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	<title>Administrativo - Otrosí</title>
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	<description>Revista del Colegio de la Abogacia de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2024 19:23:45 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Administrativo - Otrosí</title>
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	<item>
		<title>El uso de la IA en la labor de acopio de información jurídica a la hora de preparar un caso </title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-uso-de-la-ia-en-la-labor-de-acopio-de-informacion-juridica-a-la-hora-de-preparar-un-caso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ramón Moratalla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 14:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La implementación correcta de la Inteligencia Artificial en la gestión del conocimiento legal puede contribuir decisivamente a garantizar un acopio óptimo de información útil y relevante. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/el-uso-de-la-ia-en-la-labor-de-acopio-de-informacion-juridica-a-la-hora-de-preparar-un-caso/">El uso de la IA en la labor de acopio de información jurídica a la hora de preparar un caso </a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El abastecimiento de información y su correcta gestión en la preparación de casos legales es un aspecto crítico que no puede pasarse por alto en cualquier despacho de abogados. Sin embargo, se hace cada vez más evidente la necesidad de integrar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, en este proceso para maximizar su eficacia y precisión.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En su momento,&nbsp;<a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https://www.fiscal.es/documents/20142/109407/Circular+1_2013%2C+de+11+de+enero%2C+sobre+pautas+en+relacion+con+la+diligencia+de+intervencion+de+las+comunicaciones+telefonicas.pdf/b9b37701-c716-79ab-d1dc-111350113518?t=1531466184769">la&nbsp; Circular 1/2013, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas a seguir en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas</a>&nbsp;resultó cuanto menos un documento jurídicamente jugoso en tanto que destacaba la importancia del proceso de acopio de información, resaltando la necesidad de seguir pautas específicas en la recopilación de elementos incriminatorios.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Y yendo más allá de los elementos incriminatorios, a nadie se le escapa que en el despacho resulta crucial definir y contar con directrices claras que permitan aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas disponibles para recopilar información jurídica de calidad de manera efectiva. Una labor deficiente en este aspecto puede comprometer los intereses del cliente y, en última instancia, afectar negativamente el desenlace del caso, y por tanto perjudicar incluso reputacionalmente a la firma o corporación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es por ello que resulta crucial incorporar en los planes de estudio de formación de abogados el dominio de técnicas avanzadas de investigación y análisis que permitan la aplicación de técnicas idóneas y efectivas de acopio documental offline y online. afrontando entre otras muchas cuestiones las relativas a delimitar:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Las fuentes fundamentales de información para preparar el caso.</li>



<li>Las formas de búsqueda para los diferentes tipos de información documental objeto del acopio (documentación normativa, jurisprudencial, administrativa, bibliográfica, audiográfica, videográfica, hemerográfica,…) y las diferentes técnicas de acopio según se trate de investigación documental (offline u online), o según se trate de investigación de campo como ocurre con las entrevistas personales, la observación directa y personal, y los cuestionarios.</li>



<li>La calidad de la información y su ciclo de vida.</li>



<li>Las cualidades que tiene que reunir esa información con respecto al caso (pertinencia, relevancia, calidad, fiabilidad, legalidad, validez, vigencia y eficacia).</li>



<li>El procedimiento a seguir para determinar el objeto o cuestión jurídica principal del asunto, así como las secundarias y/o accesorias.</li>



<li>Cómo elaborar (diseño) una hoja de trabajo (de acopio) y cumplimentar sus campos.</li>



<li>Cómo llevar el registro de novedades y su archivo.</li>



<li>Cumplimiento de las obligaciones en materia de Protección de Datos, deontológico-profesionales y del resto de legalidad en el ejercicio de estas labores de obtención y tratamiento de la información.</li>



<li>Cómo gestionar el acopio colaborativo cuando interviene un equipo de personas (tanto integrantes del despacho como si se trata de colaboradores externos).</li>



<li>La aplicación de nuevas tecnologías y la faceta de movilidad en la labor de acopio (interesante resulta también el estudio de aplicaciones útiles para trabajar con tablet y smartphone).</li>



<li>Las labores de depuración y metadatación (metataging) de esa información, su retroalimentación, actualización y consiguiente control de versiones.</li>



<li>La integración con soluciones de gestión documental del despacho (ECM).</li>



<li>La conversión de la información recopilada en dosieres jurídicos y su integración en la gestión del conocimiento del despacho.</li>



<li>Etc.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">En resumen, se debe prestar especial atención a la calidad y actualidad de la información recolectada, su pertinencia, validez y legalidad, en un obligado e inaplazable proceso de curación de contenidos, así como al cumplimiento de normativas de protección de datos y deontología profesional en el manejo de la información y en el uso de la Inteligencia Artificial en todo este proceso. Y sin olvidar el aspecto de la ciberseguridad para lo cual también pueda ayudar la tecnología blockchain a la hora garantizar la trazabilidad e inalterabilidad del ciclo de vida de la información, del contenido, del conocimiento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por tanto, la integración de tecnologías innovadoras como resulta la IA en las soluciones de gestión documental, es esencial para optimizar el acopio de información y su posterior integración en la gestión del conocimiento del despacho. La labor de acopio asistida por la inteligencia artificial pasa a ser un proceso crucial que determina en gran medida el éxito de un abogado, por lo que su correcta implementación merece una atención prioritaria en la formación inicial y continuada de los profesionales del derecho.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Parafraseando a Clemenceau, “<em>Los juicios son un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de meros abogados</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Gestión del conocimiento en la era de la IA</strong></p>



<pre class="wp-block-preformatted">Para conocer en profundidad cómo la IA está revolucionando la forma en que las empresas capturan, analizan y aplican el conocimiento para impulsar la innovación y mantener la competitividad en un mercado globalizado, <a href="https://web.icam.es/events/seccion-de-innovacion-y-abogacia-la-gestion-del-conocimiento-en-la-era-de-la-ia-casos-de-uso-e-innovacion/">la sección de Innovación y Abogacía del ICAM ha organizado una jornada este miércoles 13 de noviembre</a>. A través de ejemplos concretos y análisis de tendencias emergentes, se profundizará en cómo la inteligencia artificial está facilitando un salto cualitativo en la gestión del conocimiento, abriendo nuevas oportunidades para la creación de valor y la transformación estratégica. </pre>



<p class="wp-block-paragraph">Más información e inscripciones:</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-icam-ilustre-colegio-de-la-abogac-a-de-madrid wp-block-embed-icam-ilustre-colegio-de-la-abogac-a-de-madrid"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="aEdlRs78k2"><a href="https://web.icam.es/events/seccion-de-innovacion-y-abogacia-la-gestion-del-conocimiento-en-la-era-de-la-ia-casos-de-uso-e-innovacion/">Sección de Innovación y Abogacía &#8211; La Gestión del Conocimiento en la era de la IA: Casos de uso e innovación</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="«Sección de Innovación y Abogacía &#8211; La Gestión del Conocimiento en la era de la IA: Casos de uso e innovación» — ICAM - Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid" src="https://web.icam.es/events/seccion-de-innovacion-y-abogacia-la-gestion-del-conocimiento-en-la-era-de-la-ia-casos-de-uso-e-innovacion/embed/#?secret=7d8UzUUT1h#?secret=aEdlRs78k2" data-secret="aEdlRs78k2" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
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	</item>
		<item>
		<title>El REMC en las licitaciones de concesiones de servicios de transporte regular de viajeros por carretera: una inadmisible situación de inseguridad jurídica</title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-remc-en-las-licitaciones-de-concesiones-de-servicios-de-transporte-regular-de-viajeros-por-carretera-una-inadmisible-situacion-de-inseguridad-juridica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Dorrego de Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 13:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible contiene una modificación muy controvertida del histórico sistema concesional existente en España</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/el-remc-en-las-licitaciones-de-concesiones-de-servicios-de-transporte-regular-de-viajeros-por-carretera-una-inadmisible-situacion-de-inseguridad-juridica/">El REMC en las licitaciones de concesiones de servicios de transporte regular de viajeros por carretera: una inadmisible situación de inseguridad jurídica</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Las Secciones de Derecho Administrativo y de Derecho Marítimo y Transporte del ICAM celebramos hace unas semanas <a href="https://secciones.icam.es/el-icam-examina-las-claves-del-proyecto-de-ley-de-movilidad-sostenible-y-su-impacto-en-el-futuro-del-transporte-en-espana/">una jornada conjunta</a> para analizar el contenido del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que actualmente se tramita en las Cortes Generales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En el transcurso de esta sesión se plantearon múltiples cuestiones, si bien se prestó especial atención a las novedades que incorpora este proyecto legislativo referentes al transporte regular de viajeros por carretera. El Proyecto de Ley contiene una modificación muy controvertida del histórico sistema concesional existente en España y la previsión de la elaboración de un nuevo mapa de concesiones del Estado en el plazo de año, seguido de las correspondientes licitaciones (Disposición Transitoria Segunda).&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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<p class="wp-block-paragraph">En este contexto, una de las cuestiones que se suscitaron abiertamente en la jornada es la situación de grave inseguridad jurídica en relación con el control de legalidad de las licitaciones de estos contratos de concesión de servicios a raíz de recientes resoluciones de tribunales administrativos de recursos contractuales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El problema, <a href="https://www.otrosi.net/la-futura-ley-de-movilidad-sostenible-necesitara-de-una-mayor-coordinacion-entre-el-estado-y-las-ccaa/">expuesto con toda crudeza en la jornada</a>, es que en la actualidad<strong> no existe certeza alguna sobre si cabe recurso especial en materia de contratación</strong> para la impugnación de los pliegos, de las adjudicaciones y de otras decisiones de los órganos de contratación referentes a licitaciones de concesiones de servicios de transporte regular de viajeros por carretera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Explicaré brevemente como se ha llegado a esta absurda e inadmisible situación. &nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>I. Resoluciones contradictorias de Tribunales Administrativos de recursos contractuales y de Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.</strong></p>



<ol style="list-style-type:upper-roman" class="wp-block-list"></ol>



<p class="wp-block-paragraph">El pasado 18 de septiembre de 2024, el <strong>Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía</strong> (TARCA) dictó tres resoluciones (Resolución 386/2024, 387/2024 y 388/2024) mediante las que inadmite de plano los recursos presentados por una empresa del sector contra los pliegos que rigen la licitación del contrato “Concesión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera” en esta Comunidad Autónoma. Esta licitación esta estructurada en tres pliegos diferentes (según su valor anual medio) a su vez divididos en numerosos lotes (las distintas líneas de autobús).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">El TARCA considera que el régimen del recurso especial en materia de contratación (REMC) regulado en los artículos 44 y siguientes de la LCSP no es aplicable para la revisión de los actos relativos a las licitaciones de los contratos de concesión de servicios de transporte regular de viajeros por carretera. Según el TARCA estos contratos se rigen por el Reglamento 1370/2007 de la UE, así como por la LOTT y el ROTT como legislación sectorial especial, no siendo de aplicación el régimen de recursos derivado de las directivas generales de contratos públicos de 2014. El TARCA entiende que el derecho de los operadores de transporte a que las decisiones de la Administración en relación con los contratos de servicio público “… <em>puedan revisarse eficaz y rápidamente</em>…”, establecido en el artículo 5.7 del Reglamento UE 1370/2007, “… <em>no puede identificarse con el régimen de los recursos especiales en materia de contratación administrativa </em>…”. En su opinión, esa revisión (rápida y eficaz) a la que se refiere el artículo 5.7 del Reglamento de la UE es el régimen general de recursos de la ley 39/2015 y no el REMC.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El <strong>Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón</strong> (TACPA), muy pocas semanas antes, llegó a una conclusión idéntica en su Resolución 63/2024, de 30 de julio. Inadmitió por falta de competencia el REMC promovido frente a la adjudicación de dos lotes del contrato de Concesión para la prestación del servicio público de transporte regular metropolitano del área de Zaragoza. Sus razones son muy similares a las esgrimidas por el TARCA.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sin embargo, el <strong>Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales</strong> (TACRC) mantiene una posición radicalmente distinta sobre esta cuestión. Este mismo año 2024 ha dictado siete resoluciones en las que -en contra de lo que sostienen el TARCA y el TACPA- afirma su competencia para conocer sobre recursos especiales promovidos frente a pliegos y adjudicaciones en licitaciones relativas a contratos de concesión de servicios de transporte regular de viajeros por carretera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tenemos así la Resolución del TACRC 59/2024, de 18 de enero de 2024, relativa a la “<em>Concesión para la prestación del servicio regular permanente de uso general de transporte interurbano de viajeros por carretera de la Isla de Ibiza</em>”, en la cual no solo se declara competente este tribunal (sin la menor duda) sino que anula parcialmente los pliegos. En el mismo sentido la Resolución 174/2024 referente a estos mismos pliegos del servicio en Ibiza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El TACRC ha resuelto en 2024 mediante otras tres resoluciones (Resolución 198/2024, Resolución 220/2024 y Resolución 237/2024) los REMC interpuestos contra la adjudicación de diversos lotes y contra la exclusión de licitadores en contratos de concesión de servicios de transporte público regular de viajeros en autobús de competencia de la Generalitat Valenciana.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Aún más paradójico resulta el hecho de que justo en las mismas fechas en las que el tribunal administrativo de Andalucía (TARCA) estaba considerando inadmisible el recurso especial contra los pliegos que rigen la última licitación (septiembre de 2024), el tribunal administrativo del Estado (TACRC) ha manifestado exactamente el criterio opuesto en sus Resoluciones 1081/2024 y 1082/2024, de 12 de septiembre, en las que se declara competente para conocer los REMC formulados contra los nuevos pliegos del servicio en Ibiza. En este caso, confirmando su validez.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La inadmisible situación de inseguridad jurídica en esta (crítica) cuestión no solo afecta a los tribunales administrativos de recursos contractuales. También se extiende a los Tribunales de Justicia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la <strong>Audiencia Nacional </strong>había dejado razonablemente zanjada la cuestión en 2020 en dos sentencias dictadas por su Sección 8ª: (i) la Sentencia de 2 de enero de 2020 (ECLI: ES:AN:2020:298) y (ii) la Sentencia de 17 de enero de 2020 &nbsp;(ECLI: ES:AN:2020:282).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ambas sentencias de la AN concluyen, frente al criterio que entonces tenía el TACRC, que ante la ausencia de un desarrollo específico del art. 5.7 del Reglamento UE 1370/2007 el procedimiento de revisión <em>rápido y eficaz</em> exigido en dicho precepto ha de ser el recurso especial establecido en la legislación general de contratos del sector público. &nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">En concreto, en su parte final, la ECLI: ES:AN:2020:282 afirma lo siguiente: “<em>El hecho de que la legislación de transposición de las Directivas establezca un procedimiento de revisión administrativa común para contratos armonizados y excluidos, en modo alguno implica un solapamiento de su régimen jurídico, especialmente si tenemos en cuenta lo dicho por el Reglamento 1370/2007 en su considerando 21 sobre el carácter equivalente de los recursos en ambos casos. En caso contrario, debería establecerse un Tribunal equivalente al TACRC y con un procedimiento también equivalente, solo para los recursos que afectaran a los contratos no armonizados<strong>, lo que carece de lógica e iría en contra de principios básicos como la eficiencia y la buena administración”</strong>.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Como conclusión afirma la AN, con contundencia, lo siguiente<em>: “<strong>En ningún caso</strong>, <strong>los recursos de reposición o de alzada son equiparables al recurso especial</strong>, aunque solo sea por el hecho de que el órgano encargado de su resolución no forma parte de la Administración interviniente de forma directa en los actos impugnados</em>.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pues bien. La <strong>Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Valencia</strong>, en una sentencia de finales de 2023, mantiene la tesis literalmente contraria. Y es esta sentencia, precisamente, en la que se apoyan el TARCA (Andalucía) y el TACPA (Aragón) en sus resoluciones de julio y septiembre de 2024, antes mencionadas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En la Sentencia 542/2023, de 19 de septiembre de 2023 (ECLI: ES:TSJCV:2023:4067) la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJV establece que “… <em>el régimen especial de revisión de las actuaciones de los contratos de concesión de servicios de transportes de viajeros a que hace mención el artículo 5.7 del Reglamento (CE) nº 1370/2007 <strong>no puede identificarse con el régimen de los recursos especiales en materia de contratación administrativa</strong></em> … <em>Dicho mecanismo de revisión no es equiparable al recurso especial en materia de contratación administrativa, ya que dicho precepto no ha sido incorporado en nuestro ordenamiento interno, debiendo reconducirse al facultativo recurso de reposición interpuesto ante el órgano de contratación</em>” (FJ TERCERO).</p>



<p class="wp-block-paragraph">En definitiva; la incompatibilidad de la doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN (2020) sobre la procedencia del REMC en estas licitaciones y la expresada en 2023 por el TSJV es absolutamente palmaria. Al igual que lo es la existente entre las resoluciones del TACRC y las dictadas por los tribunales administrativos de Aragón y Andalucía en 2024. &nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>II. Una inadmisible situación de inseguridad jurídica que ha de resolverse con urgencia por el legislador.</strong></p>



<ol style="list-style-type:upper-roman" class="wp-block-list"></ol>



<p class="wp-block-paragraph">Esta contradicción no pasaría de ser una anécdota más en nuestro panorama jurisprudencial, destinada a ser resuelta dentro de unos años por una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, si no fuera por la extrema gravedad práctica que tiene para el sector empresarial del transporte de viajeros por carretera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El transporte regular en autobus es una actividad de capital importancia en España y un eje vertebral de nuestro sistema de movilidad. Existen en torno a dos mil contratos de concesión en vigor en los distintos niveles territoriales, con un nivel de capilaridad inigualable, y un tejido empresarial líder en Europa (más de 1.500 empresas).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La inseguridad jurídica que genera la indefinición del régimen impugnatorio es letal en un momento en el que se encuentran en proceso de renovación los mapas concesionales de buena parte del sistema y próximos a convocarse los grandes procedimientos de licitación de España, tanto en el transporte de larga distancia como en el urbano y metropolitano. En la C.A. de Andalucía acaban de licitarse los contratos-puente hasta la elaboración del nuevo mapa concesional. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha lanzado la consulta sobre los nuevos anteproyectos de servicio y en Cataluña se iniciará un proceso similar en los próximos meses. En las Cortes Generales se tramita el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuya Disposición Transitoria Segunda prevé que en el plazo máximo de un año se apruebe el nuevo mapa concesional del Estado y se llevan a cabo las subsiguientes licitaciones. &nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Resulta inimaginable que este vasto proceso de licitaciones, cuyo valor económico ascenderá a decenas de miles de millones de euros, se pueda acometer en este marco de inseguridad jurídica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con el debido respeto a la opinión de los tribunales administrativos de Andalucía y Aragón, no es aceptable la tesis de que los recursos ordinarios de alzada o reposición colmen la exigencia del proceso de revisión rápido y eficaz que postula el art. 5.7 del Reglamento UE/2007. Estos recursos administrativos ordinarios, como sabemos perfectamente todos los abogados que cultivamos esta rama del Derecho, carecen de la más mínima relevancia práctica. Son el vestigio de un viejo privilegio de la Administración (en su condición de <em>potentior personae</em>), sin ninguna capacidad revisora real.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La exclusión del REMC en las licitaciones de este sector implica (en la práctica real) la remisión de toda controversia sobre los pliegos (v.gr. pliegos anticompetitivos o con criterios de adjudicación ilícitos) sobre las exclusiones de ofertas (v.gr. ofertas anormales), sobre la aplicación de los criterios de adjudicación y la valoración de las ofertas o sobre la modificación <em>ex post</em> de los contratos adjudicados a la jurisdicción contencioso-administrativa. Los Tribunales de esta jurisdicción sí son independientes y tienen capacidad revisora, pero sus tiempos de respuesta son largos e incompatibles con la lógica inherente a las licitaciones. No existe incentivo alguno para impugnar judicialmente un pliego o una adjudicación cuando la obtención de una sentencia firme puede demorarse tanto como el propio periodo de duración del contrato y cuando -además- resulta prácticamente imposible obtener una medida cautelar de suspensión de la licitación.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La enojosa realidad a la que nos enfrentamos es que la exclusión del REMC en estas licitaciones (como postulan el TARCA y el TACPA) implica la <strong>eliminación <em>de facto</em> del control de legalidad en estos procedimientos</strong>. Una <em>tragedia </em>jurídica que nos retrotrae a momentos felizmente ya superados en el derecho de los contratos públicos y a la que se debería poner remedio a la mayor brevedad por el legislador.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
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	</item>
		<item>
		<title>La Corte de Arbitraje del ICAM renueva su Escuela Arbitral para atender las necesidades formativas de sus profesionales</title>
		<link>https://www.otrosi.net/la-corte-de-arbitraje-del-icam-renueva-su-escuela-arbitral-para-atender-las-necesidades-formativas-de-sus-profesionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Escolano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 10:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitraje]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Contratación Civil y Mercantil, y las relaciones entre jueces y árbitros en la instrumentación del arbitraje son las materias a tratar en los cursos programados este mes de j</p>
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<p class="wp-block-paragraph">La Corte de Arbitraje del ICAM, a través de su Centro de Estudios, ha puesto en marcha un plan integral de formación a través de su renovada Escuela de Arbitraje, con la finalidad de formar a profesionales interesados en el arbitraje que deseen adquirir una visión en profundidad del proceso arbitral.<br><br>Su director, José Carlos Fernández Rozas, catedrático de Derecho Internacional Privado en los últimos treinta y cinco años en la Universidad Complutense de Madrid, es uno de los expertos más reputados del mundo arbitral. Es autor de un blog al que siguen todos los expertos del mundo arbitral y que actualiza casi a diario.<br><br>El grado de satisfacción de los alumnos que han pasado por las sucesivas ediciones del Curso General de Formación en Arbitraje que imparte esta Escuela de Arbitraje, ha sido notable. Este año se hizo ya un primer curso con la participación de cuarenta alumnos y <a href="https://www.icam.es/cursos/cache/P_CEI_descripcion_24820.html">el próximo mes de septiembre habrá otro curso de unas 56 horas</a> donde se trata de explicar las dimensiones procesales, contractuales y jurisdiccionales del arbitraje.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1-1024x768.jpeg" alt="Contratación Civil y Mercantil, y las relaciones entre jueces y árbitros " class="wp-image-9242" style="width:691px;height:auto" srcset="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1-1024x768.jpeg 1024w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1-300x225.jpeg 300w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1-768x576.jpeg 768w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1-696x522.jpeg 696w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1-1068x801.jpeg 1068w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1-1320x990.jpeg 1320w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">José Carlos Fernández Rozas, director de la Escuela de Arbitraje del ICAM, y José Ignacio Monedero, presidente de la Corte de Arbitraje del ICAM, durante la clausura del último Curso General de Arbitraje impartido por el ICAM</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Como elemento previo formativo, el ICAM celebra a lo largo del año distintas jornadas específicas sobre la práctica arbitral. La siguientes serán sobre contratación civil y mercantil, programadas los días 25 y 27 de junio, y sobre las relaciones entre jueces y árbitros en la instrumentación del arbitraje, a celebrar el 26 de junio, todas en horario de tarde.<br><br>“Son sesiones muy específicas que pretenden estimular el conocimiento del arbitraje de tal forma que el abogado colegiado del ICAM complemente luego su formación inscribiéndose en el Curso General que habitualmente tiene lugar a primeros de septiembre y que ya se ha convertido en un clásico para aquellos abogados que quieren dedicarse al mundo del arbitraje en sus dos vertientes, nacional e internacional”.<br><br>Sobre el uso de las herramientas de IA, que abre siempre un debate de cuál debe ser su alcance, Fernández Rozas insiste en que “solo hay que tomarlo como una herramienta de trabajo para la gestión de los asuntos. No creo por el momento que ninguna de estas herramientas pueda sustituir al árbitro convencional que conocemos. De momento está lejos y éticamente no sería posible en el futuro. En algunos países se hacen pruebas para contenciosos relacionados con multas de tráfico o en algunas materias de nombres de dominio donde las herramientas te pueden dar esa solución al asunto”.<br><br><strong>Tecnología y arbitraje<br></strong><br>Sin embargo, no oculta que herramientas como ChatGPT “pueden ayudar al abogado de parte en el procedimiento arbitral o al propio árbitro a diseñar sus documentos en forma de demandas o resúmenes de asuntos. Es una ayuda fundamental. Los que trabajamos en el mundo del arbitraje descubrimos en el COVID-19 la videoconferencia; con esas herramientas ni siquiera en pandemia se dejó de realizar los arbitrajes. Ha sido un éxito su implementación desde el 2019.”<br><br>“Hay unas plataformas online tan perfectas que ayudan a que ese procedimiento arbitral se desarrolle con éxito. Ahora seguimos utilizando esas herramientas y en muchos casos gran parte de ese procedimiento arbitral se hace virtual, con lo cual hay un ahorro importante de tiempo y costes”, comenta<br><br>Fernández Rozas subraya que el propio ICAM tiene una plataforma online que permite realizar estos procedimientos arbitrales. “Son herramientas que funcionan bien, que suponen un ahorro de papel importante cuanto se hace online. Ahora han incorporado sus herramientas de ciberseguridad para evitar, en lo medida de lo posible, cualquier ataque informático que puedan recibir en el desarrollo de ese asunto arbitral. Nosotros tenemos un proveedor que nos define estos procedimientos de ciberseguridad en la nube”.<br><br>En estas jornadas formativas “enseñamos a manejar estas tecnologías que tienen una dimensión distinta de lo judicial. El profesional del arbitraje del futuro más inmediato, ya sea abogado de parte o árbitro, debe conocer estas herramientas que ahora en muchos casos aparecen en los procedimientos arbitrales. En el arbitraje doméstico, donde está posicionada nuestra entidad arbitral, hay materias como la construcción y la ingeniería que son materias donde el arbitraje es un elemento clave para resolver disputas de forma rápida”.<br><br>Al mismo tiempo, hace unos días, en un acto celebrado en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, la Corte de Arbitraje del ICAM y la Asociación Española de Franquicias (AEF) han firmado un acuerdo marco de colaboración.<br><br>El acuerdo, que busca fomentar el arbitraje como método alternativo de resolución de conflictos en la Comunidad de Madrid, ha sido firmado por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, el presidente de la Corte de Arbitraje del ICAM, José Ignacio Monedero, y la presidenta de la AEF, Luisa Masuet Iglesias, y Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación.<br><br>Entre las actividades contempladas se incluyen la promoción y divulgación de la Corte de Arbitraje del ICAM y sensibilización sobre el arbitraje y la mediación; el desarrollo de proyectos conjuntos que posicionen a la Corte de Arbitraje del ICAM como centro de referencia para la resolución de conflictos; la divulgación de métodos alternativos de resolución de conflictos entre el tejido empresarial de franquicias de la Comunidad de Madrid; y la promoción de actividades de formación en materia de mediación y arbitraje.<br><br><strong>Falta formación específica sobre arbitraje<br></strong><br>“El problema sigue siendo el mismo. En las universidades aún no se explica lo que se debiera del arbitraje, como una materia global que queda diluida entre las áreas de conocimiento de procesal, civil, mercantil, administrativo y el derecho internacional privado. Los de civil explican el convenio arbitral, los de procesal el procedimiento arbitral, los de mercantil el fondo del asunto y los de internacional dicen que el arbitraje es internacional, pero siguen obsesionados por el empleo de una metodología obsoleta”.<br><br>Para este jurista, esta carencia no ha sido sustituida por todos los másteres en arbitraje que se hacen en nuestro país. La inflación que hay de estos programas es notable. Habitualmente solo se habla de arbitraje internacional. Es una práctica que funciona pero que está copada por los grandes despachos de abogados y una quincena de profesionales en España, porque hay pocos arbitrajes. En España puede haber medio centenar de arbitrajes internacionales y, de ese total, ocho son de inversiones”.<br><br>Junto a ellos recuerda que hay “abogados de primer nivel que dejaron estos despachos, por conflictos de interés, y ahora llevan su boutique arbitral, gestionando asuntos dentro y fuera de nuestro país. Son despachos independientes que coexisten con las grandes firmas que tienen departamentos importantes de procesal y arbitraje”.<br><br>Fernández Rozas, uno de los referentes del arbitraje en nuestro país, cree que “hay cierta obsesión por el arbitraje internacional y se ha olvidado que en España, por la situación de la justicia, colapsada en los últimos años entre el COVID-19 y las huelgas de LAJ y funcionarios, no es todo lo rápida que debiera. En ese escenario, sería un buen momento para aprovechar el desarrollo del arbitraje interno para las pymes y entidades españolas. Aunque sigue la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, sus reglas son diferentes, cosa que en otros países no sucede realmente”.<br><br>Este experto llama la atención sobre el hecho de que “en todos los congresos siempre se llama a árbitros extranjeros y no se atiende a los problemas que tienen los abogados de a pie y a las grandes posibilidades que ofrece el arbitraje doméstico. En este contexto nació la Escuela de Arbitraje de la Corte de Arbitraje del ICAM, como centro de formación para futuros abogados de parte y árbitros”. Ahora, bajo la presidencia José Ignacio Monedero, “se ha renovado dicha entidad porque la formación es un pilar necesario para que el profesional del arbitraje haga su trabajo en estas dos variables, de abogado de parte o árbitro en cualquier procedimiento arbitral”.<br><br>En su opinión, “el arbitraje es un proceso muy distinto al jurisdiccional. Los abogados y los alumnos que vienen a nuestros programas formativos y cursos conocen lo que son los procesos jurisdiccionales, pero no conocen bien el arbitraje. Es un proceso diverso, donde la tutela judicial efectiva que queda reservada a la fase de control judicial, obligándose los árbitros a respetar los principios de audiencia, igualdad, contradicción y confidencialidad.  El arbitraje tiene una parte de sustanciación de las actuaciones ante los árbitros, y luego hay una intervención judicial donde los TSJ realizan una doble función, de un lado, el nombramiento de árbitros, cuando las partes no se ponen de acuerdo, y de otro lado, de control de los laudos nacionales a través de la acción de anulación o de los laudos extranjeros a través del execuátur”.<br><br><strong>Control de laudos y jurisdicción<br></strong><br>Sobre el control de los laudos, el profesor Fernández Rozas recuerda que en Madrid, a raíz de la intervención del TSJ de Madrid, ha tenido que intervenir el Tribunal Constitucional y delimitar mucho el papel de ese control jurisdiccional que no puede ser sobre el fondo del asunto, como queda claro en la mencionada Ley de Arbitraje del 2023.<br><br>También nos aclara que en Madrid hay varias instituciones de arbitraje, además de la Corte de Arbitraje del ICAM. Entre otras, dedicadas esencialmente al arbitraje del alquiler, hay cuatro que funcionan junto a esta: la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), la Corte Española de Arbitraje y la Corte de la Cámara de Arbitraje de Madrid. Cada una tiene su cometido hasta que hace cuatro años constituyeron una “súper Corte” para los asuntos internacionales, es el CIAM que lleva todos los arbitrajes de estas entidades internacionales.<br><br>En este escenario, el papel de la Corte del ICAM se orienta esencialmente al arbitraje interno. “No estamos orientados al arbitraje internacional. Para ser árbitro de la misma tienes que tener una formación y experiencia en arbitraje. Mantenemos nuestra lista de árbitros donde los que pretenden dedicarse a esta actividad se inscriben en la misma».<br><br>En su opinión, “es fundamental la formación continua del profesional del arbitraje en materias como los pactos parasociales de socios y administradores, derecho de la construcción, derecho inmobiliario, mediación y arbitraje en general, porque son ámbitos que el derecho judicial no cubre en su totalidad y no dan respuesta adecuada a determinados temas muy relacionados con el derecho de sociedades”.<br><br>En este contexto, subraya que “el abogado debe insistir en la formación continua porque el derecho está en constante evolución. Y si es un abogado dedicado al arbitraje, más aún, porque los cambios son constantes. Sin duda es una vía que puede ser utilizada en la resolución de conflictos en determinadas materias”.<br><br>Por último, Fernández Rozas señala que “el arbitraje en algunas áreas no está tan desarrollado como debería. No es un procedimiento generalizado como en otros países. Aquí en España aún hay miedo al arbitraje. La contratación pública no incorpora esta figura como una cláusula general, por ejemplo. Sin embargo, hay áreas donde el arbitraje es esencial como en el derecho de sociedades y la resolución de disputas contractuales entre empresas”.<br><br>En su opinión, “la creación de la cláusula arbitral entre empresas es fundamental para derivar disputas hacia la Corte de Arbitraje que luego es la que se ocupa de toda la gestión del asunto. Eso es básico para seguir en el camino de la resolución alternativa de disputas”.</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1024x768.jpeg" alt="" class="wp-image-9243" style="width:691px;height:auto" srcset="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1024x768.jpeg 1024w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-300x225.jpeg 300w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-768x576.jpeg 768w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-696x522.jpeg 696w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1068x801.jpeg 1068w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04-1320x990.jpeg 1320w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-10.54.04.jpeg 1600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Vista de una de las formaciones de la Escuela de Arbitraje del ICAM, con el presidente de la Corte de Arbitraje del ICAM, José Ignacio Monedero, y José Carlos Fernández Rozas (tercero por la izquierda)</figcaption></figure>
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		<item>
		<title>La reforma de las costas en la vía contenciosa preocupa a los expertos en derecho administrativo: “Podría vulnerar la tutela judicial efectiva”</title>
		<link>https://www.otrosi.net/reforma-costas-derecho-administrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Escolano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 10:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otrosi.net/?p=7951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una regulación ambigua en el RD Ley 6/2023 ha puesto en alerta a los abogados expertos en litigar contra la Administración</p>
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<p class="wp-block-paragraph">Las alertas se han disparado en la jurisdicción contenciosa administrativa. Una regulación ambigua de la normativa de costas en el RD Ley 6/2023 ha puesto en alerta a los abogados expertos en litigar contra la Administración ante la posibilidad de que se elimine la moderación de las costas por los tribunales. La reforma entra en vigor el próximo 20 de marzo y los letrados se temen lo peor.<br><br>De momento, la sala de Gobierno del TSJ de Asturias señala en un acuerdo que la ley no cambia nada y se mantiene dicha moderación de limitar las costas en primera instancia. Sin embargo, hay una enorme duda sobre este tema hasta que no se sepa cuáles son los criterios finales en el momento que entre en vigor dicha reforma de costas.<br><br>Con esta reforma llevada a cabo por el RD Ley 6/2023, se modifica en profundidad la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no sólo para impulsar la tramitación procesal por medios electrónicos, sino en relación con cuestiones concretas de la regulación del proceso, como la remisión y el complemento del expediente administrativo.<br><br>Al mismo tiempo, introduce cambios en el ámbito objetivo del recurso de apelación, la ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos, entre otras. Destaca, por su potencial relevancia y por las singularidades que presenta esta jurisdicción, la reforma de la condena en costas.<br><br>Desde el ICAM, su sección de Derecho Administrativo ha puesto el foco sobre esta cuestión en una jornada con especialistas como <strong>Irene Fernández</strong>, socia de Gómez-Acebo &amp; Pombo; <strong>Elena Velairo</strong>, abogada del Estado en excedencia y Socia de Pérez-Llorca; y <strong>José María Ayala de la Torre</strong>, abogado del Estado en excedencia y socio director de Ayala de la Torre Abogados, moderada por moderada por <strong>Carlos Melón</strong>, socio de Ramón y Cajal Abogado y miembro del Consejo Asesor de la Sección.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para <strong>José María Ayala</strong>, “la reforma vía RD Ley 6/2023 ofrece problemas cuando habla de la prevalencia de los pleitos telemáticos sobre los tradicionales, perjudica sobre todo a los ciudadanos poque se pierde la inmediación y la contradicción. Al final es el juez quien decide, pero nos preocupa sobre todo la reforma que se plantea en las costas en el orden contencioso”.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="650" src="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/abogado-ayala-de-la-torre-3-1.jpg" alt="" class="wp-image-7953" srcset="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/abogado-ayala-de-la-torre-3-1.jpg 650w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/abogado-ayala-de-la-torre-3-1-300x300.jpg 300w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/abogado-ayala-de-la-torre-3-1-150x150.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /><figcaption class="wp-element-caption">José María Ayala, abogado del Estado en excedencia y socio director de Ayala de la Torre Abogados</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Según afirma este jurista, “con las costas procesales en la jurisdicción contenciosa había regido el criterio de la mala fe hasta el año 2009, cuando cambia y hay un criterio de vencimiento del orden civil, al mismo tiempo faculta a los tribunales la moderación de las costas. Esto es lo que había existido hasta ahora. En estimación parcial no había condena en costas salvo que hubiera mala fe o temeridad de las partes”.<br><br>A juicio de este jurista, “la gran limitación de lo contencioso frente al civil era la limitación de las costas de aquella jurisdicción. Eso desaparece ahora con la reforma en asuntos de primera y única instancia. Solo se mantiene la moderación en fase de recurso de apelación o de casación”.<br><br>Desde su punto de vista “la reforma es peligrosa porque lo que va a hacer es reducir la litigiosidad. Pese a que la Sala de Gobierno del TSJ de Asturias dice que va a seguir moderando las costas, tiene el problema que la ley dice otra cosa y elimina dicha moderación. La ley no puede ser más clara”.<br><br>Este RD Ley está en fases de enmiendas “porque se está tramitando como proyecto de ley por procedimiento de urgencia y por lo tanto se podía modificar el artículo y darle algo de racionalidad a la reforma. Esto es peligroso porque es posible que muchos pleitos no se realicen. Rompe la tutela judicial efectiva, pero no olvidemos que en el contencioso administrativo se revisa la legalidad de la actuación de la administración”.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Una legislación peligrosa<br></strong><br><strong>Alberto Dorrego, socio responsable de Eversheds Sutherland y presidente de la sección</strong> de Derecho Administrativo de la entidad colegial, cree lógico que el ICAM haya abordado esta problemática en una jornada especifica. “El problema de las costas en la jurisdicción contenciosa parte de una tradición, que las costas solo se imponían en casos excepcionales, y en la regulación vigente se impone la regla del vencimiento pero siempre existe la posibilidad de limitar estas costas”.<br></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="574" src="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/Alberto-Dorrego-1024x574.jpeg" alt="" class="wp-image-7952" srcset="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/Alberto-Dorrego-1024x574.jpeg 1024w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/Alberto-Dorrego-300x168.jpeg 300w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/Alberto-Dorrego-768x431.jpeg 768w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/Alberto-Dorrego-1536x861.jpeg 1536w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/Alberto-Dorrego-696x390.jpeg 696w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/Alberto-Dorrego-1068x599.jpeg 1068w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/Alberto-Dorrego-1320x740.jpeg 1320w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/Alberto-Dorrego.jpeg 1600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Alberto Dorrego, presidente de la sección de Derecho Administrativo del ICAM</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">De esta forma nos aclara que la regla general “es que los tribunales limitan las costas, lo cual es razonable y deseable. Eso lo permite la legislación vigente y eso es lo que normalmente sucede. La jurisdicción contenciosa administrativa es especial, con relativa frecuencia la cuantía de los procedimientos es enorme, hay intereses millonarios en juego y si aplicas las costas en cuanto a cuantía se puede producir una grave desproporción”.<br><br>Al mismo tiempo recuerda que en esta jurisdicción “hay un número importante de personas codemandadas, es el caso de las licitaciones publicas o en un proceso selectivo como una oposición, pueden aparecer como codemandados todos los que han participado en este proceso. Si no hay limitación de las costas, éstas pueden ser de una cuantía inmensa, y si hay un riesgo de costas elevadas se puede producir que los particulares y empresas no acudan a esta vía contenciosa».<br><br>Desde su punto de vista, “se produciría un efecto muy limitativo al acceso a la justicia afectando a la propia tutela judicial efectiva. Al final si hay ese riesgo de que le condenen a uno a una millonada por litigar contra la Administración no parece lógico que esos afectados lo hagan, en determinados supuestos que son típicos de la Administración.”<br><br>A su juicio. el RD Ley 6/2023 lo que hace es una modificación normativa que no está clara, pero que “introduce la duda sobre si sigue vigente la posibilidad de que en la primera instancia o en la única se limiten las costas. Hasta ahora las costas están limitadas, pero la nueva ley introduce un factor de duda. La propia redacción del texto legal induce a pensar que se está eliminando la posibilidad de la limitación de costas. Esto ha generado una gran preocupación en nuestro colectivo como abogados”.<br><br>Para Dorrego, ”a los clientes, cuando les evaluamos el riesgo de lo que puede suponer la condena en costas, les vas a tener que decir que frente al sistema de limitación de costas, al no estar ahora limitadas, los riesgos se incrementan exponencialmente y la tendencia puede ser a litigar mucho menos”.<br><br><strong>‘Civilizar’ el contencioso no es la solución</strong><br><br>Por su parte <strong>Alberto Palomar, socio del área de derecho público de Broseta</strong>, subraya que “todo lo que sea aproximar las costas del contencioso administrativo a las costas civiles es un tema preocupante. En la Ley de Enjuiciamiento civil las costas operan para resolver el perjuicio de un demandante sedicioso. Sin embargo, en la vía contenciosa los costes ya los pagamos por tributos a los Abogados del Estado, además rige el principio de autotutela, vas allí sobre el principio de ejecutividad del acto, no es el mismo caso que una disputa de particulares”.<br><br>En su opinión, “algunas costas de temeridad pueden existir, pero no aproximaría ese escenario al civil, porque la justicia administrativa se paga dos veces, una la que pagan las partes y otra la que pagamos todos con los tributos. Creo que en esto, sinceramente, se debería buscar un planteamiento mas racional. Si la reforma va para ir en la misma dirección que la jurisdicción civil supondría un retroceso en la justicia administrativa, donde habitualmente tienes que responder a los requerimientos de la propia Administración, en multas u otras cuestiones”.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="900" src="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/ALBETO-PALOMAR-SOCIO-DE-BROSETA-de-drecho-publico-1.jpg" alt="" class="wp-image-7954" srcset="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/ALBETO-PALOMAR-SOCIO-DE-BROSETA-de-drecho-publico-1.jpg 600w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/03/ALBETO-PALOMAR-SOCIO-DE-BROSETA-de-drecho-publico-1-200x300.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption class="wp-element-caption">Alberto Palomar, socio del área de derecho público de Broseta</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Este experto recuerda que “en las demandas que muchos particulares interpusieron vía responsabilidad patrimonial del Estado por los cierres ocasionados por el Covid19, el Supremo impuso 4.000 euros por Administración, lo que es una auténtica barbaridad. Eso puede generar que muchos particulares no puedan ir a esta vía judicial. Se puede convertir en un contencioso para ricos, lo que no sería lógico. Creo que los jueces lo ven como una forma de desincentivar las demandas, pero no debería hacerse”.<br><br>Para Palomar, “el contencioso no puede olvidar de donde viene, proviene habitualmente de una Administración que ha dictado un acto ejecutivo y, en segundo lugar, de una defensa que no le cuesta al Estado, se trataría de pagarlo dos veces. Con esta reforma que se incluye en el RD Ley 6/2023 hay dudas de si se elimina esa moderación en las costas contenciosas, pero se apunta a aproximarlo mucho a los parámetros de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo que no puedo estar de acuerdo”.<br><br>Este experto cree que a la hora de resolver este tema “no se ha pensado en los españoles que ya pagan el servicio público de justicia. Siempre se buscan soluciones estrictamente corporativas, me refiero en relación con la carga de trabajo de los jueces o de los abogados del Estado. Ha llegado el momento de pensar en el ciudadano. La vía contenciosa tiene una peculiaridad, que ya vas obligado y a la Administración le defiende un abogado del Estado que es gratuito para ella. Se pueden admitir las multas por temeridad, pero no estoy de acuerdo en civilizar el contencioso como ahora se pretende hacer”.<br><br>Con esta iniciativa “se puede ir perdiendo el control de los poderes públicos”, añade. “Nos jugamos mucho con esta medida y es preocupante que la redacción de la reforma que aparece en el RD Ley 6/2023 pueda dejar abierta a la eliminación de esa moderación de costas que hasta el momento está operativa y que debería mantenerse. Cualquier otro escenario sería preocupante para la tutela judicial efectiva de los particulares”.<br></p>
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		<title>El criterio del TJUE sobre la comisión de apertura</title>
		<link>https://www.otrosi.net/criterio-tjue-comision-apertura-couso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Ramón Couso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 13:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La singularidad de la actividad bancaria y la relevancia de la contratación con las entidades de crédito se evidencian, tanto en una exigente regulación específica como en una jurisprudencia particular de difícil adaptación a la hora de enjuiciar cuestiones ajenas al mundo financiero. Hemos visto que los litigios contra los Bancos se multiplicaron desde 2013, [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph">La singularidad de la actividad bancaria y la relevancia de la contratación con las entidades de crédito se evidencian, tanto en una exigente regulación específica como en una jurisprudencia particular de difícil adaptación a la hora de enjuiciar cuestiones ajenas al mundo financiero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hemos visto que los litigios contra los Bancos se multiplicaron desde 2013, bien por cuestiones referidas a contratos bancarios de inversión, bien a productos de financiación. En particular el sector hipotecario, de larga y pacífica tradición en España y que ha favorecido el acceso a la vivienda a una gran mayoría de la población, se vio sacudido por una cascada de sentencias del TJUE, de las que derivó un heterogéneo panorama judicial en materia de ejecuciones hipotecarias que exigió unificación normativa y jurisprudencial. Las materias sobre las que se fundamentó esta litigiosidad fueron ampliándose a cuestiones como los índices de referencia en préstamos a tipo variable, multidivisa, gastos de constitución o la comisión de apertura, entre otros.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Afortunadamente la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, aunque llegó 5 años después de la Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrero de 2014 “sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial” -de la cual es trasposición-, clarificó la situación y dio, sobre todo, seguridad jurídica por su carácter imperativo. Esta Ley fue un paso más allá de la Directiva al extender su régimen jurídico a todas las personas físicas, con independencia de que fueran o no consumidores, acreditados o prestatarios, fiadores o garantes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Precisamente el artículo 14 de la Ley 5/2019, sobre transparencia en la comercialización de préstamos inmobiliarios, dispone que:</p>



<p class="wp-block-paragraph">“3. Solo podrán repercutirse gastos o percibirse comisiones por servicios relacionados con los préstamos que hayan sido solicitados en firme o aceptados expresamente por un prestatario o prestatario potencial y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos que puedan acreditarse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. Si se pactase una comisión de apertura, la misma se devengará una sola vez y englobará la totalidad de los gastos de estudio, tramitación o concesión del préstamo u otros similares inherentes a la actividad de la prestamista ocasionada por la concesión del préstamo. (…)”</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. No define la Ley 5/2019 por primera vez la comisión de apertura, puesto que el apartado 4 («Comisiones») del anexo II de la OM Presidencia de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios la definía: «1. Comisión de apertura. Cualesquiera gastos de estudio del préstamo, de concesión o tramitación del préstamo hipotecario, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo, deberán obligatoriamente integrarse en una única comisión, que se denominará “comisión de apertura” y se devengará por una sola vez. Su importe, así como su forma y fecha de liquidación, se especificarán en esta cláusula.»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al ser un concepto definido legalmente y de conocimiento de la inmensa mayoría de los clientes bancarios acreditados y prestatarios, hasta hace pocos años no se había cuestionado ni su validez ni su consideración de “parte del precio” junto a los intereses remuneratorios. Sin embargo, el tsunami de demandas contra bancos también llegó a la comisión de apertura. La Sentencia del Tribunal Supremo 44/2019, de 23 de enero de 2019, la refrendó como “componente sustancial del precio del préstamo”; según ello, la comisión de apertura estaría excluida del control de precios por el art. 4.2 de la Directiva 93/13: «2. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta situación jurisprudencial vino a quedar sustancialmente afectada por la Sentencia de 16 de julio de 2020 del TJUE, al admitir que la comisión de apertura pudiera ser objeto de control de abusividad y no sólo de transparencia. En consecuencia, diversas resoluciones de Audiencias y JPI entraron a resolver sobre la abusividad de las comisiones de apertura con la consecuencia de una nueva veta de litigios masivos contra bancos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al igual que hizo nuestro Tribunal Supremo en 2017 con las cláusulas de resolución anticipada, mediante Auto de 10 de septiembre 2021 el Alto Tribunal elevó el debate al TJUE al plantearle tres cuestiones prejudiciales sobre la comisión de apertura, en concreto sobre su consideración o no “como objeto principal del contrato”, sobre su carácter claro y comprensible y un posible solapamiento en la retribución de servicios, y en tercer lugar, sobre la remuneración de los servicios relacionados con el estudio, diseño y tramitación singularizada de una solicitud de préstamo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El TJUE resuelve las cuestiones planeadas por el Supremo en la Sentencia de 16 de marzo de 2023 que modifica el criterio jurisprudencial del Alto Tribunal español al considerar que la comisión de apertura no forma parte del objeto principal del contrato, y por tanto los Tribunales pueden entrar a valorar si tal cláusula es abusiva (en base al citado art. 4.2 de la Directiva 93/13).</p>



<p class="wp-block-paragraph">El destino del cobro de la comisión de apertura según refrenda la STJUE (aptdo. 57) es cubrir el coste de las actuaciones del banco relacionadas con el estudio, la concesión o la tramitación del préstamo o crédito hipotecario de acuerdo con la normativa nacional pertinente. Al no formar parte del precio, la valoración de la posible existencia de un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes debe efectuarse por el juez competente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Así, el banco debe informar al consumidor de forma clara y comprensible sobre las consecuencias económicas de la cláusula para que pueda entender la naturaleza de los servicios de estudio, la concesión o la tramitación del préstamo como contrapartida de la comisión y verificar que no hay solapamiento con otros gastos previstos en el contrato, si es que los hubiera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hay que destacar que el TJUE entiende que la comisión de apertura no es abusiva si los servicios referidos se prestan en el ámbito de la gestión o del desembolso del préstamo y si los importes que debe abonar el consumidor en concepto de dichos gastos no son desproporcionados.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A continuación, el TS en la Sentencia 816/2023, de 29 de mayo refrenda la validez de la comisión de apertura del asunto concreto enjuiciado y fija criterios jurisprudenciales (en consonancia con la STJUE) para evaluar el control de transparencia desde el concepto legal de la comisión de apertura como retributiva de los gastos de estudio, concesión o tramitación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para superar el control de transparencia y el de abusividad, el juez nacional competente, a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, decidirá si el prestatario estuvo en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que se derivan para él de la cláusula, si entendió la naturaleza de los servicios proporcionados como contrapartida al pago de la comisión de apertura y si hubo o no solapamiento con otros eventuales gastos previstos del contrato. Debe ser una única comisión que integre todas las mencionadas contraprestaciones, que fije su importe, forma y fecha de liquidación en la misma cláusula, que se devengue una sola vez y no sea desproporcionada.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diversas Audiencias Provinciales se han pronunciado en estos últimos meses, a partir de la resolución del Supremo, y aunque esta fijación de criterios permite pronosticar una menor litigiosidad sobre la comisión de apertura, ya hay sentencias que aplican estos criterios homogéneos de forma singular y heterogénea entre sí, por lo que no es descartable que se produzcan nuevos pronunciamientos del TS o del TJUE, restringidos, eso sí, al ámbito bancario.</p>



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		<title>La tributación de los datos: ¿la última distopía tributaria?</title>
		<link>https://www.otrosi.net/la-tributacion-de-los-datos-la-ultima-distopia-tributaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Otrosí]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 12:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades bibliográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La tributación de los datos: ¿la última distopía tributaria? / Yohan Andrés Campos Martínez .- 1ª ed. .- Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2023 .- 327 p. ; 20 cm. .- Aranzadi Derecho fiscal ; 1494 En febrero de 2013, David Brooks publicó de manera profética cuál es la filosofía que prevalece en la sociedad digital: [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://icam.odilotk.es/opac/?id=00455423#fichaResultados">La tributación de los datos: ¿la última distopía tributaria?</a> / Yohan Andrés Campos Martínez .- 1ª ed. .- Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2023 .- 327 p. ; 20 cm. .- Aranzadi Derecho fiscal ; 1494</p>
<p><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/La_tributaci_n_de_los_datos_la__ltima_distop_a_tributaria_20231017_225x318.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-6151" src="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/La_tributaci_n_de_los_datos_la__ltima_distop_a_tributaria_20231017_225x318-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" srcset="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/La_tributaci_n_de_los_datos_la__ltima_distop_a_tributaria_20231017_225x318-214x300.jpg 214w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/La_tributaci_n_de_los_datos_la__ltima_distop_a_tributaria_20231017_225x318.jpg 225w" sizes="auto, (max-width: 214px) 100vw, 214px" /></a>En febrero de 2013, David Brooks publicó de manera profética cuál es la filosofía que prevalece en la sociedad digital: el “dataismo”. Si en la era moderna la violencia fue el máximo exponente del poder y el petróleo fue su fuente principal de energía, hoy en día, quien posee los datos tiene el control. En este nuevo paradigma económico, los datos han alterado la cadena de valor de la producción empresarial y, por lo tanto, han adquirido una importancia primordial no solo para las empresas, sino también para las autoridades, especialmente para las administraciones tributarias de todo el mundo, las cuales tienen que enfrentarse a nuevas formas de negocio, nuevos activos y nuevas estrategias de creación de valor con un sistema tributario que se antoja insuficiente. Es por ello por lo que a través de esta obra se plantea la necesidad de profundizar en la caracterización y valoración de los datos como un intangible fundamental a la hora de entender la tributación en la economía digital y poder ofrecer soluciones a los retos que enfrentan los sistemas tributarios, que habrán de servir, no sólo para entender el cambio de paradigma económico, sino que también, como punto de partida para la transformación de los sistemas tributarios.</p>
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		<title>La administración de fondos públicos y su patología</title>
		<link>https://www.otrosi.net/la-administracion-de-fondos-publicos-y-su-patologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Otrosí]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 12:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades bibliográficas]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La administración de fondos públicos y su patología / Antonio Ramón Rodríguez Castaño .- 1ª ed. .- Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2023 .- 156 p. ; 17 cm. .- Los diez esenciales de Aranzadi ; 2 LOS DIEZ ESENCIALES es una ambiciosa propuesta de Editorial Aranzadi: se trata de agrupar en ese número de pequeñas [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://icam.odilotk.es/opac/?id=00455429#fichaResultados">La administración de fondos públicos y su patología</a> / Antonio Ramón Rodríguez Castaño .- 1ª ed. .- Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2023 .- 156 p. ; 17 cm. .- Los diez esenciales de Aranzadi ; 2</p>
<p><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/La_administraci_n_de_fondos_p_blicos_y_su_patolog_a_20231017_225x318.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-6147" src="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/La_administraci_n_de_fondos_p_blicos_y_su_patolog_a_20231017_225x318-202x300.jpeg" alt="" width="202" height="300" srcset="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/La_administraci_n_de_fondos_p_blicos_y_su_patolog_a_20231017_225x318-202x300.jpeg 202w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/La_administraci_n_de_fondos_p_blicos_y_su_patolog_a_20231017_225x318.jpeg 214w" sizes="auto, (max-width: 202px) 100vw, 202px" /></a>LOS DIEZ ESENCIALES es una ambiciosa propuesta de Editorial Aranzadi: se trata de agrupar en ese número de pequeñas monografías los contenidos principales de cuestiones nucleares en nuestro ordenamiento jurídico. La segunda serie de Los Diez esenciales de Aranzadi se refiere a la gestión de los fondos públicos, especialmente al gasto público, abordando las diversas y graves problemáticas que plantea. Cada una de las diez monografías sigue la misma estructura: · Una exposición sencilla e introductoria del correspondiente núcleo temático. · Los Anexos que se considere pertinente (datos estadísticos, infografías, materiales, esquemas, selección normativa o jurisprudencial, etc.). La observancia de un mismo esquema y estilo debe permitir que se identifique claramente el librito como perteneciente a “Los 10 esenciales de Aranzadi”. A tal fin el método las preguntas y repuestas quiere garantizar la exhaustividad y abordaje franco, directo, de los problemas suscitados. Al frente de la Colección está Alberto Palomar Olmeda, responsable de su diseño, selección de las personas encargadas de acometerla y de escribir un epílogo de cada obra.</p>
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		<title>Estudios sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual</title>
		<link>https://www.otrosi.net/estudios-sobre-la-ley-general-de-comunicacion-audiovisual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Otrosí]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 12:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades bibliográficas]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Estudios sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual / Director: Alberto Palomar Olmeda; Autores: Rafael Andrés Alvez&#8230;[et al.] .- 1ª ed. .- Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2023 .- 454 p. ; 20 cm. .- Grandes tratados Aranzadi ; 1500 La publicación de una nueva norma sobre ordenación de la actividad de comunicación audiovisual responde a [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://icam.odilotk.es/opac/?id=00455441#fichaResultados">Estudios sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual</a> / Director: Alberto Palomar Olmeda; Autores: Rafael Andrés Alvez&#8230;[et al.] .- 1ª ed. .- Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2023 .- 454 p. ; 20 cm. .- Grandes tratados Aranzadi ; 1500</p>
<p><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/Estudios_sobre_la_Ley_General_de_Comunicaci_n_Audiovisual_20231017_225x318.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-6143" src="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/Estudios_sobre_la_Ley_General_de_Comunicaci_n_Audiovisual_20231017_225x318-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" srcset="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/Estudios_sobre_la_Ley_General_de_Comunicaci_n_Audiovisual_20231017_225x318-214x300.jpg 214w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/10/Estudios_sobre_la_Ley_General_de_Comunicaci_n_Audiovisual_20231017_225x318.jpg 225w" sizes="auto, (max-width: 214px) 100vw, 214px" /></a>La publicación de una nueva norma sobre ordenación de la actividad de comunicación audiovisual responde a un doble grupo de razones que van desde la adaptación al nuevo marco comunitario hasta la incorporación de una regulación que afecta a nuevas formas de comunicación audiovisual que se están introduciendo en nuestra sociedad y que no encontraban una regulación específica que sirviera para la regulación completa de las nuevas formas de comunicación audiovisual. El esquema de la nueva norma es, por tanto, completo y actualizado en relación con las nuevas formas de comunicación, por un lado, y con la actualización de los esquemas precedentes de actuación.</p>
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	</item>
		<item>
		<title>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</title>
		<link>https://www.otrosi.net/consejo-general-del-poder-judicial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unidad Técnica Jurídica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 09:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Acuerdo de 11 de octubre de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, sobre modificación de la composición, designación de turno de ponencias y de formación de salas, régimen de abstenciones y recusaciones, y señalamientos [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/24/pdfs/BOE-A-2023-21826.pdf">Acuerdo de 11 de octubre de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial</a>, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, sobre modificación de la composición, designación de turno de ponencias y de formación de salas, régimen de abstenciones y recusaciones, y señalamientos de vistas, deliberaciones y votos, de la Sala de Apelación.</p>
<p><a href="https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/24/pdfs/BOE-A-2023-21826.pdf">Pulsar aquí para acceder al texto completo</a></p>
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		<item>
		<title>El TS establece que el uso de lentes intraoculares no es causa de exclusión para promocionar en las Fuerzas Armadas</title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-ts-establece-que-el-uso-de-lentes-intraoculares-no-es-causa-de-exclusion-para-promocionar-en-las-fuerzas-armadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unidad Técnica Jurídica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 09:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Para la promoción interna debe modularse la exigencia de las condiciones que rigen para el acceso a centros docentes militares</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7018cff0427aad5fa0a8778d75e36f0d/20231020"><strong>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 11 de octubre de 2023 Nº de Recurso: 8572/2021 Nº de Resolución: 1234/2023 Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo Ponente: Celsa Pico Lorenzo</strong></a></p>
<p><em>Quienes ya pertenezcan a las Fuerzas Armadas pretendan acceder a un centro docente militar de formación promocionando mediante cambio de escala no pueden quedar excluidos por usar lentes intraoculares si no era causa de exclusión cuando accedieron.</em></p>
<p><em>Para la promoción interna por cambio de escala debe modularse la exigencia de las condiciones psicofísicas generales que rigen para el acceso a centros docentes militares: no es congruente que un militar sea idóneo para su cometido previo o actual, pero inidóneo con carácter general, absoluto y sin matiz alguno para un cambio de escala. De no entenderse así lo cuestionado sería tanto el principio de proporcionalidad como el derecho a la carrera profesional.</em></p>
<p><strong>Fundamento jurídico destacado</strong></p>
<p>«QUINTO.- (…)<br />
6. Pues bien, no es cuestión litigiosa lo que pudiera haber de razonable en que el uso de lentes intraoculares impida el acceso a las Fuerzas Armadas, de ahí que estén de más las razones médicas que, en abstracto, justifican esa exclusión y que centran la oposición de la Abogacía del Estado. Lo que sí se cuestiona es que esa exclusión se aplique sin considerar el caso y que impida promocionar mediante cambio de escala -luego ejercer el derecho a la carrera profesional- a quien las tiene implantadas sin que hubiera sido ni causa de exclusión cuando accedió a las Fuerzas Armadas, ni causa de pérdida sobrevenida de aptitud psicofísica ni consta impedimento alguno según la especialidad a la que se aspira en la Escala de Suboficiales. 7. Se deduce así que para la promoción interna por cambio de escala debe modularse la exigencia de las condiciones psicofísicas generales que rigen para el acceso a centros docentes militares: no es congruente que un militar sea idóneo para su cometido previo o actual, pero inidóneo con carácter general, absoluto y sin matiz alguno para un cambio de escala. De no entenderse así lo cuestionado sería tanto el principio de proporcionalidad como el derecho a la carrera profesional. 8. Pero, además, entenderlo de otra forma afectaría al principio de proporcionalidad tal y como ha declarado esta Sala. El recurrente cita nuestra sentencia, antigua Sección Séptima, de 26 de enero de 2015 (recurso de casación 3053/2013) que se remite a la sentencia de 24 de septiembre de 2009 (recurso de casación 1309/2008). En aquel caso se refería a un supuesto de daltonismo y respecto del acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y declaramos que tal causa de exclusión -discromatopsias- para que sea atendible debe ir acompañada de la expresión de aquellas circunstancias que condicionen su aplicación y que, por su gravedad o intensidad, impidan el ejercicio de las funciones propias del cuerpo en el que se pretende ingresar. 9. Cabe añadir que la Administración ha modulado el efecto retroactivo de la prohibición de lentes intraoculares como causa de exclusión para el acceso a los centros docentes militares respecto de la Escala de Suboficiales, y lo ha modulado según se trate de convocatorias de ingreso directo o de promoción mediante cambio de escala. Un ejemplo fue la convocatoria por resolución 452/38049/2015, para ingreso directo, y que, pese a ser anterior a la Orden PCI/6/2019, ya anticipaba esa causa de exclusión; no ocurrió lo mismo dos años después con la convocatoria hecha por resolución 452/07550/17, mediante promoción para cambio de escala, que no anticipó esa causa de exclusión tratándose de militares profesionales de tropa y marinería y que concurrían a una convocatoria de promoción como la de autos. 10. Por tanto y a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA, declaramos: 1º Que quienes ya pertenezcan a las Fuerzas Armadas y, ejerciendo el derecho a la carrera profesional, pretendan acceder a un centro docente militar de formación promocionando mediante cambio de escala, como regla general no pueden quedar excluidos por el hecho de usar lentes intraoculares si no era causa de exclusión cuando accedieron a las Fuerzas Armadas, ni les ha supuesto una valoración negativa de su aptitud psicofísica actual. 2º Declaramos también que el principio de proporcionalidad exige que, en tales casos, no cabe excluir al aspirante cuando en la nueva escala realizará funciones sustancialmente coincidentes con las que realizaba en el cuerpo o escala de procedencia y que si para el cambio de escala se opta por una especialidad que implicará un cometido que justificaría la aplicación de la causa de exclusión ahora controvertida, deben razonarse las circunstancias por las que se aplica.»»</p>
<p>Para leer la sentencia completa, pulsar <a href="https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7018cff0427aad5fa0a8778d75e36f0d/20231020">aquí</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/el-ts-establece-que-el-uso-de-lentes-intraoculares-no-es-causa-de-exclusion-para-promocionar-en-las-fuerzas-armadas/">El TS establece que el uso de lentes intraoculares no es causa de exclusión para promocionar en las Fuerzas Armadas</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
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