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	<title>Penal - Otrosí</title>
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	<description>Revista del Colegio de la Abogacia de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2024 10:12:08 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Penal - Otrosí</title>
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	<item>
		<title>Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos</title>
		<link>https://www.otrosi.net/registro-central-de-delincuentes-sexuales-y-de-trata-de-seres-humanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Otrosí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 10:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Real Decreto 407/2024, de 23 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales Con la finalidad de materializar y agilizar el cumplimiento los objetivos de la Ley Orgánica 8/2021, de [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-8191">Real Decreto 407/2024, de 23 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la finalidad de materializar y agilizar el cumplimiento los objetivos de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el <a href="https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-8191">Real Decreto 407/2024, de 23 de abril</a>, modifica el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El nuevo Real Decreto introduce las siguientes modificaciones:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>El Registro cambia de denominación a “Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos”</li>



<li>El Registro incorpora información sobre condenados por trata de seres humanos con independencia de la edad de la víctima.</li>



<li>Habilitación a empresas, instituciones, ONGs y algunos colegios profesionales a solicitar, de forma periódica, el certificado negativo de antecedentes para sus trabajadores, siempre contando con su consentimiento.</li>



<li>Habilitación para personas de 16 y 18 años -por ejemplo, monitores de campamento o socorristas- para solicitar certificados de antecedentes directamente, y no a través de su tutor o representante legal.</li>



<li>Sistema de interconexión del registro con el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS). Con ello, se asegura que los ciudadanos europeos tengan un certificado de ausencia de antecedentes simultáneo en relación con su país de origen y de España.</li>



<li>Se equipara el régimen de cancelación de las condenas por delitos sexuales por parte de jueces o tribunales extranjeros al régimen español -es decir, imposibilidad de trabajar con menores durante 30 años desde el cumplimiento de la pena-, con independencia de la norma que se aplique en el país donde se cometió el delito.</li>
</ul>
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		<item>
		<title>El TS aclara los requisitos para aplicar el atenuante de reparación del daño en casos de robo en casa habitada</title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-ts-aclara-los-requisitos-para-aplicar-el-atenuante-de-reparacion-del-dano-en-casos-de-robo-en-casa-habitada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unidad Técnica Jurídica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 13:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 18 de abril de 2024</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/05/STS-ATENUANTE-REPARACION-DANO.pdf">Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 18 de abril de 2024. Recurso Nº: 11326/2023. Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Supremo establece que, aunque la reparación sea parcial, debe ser significativa y realmente efectiva, proporcional a la capacidad del delincuente y suficiente para reequilibrar el padecimiento sufrido por la víctima. La sentencia subraya que la atenuante busca incentivar la reparación del daño causado a la víctima o al menos disminuirlo, pero cualquier satisfacción parcial que eluda una reparación completa no puede ser considerada para la atenuación de la pena. <br><br>En el caso específico, a pesar de que las acusadas devolvieron una cantidad de 30.000 euros, este retorno se consideró insuficiente dado el alto valor del botín sustraído y la falta de disposición de las acusadas para proporcionar información sobre el destino del dinero. La sentencia destaca que la reparación debe ser congruente con el fundamento de la atenuante y que, en este caso, el comportamiento de las acusadas no reflejaba una verdadera intención de reparar el daño causado.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fundamento jurídico destacado</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">FCO TERCERO (…) 3.2. Tal y como se expresa en los recursos interpuestos, la atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 del Código Penal está fundada en razones objetivas de política criminal, respondiendo al objetivo de favorece conductas que sirvan para reparar el daño causado a la víctima o, al menos, disminuirlo, por considerarse que la protección de los intereses de las víctimas resulta de gran importancia para toda la comunidad ( SSTS 536/2006, de 3 de mayo; 809/2007, de 11 de octubre; o 50/2008, de 29 de enero). Como se ha expresado por la jurisprudencia de esta Sala (STS 285/2003, de 28 de febrero, entre otras muchas posteriores) lo que fundamenta esta circunstancia es incentivar el apoyo y la ayuda a las víctimas,favoreciendo que el responsable del hecho delictivo contribuya a la reparación o disminución de los perjuicios de toda índole que la acción delictiva haya ocasionado. En todo caso, el comportamiento que se privilegia es la realización de un actus contrarius, mediante el cual el acusado reconoce la infracción de la norma cometida y, reparando a su víctima, compensa de alguna forma la reprochabilidad del autor (cfr. SSTS 319/2009, de 23 de marzo; 542/2005, de 29 de abril); lo que supone también un dato significativo de regeneración y consiguiente disminución de su peligrosidad en el futuro ( STS 957/2010, de 2 de noviembre).</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.3. Es la racional conjunción de ambas realidades la que determina la pertinencia de la atenuación que contemplamos en aquellos supuestos en los que la reparación de los perjuicios no resulta completa. Nuestra jurisprudencia ha expresado que la reparación, aun siendo parcial, debe ser suficientemente significativa y relevante, pero que en todo caso debe ser realmente efectiva y proporcionada a la capacidad del sujeto activo del delito, esto es, adecuada a una absoluta disponibilidad o predisposición de la reparación. De no ser así, la previsión normativa habilitaría conductas espurias en las que sólo una actuación formal y fragmentaria permitiría la consecución de los beneficios atenuatorios ( SSTS 415/2002, de 8 de marzo o 877/2004, de 12 de julio). Cuando no es completa la reparación de los perjuicios padecidos por la víctima, no basta con que el pago sea relevante y lo suficientemente significativo como para que pueda aportar una sustantiva compensación o retorno de los menoscabos sufridos por la víctima, sino que es necesario que conste o se perciba la imposibilidad del sujeto activo atenderlos en mayor proporción y de reequilibrar verdaderamente el padecimiento soportado por el perjudicado. Cualquier satisfacción parcial que elude una reparación completa a la víctima cuando resulta factible o que rehúsa abordar la compensación con mayor intensidad siendo razonablemente posible, supone subordinar la estimación de la atenuante al insignificante dato material de haberse efectuado un retorno económico lo suficientemente significativo, reflejando así una utilización espuria de la circunstancia atenuatoria, pues se alcanzaría la minoración de la pena sin concurrir el fundamento de su previsión, esto es, sin que el sujeto activo realmente admita la infracción cometida y muestre la regeneración de su conducta reponiendo, en la medida de lo posible, el orden jurídico y los derechos transgredidos de la víctima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3.4. Lo expuesto justifica la desestimación de la atenuante en este supuesto. Aun cuando las acusadas retornaron al perjudicado la cantidad de 30.000 euros y pese a que no puede considerarse que esa cantidad esté carente de significación, la aportación no puede comportar la minoración del reproche punitivo que se pretende. El pago carece de fundamento atenuatorio dado que supone un retorno muy parcial del importe robado y puesto que únicamente responde a la aspiración de afrontar su actividad delictiva con un menorreproche penal del legalmente previsto, pero manteniendo los importantes rendimientos de los delitos que se sancionan. La prueba practicada en el juicio oral evidencia que las acusadas tienen procedencia extranjera, arrancando su seguimiento con el alquiler de un vehículo en la ciudad de Valencia. Desde esta ciudad se trasladaron a la ciudad de Madrid, donde se alojaron transitoriamente en un hotel, para abordar la actividad de realizar sucesivos robos en esta ciudad y acumular todos los rendimientos patrimoniales que fueran posibles. En el primero de los asaltos enjuiciados se hicieron con un botín cercano a los 300.000 euros, habiendo continuado su actividad delictiva para la obtención de mayores ganancias. En ese proceso de enriquecimiento patrimonial, el retorno de 30.000 euros no resulta congruente con el fundamento de la atenuante de reponer en lo posible los perjuicios derivados de la actuación. Las acusadas fueron detenidas una semana después de perpetrados los hechos y, sin haber tenido posibilidad material de gastar en su provecho lo sustraído, sólo devolvieron un 10% de lo sustraído inmediatamente antes del juicio y eludiendo facilitar cualquier información sobre el destino de los efectos o su paradero, tal y como subraya la sentencia de apelación impugnada. De esta forma, lo que refleja el comportamiento de las recurrentes es su persistencia en aprovechar los objetos del robo y hacerlo en una cuantía que, tras la reparación, sigue excediendo de la notoria importancia en la que se asienta la condena.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/05/STS-ATENUANTE-REPARACION-DANO.pdf">Pulsar aquí para acceder a la sentencia completa.</a></p>
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	</item>
		<item>
		<title>El Supremo unifica doctrina respecto al delito grave en el contexto de la suspensión penitenciaria</title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-supremo-unifica-doctrina-respecto-al-delito-grave-en-el-contexto-de-la-suspension-penitenciaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unidad Técnica Jurídica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 13:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 18 de abril de 2024</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/05/STS-UNIFICACION-DOCTRINA-PENITENCIARIO.pdf">Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 18 de abril de 2024. Recurso Nº: 20787/2023 Ponente: Excmo Sr. D. Pablo Llarena Conde</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Para la aplicación del efecto suspensivo que deriva de la Disposición Adicional Quinta, apartado 5, de la LOPJ y la doctrina establecida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en sus sentencias de unificación de doctrina 965 y 966/2023, de 15 de diciembre de 2022, no habrá de estarse a la pena impuesta al interno en el caso concreto, sino a la pena en abstracto que corresponda al delito por el que fue condenado; sin que quepa entender cubierto el requisito de que se trate de un condenado por delito grave mediante la suma de las penas de delitos menos graves o leves para rebasar el límite de los 5 años de prisión.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fundamento jurídico avanzado<br></strong><br>FCO CUARTO (…) &#8211; 4.1. La literalidad de la Disposición Adicional Quinta hace depender el efecto suspensivo del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra las decisiones de clasificación penitenciaria que puedan suponer la excarcelación del penado, de que los internos beneficiados por la clasificación no hubieran sido condenados por delitos graves. El término condenado por delito grave es un concepto normativo cuya interpretación no puede ser extensiva debiendo ajustarse con fidelidad a las previsiones del legislador, por derivación del principio de refrendo o de aprobación normativa en el cumplimiento de las penas que recoge el artículo 3.2 del Código Penal al indicar que «no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan». Su acepción está plasmada en el artículo 13 del Código Penal al reflejar como delitos graves aquellasinfracciones a las que la ley castiga con pena grave que, según el artículo 33 del mismo texto punitivo, se clasifican en función de su naturaleza y duración, atribuyéndose la dimensión de grave a las penas privativas de libertad que sean superiores a los cinco años de duración. Como indicamos en la Sentencia 392/2017, de 31 de mayo, dictada por el Pleno de esta Sala, el artículo 13 del Código Penal expresa que un delito tiene la consideración de grave, menos grave o leve, cuando esa misma consideración tengan las penas previstas para la infracción de que se trate; proclamando en nuestra STS 636/2021, de 14 de julio, que si el artículo 13 del Código Penal establece una asociación entre la gravedad del delito y la escala de gravedad en la que se inserta la pena prevista para él, la referencia que utiliza el legislador es la pena en abstracto y no la sanción que resulte finalmente imponible. Dicho de otro modo, es la naturaleza del ataque al bien jurídico la que determina la gravedad de la infracción y, con ello, los instrumentos que resultan adecuados para corregir cualquier conducta que le haga referencia, entre ellos, la pena imponible y su régimen de cumplimiento, en el que se insertan las exigencias o cautelas exigidas para cualquier modificación que se entienda oportuna en consideración al resultado del tratamiento penitenciario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4.2. Como consecuencia, tienen razón el recurrente y el Ministerio Fiscal cuando sostienen que la acumulación de penas no puede determinar la conversión de dos penas menos graves en una pena grave. No cabe sumar penas por delitos menos graves o leves e inferiores a 5 años, para alcanzar con el sumatorio una cifra superior a los 5 años de privación de libertad y entender así cumplido el requisito de suspensión de la clasificación consistente en haber sido condenadopor delito grave que exige la DT 5.ª, apartado 5, de la LOPJ</p>
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	</item>
		<item>
		<title>No es necesario que existan secuelas psicológicas para otorgar compensación por daño moral en caso de agresión sexual</title>
		<link>https://www.otrosi.net/no-es-necesario-que-existan-secuelas-psicologicas-para-otorgar-compensacion-por-dano-moral-en-caso-de-agresion-sexual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unidad Técnica Jurídica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 13:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 18 de abril de 2024.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/05/STS-DANO-MORAL.pdf">Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 18 de abril de 2024. Recurso Nº: 11194/2023. Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Sala de lo Penal considera que no es necesario que existan alteraciones patológicas o psicológicas para otorgar compensación por daño moral, ya que este puede surgir simplemente de la significación espiritual que el delito tiene para la víctima y de su impacto en su experiencia vital. La sentencia destaca que la evaluación del alcance del daño moral debe considerar la gravedad de la acción que lesionó a la víctima, la importancia del bien jurídico protegido y las circunstancias particulares del caso. <br><br>En este contexto, el Tribunal Supremo respalda una indemnización de 10.000 euros por daño moral a una víctima de agresión sexual, a pesar de no existir evidencia de secuelas psicológicas. La decisión se fundamenta en la agresión física y amenazas de muerte ejercidas sobre la víctima, así como en la intimidad violada en su propio dormitorio, subrayando la significación del daño moral causado.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fundamento jurídico destacado<br></strong><br>FCO TERCERO (…) Conforme con ello el fundamento cuarto de la sentencia de instancia atribuye una indemnización de 200 euros por las lesiones sufridas y una de 10.000 euros por el daño moral derivado de la agresión. En concreto, respecto de este último aduce: «En consecuencia, en el caso de autos, teniendo en cuenta que la víctima no padeció como consecuencia de las agresiones sufridas ninguna afectación psicológica o psíquica posterior, puesto que no se ha incluido en el relato de las acusaciones ninguna referencia a tales circunstancias, ni en el plenario se ha acreditado que la víctima padeciera ninguna secuela psicológica como consecuencia de la agresión sexual sufrida, es de aplicación la doctrina de esta Sala sobre cuantía indemnizatoria del daño moral …//… es procedente fijar tal indemnización en la cantidad de diez mil euros, que deberán ser abonados por el condenado, Silvio , a la víctima Frida «. Una consideración que se ajusta a la doctrina de esta Sala. Nuestra jurisprudencia destaca que la exigencia de identificar las bases indemnizatorias puede resultar insuperable cuando se trata de la indemnización por daño moral, pues los órganos judiciales no pueden disponer de una prueba que les permita cuantificar con criterios económicos la indemnización procedente. Los daños morales no es preciso que tengan que concretarse con alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por las víctimas, sino que pueden surgir de la mera significación espiritual que tiene el delito para la víctima y de la necesidad de integrarlo en su experiencia vital, sin más parámetro para la evaluación de su alcance -cuando no hay alteraciones médicamente apreciablesque la gravedad de la acción que lesionó al perjudicado, la importancia del bien jurídico protegido y las singulares circunstancias de la víctima. En el presente caso, el Tribunal no sólo considera que la denunciante fue atacada en su libertad sexual, sino que lo fue bajo la presión de una agresión física y amenaza de muerte ejercidas por su primo y en el espacio de su dormitorio, facilitador de la mayor intimidad y protección. Describe que fue desnudada por la fuerza y que su primo le obligó a masturbarle y eyaculó sobre su cuerpo desnudo, recogiendo así el Tribunal la significación del daño moral que justifica el importe económico que se impugna.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/05/STS-DANO-MORAL.pdf">Pulsar aquí para descargar la sentencia completa</a></p>
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	</item>
		<item>
		<title>Una sentencia del Supremo redefine los límites del engaño en delitos de estafa</title>
		<link>https://www.otrosi.net/una-sentencia-del-supremo-redefine-los-limites-del-engano-en-delitos-de-estafa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unidad Técnica Jurídica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 11:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 9 de abril de 2024</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/una-sentencia-del-supremo-redefine-los-limites-del-engano-en-delitos-de-estafa/">Una sentencia del Supremo redefine los límites del engaño en delitos de estafa</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/04/STS-ENGANO-BASTANTE.-ESTAFA.pdf">Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 9 de abril de 2024. Recurso Nº: 1013/2022. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Sala de lo penal aborda en esta sentencia el delito de estafa y la aplicación del concepto de «engaño suficiente», estableciencdo que el engaño es suficiente cuando es capaz de vencer los mecanismos de autoprotección que son exigibles a la víctima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El tribunal destaca que el tipo penal de la estafa protege el patrimonio en la medida en que su titular haya observado el comportamiento exigible en orden a su protección. Esto implica que, si el error sufrido por la víctima es evitable con una mínima diligencia y era exigible su citación, no puede hablarse de un engaño suficiente para imputar el error a la conducta engañosa del autor.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, se señala que la determinación de cuándo es exigible un comportamiento tendente a la evitación del error depende de cada caso, de acuerdo con las pautas sociales y las circunstancias particulares. Se menciona también que la responsabilidad del engaño no puede desplazarse sobre la víctima exigiendo un modelo de autoprotección que no está definido en el tipo penal ni se reclama en otras infracciones patrimoniales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El Tribunal sostiene que el principio de confianza y buena fe negocial no está ausente en los delitos de estafa, y que la ley no obliga al perjudicado a estar más precavido en este delito que en otros. Se advierte sobre la necesidad de una ponderada aplicación de la doctrina para evitar despropósitos punitivos y se menciona que la conducta del recipiendario influyente en el error puede ser constitutiva de un delito de apropiación indebida, aunque el error también haya sido provocado por el transmitente. <br><br>En conclusión, se establecen criterios claros para determinar cuándo el engaño es suficiente para constituir el delito de estafa, teniendo en cuenta los mecanismos de autoprotección exigibles a la víctima y evitando una culpabilización excesiva de la misma.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fundamento jurídico avanzado</strong><br><br>FCO PRIMERO (…) En este contexto adquiere su verdadero significado la cuestión de la lesión por la víctima de sus deberes de autoprotección a la que se refiere la sentencia de esta Sala de 29.10.98 , para negar la adecuación de la conducta al tipo objetivo de la estafa. Desde este punto de vista, puede decirse que el tipo penal de la estafa protege el patrimonio en la medida en que su titular haya observado el comportamiento exigible en orden a su protección, pero no en el caso en que se haya relajado en la observancia de sus deberes de autotutela primaria. Por tanto, en la medida en que el error que sufre el sujeto pasivo, en atención a las circunstancias del caso particular, las relaciones entre autor y víctima y las circunstancias subjetivas de esta última, resulta evitable con una mínima diligencia y sea exigible su citación, no puede hablarse de engaño bastante y en consecuencia no puede ser imputado el error a la previa conducta engañosa quebrándose la correspondiente relación de riesgo pues «bastante» no es el engaño que puede ser fácilmente evitable, sino aquel que sea idóneo para vencer los mecanismos de defensa puestos por el titular del patrimonio perjudicado. En estos casos el error es producto del comportamiento negligente de la víctima. Por eso se ha podido decir que la constatación de la idoneidad general es un proceso normativo que valora tanto la intensidad del engaño, como las causas, a la hora de establecer la vencibilidad del engaño por parte de la víctima. La cuestión de cuando es exigible un comportamiento tendente a la evitación del error depende de cada caso, de acuerdo con las pautas sociales en la situación concreta y en función de las relaciones entre el sujeto activo y el perjudicado . Se trata de un problema de distribución de riesgos y fundamentación de posiciones de garante, por ejemplo, una estrecha relación mercantil basada en la confianza puede fundamentar el deber de garante en el vendedor que tiene la obligación de evitar la lesión patrimonial de la otra parte. Con todo existe un margen en que le está permitido a la víctima un relajamiento de sus deberes de protección, de lo contrario se impondría el principio general de desconfianza en el trafico jurídico que no se acomoda con la agilidad del sistema de intercambio de bienes y servicios de la actual realidad socio-económica. El ámbito del riesgo permitido dependerá de lo que sea adecuado en el sector en el que opere, y entre otras circunstancias de la importancia de las prestaciones que se obliga cada parte, las relaciones que concurran entre las partes contratadas, las circunstancias personales del sujeto pasivo y la capacidad para autoprotegerse y la facilidad del recurso a las medidas de autoprotección . En suma, cuando se infringen los deberes de autotutela, la lesión patrimonial no es imputable objetivamente a la acción del autor, por mucho que el engaño pueda ser causal -en el sentido de la teoría de la equivalencia de condiciones- respecto del perjuicio patrimonial. De acuerdo con el criterio del fin de protección de la norma no constituye fin del tipo de la estafa evitar las lesiones patrimoniales fácilmente evitables por el titular del patrimonio que con una mínima diligencia hubiera evitado el menoscabo, pues el tipo penal cumple solo una función subsidiaria de protección y un medio menos gravoso que el recurso a la pena es, sin duda, la autotutela del titular del bien. Se imponen, pues, necesarias restricciones teleológicas en la interpretación de los tipos penales, de modo que la conducta del autor queda fuera del alcance del tipo cuando la evitación de la lesión del bien jurídico se encontraba en su propio ámbito de competencia. En conclusión esta doctrina afirma que solo es bastante el engaño cuando es capaz de vencer los mecanismos de autoprotección que son exigibles a la víctima. Si la utilización de los mecanismos de autoprotección que son exigibles al sujeto pasivo son suficientes para vencer el engaño, éste es insuficiente -no bastante-producir el perjuicio patrimonial en el sentido del tipo de la estafa».<br><br>(….) Ahora bien, una cosa es la exclusión del delito de estafa en supuestos de «engaño burdo», o de «absoluta falta de perspicacia, estúpida credulidad o extraordinaria indolencia», y otra, como se señala en la citada sentencia núm. 162/2012, de 15 de marzo , que se pretenda desplazar sobre la víctima de estos delitos la responsabilidad del engaño , exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no esta definido en el tipo ni se reclama en otras infracciones patrimoniales.<br><br>(…) De ahí que, salvo supuestos excepcionales, la doctrina que ahora invoca el recurrente sea de aplicación preferente a aquellos casos en los que la estrategia engañosa del autor se desenvuelve de tal forma que convierte a la víctima en astuto aspirante a ser él quien de verdad defrauda.En efecto, la experiencia ofrece no pocos supuestos -algunos de ellos fiel expresión de una picaresca de doble recorrido- en los que la puesta en escena desplegada por el autor alienta en la víctima, en un momento dado, la posibilidad de ser ella la que obtenga una valiosa ganancia a costa del verdadero sujeto activo. Es quizás en estos casos cuando el derecho penal debe contemplar con verdadera prudencia el merecimiento de tutela de aquel que ha sido defraudado en su afán por ser él quien engañe a quien le ofrece una transacción irresistiblemente lucrativa». Por otra parte ha de tomarse en consideración que en relación a la estafa no hay elemento alguno del tipo, tal y como ha sido definido en nuestro ordenamiento, que obligue a entender que el Legislador ha decidido que este delito solamente tutele a las personas especialmente perspicaces o desconfiadas. Ni que resulte impune con carácter general el aprovechamiento malicioso de la credulidad, la confianza o la buena fe de ciudadanos desprevenidos, desplazando la responsabilidad del delito sobre la conducta de la víctima, culpabilizándola por respetar el principio de confianza y contribuyendo a su victimización secundaria. Por ello, dejando al margen supuestos de insuficiencia o inidoneidad del engaño, en términos objetivos y subjetivos, o de adecuación social de la conducta imputada, la aplicación del delito de estafa no puede quedar excluida mediante la culpabilización de la víctima con abusivas exigencias de autoprotección. En definitiva, y haciendo nuestro lo expresado en la STS de 28 de junio de 2.008 , el principio de confianza que rige como armazón en nuestro ordenamiento jurídico, o de la buena fe negocial, no se encuentra ausente cuando se enjuicia un delito de estafa. La ley no hace excepciones a este respecto, obligando al perjudicado a estar más precavido en este delito que en otros, de forma que la tutela de la víctima tenga diversos niveles de protección. No resulta pertinente en consecuencia la invocación aquí de esa doctrina que, como se ha visto, debe ser objeto de una ponderada aplicación para no incurrir en despropósitos punitivos. Nótese, por ejemplo, que la no devolución por parte de quien recibió una cantidad en virtud de un error del transmitente es constitutiva de un delito de apropiación indebida ( art. 254 CP). Sin embargo si en ese error ha influido también el recipendiario con una actividad engañosa «no idónea», la conducta, pese a aparecer como más grave, quedaría absurdamente al margen del derecho penal, si dotamos a la doctrina comentada de esa inmatizada aplicación generalizada. Este argumento sistemático y de coherencia interna ha sido manejado en alguna ocasión por la jurisprudencia».<br><br>Para descargar la sentencia completa, <a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/04/STS-ENGANO-BASTANTE.-ESTAFA.pdf">pulsar aquí</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/una-sentencia-del-supremo-redefine-los-limites-del-engano-en-delitos-de-estafa/">Una sentencia del Supremo redefine los límites del engaño en delitos de estafa</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
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		<item>
		<title>Criterios sobre protección de testigos en casos de delitos contra la salud pública</title>
		<link>https://www.otrosi.net/criterios-sobre-proteccion-de-testigos-en-casos-de-delitos-contra-la-salud-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unidad Técnica Jurídica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 11:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 11 de abril de 2024</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/criterios-sobre-proteccion-de-testigos-en-casos-de-delitos-contra-la-salud-publica/">Criterios sobre protección de testigos en casos de delitos contra la salud pública</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/04/STS-TESTIGO-PROTEGIDO.pdf">Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 11 de abril de 2024. Recurso Nº: 1494/2022 Ponente: Excmo Sr. D. Angel Luis Hurtado Adrián</a><br><br>El Tribunal Supremo, en una sentencia del 11 de abril de 2024, aborda un caso relacionado con un delito contra la salud pública, específicamente contemplado en el artículo 368 del Código Penal. En este contexto, se discute la protección de la identidad de un testigo clave para el caso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La defensa argumenta que se le negó conocer la identidad del testigo protegido durante la fase de instrucción, lo que alega haberle ocasionado una indefensión real y efectiva. Sin embargo, el Tribunal rechaza esta queja, señalando que la parte no solicitó esta información antes del juicio y que la petición de revelar la identidad del testigo durante el juicio carecía de una motivación justificada.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, se examina la participación del testigo en el proceso. Se argumenta que su testimonio se limitó a contribuir con información policial, sin establecer una conexión clara con el resto de las diligencias. Se destaca que su declaración ante la Guardia Civil se produjo en el contexto de una investigación en curso y no ante el juez de instrucción. Por tanto, su testimonio no tuvo una relevancia significativa en el desarrollo del caso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En conclusión, el Tribunal Supremo ratifica la decisión de proteger la identidad del testigo y desestima las alegaciones de indefensión presentadas por la defensa, considerando que el procedimiento judicial se llevó a cabo dentro de los límites establecidos por la ley y garantizando el derecho de defensa de la parte involucrada en el proceso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fundamento jurídico avanzado</strong><br><br>FCO SEGUNDO (…) <br>1. Antes, sin embargo, comenzaremos por una primera queja, que se formula en el apartado 6 del motivo primero y 1 del segundo, que es por haber sido privada la defensa de darle a conocer la identidad del testigo protegido, que alega que le ocasionó una real y efectiva indefensión, pero sin explicar en qué se concretó o en que consistió, cuando hasta el momento del juicio no lo solicitó y, sin embargo, antes, en instrucción, pidió oírle en instrucción. En cualquier caso, hay razones más poderosas, y se le vienen explicando a esta parte desde la sentencia de instancia, por lo que poco más a lo dicho en ésta, y a lo añadido por la de apelación, nos queda por decir; y lo que argumentemos para rechazar este particular solo puede ser a costa de una reiteración de lo respondido en instancias anteriores, que ya explican que no podía prosperar una queja como ésta, por cuanto que la parte no solicitó con anterioridad al inicio del juicio que se le facilitase tal identidad, como debería haber interesado, a tenor de lo dispuesto en el art. 4.3 de la LO 14/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, conforme al cual ha de solicitar la parte a quien interese, y de manera motivada, en el escrito de calificación provisional, que se ponga en su conocimiento la identidad del testigo en cuestión, lo que, si no hizo en ese momento, es porque no puso tacha alguna y consintió que el testigo compareciese a juicio en esas condiciones de protección que le venían dadas desde la instrucción, y el que fuera al inicio del juicio cuando pretendiera que se desvelase su identidad, sin una motivación que justificase esa sorpresiva petición, hacía razonable que no se accediese a desvelarla, como es razonable que tal decisión se ratifique, ahora, en casación, porque, como hemos comenzado diciendo, no se nos explica en qué consistió esa real y efectiva indefensión que se alega. <br><br>2. Un segundo reproche que viene haciendo la defensa, en relación con el testigo protegido, que encontramos en el apartado 5 del primer motivo, y también ha obtenido respuesta en las sentencias de instancia y apelación, es porque no pudo interrogarle en instrucción, y sí declaró ante la Guardia Civil. Expone la recurrente que la petición que hizo en instrucción para que declarara dicho testigo, que lo había hecho en dependencias policiales, le fue denegada mediante auto del Instructor, de 30 de enero de 2017, quien así lo acordó porque, más allá de haber servido para poner en marcha la investigación, no la consideró necesaria, al contar con diversos elementos indiciarios de convicción sobre la participación de la encartada en los hechos que se estaban investigando, auto que, recurrido en apelación, fue ratificado por Auto de la Audiencia de 16 de octubre de 2017. Se dice que, en realidad, dicho testigo no fue interrogado por los agentes del atestado policial, ni prestó declaración ante el Juez de Instrucción, sino que solo declaró ante un agente de la Guardia Civil después de que se le incautara y decomisara droga; y es esta alegación lo que explica el contenido del auto de 30 de enero, en que se denegaba tomarle declaración, porque su aportación a las actuaciones solo sirvió como una contribución más para poner en marcha una investigación, como no podía ser de otra manera, en cumplimiento de lo establecido en el art. 262 LECrim., que impone, a quien, por razón de su cargo, profesión u oficio, tuviere noticia de un delito, la obligación de denunciarlo a la autoridad policial, que es lo que acabó haciendo el agente, quien, tras esa intervención, de la que cabía presumir la existencia de un delito, dio pie para que la propia Guardia Civil iniciara una investigación, con la apertura de un atestado policial, al que se fue aportando una mayor información, y fue toda ella la que sirvió como base para dirigir la investigación sobre la recurrente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">(…) Por lo demás, en lo que al derecho de defensa respecta, desde el momento que el testigo compareció a juicio y allí tuvo oportunidad de formular la letrada las preguntas que considerarse oportunas en orden al ejercicio de su derecho, ninguna quiebra del mismo se produjo, cualquiera que fuese el resultado de ese interrogatorio, fuera del agrado o no de quien preguntase. En definitiva, no podemos compartir las alegaciones que hace la recurrente, cuando mantiene que el origen del procedimiento es nulo desde su origen, así como todas las actuaciones posteriores, por cuanto que la información que aporta el testigo no es sino un indicio policial más, al que se le da el valor que, a efectos policiales, había que dar, y que, junto con un acopio de mayor información, se adjunta un atestado, que es donde hay que poner el acento de cara al inicio de la investigación judicial; si a ello se añade que tampoco se explica la conexión de antijuridicidad de lo aportado por ese testigo en relación con el resto de diligencias practicadas, así como la escasa trascendencia que a su testimonio en juicio le dan las sentencias de instancia y apelación, cuantos efectos favorables pretendan derivarse de la queja por su intervención en los términos que se desenvolvió a lo largo todo lo actuado, ha de ser rechazada.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para descargar la sentencia completa, <a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/04/STS-TESTIGO-PROTEGIDO.pdf">pulsar aquí</a></p>
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		<item>
		<title>El Supremo aclara cuándo aplicar agravante de parentesco en casos de maltrato durante relaciones de noviazgo</title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-supremo-aclara-cuando-aplicar-agravante-de-parentesco-en-casos-de-maltrato-durante-relaciones-de-noviazgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unidad Técnica Jurídica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 11:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 9 de marzo de 2024</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/04/STS-AGRAVENTE-ART-23CP.pdf">Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 9 de marzo de 2024. Recurso Nº: 10957/2023. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Alto Tribunal aborda la aplicación de la agravante de parentesco en casos de maltrato dentro de relaciones de noviazgo. La sentencia destaca que la clave para determinar si una relación de noviazgo debe ser equiparada a una relación conyugal no radica en su duración, sino en la intensidad y proyección de futuro de los lazos entablados.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se establece que cuando existe un componente de perdurabilidad, como el abandono del domicilio familiar para establecer una convivencia con vocación de estabilidad, se puede detectar la analogía que permite la aplicación de la agravante del artículo 23 del Código Penal. Esta perdurabilidad no depende de la duración temporal de la relación, sino de la intensidad de los lazos y la proyección de futuro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, se señala que pueden existir relaciones de cierta afectividad pero sin vocación de perdurabilidad, las cuales no cumplirían los requisitos para aplicar la agravante de parentesco. Se ejemplifica que la convivencia, el establecimiento de vida en común y los signos de ánimo posesivo son indicadores que van más allá de un noviazgo coyuntural y podrían encajar en la agravante del artículo 23 del Código Penal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En resumen, la sentencia del Tribunal Supremo establece criterios claros para determinar cuándo una relación de noviazgo puede ser equiparada a una relación conyugal a efectos de la aplicación de la agravante de parentesco en casos de maltrato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fundamento jurídico destacado</strong><br><br>FCO SÉPTIMO (…) La clave para discriminar entre lo que es todavía un noviazgo o un simple acercamiento afectivo sin consolidar y una relación asimilable a la conyugal no radica en su duración, sino en la intensidad y proyección de futuro de los lazos entablados. Cuando está presente un componente de perdurabilidad (y lo está cuando se abandona el domicilio familiar para establecer una convivencia con vocación de estabilidad) podremos detectar la analogía que abre paso a la agravación del art. 23 CP, aunque luego ese proyecto materializado de vida compartida se frustre en meses o, incluso, en semanas o días. Por el contrario, pueden existir relaciones de cierta afectividad, pero sin vocación de perdurabilidad, aunque por inercia o razones varias se prolonguen durante años; sin albergar un componente de exclusividad, y en las que, por tanto, no cabe descubrir el sustrato necesario para la agravación. El tipo de relación entablada con convivencia, establecimiento de vida en común, e incluso los signos de ánimo posesivo (rechazo visceral a una maternidad no compartida) evocan de forma innegable algo más que un noviazgo coyuntural roto. Esa relación encaja en el art. 23 CP.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para descargar la sentencia completa, <a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/04/STS-AGRAVENTE-ART-23CP.pdf">pulsar aquí</a></p>
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		<item>
		<title>El TS reafirma la vía para garantizar el derecho de defensa en cambios de calificación penal durante el juicio</title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-ts-reafirma-la-via-para-garantizar-el-derecho-de-defensa-en-cambios-de-calificacion-penal-durante-el-juicio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unidad Técnica Jurídica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 08:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 14 de marzo de 2024</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/04/STS-ART-788.5-LECRIM.pdf">Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 14 de marzo de 2024. Recurso Nº: 2407/2022. Ponente: Excmo. Sr. D. Angel Luis Hurtado Adrián</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentencia afronta el delito de infidelidad en la custodia de documentos del artículo 413 del Código Penal y la aplicación del artículo 788.5 de la LECrim en casos donde la acusación cambia de tipificación penal durante el juicio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se destaca la importancia del juicio oral y la fijación de conclusiones definitivas, que condicionan el desenlace jurisdiccional del caso. Se subraya la necesidad de correlación entre la acusación y el fallo judicial, destacando la función esencial del escrito de conclusiones definitivas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se hace hincapié en el derecho de defensa y en la posibilidad de solicitar un aplazamiento de la sesión para preparar adecuadamente las alegaciones en caso de cambios en la calificación penal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentencia reafirma la aplicación del artículo 788.5 de la LECrim como garantía del derecho de defensa, independientemente del tipo de procedimiento, en concordancia con el principio de unidad del ordenamiento jurídico.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fundamento jurídico destacado</strong><br><br>FCO SEGUNDO (…) «Hemos dicho en numerosas ocasiones que el objeto del proceso penal es de cristalización progresiva. Se va formateando conforme avanzan las investigaciones. Queda provisionalmente fijado con las conclusiones provisionales. Pero es cuando el Fiscal o las acusaciones elevan sus conclusiones a definitivas cuando éstas quedan fijadas con capacidad para condicionar el desenlace jurisdiccional del hecho enjuiciado. Son muchos los precedentes de la jurisprudencia constitucional y de esta Sala que recuerdan dónde se sitúa la exigencia de la obligada correlación entre acusación y fallo. <br><br>En efecto, la STC 75/2013, 8 de abril , razonaba que «… la vinculación entre la pretensión punitiva de las partes acusadoras y el fallo de la Sentencia judicial, como contenido propio del principio acusatorio, implica que el órgano de enjuiciamiento debe dictar una resolución congruente con dicha pretensión, lo que responde a la necesidad, no sólo de garantizar las posibilidades de contradicción y defensa, sino también de respetar la distribución de funciones entre los diferentes participantes en el proceso penal, y, más concretamente, entre el órgano de enjuiciamiento y el Ministerio Fiscal, en los términos señalados en los arts. 117 y 124 CE». Y añade esa misma resolución: «es esta la razón por la que el Tribunal ha venido reiterando que el instrumento procesal esencial para la fijación de los términos de la acusación en el proceso es el escrito de conclusiones definitivas ( SSTC 174/2001, de 26 de julio, FJ 5 y 183/2005, de 4 de julio, FJ 4), dado que estas habrán de ser producto de lo debatido en el acto del juicio oral». <br><br>Dicho esto, es cierto que no queda cerrado el debate sobre lo que, cada parte, pueda entender qué es lo esencial del hecho y lo accidental, con las consecuencias que ello pueda tener de cara al derecho de defensa, de ahí que, para salvaguarda del mismo, contemos con el art. 788.5 LECrim., que dispone que «cuando, en sus conclusiones definitivas, la acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecien un mayor grado de participación o de ejecución o circunstancias de agravación de la pena, el Juez o Tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus alegaciones y, en su caso, aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes. Tras la práctica de una nueva prueba que pueda solicitar la defensa, las partes acusadoras podrán, a su vez, modificar sus conclusiones definitivas». <br><br>Cierto que el primero de estos dos artículos, el 732, se encuentra en sede de Procedimiento Ordinario y este segundo, el 788, de Procedimiento Abreviado, pero, por razón del principio de unidad del ordenamiento, sería un contrasentido que lo que se contempla para uno, en garantía del derecho de defensa, no pudiera hacerse extensivo a otro, como, de hecho, la práctica judicial nos enseña que así viene haciéndose. En resumen, por lo que concierne a esta previa introducción, habida cuenta que ya en juicio se entró con la misma calificación que se elevó a definitiva, el que con anterioridad se hubieran presentado otras, no afectó al derecho de defensa.<br><br>Para descargar la sentencia completa, <a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/04/STS-CRITERIO-APROP-INDEB-Y-ADMON-DESLEAL.pdf">p</a><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/04/STS-ART-788.5-LECRIM.pdf">ulsar aquí</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/el-ts-reafirma-la-via-para-garantizar-el-derecho-de-defensa-en-cambios-de-calificacion-penal-durante-el-juicio/">El TS reafirma la vía para garantizar el derecho de defensa en cambios de calificación penal durante el juicio</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
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		<item>
		<title>El Tribunal Supremo clarifica la diferencia entre apropiación indebida y administración desleal en la disposición de bienes</title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-tribunal-supremo-clarifica-la-diferencia-entre-apropiacion-indebida-y-administracion-desleal-en-la-disposicion-de-bienes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unidad Técnica Jurídica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 08:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otrosi.net/?p=8510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 15 de marzo de 2024</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/el-tribunal-supremo-clarifica-la-diferencia-entre-apropiacion-indebida-y-administracion-desleal-en-la-disposicion-de-bienes/">El Tribunal Supremo clarifica la diferencia entre apropiación indebida y administración desleal en la disposición de bienes</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/04/STS-CRITERIO-APROP-INDEB-Y-ADMON-DESLEAL.pdf">Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 15 de marzo de 2024. Recurso Nº: 1203/2022 Ponente: Excmo Sr. D. Andrés Palomo del Arco.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se aborda la diferenciación entre el delito de apropiación indebida y el delito de administración desleal en relación con la disposición de bienes. Se establece que el criterio diferenciador radica en si la disposición de los bienes se realiza con carácter definitivo en perjuicio de su titular (apropiación indebida) o si se trata de un mero hecho abusivo sin pérdida definitiva de los bienes (administración desleal).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La reforma de la legislación en 2015 reafirmó esta distinción, estableciendo que en el caso de la apropiación indebida, la disposición de los bienes es definitiva y perjudicial para el titular, mientras que en la administración desleal, aunque también hay un acto abusivo, no se produce una pérdida definitiva de los bienes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El Alto Tribunal destaca que en los casos donde el administrador distrae o dispone definitivamente de los bienes en perjuicio del administrado, se configura tanto el delito de apropiación indebida como el de administración desleal. Es decir, la conducta delictiva puede abarcar ambas figuras delictivas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además, se hace referencia al criterio de proscripción de la indefensión, destacando que es esencial que el acusado tenga ocasión de defenderse de todos los elementos que integran el tipo delictivo objeto de la condena.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En definitva, la sentencia aclara la diferencia entre los delitos de apropiación indebida y administración desleal en función de la disposición definitiva de los bienes y confirma que en algunos casos, las conductas delictivas pueden configurar ambos delitos.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fundamento jurídico avanzado</strong><br><br>FCO SEGUNDO (…) 3. En relación a las calificaciones en liza en estos autos, se admite de manera pacífica la homogeneidad predicada entre apropiación indebida y administración desleal ( STS 56/2021, de 20 de enero); de modo que, de manera tajante, la STS 10/2024, de 11 de enero, en relación a la duda consistente en calificar los hechos como constitutivos de un delito de administración desleal del art. 252 o un delito de apropiación indebida del art. 253 del CP, señalaba que la reforma operada por LO 1/2015, de 30 de marzo, se presenta «…como un muy poderoso argumento para justificar su homogeneidad y, en consecuencia, concluir que en la legislación anterior a 2015 nada impedía convertir una acusación por apropiación indebida en una condena por administración desleal. Ahora ocurre lo propio» ( SSTS 721/2022, 56/2021, 27 de enero; 14 de julio, 627/2016, de 13 de julio y ATS 6 julio 2023). Pues ciertamente, tras la regulación otorgada por la reforma de 2015, se establece como criterio diferenciador entre el delito de apropiación indebida y el de administración desleal la disposición de los bienes, incluido el dinero, con carácter definitivo en perjuicio de su titular (caso de la apropiación indebida) y el mero hecho abusivo de aquellos bienes en perjuicio de su titular, pero sin pérdida definitiva de los mismos (caso de la administración desleal), por todas STS 631/2023, de 20 de julio. Criterio que además es recordado en la propia sentencia recurrida, al rememorar la doctrina de esta Sala, sobre la valoración de la redacción de 2015: en realidad, la reforma es coherente con la más reciente doctrina jurisprudencial que establece, corno criterio diferenciador entre el delito de apropiación indebida y el de administración desleal, la disposición de los bienes con carácter definitivo en perjuicio de su titular, caso de la apropiación indebida, y el mero hecho abusivo de aquellos bienes en perjuicio de su titular pero sin pérdida definitiva de los mismos, caso de la administración desleal. De donde resulta necesario concluir que en los supuestos donde el administrador distraiga o disponga definitivamente de los bienes, incluido el dinero, en perjuicio del administrado, integra un delito de apropiación indebida, pero inexcusablemente también ha cumplimentado la conducta típica de administración desleal, donde no concurre pérdida definitiva de todo o parte de los bienes administrados.</p>



<ol class="wp-block-list" start="4">
<li>También atendemos con frecuencia, en paralelo con la jurisprudencia constitucional, para la determinación de la homogeneidad delictiva a estos efectos, no solo a criterios formales o sistemáticos sujetos al campo propio de la dogmática técnico-penal, sino que esencialmente al criterio de proscripción de la indefensión; lo relevante es que el hecho que configure los tipos sea sustancialmente el mismo y que el acusado haya tenido ocasión de defenderse de todos los elementos, fácticos y normativos, que integran el tipo delictivo objeto de condena ( STS núm. 472/2017 de 22 junio). Y en autos, la acusación contenía y se discutió contradictoriamente sobre el abuso y deslealtad en la sucesiva distracción de diversas cantidades de la comunidad que el recurrente administraba y efectivamente, también del carácter definitivo de la distracción; tras lo cual, se concluyó que, mediante las transferencias se consumaron actos depredatorios sobre los fondos de la comunidad administrada, que el acusado se apoderó de los fondos para fines ajenos a sus funciones como administrador.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Para descargar la sentencia completa, <a href="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/04/STS-CRITERIO-APROP-INDEB-Y-ADMON-DESLEAL.pdf">pulsar aquí</a></p>
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		<title>El Tribunal Supremo establece la compensación de penas de multa incluso en casos sin relación con la libertad personal</title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-tribunal-supremo-establece-la-compensacion-de-penas-de-multa-incluso-en-casos-sin-relacion-con-la-libertad-personal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unidad Técnica Jurídica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 08:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 13 de marzo de 2024</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 13 de marzo de 2024. Recurso Nº: 779/2022. Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentencia del Tribunal Supremo aborda la aplicación del artículo 59 del Código Penal, que establece la posibilidad de compensar penas de multa con medidas cautelares restrictivas de la libertad. Se destaca que esta regla es general y no tiene excepciones, siendo aplicable a todas las clases de penas según su literalidad y disposición sistemática.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La jurisprudencia previa ha reconocido la compensación en términos amplios, incluso en casos donde las medidas cautelares y las penas proyectan su efecto sobre distintos derechos. Además, se señala que el propio Código Penal establece el criterio de equivalencia para establecer la compensación, equiparando un día de prisión con dos cuotas de multa. La compensación opera tanto para penados solventes como insolventes, incluso cuando la multa debe ser sustituida por responsabilidad personal subsidiaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sin embargo, se señala que la compensación no procede si hay una pena de prisión pendiente de cumplimiento, a menos que se haya suspendido y cumplido las condiciones impuestas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En resumen, la sentencia clarifica que la compensación de penas de multa es aplicable en una variedad de situaciones, incluso cuando no existe relación directa con la libertad personal.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fundamento jurídico destacado</strong><br><br>FCO SEGUNDO (…) La cuestión que ahora suscita el recurso es la apertura de la compensación de medidas cautelares restrictivas de la libertad a penas que ninguna relación tienen con la libertad personal, como pueden ser las inhabilitación especial o absoluta, la multa o la privación de derechos tales como la prohibición de conducción de vehículos, tenencia y porte de armas, prohibición de aproximación, comunicación o residencia, etc. Limitaremos nuestro análisis a la pena de multa y no cabe duda de que las medidas cautelares tanto de prisión provisional como de comparecencia apud acta son limitativas de la libertad y son heterogéneas respecto de la multa, que es una pena patrimonial, salvo en caso de impago, que se sustituye por una responsabilidad personal subsidiaria Juega a favor de la compensación que la regla establecida en el artículo 59 CP es una regla general que no tiene excepciones y que, en principio, es aplicable a toda clase de penas y así se deduce tanto de su literalidad, como de la disposición sistemática del precepto, que se incluye en una sección independiente y común a todas las clases de penas (sección 6ª- disposiciones comunes- del capítulo I, Título -de las penas-, del Libro I). En esa dirección esta Sala se ha mostrado favorable a reconocer la compensación en términos muy amplios. Así en la STS 432/2021, de 20 de mayo, no sólo se ha reconocido la compensación en la llamada dualidad heterogénea que se produce cuando la medida cautelar y la pena proyectan su efecto sobre un mismo derecho pero con distinta intensidad (caso de las comparecencias apud acta y la pena de prisión) sino en la compensación heterogénea que se produce cuando la medida cautelar y la pena se proyectan sobre distintos derechos. En la citada sentencia se proclama que «la previsión (del artículo 59 CP) no se limita a aquellos casos en los que concurre una efectiva divergencia de naturaleza entre los derechos restringidos por la medida cautelar y los que resultan afectados por la pena, ni a aquellos otros supuestos en los que afectando una y otra a los mismos derechos, existe un exceso de duración en la medida cautelar que posibilita compensar el gravamen en otro derecho que introduce una pena acumulada. Son supuestos en los que la previsión permite compensar la medida cautelar de prisión provisional con la pena de multa, o una medida de alejamiento con la pena privativa de libertad que finalmente se imponga, o entre la medida de alejamiento y la pena pecuniaria».<br><br>Por otra parte, no es obstáculo para la compensación la determinación del parámetro que haya de utilizarse para establecer la equivalencia ya que el propio Código Penal establece ese criterio, por más que lo haga para un supuesto diferente, el impago de la multa. El artículo 53 CP equipara un día de prisión con dos cuotas de multa, por lo que nada impide que ese módulo se aplique para compensar las medidas cautelares privativas de la libertad con la pena de multa. Lógicamente esta compensación sólo opera cuando no exista una pena de prisión pendiente de cumplimiento dado que en tal caso la compensación debe realizarse sobre la prisión. Cuando la pena pendiente de cumplimiento sea la multa, la compensación opera tanto cuando el penado es solvente y debe procederse a su cumplimiento voluntario o por vía de apremio, como cuando es insolvente y la multa debe ser sustituida por la responsabilidad personal subsidiaria. En el caso que venimos analizando únicamente podría plantearse como causa obstativa de la compensación el que en la sentencia se haya impuesto también una pena de prisión, que fue suspendida y que ha quedado remitida definitivamente por cumplimiento de las condiciones y plazo impuestos para la suspensión. No es desechable el argumento de que la prisión preventiva sería abonable a esa pena de prisión y no a la multa. Sin embargo y conforme al artículo 58 del Código Penal el abono de la prisión preventiva sólo procede «para el cumplimiento de la pena de prisión» y sería una ficción realizar el abono a una pena que no hay que cumplir por haberse ya acordado la remisión definitiva.</p>
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