MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han pedido una «reunión urgente» con el Ministerio que dirige Pilar Llop para garantizar que se ejecute la subida de 450 euros que pactaron el pasado marzo tras dos meses de huelga ante el anuncio de elecciones anticipadas.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista de LAJ (UPSJ) han emitido este lunes un comunicado ante el anuncio emitido esta misma mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolución de las Cortes y convocatoria anticipada de elecciones para el 23 de julio.
Ambas asociaciones han interesado al Ministerio de Justicia una «reunión urgente de la comisión de seguimiento para la ejecución de los acuerdos alcanzados el pasado 28 de marzo de 2023 con el comité de Huelga de LAJ».
Según han incidido, los reales decretos de retribuciones que se encuentran en trámite «no deberían ver retrasada su aprobación definitiva por cuanto su tramitación no requiere de la intervención de las Cortes Generales».
Así las cosas, han asegurado que estarán «atentos al cumplimiento de todo lo acordado», que, según han recordado, «debe verse reflejado en la nómina de julio».
Los LAJ y el Ministerio de Justicia firmaron el pasado marzo un acuerdo que, según fuentes cercanas a la negociación consultadas por Europa Press, incluía una subida de entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel, en tres plazos: una que se pagará en julio de 2023 con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023, otra en enero de 2024 y una última en julio de 2024.
PENDIENTE EL ACUERDO CON JUECES Y FISCALES
Cabe recordar que, además del acuerdo alcanzado con los LAJ, Justicia también ha firmado recientemente un pacto con las asociaciones de jueces y fiscales en el marco de la Mesa de Retribuciones que contempla una subida de hasta unos 450 euros al mes.
Los 46,7 millones de euros que el Ministerio ha acordado para los 8.000 jueces y fiscales representan casi el doble de los 22,7 millones de euros que consiguieron los 4.000 LAJ tras dos meses de huelga, pero se queda por debajo de los 200 millones de euros que exigen los casi 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia.
