Jornada histórica: Los abogados en los procesos de transición

Esta mesa reivindica el papel de los miembros de la abogacía como garantes del derecho de defensa y especialmente vinculados al respeto de la Ley, en los procesos democráticos y el desarrollo de la Justicia

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Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Modera: Luis Martí Mingarro, Decano ICAM (1992-2007).
Intervienen: Cristina Almeida, abogada; Rafael Mendizábal Allende, abogado. Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional; Alfonso Pérez Cuellar, abogado. Presidente Emérito del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; Antonio Garrigues Walker, abogado.

Esta mesa reivindica el papel de los miembros de la abogacía como garantes del derecho de defensa y especialmente vinculados al respeto de la Ley, en los procesos democráticos y el desarrollo de la Justicia, haciendo una especial referencia a los abogados de Atocha y cómo el apoyo generalizado que recibieron de la profesión en su conjunto fue punto de partida de la Transición Española. Se pone igualmente en valor el impulso que da la práctica de abogados anónimos, a través de las distintas causas, generando jurisprudencia exportable a nuevos asuntos, afianzando y poniendo soluciones a conflictos de derechos humanos.

La Transición Española, expresión y triunfo de la voluntad ciudadana

“La Transición Española es ahora un símbolo de las transiciones, no responde a un sobresalto histórico sino a un impulso común de aspiración de paz, en un momento muy difícil”, comenzaba Martí Mingarro; “fue un movimiento de algo que el pueblo español quería en su totalidad, fue una operación política instrumentada jurídicamente bajo el lema de la ley a la ley pasando por la ley”, explicaba Mendizábal, en ese momento subsecretario de Justicia. Para el magistrado, se trató de “un acto original que demostró que la España política estaba viva –no se había producido nada interesante desde 1812-, y lo hizo abandonando toda idea de revancha, que era el peligro después de una guerra civil. Fue un auténtico milagro de la voluntad de los españoles”. Mendizábal quiso rendir homenaje en su exposición, en atención al papel que jugaron durante la Transición, a Pablo Fernández Miranda y a Juan Carlos I: “se lanzó decididamente a la operación jurídica de crear, en una nación que había perdido prácticamente el recuerdo de la democracia, un país demócrata que se homologase al resto de regímenes democráticos europeos”.

En el mismo sentido, los ponentes destacaron a su vez el protagonismo de la abogacía y la relevancia que supuso su reacción tras la matanza de los abogados de Atocha . “Categóricamente, el papel de los abogados cambió España”, afirmaba Garrigues. A consecuencia del atentado que acabó con la vida de cinco letrados laboralistas, y dejó heridos a otros cuatro, toda la abogacía madrileña se unió, organizando una capilla ardiente seguida de una multitudinaria protesta en señal de repulsa. “Los abogados queríamos estar con nuestros colegas y con sus familias, trasmitirles que estábamos a su lado y al lado de la justicia porque habían llegado allí por ejercer el derecho de defensa, que no tiene nada que ver con el régimen político que exista”, explicaba Martí, “aquello congeló una situación de esperanza colectiva. Desde entonces, por una reacción de la abogacía en su conjunto, por una convicción sobre lo que es el derecho de defensa y de que la oportunidad histórica no se podía escapar, la ilusión colectiva había sido ya alcanzada”. “En ese momento la historia cambió, se legalizó el partido comunista y entramos en una nueva época”, matizaba Garrigues.

Luis Martí Mingarro, Cristina Almeida, Rafael Mendizábal Allende, José María Alonso, Alfonso Pérez Cuellar y Antonio Garrigues Walker. Foto: ACN

Almeida, tristemente conectada a los atentados de Atocha, puso también en valor el papel del Colegio, “conquistamos derechos para las mujeres, conquistamos derechos para todos los ciudadanos en la Democracia, conquistamos la libertad por la que habíamos luchado, el ICAM nos enseñó a hacer esto posible y a hacerlo compatible, convertidos esos logros en metas para el conjunto de la abogacía”. Y es que para la letrada, que defendió que “ser abogado/a es mucho más que tener un título, la justicia no puede existir sin la libertad y sin la democracia”.

La protección de derechos y firme defensa de los valores democráticos

“El mundo en su conjunto tiene muchos más regímenes dictatoriales que democráticos, y eso es algo que no podemos olvidar. Si nos encerramos únicamente en enriquecer nuestro sentido estético de la democracia, mal vamos”, advertía Garrigues. Y es que, sin perjuicio del hito histórico que supuso entonces la Transición y la CE de 1978, “un faro que guía las visiones de Latinoamérica cuando las dictaduras se van convirtiendo en democracias”, de acuerdo a Pérez Cuéllar, es esencial la persistencia en proteger y reivindicar esos valores democráticos hoy en día.

“Vienen tiempos difíciles en los que no se puede bajar la bandera de la libertad, la bandera de la democracia, y la bandera de la defensa de la ciudadanía”, acuciaba Almeida, con la intención de trasmitir un “mensaje de ilusión: no podemos hacer que el Colegio se quede atrás en el proceso imparable de avance de nuestro país”. Punto en el que coincidía el presidente emérito del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, “en los ICA tenemos enorme capacidad como motor de desarrollo e impulso de cambio y de protección de los derechos”.

Pérez Cuellar ejemplificaba esto recordando la labor de los juristas en la generación e impulso de organismos internacionales, como “la Corte Iberoamericana de DDHH, que fue producto de la abogacía y de un trabajo enorme con héroes anónimos detrás”. Esta institución, junto al Tribunal de Estrasburgo y la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, “va abriendo un camino, gracias al papel de un abogado anónimo que atiende una primera injusticia, que genera jurisprudencia que aterriza dando estructura a todo el sistema”.

“El mundo entero necesita un nuevo espíritu y una nueva revolución de derechos”, insistía Walker, añadiendo esperanzador que “cuando hay convicciones, las cosas cambian”.

Desde la abogacía, que cuenta con el privilegio de comprender y tener la potestad de estimular las modificaciones de los ordenamientos, debe así existir un compromiso, que en el caso de la abogacía hispánica se ve favorecido por la comunidad de toda Iberoamérica. En palabras de Pérez Cuellar, “No se puede entender a España sin Latinoamérica, ni a Latinoamérica sin España, son historias paralelas que nos han llevado a construir situaciones conjuntas”.

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