Este número especial de OTROSÍ es, ante todo, una afirmación: la defensa del Estado de derecho no es una tarea delegable. Nos interpela como juristas, como ciudadanos y, especialmente, como institución colegial comprometida con la democracia y el servicio público.
La calidad de las leyes, la independencia de la justicia, la garantía de los derechos y libertades o la existencia de contrapesos reales no son cuestiones abstractas. Son la base misma de nuestra convivencia. Y hoy, lamentablemente, también son objeto de erosión, cuestionamiento o amenaza en muchas partes del mundo.
Como Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, quiero subrayar que no hay neutralidad posible ante la deslegitimación del derecho como fundamento de nuestra vida común. No podemos permanecer impasibles ante procesos que debilitan a los jueces, instrumentalizan las instituciones o menosprecian la labor profesional de quienes —como los abogados y abogadas— dedicamos nuestra vida a defender la legalidad y los derechos.
Esta revista ha reunido voces de altísimo nivel jurídico, académico e institucional. Ha ofrecido un diagnóstico honesto y plural de los riesgos que enfrentamos. Y ha recordado que, frente a quienes pretenden disolver la fuerza de la ley bajo la lógica del poder, la abogacía debe ser resistencia, debe ser dique, debe ser conciencia.
El papel de la abogacía no es menor en este tiempo de incertidumbre: somos garantes, mediadores y, en muchas ocasiones, los últimos en sostener el hilo de la legalidad cuando todo lo demás falla. Por eso debemos cerrar filas en torno a nuestros valores. Estar al lado de los jueces independientes. Defender la legalidad sin cálculos ni atajos. Y ejercer, como profesión, esa función social que nos otorga dignidad y responsabilidad.
En un contexto internacional en el que resurgen discursos autoritarios, prácticas intimidatorias contra la abogacía y una preocupante desafección hacia las garantías procesales, es más importante que nunca recordar el papel irrenunciable que desempeñamos como profesión. La defensa no es una concesión del sistema; es la condición misma de su legitimidad.
Cada vez que se socava el ejercicio libre e independiente de la abogacía, no solo se daña a quien la ejerce, sino que se erosiona la base de confianza que sostiene al conjunto del Estado de derecho.
Los colegios de la abogacía —y en particular el ICAM, como mayor colegio de Europa— no pueden limitarse a ser estructuras de representación profesional. Somos —y debemos ser— instituciones democráticas al servicio activo de las libertades públicas.
Cuando defendemos el secreto profesional, cuando actuamos frente a vulneraciones del derecho de defensa, no lo hacemos por interés gremial, sino por compromiso constitucional. Porque donde no hay defensa, no hay justicia. Y donde no hay justicia, no hay democracia.
Este número ha querido contribuir, con profundidad y perspectiva, a ese compromiso colectivo. Ahora nos toca a todos hacerlo realidad. Porque el Estado de derecho no se preserva solo: hay que defenderlo. Y esa defensa empieza también aquí.
Lo hacemos cada vez que recordamos que principios como el derecho de defensa y el secreto profesional no son privilegios gremiales, sino garantías esenciales de cualquier democracia que aspire a ser justa. Defender a la abogacía es también proteger los derechos de todos. Por eso, el Colegio seguirá interviniendo —con firmeza, serenidad y vocación de servicio público— allí donde el Estado de derecho requiera nuestra voz y nuestras actuaciones.
Cerrar filas en torno al Estado de Derecho
