Esta semana se ha convertido ya en una fecha histórica para los abogados vinculados al derecho de familia. Convocados por la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels y Paloma Zabalgo, presidenta de la sección de Familia y Sucesiones de la entidad colegial, tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron las principales asociaciones y entidades relacionadas con el derecho de familia.
A lo largo de la mesa redonda estas asociaciones mostraron su interés en trabajar por y para impulsar la especialización en familia en la próxima normativa de eficiencia procesal que el Gobierno pretende aprobar en breve. Según comentó Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, la idea sería que esos tribunales de instancia contaran con una sección de familia, infancia y discapacidad.
Esta es una de las reivindicaciones históricas de estos profesionales de la abogacía, el poder contar con esa especialización que rompiera la desigualdad existente porque solo en los grandes núcleos de población hay este tipo de juzgados, lo que genera una distorsión en la forma de dar justicia y en los propios fallos judiciales.
Moderadas por Mariola Quesada, abogada y coach, tomaron la palabra Lola López Muelas, presidenta de AEAFA (Asociación Española de la Abogacía de Familia); Juan Pablo González del Pozo, magistrado y presidente de la Plataforma Familia y Derecho; y Paloma Abad, presidenta de AMAFI (Asociación Madrileña de la Abogacía de Familia e Infancia).
Junto a ellos también intervinieron Marta Bolívar, presidenta de la Sección de Familia del Colegio de la Abogacía de Salamanca, en representación de las Secciones de Familia, y Cristina Díaz-Malnero, presidenta de la Sección de Familia del ICAB de Barcelona, quienes también se mostraron partidarias de apoyar esta iniciativa.
La jornada, que fue presentada por la vicedecana del ICAM Isabel Winkels, asociada de AEAFA y una de las fundadoras de la Plataforma Familia y Derecho, fue seguida por cerca de 140 juristas en formato online ante un auditórium, el de la entidad colegial, que mostraba una gran entrada cercana al lleno. La ocasión era única, por vez primera juntas las principales asociaciones del sector, salvo la Sociedad Catalana de Abogados de Familia (SCAF), que aunque no estuvo presente, comparte los mismos criterios y mostraron su interés en trabajar juntos y luchar por esa especialización de familia
Es el momento de trabajar juntos
En su intervención, Winkels se congratuló de que las principales asociaciones del sector habían atendido la llamada del ICAM: “es evidente que está en nuestras manos dar más pasos y luchar por resta reivindicación histórica. Es el momento que estábamos esperando de contar con una jurisdicción especializada en familia, donde abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales e incluso los equipos psicosociales tengan esa formación en familia”.
Con posterioridad, las exposiciones del resto de juristas a las que fue presentando Mariola Quesada incidieron en la misma dirección. La oportunidad está ahí, el Ministerio de Justicia ha introducido una enmienda en la LOEO para la creación de dicha jurisdicción de familia, infancia y discapacidad y es el momento de trabajar con él para lograr que se ponga en marcha esta iniciativa.
Lola López Muelas, abogada y presidente electa de AEAFA, recordó cómo hace unos días en las XXXI Jornadas de Familia organizadas por esta entidad, además de abordarse cuestiones tan importantes como las indemnizaciones por daño moral en el impago de pensiones, el nuevo recurso de casación civil o la implementación de la IA, el propio Olmedo en la jornada de inauguración adelantó esta esperada noticia.
“Desde una asociación como la nuestra llevamos más de treinta años con esta reivindicación que hemos presentado a diferentes ministros de Justicia. Ahora parece que ha llegado nuestro momento. Es fundamental que al igual que hay ya una jurisdicción mercantil, se cree otra de familia porque estos asuntos mueven cerca de tres millones de personas al año y los asuntos de familia son el 25% del total”, apuntó.
Esta letrada comentó que “en la actualidad hay lo que se llama una justicia a dos velocidades y un tratamiento desigual de los asuntos. Según datos que maneja nuestra asociación, hay un 53% de la población que no tiene acceso a esta justicia especializada. En la actualidad, solo en determinados núcleos urbanos hay juzgados mejor preparados que otros. Esta desigualdad hay que acabar con ella porque genera una problemática importante en la actualidad”.
En su intervención, recordó cómo con anterioridad el legislador, pese a haber aprobado las leyes 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y adolescencia, donde en la disposición vigesimosegunda se señalaba que en el espacio de un año se iba a crear una jurisdicción especialización en familia, o la otra ley 8/2021 de 2 de junio donde se establecían medidas de apoyo a las personas con discapacidad y se establecía la especialización de todos los operadores jurídicos, al final no se hizo nada.
A su juicio “ahora es el momento porque tras el anuncio que hizo el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, en nuestras últimas jornadas, parece que tienen claro que van a incorporar esa enmienda en el nuevo proyecto de ley de Servicio Público de Justicia que agrupa la nueva LOEO y la puesta en marcha de los MASC, métodos alternativos de justicia para implementar dicha especialización en familia. Debe ser también una especialización en el futuro para las propias carreras de jueces y fiscales que se quieran dedicar a la actividad relacionada con el derecho de familia”.
Una iniciativa transversal
Por su parte, Juan Pablo González, presidente de la Plataforma Familia y Derecho , incidió en su turno de palabra en desarrollar dicha jurisdicción de familia tanto de forma horizontal como vertical: “necesitamos una apelación y un Tribunal Supremo especializado, aunque en casación por lo que estamos viendo los asuntos que llegan a la Sala Civil llevan la firma de tres o cuatro magistrados, los mejor preparados en esta temática tan compleja como es la de familia”.
Desde su punto de vista, resulta clave que “todos los operadores jurídicos vinculados a los juzgados tengan esta formación especializada en derecho de familia, al igual que los equipos psicosociales que en muchos asuntos son claves para resolver una controversia específica. En este mundo global resulta fundamental contar con profesionales bien formados y que conozcan bien la normativa existente para aplicarla de forma adecuada en cada caso”.
Para este magistrado, “la realidad de la familia en todas sus acepciones y casuísticas requiere de una respuesta especializada por parte de los juzgados y de resoluciones de calidad que frenen la controversia. Una buena resolución aleja la problemática y evita que en muchos casos ese problema familiar se cronifique y acabe en violencia doméstica, cuestión habitual en este momento tanto por dichas resoluciones como por la tardanza que sufren los juzgados en abordar este tipo de cuestiones”.
Al final, en su opinión con este cambio cualitativo “lo que se logra es una mayor confianza del ciudadano en la justicia, con este tipo de resoluciones de mayor calidad que ofrecen a las partes involucradas en cada asunto más seguridad jurídica y la igualdad de los afectados ante la ley. Esa igualdad viene refrendada por resoluciones iguales ante asuntos idénticos o parecidos lo que genera una mayor predictibilidad en esas sentencias por parte de todos los operadores jurídicos implicados”.
En su opinión, “es una buena noticia que el Ministerio de Justicia haya cambiado de opinión con respecto a la jurisdicción de familia, infancia y discapacidad. Antes de la convocatoria electoral del pasado mes de julio, en el texto que conocimos se priorizaba la jurisdicción mercantil, que tiene muchos menos casos que la de familia en uno de los artículos, lo que nos dedicamos a estos asuntos civiles de familia no lo entendíamos de ninguna de las maneras”.
Los Colegios de Abogados se implican
Por su parte, Marta Bolívar, abogada y presidenta de la sección de Familia del Colegio de Abogados de Salamanca, explicó a los asistentes cómo en los últimos meses se estaba creando un movimiento en las entidades colegialas y que la mayor parte de ellos contaban con su sección de familia. “En este escenario de unidad que estamos analizando hoy entre los profesionales que nos dedicamos al derecho de familia, el papel de los Colegios de Abogados también tiene que ser importante como elemento dinamizador de esta problemática”.
En su opinión, “los abogados debemos ser el elemento que impulse este movimiento de especialización en el que todos estamos de acuerdo. Familias y menores necesitan de profesionales que conozcan la norma y sepan resolver la problemática en la que se encuentran y que, en la actualidad, por la diversidad de familias y situaciones con las que nos encontramos, cambia bastante y necesita de una pronta respuesta jurídica”.
Para esta jurista “es fundamental que los Colegios y el propio CGAE se impliquen más en esta problemática y podamos crear a corto plazo una Subcomisión que dé luz a un grupo de trabajo continuado en el que participen profesionales de todas las entidades colegiales, como ya lo hay en Extranjería, Turno de Oficio y Blanqueo de Capitales. Estamos convencidos de que su aportación podría ser importante en este debate que ahora se abre y en el que queremos hacer un frente único para lograr la especialización en familia”.
Formación es la clave
Para Paloma Abad, presidenta de AMAFI, “la idea de convocarnos el ICAM a las principales asociaciones de expertos en derecho de familia del país es una iniciativa a tener en cuenta. De hecho, tenemos que recordar que ya hace muchos años Isabel Winkels tenia esta idea en su cabeza, así surgió la sección en el ICAM y también la puesta en marcha de iniciativas como Plataforma Familia y Derecho. Ahora, por lo que sabemos del Ministerio de Justicia es el momento de trabajar unidos y culminar esta reivindicación histórica”.
Desde su punto de vista “es fundamental la formación continua en el derecho de familia. Lo venimos defendiendo desde nuestra asociación, que los profesionales que nos dedicamos a ello tenemos que formarnos de forma conveniente y continuada La sociedad cambia, con ella los problemas y algunas leyes. Los abogados debemos estar preparados para responder a cualquier demanda que nos plantee nuestros clientes. Una respuesta rápida y profesional, claro”.
Al mismo tiempo recordó que “la especialización, como se ha dicho en este debate va a propiciar mejores resoluciones y una sociedad más justa. Con esa especialización es lógico que los juzgados tengan más medios y recursos para hacer frente a todos los asuntos que les llegan. Ahora los juzgados carecen de medios y necesitan inversiones. Resulta lógico que problemas idénticos tengan soluciones similares en los juzgados. Es muy importante ganar en certeza jurídica porque eso hará que las partes en un procedimiento sepan a que atenerse al ganar en seguridad jurídica”.
Por último, Cristina Díaz-Malnero recordó su pertenencia a distintas asociaciones de abogados, aunque recordó que acudía a este encuentro como presidenta de la sección de familia del ICAB de Barcelona. “Recordó que ante la situación actual que vive la sociedad y sus problemas, unos que ya están y otros que surgen en relación con la tecnología y la globalidad, es necesaria la especialización de los profesionales en el derecho de familia y su problemática”.
Al igual que hizo Bolívar, habló de los Colegios de Abogados y recordó que tienen que ser entidades vivas y preocupadas por los problemas de los ciudadanos. “Creo que es lógico que se unan a este frente común que los juristas estamos planteando para lograr un derecho de familia más estructurado y profesionalizado. A este respecto recordó que el papel de estas entidades debe ser el de dar formación continuada a sus profesionales en esta materia, como ya la hacen en otros temas jurídicos”.
Recordó que “ser abogado de familia supone asumir una responsabilidad y que se espera de ese profesional que sea capaz de resolver la problemática de sus clientes de forma profesional y clara para evitar que este tipo de conflictos se enquiste y genere otro mayor. Hay que darse cuenta que los cambios de la sociedad son más rápidos que el derecho y que los profesionales, de ahí que los operadores jurídicos que intervenimos en este tipo de procedimientos podamos ser capaces de resolver este tipo de asuntos y aportar soluciones a estas familias para las que la resolución de estos temas es vital y puede marcar el desarrollo de sus vidas”.
