El Tribunal Supremo (TS) ha suspendido cautelarmente la ejecución de la oferta de empleo público para el ejercicio 2023 del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en la modalidad de promoción interna que fue aprobada el pasado 11 de julio.
En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima la petición de suspensión cautelar formulada por la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia al considerar que la oferta infringía la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sendas asociaciones sostenían que, al contemplar un total de 127 plazas para promoción interna y otras 127 para acceso libre -un 50 % para cada modalidad– la oferta vulneraba el artículo 442.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que, de las plazas vacantes, se reserve un 30 % a promoción interna y que el resto se provean por el turno libre.
Los magistrados de la Sección Cuarta aseguran que, efectivamente, dicho artículo señala con claridad que, de las plazas dotadas, solamente un 30 % ha de ir a la promoción interna (funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que lleven al menos dos años de servicios efectivos en el mismo) y que debe convocarse el resto para el turno libre.
«Este es el entendimiento del precepto al que se llega a primera vista y, por tanto, también a primera vista se aprecia la contradicción del Anexo II (del Real Decreto) con él. Al decirlo, no descartamos que puedan sostenerse otras interpretaciones y sobre ello se deberá debatir en el proceso, pero en este momento considera la Sala que sí hay una apariencia de buen derecho suficiente para sustentar la pretensión cautelar», aduce la Sala.
EVITAR EL PERJUICIO
Además, los magistrados indican que con la experiencia de otros procesos de esta naturaleza en los que se han anulado todos o parte de los nombramientos efectuados, es preferible cuando se dan circunstancias como las presentes evitar tales situaciones.
Y es que, añaden, el perjuicio que pueda representar para los intereses públicos vinculados a la incorporación de quienes superen las pruebas la suspensión de la ejecución de una parte de la oferta, se ve compensado, de un lado, porque un litigio como el presente puede ser resuelto sin excesiva demora y, desde luego, a tiempo para que los procesos selectivos hayan finalizado mucho antes de que transcurran los dos años, ampliables a un tercero, a que se refiere la disposición adicional sexta del Real Decreto 625/2023.
Por otro lado, la Sala explica que esos mismos intereses públicos se verán satisfechos por la ejecución de la oferta de empleo público de conformidad a las previsiones legales.
La resolución cuenta con el voto particular de un magistrado que está de acuerdo con la medida cautelar pero discrepa de su alcance. Y es que, sostiene, al fundamentarse en los términos normativos que expone sobre la reserva de un 30% de las vacantes para promoción interna, entiende que el alcance debió ponderar tal dato y suspender la oferta en lo que exceda de ese porcentaje.
