La regresión del Estado de derecho se acelera. A lo largo y ancho del planeta, la presión creciente sobre los sistemas democráticos se manifiesta en el debilitamiento de los contrapesos institucionales, el deterioro de la independencia judicial, la pérdida de libertades y la instrumentalización del Derecho como herramienta al servicio del poder. Este reportaje aborda los factores estructurales de un fenómeno que está socavando el orden legal desde dentro.
En los últimos diez años se han producido en el mundo más autogolpes de Estado que en cualquier otra década desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, hace apenas un año, el presidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial en Corea del Sur, el país asiático fue el último en engrosar una lista que suma 46 episodios desde 1945, el 37% de los cuales se concentran en los últimos ocho años. A diferencia de los golpes militares tradicionales, los autogolpes son rupturas institucionales promovidas desde el propio poder ejecutivo con el objetivo de concentrar autoridad y desactivar los contrapesos democráticos. Y tienen una inquietante tasa de éxito: cuatro de cada cinco logran su propósito, frente a una media del 50% en los golpes clásicos, según los datos recogidos en la base de datos Colpus creada por los profesores John Joseph Chin y Joe Wright.
Lo llamativo de este fenómeno es que encaja, casi al milímetro, con el diagnóstico que dibujan los principales estudios internacionales sobre la salud del Estado de derecho en el mundo: el deterioro institucional se está acelerando, afecta a todo tipo de países —incluidas las democracias consolidadas— y su principal motor no son las guerras ni los golpes militares, sino formas más sutiles de cooptación institucional: el avance de la autocracia.
Así lo refleja el Índice del Estado de Derecho que elabora anualmente el World Justice Project (WJP), una organización independiente y multidisciplinar impulsada en 2006 por la American Bar Association. En su informe de 2025, WJP revela un empeoramiento en el 68% de los 142 países analizados en los últimos doce meses, frente al 57% observado en 2024, lo que confirma una aceleración del deterioro institucional a escala global.
El auge del autoritarismo, caracterizado por el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la contracción del espacio cívico, actúa como fuerza transversal de erosión en un proceso que afecta de forma especialmente intensa a cuatro de las principales dimensiones evaluadas por este índice: las limitaciones al poder gubernamental, la apertura institucional, los derechos fundamentales y el sistema de justicia.
En el delicado sistema de pesos y contrapesos que sustentan el equilibrio de poderes en los regímenes democráticos, 99 países experimentaron un deterioro provocado por los límites impuestos a los poderes legislativo y judicial, así como por una pérdida de independencia en los mecanismos de auditoría y supervisión.
También la cultura del gobierno abierto ha retrocedido en el 66% de los países analizados, con un descenso sostenido de la participación cívica y del derecho de acceso a la información. El impacto sobre los derechos fundamentales no es menor: en dos de cada tres estados se han documentado restricciones crecientes a la libertad de expresión, de opinión, de reunión y de asociación.
Por último, la justicia civil ha empeorado en el 68% de los países, en gran parte debido a lentitud creciente de los procedimientos judiciales, a la pérdida de eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y a una mayor interferencia del poder político.
Estos resultados coinciden a grandes rasgos con los hallazgos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una ONG internacional con sede en Estocolmo fundada en 1995 por 14 estados miembros para apoyar y fortalecer las instituciones y los procesos democráticos en todo el mundo. En el informe sobre el Estado Global de la Democracia 2025, esta organización alerta sobre un clima internacional de “incertidumbre radical” que está poniendo a prueba la resiliencia del sistema incluso en democracias históricamente consolidadas como Estados Unidos.
El estudio evalúa el desempeño democrático a partir de cuatro grandes dimensiones: representación, derechos, Estado de derecho y participación. De las cuatro categorías, la que registró un peor resultado global fue la del Estado de derecho. En 2024, 71 países (41%) registraron un bajo rendimiento en esta materia, y en 32 de ellos se produjo un declive respecto al año anterior. Europa concentró el 38% de estos retrocesos, seguida por África, América, Asia y el Pacífico, y Asia Occidental. El deterioro más pronunciado dentro de esta categoría se dio en el factor de independencia judicial.
En la categoría de derechos, el mayor retroceso global se produjo en libertad de prensa, seguido de libertad de expresión, igualdad económica y acceso a la justicia. La libertad de prensa empeoró en 43 países, casi una cuarta parte (24,9%) de los analizados, lo que constituye el declive más amplio registrado en este factor desde 1975 y supone una grave amenaza para la rendición de cuentas pública y la participación política informada.
También el Índice de la Democracia (Democracy Index) que elabora anualmente la Unidad de Inteligencia del grupo The Economist, apunta a una consolidación de una tendencia regresiva. La nota media mundial cayó a 5,17 —la más baja desde que comenzó a elaborarse el índice en 2006—, y el número de democracias reconocidas se redujo a 71, tres menos que el año anterior. Por primera vez, menos de la mitad de la población mundial vive en algún tipo de régimen democrático (45%), y apenas un 6,6% lo hace en una democracia plena.
El deterioro, según el índice promoviso por el semanario británico, se concentra en los fundamentos del sistema: libertades civiles, pluralismo político y funcionamiento institucional. En contraste con la mejora sostenida en participación política registrada entre 2010 y 2022, los últimos dos años muestran signos de agotamiento también en esta dimensión. La categoría que obtiene la peor puntuación es la de funcionamiento del Gobierno, lastrado por el bloqueo político, la corrupción, la opacidad y la pérdida de confianza ciudadana.
La cartografía del deterioro institucional revela contrastes importantes. Mientras Europa Occidental y Oceanía siguen copando la parte alta de los listados, otras regiones presentan descensos preocupantes. América Latina, con retrocesos en 19 de los 23 países analizados, concentra algunos de los casos más graves, según el Índice del Estado de Derecho de WJP. Solo Uruguay y Costa Rica figuran como democracias plenas en el índice de referencia que publica The Economist, mientras que Chile, República Dominicana, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá son consideradas democracias defectuosas. El resto se agrupan en la categoría de sistemas híbridos (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú) o autoritarios (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela).
En cuanto a Estados Unidos, aunque solo ha retrocedido una posición en el índice de WJP hasta el puesto 27 que ocupa en 2025, figura entre los países donde más ha empeorado el Estado de derecho en el último año, con un declive de un 2,8%, empatado con México y solo por detrás de Togo, Mozambique, Sudán y Rusia. En un informe publicado este año por la American Bar Association, la abogacía estadounidense describe una situación alarmante: “Nuestra democracia está en peligro. Muchos consideran que el Estado de derecho está amenazado y que, de hecho, nos encontramos en medio de una crisis constitucional. Incluso la actual Administración debe admitir que está decidida a forzar los límites de las normas legales y constitucionales”.
Y en Europa, Hungría, Bulgaria, Grecia, Croacia y Rumanía ocupan los puestos más bajos del ranking regional. En los últimos 12 meses, el retroceso en la calidad democrática ha sido especialmente acuciado en Hungría (-2%) y en Eslovaquia (-2,3%), que ocupa la posición número 36. En la parte alta, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania lideran la tabla.
Autocratización, un proceso endógeno
En el informe “25 años de autocratización: ¿democracia truncada?”, de 2025, el Instituto V-Dem (Variedades de la Democracia) pone cifras a una “ola mundial de autocratización” que ha llevado a la democracia a sus horas más bajas. Por primera vez en más de 20 años, en el mundo hay más autocracias (91) que democracias (88). El desequilibrio es mucho mayor desde el punto de vista demográfico: el 72% de la población mundial vive actualmente en países donde la calidad de la democracia está en declive, una cifra no vista desde el año 1978.
De acuerdo a esta organización, que estudia desde la Universidad de Gotemburgo la evolución de la democracia en todo el mundo, la censura de los medios de comunicación, el socavamiento de los procesos electorales y la represión de la sociedad civil son las estrategias más populares por quienes lideran esta deriva autoritaria global, un itinerario autocrático por el que transitan actualmente 45 países, entre los que figuran democracias formalmente consolidadas como Argentina, India, Indonesia, México o Corea del Sur, y estados no tan lejanos como Grecia, Hungría y Rumanía.
El estudio distingue cuatro tipos de regímenes políticos: autocracias cerradas, autocracias electorales, democracias electorales y democracias liberales. Las primeras carecen de elecciones competitivas y de libertades básicas como las de expresión o asociación. Las segundas celebran elecciones multipartidistas, pero no cumplen las condiciones mínimas para considerarlas libres y justas. Las democracias electorales sí cumplen esas garantías básicas, y las liberales van más allá, al incorporar límites efectivos al poder del Ejecutivo, independencia judicial y protección sólida de los derechos civiles. Existe, además, una “zona gris”, con países donde los datos disponibles presentan márgenes de incertidumbre que impiden clasificarlos con claridad.
El tipo de régimen más común en términos demográficos es hoy la autocracia electoral, donde viven el 46% de los habitantes del planeta (unos 3.700 millones de personas). En este grupo se encuentran algunos de los países más poblados, como India, Pakistán, Etiopía o Indonesia.
Por su parte, las autocracias cerradas reúnen al 26% de la población mundial, alrededor de 2.100 millones de personas, en países como China, Vietnam, Coreal del Norte o Cuba.
En el extremo opuesto, las democracias liberales apenas albergan al 12% de la población mundial (unos 900 millones de personas), lo que representa su mínimo histórico en los últimos cincuenta años. Esta caída se debe tanto al descenso en el número de países que cumplen los estándares más exigentes de calidad democrática, como al estancamiento demográfico de las regiones donde aún se mantienen.
Las democracias electorales representan el 16% de la población mundial. A finales de 2024, los países más poblados en esta categoría eran Brasil, México y Nigeria, aunque los dos últimos se sitúan en la zona gris, es decir, en el umbral entre democracia electoral y autocracia electoral, según el grado de incertidumbre en los datos.
Debilitamiento de la independencia judicial
Vaciar de contenido la función de control de los tribunales mediante reformas legales, sanciones disciplinarias selectivas o la colonización de los órganos de gobierno judicial forma parte de cualquier manual de instrucciones para minar desde dentro un Estado de derecho. La consecuencia es una justicia menos autónoma, más vulnerable a la presión política y menos capaz de proteger los derechos fundamentales frente a otros poderes del Estado.
A escala internacional, el Índice de WJP constata un retroceso sostenido en los indicadores vinculados a la independencia judicial. En los últimos cinco años, el 65% de los países ha empeorado en esta categoría, con especial intensidad en Asia Central, África Subsahariana y América Latina. La manipulación de los procesos de nombramiento, la falta de garantías en la carrera judicial o las interferencias del poder ejecutivo en casos sensibles son prácticas cada vez más extendidas.
En el ámbito latinoamericano, esta deriva se refleja en episodios como el asedio a los tribunales constitucionales en El Salvador, los intentos de controlar el poder judicial en Guatemala o los conflictos por la renovación de altas magistraturas en Argentina. Uno de los casos más preocupantes es el de México, donde la reforma judicial aprobada en 2024 —que establece, entre otras medidas, la elección por voto popular del poder judicial al completo—, ha suscitado un fuerte rechazo entre los operadores jurídicos dentro y fuera el país azteca.
Para el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Albertico Guinto Sierra, la reforma conlleva “la sustitución de la independencia judicial por la obediencia y lealtad política”, poniendo en peligro la protección de los derechos fundamentales cuando se encuentren en conflicto con los intereses del gobierno. “Aunque se presenta como un esfuerzo para combatir la corrupción y democratizar la justicia, en realidad solo favorece al oficialismo en la concentración del poder, debilitando la democracia constitucional”, apunta en estas mismas páginas.
En Estados Unidos, el Tribunal Supremo, tradicionalmente garante de los grandes principios constitucionales, atraviesa un periodo de fuerte controversia. Sus fallos más recientes en cuestiones como el aborto, la fiscalización del poder presidencial o los derechos electorales reflejan una creciente alineación ideológica que ha deteriorado su imagen pública. La confianza ciudadana en el alto tribunal, según las encuestas periódicas de Gallup y Pew Research, se sitúa por debajo del 40%, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas.
En Europa, las encuestas del Eurobarómetro realizadas en 2025 muestran que la percepción de la independencia judicial varía de forma significativa entre Estados miembros. Mientras en países como Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia el nivel de independencia percibida se mantiene especialmente alto, con valores superiores al 75%, en Croacia, Bulgaria y Polonia se sitúa por debajo del 30%.
El último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho no pierde de vista a Hungría, donde continúan produciéndose presiones indebidas sobre algunos jueces dentro del propio poder judicial. En Polonia, la restauración de las garantías judiciales aprobada en el Parlamento aún no ha entrado en vigor, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
En España, la valoración de la independencia judicial continúa siendo baja a pesar de la renovación del CGPJ. Entre sus recomendaciones, la Comisión Europea destaca la reforma del sistema de nombramiento, en línea con los estándares europeos. También aboga por finalizar y aplicar la reforma del Código Penal, así como por reforzar el estatuto del fiscal general, incluyendo la desvinculación de su mandato del Gobierno.
Instrumentalización del Derecho y deterioro normativo
Uno de los síntomas más inquietantes y menos visibles del deterioro del Estado de derecho es la pérdida deliberada de calidad normativa. Esta degradación se manifiesta a través de prácticas legislativas opacas, reformas improvisadas, normas ambiguas o procedimientos acelerados que obstaculizan el control parlamentario y la participación ciudadana.
Más de 60 países han registrado en el último año un retroceso significativo en indicadores clave como la previsibilidad de las normas, el debido proceso en la producción legislativa y la ausencia de arbitrariedad del Gobierno, lo que refleja un patrón global de deterioro. Así, el Índice del Estado de Derecho constata que incluso en sistemas democráticos consolidados, el uso abusivo del decreto-ley, la omisión de trámites consultivos o la introducción de enmiendas legislativas ajenas al objeto del debate han debilitado la seguridad jurídica, especialmente en materias sensibles como derechos fundamentales, libertades públicas o transparencia institucional.
Esta instrumentalización del Derecho adopta modalidades diversas según los contextos. En Europa, la Comisión Europea ha documentado prácticas preocupantes en varios Estados miembros. En su último informe, denuncia la tramitación de reformas relevantes sin consultas públicas, la acumulación de competencias normativas en órganos ejecutivos o la utilización de procedimientos parlamentarios abreviados para evitar informes de órganos consultivos como los Consejos de Estado nacionales. En países como Hungría, Polonia o Rumanía, estas dinámicas se han traducido en cambios legales que han limitado la autonomía judicial o recortado derechos ciudadanos sin el debido debate parlamentario.
España no escapa a esta tendencia. Informes como el elaborado por la Fundación Hay Derecho advierten del uso reiterado del decreto-ley, de la proliferación de proposiciones de ley con origen parlamentario —sin memoria económica ni dictámenes preceptivos— y de la tramitación de enmiendas in extremis sin conexión temática con la norma principal. Esta forma de legislar, aunque formalmente legal, vulnera el principio de legalidad material y alimenta la percepción de arbitrariedad.
El presidente de esta Fundación, Segismundo Álvarez, escribía en OTROSÍ hace unos meses que “Una legislación ingente, compleja, técnicamente deficiente e inestable produce gravísimos daños a nuestra seguridad, libertad y prosperidad económica”.
En esa misma línea, el catedrático Manuel Aragón, emérito del TC y autor de referencia en materia de Derecho Constitucional, denuncia en las páginas de esta revista la degradación de las leyes parlamentarias causada por el falseamiento del procedimiento legislativo, el uso criticable de las enmiendas intrusas y el fraude consistente en utilizar las proposiciones de ley para huir de los requisitos que tendría presentarlas como proyecto de ley. “La escasa meditación y la defectuosa técnica en la preparación de las iniciativas legislativas gubernamentales (o de los partidos que le apoyan), la apelación constante al procedimiento de urgencia, la extrema limitación temporal de la presentación de enmiendas y de la deliberación parlamentaria, están produciendo unas leyes de escasa calidad con merma de la seguridad jurídica que las prescripciones legales deben proporcionar”, afirma Aragón.
En Estados Unidos, la litigiosidad institucional ha aumentado exponencialmente tras la investidura presidencial, con más de 500 demandas contra actos ejecutivos en ámbitos tan variados como la política migratoria, los aranceles, los derechos fundamentales o el clima. Según el seguimiento realizado por el centro Just Security, actualizado a diario, en el momento de redactar este reportaje, el 50% de los litigios sigue pendiente de resolución judicial y cerca de 120 casos han logrado algún tipo de bloqueo total o parcial de las medidas impugnadas. Hasta la fecha, ningún caso ha concluido con una sentencia firme favorable a los demandantes, lo que refleja tanto la complejidad de los procesos como los obstáculos estructurales para frenar la agenda ejecutiva por la vía judicial.
Corrupción estructural y opacidad institucional
La corrupción no es solo un fenómeno ético o económico. En su dimensión estructural, representa una de las formas más nocivas de degradación del Estado de derecho, ya que socava los fundamentos institucionales y distorsiona el principio de igualdad ante la ley. Allí donde la corrupción se convierte en una práctica sistémica, el Derecho pierde su capacidad de organizar el poder público y proteger los derechos ciudadanos, y se impone una lógica clientelar que erosiona la legitimidad democrática.
El índice de WJP identifica este fenómeno a través de un indicador específico, “ausencia de corrupción”. Según sus datos, aunque a nivel global se ha registrado una ligera mejora respecto al año anterior, el 41 % de los países evaluados sigue mostrando signos de retroceso en esta categoría. Las regiones más afectadas son América Latina, Asia Meridional y África Subsahariana, donde el clientelismo político, la impunidad de las élites y la captura de organismos públicos son prácticas persistentes que bloquean cualquier intento de regeneración institucional.
En el caso de la Unión Europea, la Comisión ha activado mecanismos de condicionalidad presupuestaria frente a Estados miembros en los que se detectan prácticas de corrupción institucional, especialmente vinculadas al uso de fondos europeos y a la independencia de las fiscalías. Aunque la mayoría de los Estados miembros ha aprobado estrategias nacionales, reforzado unidades especializadas y mejorado la cooperación entre cuerpos policiales, fiscalías y tribunales, persisten lagunas significativas en la regulación de los conflictos de intereses, la actividad de lobby o la financiación de partidos.
La Comisión constata además un bajo índice de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel, lo que debilita la confianza ciudadana en la equidad del sistema. En España, si bien los niveles de corrupción estructural son menores que en otras latitudes, persisten déficits preocupantes de transparencia en la gestión de fondos públicos, una débil fiscalización parlamentaria y una limitada autonomía de los organismos de control.
El Democracy Index 2024, por su parte, refiere una correlación directa entre los regímenes autoritarios o híbridos y los mayores niveles de corrupción percibida. Allí donde los controles institucionales son débiles, el poder se ejerce sin rendición de cuentas y los recursos públicos se utilizan con criterios opacos, se reproduce una lógica de apropiación del Estado por parte de determinados grupos. El informe destaca además cómo la corrupción estructural alimenta el escepticismo ciudadano, debilita el cumplimiento voluntario de las normas y favorece la aparición de movimientos populistas que capitalizan el malestar social.
Manuel Villoria, presidente de la flamante Autoridad Independiente de Protección del Informante (un organismo público en funcionamiento desde septiembre de 2025”, explica el vínculo estructural entre la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho, dos fenómenos que se retroalimentan. “La corrupción, como abuso de poder con incumplimientos legales, pero también morales, es un factor clave para explicar el deterioro de la confianza en nuestras instituciones. La propia concepción del Estado de derecho como un marco de expectativas sobre el comportamiento de los poderes públicos, explica también la percepción de la corrupción, pues esta incorpora incumplimientos morales como los que se derivan del desprecio a los valores que fundamentan dicho Estado de derecho”.
De ahí, concluye Villoria, esa correlación tan sólida entre ambas variables. “A más incumplimiento del Estado de derecho, mayor percepción de corrupción; a mayor percepción de corrupción, menor cultura de la legalidad y mayor deterioro del Estado de derecho.”
Amenazas híbridas y desinformación
La proliferación de campañas de desinformación, las injerencias extranjeras en procesos democráticos y la manipulación de algoritmos informativos configuran un nuevo escenario de riesgos difusos, difícilmente encajables en las categorías clásicas del Derecho público, pero con efectos directos sobre la calidad democrática y la confianza ciudadana.
El World Justice Project alerta en su índice de 2025 sobre el deterioro sostenido en el ámbito de los Derechos Fundamentales, que agrupa la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección frente a la censura. Desde 2016, este indicador ha retrocedido en más del 80% de los países, con caídas particularmente acusadas en América Latina, Asia y Europa del Este. Este retroceso no siempre responde a legislaciones restrictivas, sino a entornos mediáticos degradados, discursos polarizantes y pérdida de integridad informativa en el debate público.
En su índice global sobre el estado de la democracia, The Economist señala subraya cómo el auge de medios digitales no regulados, el uso de bots y granjas de contenidos, la opacidad de las plataformas y la pérdida de centralidad del periodismo profesional han creado un ecosistema especialmente vulnerable a la manipulación. En paralelo, el informe describe una polarización creciente y una pérdida de consenso sobre los valores democráticos esenciales. La cultura política mundial —que mide el apoyo ciudadano a la democracia frente a modelos tecnocráticos o autoritarios— ha caído de 5,73 en 2008 a 5,25 en 2024. Los datos sugieren un distanciamiento creciente entre ciudadanía y sistema democrático, especialmente entre las generaciones más jóvenes, más proclives a aceptar “alternativas no democráticas” ante la frustración con los sistemas políticos actuales.
La Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho 2025, identifica como riesgo específico la difusión de campañas de desinformación orquestadas desde el exterior, especialmente en procesos electorales. Además, señala la necesidad de una mayor transparencia algorítmica y de reforzar los mecanismos de verificación informativa. En los Estados miembros con mayores niveles de polarización política, estas amenazas han derivado en ataques a la integridad electoral, cuestionamientos a la independencia judicial o campañas sistemáticas de desprestigio contra las instituciones.
En España, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) tiene identificadas las campañas de desinformación como “grave amenaza para los procesos electorales” y, destaca “por su potencial peligrosidad” las estrategias de desinformación de actores extranjeros “tanto estatales como no estales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones”.
La hora de la abogacía
Frente a la erosión de los contrapesos democráticos y la normalización del conflicto institucional, la abogacía está asumiendo un papel cada vez más protagónico en la defensa del Estado de derecho, identificando las amenazas sistémicas que afectan a la justicia, denunciando los retrocesos normativos e institucionales y articulando respuestas colectivas ante el debilitamiento de los principios constitucionales.
La International Bar Association (IBA) expresó el pasado mes de marzo su “profunda preocupación” por la erosión del Estado de derecho en democracias consolidadas como Estados Unidos, advirtiendo sobre los ataques al poder judicial, a los medios y a la propia profesión jurídica como pilares esenciales de la democracia. En paralelo, la American Bar Association (ABA) lideró una declaración conjunta, firmada por más de 50 colegios de abogados en respuesta al intento de socavar el libre ejercicio de la abogacía.
El Colegio de la Abogacía de Madrid se adhirió de inmediato a esta respuesta colectiva, publicando un comunicado en el que condenaba “toda forma de presión o señalamiento contra los operadores jurídicos que ejercen sus funciones con independencia y sometimiento pleno a la legalidad”.
Esta línea de actuación no es nueva. El ICAM ha interiorizado la defensa del Estado de derecho como uno de sus fines esenciales, tanto en sus estatutos como en su práctica institucional. En noviembre de 2023, la Junta de Gobierno aprobó una Declaración Institucional en defensa de la separación de poderes, el valor de la justicia independiente y el respeto a la función jurisdiccional, una iniciativa avalada recientemente por la justicia como legítimo ejercicio de sus competencias colegiales.
Además, el ICAM contribuye anualmente a los informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, proporcionando una visión técnica desde dentro del sistema judicial español. También en el ámbito internacional, la Declaración de Madrid, firmada al cierre de la I Cumbre Iberoamericana, refleja el compromiso de la corporación madrileña con la protección efectiva de los valores democráticos, la independencia judicial y la garantía de los derechos fundamentales frente a cualquier forma de deriva autoritaria o instrumentalización del Derecho.
En el último Congreso de la Unión Internacional de Abogados, celebrado en octubre en México, el decano Eugenio Ribón propuso avanzar hacia una acción coordinada entre colegios de abogados de distintos países mediante tres líneas estratégicas: la creación de observatorios colegiales internacionales que alerten ante amenazas a la independencia judicial; la promoción de una participación técnica activa de la abogacía en los procesos de reforma legislativa; y el impulso decidido de la educación jurídica de la ciudadanía como base imprescindible para fortalecer la cultura democrática.
En palabras del decano: “En un tiempo en que el Estado de derecho se ve amenazado en demasiadas latitudes, y donde las fronteras de la injerencia política se difuminan, los colegios de abogados tenemos una obligación clara: no mirar hacia otro lado”.
Fuentes
- Rule of Law Index 2025. World Justice Project. Washington, D. C. Disponible en: https://worldjusticeproject.org
- Democracy Index 2024: Age of Conflict. The Economist Intelligence Unit. Londres. Disponible en: https://www.eiu.com
- Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization: Democracy Interrupted? University of Gothenburg – Varieties of Democracy (V-Dem), Gothenburg, Sweden. Disponible en: https://www.v-dem.net/documents/60/V-dem-dr__2025_lowres.pdf
- The Global State of Democracy 2025: Democracy in the Face of Uncertainty. IDEA Internacional. Estocolmo. Disponible en: https://www.idea.int
- Final Report of the ABA Task Force for American Democracy (2025). American Bar Association. Disponible en: https://www.americanbar.org
- Chin, J. J. & Wright, J. (2024). Self-Coups Since 1945: A Global Database. Colpus Project. Disponible en: https://www.colpus.org
- Informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea – Edición 2025. Comisión Europea. Dirección General de Justicia y Consumidores. Disponible en: https://ec.europa.eu/info
- Informe 2024 sobre calidad normativa en España: análisis del deterioro legislativo y sus consecuencias institucionales. Fundación Hay Derecho. Disponible en: https://www.hayderecho.com
- Informe Anual de Seguridad Nacional 2025. Departamento de Seguridad Nacional. Presidencia del Gobierno de España. Disponible en: https://www.dsn.gob.es
- Informe Estado de Derecho y Seguridad Jurídica en Iberoamérica (2025). Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Disponible en: https://web.icam.es
- Declaración de Madrid – Cumbre Internacional ICAM 2025: Iberoamérica. Adoptada el 6 de junio de 2025. Disponible en: https://web.icam.es
- Executive Orders Litigation Tracker (2025). Just Security – NYU School of Law. Disponible en: https://www.justsecurity.org
- Special Eurobarometer 534: Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU (2025). Comisión Europea. Disponible en: https://europa.eu/eurobarometer
- Statement on Threats to the Rule of Law and the Legal Profession (2025). International Bar Association (IBA). Disponible en: https://www.ibanet.org
- Aragón Reyes, M. (2025). La situación del Estado de Derecho en España. Revista OTROSÍ, ICAM.
- Villoria Mendieta, M. (2025) Corrupción y Estado de Derecho. Revista OTROTROSÍ, ICAM.
- Guinto Sierra, A. (2025). El deterioro de la independencia judicial en México y América Latina. Revista OTROSÍ, ICAM.
