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FORO JUSTICIA ICAM

13/11/2018

“Para ser referente en los grandes debates de actualidad, la Abogacía debe mirar más a la sociedad civil, con una voz que sea escuchada, con una posición que sea tenida en cuenta”. Con estas palabras, el decano José María Alonso abría la semana pasada el nuevo Foro Justicia ICAM, la última iniciativa del Colegio de Abogados de Madrid para posicionar a la Abogacía madrileña en el eje del debate jurídico de actualidad.

Además de hacer efectivo el derecho de defensa, dijo el decano, “los abogados hemos de hacer un esfuerzo para dignificar nuestro oficio y aumentar nuestro protagonismo en la sociedad, que espera de nosotros algo más que la mejor promoción de nuestros clientes”. Solo así la Abogacía será percibida como lo que es: un actor de vital importancia en el sistema democrático, en la salvaguarda de los derechos y la protección de libertades fundamentales de las personas.

En esa labor, los letrados que prestan servicio en el Turno de Oficio juegan un papel fundamental, para los que el decano reclamó retribuciones dignas: “hay 6.000 compañeros que se están dejando la vida por los ciudadanos y a los que se les pagan cosas que a mí se me cae la cara de vergüenza", lamentó. Asimismo, Alonso denunció la situación generada por el Ministerio de Justicia a los abogados asignados al juicio del ‘caso Gürtel, anunciando que se ejercerán todas las acciones legales pertinentes.

Primera jornada

Creado a partir del impulso del área de Comunicación, y con el apoyo de la editorial Tirant Lo Blanch, el Foro Justicia busca atraer al Colegio las voces más cualificadas para profundizar no sólo en las inquietudes y problemas del sector jurídico, sino también en los asuntos que más preocupan al conjunto de la sociedad.

El evento, que aspira a traer al Colegio a personalidades tanto del ámbito de la Justicia como de otros sectores de la sociedad civil, contó en su primera jornada con un ponente de excepción, el presidente de la Audiencia Nacional, que fue presentado por la abogada y consejera del CGAE, Cristina Llop. La periodista de la cadena Ser y Mediaset, Ana Terradillos, sería la encargada de moderar el debate posterior.

En un Patio de la Biblioteca con el aforo completo, más de 120 invitados escucharon la conferencia de José Ramón Navarro sobre el papel del sistema judicial como garante del Estado de Derecho. Abogados como Antonio Garrigues y Miguel Ángel Michavila; representantes institucionales como la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, y el presidente del Colegio de Procuradores, Gabriel María de Diego; el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira; el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink; o el que fuera presidente del TC y del CGPJ, Pascual Sala, son algunas de las personalidades que no quisieron perderse la inauguración de este nuevo espacio de debate, a la que también asistieron los colegiados y colegiadas que lo solicitaron.

Defender el Estado de Derecho

Durante su intervención, Navarro desgranó algunos de los problemas que afectan a la Administración de Justicia, alertando de que España se está quedando atrás en el proceso penal.

Partiendo de la necesidad del Derecho y la Ley para que la sociedad funcione mejor, el magistrado conminó en su discurso a reivindicar y proteger la Justicia, no sólo desde los operadores jurídicos, sino desde toda la sociedad civil, de forma análoga a como se hace con “la libertad, igualdad, o el pluralismo político, porque la justicia es la única manera de tener un Estado democrático de Derecho”.

En este sentido, el presidente de la Audiencia Nacional reivindicó a la judicatura porque “los jueces defienden los derechos fundamentales de los ciudadanos y hacen que tengamos una sociedad mejor”, recordando que están obligados a “no admitir presiones en ningún caso”, tal y como les impone el cargo y el art. 117 de la Constitución. No obstante, sería necesario “mejorar los mecanismos de protección para garantizar la acción judicial sin ninguna cortapisa”.

Males diagnosticados

A lo largo de su ponencia, Navarro fue desgranando las deficiencias del sistema y las modificaciones necesarias para lograr una justicia efectiva, identificando como “males diagnosticados la ralentización de la justicia, la hiperactividad de los juzgados, y su imagen politizada”. En cuanto a las mejoras, además de reformas legislativas, Navarro abogó por “racionalizar los medios económicos y la organización y coordinación del sistema judicial”, aclarando que los presupuestos asignados a Justicia no son “un gasto, sino una inversión que repercute directamente en la sociedad y la calidad democrática del Estado”.

El responsable de la Audiencia Nacional también defendió la centralización: “necesitamos una nueva planta judicial, sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia, hay que racionalizar los edificios judiciales. Nuestros Juzgados soportan un nivel de litigiosidad por encima del resto de países de nuestro entorno”, ha declarado.

En concreto, sobre el orden penal, al que se destina “cerca del 80% del presupuesto”, el magistrado se mostró crítico con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, pese a las múltiples reformas acometidas, sigue siendo una norma “a caballo de tres siglos, difícilmente sostenible, y cuyos preceptos en algunos casos hacen tremendamente complicada su interpretación o han quedado prácticamente derogados”. También defendió la figura del fiscal instructor y que el juez sea de garantías: “hay que dar un paso definitivo en el proceso penal, España se está quedando atrás”.

Independencia objetiva

Para paliar las dificultades que en la actualidad atraviesa el sistema judicial y la pérdida de confianza de la ciudadanía, especialmente en la judicatura, la solución pasa por eliminar las cuotas y buscar el consenso político en la elección de los jueces, dijo Navarro: “se opte por el sistema que se opte, que ningún juez pueda aparecer con un sello de un partido político”. En el mismo sentido, y aunque “la independencia de la Fiscalía es incuestionable”, el magistrado recalcó la necesidad de que la ciudadanía lo perciba así: “conviene que ante la sociedad se refuerce su imagen de autonomía para dotarla de una independencia objetiva”.

Finalmente, interpelado por la convocatoria de huelga de jueces y fiscales prevista para el próximo 19, Navarro se mostró confiado en que se logre un acuerdo: “espero que el Ministerio encuentre un punto de diálogo y se pueda llegar, al menos, a un principio de acuerdo para mejorar muchas cosas necesarias. A nadie le gusta la huelga, si se llega a ella será porque no hay otra salida”, concluyó.

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