¿Ve ahora un momento propicio para estas reformas?

Hoy vivimos una alineación de planetas sin precedentes para impulsar una mayor integración europea, incluida la presión exterior de EE.UU., que hace que incluso países históricamente reacios, como Dinamarca, estén cambiando de postura y apoyando más integración. Y no se trata solo de percepciones políticas: también desde las instituciones europeas se está lanzando un mensaje claro. En su Discurso sobre el Estado de la Unión de 2025, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció que presentará una hoja de ruta para completar el mercado único antes de 2028, estructurada en cinco prioridades: servicios financieros, energía, telecomunicaciones, la llamada ‘quinta libertad’ y la creación de un ‘28º régimen’. Es una señal muy importante porque demuestra que la Comisión comparte la misma urgencia que yo he señalado en mi informe. No basta con reconocer los problemas, ahora existe un compromiso concreto para abordarlos con un calendario y objetivos definidos.

Su informe subraya con fuerza la necesidad de una mayor autonomía estratégica europea. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las vulnerabilidades actuales de Europa y cómo deberíamos afrontarlas?

Creo que la primera vulnerabilidad es la vulnerabilidad tecnológica. Está claro que la posibilidad que tiene Estados Unidos de invertir enormes cantidades de capital privado en el ámbito tecnológico está marcando la diferencia. Por eso está ganando la batalla de la inteligencia artificial y del espacio, dos temas que son absolutamente cruciales. Y la está ganando no con dinero público, sino gracias al capital privado.

Este es el gran cambio de los últimos años. Estábamos acostumbrados a pensar en el espacio y, como correlativo, en la NASA o en la Agencia Espacial Europea; a pensar en inteligencia artificial, y vincularla con inversión pública. Pero en realidad, en los últimos diez años, Estados Unidos ha conseguido multiplicar por cuatro la inversión en I+D e innovación.

En mi opinión, ese es el punto más interesante, y la razón por la cual, para mí, el núcleo de todo está en la integración de los mercados financieros. Porque si no somos capaces de escalar ahí, seguiremos sin la energía y el motor necesarios. Seguiremos —como solemos hacer— pidiendo dinero a los bancos, y eso no basta.

Creo que este es el principal problema que tenemos hoy. Y esta es nuestra vulnerabilidad.

¿Cómo considera que deberíamos afrontarlo?

Tomemos el ejemplo de los ahorros. Tenemos 27 mercados fragmentados. Sí, el español es suficientemente grande, el italiano también, el alemán… pero el resto son muy pequeños. Tenemos un mercado europeo de ahorro dividido en 27 partes, mientras que los estadounidenses tienen uno solo.

La diferencia es que enviamos cada año 300.000 millones de euros al mercado estadounidense. Nuestros ahorros van allí. Y su mercado, a diferencia del nuestro —que es más conservador—, convierte los ahorros en acciones de empresas. Es decir, los transforma en energía para las empresas. Así que nuestros ahorros van a EE.UU., se convierten en capital para sus empresas, y luego esas empresas regresan a Europa y compran las nuestras con nuestro propio dinero. Ese eso es lo paradójico de todo esto.

Sabemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sector espacial: en Europa tenemos muchas start-ups buenísimas, pequeñas empresas, spinoffs universitarios… Son excelentes. El problema es que, cuando crecen, aparece un fondo estadounidense y, al final, se venden. Esto está pasando en todos los sectores.

Por eso creo firmemente que tenemos que trabajar en esa dirección. Tenemos que cambiar el rumbo. Y es la única forma de detener esta vulnerabilidad.

¿Cómo puede la Unión Europea conciliar su alianza transatlántica con Estados Unidos con la creciente necesidad de actuar de forma autónoma en ámbitos como la defensa, la tecnología y la energía? ¿Debemos asumir que esa alianza ya no es válida o que no será igual?

No, yo creo que la alianza hay que mantenerla viva. Creo que la relación con EE.UU. es relación fundamental también de cara al futuro. La alianza con EE. UU. es estructural y estoy seguro de que va a continuar.

El punto clave es que ser independientes y autónomos no significa estar en contra de EE.UU. Estamos en una alianza positiva, pero necesitamos ser independientes y autónomos. Es la única manera. Hay muchos ámbitos en los que somos fuertes. Por ejemplo, el comercio: hoy en día es el terreno donde Europa es fuerte, y lo es gracias a nuestros padres y madres fundadores. Creo que deberíamos levantar un monumento a quienes crearon la Unión Europea y decidieron darle a Bruselas el monopolio de la política comercial.

¿Alguien se imagina al Gobierno actual de EE.UU. tratando con 27 Estados miembros, cada uno con una política exterior comercial distinta? Sería un desastre.

Así que el punto clave es que, gracias a aquella decisión, hoy podemos reaccionar juntos en materia comercial. Y es la única forma, dadas las circunstancias actuales.

Además, la reacción conjunta es también la única manera, porque nuestras economías están muy integradas. Tomemos como ejemplo el sector del automóvil. Cuando los planes arancelarios de EE. UU han puesto en peligro la industria automovilística alemana, alguien en Italia se alegraba mucho y decía: “¡Por fin los alemanes entenderán!” Pensaban que estábamos a salvo. Y entonces los trabajadores y las pymes del sector automotriz les explicaron cuánto del valor de un coche alemán se fabrica en Italia: una tercera parte. Eso significa que si él sector del automóvil alemán es destruido por los aranceles estadounidenses, las consecuencias en Italia serán desastrosas.

Y lo mismo en España, que cuenta con la mayor industria automovilística de Europa después de Alemania. Por eso creo que es importante entender que estamos todos juntos en esto y que debemos reaccionar de forma conjunta.

En el mundo fragmentado de hoy, donde las potencias regionales están reafirmándose y la gobernanza global parece más débil que nunca, ¿cómo puede la Unión Europea evitar quedar al margen de las grandes negociaciones geopolíticas?

Tenemos que ser abiertos y, al mismo tiempo, entender que el mundo hoy está en movimiento, que está cambiando. Este año la atención europea está centrada en el Gobierno de Trump, en su disputa con la Unión y en lo que está ocurriendo en Ucrania. Todos estamos olvidando que este es un año fundamental en la historia del mundo: es la primera vez que un país africano preside el G20. Sudáfrica lidera el G20 este año. Su programa es muy interesante, están haciendo cosas muy interesantes, y para nosotros, los europeos, es fundamental dedicar energías a eso.

Otro ejemplo, el Brexit. En mi opinión, fue realmente una tragedia. Lo fue por muchas razones, pero la más importante es que supuso un desperdicio extraordinario de energías, de dinero y de atención. Durante ocho años, todos —ellos y nosotros— estuvimos centrados en eso, malgastando energía. Y si tienes que concentrarte en un único tema, los demás pasan a ser menos prioritarios. Así es como funciona la vida.

Y hoy, mi gran preocupación es que estamos comenzando una guerra transatlántica que tendrá las mismas consecuencias que el Brexit. Años centrados únicamente en esta relación transatlántica para tratar de defendernos, con la consecuencia de no invertir en lo que realmente es necesario: el resto del mundo.

Tenemos que pensar que en los próximos diez años India será la próxima China. Así que tendremos a China y luego tendremos otra China. Y después tendremos otra India, que será Indonesia. Ese será el mundo en los próximos años. Y está claro, porque la demografía es una ciencia perfecta. Y nosotros estaremos en declive. Así que lo sabemos. Tenemos que actuar en esa dirección.

El informe aboga por un enfoque más unificado de los mercados digitales, financieros y energéticos. ¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr esa integración más profunda?

Creo que está claro que el principal obstáculo es la inercia nacional. Porque la situación actual es una situación en la que estamos perdiendo terreno, estamos desperdiciando oportunidades, pero también hay quienes están obteniendo más ventajas de las que les corresponden por su tamaño.

Y hoy, el gran problema, la gran responsabilidad, está en manos de los grandes países europeos. Tenemos que llegar a un acuerdo entre los cinco grandes países para avanzar e integrarnos. Porque si esperamos ser 27 en todos los aspectos, será imposible. Necesitamos que los cinco grandes avancen.

Por ejemplo, en energía, el tema principal es el de las interconexiones de redes. La red eléctrica es el mayor problema. Porque en materia energética, seremos muy buenos si somos capaces de interconectar nuestros sistemas. Está claro que no tenemos petróleo, no tenemos gas, pero si estamos interconectados, podemos aprovechar la diversidad de fuentes de energía. Y esa diversidad puede darnos cada día el equilibrio que necesitamos. Pero para lograrlo necesitamos interconexiones, y ese es un tema en el que tenemos que avanzar.

Pasemos a defensa y soberanía. Europa siempre ha confiado en gran medida en la OTAN para su defensa colectiva. ¿Cree que el debate sobre la autonomía estratégica europea corre el riesgo de duplicar esfuerzos o se trata, finalmente, de construir una capacidad real de actuación cuando la OTAN no sea suficiente?

Me alegra hablar de este tema. Soy italiano, estoy en España, y nuestros dos países están en el centro del problema. Creo que por una razón muy sencilla: hay dos aspectos que compartimos. El primero es que, si se ordenase el gasto en Defensa, estaríamos al final de la lista, corriendo el riesgo de estar en segunda división. Estamos hablando de alcanzar un gasto en Defensa del 3% o 3,5%. En nuestros países esto es algo imposible, por el debate político interno y por el nivel de deuda. Significaría duplicar lo que gastamos ahora y, sinceramente, no veo cómo puede hacerse en los próximos años.

Segundo: hay una total falta de conciencia sobre la amenaza. Mi impresión es que en España y en Italia la conciencia es cero. Sentimos que sí, que tenemos que hacerlo por los países bálticos, por Finlandia, pero estamos tan lejos de esa amenaza que no pensamos que sea real. Y en realidad, el problema no es estar geográficamente cerca. Porque sabemos muy bien lo que significan las amenazas asimétricas, las amenazas tecnológicas y todo lo demás. Sabemos, por ejemplo, que quienes promovieron el Brexit tenían presencia, y ahora entendemos por qué Rusia y otros actores influyeron en el proceso. Y tenían razón, porque con el Brexit crearon un caos en Europa. Y lo mismo ocurre con otros temas.

Así que la única forma es hacerlo a nivel europeo, convencer a los Estados miembros de la necesidad de tener una capacidad fiscal común europea. Creo que tenemos que ser valientes para hacer algo juntos, y no solo permitir superar el Pacto de Estabilidad.
En mi informe incluí una propuesta: usar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El MEDE es una herramienta que creamos durante la crisis, para emergencias. Y no lo hemos usado. ¿Por qué no lo usamos?

Mi propuesta es muy simple: usémoslo para financiar la Defensa. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos en esa dirección? Porque cada país tiene su propia visión interna y política muy limitada y la consecuencia es que no avanzamos.

Si pudiera proponer una sola acción, simbólica pero concreta, que la Unión Europea debería adoptar de inmediato para relanzar el proyecto europeo, ¿cuál sería?

Creo que esta idea del “estado virtual número 28”: un país virtual, miembro, para que las empresas eviten burocracias nacionales, es clave para avanzar en esa dirección. Es la forma de decir: superamos las diferencias, dotamos a la ciudadanía de una herramienta positiva, algo que puede ser útil para las personas. Porque al final, necesitas que haya gente diciendo: “Vale, tengo algo útil para mí”.

Necesitamos herramientas a nivel europeo de las que la gente pueda hablar en casa, durante la cena, diciendo: “Mira lo que ha hecho la Unión Europea, esto me beneficia”. Y eso sucede con esta propuesta, que forma parte del informe. La Comisión la ha lanzado, el comisario Alburquerque la presentó, y una parte de ella consiste, por ejemplo, en crear un “euro digital del ahorro”. ¿Qué significa eso? Dar a los ciudadanos ahorradores la posibilidad de obtener un mejor rendimiento.

Hoy, nuestros rendimientos son más bajos que los que puedes obtener en EE.UU., porque al final no estamos organizados, no estamos trabajando en ello. Así que la idea de crear un instrumento europeo de ahorro que dé mayor rentabilidad es algo que puede ser muy bien percibido y recibido. Estas son herramientas concretas, que pueden ser bien acogidas por la ciudadanía.

Su informe fue presentado hace solo unos meses, pero sabemos lo rápido que puede cambiar el contexto internacional. En su libro Europa: última oportunidad, usted trata temas similares. ¿Qué nuevas ideas o propuestas ofrece que no estén recogidas en su informe anterior?

Hay algo que ha evolucionado en mi reflexión. En el informe puse solo dos líneas, porque estábamos en abril del año pasado y, sinceramente, me parecía que incluso esas dos líneas eran demasiado. Y esas dos líneas eran sobre la creación de un mercado común en materia de Defensa con el Reino Unido.

Hoy creo que tenemos que crear un mercado común de seguridad con el Reino Unido, Noruega e Islandia. Y tenemos que hacerlo muy rápido. Hay margen para hacerlo.
Seguridad en un sentido amplio. La relación con el Reino Unido es un mensaje muy interesante para todos nosotros. Es la demostración de que las actuales políticas de EE. UU no son invencibles.

También habla de la doble presión que sufre Europa por parte de Estados Unidos y Rusia. ¿Podría detallar en qué consisten esas presiones y qué implicaciones tienen para la soberanía de la Unión Europea? ¿Y es China el elefante en la habitación?

El libro, para mí, es una herramienta muy interesante, porque es una forma de debatir, no solo dentro del grupo de expertos, sino realmente con la ciudadanía. He tenido muchos debates en Francia, porque el libro se publicó allí, y por supuesto en Italia. Y estoy muy contento de poder abordarlo también en España.

En el caso de China, ya que se menciona, el punto clave es una predicción muy fácil: China va a aprovecharse de todo este lío entre Europa y Estados Unidos.

Y lo sabemos perfectamente. Sabemos que vamos a vernos obligados a reabrir un poco el canal de comunicación con China, y eso es algo que debemos hacer con mucha cautela.

Pero está claro que forma parte del contexto.

Así que creo que es importante entender que, en el mundo actual, que es un mundo muy globalizado e interconectado, cada acción tiene consecuencias. Y ya no es como antes, cuando veías las consecuencias después de cinco o diez años.

Un ejemplo. Hace poco estábamos en Estados Unidos con mis colegas decanos de escuelas de Asuntos Internacionales, debatiendo con todos los decanos de las grandes universidades estadounidenses y Trump acababa de llegar al Gobierno, hacía muy poco, no cinco años ni diez.

Y nos dijeron que ya habían visto las consecuencias inmediatamente. Y creo que la principal consecuencia para ellos será esta: decirle al mundo lo contrario de lo que EE. UU. dijo durante todo el siglo pasado.

EE. UU. ganó el siglo XX porque le dijo al mundo: “Venid, compartimos con vosotros el sueño americano. Venid a Estados Unidos, y si sois buenos, si queréis trabajar, el sueño americano también será vuestro sueño”. Ese era un mensaje increíble, un mensaje ganador.

El mensaje en esta nueva etapa política es: “Por favor, quedaos en casa. No vengáis a EE. UU. No os queremos aquí”. Y ese mensaje hoy asusta a estudiantes, profesores, investigadores, personas del mundo tecnológico. Todos nuestros colegas nos dijeron: “Tenéis una enorme oportunidad. Si creáis un buen entorno para atraer talento, podéis atraer primero a muchos profesores que hoy están en EE. UU. y quieren marcharse. Luego podéis atraer estudiantes, porque está claro que hoy, un estudiante internacional que debe decidir dónde pasar los próximos tres o cuatro años, necesita certeza y estabilidad en las políticas de inmigración. Y está claro que no es así. Ni siquiera para los europeos.

Es evidente que tenemos una gran oportunidad. Porque esto está ocurriendo y está teniendo consecuencias ahora. No dentro de cinco años. Ahora, en este mismo curso académico.

Y por eso creo que es la demostración de que vivimos en un mundo globalizado. No es cierto que la globalización se haya acabado. La globalización está ahí. Todo está conectado. Y lo que ocurre tiene consecuencias. Y esas consecuencias tenemos que ser capaces de gestionarlas. Y tenemos que ser conscientes de ello y capaces de tomar las decisiones correctas.

En su libro, usted advierte sobre el auge del nacionalismo y el populismo como amenazas existenciales para el proyecto europeo. ¿Cómo valora la situación actual? ¿Cree que la Unión Europea ha hecho lo suficiente para construir una identidad europea genuina?

Sobre el populismo y el nacionalismo, creo que hoy también tenemos que intentar tener un enfoque que pueda ser un poco más positivo. No quiero que se me malinterprete, pero la cuestión es que hace algunos años todos los populistas en los distintos países europeos tenían en mente proponer el Italexit, el Frexit, el Dexit, porque el Brexit era una gran marca, positiva, y el Brexit ganó. Así que teníamos en todos los países este enfoque de salida. No en España, porque el Spexit no existía, pero en Italia existía el Italexit, en Francia el Frexit y en Alemania, el Dexit.

Hoy todas esas ideas disparatadas ya no están presentes. Incluso los partidos populistas hoy piensan que, al final, Europa está ahí, y que es mejor estar dentro y desde ahí, debatir sobre cómo trabajar con las distintas herramientas europeas. Yo lo veo como un gran paso adelante y creo que tenemos que considerarlo una mejora real. Y estoy absolutamente convencido de que debemos implicar a todos los partidos, porque cuando un partido está implicado, conoce lo que es el principio de realidad. El principio de realidad es más importante que cualquier otro aspecto.

Para terminar, ¿cuál es su mensaje principal?

Necesitamos una Europa más autónoma, más independiente y más integrada en sectores clave, porque solo así seremos competitivos y podremos garantizar nuestra seguridad en un sentido amplio. El resto del mundo espera que Europa defienda el Estado de derecho y actúe con coherencia.

La entrada Enrico Letta: “Vivimos una alineación de planetas sin precedentes para impulsar una mayor integración europea” se publicó primero en Otrosí.

Frente a esta realidad, el pediatra Antonio Garrido-Lestache —pionero en la identificación dactilar neonatal y creador del “DNI infantil”— defiende la implantación de servicios específicos de identificación en todos los hospitales. A lo largo de su carrera, Garrido-Lestache —jefe del Servicio de Recién Nacidos y Prematuros de la Maternidad Municipal de Madrid durante años— ha desarrollado un método de identificación que permite asociar con precisión la identidad del recién nacido a la de su madre desde el momento del parto.

Basado en la toma de huellas dactilares —los dedos índice y medio del bebé, junto al índice y pulgar de la madre—, su propuesta busca integrar estos datos en la Declaración de Nacimiento del Registro Civil. El objetivo: asegurar la correspondencia entre la identidad jurídica y la identidad biológica. Una fórmula que, en sus propias palabras, permite saber con certeza “quién es quién y quién es de quién”.

Desde su punto de vista, “se trata de instruir a los profesionales de los servicios de maternidad para que, al cumplir la ley, podamos dar a cada quien lo que le corresponde”.

A su juicio, “lo ideal sería crear un servicio de identificación de recién nacidos en las maternidades, que acometa estas tareas de identificación y dé trámite al Registro Civil. Argentina ya lo tiene desde 1938 y en España este servicio no puede dilatarse más en el tiempo”.

Para este experto, “con las primeras 1.500 huellas que fueron examinadas por la Policía Científica, con un éxito del 100% —y que fueron presentadas por la policía en un Seminario Mundial de Violencia contra los Menores—, y teniendo ahora unas 6.000 huellas con el mismo éxito del 100%, y siendo muy fácil la docencia y a coste cero, no deberíamos esperar más a crear estos Servicios de Identificación y presentar lo conseguido a la raza humana por España”.

“Según nos dijo hace unos años la consejera de Sanidad, Rosa Posada (1995-99), esta iniciativa era la principal aportación médica a la ciencia médica desde Cajal, hecha en España y por españoles. En manos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está esta seguridad para todos los niños y sus madres, especialmente ahora, por las guerras y las evacuaciones que se producen”, comenta este médico.

Antonio Garrido-Lestache es el promotor del Sistema de Identificación del Recién Nacido por Dactiloscopia. Es presidente de honor de la Fundación Vida, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para la Humanización de la Medicina, socio de honor de UNICEF, socio de honor de las Sociedades de Pediatría de Madrid y de Castilla-La Mancha, miembro de la Asociación Española de Pediatría y expresidente del Comité de Identificación del Recién Nacido.

Nacido en Madrid en 1931, hijo del cirujano infantil Dr. Juan Garrido-Lestache y de doña Elvira Cabrera, está casado desde 1956 con doña María del Carmen Angulo. Son padres de cinco hijos. Pertenece a una familia de médicos con destacados profesionales en distintas especialidades.

Como jefe del Servicio de Recién Nacidos y Prematuros de la Maternidad Municipal de Madrid y como pediatra en su consulta del barrio de Salamanca, ha atendido a más de 20.000 niños a lo largo de más de cincuenta años de vida profesional.

Tras más de tres décadas dedicadas a la investigación e implantación de un sistema fiable de identificación del recién nacido, el doctor Antonio Garrido-Lestache es en la actualidad una de las autoridades más relevantes a nivel mundial en esta materia.

La normativa obliga a identificar a los recién nacidos

España es uno de los países con una legislación más avanzada en materia de identificación neonatal. Tras la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el Parlamento español la ratificó el 5 de enero de 1991, con entrada en vigor el 20 de noviembre de ese mismo año.

Posteriormente, el 7 de abril de 1995, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó la Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, cuyo artículo 11 reconoce el derecho de los recién nacidos a ser identificados de forma correcta, mediante los métodos más avanzados y precisos. La norma prevé la entrega de un Documento de Identidad Infantil a la madre, al padre o a la persona designada por la madre tras el parto. Más adelante, esta disposición fue extendida a todas las comunidades autónomas.

Esta circunstancia hace que España sea uno de los pocos países en el mundo en los que el centro sanitario donde se produce el parto debe expedir un Documento de Identificación Infantil que garantice la filiación del bebé. En 2005, Correos emitió un sello conmemorativo que reconocía esta aportación a la seguridad infantil. Sin embargo, las sustracciones de bebés y los errores en su identificación se han seguido produciendo, en buena parte debido a la falta de personal especializado en estas tareas.

Para el doctor Garrido-Lestache, la identidad del recién nacido sigue siendo “la asignatura pendiente de la sociedad española”. A su juicio, “el recién nacido tiene como derecho fundamental el ser debidamente identificado, y así poder gozar de una identidad”.

Ese derecho, recuerda, está recogido en los artículos 7 y 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, así como en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, donde se establece que los menores gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados por España —especialmente en la citada Convención— y en el conjunto del ordenamiento jurídico.

A esa normativa se suman otras disposiciones relevantes, como la Ley Orgánica de Protección de Datos (LO 15/1999); la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, cuyo artículo 11.1 recoge el derecho a una identificación correcta y a la expedición de un DNI infantil; y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.

Por su parte, el INSALUD estableció el 1 de marzo del año 2000 la obligatoriedad de cumplimentar un Documento de Identificación Sanitaria Materno-Filial en todos sus centros, un protocolo que fue posteriormente asumido por algunas comunidades autónomas con competencias en materia de sanidad, entre ellas la Comunidad de Madrid. Dicho documento recoge los datos identificativos de la madre y del recién nacido, así como sus huellas dactilares, además de los datos relativos al nacimiento.

La normativa se completa con la nueva Ley del Registro Civil, 20/2011, de 21 de julio, cuyo artículo 46 —modificado por la Ley 19/2015— establece que el Registro Civil debe comunicar en un plazo de 72 horas los nacimientos que se produzcan. Además, impone al personal sanitario que asista al parto la obligación de adoptar medidas adecuadas para comprobar la relación de filiación materna.

Por último, el Código Penal recoge en su artículo 220.5 que la sustitución de un recién nacido por otro constituye una imprudencia grave, castigada con penas de prisión de seis meses a un año. El artículo 222 prevé la inhabilitación especial de dos a seis años para el personal sanitario que colabore en estos hechos.

Argentina, país pionero

Este experto reconoce que ha estudiado la identificación infantil en Estados Unidos, Argentina y Venezuela. Señala que Argentina nos lleva ventaja desde 1938, cuando creó el primer Servicio de Identificación y Custodia del Recién Nacido, modelo que —según explica— está recogido en el Código Penal español y que, por tanto, debería implantarse de forma general en todas las maternidades.

Todas las investigaciones que ha llevado a cabo han sido financiadas por él mismo. “Nunca tuve una ayuda externa de financiación”, señala.

Se le considera el “padre” del llamado “DNI” de los recién nacidos, creado en 1996. Este documento fue diseñado por técnicos de la Comunidad de Madrid, la Policía Científica y la Universidad Complutense, bajo la dirección del Dr. Garrido-Lestache, y producido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es un sistema único en el mundo. Correos llegó a dedicarle un sello conmemorativo. Ahora, el pediatra reclama una mayor formación en esta área para que ningún niño pueda extraviarse al venir al mundo.

Sobre dicho sistema de identificación, resalta que “se trata de incorporar en el documento en que se registra el nacimiento del bebé las huellas dactilares de los dedos índice y medio del recién nacido, junto a las huellas de los dedos índice y pulgar de la madre, ambos de la mano derecha. Esta es una certificación hecha por el tocólogo que asiste al parto. De esta forma, la identidad jurídica se corresponde con la identidad antropológica del binomio madre e hijo”.

En cuanto a la forma correcta de realizarla, el pediatra explica: “El niño debe estar boca abajo, porque boca arriba siempre contrae la mano; pero de esta forma la extiende y entonces es facilísimo obtener la huella. También hay que usar tinta especial, papel especial y lupa de seis aumentos. Como ve, el precio es ínfimo, por no decir cero. Y el resultado del trabajo, que yo tengo hecho con la Policía Científica española, es del 100 %”.

Curiosamente —añade— “es ley en España desde el 6 de enero de 1991, cumpliendo el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero en nuestro país podríamos decir que la práctica equivale a cero, por una sencilla razón: nunca ha habido docencia. Siempre ha habido muchas disfunciones en la identificación del recién nacido. Es necesario tener personal preparado —que puede ser sanitario o no— en la toma de huellas dactilares”.

En su opinión, “la enseñanza y el aprendizaje es lo más fácil, y el coste es cero. Es lo más fácil del mundo. Si no se ha hecho hasta el momento es porque no ha habido voluntad política de cumplir la ley”.

Defiende que España debería seguir el modelo argentino: “Nos llevan ventaja porque hay hospitales que crearon, hace 87 años, el Servicio de Identificación, Guardia y Custodia y Entrega de los Recién Nacidos a sus madres. Así no puede haber ninguna duda de que se hace todo bien, y es impensable que un niño pueda ser cambiado, robado o mal adoptado”.

Hay errores importantes

Este experto reconoce que se cometen errores graves: “La tinta no es la adecuada, ni el papel, ni la lupa para comparar una huella con otra. El personal médico tiene una función médica que cumplir. En cambio, el identificador solamente cumple la función de reconocer a los niños, y no otra: debe hacerlo al nacer y al ser dado de alta. Es decir, que las maternidades de España no cumplen las leyes del Estado español”.

Desde su punto de vista, la clave está en “crear en las maternidades los Servicios de Identificación del Recién Nacido, dando cursos, títulos… repito nuevamente”.

“El Estado español ha depositado, por ley, la facultad de certificar la vida en las matronas y los médicos, como notarios del Reino de España. Pero claro, si se ocupan de la asistencia médica, no tienen por qué identificar también. Tiene que ser solamente personal con título de identificador, sea médico o no”.

Pese a sus esfuerzos investigadores a lo largo de su carrera profesional, el profesor Garrido-Lestache fue invitado a dar conferencias sobre este DNI de la Comunidad de Madrid en Estados Unidos, Venezuela, París o Argentina, por haber sido España el primer país en lograr la huella dactilar de los recién nacidos y publicarla. “Con ese trabajo demuestro lo sencillo de su obtención. Tengo tesis doctoral sobre este DNI en la Policía Universitaria Científica de Buenos Aires y en Chile, con una calificación de diez”, señala.

Apasionado de la pediatría, cree que la solución a este problema es más sencilla de lo que se piensa: “Las maternidades tienen que tomárselo en serio. Lo hicimos en la Maternidad Municipal de Madrid y salió muy bien. Pero en la actualidad las maternidades no hacen dicha identificación de forma correcta”.

“Yo pido a la nación española, para bien de todos, una auditoría médico-jurídica, por ser un tema jurídico que empieza en los paritorios, como corresponde a nuestra seriedad científica. Eso se pidió hace años en el Congreso de los Diputados por el catedrático Manuel Fraga. Se trata de corregir conductas intencionadas y negligentes que han dado lugar a situaciones irregulares en la identificación de los recién nacidos”, afirma.

“La consecuencia de no hacerlo, que es lo más grave, son los niños cambiados, robados, adoptados irregularmente y que pierden todos sus derechos civiles. Por otro lado, cambiar a un niño por otro está penado por el Código Penal muy gravemente”, aclara.

Desde su punto de vista, “un niño identificado es inviable que sea cambiado, robado o mal adoptado. Incluso un pequeño que ha perdido su identidad puede casarse con su propia hermana, así que, para salvaguardar los derechos de los niños a la identificación, amparado por todas las leyes, lo más sencillo, bueno y barato son las huellas dactilares. Sabiéndolas tomar”.

Como colofón, concluye: “Los médicos buscamos la verdad. Nada más hermoso que conocer la verdad, nada más vergonzoso que defender la mentira y tomarla como verdad. Ya lo dijo Cicerón hace muchos años”.

La entrada Antonio Garrido-Lestache: “Los robos de bebés se evitarían si se hiciera siempre identificación dactilar adecuada al nacer” se publicó primero en Otrosí.

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En las 15 sesiones programadas se tratarán cuestiones relacionadas con el entorno digital, como los sistemas de verificación de edad, los ciberdelitos o el papel de los menores como consumidores digitales. También se hablará de neuroderechos y de la protección de datos en el entorno educativo. Los derechos de los niños en conflictos migratorios o en procesos de adopción internacional, la atención a menores con discapacidad en procedimientos de familia, o la vulneración de los derechos de honor, imagen e intimidad serán otras de las cuestiones que se analizarán a o largo del mes de noviembre.

Ana Caballero, abogada experta en transición digital, señala que la idea de estos talleres ha sido de su colega María Giráldez de Luis, abogada especializada en derecho de familia e infancia a nivel internacional.

“Al final, nos hemos repartido los talleres: María ha organizado los de contenido offline, y yo me he encargado de los de corte digital. La problemática de los menores es transversal, por lo que hemos involucrado a la mayor parte de los presidentes de otras secciones del ICAM”, comenta Ana.

Para María, “estamos en un momento clave para la infancia y adolescencia no solo a nivel nacional, sino también en el entorno internacional. Después de muchos años, la clase política está preocupada por lo que está ocurriendo en cuanto al futuro de los menores. Esta es una oportunidad para mejorar la protección de los menores mediante la creación de grupos interdisciplinares que nos harán avanzar mucho”.

Menores y entorno digital

En la parte digital, el 13 de noviembre, se abordarán varias cuestiones de calado. “Un experto como Borja Adsuara, abogado y consultor, abordará en su ponencia los sistemas de verificación de edad que cumplan con la DSA, el RGPD y el IDAS2, este último regula todo lo relacionado con la cartera digital”.

Caballero subraya además que “la intervención de José García, jefe de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, presentado por Rubén Martín, presidente de la sección de Penal, profundizará en el terreno de los ciberdelitos en los que los menores pueden ser víctimas y agresores, y cómo se realiza la investigación de esos ciberdelitos desde esta Unidad Especializada”.

Este grupo de talleres sobre el entorno digital lo complementará “Vera Sopeña, jefa de Gabinete de Presidencia de la CNMC, quien abordará la relación entre la DSA europea y los menores. Este regulador ha sido nombrado como autoridad de control de la DSA, y dentro de esas funciones se desarrollan protocolos y códigos vinculados a los menores. En su intervención nos dirá en qué estado se encuentran estos trabajos”.

En los talleres del 19 de noviembre también hay uno orientado hacia el mundo digital: “Se analizará la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023, que se presentó en septiembre y contará con la intervención de Rosa Hernán, fiscal de la Unidad Central de Menores de la FGE, quien analizará la casuística de estos delitos cometidos por menores y su impacto en la tecnología. Sabemos que en la memoria de 2022 se incrementaron en un 116 % los delitos contra la libertad sexual”, destaca Ana.

Respecto al día 20 de noviembre, fecha en la que se conmemora la Declaración de los Derechos del Niño, “intervendrán por la mañana en un taller específico Laura Davara y Elena Davara, abogadas y DPO, para abordar la cuestión de la protección de datos en el entorno educativo. Es un taller práctico para DPOs de centros escolares en el que analizarán las resoluciones más recientes sobre esta cuestión”.

Ana Caballero aclara que “ese mismo día por la tarde, Nieves Moralejo, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, profundizará en el impacto que en el honor, imagen e intimidad sufren los menores en las redes sociales. Otro tema de plena actualidad que será presentado por Cristina Izquierdo, copresidenta de la sección de Derechos Humanos del ICAM”.

Por su parte, Rafael Francisco de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III, “planteará en otro taller todo lo relacionado con los neuroderechos, y si es necesario que se regulen, más allá de la Carta de los Derechos Digitales que se presentó en nuestro país en julio de 2021. Al mismo tiempo, comentará cómo se está regulando en nuestro entorno europeo y qué impacto puede tener en los menores”.

Finalmente, la copresidenta de la sección de Infancia y Adolescencia destaca que el día 20, juristas como Anabel Arias (CECU) y Alejandro Perales (AUC) abordarán el papel de los niños, niñas y adolescentes como consumidores digitales. “Es evidente que los menores tienen cada vez un papel más activo en este entorno, lo que genera que tengan derechos digitales y no digitales”.

Como colofón a estos talleres, Ana resalta que María Saltieri, de la Fundación Montessori Sin Fronteras, ha organizado el 22 de noviembre un evento en la sede del Parlamento Europeo en Madrid para conmemorar este 35.º aniversario, “donde hablaré sobre el Pacto de Estado por la protección de los menores en este entorno digital”.

Menores y derechos analógicos

María Giráldez de Luis, abogada especializada en derecho de familia e infancia a nivel internacional, explica la otra parte de estos talleres, que tienen un contenido más convencional, fuera del entorno digital. “Estamos pasando por una etapa intensa en cuanto al estudio o la evaluación de los derechos de la infancia y adolescencia. Actualmente, España está siendo evaluada por el Comité de los Derechos del Niño”.

Para esta jurista, “hemos detectado carencias en estos temas que podrían cubrirse desde una especialización completa y transversal, como hemos hecho al poner en marcha esta Sección de Infancia y Adolescencia en el ICAM”.

Desde su punto de vista, “este es el momento de trabajar con otros agentes sobre la problemática del menor, que es transversal. En España, la creación del Ministerio de Juventud e Infancia ha sido clave para esta concienciación de los problemas de los menores. Ahora es esencial crear grupos de trabajo interdisciplinares”.

Destaca que para junio de 2025 “vamos a tener dos cuestiones importantes. Por un lado, la 27.ª Observación General del Comité de los Derechos del Niño, que trata precisamente del acceso a la justicia de la infancia y la adolescencia. En España tenemos cubierta la defensa en cuanto a víctimas, aunque falta una mejor especialización y cobertura. Esto lo sabemos por las actividades intercolegiales de otros compañeros”.

Sin embargo, María subraya que “hay una cierta infancia invisibilizada: aquellos niños y niñas cuya defensa de derechos está amparada a través de sus progenitores o de la administración en caso de tutela. Creemos que son los niños invisibilizados, no solo porque muchas veces es difícil defender sus derechos en el entorno digital, sino porque los padres no saben cómo protegerles. En este contexto es difícil que una abogacía sin competencias pueda ayudarles”.

Además, indica que “existen niños y niñas en procesos de adopción o en tutela administrativa. Este es un taller que se impartirá el próximo 20 de noviembre, donde Paloma Zabalgo, presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, moderará la intervención de la abogada especialista en estos temas, Blanca Rudilla”.

Otro taller que destaca tendrá lugar el 19 de noviembre y contará con la participación de Maribel Illescas, directora de CAI 1; Ana García, del equipo psicosocial del juzgado de Madrid, y la propia María Giráldez de Luis, sobre “La infancia en situación de riesgo y desempleo”.

Para esta experta, “que la administración tutele a estos menores sin un control judicial previo no ofrece una tutela judicial efectiva. En este contexto, se echa en falta la asistencia jurídica gratuita para esa infancia tutelada. Esto es un problema porque la familia no accede a justicia gratuita en prevención. En su opinión, los trabajadores sociales y psicólogos no entienden que las familias tengan derechos y estén asesoradas. Este tipo de taller es clave y tenemos la previsión de repetirlo periódicamente por su importancia”.

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Desde su punto de vista, “hemos convertido durante dos días a Madrid en general, y al ICAM en particular, en el centro del derecho de daños a nivel internacional. Soy consciente de que en España todavía el concepto no está del todo acuñado y hay abogados de víctimas de accidentes y otros relacionados con las aseguradoras, pero el trabajo de PEOPIL como asociación global busca promover, junto con asociaciones nacionales como ANAVA-RC en España, ese conocimiento e intercambio de información a nivel europeo”.

A su juicio, “es fundamental aproximarse al derecho de daños a través del derecho comparado. Como apuntábamos en la inauguración del evento, lo que nos une es más que lo que nos separa. De hecho, esas diferencias que nos separan deben ser fuente de inspiración y conocimiento para generar cambios que redunden a favor de proteger los derechos de los perjudicados y reforzar también la confianza en el derecho de daños por parte de la sociedad”.

En su opinión, “deben percibir que el derecho de daños es una herramienta vital para proteger sus derechos. No se trata solo de obtener indemnizaciones que compensen dichos daños, sino de incorporar cuestiones de seguridad y salud. Al final, todas estas cuestiones redundan en beneficio de todos, y con esa visión que ofrece el derecho comparado, desde luego que nos enriquecemos todos de alguna manera, como hemos visto en estos dos días de Congreso”.

Esta jurista es consciente de que en este mundo sin fronteras global, “donde podemos tener un accidente en cualquier parte del mundo, es fundamental que nosotros como abogados podamos dar ese servicio de una u otra manera. Un Congreso de este tipo ha ayudado a que se conozcan letrados de distintas jurisdicciones, una cuestión clave para poder dar ese servicio jurídico como partner jurídico en cualquier momento y que conozca bien la normativa de ese país en cuestión”.

Ana Romero confiesa que uno de los objetivos de la creación de PEOPIL como red paneuropea de abogados expertos en derechos de daños y responsabilidad civil es “precisamente lo que estamos apuntando. Se trata de crear esa comunidad internacional de abogados especializados en responsabilidad civil y que sepas que a través de nuestra organización puedes acceder a compañeras y compañeros que son referentes en este campo en sus respectivas jurisdicciones”.

A este respecto, recuerda que la entidad que preside tiene una relación estrecha con organizaciones como la American Association for Justice, que es la equivalente a una asociación de abogados especializados en daños. “Es una asociación importante y grande con la que trabajamos. Al mismo tiempo, mantenemos relación con la asociación británica, la holandesa, la francesa e incluso con la australiana, que aunque nos queda muy lejos, es muy enriquecedor mantener contacto con dicha entidad”.

IA y Derecho de Daños

Una parte de este I Congreso ha servido para ahondar en el impacto que puede tener en el derecho de daños la irrupción de herramientas de IA. “Nuestros ponentes han apuntado la relevancia de este fenómeno. La llegada de la IA lo está cambiando todo. No sabemos bien hacia dónde va a ir. Es algo que parece que puede ser incontrolable; sin embargo, es importante y crucial que los abogados expertos en RC estemos ahí y estemos al día”.

Para la presidenta de PEOPIL, “este fenómeno nos tiene que ayudar a trabajar juntos sobre esta cuestión para poder proteger los derechos de las personas. Nosotros como asociación presentamos en Bruselas un informe sobre la nueva directiva de producto defectuoso que está a punto de aprobarse el próximo mes de junio. Luego tendrá un tiempo de transposición de dos años. Habrá que ver realmente cómo se implementa en los distintos países”.

En nuestro caso, “nosotros hemos estado reunidos con la Comisión Europea hace unos diez días abordando estas cuestiones sobre dicha directiva y otra relacionada con la culpa y la IA. Estoy convencida de que esta cuestión la tenemos que abordar desde Europa porque es donde se está cocinando todo. PEOPIL, que reúne abogados de distintas jurisdicciones, es el interlocutor perfecto y así nos lo transmitieron desde la UE”.

De hecho, el informe de PEOPIL ofrece una visión comparada de la problemática relacionada con la IA. “Las principales conclusiones de este informe las ha expuesto nuestro socio español Miquel Martí-Casas en una de las ponencias de este Congreso. Nosotros hemos entregado esta información a la Comisión, que ellos habrían tardado años en lograrla de forma fácil y coordinada como ha sido este caso concreto”.

En este contexto, Romero es consciente de que “cada país traspondrá de una manera diferente dichas directivas, con sus matices. Es evidente que habrá que estar muy pendiente de cómo se trasponen en los diferentes países las citadas directivas. Todo ello va a generar en cada país eventos en forma de conferencias y congresos que habrá que estar muy pendiente de su desarrollo en los próximos años”.

El debate está abierto y este I Congreso Internacional de Responsabilidad Civil y Seguro, organizado por el ICAM, es buena prueba de ello. “Otra de las ponentes, Bárbara de la Vega, ha dejado claro que la cuestión está en definir bien a quién pedir responsabilidades por el daño que produzca el uso de las herramientas de IA, ya sea por negligencia o dolo. Creo que a través de la práctica iremos definiendo quién es realmente el responsable de dichos daños, si la empresa que compró la herramienta o el fabricante de la misma”.

Habrá seguro de RC para IA

Desde su punto de vista, “hay que darse cuenta de que vivimos en un entorno muy cambiante, con lo cual se puede legislar hasta cierto punto, pero la práctica será crucial. Al mismo tiempo, tenemos la visión de jurisdicciones como el Reino Unido, que por desgracia ya no está en Europa desde el Brexit. Es un ejemplo de common law y de no estar codificado. Su visión hubiera sido enriquecedora, pero aun así la seguimos teniendo”.

En su opinión, “la práctica de cada jurisdicción yo creo que es la que va dando forma a la realidad. En el futuro escenario, es bastante posible que frente a la legislación garantista de Europa, mucho más proteccionista, países como EE.UU. y China apuesten por el comercio sin apenas restricciones. Es algo que ya ha pasado hace años con el RGPD europeo y es previsible que suceda de nuevo. La normativa china que conocimos en este Congreso deja claro por dónde va esta legislación, mucho menos restrictiva que el Reglamento de IA”.

Ana Romero, que es socia de Astrom Legal, boutique centrada en derecho de daños con oficina en Málaga, está convencida de que “el papel de Europa va a garantizar cierta cordura y coherencia en este contexto. A medio plazo, es bastante factible que se creen los seguros de responsabilidad civil en materia de IA. Va a ser necesario, sin lugar a dudas. Lo que sucede es que habrá que delimitar los riesgos muy bien, definir esa póliza y su cobertura, pero parece que igual que se creó el seguro de ciberriesgos en relación con los ataques informáticos, tengamos otro sobre la IA y sus herramientas”.

Sobre la experiencia de organizar este Congreso Internacional en Madrid, nuestra interlocutora se muestra satisfecha: “Ha sido fantástica. El haber celebrado y organizado este I Congreso con el apoyo del Colegio de la Abogacía de Madrid y su sección de Responsabilidad Civil y Seguro ha sido una notable experiencia de la que estamos muy satisfechos. Ha sido el escenario ideal para empezar ese camino de colaboración”.

A su juicio, “los copresidentes de la sección, Manuel Castellanos y José Antonio Badillo, han colaborado estrechamente con PEOPIL y nos han dado todo tipo de facilidades. El resultado está ahí. Hemos tenido el mejor compañero de viaje en la organización de este evento internacional, que ha sido el ICAM a través de su sección de RC y Seguro”.

Finalmente, la presidenta de PEOPIL augura que “a partir de aquí podemos pensar en otro tipo de colaboraciones relacionadas con el derecho de daños. Hay que estudiar en el futuro si queremos que sea anual, pero por encima de todo tenemos que seguir construyendo esta comunidad internacional de abogados especialistas en RC”.

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Para este jurista “es fundamental que se conozca el mecanismo de funcionamiento, que ahora puede pedirse de forma online”. Desde este departamento se revisa y en su caso se pide que se aporten documentos y pruebas para confirmar el problema por el que pasa el abogado. Si se completa, se hace un borrador de propuesta de resolución, con el apoyo de los servicios jurídicos, y se eleva a la Junta de Gobierno. “Procuramos que no se extienda en el tiempo y que se resuelva lo antes posible, contando que mensualmente hay una reunión de la Junta”, indica Mata.

En el caso de que haya un órgano judicial afectado se le da traslado, “a no ser que el abogado implicado en ese asunto nos diga que no se haga por si pudiera perjudicar al cliente. No obstante, sí se suele enviar al CGPJ y al TSJ de Madrid, que hacen acuse de recibo pero no suelen tomar ninguna decisión ejecutiva al respecto. Es algo que queremos que cambie en el futuro”.

“Somos conscientes que todavía el amparo no es muy conocido, pero queremos que se use y sobre todo que en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Defensa se incluya y se regule para que implique al órgano administrativo o judicial cuestionado, de tal forma que se le obligue a abrir un expediente por esa incidencia. Por eso en las alegaciones planteadas desde el ICAM a dicho proyecto de Ley hay una sobre el amparo colegial”, subraya

En su opinión, “se trata de una mejor regulación desde el punto de vista material y desde la vertiente procesal. Al final el amparo no es más que una resolución de la Junta de Gobierno concediéndolo por distintos motivos y la comunicación a quien proceda, desde el presidente del TSJ de Madrid al presidente de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, el Delegado del Gobierno o el Defensor del Pueblo, pero hasta ahí llegamos. No tiene un mayor efecto por el momento”.

El amparo debe ser vinculante

Desde su punto de vista, “si ahora se va a regular en detalle el derecho de defensa”, es el momento de que “se le dé al amparo un mayor carácter vinculante y se obligue a la administración o al órgano judicial específico a resolver cuando les lleguen este tipo de asuntos”.

Los datos del pasado año señalan que aún hay que hacer un esfuerzo importante de difusión de esta figura en el seno de la Corporación madrileña. Según aclara Mata, en el 2023 se tramitaron 23 expedientes de amparo, de los cuales 8 fueron concedidos, 8 fueron inadmitidos (por falta de competencia territorial, de acreditación indiciaria de hechos, por tratarse de cuestiones jurisdiccionales o, en definitiva, por falta de presupuestos fácticos y jurídicos en la propia perturbación que se invoca), 6 fueron denegados y 1 se encuentra en tramitación.

Respecto a estos datos y al escaso número de amparos frente a las miles de diligencias policiales y judiciales, el Colegio baraja varias hipótesis. “En primer lugar, algunos abogados son mas resilientes que otros, han vivido un momento de tensión y prefieren no tomarlo en consideración”, refiere Mata. Como segunda causa, que se considera la más común, está la creencia de que el amparo pueda perjudicar a su cliente. Y en tercer lugar, es puro coste de oportunidad: “si el abogado se mete en este tipo de asuntos cree que puede perder un tiempo que normalmente no tiene”.

Regulado por el artículo 58 del Estatuto General de la Abogacía, el amparo colegial tiene por objeto velar por el respeto de la dignidad, independencia y libertad profesionales del letrado en el ejercicio de la abogacía y frente a una actuación de la autoridad, tribunal o juzgado que pudiera menoscabarla.

En términos semejantes se expresa el artículo 27.3 de los Estatutos del Colegio de la Abogacía de Madrid, que contempla entre las competencias de su Junta de Gobierno la de «velar por que los Abogados puedan ejercer su profesión con independencia y libertad, amparándoles cuando se menoscabe o pueda menoscabar dichos principios con quebranto o riesgo de quebranto del derecho de defensa y desarrollando, en dicho amparo, las acciones que se estimen adecuadas para preservar la dignidad de la Abogacía y el derecho fundamental de defensa de los justiciables».

Mata subraya que en el Protocolo de actuación en situaciones de acoso, amenazas y/o agresiones a profesionales de la abogacía se advierte que, “si bien la principal amenaza para la libertad e independencia en el ejercicio de la profesión normalmente proviene de los poderes públicos y sus agentes o funcionarios, desde el ICAM se han venido detectando situaciones en que la inmisión en la libertad e independencia del abogado o abogada tiene su origen en el propio cliente, la parte contraria o terceros de su entorno”.

Agresiones a abogadas

“Ante dichos supuestos, además de la actuación judicial que pueda corresponder, es aconsejable también una efectiva actuación colegial de ayuda, acompañamiento y protección al abogado o abogada víctima de tal situación”, comenta.

Frente al amparo habitual por una actuación de algún órgano judicial concreto que restringe la actuación del abogado, desde el ICAM se ve con preocupación cómo en los dos últimos años se han incrementado las amenazas o agresiones a los abogados, sobre todo mujeres, por parte de sus clientes.

“Ahora es el 37,5% del total, lo que nos preocupa mucho. Son casos especialmente graves que han tenido repercusión mediática en el caso concreto de dos abogadas amenazadas por sus clientes. Si el tema está relacionado con el Turno de Oficio solemos haber el cambio de esa abogada por otro profesional para evitar males mayores. En algunos casos nos hemos planteado desde la Junta de Gobierno que alguno de nosotros ejerza la defensa penal de la letrada agredida. Son situaciones que no pueden permitirse bajo ningún aspecto”.

Otras cuestiones que según esta última estadística han merecido amparo tienen que ver con la vulneración de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, la imposición de sanciones durante la asistencia letrada a detenidos o la falta de empatía a la hora de suspender un señalamiento.

Sobre la relación entre la abogacía y la policía cuando se produce una detención, se ha detectado un incremento de los expedientes a los abogados que atienden a ciudadanos en comisaría. “Puede acabar en multa, que va de 300 euros en adelante, por falta de respeto a la autoridad, según la actual Ley de Seguridad Ciudadana, fruto de ese conflicto que se produce”.

A juicio de Mata, este tipo de situaciones no deberían acabar en expediente: “es cierto que hay momentos de tensión, pero si surge, el policía correspondiente debería comunicárnoslo al propio Colegio para que nosotros tomemos las medidas adecuadas por si hubiera una infracción deontológica. Pero no se puede tratar al abogado como si fuera un ciudadano, en el momento que asiste al detenido debe tener más consideración, sin acabar en estos expedientes”.

Por otra parte, también subraya que “con esta campaña de difusión queremos dejar claro que el amparo colegial no es el instrumento adecuado para hacer valer discrepancias que tengan que ver con cuestiones procesales o de derecho sustantivo, las cuales pertenecen al ámbito jurisdiccional y deberán solventarse, en su caso, por el cauce de los recursos que prevé la ley”.

Javier Mata recuerda, desde otra óptica, que el amparo no puede suponer una pretensión de apoyo colegial a pretensiones de parte: el principio de igualdad y el de neutralidad institucional imponen el máximo respecto a la dialéctica y confrontación entre partes procesales.

Para este jurista, “una misma actuación podría generar una infracción jurisdiccional que sería recurrible en apelación tras la sentencia que se dicte o con cualquier otro recurso, y al mismo tiempo se encuentra la propia actitud de un juzgador que puede llegar a violentar gravemente al abogado. Puede meterle tanta presión que no pueda hacer su trabajo. Este acto procesal que es recurrible creo que podría ser amparable para que al juez se le diga que no debería actuar así porque está coartando el libre ejercicio del derecho a la defensa”.

Mata insiste en que, pese a haber comentado estas situaciones en las reuniones mantenidas con la sala de Gobierno del TSJ de Madrid, con la juez decana de Madrid, con las decanas delegadas de los juzgados de lo Social y de Instrucción, con la Fiscalía y con el Delegado del Gobierno, se siguen produciendo.

Al final, de lo que se trata es que “cuando presentamos a la administración y a los órganos judiciales que hemos recibido una petición de amparo colegial por una incidencia grave con alguno de nuestros abogados por medio, estén obligados a abrir un expediente informativo y resolver en consecuencia, en el caso de que haya que tomar medidas disciplinarias. Para eso urge que se modifique la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, donde se incluye este cambio”.

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En primer lugar, y a modo introductorio, ¿podría explicar brevemente qué comprende el Derecho de Daños y cuál es su alcance en el sistema legal?

Esta materia aborda una de las instituciones fundamentales del derecho privado como es la responsabilidad civil. Es temática transversal pues se contempla también desde otras disciplinas jurídicas ajenas al derecho privado. En el ámbito penal también se ventilan cuestiones de responsabilidad civil. La responsabilidad patrimonial de la Administración constituye otra manifestación de esa institución que, por otra parte, tampoco escapa al derecho laboral. Comparten todas esas facetas un entronque común y son enjuiciadas desde parámetros y criterios coincidentes.

Es materia con mucha enjundia y en constante evolución.

¿Cómo ha evolucionado el Derecho de Daños a lo largo del tiempo y qué factores han contribuido a estos cambios?

Los principios del derecho de daños continúan prácticamente indemnes, por cuanto beben fundamentalmente de las fuentes del derecho romano.

Pero la evolución ha sido constante y continua. Desde esos principios basilares, se implementan respuestas a nuevos problemas o controversias que van surgiendo. Por ejemplo, la responsabilidad médico-sanitaria era una gran desconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, en que surgieron las primeras reclamaciones por negligencia médica. Hoy es una materia en auge. Ocupa una parte significativa de la actividad jurisdiccional, aunque llevemos sometiéndola a enjuiciamiento no mucho tiempo.

En una situación similar nos encontramos ante las nuevas realidades que surgen en el ámbito de la circulación, con las nuevas modalidades de movilidad “carsharing” o los “patinetes eléctricos”.

Al igual que se ha ido dando respuesta también desde el derecho de daños a todas las situaciones surgidas en el tratamiento de datos personales y se darán a buen seguro con el uso de la inteligencia artificial. Detrás de cada respuesta una máxima, “reparar el daño causado”.

¿Cómo describiría la evolución del Derecho de Daños en la doctrina del Tribunal Supremo y qué papel ha jugado la jurisprudencia de este Alto Tribunal en el desarrollo del derecho de daños?

Yo no soy especialista en derecho civil. Mi trayectoria está estrechamente vinculada al derecho penal. Pero dentro de éste siempre han atraído mi atención los temas de responsabilidad civil en el proceso penal. En el ámbito estrictamente civil el seguimiento que he hecho de la doctrina jurisprudencial es más distante. Pero tengo la percepción de que la Sala Primera del Tribunal Supremo ha sabido ir dando respuesta a las nuevas problemáticas y controversias, teniendo en cuenta las circunstancias y los avances sociales, pero sin perder de vista los principios inspiradores del derecho desde los que hay que enjuiciar y dar sentido a la respuesta que se ofrece.

Fíjese la importancia que ha tenido el papel jurisdiccional que una de las principales teorías en el ámbito del derecho de daños es de creación jurisprudencial, algo insólito en nuestro derecho de base continental. Me refiero a la teoría de la pérdida de oportunidad que, además, ya aparece esporádicamente en la jurisprudencia penal al rebufo de la senda abierta por la jurisprudencia civil.

En esta materia, al igual que en otras, el papel del Tribunal Supremo en el desarrollo, mejora y avance del Derecho de Daños ha sido muy importante, con la ayuda siempre de los abogados especializados, que, al final, son los que proponen nuevos caminos e interpretaciones, que son discutidas y reflexionadas por los magistrados, asumiéndolas o no.

¿Qué importancia tiene la jurisprudencia europea en la evolución del Derecho de Daños en España?

Es una de las cuestiones que se analizarán en esta edición del Congreso. Queda mucho camino por andar, pero incluso los no especialistas sabemos que la repercusión de la normativa europea en el derecho de daños es relevante e irá in crescendo. La regulación comunitaria en materia de contratos, la relativa a la protección de datos y otras materias han incidido de manera muy significativa en el Derecho de Daños.

El Congreso Internacional sobre el Derecho de Daños celebra los próximos 7 y 8 de marzo su VII edición bajo el lema Daño y resarcimiento. ¿Cuáles son las novedades de esta 7ª edición y qué aspectos destacaría del programa?

El Congreso, que ya tiene cierta tradición, se mantiene fiel a sus orígenes. Se eligen unos temas de especial actualidad para tratarlos a fondo con enfoques tanto académicos como más prácticos; y se trata, al mismo tiempo, de poner al congresista al día de todas las tendencias jurisprudenciales y doctrinales, combinando el estudio de los temas de siempre que no pueden faltar, con otros más novedosos.

Uno de los temas más llamativos que se abordarán tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial en la responsabilidad por daños. ¿Cómo cree esta tecnología está cambiando el panorama legal en términos de responsabilidad por daños y qué desafíos legales plantea?

Los designios de la inteligencia artificial son inescrutables. Bromas aparte, todavía se antoja prematuro para hacer grandes vaticinios.

Es una realidad con la que vamos a convivir y quiero resaltar ese término de convivencia, no suplantación, esa es mi impresión y, por ende, nos tendremos que adaptar, como nos adaptamos al uso de las nuevas tecnologías y en general el ser humano se ha ido acoplando a los avances que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero esos avances tecnológicos deben estar al servicio de la humanidad y no arrinconarla. Y esto, en materia de inteligencia artificial y justicia, me parece importante subrayarlo en todos los sentidos de la palabra humanidad; también como expresión de que lo justo, lo jurídico es irreductible a un algoritmo. Si el componente humano es erradicado de la justicia, ya no se puede hablar de justicia. Lo justo es concepto distinto de lo exacto. La inteligencia artificial nos puede desvelar lo exacto. También nos puede ayudar en la tarea de descubrir lo justo en un caso. Pero nunca podrá suplantar en esa labor al elemento humano.

Será importante su regulación pero sin perder de vista el humanismo de nuestra sociedad.

¿A qué tipo de profesionales está dirigido este Congreso?

A todos aquellos juristas interesados en la responsabilidad civil y el seguro, con independencia que se hallen inmersos en la práctica diaria en la materia o simplemente les azuce la curiosidad.

Es un encuentro enormemente instructivo, de gran interés y de una enorme altura jurídica como pone de relieve el programa del Congreso.

Para los abogados, ¿cuál sería el valor añadido de asistir a un evento como este? ¿Qué oportunidades de aprendizaje pueden esperar?

Este tipo de encuentros son, a mi juicio, fundamentales. Primero, para tener la oportunidad de encontrarnos en foros más distendido y propicios para la reflexión, el intercambio de ideas, abrir nuevos caminos y soluciones ante problemáticas que hoy nos ocupan.

En segundo lugar, para tener más empatía y capacidad de acercarnos a otras realidades y prismas.

Y, por último, nos sirven para poner en valor la ilusión constante en mejorar, implementar nuevos caminos y tendencias, en aprender… Un buen jurista nunca pierde el interés por aprender, por escuchar las ideas y reflexiones de otros juristas.

¿Cuál es el bagaje de las seis ediciones anteriores y cómo ha contribuido esta iniciativa al desarrollo y conocimiento del Derecho de Daños?

Creo que a lo largo de la entrevista se ha podido comprobar en cierta medida el entusiasmo que me genera hablar del Congreso y del Derecho de Daños. El gran culpable de ello es el artífice fundamental de la cita, Mariano Herrador, que además de un gran profesional del derecho, es amigo y un apasionado de la materia. Y Mariano tiene una enorme capacidad no solo para entusiasmarse, sino para contagiar a otros, para arrastrar a los que tiene cerca. A todos los que de una u otra manera estamos relacionados con el Congreso, en mi caso como miembro del Comité Científico, nos ha inculcado esa pasión. Y una perseverancia y buen hacer capaz de superar dificultades del tamaño de una pandemia. Recuerdo con admiración como en un tiempo impensable y sin rendirse ante nada, supo convertir esas jornadas presenciales celebradas los días inmediatamente anteriores a la declaración del estado de alarma, en unas jornadas on line, con el mismo nivel y calidad y manteniendo el programa previsto.

El bagaje de estos años es enormemente enriquecedor. Ahí están los magníficos libros que recogen los estudios abordados cada edición.

El último Congreso en Úbeda en 2022 fue el culmen y puso de relieve la madurez alcanzada a lo largo de seis ediciones. En muchos ámbitos de la responsabilidad civil, sobre todo la responsabilidad civil médico-sanitaria, se habla de ese Congreso como el foro de Úbeda y todavía hoy se comparten muchas reflexiones que a lo largo de los tres días Congreso se compartieron en la ciudad jienense en 2022.

Creo que estamos ante una cita consolidada y que en cuanto se publica la fecha muchos profesionales señalan como cita obligada porque saben que se van a hablar de temas muy interesantes, de gran actualidad y que va a ser un encuentro provechoso tanto a nivel formativo como para el desarrollo profesional. Y me siento muy orgulloso de que el principal factótum, Mariano, venga contando conmigo para implicarme en este evento.

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Manuel Lamela, reelegido el pasado día 6 de julio presidente de la Sección de Derecho Agroalimentario del ICAM, es uno de los interlocutores adecuados para explicar este conflicto. Desde esta Sección “estamos si dando respuesta a las necesidades de dotar de una mayor seguridad jurídica a la normativa vinculada al sector agroalimentario en su conjunto, así como promover un mayor grado de conocimiento de esta rama del Derecho entre los colegiados.”

Colegiado en el ICAM en 1985 y abogado del Estado en excedencia, es en la actualidad socio director del despacho ACOUNTAX ABOGADOS. Además, es árbitro de las principales cortes del país (Corte Española de Arbitraje, Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, Corte Civil y Mercantil de Arbitraje-CIMA) y de la Asociación Europea de Arbitraje. Desde abril del 2016 preside la Sección de Derecho Agroalimentario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Para este jurista “son muchos problemas que se han ido sumando a lo largo de los años sin resolverse, esto ha hecho que la situación haya explotado estos últimos días con distintas manifestaciones “.

Desde su punto de vista, “hay elementos que están en el ámbito de las competencias de la UE y elementos de reivindicaciones que están también en las competencias del Gobierno de España. Hay un doble frente que hace más complicado resolver esa cuestión que preocupa a nuestro sector agroalimentario ante un futuro muy incierto”.

En su opinión, “el principal problema que tenemos es que cuando se acuerda la llamada Europa Verde en el amito de la Comisión Europea se diseñan estrategias de protección medioambiental de obligado cumplimiento, porque son directivas y algunos reglamentos que suponen auténticos corses para la producción agraria y especial ganadera de nuestro país”.

A su juicio, “eso hace que los costes de producción, si uno somete a esas directrices de protección medioambiental, se incrementen, y que dicho incremento vaya añadido a los que se vienen produciendo como consecuencia del entorno mundial, donde la guerra de Ucrania y algunos otros conflictos generan dificultad de abastecimiento e importaciones de grano ha ido subiendo la cesta de la compra”.

Al final “cuesta más producir y es más difícil competir”, señala este jurista en el diagnóstico de la situación actual.

La Europa del Norte es un problema

Lamela cree “Europa se ha pasado de frenada, los criterios de Europa del Norte se han impuesto a los del sur, que son los que producimos a diario como son los casos de España, Italia Francia, Portugal y Grecia. Da la sensación que no se ha pensado ese calendario de implantación. Se pueden pensar las medidas del Pacto Verde antes citado, pero no se puede implementar de la noche a la mañana”.

Para Lamela “esta implantación tan brusca está haciendo un roto importante al sector agroalimentario europeo. Es un problema grave que hay que resolver en Bruselas, hay que replantear el calendario. Los estados deberían plantarse y especialmente España, forzar una negociación de ese calendario y de esas medidas. Alguna se ha parado y no todas”.
Junto a esto, subraya que “el otro gran problema que hay son los terceros países, que es complementario a lo hasta ahora explicado. Si los acuerdos con la UE no contemplan mecanismos para garantizar que los productos agroalimentarios que vienen de esos países compitan en igualdad de condiciones de los que producimos nosotros, nuestros productores están muertos, por desgracia”.

Así, nos aclara que si producir un kilo de naranjas en España cuesta un 1.3 euros y en Marruecos el coste es de 0,7, es evidente que la naranja marroquí se comprará más que la española. Si eso lo elevas a muchos productos que están en la cesta de la compra y que se quieren exportar desde España, es muy difícil que los productos mediterráneos compitan con los procedentes de otros países, especialmente del norte de África y algún país iberoamericano. La propia Organización Mundial del Comercio dificulta la competitividad de los productos europeos.

“Al final la calidad y seguridad alimentaria que hay en Europa no la hay en ningún país del mundo, pero producir con esta seguridad alimentaria cuesta muy caro en estos momentos”.

Esto hace que los costes sean elevados. “Lo que habría que hacer es vigilar para que los productos de estos países que no cumplen con esos estándares de seguridad no se comercialicen en nuestro territorio a un precio más barato. Estamos hablando entonces de competencia desleal y puede acabar con muchas explotaciones españolas”.

En este contexto, se habla de las llamadas “clausulas espejo, es un objetivo que no es nuevo, está contemplado en la UE desde el 2002. Lo que supone es que si la UE firma un acuerdo de mercado de importación con un tercer país, hay que obligar a ese país a entrar en España con los mismos requerimientos a nivel de productos que se fabrican en Europa. Ahora, curiosamente no se está exigiendo”.

Hay que forzar una nueva negociación

En su opinión “es el momento de hacer cumplir esos acuerdos. No se toma la diligencia adecuada para que no se produzcan este tipo de situaciones, de ahí que la feroz oposición de agricultores y ganadores a que esto siga así, porque entre una cosa y la otra pierden la capacidad de competir en el mercado. En la actualidad la situación de crisis de las explotaciones de estos profesionales es muy evidente”.

Este experto señala que en los últimos años este Gobierno ha ido al tran tran y se ha dejado llevar. No ha tenido grandes iniciativas, centrándose especialmente en los Fondos Next Generation. A cambio de esos fondos se ha olvidado de otros planteamientos importantes a nivel agrario.

Lamela recuerda que en este debate en la UE, “los países del norte tienen unos intereses y los del sur otros. En los últimos treinta años esto ha sido así. Hay que buscar un equilibrio entre el ecologismo de los países del norte y las producciones de los del sur. Se trata de lograr un desarrollo sostenible en ese equilibrio que de momento no se ha logrado encontrar. Es la eterna batalla”.

En estos momentos ve que “los países del Sur no están defendiendo sus intereses, al final quien paga los platos rotos es el sector más débil que es el agroalimentario, que es una parte fundamental de nuestro PIB. Es exportador a nivel mundial de muchos de nuestros productos. Para nosotros es un sector estratégico”.

Respecto a los fondos Next Generation, “su llegada a este sector agroalimentario ha sido muy escasa, como señalan las organizaciones agrarias que se quejan de que solo reciben las subvenciones de la PAC, que cada vez son menores. Al final, se trata de hacer el campo competitivo sin pensar en esas subvenciones, pero no es sencillo”.

A juicio de Lamela, “si no vas en esa línea estás abocando a nuestros agricultores y ganadores a una condena en un plazo medio. Y eso es grave. Desde el punto de vista nacional no se han defendido bien los intereses de nuestro país en Bruselas, aquí tenemos una normativa obsoleta que hay que adecuar a la realidad”.

A este respecto, señala que “la Ley de Aguas necesita de una reforma integral, porque en nuestro país tenemos un problema grave con el agua y de planificación hidrológica que se debe modernizar. Ese tema es clave tanto a nivel de población como de nuestros cultivos para lograr cierta seguridad jurídica”.

Al mismo tiempo, subraya que “hay otro tema importante que hay que abordar es el del seguro agrario. La ley del seguro agrario vigente en nuestro país es de 1978, fue la primera que se aprobó en la España constitucional constitución y desde entonces nadie la ha tocado”.

La importancia del sector agrario

En estos momentos recuerda que “el seguro agrario es esencial para las explotaciones agroalimentarias con el fin de tener un colchón de seguridad y unas garantías para asegurar una indemnización en determinadas cuestiones. Es otro tema que hay que tocar y abordar “.

Junto a esta coyuntura, Manuel Lamela recuerda que hay otro tema “ya casi crónico que se toca muy poco y que hay que abordar, que es el de la fiscalidad del sector agrario. Hay mucha especificades a nivel fiscal que requieren de una actualización al marco fiscal existente para darle esa seguridad a la explotación ganadera y agraria”.

En este contexto, nuestro interlocutor también denuncia que “otro gran lastre es el de la burocratización y ‘administrativización’ de la gestión de la política agracia. La gestión burocrática afecta a la mayor parte de las explotaciones agracias que son pequeñas, en cuanto a ayudas, subvenciones de la PAC, régimen de controles establecido por el Gobierno español y Bruselas es un coste inasumible para una explotación ganadera o agraria en nuestro país en estos momentos”.

En cuanto a la solución de este conflicto, Manuel Lamela destaca que “son varias cosas a la vez. Hay que resolver distintas cuestiones a nivel nacional y europeo de manera simultánea. Al mismo tiempo debemos contar con un Gobierno firme que defienda estas cuestiones en Bruselas”.

Para este jurista, “las negociaciones en Bruselas son complicadas. Y hay que hacer fuerza de tal forma que, si hay cuestiones que no nos encajan, debemos decir que no, que se frene esa implantación de dicha medida y se siga negociando a nivel europeo. Las negociaciones son fundamentales para enderezar esta situación”.

El problema es que, en Bruselas, el próximo mes de junio hay elecciones al Parlamento Europeo. “En este escenario electoral se complica todo, solo se piensa en clave electoral. Esperemos que alguien advierta la necesidad de apoyar al sector agrario porque le de votos suficientes para su candidatura, pero realmente no es el mejor momento para arreglar este tema”.

A su juicio, “la problemática es parecida en los países mediterráneos de la UE, salvo en la normativa, que esa es nuestra. Estos países deberían hacer un frente común en Bruselas y provocar cambios o renegociación de calendarios de aplicación de medidas”.

Desde la sección agroalimentaria del ICAM se viene en los últimos años tomando el pulso a este sector tan importante para nuestra economía en estos momentos: “nosotros vamos a organizar el segundo Congreso de Derecho Agrario, hicimos uno hace dos años.

Abordaremos todos estos temas para plantear soluciones que ayuden a resolver esta problemática que preocupa a tantos agricultores y ganadores de nuestro país”.

Lamela entienda el hartazgo de estos profesionales: “lo que es importante es que modulen sus protestas, pueden pasar de tener el apoyo de la sociedad española a tener el rechazo de la misma. Su derecho a manifestación está ahí, pero no deben pasarse de frenada y colapsar ciudades donde la mayor parte de nosotros trabajamos”.

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Se trata tanto de promover el análisis y la reflexión, como de poner de relieve el papel crucial que juega la sociedad civil en la salvaguarda de los principios democráticos que constituyen el pilar de nuestro Estado de Derecho y también realizar futuras acciones conjuntas.

El proyecto se inaugurará con una jornada dedicada a analizar la Ley de Amnistía desde el prisma constitucional y del Derecho europeo, en colaboración con la Fundación «Hay Derecho» y con la «Plataforma Cívica por la Independencia Judicial». Esta jornada no solo marca el inicio de una serie de diálogos esenciales, sino que también pone de manifiesto la urgencia de fortalecer los lazos entre la sociedad civil y el sistema jurídico para garantizar el sostenimiento de nuestros principios democráticos.

¿Dónde reside la importancia de la sociedad civil? ¿Por qué es capital poner en valor su papel como contrapeso político y de vigilancia de las instituciones?

La viabilidad de las democracias depende de la existencia de instituciones y organizaciones de la sociedad civil fuertes y activas. Son muchos los teóricos que sostienen que la salud de las democracias está intrínsecamente ligada a la presencia de una sociedad civil robusta y dinámica. Esta sociedad civil, conformada por individuos y organizaciones independientes, actúa como un antídoto contra problemas clásicos como la desafección ciudadana, la falta de transparencia, la escasa participación en los asuntos públicos o la ausencia de espacios para la deliberación. En esencia, la sociedad civil debe ser vista como un instrumento efectivo, quizás el más efectivo, para la regeneración democrática.

No podemos olvidar que la estructura de las democracias viene a ser un sistema, dinámico y en tensión, de poderes y contrapoderes.

En España este papel encuentra su referente en el modelo de sociedad que propugna la Constitución, basado en una democracia participativa y donde los poderes públicos deben facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y cultural.

Además, nuestra Carta Magna reconoce el derecho de audiencia de todos los ciudadanos a través de sus organizaciones en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, lo que representa pasar de una organización totalmente pasiva de administrados a otra de ciudadanos activos y, para la Administración, de una situación basada en la autoridad-poder a otra basada en la negociación, la influencia y la persuasión.

¿Qué papel ha de jugar la abogacía en la defensa del Estado de Derecho?

La abogacía es uno de los pilares fundamentales de la sociedad civil, pues promueve y protege el Estado de Derecho. Concretamente, el artículo 3.1 de los Estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y el artículo 1.5 del Estatuto General de la Abogacía Española confieren al ICAM la defensa del Estado social y democrático de Derecho.

Con ello en mente, esta Junta tiene una firme convicción y compromiso con el principio de legalidad constitucional, con el Estado de Derecho y en la separación de poderes como fundamento del Estado democrático y de sus mecanismos de control.

El Colegio ha de garantizar, desde la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política, la defensa de la Constitución y de los Tratados europeos, tal y como manifestó públicamente la Junta de Gobierno del Colegio en su declaración institucional aprobada por unanimidad el pasado 9 de noviembre y a la que se sumó la mayor parte de la abogacía madrileña.

¿Cómo puede la sociedad civil y la abogacía contribuir a mejorar el sistema de justicia y fortalecer el Estado de Derecho?

En primer lugar, desempeñando de forma activa ese papel de contrapeso que antes comentábamos. Para ello tiene a su alcance diversas formas de acción para ejercer una influencia positiva. Así, por ejemplo, la sociedad civil y la abogacía tienen un papel fundamental en impulsar reformas legales necesarias y garantizar que las leyes reflejen las necesidades y valores de la sociedad. La transparencia en el proceso legislativo y la participación ciudadana son elementos clave para lograr esto. No podemos dar por sentado el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Debemos ser activos en su protección y promoción en cada momento, en cada caso y en cada reforma legal.

Además, la colaboración entre abogados, jueces, académicos y ciudadanos es esencial para abordar desafíos complejos como la lucha contra la corrupción.

Las campañas de sensibilización e iniciativas para visibilizar casos de éxito o actuaciones ejemplares son herramientas poderosas para fortalecer a la sociedad civil en la defensa del Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

¿Por qué se impulsa el ciclo sociedad civil y estado de derecho?

En primer lugar, para el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil que actúan en defensa del estado de derecho y que están consiguiendo importantes logros a pesar de sus limitaciones a la hora de actuar, como las económicas y operativas.

Con esta iniciativa, el ICAM se compromete a ayudar, a ser una plataforma para el diálogo conjunto y para emprender cualquier tipo de acción o iniciativa que sirva tanto para potenciar a estas entidades y dar visibilidad a su labor como para avanzar de forma conjunta en metas que son comunes.

¿Cuál es el mensaje que el ICAM desea transmitir a la sociedad respecto a su labor en defensa del Estado de Derecho?

Defender el Estado de Derecho es defender que todas las personas, independientemente de su posición, están sujetas a las mismas leyes y que estas leyes son claras, justas y aplicadas imparcialmente, atributos fundamentales para garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sistema legal.

Como Junta de Gobierno asumimos esta visión como parte de nuestros objetivos. No solo tenemos la responsabilidad de una gestión eficaz del Colegio y de la defensa de los intereses corporativos de la Abogacía. Como el Decano proclamó en nuestra toma de posesión, el ICAM también está llamado a reivindicar y defender el Estado de Derecho.

El mensaje que queremos transmitir con esta iniciativa que ahora inauguramos es que la sociedad civil y la abogacía tienen un poder transformador que debe ser aprovechado para construir un futuro mejor. Es fundamental ser activos en la protección y promoción del Estado de Derecho y la seguridad jurídica en cada momento, en cada caso y en cada reforma legal. Juntos, podemos trabajar para fortalecer nuestras instituciones y garantizar la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos.

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Hay una relación entre ser usuario intensivo de las tecnologías y el interés por las normas que regulan el uso de las TIC, como es su caso. Sin embargo, la encuesta Radiografía de la abogacía madrileña expone datos que evidencian un escaso uso por parte de la abogacía de determinadas herramientas digitales tales como las redes sociales (solo el 35% hace uso habitual), o los softwares de gestión (solo el 35% hace uso habitual de estas herramientas) ¿Qué opinas de este gap en el uso de las tecnologías en el ejercicio de la abogacía, profesión relativamente tecnófoba?

La abogacía es una profesión basada principalmente en la confianza y cualquier tecnología disruptiva representa un elemento de riesgo que hace difícil compatibilizar ambos mundos: abogacía y tecnología. Dicho eso, y sin negar la evidencia, creo que es cada vez más habitual que los abogados vayan incorporando tecnología a su día a día. Desde el uso de la firma electrónica hasta las últimas soluciones de IA, nuestro día a día muestra una mayor presencia de la tecnología en la profesión. Ello se debe a mi juicio a múltiples factores. La robustez de las tecnologías y el cambio de mentalidad de los abogados ha influido profundamente en ello.

Este poco interés en el uso de las tecnologías puede derivar en una falta de interés por aquellas normas que regulan el uso de las TIC ¿Qué soluciones plantea ante tal problemática?

El abogado ha de estar donde están sus clientes. Y en ese sentido es una obviedad decir que todos los sectores económicos están sumidos en un proceso de transformación digital. El abogado que desatienda esa realidad está renunciando a una parte muy relevante de las necesidades jurídicas que requieren sus clientes.

¿Cómo ha cambiado la aparición de las nuevas tecnologías ramas del derecho clásicas tales como la propiedad intelectual?

De manera radical. La sociedad ha evolucionado de manera abrupta en los últimos años y la tecnología ha jugado un papel muy relevante en ese cambio. La norma vigente en España en materia de propiedad intelectual ha sido objeto de múltiples reformas derivadas de la publicación de directivas europeas en materia de derechos de autor. Desde la inclusión de un capítulo específico para regular los programas de ordenador hasta los múltiples cambios operados como consecuencia de la modificación del alcance de los derechos de explotación, los cambios que ha sufrido la norma han sido de un importante calado.

¿Cómo es la situación en los despachos españoles con respecto al uso de herramientas basadas en la IA?

La IA, y en especial la IA generativa, es una tecnología que apenas está recorriendo sus primeros pasos. Por ese motivo resulta natural que nos falten todavía casos de uso aplicables al sector y proveedores verdaderamente solventes. Por este motivo el grado de adopción de la IA en el sector es bajo. La tecnología es inmadura y la aversión al riesgo del sector es alta. Sin perjuicio de ello son ya muchos los ejemplos que tenemos sobre la mesa en los que la IA mejora nuestro día a día y nos permite alcanzar mejores resultados profesionales, desde la trascripción de reuniones, la búsqueda de información y contenido o la generación de escritos jurídicos hasta el entrenamiento de modelos de toma de decisión basados en millones de datos.

La Unión Europea ha elaborado una propuesta de ley con el objetivo de regular el uso a la IA, rechazando la prohibición absoluta y estableciendo niveles de aceptabilidad ¿Cómo valora que Europa sea pionera en la regulación de este ámbito y en la protección ante los riesgos derivados de la IA?

Pese a que la UE ha sido el regulador que ha hecho más ruido con ocasión de la aprobación del Reglamento de IA, la realidad es que son ya muchos los estados que incluyen referencias a IA en sus ordenamientos jurídicos. En el caso europeo, la opción de un Reglamento ha demorado el proceso de adopción, pero creo que es muy adecuado que, ante el enorme impacto de esta tecnología en la sociedad, contemos con una norma que vele por la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. El tiempo nos dirá si la técnica legislativa utilizada es o no la adecuada, pero el propósito es claramente positivo y necesario.

En 2022 la UE aprobó La Ley de Servicios Digitales (DSA), ley reguladora de las plataformas digitales, y la Ley de Mercados Digitales (DMA), a fin de crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios Estas normas han cambiado la regulación de los servicios y los mercados digitales ¿En qué medida afectan tales regulaciones al sector digital, a la economía digital y a los abogados?

El objetivo principal de ambas normas es consolidar un espacio digital seguro protegiendo la libre competencia y los derechos de los usuarios.

Aunque su tramitación ha ido en paralelo, su ámbito de protección es diferente. La DSA (heredera de la histórica Directiva de Comercio Eletrónico) busca principalmente garantizar un alto nivel de protección a todos los usuarios mediante la imposición a los intermediarios de los servicios digitales de nuevas obligaciones y la consolidación del sistema de responsabilidad que se instauró hace más de veinte años con la Directiva de Comercio Electrónico.

Entre las novedades destacan mayores obligaciones de transparencia en la redacción de sus textos legales, en la moderación de contenidos, facilitando los sistemas de reporte de abusos, la resolución de disputas, el acceso a datos por autoridades, etc.

Por su parte, la DMA impone nuevas obligaciones a las grandes plataformas digitales que sean identificadas como “guardianes de acceso” por su especial relevancia o impacto. Entre esas obligaciones se cuentan las de tratar sus productos y servicios de manera no más favorable que los del resto de operadores de su plataforma, evitar que los consumidores se vinculen con empresas fuera de sus plataformas, o rastrear a los usuarios finales fuera del servicio de plataforma principal de los guardianes de acceso con fines de publicidad dirigida, sin que se haya otorgado el consentimiento necesario.

El próximo 1 de marzo arranca el Máster en Derecho Digital y Tecnologías Disruptivas, que propone una inmersión detallada en el panorama de la economía digital y en las normas que la regulan, programa formativo dirigido por usted ¿Qué aspectos del máster destacaría como diferenciadores frente a otros programas similares?

Es un máster eminentemente práctico, que busca acercar a los alumnos a los diferentes sectores económicos afectados por la tecnología, de la mano de profesionales en ejercicio y salpicado de ejemplos reales contados por sus verdaderos protagonistas. Tiene además una guinda extra, en forma de experiencia in situ en empresas para conocer de la mano de los equipos de negocio y legales la realidad de la transformación digital en las compañías en España.

Algunos estudios señalan la abundancia de vacantes de perfiles digitales en diversas empresas que no se logran cubrir ¿Sucede lo mismo en el sector legal? ¿Existe ese exceso de oferta y esa escasez de demanda de perfiles expertos en derecho digital?

No hay negocio o sector de actividad que no se esté digitalizando, lo que obliga a contar con profesionales versados en la disciplina. De otro lado, la abundante producción normativa nos obliga a estar permanentemente actualizados con cada una de las normas que a nivel europeo y doméstico se están produciendo.

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