MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por unanimidad el informe de la vocal Pilar Sepúlveda en el que se advierte de que resulta «imposible» aplicar la ley orgánica de representación paritaria de hombres y mujeres en órganos de decisión en instituciones como el Tribunal Constitucional (TC) o el Consejo Fiscal, por el modo en que se elige a sus miembros.
Según ha informado el órgano, el Pleno ha dado el visto bueno al informe al anteproyecto de ley orgánica que busca garantizar «una representación equilibrada en los órganos constitucionales, un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas, de interés público y en los colegios profesionales, así como asegurar la paridad en las listas electorales», por lo que introduce modificaciones en 11 textos legales.
En el informe ahora avalado, Sepúlveda indicaba que la reforma pretende «garantizar una representación equilibrada en los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, aunque ello se constate (…) como una tarea imposible bien por el número de miembros que deberán ser elegidos para la composición del concreto órgano, bien por el modo de selección regulado en la norma que pretende ser reformada».
En el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, Sepúlveda avisaba de que «no parece un mecanismo realizable» en lo tocante al TC, compuesto por 12 magistrados nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y otros dos a propuesta del CGPJ, renovándose además por tercios.
La vocal señalaba que, «dado el número de miembros que podrán proponer cada uno de los órganos designados, parecería más adecuado acudir a otro porcentaje distinto al propuesto como concepto de principio de presencia equilibrada relativo a un mínimo de un 40% de cada uno de los sexos, que, en la práctica no podrá ser realizado». Por eso, sugiere que se fije en el 50% de cada uno de los sexos.
TAMPOCO VE PARIDAD POSIBLE EN EL CONSEJO FISCAL
Se refería igualmente al Consejo Fiscal, explicando que, al estar formado por vocales natos –el fiscal general del Estado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector–, cuya membresía viene dada por razón del cargo, y vocales electivos, los que vota la carrera fiscal, la paridad solo puede pretenderse respecto a estos últimos.
No obstante, manifestaba que «no se comprende cómo pretende el prelegislador conseguir en la composición de los vocales electivos la presencia de un 40%, como mínimo, de uno de los dos sexos», dado que se eligen «mediante voto personal, igual, directo y secreto».
«Esto supone que independientemente del modo de composición de la candidatura no se puede garantizar presencia equilibrada alguna, pues cada votante podrá elegir, si lo considera, a miembros de diversas candidaturas», detallaba.
Con todo, concluía que «la naturaleza» del voto y el sistema electoral que regula la elección de los vocales electivos «hacen imposible que pueda exigirse que la composición del Consejo Fiscal se ajuste imperativamente al principio de presencia equilibrada».
Analizaba asimismo el Consejo de Estado, donde observa el mismo problema con los vocales natos, a los que «lógicamente este principio de presencia equilibrada en nada afecta», ya que su permanencia en el órgano consultivo «se extiende al tiempo que dure su mandato al frente de las instituciones por las que toman posesión como consejeros».
CRÍTICA SITUACIÓN DEL CGPJ
El informe aprovecha su estudio del anteproyecto para recordar que, respecto al propio CGPJ, ya «se exige a las Cortes que la designación de los 20 vocales se lleve a efecto conforme al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres» desde la reforma legal operada en 2018.
Sin embargo, el hecho de que el CGPJ no se haya renovado desde entonces –su mandato expiró el 4 de diciembre de ese año– ha provocado que «hasta la fecha no se ha producido su entrada en vigor». Así, Sepúlveda subrayaba que, «para el caso de que la modificación ahora proyectada entre en vigor, se dará la paradoja de que la actual redacción nunca habrá llegado a surtir efecto». En este contexto, decía que «el prelegislador debería analizar la disfunción que puede llegar a provocar la coexistencia de dos textos proyectados con un contenido diferente».
Entre otras consideraciones, el informe señalaba que el título dado a la ley puede causar «confusión», ya que se incluye el término «representación paritaria», en clara alusión a una igualdad total.
Sepúlveda advertía de que este término no encaja con el modelo de representación que se propone a lo largo de todo el anteproyecto –a excepción de la reforma que afecta a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General–, que no es «paritaria» sino «equilibrada» y que se identifica con aquella en la que exista al menos un 40% de representación del sexo en situación minoritaria.
Además, recordaba que el modelo paritario de las listas electorales no es nuevo en el ordenamiento jurídico y ha sido plenamente validado por el Constitucional.
Al margen, el Pleno también ha aprobado por unanimidad el informe al proyecto de Real Decreto que modifica el texto que regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales y el que determina los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función.
AVALA LA REFORMA DEL REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES
Además, fuentes del órgano consultadas por esta agencia de noticias han confirmado que el Pleno también ha aprobado el resto de informes de los que tenía previsto tomar conocimiento, incluido el relativo al proyecto de real decreto por el que se modifica el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que avala la reforma por cuanto supone adaptar esta herramienta a los cambios propiciados por la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia, afeando únicamente que se equipare a las personas con discapacidad y a los menores de edad en algunos aspectos.
El borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido elaborado por los vocales Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda, quienes hacen «una valoración general positiva» de la norma toda vez que «pretende la adaptación de la regulación del registro a las últimas reformas legislativas en la materia, a los avances tecnológicos y a la integración efectiva del sistema europeo de información de antecedentes penales».
Los vocales destacan que la norma pretende la modificación de la configuración del régimen jurídico de un sistema de registro de datos, que incluyen el código de perfil genético de aquellas personas condenadas en sentencia firme por delitos de naturaleza sexual, con una finalidad esencialmente preventiva. Y subrayan que, además, sirve a otras finalidades, no solo de prevención sino también de favorecimiento de la identificación de los autores y de investigación de tales delitos.
Asimismo, valoran que, «a la vista de la norma, tendrán acceso al registro no solo los delitos de trata con fines de explotación sexual» sino también los que tiene como finalidad la pornografía, «la explotación para realizar actividades delictivas», «la extracción de órganos corporales», «la celebración de matrimonios forzados» y «la imposición de trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o mendicidad».
Por contra, afean que el anteproyecto haga «referencias a las personas con discapacidad que no son admisibles», conforme a la reforma la legislación civil y procesal de 2021 en apoyo al ejercicio de su capacidad jurídica.
