Más de un mes llevan los agricultores y ganaderos protestando en las principales ciudades españolas. La más reciente, celebrada en Madrid hace unos días coincidiendo con un Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en Bruselas. allí se han discutido temas importantes para el futuro del sector agrario a nivel europeo. España está llevando sus preocupaciones a la mesa de negociaciones, buscando cambios en la Política Agraria Común (PAC) y otras cuestiones relevantes para los agricultores y ganaderos españoles, pero de momento las soluciones no llegan.
Manuel Lamela, reelegido el pasado día 6 de julio presidente de la Sección de Derecho Agroalimentario del ICAM, es uno de los interlocutores adecuados para explicar este conflicto. Desde esta Sección “estamos si dando respuesta a las necesidades de dotar de una mayor seguridad jurídica a la normativa vinculada al sector agroalimentario en su conjunto, así como promover un mayor grado de conocimiento de esta rama del Derecho entre los colegiados.”
Colegiado en el ICAM en 1985 y abogado del Estado en excedencia, es en la actualidad socio director del despacho ACOUNTAX ABOGADOS. Además, es árbitro de las principales cortes del país (Corte Española de Arbitraje, Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, Corte Civil y Mercantil de Arbitraje-CIMA) y de la Asociación Europea de Arbitraje. Desde abril del 2016 preside la Sección de Derecho Agroalimentario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Para este jurista “son muchos problemas que se han ido sumando a lo largo de los años sin resolverse, esto ha hecho que la situación haya explotado estos últimos días con distintas manifestaciones “.
Desde su punto de vista, “hay elementos que están en el ámbito de las competencias de la UE y elementos de reivindicaciones que están también en las competencias del Gobierno de España. Hay un doble frente que hace más complicado resolver esa cuestión que preocupa a nuestro sector agroalimentario ante un futuro muy incierto”.
En su opinión, “el principal problema que tenemos es que cuando se acuerda la llamada Europa Verde en el amito de la Comisión Europea se diseñan estrategias de protección medioambiental de obligado cumplimiento, porque son directivas y algunos reglamentos que suponen auténticos corses para la producción agraria y especial ganadera de nuestro país”.
A su juicio, “eso hace que los costes de producción, si uno somete a esas directrices de protección medioambiental, se incrementen, y que dicho incremento vaya añadido a los que se vienen produciendo como consecuencia del entorno mundial, donde la guerra de Ucrania y algunos otros conflictos generan dificultad de abastecimiento e importaciones de grano ha ido subiendo la cesta de la compra”.
Al final “cuesta más producir y es más difícil competir”, señala este jurista en el diagnóstico de la situación actual.
La Europa del Norte es un problema
Lamela cree “Europa se ha pasado de frenada, los criterios de Europa del Norte se han impuesto a los del sur, que son los que producimos a diario como son los casos de España, Italia Francia, Portugal y Grecia. Da la sensación que no se ha pensado ese calendario de implantación. Se pueden pensar las medidas del Pacto Verde antes citado, pero no se puede implementar de la noche a la mañana”.
Para Lamela “esta implantación tan brusca está haciendo un roto importante al sector agroalimentario europeo. Es un problema grave que hay que resolver en Bruselas, hay que replantear el calendario. Los estados deberían plantarse y especialmente España, forzar una negociación de ese calendario y de esas medidas. Alguna se ha parado y no todas”.
Junto a esto, subraya que “el otro gran problema que hay son los terceros países, que es complementario a lo hasta ahora explicado. Si los acuerdos con la UE no contemplan mecanismos para garantizar que los productos agroalimentarios que vienen de esos países compitan en igualdad de condiciones de los que producimos nosotros, nuestros productores están muertos, por desgracia”.
Así, nos aclara que si producir un kilo de naranjas en España cuesta un 1.3 euros y en Marruecos el coste es de 0,7, es evidente que la naranja marroquí se comprará más que la española. Si eso lo elevas a muchos productos que están en la cesta de la compra y que se quieren exportar desde España, es muy difícil que los productos mediterráneos compitan con los procedentes de otros países, especialmente del norte de África y algún país iberoamericano. La propia Organización Mundial del Comercio dificulta la competitividad de los productos europeos.
“Al final la calidad y seguridad alimentaria que hay en Europa no la hay en ningún país del mundo, pero producir con esta seguridad alimentaria cuesta muy caro en estos momentos”.
Esto hace que los costes sean elevados. “Lo que habría que hacer es vigilar para que los productos de estos países que no cumplen con esos estándares de seguridad no se comercialicen en nuestro territorio a un precio más barato. Estamos hablando entonces de competencia desleal y puede acabar con muchas explotaciones españolas”.
En este contexto, se habla de las llamadas “clausulas espejo, es un objetivo que no es nuevo, está contemplado en la UE desde el 2002. Lo que supone es que si la UE firma un acuerdo de mercado de importación con un tercer país, hay que obligar a ese país a entrar en España con los mismos requerimientos a nivel de productos que se fabrican en Europa. Ahora, curiosamente no se está exigiendo”.
Hay que forzar una nueva negociación
En su opinión “es el momento de hacer cumplir esos acuerdos. No se toma la diligencia adecuada para que no se produzcan este tipo de situaciones, de ahí que la feroz oposición de agricultores y ganadores a que esto siga así, porque entre una cosa y la otra pierden la capacidad de competir en el mercado. En la actualidad la situación de crisis de las explotaciones de estos profesionales es muy evidente”.
Este experto señala que en los últimos años este Gobierno ha ido al tran tran y se ha dejado llevar. No ha tenido grandes iniciativas, centrándose especialmente en los Fondos Next Generation. A cambio de esos fondos se ha olvidado de otros planteamientos importantes a nivel agrario.
Lamela recuerda que en este debate en la UE, “los países del norte tienen unos intereses y los del sur otros. En los últimos treinta años esto ha sido así. Hay que buscar un equilibrio entre el ecologismo de los países del norte y las producciones de los del sur. Se trata de lograr un desarrollo sostenible en ese equilibrio que de momento no se ha logrado encontrar. Es la eterna batalla”.
En estos momentos ve que “los países del Sur no están defendiendo sus intereses, al final quien paga los platos rotos es el sector más débil que es el agroalimentario, que es una parte fundamental de nuestro PIB. Es exportador a nivel mundial de muchos de nuestros productos. Para nosotros es un sector estratégico”.
Respecto a los fondos Next Generation, “su llegada a este sector agroalimentario ha sido muy escasa, como señalan las organizaciones agrarias que se quejan de que solo reciben las subvenciones de la PAC, que cada vez son menores. Al final, se trata de hacer el campo competitivo sin pensar en esas subvenciones, pero no es sencillo”.
A juicio de Lamela, “si no vas en esa línea estás abocando a nuestros agricultores y ganadores a una condena en un plazo medio. Y eso es grave. Desde el punto de vista nacional no se han defendido bien los intereses de nuestro país en Bruselas, aquí tenemos una normativa obsoleta que hay que adecuar a la realidad”.
A este respecto, señala que “la Ley de Aguas necesita de una reforma integral, porque en nuestro país tenemos un problema grave con el agua y de planificación hidrológica que se debe modernizar. Ese tema es clave tanto a nivel de población como de nuestros cultivos para lograr cierta seguridad jurídica”.
Al mismo tiempo, subraya que “hay otro tema importante que hay que abordar es el del seguro agrario. La ley del seguro agrario vigente en nuestro país es de 1978, fue la primera que se aprobó en la España constitucional constitución y desde entonces nadie la ha tocado”.
La importancia del sector agrario
En estos momentos recuerda que “el seguro agrario es esencial para las explotaciones agroalimentarias con el fin de tener un colchón de seguridad y unas garantías para asegurar una indemnización en determinadas cuestiones. Es otro tema que hay que tocar y abordar “.
Junto a esta coyuntura, Manuel Lamela recuerda que hay otro tema “ya casi crónico que se toca muy poco y que hay que abordar, que es el de la fiscalidad del sector agrario. Hay mucha especificades a nivel fiscal que requieren de una actualización al marco fiscal existente para darle esa seguridad a la explotación ganadera y agraria”.
En este contexto, nuestro interlocutor también denuncia que “otro gran lastre es el de la burocratización y ‘administrativización’ de la gestión de la política agracia. La gestión burocrática afecta a la mayor parte de las explotaciones agracias que son pequeñas, en cuanto a ayudas, subvenciones de la PAC, régimen de controles establecido por el Gobierno español y Bruselas es un coste inasumible para una explotación ganadera o agraria en nuestro país en estos momentos”.
En cuanto a la solución de este conflicto, Manuel Lamela destaca que “son varias cosas a la vez. Hay que resolver distintas cuestiones a nivel nacional y europeo de manera simultánea. Al mismo tiempo debemos contar con un Gobierno firme que defienda estas cuestiones en Bruselas”.
Para este jurista, “las negociaciones en Bruselas son complicadas. Y hay que hacer fuerza de tal forma que, si hay cuestiones que no nos encajan, debemos decir que no, que se frene esa implantación de dicha medida y se siga negociando a nivel europeo. Las negociaciones son fundamentales para enderezar esta situación”.
El problema es que, en Bruselas, el próximo mes de junio hay elecciones al Parlamento Europeo. “En este escenario electoral se complica todo, solo se piensa en clave electoral. Esperemos que alguien advierta la necesidad de apoyar al sector agrario porque le de votos suficientes para su candidatura, pero realmente no es el mejor momento para arreglar este tema”.
A su juicio, “la problemática es parecida en los países mediterráneos de la UE, salvo en la normativa, que esa es nuestra. Estos países deberían hacer un frente común en Bruselas y provocar cambios o renegociación de calendarios de aplicación de medidas”.
Desde la sección agroalimentaria del ICAM se viene en los últimos años tomando el pulso a este sector tan importante para nuestra economía en estos momentos: “nosotros vamos a organizar el segundo Congreso de Derecho Agrario, hicimos uno hace dos años.
Abordaremos todos estos temas para plantear soluciones que ayuden a resolver esta problemática que preocupa a tantos agricultores y ganadores de nuestro país”.
Lamela entienda el hartazgo de estos profesionales: “lo que es importante es que modulen sus protestas, pueden pasar de tener el apoyo de la sociedad española a tener el rechazo de la misma. Su derecho a manifestación está ahí, pero no deben pasarse de frenada y colapsar ciudades donde la mayor parte de nosotros trabajamos”.
