Luces y sombras de la próxima Ley de Movilidad Sostenible

Alberto Dorrego de Carlos
Alberto Dorrego de Carlos
Presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAM

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (LMS) se encuentra actualmente en plena tramitación en el Congreso de los Diputados. El pasado 26 de septiembre superó el debate de totalidad, por lo que es previsible que el proyecto de ley sea aprobado en los próximos meses. Es razonable pensar que pueda estar definitivamente aprobado y en vigor en el primer trimestre de 2025.

El proyecto de ley contiene novedades jurídicas en materia de transporte terrestre:

Lo más relevante del texto, en mi opinión, es la ruptura del modelo concesional histórico en el transporte regular de viajeros por carretera en tráficos de medio y largo recorrido. Un cambio regulatorio verdaderamente trascendental.

El artículo 50 de la LMS permite que el Consejo de Ministros elimine el carácter de servicio público en estos tráficos y, por consiguiente, la gestión indirecta en régimen de exclusividad.

Desde mi punto de vista esta decisión legislativa constituye un grave error. No creo que la despublificación del servicio vaya a aportar ni mayor competencia en el sector (más bien lo contrario), ni mejores precios para los usuarios, ni mayor calidad del servicio (en términos de capilaridad, regularidad, seguridad y confort).

Regula el proceso de elaboración de un nuevo mapa concesional en el ámbito de la Administración General del Estado y ofrece un marco de seguridad jurídica a los actuales operadores durante el periodo transitorio. Está regulación, aun cuando quizá debiera ser mejorada técnicamente, es positiva.

Establece un nuevo y ambicioso sistema de financiación del transporte urbano colectivo, largamente demandado desde el sector.

Contempla una regulación de las nuevas formas de movilidad, una nueva ordenación de las obligaciones de servicio público (OSP) en el transporte, previsiones sobre las infraestructuras de movilidad y normas con importante incidencia en el transporte de mercancías. También establece nuevos mecanismos de coordinación entre los tres niveles administrativos con competencias en la materia.

De todo esto y más se debatió pasado 15 de octubre en una jornada organizada conjuntamente por las secciones de Derecho Administrativo y de Derecho Marítimo y Transporte del Colegio de la Abogacía de Madrid, con ponentes como Pablo Mayor, Abogado del Estado y gran especialista en la materia; Fernando Cascales, Ex Director General de Ferrocarriles y Transporte y yo mismo, moderados por Bernardo Ruiz Lima y Juan Gaitán.

Alberto Dorrego de Carlos
Alberto Dorrego de Carlos
Presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAM

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