Análisis

La abogacía “de trinchera” reclama igualdad de armas y alerta contra el “colegueo” entre jueces y fiscales

ICAM

De inzquierda a derecha: José Luis Ferrer-Sama Pérez (AEAFA), Pilar Cascón Ansotegui (ASNALA), Ángeles Chinarro (ALA), Eugenio Ribón (ICAM), Elena García Cazorla (APAEM) y Juan Manuel Maillo (ALTODO) Foto: ACN.

  • Modera: Eugenio Ribón, Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM.
  • Intervienen: Pilar Cascón Ansotegui, ASNALA; José Luis Ferrer-Sama Pérez, AEAFA; Juan Manuel Maillo, ALTODO; Ángeles Chinarro Pulido, ALA; Elena García Cazorla, APAEM.

Representantes de distintas asociaciones jurídicas aportaron en la tercera sesión del Foro Justicia, moderada por Eugenio Ribón, la visión desde la denominada “abogacía de trinchera”, la “abogacía del día a día que representa a muchos compañeros”, como la definió el diputado de la junta de Gobierno del ICAM.

Pilar Gascón, secretaria general de Asociación de Abogados laboralistas, (ASNALA); José Luis Ferrer, de la Asociación de Abogados de Familia (AEAFA); Ángeles Chinarro Pulido, presidenta de la Asociación Libre de Abogados (ALA); Elena García Cazorla, miembro de la Asociación de Abogados de Extranjería (APAEM) y Juan Manuel Maillo, presidente de la Asociación del Turno de Oficio ALTODO fueron los encargados de exponer las principales inquietudes y reivindicaciones de los profesionales jurídicos.

Durante sus intervenciones, abordaron cuestiones como la precariedad laboral, las posibilidades de crecer que tienen los despachos pequeños, o las grandes posibilidades de aprendizaje que ofrecen estos despachos para los letrados más jóvenes. Asimismo, los ponentes solicitaron mejores baremos para los letrados que trabajan en el Turno de Oficio y pidieron al Colegio que ejerza presión al Tribunal Superior de Justicia para “terminar con el colegueo existente entre los jueces y el Ministerio Fiscal”, así como para conseguir que dispensen un trato digno a los abogados por parte de los Juzgados.

En relación con los servicios colegiales, los representantes de las distintas asociaciones jurídicas destacaron la labor del Departamento de Defensa de la Abogacía y el proyecto Espacio Abogacía. Como propuesta de mejora, propusieron precios más competitivos en los cursos formativos, así como una mayor inversión en tecnología e informática para poder ayudar a los colegiados en el cambio tecnológico y, específicamente, en los problemas suscitados con LexNET.

Desigualdad de armas

“Llegas y ves cómo conversan el juez con el fiscal; y cómo el fiscal, tras la reforma del Estatuto Orgánico, puede intervenir cuando quiere, aunque no sea su turno. Y en muchos procedimientos tiene la última palabra”, explicó Maillo en relación a la reforma realizada recientemente a través del Real Decreto 305/2022 de 3 de mayo para reforzar y ampliar los derechos profesionales de los fiscales.

Para el presidente de ALTODO, resulta fundamental que se observe imparcialidad en la relación del juez con los fiscales, o del juez con el letrado de la Seguridad Social si se trata de un juzgado de lo social.

“Sobre la desigualdad de armas se manifestó también la presidenta de ALA, lamentando las dificultades que afrontan los letrados para lograr el expediente judicial de cualquier asunto. “En esta situación se hace muy necesaria la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa que ALA viene reclamando desde el 2013 y que nos protegería mejor a los abogados”, señaló. Por otra parte, Chinarro puso en valor el área de Defensa de la Abogacía: “es bastante rápido, pero ahí el ICAM debe ser inflexible de cara a permitir intromisiones en la relación profesional del abogado y sus clientes, sobre todo en el tema de evitar cualquier tipo de escuchas telefónicas”.

En este sentido, Ferrer afirmó que, mientras los abogados están constreñidos por los plazos procesales en muchas de sus actuaciones, “si el fiscal manda un escrito fuera de plazo no sucede nada. Tampoco pasa nada en el caso de alguna sentencia errónea de un juez”. Por tanto, señaló, “los abogados tenemos nuestra responsabilidad profesional limitada y tasada por lo que hacemos o dejamos de hacer, cuestión que al parecer no tienen otros operadores jurídicos por lo que estamos viendo”. En este punto coincidía también Maíllo, “parece que los plazos procesales solo atañen a los abogados, pero no existen para nadie más”.

Durante su intervención, Ferrer destacó también el papel y la profesionalidad de los abogados del Turno de Oficio, cuyo problema es el de los pagos, “porque los baremos aún no están actualizados”.

Como abogada laboralista en ejercicio, Pilar Cascón reclamó un papel más activo a los colegios de abogados para que sus profesionales colegiados sean respetados en los juzgados. En particular, la representante de ASNALA se refirió a la situación en los juzgados de lo social, donde jueces y letrados de la administración de justicia deberían respetarles más en el ejercicio de su actividad profesional: “podrían tratarnos mejor”, reconoció. Respecto a los servicios colegiales, valoró positivamente la Defensa de Abogacía, si bien consideró que el ICAM debería implicarse aún más en la defensa de sus colegiados, y el Espacio Abogacía.

En representación de los extranjeristas, García Cazorla recordaba que la crisis derivada de la guerra de Ucrania “ha puesto sobre la mesa el papel de los abogados que nos dedicamos a esta práctica. Somos firmas pequeñas que vivimos muy al día y que no siempre es posible desarrollar una estrategia de crecimiento porque los costes pueden ser elevados”.