Para analizar la delicada situación en la que se encuentra el Estado venezolano, es esencial entender que sus instituciones están hoy usurpadas por unos individuos que no solo han cometido toda clase de crímenes, sino que además han implantado un régimen antidemocrático que lesiona sistemáticamente los intereses de nuestra nación.
De forma tal que de ser un país cuya acción internacional jugaba un papel constructivo en el ejercicio de la convivencia con las naciones; en la articulación de iniciativas a favor del equilibrio internacional; en la defensa de la libertad y la democracia; en la promoción de los derechos humanos; en la consolidación de la integración hemisférica y en iniciativas dirigidas a la búsqueda de la paz, Venezuela ha pasado a desarrollar una estrategia internacional con un marcado perfil ideológico, orientada a la construcción de una nueva geopolítica mundial y a la profundización, proyección y expansión de la llamada “Revolución Bolivariana”. Valga agregar que todo lo anterior conforma un espacio de acción que es ajeno a la tradición pacifista del país y nos ubica en un escenario de creciente vulnerabilidad.
Dicho de otro modo, se adelantó una estrategia radical que significa no sólo el quiebre de los principios que orientaron la política exterior del Estado venezolano durante los gobiernos democráticos, sino la sustitución del esquema tradicional de inserción internacional de Venezuela, construido durante la democracia y basado en políticas consensuadas, para convertirla, más bien, en una plataforma de expansión continental del llamado modelo político “bolivariano”.
No obstante, los venezolanos vamos a recuperar las instituciones de nuestro Estado y a ponerlas al servicio del interés y la soberanía nacional. Pero para ello es importante comprender cómo llegamos a la situación actual, y cómo el régimen imprimió un giro radical a la política exterior que la democracia venezolana mantuvo durante la segunda mitad del siglo XX.
Entre los sellos distintivos de aquella encomiable tradición diplomática cabe señalar, por ejemplo, la Doctrina Betancourt, por la que nuestro país suspendía sus relaciones diplomáticas con cualquier régimen que tomara o ejerciera el poder por vías antidemocráticas y dictatoriales.
Destaco también nuestra labor de fortalecimiento del diálogo, la paz y las transiciones a la democracia en Centroamérica, el Cono Sur y España; al igual nuestra política de asilo a los refugiados que huían de las diversas dictaduras del hemisferio.
Durante décadas mantuvimos una sabia posición ante los conflictos en el Medio Oriente, donde muchos países eran nuestros socios en el seno de la OPEP. Del mismo modo, nuestra participación en los foros multilaterales siempre fue constructiva, marcada por el respeto del derecho internacional, la defensa y promoción de los derechos humanos y el respeto a la soberanía de los Estados. Nuestra ayuda al desarrollo fue, asimismo, encomiable.
Pero con el régimen en el poder, se inició una aproximación sistemática hacia diversos grupos subversivos que practicaban el terrorismo para combatir a gobiernos democráticamente constituidos. Ya desde el año 1999 la polémica saltó entre los gobiernos de países tradicionalmente muy cercanos a Venezuela, tales como España, Colombia, Perú y los Estados Unidos, por el cobijo que comenzó a brindarse en nuestro territorio nacional a ciertos terroristas provenientes de esos u otros países.
En paralelo comenzaron a sellarse acuerdos de índole militar, energética y geoestratégica con Cuba, Rusia y China. Los préstamos chinos, el armamento ruso y la inteligencia cubana fueron manifestaciones concretas de este giro radical. De igual modo, en los conflictos del Medio Oriente, el chavismo no sólo asumió una posición militante a favor de las fuerzas políticas de origen chiíta, sino que comenzó a desplegar también una posición abiertamente anti-israelí.
Otro factor que también tiene ramificaciones internacionales es la posición asumida ante diversas dinámicas del crimen organizado. Por un lado, la abierta simpatía profesada hacia las FARC y el ELN colombianos abrieron las puertas para el impune tráfico de cocaína en territorio venezolano, afectando la integridad de nuestros cuerpos de seguridad del Estado.
Por otro lado, la explotación irregular de toda clase de minerales en Venezuela devasta zonas completas de nuestra tierra, mientras que el éxodo masivo de venezolanos ha servido para que organizaciones como el Tren de Aragua se conviertan en verdaderas transnacionales del crimen.
A todo ello se suma la expropiación o expulsión de capitales extranjeros provenientes de Europa, Norteamérica y Sudamérica; capitales que hasta ese momento habían contado con todas las garantías de la ley pero que, desde entonces, y como consecuencia del desmontaje de nuestro Estado de derecho, dieron origen a prolongados y costosos litigios internacionales que conllevan la pérdida de miles de millones de dólares.
Todo este giro radical de vocación antioccidental y delictiva estuvo enmarcado dentro de una vehemente retórica antiimperialista y nacionalista que, no obstante, no se vio jamás reflejada en una verdadera defensa de la soberanía, el territorio y el interés nacional. Muy por el contrario, las consecuencias de ese negativo giro son terribles para nuestro país
El régimen en cuestión ha lesionado nuestro prestigio internacional y despilfarrado la mayor parte de nuestros recursos durante más de dos décadas. Hoy luchamos por mantener el control de nuestras infraestructuras en el extranjero, mientras observamos con preocupación el deterioro sistemático de nuestra posición diplomática ante el litigio por la soberanía del territorio Esequibo, en disputa con Guyana, el cual forma parte de los intereses y objetivos nacionales permanentes del Estado y del pueblo venezolano, que siempre ha considerado al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el marco jurídico político para la búsqueda de soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de esa controversia. El tema se encuentra en las instancias de la Corte Internacional de Justicia.
El espinoso tema de la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela ha sido, por tiempos, un factor de perturbación y de animosidad en las relaciones bilaterales con Colombia hasta que se acordó el Acta de San Pedro Alejandrino que vino a “desgolfizar” las relaciones entre los dos países.
Destaquemos que por muchos años esas diferencias se encauzaron por medio del diálogo bilateral aún en momentos de tensiones políticas, y que más allá de las discrepancias coyunturales, los gobiernos democráticos privilegiaron las coincidencias económicas y políticas tanto en el plano bilateral como multilateral.
Además, sufrimos el modo en el que este régimen ha contribuido a acentuar perversas dinámicas del crimen organizado transnacional, mientras su dirigencia es acusada ante tribunales internacionales por violar derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, el proceso que se desarrolla actualmente en la Corte Penal Internacional reviste máxima relevancia. Se han aportado allí los testimonios de más de 8.000 víctimas y sus familiares, con el apoyo de varios gobiernos extranjeros, organizaciones de derechos humanos y los informes elaborados por la Comisión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas.
Recordemos que durante los últimos 26 años, y según reportan diversos organismos especializados, más de 315.000 personas han sido asesinadas, incluyendo más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales. Por razones de orden político, durante la última década más de 18.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria, a menudo siendo víctimas de desapariciones forzadas, malos tratos y torturas.
La persecución política se ejerce incluso fuera del territorio nacional, tal como sugieren diversos crímenes aún por esclarecer. El asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile, o el reciente atentado ejecutado en Bogotá contra dos activistas venezolanos, son señales de alerta que no pueden pasar desapercibidas para la comunidad internacional.
En la Venezuela de hoy, más que presos políticos, deberíamos quizás hablar de rehenes; personas secuestradas a las que el régimen usa como fichas de canje. Una situación que, en la práctica, se extiende en diversa medida a toda la población nacional.
Pero por esa misma razón el pueblo de Venezuela, profundamente amante de la libertad, se ha levantado de modo casi unánime para ejercer, con todo el peso de su fuerza ciudadana, la soberanía popular y nacional que le corresponde.
La incontestable victoria del 28 de julio de 2024 fue el fruto de una organización ciudadana sin precedentes; una organización que ha socavado irreversiblemente la base de apoyo del régimen, y que ahora se apresta para concretar el cambio tan anhelado.
Para ello, Venezuela cuenta con su liderazgo electo y legítimo, que se mantiene en pie de lucha dentro y fuera del país. Junto a nuestra valiente María Corina, y gracias a la lucha de tantos millones de ciudadanos comprometidos con Venezuela, nuestro país volverá a ser libre más pronto que tarde, y contará con un gobierno legítimo que represente y defienda dignamente su soberanía e interés nacional ante la comunidad internacional. El Nobel a María Corina ratifica que nuestra causa es justa y que nuestra estrategia es correcta.
*Este artículo forma parte del dossier especial «El Estado de Derecho en tensión: análisis de un fenómeno global», publicado en el número 4 de la revista Otrosí papel
