se palia con el llamado recurso de casación ampliado».
En el contexto actual, existen varios mandatos de modernización de la jurisdicción militar que no se han cumplido y es necesario modernizarla previa reflexión profunda sobre su dirección futura. Está claro que debe avanzar de la misma manera que lo han hecho otras jurisdicciones militares; lo fundamental es un proceso de reflexión en el que todos los agentes interesados puedan opinar. Para Mariano Casado, presidente de la sección de Derecho Militar del ICAM, es necesario observar cómo se ha organizado en nuestros países vecinos y, sobre esta base, plantear un tipo de reforma. En este contexto, el ICAM, como el Colegio de Abogados más importante de Europa, tiene mucho que decir y puede influir en las iniciativas legislativas.
Este experto recuerda que hay tres leyes distintas que promovían la modernización y que no se han implementado, mientras que otras jurisdicciones sí están avanzando. En la jurisdicción militar, por el momento, no hay cambios, pero sí debe sufrir transformaciones.
Necesidad de reflexión profunda
En este tipo de reflexión, recuerda que es necesario observar su organización, cuál es su planta judicial y qué tipo de jueces debe tener la jurisdicción militar: si deben ser jueces militares o jueces especializados. Ese es el planteamiento que se debe hacer con calma y seriedad.
Casado recuerda que hace unas semanas se abordó en el ICAM el impacto de las reformas legislativas del servicio público de Justicia, pero no se mencionó en absoluto la jurisdicción militar. En su opinión, no puede quedar al margen de la justicia española y de sus avances porque la justicia militar es una parte más.
Sobre los proyectos de ley que se han aprobado, reconoce que «hay alguna referencia concisa, pero al final debe realizarse un debate profundo porque hay muchos intereses en juego, no puede quedar al margen de los debates generales que hay sobre la justicia».
En cuanto a la mesa redonda del ICAM, reconoce que ha sido una jornada de absoluta actualidad porque afecta no solo a los operadores jurídicos que trabajan en esta jurisdicción militar, sino también a los destinatarios de esa jurisdicción, que son los profesionales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. La ponencia del presidente de la Sala Quinta ha servido para profundizar en la problemática de dicha jurisdicción y transmitir la opinión de una persona cualificada.
A lo largo de su intervención, se pusieron de manifiesto una serie de cuestiones relevantes, como que la jurisdicción militar debe existir porque se prevé expresamente, pero todo lo que tiene que ver con su configuración está abierto a que el legislador pueda establecerlo en cada momento, sin ninguna cortapisa previa. «A partir de ahí, también se habló de distintos problemas como los nombramientos, las apariencias de imparcialidad e independencia, así como la posibilidad de que la jurisdicción se nutra de magistrados de carrera independientes que provengan de la carrera judicial o del ámbito militar y que se incorporen sin vuelta atrás, como dijo el presidente de la Sala».
Al mismo tiempo, en el ámbito parlamentario, hay alguna iniciativa al respecto que ya se comentó. «Leyendo la proposición no de ley y lo que se comentó en la jornada, el tema debe analizarse jurídicamente de manera indiscutible. También hubo sugerencia de incorporar gente del ámbito jurídico, pero de determinado empleo, siempre sin vuelta atrás. Una de las cuestiones que quedaron claras de esta jornada es que al presidente de la Sala no le parecía correcto que una persona fuera juez y, al mismo tiempo, fiscal secretario relator, ir a asesoría y luego volver a otro sitio. Eso no se sostiene».
Otra de las cuestiones que se comentaron es que las leyes que regulan la jurisdicción militar «van avanzando y que las normas jurídicas militares son normas de los años 80, mientras que la realidad de las Fuerzas Armadas es otra. Urge esa actualización legal que se reclamó en este debate».
Foro ICAM, clave para debatir sobre justicia militar
A lo largo del debate quedó claro que la no existencia de este foro en el ICAM sobre la jurisdicción militar muy posiblemente evitaría que se hablara de estas cuestiones en nuestro país. En cuanto a la doble instancia, «la última sentencia de la Sala en pleno, que es muy reciente, confirma lo que el presidente de la jurisdicción comentó en este debate en el Colegio de la Abogacía de Madrid, de que se ponga en marcha. Los tribunales no pueden suplir al legislador. Debe ser el legislador el que haga estas tareas de cambios normativos tan necesarios en la justicia militar».
Para Casado, la PNL planteada recientemente pone este tema sobre la mesa, con lo cual está claro que su orientación no está desencajada. «Al mismo tiempo, la reforma que se hizo en el 2021 para eliminar los nombramientos de los cargos en el CGPJ está bloqueando la sala militar. En la ponencia, Barja de Quiroga habló de la suplencia profesional en cuanto a jueces y magistrados que ya están en jurisdicción participan en actos jurisdiccionales de otros juzgados».
A juicio de este experto, «el problema es que se ha utilizado la suplencia profesional acudiendo a eso que criticaron en la ponencia, a gente que está en la asesoría que por un año en comisión de servicio se incorpore a la jurisdicción. Estas cosas que no se conocen, los destinatarios son los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil que pueden superar los 200.000 efectivos».
Por su parte, el catedrático de Derecho Penal, Javier de León, asistente a la jornada del ICAM, indicaba que «la principal necesidad es la de sentarse a reflexionar sobre el camino que debe recorrer en los próximos años la jurisdicción militar. Fue en su día una jurisdicción que sufrió unos cambios importantes tras la entrada en vigor de la Constitución y la transición democrática, pero es evidente que necesita seguir avanzando en su renovación».
A juicio de este jurista, «esta renovación requiere una serie de cambios y sobre todo dar respuesta a los problemas que subyacen y que la tienen un poco paralizada. Sobre estas cuestiones hay que señalar que a nivel de organización interna mantiene unas estructuras muy rígidas para nombrar a los miembros de los tribunales. Al mismo tiempo, hay que buscar una auténtica integración con la jurisdicción ordinaria. Que realmente se asimile en materia de nombramientos a la jurisdicción ordinaria».
En cuanto a la existencia de una doble instancia, «el resto de jurisdicciones ya la tienen, como bien es sabido y al mismo tiempo es un mandato europeo, es una forma de establecer una mayor garantía en el procedimiento militar».
Respecto a la PNL que está en el Congreso, cree que «lo que tenemos que analizar de la misma, sobre todo, es que el Gobierno y el resto de los órganos de la administración de justicia tienen que sentarse a reflexionar sobre cuál debe ser el camino de modernización de la justicia militar».
Urge modernización de justicia militar
En cuanto a ese proceso de modernización, para Javier de León «lo primero que hay que tener es jueces que se dediquen a ser jueces, pueden tener carácter militar, ser jueces solidarios, que tengan una especialización, pero que sean jueces nombrados por el CGPJ que tengan la formación adecuada. Lo que no puede haber es el baile que hay en la jurisdicción militar en los diversos puestos, que hacen que el que hoy es juez, mañana esté en la asesoría jurídica, lo que no ayuda a respaldar su independencia e imparcialidad como órganos judiciales».
Para este experto, la jurisdicción militar “necesita más efectivos, para ello debería incluirse el derecho militar como una materia más en las facultades de Derecho, al igual que en la Escuela Judicial donde se forman los futuros jueces de nuestro país. Luego habría que conseguir que todos aquellos que intervengan en la jurisdicción militar, jueces y fiscales, tengan la formación adecuada”.
Sobre la reforma de la Lecrim que surgió en la ponencia del presidente Barja de Quiroga, «lo primero que habría que saber es cuál es el modelo que quiere plantear este Gobierno, al final su influencia la tendrá en la LOCOM, la ley procesal militar. Cualquier transformación que se haga en la jurisdicción ordinaria tendrá un reflejo en la propia jurisdicción militar”.
Para este experto, «hay mucho trabajo por hacer. Y es fundamental que entren estos cambios en las reformas de la justicia que se están planteando. Por el momento, tradicionalmente todas las reformas se han llevado a cabo, al menos los proyectos los trabaja el Ministerio de Defensa y no Justicia. Habitualmente, Justicia dicta un informe, cuando la justicia militar forma parte de la jurisdicción. Esa cuestión debería modificarse para que el propio Ministerio de Justicia tuviera más peso específico».
En esta conferencia que impartió el presidente de la Sala Quinta Jacobo Barja de Quiroga también se habló de la IA y de cómo afectaría el uso de esas herramientas a la jurisdicción militar. «El presidente está al tanto de todo. El uso de la IA puede ayudar a realizar algunas valoraciones, pero siempre bajo el control humano para evitar cualquier tipo de sesgo, por eso hay que regularlo también de forma adecuada».
Barja de Quiroga fue vocal del CGPJ entre 1996 y 2001, también fue magistrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo adscrito a la Sala Segunda. Posteriormente, ocupó el cargo de magistrado jefe del gabinete técnico del Tribunal Supremo y director del gabinete de la Presidencia del CGPJ. Desde el pasado 30 de septiembre, ocupa el cargo de presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
