Abogados de oficio atrapados en la defensa de personas jurídicas: “trabajamos mucho y no nos pagan”

El Ministerio de Justicia lleva cinco años sin abonar las designaciones de oficio para defender a personas jurídicas, situación que ha denunciado recientemente el decano del ICAM en una misiva al ministro Bolaños solicitando una solución urgente

Javier Escolano
Javier Escolano
Periodista jurídico

Desde hace cinco años, los abogados de oficio designados para la defensa de personas jurídicas ante los órganos centrales de la Administración de Justicia no reciben compensación económica por sus actuaciones. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la Comunidad de Madrid, donde un convenio entre la Administración y los Colegios de Abogados permite la remuneración de los profesionales asignados, en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia ese trabajo no se ve recompensado.

Hastiado de una situación que ha generado una deuda de más de 30.000€, el ICAM interrumpió las designaciones y se ha dirigido en numerosas ocasiones a Justicia para resolver el problema. Esta misma semana, el decano del ICAM ha instado al ministro de Justicia a resolver el problema y abonar unas actuaciones muy complejas que pueden llegar a bloquear los despachos de los especialistas en temas penales que son designados a requerimiento judicial.

En una carta remitida a Félix Bolaños, Eugenio Ribón recuerda que, a pesar de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España en 2010, y en especial tras la reforma de 2015, el Ministerio de Justicia se niega sistemáticamente a pagar las actuaciones realizadas por estos profesionales, argumentando que las personas jurídicas no están cubiertas por la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.

Los profesionales de la abogacía, explica el decano, se ofrecen voluntariamente para figurar en los listados del turno de oficio con la expectativa de recibir compensación conforme a la ley, por lo que es injusto obligarlos a actuar como profesionales probono en contra de su voluntad. Una situación que, por otra parte, “lacera la seguridad jurídica derivada de la legítima expectativa de indemnización por los servicios prestados” y supone “un manifiesto abuso del derecho del propio sistema”.

Por todo ello, Marisol Cuevas, directora de los Servicios a la Ciudadanía del ICAM, no logra entender el motivo de la pasividad ministerial en abordar la solución a un problema que se arrastra desde 2019. “Por el momento la deuda acumulada es de 30.000 euros, pero urge una solución rápida”, señala.

Marisol Cuevas, directora de los Servicios a la Ciudadanía del ICAM

En su cruzada por solucionar un problema enquistado desde hace 5 años, el ICAM logró recientemente un hito sin precedentes al conseguir el respaldo del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, cuyas Salas de Gobierno han apremiado al Ministerio de Justicia a emprender las medidas necesarias para solventar las disfunciones de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, “pero el Ministerio de Justicia sigue haciendo caso omiso”.

“Sobre todo nos afecta en la Audiencia Nacional con macroprocesos que dependen del Ministerio de Justicia, la solución pasaría por contar con una partida presupuestaria que recogiera todas estas actuaciones. Nosotros hemos dejado de turnar y enviar abogados a estos asuntos como medida de presión. Ahora los pleitos están parados, en algunos casos es posible que el investigado haya designado algún abogado particular, pero por lo general muchas de esas causas están paradas en la propia Audiencia Nacional”.

Considera Cuevas que habría que hacer un cambio en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para incluir la defensa de las personas jurídicas cuando se encuentren investigadas en un procedimiento judicial en el ámbito penal. “No parece lógico que esta normativa de Justicia Gratuita no se haya adaptado a la normativa penal vigente. Creo que lo último que turnamos fue la trama Gürtel en este tipo de asuntos hace un par de años”.

Son macrocausas complicadas

Tampoco Juan Manuel Mayllo, diputado responsable del Turno de Oficio del ICAM, entiende “la cerrazón del Ministerio de Justicia ante los asuntos de personas jurídicas en el Supremo y Audiencia Nacional, que suele ser macrocausas. En la causa de José Luis Moreno hay cerca de 700 empresas implicadas que necesitarán muchas de ellas abogados que las defiendan. Otro asunto sonado que llevamos desde el ICAM fue el de la trama Gurtel, ahí fue donde comenzó el problema que ha llevado a que desde hace un año esta Junta d Gobierno no envíe abogados a las designaciones de estos órganos centrales judiciales”.

Juan Manuel Mayllo, diputado responsable del Turno de Oficio del ICAM

Este jurista recuerda que “son procedimientos que duran meses, donde tienes que ir a la vista y hacer el seguimiento de estos temas, aunque no te paguen. Ahora hay promesas de que el Ministerio va a cambiar la Ley, pero por el momento no hay más que rumores. Bastaría con cambiar el articulo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que data de 1996 e incluir como prestaciones que se pagan estas actuaciones en dichos órganos judiciales. Podría hacerse a través de una enmienda en cualquier ley, como hacen en muchos otros casos, sin que nadie se queje por esta práctica legislativa irregular”.

La problemática de estos asuntos, comenta Mayllo, es que “la mayoría de empresas son inexistentes. Normalmente no hay administradores, suelen ser testaferros que no suelen aparecer. Todo es ficticio. El problema es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en el Código Penal en el 2010 y con posterioridad en el 2015 y el Ministerio hace caso omiso y no quiere pagar estas designaciones que nuestros abogados tienen que hacer de forma obligatoria como marca la normativa actual. El coste de estos asuntos no llegaba el año pasado a los 18.000 euros”.

Mayllo también aclara que el ICAM, además de reclamar que se reconozca el beneficio de justicia gratuita para la defensa de personas jurídicas en procedimientos penales cuando la designación de profesionales se produzca a requerimiento judicial, también exige que se contemplen expresamente los habeas corpus, la vía previa en la jurisdicción social o las prestaciones necesarias para que el beneficiario de justicia gratuita que lo desee pueda acogerse a la ley de segunda oportunidad. Asimismo, el ICAM defiende que las ejecuciones, sea cual sea el momento en que se inicien, deben incluirse como una actuación diferenciada del procedimiento principal, y por tanto abonada aparte.

Un problema serio

Beatriz Hernández, abogada de oficio inscrita en los turnos de penal, violencia de género, Audiencia Nacional y jurado conoce bien la problemática. “El Ministerio de Justicia no paga los trabajos que hacemos en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Constitucional relacionados con las personas jurídicas, pese a que la responsabilidad de las personas jurídicas existe desde hace años y nos obligan a estas empresas, muchas de ellas fantasmas, a defenderlas”.

Para esta jurista “los jueces son comprensivos pese a que a veces ellos reclaman que un abogado se encargue de esos asuntos. Son causas largas, farragosas, donde no hay administradores y sí administradores concursales. Delitos económicos con cientos de folios que hay que estudiar. Nos exigen una preparación elevada y estar diez años como colegiado. Casi todos son macrocausas, yo estuve en uno de la Gürtel, necesitan mucha dedicación”.

Beatriz Hernández, abogada de oficio inscrita en los turnos de penal, violencia de género, Audiencia Nacional y jurado

También resultan especialmente complicados los asuntos de la Fiscalía Europea, destaca la letrada. “El trabajo es ingente, con notificaciones en agosto o navidades. Si es persona física, el Ministerio de Justicia nos abona unos baremos escasos, si es persona jurídica estamos con el mismo problema que los asuntos de la Audiencia Nacional que no nos pagan. Es mejor que no te designen para este tipo de asuntos. Lo peor es que tienes tu responsabilidad en estos asuntos, no puedes darte de baja y tiene que hacer el trabajo”.

En este contexto, reconoce el trabajo de la nueva junta de Gobierno, con Eugenio Ribón a la cabeza, que ha frenado desde hace un año las designaciones de personas jurídicas. “No se cobran y es una medida de presión para lograr que se cambie la ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Con la Comunidad de Madrid cobramos a través de un convenio y el asunto se ha resuelto, pero en este caso del Ministerio de Justicia en los últimos cinco años trabajamos mucho y no nos pagan”.

Designaciones complejas que quitan mucho tiempo

Para otro abogado adscrito a estos Turnos de Oficio de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo como Luis Álvarez, “es como una designación normal donde, junto a las personas jurídicas, no te pagan aquellas actuaciones que hagas y que haya sido denegada la justicia gratuita a nivel de órganos centrales que dependen del Ministerio de Justicia. Muchos de estos asuntos tienen que ver con macrocausas, ahora llevo una de Fiscalía Europea relacionada son IVA, con varias sociedades que son responsables que al final se enjuiciará en la Audiencia Nacional. Un tema complicado de cientos de folios que hay que estudiar con calma. Te notifican cada día, pero si es persona jurídica no te van a pagar”.

Luis Álvarez, abogado adscrito a estos Turnos de Oficio de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo

En cuanto a los pagos, siguen los baremos del Ministerio de Justicia que no se han actualizado desde que se implementaron. “Por un procedimiento de especial complejidad ante la Audiencia Nacional 378 euros, por cada mil folios 22,41 euros; cada cinco comparecencias, 22,80; si hay más de dos días de vista, por cada día 68,40 euros. La solución es suscribir un convenio como el que tiene el ICAM con la Comunidad de Madrid que paga estas actuaciones, o la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, como dice Juan Manuel Mayllo y su artículo 2 para incluir esa nueva prestación del Turno de Oficio”.

Las designaciones que llegan a estos abogados de carácter anual suele ser una, “si te llegaran más te bloquean el despacho y no puedes trabajar. En Madrid cobras todo, aunque es algo más dinero. Un proceso penal especial supone 600 euros; por cada 1000 folios 30,05 euros; a partir de la quinta comparecencia 30,05; por los días de vista 60,10 euros, algo menos que la Audiencia Nacional en este último apartado. Si te llaman puedes afrontar una guardia en la Audiencia Nacional o una situación directa después. Un asunto de estos te puede ocupar meses si es un procedimiento abreviado en la Audiencia Nacional”.

Este jurista reconoce que “aun tenemos abierto uno en la propia Audiencia Nacional en el 2016, que aun no ha terminado; otro de mafia china en ese mismo año, otro de blanqueo de capitales del 2020 y otro del 2022. Sueles cubrir una parte del asunto que no llega al 70% del total y el resto cuando se termina. Son procedimientos algunos de ellos donde se mezclan abogados de oficio con otros particulares, donde la relación no es muy estrecha. Pese a ello no nos pagan, aunque son trabajos muy complicados. El problema es que no puedes renunciar a la designación”.

Javier Escolano
Javier Escolano
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