Tres de las cinco asociaciones convocantes se muestran a favor de posponer la huelga al viernes 19 de mayo
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La división entre las asociaciones de jueces y fiscales frustra la tercera reunión con el Ministerio de Justicia y aboca a la Mesa de Retribuciones a reunirse de nuevo el martes 16 de mayo, fecha para la que está convocada la huelga indefinida que «de momento» se mantiene, aunque «se está hablando de la posibilidad de retrasarla».
La reunión de este miércoles ha finalizado sin acuerdo –tras más de seis horas de negociación– toda vez que no ha sido posible que las asociaciones llegaran a un pacto para aceptar la oferta de 46 millones de euros –que se traduce en hasta 490 euros al mes– que presentó el Ministerio el pasado lunes. Solo las dos asociaciones progresistas –JJpD y UPF– se han manifestado a favor de firmar el acuerdo con Justicia.
Fuentes cercanas a la negociación consultadas por Europa Press han indicado que hasta ahora las asociaciones Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han mostrado a favor de aplazar la huelga hasta el viernes 19 de mayo. La Asociación Profesional de la Magistratura (AMP) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han decidido consultar con sus respectivas ejecutivas antes de adoptar una decisión.
Al término de la reunión, el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, ha asegurado en declaraciones a la prensa que la oferta del Ministerio «sigue siendo inaceptable» aunque mejorase en dos millones la propuesta inicial.
El magistrado de la asociación mayoritaria de jueces ha incidido en que «la negociación sigue por su cauce» y que tendrán que «hablar» con los suyos para decidir si posponen o no la huelga fijada para el 16 de mayo mientras continúan las negociaciones con el Ministerio. «Ahora lo deciden las ejecutivas de cada asociación», ha precisado, al tiempo que ha recalcado que «tan pronto como haya una decisión, que no tardará», se comunicará a los medios de comunicación.
«Las huelgas se pueden desconvocar, suspender, o algunos de los que han participado en la convocatoria de la huelga se pueden descolgar, otros que hayan estado desde primera hora pueden mantener la convocatoria. Hay infinitas posibilidades», ha añadido.
Preguntado si ha habido algún tipo de avance en el encuentro de esta tarde, Carbonero ha señalado que «de momento no parece que se perciba demasiado avance». «Ya veremos», ha dicho, aunque ha asegurado que «hay esperanza» y que confía en que «la Mesa de Retribuciones llegará a buen puerto».
En este sentido, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), ha asegurado que están aún «valorando» la propuesta que hay sobre la mesa. «Estamos a la expectativa de lo que pueda ir sucediendo en lo que es el marco normal de una negociación», ha apuntado.
Sobre la convocatoria de huelga, ha indicado que «se está valorando por parte de determinadas ejecutivas (…) si hay un aplazamiento del momento de inicio de la huelga para tener un margen mayor de negociación».
JJpD y UPF, A FAVOR DE LA OFERTA DEL MINISTERIO
Al margen, las dos asociaciones de corte progresista se han manifestado a favor de firmar la propuesta de Justicia y poner fin al conflicto.
Juan Vacas, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha asegurado que la oferta del Ministerio es «seria», «responsable» y «va en relación con el desarrollo legislativo que está en camino con las leyes de eficiencia en los tribunales». «Creemos que la posición del Gobierno en estos momentos es favorable para tratar de evitar una situación de crisis todavía más grave en la Administración de Justicia», ha acotado.
Por su parte, Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha defendido que la propuesta económica del Ministerio «no puede rechazarse», aunque ha subrayado que si consiguen «mejoras» la asociación «lo va a celebrar».
Así las cosas, ambas asociaciones han mantenido su posición de no sumarse por ahora a la huelga convocada por las otras cinco asociaciones.
LA PROPUESTA DEL MINISTERIO
La oferta inicial, de unos 44 millones de euros, representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%. Sin embargo, en una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta original en dos millones de euros hasta alcanzar los 46 millones.
Según fuentes cercanas a la negociación, la oferta se traduciría en subidas salariales que van desde 350 euros para los trabajadores del Grupo 1 –como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales–, y hasta 490 euros para el Grupo 2 –fiscales de segunda categoría– y 450 euros para el Grupo 3 –fiscales de tercera categoría–.
Cabe recordar que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron –tras dos meses de huelga– que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo. Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la administración de justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones y amenazan con una huelga total e indefinida a partir del 22 de mayo.
Al margen de la propuesta económica a jueces y fiscales, Justicia y Hacienda han ofrecido a las asociaciones de la carrera judicial y fiscal un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030, según informó el Ministerio tras la primera reunión.
La de este miércoles ha sido la tercera reunión que se celebra en el marco de la Mesa de Retribuciones en la que participan las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, así como los equipos de Justicia, de Función Pública, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
