Dos días de intenso trabajo y debate esperan a los asistentes al II Congreso de Derecho de la Construcción que tendrá lugar del 30 al 31 de mayo en el Colegio de la Abogacía de Madrid. Un evento en el que participan cinco colegios profesionales, además del ICAM, como son el de Aparejadores, Arquitectura, Ingeniero de Caminos y el Colegio de Industriales de Madrid.
Al frente de la organización están los copresidentes de la sección de Derecho de la Construcción del ICAM, Francisco García-Ortells y Ángel Ledesma, quienes han vuelto a diseñar un programa completo sobre la problemática de este sector, como ya fue en la primera edición de este evento celebrada el pasado año. En la actualidad, la actividad de obra pública y edificación está entre el 12% y el 15% del PIB.
Expertos en la materia y jóvenes abogados que quieren hacerse un hueco en el llamado derecho de la construcción se darán cita en este evento especializado, que como otros congresos del ICAM podrá seguirse por streaming. Un congreso de este tipo no existe en estos momentos en nuestro país, abordando la problemática de la construcción desde diversos puntos de vista.
Francisco García-Ortells es abogado, doctor en Derecho, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y fundador de García-Ortells Abogados, boutique especializada en construcción, infraestructuras y sector inmobiliario. “Este es un evento que quiere convertirse en un punto de referencia de un sector trascendente para la economía como es el de la construcción, donde coexisten diferentes operadores jurídicos. Hemos logrado que la colaboración del ICAM, con los colegios técnicos implicados en esta edificación, participen”.
A su juicio, “desde la pandemia generada por el COVID-19, este sector de la construcción se vio afectado bastante; luego vino la guerra de Ucrania, y en ese intervalo tuvimos el problema de suministro de los materiales y el incremento de los precios producido por el aumento de la energía y de la mano de obra. En este escenario, los contratos colaborativos pueden ayudar a gestionar las relaciones de todos los operadores en cualquier proceso de edificación.
De hecho, a raíz de estos acontecimientos, la Administración aprobó reales decretos de manera excepcional para la revisión de los precios. Se trata de seguir criterios concretos donde siempre el contratista acredite a la Administración que el impacto negativo de los precios ha afectado a más de un 5% del contrato. Si se ha superado ese 5%, el contratista tiene derecho a esa revisión del precio con las fórmulas que establece la Administración y que se publican en Hacienda, hasta un 20%”.
Frente a ello, García-Ortells señala que así como la Administración Pública ha positivizado esta sensibilidad para los contratistas, en el sector privado, en cambio, los promotores y constructores se juntan para buscar soluciones que amortigüen el perjuicio económico que sufren muchos contratos de obra.
Contratos colaborativos y LOE, temas clave
Desde su punto de vista, hay dos temas de especial importancia que se abordarán en estos dos días de congreso: “Uno es la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), que cumple 25 años de vigencia. En este evento abordamos propuestas de lege ferenda para la mejora de la normativa. Y la otra parte fuerte son los contratos colaborativos que suscriben la Administración Pública o determinados organismos públicos y las empresas, donde las figuras del promotor delegado y del project manager están cada vez más presentes”.
Sobre la LOE, García-Ortells indica que “hay dos mesas redondas el primer día de este congreso. La primera, que voy a moderar, contará con la presencia de José Luis Seoane, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo; José Antonio Seijas, exmagistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo; Juan Cadarso, abogado y catedrático de Derecho Civil; y Fernando Díaz, responsable de la asesoría jurídica de Sacyr Construcción”.
Tras concluir este debate, habrá otro más centrado en las propuestas de lege ferenda relacionadas con la citada LOE, donde intervendrán, moderados por Patxi Castaños, director del Servicio Jurídico de Aedas Homes y vicesecretario del Consejo de Administración: Marina Fernández, abogada del Estado y jefa en el Ministerio de Vivienda; Jesús Estruch, abogado y catedrático de Derecho Civil; Ángel Carrasco, catedrático de Derecho Civil y director del Departamento de Gestión del Conocimiento de Gómez-Acebo & Pombo; y Víctor Maíllo, abogado.
“Otra mesa a reseñar tiene que ver con la responsabilidad de la Administración en la concesión de obras y servicios, donde tenemos la oportunidad de contar con José Manuel Sala, catedrático de Derecho Administrativo, decano de la Facultad de Derecho UNIR y of counsel en DLA Piper, como moderador, y las ponencias específicas de Juan José Lavilla, abogado, letrado en Cortes Generales y profesor titular de Derecho Administrativo; Marino Magide, socio en Uría Menéndez; y Rafael Ariño, socio en Ceca Magán”, comenta García-Ortells.
Con posterioridad, nos señala que se abordará la problemática de los contratos internacionales de construcción en un entorno cada vez más global y donde las empresas realizan este tipo de obras en cualquier lugar del mundo. “Para este panel han confirmado su asistencia como intervinientes Almudena Larrañaga, socia en Gómez-Acebo Pombo; Leyre Navarro, directora de Asesoría Jurídica de FCC Construcción; Carlos Iso, head of Arbitration y legal counsel en Sacyr S.A.; Jorge Servert, ingeniero industrial; y Luis García del Río, como moderador, socio de Gómez-Acebo Pombo y abogado del Estado excedente”.
Urge renovar la tipología de contratación
Por su parte, Ángel Ledesma, conocido por su trabajo en la dirección de contencioso de Acciona, de la que se jubiló recientemente, ahora aprovecha su vasto conocimiento en la sección de Derecho de la Construcción, sector que llega a ser el 15 % del PIB nacional. “Nos decidimos a organizar este año este II Congreso Nacional de Derecho de la Construcción ante las buenas críticas recibidas por los asistentes, tanto por la altura de las ponencias como por el evento en cuestión y su organización”.
Para este experto, “el reto estaba ahí y creo que esta nueva edición no desmerece en nada a la anterior. Al final hemos conformado un programa de primer nivel, diferente al del año pasado, salvo la problemática de los contratos colaborativos que ya abordamos en la primera edición y que volvemos a insistir en la necesidad de aplicarlos en un sector tan litigioso como este”.
Sobre dichos contratos, nos recuerda que hay dos mesas redondas seguidas el primer día de estas jornadas. En la primera se aborda la propuesta de SEOPAN, patronal de la construcción, sobre la aplicación de dicha modalidad de contratación en las administraciones públicas.
En ese panel, moderados por Carlos Borrego, secretario de Órganos de Gobierno de SEOPAN, tomarán la palabra expertos como Antonio Roig, de Acciona; Sofía Parra, socia de Pinsent Masons España; Javier López, director de Desarrollo de Negocio en Ferrovial Construcción; y Rafael Domínguez, abogado del Estado y director del servicio jurídico de Correos.
Con posterioridad, será el propio Ledesma quien moderará otro panel sobre los contratos colaborativos, donde se explicarán algunas experiencias nacionales e internacionales de éxito por algunos de los ponentes que han puesto en marcha este tipo de iniciativas. Aquí han confirmado su asistencia María José Santiago, expresidenta del TARC de Andalucía; Amaya Rivas, socia de Pinsent Masons España; Federico Casanova, director de Gestión Contractual en Sacyr; y Manuel Fernández, responsable del Departamento de Reclamaciones Contractuales de ADIF.
Según algunos expertos, la colaborativa es la forma de contratación más adecuada para asegurar la inversión en proyectos complejos o con alta incertidumbre. La contratación colaborativa comporta un cambio en el sistema de desarrollo tradicional en los proyectos de construcción: diseñadores y constructores colaboran desde el principio del proyecto, firmando un único contrato, y participan del riesgo y la recompensa de acuerdo con el resultado global, al final de la obra.
Al parecer, el origen de esta contratación se situó en Australia, con un tipo de contratos que en las antípodas denominaron «Alliance Contracting». De todas maneras, los proyectos desarrollados a través de los contratos colaborativos que se han dado a conocer de forma más global se sitúan en países como Estados Unidos y Gran Bretaña.
En EE. UU. se registraron iniciativas de éxito en la puesta en marcha de centros hospitalarios en la costa oeste, y en el Reino Unido fue la terminal 5 del Aeropuerto londinense de Heathrow la que se desarrolló vía contratos colaborativos. Asimismo, Finlandia es actualmente “pionera” en la consecución de contratos IPD dentro de la administración pública.
En opinión de Ángel Ledesma, “es fundamental promover este tipo de contratación porque tiene muchas ventajas y pocos inconvenientes. Es una alternativa dinámica a lo que hay ahora mismo. Una de las principales ventajas es que ayudará a aprender a colaborar a los intervinientes en los contratos de ejecución de obra. Se trata de evitar la litigiosidad que siempre existe en este tipo de contratos y sobre todo promover el entendimiento entre las partes, que redunda en un mejor precio, mejor plazo y mayor calidad en el proyecto”.
Desde su punto de vista, “el futuro debe pasar por esta modalidad de contratación. Las empresas españolas con experiencia internacional ya han visto la validez de dichos contratos colaborativos y que funcionan muy bien en el plano internacional. Sería bueno promoverlo aquí, por ejemplo, en la construcción de viviendas. De todo esto debatiremos. Ahora mismo hay escasa legislación sobre esta práctica y sería bueno que hubiera un marco normativo más estable en este sentido”.
La importancia de los delitos urbanísticos
Otro de los temas en que ha estado implicado Ángel Ledesma es en organizar en el último día del congreso una mesa redonda sobre Delitos Urbanísticos y Construcción. Para ello, el panel reúne a Jaime Alonso, socio en Uría y director del departamento de penal, junto a Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Santiago Milans del Bosch, socio director de Milans del Bosch & ITL Abogados; Laura Pozuelo, profesora titular de Derecho Penal; y Antonio Vercher, fiscal jefe de Medio Ambiente y Urbanismo, quienes profundizarán en este asunto y su delimitación desde diferentes puntos de vista.
Sobre este asunto, “su antecedente fue lo que hablamos el año pasado de las irregularidades en los contratos de obra, pero no habíamos abordado el tema en sí. El interés es importante porque se hará un análisis a fondo de esta casuística, porque realmente se desconoce bastante. Con la presencia de estos juristas es el momento ideal para fijar posiciones sobre este asunto en cuestión. Se trata de tener claro qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer”.
En cuanto al delito urbanístico, este es un tema que afecta a cualquier promotor, independientemente del tamaño y de las actuaciones que realice en su negocio. “La casuística es muy amplia, va desde crear una cerca en una zona prohibida o desarrollar pequeñas obras junto a la edificación en un lugar donde no se puede construir, hasta algunas de las cuestiones que pueden convertirse en delito urbanístico”, comenta Ledesma.
