Ana Caballero, presidenta de la Sección de Infancia y Adolescencia del ICAM, es consciente de que el anuncio, primero, del secretario de Estado de Infancia y Juventud en la inauguración de esta sección, y posteriormente la noticia de que el Consejo de Ministros va adelante con una Ley integral de protección del menor en entornos digitales, ha abierto un debate en la opinión pública sobre su conveniencia o no.
Desde su punto de vista, “en estos momentos donde se habla de un Pacto de Estado para proteger a los menores de estas amenazas digitales, abogo por esta Ley Integral que se señala desde el Gobierno y proteja al menor en este entorno digital”.
Esta jurista recuerda que “tenemos normativa del menor, pero no con ese enfoque digital, además el mandato que dio el legislador de ponerla en marcha y desarrollarla no se ha cumplido. Esa ley integral debe recoger políticas públicas e implementar una nueva normativa que proteja realmente a los menores”.
Desde esta sección de nueva creación del ICAM “se va a trabajar en un documento con propuestas claras para que se tengan en cuenta en dicho texto normativo”.
Para Caballero, es el momento ideal para aprobarla “ante la concienciación social existente y la preocupación de los políticos ante los datos que señalan el acceso al porno de los menores y su impacto en su propia salud mental”.
Para esta jurista, “la creación de un Ministerio de Infancia y Juventud deja claro la importancia de los menores en el ámbito social. Es una buena noticia, pero la infancia es transversal a todos los Ministerios, hay cuestiones relacionadas con Sanidad, Justicia, Educación o Transformación Digital. Esperemos que haya una buena coordinación entre todos ellos”.
Ana Caballero es socia directora del despacho Código Legal, especializado en privacidad y tecnología con especial incidencia en la infancia y adolescencia, y delegada de protección de datos en varias sociedades científicas.
Cuenta con más de veinte años de experiencia profesional formando parte de equipos jurídicos como Cremades & Calvo Sotelo, Abengoa, Indra Sistemas y ha sido profesora de Derecho Constitucional y de Derecho de la Comunicación en la Universidad Antonio de Nebrija.
En la actualidad ocupa el cargo de vicepresidenta en la Asociación Europea para la Transición Digital, donde lidera la línea de trabajo de protección a la infancia y a la adolescencia en el entorno digital, visibilizando el uso responsable de la tecnología y proponiendo un desarrollo normativo apropiado que ponga en el centro de la regulación a los menores.
Esta jurista nos confirma que ha recibido una invitación para formar parte del grupo de expertos que va a crear la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, con objeto de diseñar un internet más seguro para los menores. Ana será una de las juristas invitadas a este grupo de cincuenta profesionales de carácter transversal como es la problemática del menor.
Desde dicha Asociación Europea y otras seis entidades de la sociedad civil – como Save The Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale Una Vuelta y Unicef– con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y de la Fiscalía, y más recientemente de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), han unido fuerzas para tratar de armar una propuesta de Pacto de Estado.
Las adhesiones a la propuesta de Pacto de Estado superan el centenar. Entre las empresas, fundaciones e instituciones adheridas también figuran: el Consejo Audiovisual de Andalucía; Fundación Atresmedia; FAD; NordicPharma; Fundación Mujeres; Consejo General de la Abogacía o la World Compliance Association. El 13 de febrero, el Congreso de Diputados dedicará una jornada al asunto.
La CNMC es la autoridad competente para supervisar que los sistemas de verificación de las plataformas de vídeo sean adecuados. Actualmente, tiene abierta una consulta pública, hasta el 31 de enero, sobre los criterios para verificar que las plataformas de vídeo impiden el acceso de menores a la pornografía, la violencia, el juego y otros contenidos nocivos. Los interesados pueden enviar sus comentarios a través de su web.
La especialización por bandera
Esta jurista que ahora asume la presidencia de la Sección de Infancia y Adolescencia del ICAM conoce bien la problemática de la infancia desde esa perspectiva tecnológica. “Ahora iniciamos una nueva andadura con esta iniciativa que ya está operativa en otros dos colegios de abogados como es el de Barcelona, presidida por la abogada Pilar Tintoré -que forma parte de nuestro Consejo Asesor- y la de Valencia, presidida por el letrado Angel Herráiz”.
Ana, que estuvo presente en la presentación de esta sección junto a ilustres expertos como Emilio Puccio, secretario general del Integrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos de los Menores; Rubén Perez, secretario de Estado de Infancia, Mar España, directora de la AEPD e Isabel Winkels, vicedecana del ICAM, cree que “uno de los objetivos que debemos lograr es la especialización en materia de infancia de muchos abogados del ICAM, porque se ha convertido en un nicho de actividad importante y es necesario que estos profesionales se encuentren convenientemente formados”.
Desde su punto de vista, “es evidente que todo lo relacionado con el menor ha crecido de forma notable a nivel social, tiene una legislación suficiente y el menor en este entorno digital requiere una protección especial. También los que nos dedicamos a esta actividad observamos que hay una normativa muy dispersa por diferentes áreas. Al final hay que luchar por esa especialización profesional, el objetivo profesional es formar a los abogados del ICAM en esta especialización en infancia”.
A su juicio, “esta especialización relacionada con el menor debe contar con un enfoque multidisciplinar, pues cuando hablamos de menor no solo hablamos de abogado, sino que en los procesos judiciales y administrativos aparecen otros agentes vinculados al propio menor. También pretendemos contar con la opinión de estos agentes sociales. De hecho, en nuestro Comité Asesor hay psicólogos, educadores y pediatras porque un enfoque del menor no puede ser jurídico sino multidisciplinar”.
Un Comité de Expertos transversal
Este “Comité de Sabios” está configurado por la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, y el director de Innovación de la AEPD, Luis de Salvador, padre del sistema de verificación de edad de menores que ha creado la AEPD con la FNN y la CNMC que verá la luz en las próximas semanas. Junto a ellas, las abogadas especializadas Delia Rodríguez, María Giráldez de Luis, Sonsoles Vidal , María Pilar Tintore y Ana Rudilla, así como el letrado Gerardo Rodríguez–Acosta, presidente de CEMIN.
Al mismo tiempo desde el mundo académico participan Nieves Moraleda, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, y María Marcos, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá de Henares, junto a José Antonio Luengo, catedrático de Enseñanza Secundaria y presidente del Colegio de la Piscología de Madrid.
También lo configuran María Angustias Salmerón, pediatra y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Pediatría, autora de un estudio sobre el menor y su desarrollo neuronal. Agapito Pageo, consultor de asuntos públicos; y Alejandro Villén, psicólogo, sexólogo e investigador clínico, completan este equipo de profesionales.
Para esta jurista, los derechos de los menores han mejorado su protección, “lo que nos preocupa es el impacto de la tecnología. Somos conscientes que la tecnología corre más que el Derecho y puede generar problemas donde el interés superior del menor se vea afectado por intereses de otra índole”.
