“No podemos ni debemos ponernos de lado desde las instituciones ante esta problemática”. Así de contundente arrancaba Ester Mocholí, diputada del ICAM encargada de Formación, en la presentación de la jornada Obstáculos jurídicos que presentan las acciones de reclamación en casos de Abuso Sexual Infantil. La desprotección efectiva de las víctimas, celebrada este martes 16 de mayo.
Durante su presentación, Mocholí alertaba de la especial crueldad de estos casos, que ocurren en “entornos en los que el menor se siente especialmente protegido”. Es la situación que vivió Miguel Hurtado, activista contra los abusos sexuales en la infancia, cuando a sus 17 años acudía cada mes a un campamento de Scouts organizado por la Abadía de Montserrat, en Cataluña. “Fui abusado por una persona de mi confianza, de un círculo que debía ser protector, por un monje benedictino”, relata Hurtado, que añade que “lo que aumenta la gravedad del trauma es cuando, además del abuso individual, hay un abuso del sistema”.
El activismo de este superviviente de abusos sexuales, que se centra en conseguir la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia, comenzó tras buscar asesoramiento con un abogado. “Tuve una recaída del trauma, cuando el escándalo de pederastia en la Iglesia de Boston. Intenté reaccionar y busqué asesoramiento legal. El abogado me dijo que el delito ya había prescrito”, narra Hurtado. “Esta situación genera una desprotección porque ya no tienes un estado que te protege. No tienes otra que intentar lidiar con la organización donde han sucedido los hechos”, explica.
Al tiempo, gracias a la actuación de su equipo legal, consiguió una indemnización de la Abadía, aunque la condición impuesta para recibirla era no contar nunca lo que había ocurrido. Años después, “me di cuenta de que esa indemnización económica era para comprar un silencio y ese dinero me empezó a quemar en las manos”, rememora el activista.
Las víctimas, según cuenta, buscan verdad, justicia, reparación y no repetición. Algo que, de conseguirse, solo se da gracias al imprescindible papel que juegan los profesionales de la Abogacía, como Maite Parejo, socia de MAIO Legal, que continúa con la acción legal de Hurtado. La abogada explica que la iglesia católica ha ejercido durante todo un siglo una política de encubrimiento ante casos de abuso sexual. A través de diferentes tratados canónicos, la Iglesia imponía el secreto pontificio a todo integrante de la institución que conociera algún caso. Eso sí, reconoce que con la llegada del Papa Francisco han comenzado a cambiar las cosas: “Es un paso tibio hablar de reparación, que no de verdad o de justicia, pero ya es un paso”.
Parejo se refiere así a los pasos de la Iglesia desde 2019, cuando se levantó el secreto pontificio. Ahora los obispos están obligados a denunciar cuando conozcan casos de abuso sexual a menores. El problema es que para el resto de casos “pueden denunciar, si quieren, pero no tienen la obligación”, añade el activista y víctima de abusos Miguel Hurtado.
La acción de los profesionales de la Abogacía resulta fundamental para avanzar en esos cuatro aspectos que buscan las víctimas: verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin el trabajo de los abogados, por ejemplo, Miguel Hurtado no hubiera comenzado su activismo para que los delitos de pederastia no prescriban. Por eso, como sentencia la diputada Ester Mocholí, “hay que hablar de estos casos, que siguen siendo tabú”.
