En presencia de especialistas en insolvencias de primer nivel, se presentó esta semana en sociedad el Observatorio de Segunda Oportunidad del ICAM, dirigido por el abogado y administrador concursal José Mª Puelles con el apoyo de un Comité Asesor formado por la catedrática de Derecho Civil Matilde Cuena; la abogada Amalia Fernández; la abogada y administradora concursal Adriana Castro; el abogado y doctor en Derecho Ignacio Fernández; y el abogado experto en insolvencia Martí Batllori.
Durante el acto se dio a conocer el primer informe del Observatorio, donde se indicó que Madrid es la tercera CCAA por concursos de personas físicas tras Cataluña y Valencia.
Las palabras del diputado de la Junta de Gobierno y presidente de la sección de derecho bancario, José Ramón Couso sirvieron para dar la bienvenida a los asistentes, explicar el esfuerzo del ICAM para crear 56 secciones y resaltar el gran nivel intelectual de un Consejo asesor en el que aparecen unidos el Colegio de la Abogacia de Madrid con el de Barcelona. Tras Couso, Cayetana Ladó, secretaria del Consejo de Administración del ICO, dio las palabras introductorias y el magistrado Francisco Javier Vaquer realizó la intervención final de este acto.
En su intervención, Ladó subrayó el papel clave de la reforma concursal que ha generado la ley 16/2022 para trasponer la directiva 2019/23, en la que estuvo presente como otros expertos. “Esta ley intentó homogeneizar la creación de distintos mecanismos para impulsar una verdadera Segunda Oportunidad como mecanismo de exoneración de deudas de personas físicas, de cara al fomento del emprendimiento y de la actividad empresarial”.
A este respecto, recordó el ejemplo de EEUU, donde sí se logra una verdadera exoneración de deudas de forma plena para llegar a dicha Segunda Oportunidad. “La creación del Observatorio es para impulsar esta Segunda Oportunidad en un contexto en el que el legislador ha establecido ciertas barreras de acceso que están limitando dicha exoneración en estos momentos”. También recordó que se habían aprobado distintas modificaciones al texto concursal, desde 2014 hasta la citada ley 16/2022 que restringe la aplicación de este mecanismo de insolvencia”.
En la actualidad, desde su punto de vista “la aplicación de este mecanismo es dispar en los juzgados españoles, que ponen en riesgo el sistema y el principio de igualdad en la aplicación de la ley. En este contexto, el papel de este Observatorio es importante a nivel de estudio e investigación de insolvencia de personas físicas y para la mejora de procedimientos de insolvencias para este colectivo”.
Una iniciativa de trasfondo social
Por su parte, el presidente de esta iniciativa recordó que el “fundamento de la Segunda Oportunidad es ayudar a los ciudadanos más desfavorecidos desde una vocación de servicio público. Se trata de que los abogados que acudan a la segunda oportunidad utilicen estos procedimientos con eficacia, seguridad y garantía paa el administrado. Como organismo científico trata de dar respuesta a la llamada insolvencia de la persona física”.
A este respecto, José María Puelles recordó que ese fenómeno de la insolvencia se había agravado. “El 75% de los concursos que se plantean son de persona física, en un entorno donde la guerra de Ucrania y los efectos de la inflación se hacen notar de forma importante. Sabemos que ese número se va a incrementar; sin embargo, respecto a países de nuestro entorno la cifra sigue siendo pequeña. Incluso en nuestro país estos concursos de persona física se concentran en cuatro CCAA como Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía en estos momentos”.
Este experto recordó que desde el 2015 que se puso en marcha como tal, “la Segunda Oportunidad la ha liderado la abogacía, tanto a nivel de investigación, implantación, difusión y en formación. La aparición de esta entidad nace para revisar las estadísticas de estos procedimientos y la jurisprudencia que se vaya consolidando a lo largo de los años. Se trata de mejorar el sistema de hacer aportaciones a nivel legislativo”.
En este contexto, Puelles sostiene “que hay que reforzar la formación del abogado como manera de llegar a la excelencia profesional , en colaboración con el Centro de Estudios que lleva estos asuntos. Esa formación va a desencadenar en crear un Turno de Oficio de Segunda Oportunidad que se pondrá en marcha en breve. La idea es que los abogados tengan su Código de Buenas Prácticas que regule su ejercicio profesional”.
Puelles explicó también la importancia del Comité de Expertos que forma parte de este Observatorio, “que impulsará una serie de iniciativas, como es la de tener una estadística fiable con los datos de todos los procedimientos de Segunda oportunidad, tanto los que se conceden como los que se deniegan. Ahora mismo no hay datos de estos últimos, pero creemos que podremos tenerlos de cara al Congreso de Segunda Oportunidad que pondremos en marcha los próximos 27 y 28 de junio en Madrid. Otra de las cuestiones será definir el perfil del concursado”.
Ciudadano y Segunda Oportunidad
Al mismo tiempo, recordó que “otro de los retos que nos planteamos es el de formar e informar al ciudadano en este mecanismo de Segunda Oportunidad. Ahí estamos abiertos a mantener colaboración con sindicatos, asociaciones, fundaciones, colegios de economistas, graduados sociales y otros colectivos que acerquen este mecanismo de exoneración a los ciudadanos más vulnerables”.
Junto a ello, Puelles subrayó el interés por contar con un repositorio de sentencias en esta materia. “El problema de Madrid es que no hay, como pasa en otras como ciudades como Barcelona o Sevilla, unificación de criterios judiciales en materia de Segunda Oportunidad. Eso nos va a obligar a tener claro el criterio de cada uno de los 19 juzgados de lo mercantil que hay en la capital de España”.
En el transcurso de la presentación se citaron las distintas cuestiones prejudiciales que hay sobre la Segunda Oportunidad, entre ellas las tres planteadas por la Audiencia Provincial de Alicante sobre el crédito publico en el texto refundido anterior, con un informe desfavorable del Abogado General de la UE; un auto del juzgado mercantil uno de Alicante y otro del juzgado mercantil 10 de Barcelona, que proponen prejudiciales sobre el texto refundido actual. El informe en esta ocasión del Abogado General es favorable a estas cuestiones.
Por su parte Martí Batllori, subrayó en su turno de palabra que “este va a ser un espacio de análisis de la Segunda Oportunidad donde es clave el papel de la abogacía desde su función social. Esta debe ser una herramienta clave para la mejora de la sociedad porque la Segunda Oportunidad va calando en la cultura jurídica de nuestra sociedad de forma progresiva. Lo importante es luchar por una exoneración efectiva para que exista realmente dicha Segunda Oportunidad”.
Situación de la Segunda Oportunidad
Tras las intervenciones, José María Puelles presentó los datos relacionados con la Segunda Oportunidad en el periodo 2020 a 2023, último periodo publicado. Así, destacó que la cifra en el último año se había disparado de forma notable, con 16.122 casos a nivel nacional. De ese total, 4.622 procedimientos de personas físicas tuvieron lugar en Cataluña; 2.426 en la Comunidad Valenciana; 2.182 en Madrid y 1.740 en Andalucía. “Los datos han crecido sobre todo en el cuarto trimestre del pasado año “, apuntó.
En este informe se compara la importancia de estas regiones en el PIB del 2022 con el porcentaje de concursos de personas físicas de ese año. Cataluña, por ejemplo, con un PIB del 19,01% supone un 33,48% de concursos; Madrid, del 19,44% a un 13,11% en materia de concursos; Andalucía 13,32% y un 10,61% respectivamente y Valencia 9,33% del PIB y un 11,28% de concursos. “La presentación de concursos no depende de la riqueza de la región, como vemos en estos datos. Deriva sobre todo de la cultura jurídica concursal de estas regiones, como puede verse”.
Otro dato de este informe es la preponderancia de los concursos sin masa en estos procedimientos de insolvencia de personas físicas. “A nivel nacional se ha llegado a 13.222; 3.591 corresponden a Cataluña, 2.108 a la Comunidad Valenciana, 1.848 corresponden a Madrid y 1.314 a Andalucía. En muchos de esos casos supone más del 80% del total. Con estos datos parece claro que el crecimiento de la Segunda Oportunidad en la Comunidad de Madrid no ha tocado techo y puede crecer más”, aclaró Puelles.
Para Batllori “aun estamos lejos de los datos de otros países. Es posible que este año 2024 acabemos sobre los 35.000 procedimientos de Segunda Oportunidad, aun inferiores a los 200.000 que hay en Francia y en otros países. En el caso de Cataluña se ha impulsado una cooperación entre abogacía y otros colectivos. Lanzamos una alianza por la Segunda Oportunidad con 18 asociaciones. En Madrid se puede hacer algo parecido donde la abogacía sea el motor de este tipo de dinámicas colectivas que al final ayudan a dar a conocer este tipo de procedimientos de exoneración”.
Para estos expertos el problema de la Segunda Oportunidad “es la falta de homogeneidad en cuanto a su concesión en distintos juzgados españoles. Eso genera una falta de seguridad jurídica importante. Necesitamos, como señala la última directiva traspuesta, procedimientos agiles, eficaces y seguros que en estos momentos no disponemos de ellos. La idea es seguir lo que se ha hecho en Barcelona, donde hay mayor seguridad jurídica tras algunos acuerdos de los jueces de lo mercantil”.
En la clausura del acto, el juez de lo mercantil Francisco Javier Vaquer destacó que “el problema es que los juzgados vamos a morir de éxito con todos los asuntos que nos están llegando y nos van a llegar en el futuro. El problema del crecimiento de estos datos en la Comunidad de Madrid es que no hay una estructura judicial adecuada, que debería incrementarse. Vivimos un cambio cultural importante a través de estos procedimientos de exoneración que van calando en la sociedad. En los juzgados buscamos un equilibrio entre los acreedores y el deudor en muchos casos”.
