Los resultados muestran una posición clara: la profesión no rechaza la modernización tecnológica de la Justicia, pero cuestiona profundamente la forma en que se está diseñando e implantando.

Los resultados de la encuesta, en la que han participado 1.373 colegiados/as, reflejan una posición crítica. El 46,9 % de los participantes se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento actual de la Justicia digital, frente al 22,3 % que expresa una valoración positiva. La puntuación media se sitúa en 2,6 sobre 5.

La percepción sobre sus efectos en la duración de los procedimientos es aún más negativa: el 29,8 % considera que la Justicia digital apenas está contribuyendo a agilizarlos y otro 26 % afirma que directamente los está dificultando. Solo el 7,5 % aprecia una mejora clara.

“La abogacía madrileña no rechaza la transformación digital. Lo que rechaza es una digitalización concebida e implantada sin escuchar suficientemente a quienes utilizan diariamente los sistemas y tienen encomendada la defensa de los ciudadanos. La tecnología solo es un avance cuando mejora el servicio público y refuerza las garantías”, afirma Eugenio Ribón, Decano del ICAM.

Seis de cada diez tienen problemas frecuentes para acceder al expediente

El Expediente Judicial Electrónico concentra algunas de las principales críticas de los profesionales. Aunque el 50,6 % considera que constituye un avance, solo el 13,8 % lo valora como un progreso claro. El 36,9 % lo define como un avance acompañado de problemas importantes y un 22 % sostiene que ha dificultado la instrucción de los asuntos.

Las dificultades de acceso son especialmente relevantes. El 59,4 % afirma que encuentra con frecuencia o muy frecuentemente problemas para acceder al expediente de forma completa, ordenada y con la debida antelación. Otro 29,4 % los experimenta algunas veces. En total, cerca de nueve de cada diez profesionales han encontrado este tipo de dificultades, al menos ocasionalmente.

El problema señalado con mayor frecuencia es la existencia de documentos incompletos o mal incorporados, mencionada por el 57,7 %. Le siguen las dificultades de acceso a grabaciones o archivos audiovisuales, con un 51,5 %; las diferencias de funcionamiento entre juzgados o territorios, con un 49,4 %; la dificultad para localizar documentos, con un 48,9 %; y la ausencia o deficiencia del índice electrónico, con un 42,8 %.

“Un expediente incompleto, una grabación inaccesible o un documento que no puede localizarse no son simples incidencias informáticas. Pueden impedir que un abogado conozca a tiempo toda la información necesaria para preparar una defensa. Detrás de cada fallo tecnológico puede haber un ciudadano cuyas garantías procesales se vean comprometidas”, subraya Javier Mata, Diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM.

El acceso completo al expediente, primera prioridad

Preguntados por las mejoras que deberían abordarse con mayor urgencia, los profesionales sitúan en primer lugar el acceso completo al expediente, elegido por el 73,3 %.

A continuación aparecen la interoperabilidad entre plataformas y territorios, con un 49,4 %; la correcta ordenación e indexación del expediente, con un 45,6 %; y la atención y soporte ante incidencias, con un 41,9 %.

También se reclaman mejoras en la estabilidad técnica de los sistemas, la seguridad y confidencialidad, la formación de la abogacía, la participación profesional en el diseño de las herramientas digitales, la regulación de la inteligencia artificial y la claridad de las normas de uso.

Para el Decano del ICAM, “estos resultados demuestran que la modernización no puede limitarse a trasladar los procedimientos del papel a una plataforma. Para garantizar el derecho de defensa de ciudadanos y empresas, el expediente debe ser íntegro, comprensible, actualizado, accesible desde el momento de la personación y ofrecer a la defensa las mismas posibilidades de consulta que tienen los demás operadores jurídicos”.

Por su parte, el Diputado Juan Manuel Mayllo, responsable del Turno de Oficio, pone el acento en el impacto en la Justicia Gratuita: “Estas dificultades resultan especialmente graves en el Turno de Oficio, donde los profesionales trabajan con plazos muy ajustados, intervienen con frecuencia en situaciones urgentes y atienden a personas en condiciones de especial vulnerabilidad. Si el expediente está incompleto, la grabación no es accesible o la plataforma falla, no solo se perjudica al abogado: se compromete la defensa de quien depende del sistema público para hacer valer sus derechos. Por eso exigimos que la digitalización garantice el acceso inmediato y completo a las actuaciones y que ninguna incidencia tecnológica pueda traducirse en indefensión”.

El Turno de Oficio, el más expuesto a las carencias del sistema

Quienes ejercen en el Turno de Oficio —el 18,1 % de la muestra — encabezan de forma sistemática los indicadores de fricción con la Justicia digital. El 68,5 % encuentra con frecuencia o muy frecuentemente problemas para acceder al expediente de forma completa y ordenada, frente al 64,8 % de los despachos pequeños y medianos y el 55,7 % de la abogacía in-house.

Es también el ámbito con menor confianza en la seguridad de las plataformas —el 47,5 % confía poco o nada en que garanticen la confidencialidad y el secreto profesional, frente al 42 % de los despachos pequeños y medianos y el 41 % de la abogacía inhouse— y el que sufre con mayor frecuencia fallos tecnológicos que afectan al ejercicio de la defensa: un 16 % los padece con frecuencia o muy frecuentemente, por encima del 12,4 % del conjunto de la muestra.

Sobre el Expediente Judicial Electrónico, el Turno de Oficio es además el único ámbito de ejercicio en el que la valoración negativa supera a la positiva: un 45,9 % considera que no ha supuesto una mejora apreciable o que ha dificultado la instrucción de los asuntos, frente al 43,6 % que lo percibe como un avance. Y es, junto con la abogacía in-house, el que con más fuerza reclama participar en el diseño de las herramientas digitales: el 79,6 % lo considera prioritario.

Fallos tecnológicos sin una respuesta suficientemente eficaz

El 59,7 % de los encuestados asegura haber sufrido, al menos algunas veces, fallos tecnológicos que han afectado al ejercicio de la defensa o a la adecuada prestación de sus servicios. Un 12,4 % señala que estas situaciones se producen con frecuencia o muy frecuentemente.

La respuesta disponible ante estos problemas recibe una valoración negativa. Solo el 8,6 % considera que existen mecanismos rápidos y eficaces para comunicar una incidencia y obtener una solución. El 43 % sostiene que esos mecanismos no existen y otro 36,2 % afirma que únicamente funcionan en algunos casos.

El Colegio reclama canales de asistencia inmediatos, mecanismos que permitan dejar constancia de las incidencias y protocolos que eviten que una caída del sistema o un error de la plataforma pueda perjudicar un plazo, una actuación procesal o los derechos de un justiciable.

Confianza limitada en la seguridad de las plataformas

La seguridad, la confidencialidad de la información y la protección del secreto profesional constituyen otro foco de preocupación. El 42,1 % de los participantes confía poco o no confía en que las plataformas judiciales garanticen adecuadamente estos derechos. Un 34,7 % expresa una confianza parcial y solo el 13,7 % confía plenamente en los sistemas.

El ICAM considera imprescindible que toda herramienta digital utilizada en un procedimiento incorpore desde su diseño las máximas garantías de seguridad, trazabilidad y protección de la información. El secreto profesional y la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente no pueden quedar condicionados por las limitaciones de una plataforma.

Las videoconferencias resultan útiles, pero no para todas las actuaciones

Los resultados ofrecen una valoración más favorable de las videoconferencias cuando se emplean en actuaciones concretas. El 17,3 % considera que han mejorado claramente la calidad del servicio y el 38,1 % aprecia una mejora en determinados actos. Por el contrario, un 16,1 % no observa una mejora relevante y un 12,5 % considera que han empeorado el servicio.

Respecto a los juicios telemáticos, el 26,4 % se muestra favorable a su utilización general, mientras que el 36,8 % los acepta exclusivamente para actuaciones sencillas o no controvertidas. Un 21 % se opone con carácter general y un 14,8 % condiciona su empleo a la jurisdicción o al tipo de procedimiento.

El principal riesgo identificado son los problemas técnicos durante la vista, señalados por el 68,3 %. También preocupan la dificultad para valorar la prueba testifical o pericial, con un 56,6 %; la menor inmediación judicial, con un 53,8 %; la dificultad para comunicarse con el cliente, con un 43,4 %; y la pérdida de solemnidad o garantías procesales, con un 38,6 %.

El ICAM defiende que estas herramientas puedan utilizarse cuando aporten una ventaja real, pero rechaza su aplicación automática en procedimientos en los que sean esenciales la inmediación, la valoración directa de la prueba o la comunicación permanente y confidencial entre el abogado y su cliente.

Preocupación por la inteligencia artificial en la Justicia

La incorporación de la inteligencia artificial al sistema judicial despierta una inquietud elevada. El 59,3 % de los profesionales está mucho o bastante preocupado por su utilización por parte de magistrados y fiscales. Solo el 20,5 % manifiesta preocuparse poco o nada.

La opción con mayor respaldo es permitir la IA únicamente como herramienta auxiliar y con control humano, elegida por el 46,1 %. Otro 28,6 % considera que debería prohibirse en las decisiones judiciales o fiscales sustantivas. Un 20,1 % admite su utilización siempre que exista transparencia y supervisión.

La preocupación se extiende también al ejercicio de la propia abogacía: el 50,4 % se declara mucho o bastante preocupado por el uso profesional de estas herramientas, mientras que un 22,6 % manifiesta cierto grado de inquietud.

Tres de cada cuatro reclaman transparencia sobre el uso de IA

El 75,7 % de los encuestados respalda alguna obligación de declarar el uso de inteligencia artificial en los procedimientos. El 36,3 % considera que debería comunicarse siempre; el 32,1 %, cuando pueda afectar al contenido jurídico o probatorio; y el 7,3 %, en el caso de determinados operadores jurídicos.

Entre los principales riesgos de la IA aplicada a la Justicia sobresalen los errores o sesgos, señalados por el 76,6 %, y la falta de control humano suficiente, mencionada por el 67,2 %.

También preocupan la responsabilidad profesional derivada de su utilización, con un 45,3 %; el uso de datos confidenciales o protegidos, con un 43,6 %; la desigualdad entre partes con distinto acceso tecnológico, con un 42,4 %; la falta de transparencia, con un 40,5 %; y la posible afectación al derecho de defensa, con un 35,2 %.

El 95 % quiere que la abogacía participe en el diseño de la Justicia digital

Uno de los resultados más concluyentes del estudio es la demanda de participación profesional. El 95,4 % considera que la abogacía debería intervenir más activamente en el diseño, evaluación y mejora de las herramientas de Justicia digital. Para el 76,9 %, esa participación debe ser prioritaria.

El dato respalda la posición mantenida por el ICAM: no se puede transformar la Administración de Justicia de espaldas a quienes trabajan diariamente con sus plataformas y tienen encomendada la defensa de los ciudadanos.

El Colegio reclama una participación estable y efectiva de la abogacía desde las fases iniciales

de elaboración normativa y diseño tecnológico, y no únicamente cuando las herramientas ya han sido implantadas y sus problemas se han trasladado a los procedimientos.

“Escuchar a la abogacía no es defender un interés corporativo. Es incorporar al proceso de transformación digital la experiencia de quienes conocen las consecuencias que puede tener cada deficiencia sobre un procedimiento y sobre la vida de un ciudadano”, destaca el Decano del ICAM, Eugenio Ribón.

Los profesionales piden al ICAM firmeza y mecanismos de protección

Las respuestas abiertas refuerzan las conclusiones de la encuesta. Entre las medidas dirigidas al ICAM se reclama la creación de mecanismos de protección frente a las consecuencias procesales de los fallos tecnológicos, así como una actuación firme del Colegio ante las administraciones cuando las deficiencias de los sistemas puedan generar desigualdad de armas o indefensión.

Los testimonios describen expedientes incompletos o sin foliar, grabaciones inaccesibles, plataformas diferentes según el territorio, dificultades para dejar constancia de las incidencias y situaciones en las que los plazos continúan avanzando pese a no haberse facilitado toda la documentación.

“Nuestra obligación es estar pegados a la realidad de los colegiados, escuchar sus dificultades y actuar. Cuando defendemos que un abogado pueda acceder a un expediente completo, comunicarse confidencialmente con su cliente o reaccionar ante un fallo tecnológico, estamos defendiendo las garantías de toda la ciudadanía», concluye Eugenio Ribón.

Una muestra plural y con amplia experiencia profesional

El estudio recoge respuestas procedentes de distintas formas de ejercicio (despachos medianos o grandes, turno de oficio, abogacía inhouse… ) y por edades, el 41 % tiene entre 36 y 55 años, el 39,1 % se encuentra entre los 56 y los 65, el 13,5 % supera los 66 años y el 6,3 % tiene hasta 35. La composición refleja una participación especialmente elevada de profesionales con amplia experiencia en el funcionamiento cotidiano de los órganos judiciales.

Principales resultados del estudio

• El 46,9 % está insatisfecho o muy insatisfecho con la Justicia digital.
• El 55,8 % considera que apenas agiliza los procedimientos o que los está dificultando.
• El 59,4 % encuentra con frecuencia dificultades para acceder adecuadamente al expediente.
• El 57,7 % denuncia documentos incompletos o mal incorporados.
• El 51,5 % tiene problemas de acceso a grabaciones o archivos audiovisuales.
• El 73,3 % sitúa el acceso completo al expediente como la mejora más urgente.
• Solo el 8,6 % considera eficaces los mecanismos de resolución de incidencias.
• El 68,3 % identifica los problemas técnicos como principal riesgo de los juicios telemáticos.
• El 59,3 % está mucho o bastante preocupado por el uso de IA por magistrados y fiscales.
• El 75,7 % respalda algún deber de declaración del uso de IA.
• El 95,4 % exige una mayor participación de la abogacía en el diseño de la Justicia digital.

Nuevo número de OTROSÍ

El “I Estudio ICAM sobre Justicia Digital” nace como una iniciativa de OTROSÍ y se integra en la estrategia que la revista del ICAM ha consolidado en los últimos años: identificar los cambios que están transformando la Justicia y el ejercicio profesional, analizarlos con datos y conocimiento jurídico especializado y convertir ese análisis en una herramienta de influencia colegial.

Según explica la Diputada Roberta Poza, presidenta del Consejo Editor, “OTROSÍ aspira así a ser algo más que una publicación informativa: un espacio desde el que la abogacía pueda anticiparse a los cambios, detectar riesgos para las garantías procesales y aportar propuestas concretas.”

El Estudio se completa con un dossier jurídico de análisis publicado en la revista dedicado a la Justicia Digital y sus garantías procesales con la valoración de especialistas como los magistrados Eloy Velasco o Joaquín Delgado, entre otros, y coordinado por Antonio Abellán, responsable de formación del Turno de Oficio del ICAM.

La revista también incluye una entrevista con el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que ahonda en cuestiones como la prueba digital.

“La combinación de encuesta, análisis especializado e incidencia institucional responde a una de las señas de identidad de la nueva etapa de OTROSÍ: situar en el centro los problemas reales de la profesión, respaldarlos con datos y reforzar con mayor solidez las actuaciones de la Junta de Gobierno para impulsar mejoras concretas y preservar el derecho de defensa y el Estado de Derecho”, concluye Roberta Poza.

El número de verano de OTROSÍ, que dedica su portada a los 30 años del Turno de Oficio, incluye también un amplio reportaje sobre los 40 años de los Servicios de Orientación Jurídica del ICAM y un informe sobre el problema de la vivienda y las soluciones que se plantean desde la abogacía, entre otros temas abordados en artículos jurídicos especiales dedicados a cuestiones como el impacto de la corrupción en el Estado de Derecho o la regulación europea más reciente sobre Inteligencia Artificial.

La revista puede descargarse desde hoy en la la hemeroteca de Otrosí.net

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Si un abogado se apoya en una herramienta de IA para redactar un escrito o asesorar a un cliente, y el sistema comete un error, ¿quién responde jurídicamente?

Desde un punto de vista estrictamente profesional, ético y jurídico, la responsabilidad frente al cliente recae de manera clara y directa sobre el abogado. El abogado tiene obligaciones muy precisas de diligencia profesional, que exigen revisar, supervisar y validar personalmente toda información, documento o asesoramiento proporcionado a su cliente, independientemente de que utilice herramientas tecnológicas en el proceso. Esto implica que el abogado no puede eximirse o atenuar su responsabilidad alegando errores atribuibles exclusivamente al sistema de IA utilizado. El abogado mantiene siempre la obligación de conocer, entender y evaluar adecuadamente el resultado obtenido con estos sistemas antes de entregar cualquier resultado al cliente.

Es importante subrayar que en la relación abogado-cliente prevalece una responsabilidad basada en la diligencia y la pericia profesional propia de la abogacía. El estándar jurídico que aplica es el de una responsabilidad por culpa profesional, donde el abogado debe demostrar haber actuado conforme a la lex artis propia de su profesión. Esto significa que el abogado deberá responder íntegramente frente a su cliente cuando no haya cumplido adecuadamente con los deberes profesionales exigidos, independientemente de que se apoye o no en tecnologías de IA.

En este contexto, la Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por productos defectuosos, aunque contempla explícitamente la posibilidad de considerar defectuosos los sistemas de IA, no es aplicable directamente para eximir o reducir la responsabilidad del abogado frente a su cliente. La razón fundamental radica en que esta directiva está diseñada para proteger a consumidores o usuarios finales de productos defectuosos frente a fabricantes, proveedores o distribuidores. La relación entre abogado y cliente está presidida por normas específicas del derecho profesional y contractual que determinan que el abogado no es un mero usuario final frente al cliente, sino un prestador de servicios profesionales altamente especializado y sometido a estándares profesionales muy rigurosos.

Otra cuestión, sería el dirimir si el abogado podría ejercer acciones frente al proveedor del sistema de IA cuando el error se deba claramente a un defecto inherente al software o algoritmo, facilitando así una posible acción de repetición posterior. Sin embargo, frente al cliente, esta circunstancia no excluye ni atenúa la responsabilidad directa e inmediata del abogado.

El uso de la IA introduce un deber adicional de vigilancia y actualización técnica del abogado, quien debe conocer adecuadamente los límites y riesgos de estas herramientas, asegurándose de que las utiliza adecuadamente dentro de los parámetros profesionales exigidos. Si el abogado ignora estos límites o no ejerce un control suficiente sobre los resultados proporcionados por la IA, podría incurrir en una falta de diligencia que reforzaría aún más su responsabilidad jurídica frente al cliente.

En conclusión, el error cometido por un sistema de inteligencia artificial utilizado por un abogado para redactar escritos o asesorar no excluye ni limita la responsabilidad directa del abogado frente al cliente. El abogado permanece siempre obligado a verificar, supervisar y corregir cualquier información generada por estas herramientas antes de transmitirla a sus clientes. La posible responsabilidad objetiva del fabricante del software bajo la Directiva de productos defectuosos es un asunto secundario y separado que afecta únicamente las relaciones posteriores del abogado con el proveedor tecnológico, pero nunca su obligación principal frente al cliente.

¿Qué deberes de diligencia técnica y jurídica debe seguir un despacho al contratar un proveedor de tecnología legal?

La diligencia técnica y jurídica que un despacho de abogados debe observar al contratar un proveedor de tecnología legal implica un conjunto amplio y riguroso de actuaciones y precauciones. El despacho no puede limitarse a asumir pasivamente las promesas o garantías del proveedor, sino que debe adoptar una posición activa y proactiva en la evaluación, selección y supervisión de dicho proveedor tecnológico.

Desde el punto de vista técnico, los deberes de diligencia exigen que el despacho verifique exhaustivamente la calidad, seguridad y fiabilidad del producto o servicio tecnológico antes de implementarlo en su práctica diaria. Este proceso implica la realización de demostraciones prácticas y pruebas piloto bajo condiciones reales de uso, permitiendo así comprobar su funcionamiento efectivo y adecuado a las necesidades del despacho y sus clientes. Además, se deben exigir auditorías técnicas independientes del sistema para garantizar que cumple con los más altos estándares técnicos, especialmente en materias sensibles como seguridad informática, protección de datos personales y estabilidad operativa.

Una parte esencial del deber de diligencia técnica consiste en evaluar la transparencia y la explicabilidad del sistema de IA utilizado. El despacho debe comprender claramente cómo opera el algoritmo, qué criterios emplea para la toma de decisiones y cómo procesa y gestiona los datos. Esto resulta crítico para prevenir o mitigar riesgos derivados de decisiones sesgadas, discriminatorias u opacas, que podrían generar responsabilidades frente a terceros y, particularmente, frente a clientes.

Jurídicamente, el despacho tiene la obligación de revisar en profundidad los términos contractuales propuestos por el proveedor. Esto incluye la negociación de cláusulas específicas que regulen claramente aspectos esenciales como la atribución de responsabilidad en caso de fallos o defectos, las garantías ofrecidas por el proveedor respecto a la seguridad y la privacidad de la información procesada, y los compromisos explícitos en torno a la protección de datos personales en línea con el Reglamento General de Protección de Datos.

Asimismo, es indispensable incorporar en el contrato cláusulas relativas a la trazabilidad y auditoría del sistema. El despacho debe exigir al proveedor mecanismos que permitan un control efectivo sobre cómo se ha desarrollado, entrenado y actualizado el sistema de IA, además de procedimientos claros que garanticen una auditoría independiente periódica para verificar el cumplimiento normativo y técnico continuo del sistema.

El despacho debe verificar también de forma detallada el cumplimiento por parte del proveedor del Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial (RIA) y de la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos, asegurando así un marco normativo claro y sólido que reduzca riesgos legales futuros.

Adicionalmente, forma parte del deber de diligencia realizar una evaluación rigurosa sobre la solvencia económica y técnica del proveedor. Esto implica revisar que disponga de certificaciones oficiales adecuadas, que tenga implementados procesos internos robustos para gestionar incidentes técnicos y jurídicos, y que disponga de seguros adecuados para responder frente a posibles responsabilidades derivadas de errores técnicos o legales.

Por último, es aconsejable que el despacho establezca mecanismos periódicos de supervisión y revisión continuada del proveedor, con objeto de asegurarse que, durante toda la duración del contrato, se mantengan vigentes los estándares técnicos y jurídicos inicialmente exigidos. Esta supervisión continua es crucial para garantizar que el uso de tecnología legal se mantenga en condiciones de seguridad y legalidad, permitiendo al despacho reaccionar rápidamente ante cualquier incidente o desviación de los estándares acordados.

En definitiva, los deberes de diligencia técnica y jurídica implican una vigilancia activa y constante del despacho hacia el proveedor tecnológico, para asegurar no solo la protección efectiva de los derechos e intereses propios del despacho, sino también, y fundamentalmente, los de sus clientes.

¿Qué tipo de cláusulas contractuales debería exigir un despacho a un proveedor de IA legal?  

Al contratar servicios tecnológicos que implican el uso de IA para apoyo legal, un despacho debe asegurarse de contar con cláusulas contractuales sólidas que protejan adecuadamente sus intereses y los de sus clientes frente a posibles riesgos jurídicos y técnicos. Estas cláusulas deben contemplar detalladamente diversas áreas sensibles para garantizar un marco legal claro y eficaz.

En primer lugar, son fundamentales las cláusulas de responsabilidad. Estas deben definir claramente la responsabilidad específica del proveedor por defectos en el sistema, errores operativos, fallos técnicos o daños consecuenciales derivados directamente del mal funcionamiento del software o algoritmos. Es recomendable especificar qué se considera defecto o fallo, alineándose con la terminología y los estándares establecidos en normativas como la Directiva (UE) 2024/2853 sobre productos defectuosos.

Además, deben incluirse cláusulas detalladas sobre explicabilidad y transparencia. El proveedor debería comprometerse expresamente a suministrar información completa sobre el funcionamiento interno del sistema de IA, especialmente en cuanto a la lógica y criterios utilizados por los algoritmos. Esto resulta clave para asegurar que el despacho pueda comprender cómo toma decisiones la IA y evaluar adecuadamente la idoneidad técnica y ética del sistema. La explicabilidad permite que el despacho pueda defenderse eficazmente frente a eventuales reclamaciones, auditorías o litigios que involucren decisiones tomadas por sistemas automatizados.

La trazabilidad es otra área crítica que requiere cláusulas específicas. El proveedor debe comprometerse a mantener registros precisos y detallados sobre el desarrollo del sistema, especialmente acerca de cómo se han entrenado los modelos, cuándo y cómo se han realizado actualizaciones, y qué decisiones concretas se han tomado mediante la IA. Esto es fundamental no solo para cumplir con requerimientos legales específicos de transparencia y auditabilidad, sino también para facilitar posibles investigaciones o litigios futuros que puedan surgir en torno a decisiones automatizadas o asesoramientos basados en IA.

El contrato también debe prever cláusulas claras sobre la posibilidad de realizar auditorías independientes. El despacho debe conservar el derecho explícito a solicitar y realizar auditorías técnicas y jurídicas independientes periódicas, preferentemente a cargo de terceros especializados, para certificar la fiabilidad, seguridad, cumplimiento normativo y adecuado funcionamiento del sistema durante toda la vigencia del contrato.

Otra cláusula esencial es la relativa a actualizaciones y mantenimiento. Debe exigirse al proveedor un compromiso expreso y detallado sobre la realización periódica de actualizaciones del sistema, así como la implementación continua de mejoras en seguridad informática. Esta obligación debe incluir la rápida corrección de vulnerabilidades o defectos técnicos que pudieran detectarse durante la utilización práctica del software.

La protección de los datos personales manejados por el sistema es un elemento crucial, por lo que es imprescindible una cláusula específica de protección de datos. El proveedor debe asumir compromisos estrictos de cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), especificando concretamente obligaciones sobre cifrado, seguridad de la información, localización geográfica de servidores y procedimientos claros para el tratamiento transparente y seguro de datos personales.

Finalmente, deben incluirse cláusulas de indemnización y seguro. El proveedor debe comprometerse expresamente a indemnizar al despacho por cualquier daño directo o indirecto derivado de defectos del sistema o incumplimientos contractuales. Además, debe estar obligado contractualmente a disponer de pólizas de seguro adecuadas que cubran suficientemente los riesgos específicos asociados al uso de la inteligencia artificial en el ámbito legal, proporcionando una garantía adicional frente a posibles perjuicios.

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Aquí algunos indicadores clave (KPIs) que un despacho debería considerar:

KPIs Financieros: Más allá de la facturación

1. Ingresos por Abogado: Evalúa la rentabilidad individual de los profesionales.
2. Margen de Ganancia Bruta: Mide la proporción de ingresos que queda después de los costos operativos.
3. Tasa de Cobro: Un indicador del éxito en la gestión financiera; muestra cuánto de lo facturado realmente se cobra.
4. Costo por Caso o Cliente: Ayuda a entender si el despacho está manejando eficientemente sus recursos.
5. Rentabilidad por Cliente o Caso: Combina ingresos y costos para evaluar la sostenibilidad económica.

KPIs de Productividad: Optimizando el tiempo

6. Horas Facturables por Abogado: Determina cuántas horas trabajadas generan ingresos.
7. Utilización de Horas: Muestra qué porcentaje de las horas disponibles se convierten en trabajo facturable.
8. Duración Promedio de Resolución de Casos: Un indicador de eficiencia operativa, útil para identificar cuellos de botella.
9. Proporción de Casos Cerrados vs. Abiertos: Mide la capacidad del despacho para cerrar casos frente a los nuevos que ingresan.
10. Tasa de Cumplimiento de Plazos Internos: Indica si los equipos están entregando a tiempo.

KPIs de Cliente: La base del éxito

11. Tasa de Retención de Clientes: ¿Volverán tus clientes el próximo año? Este indicador mide la fidelidad.
12. Net Promoter Score (NPS): Refleja la probabilidad de que tus clientes recomienden tus servicios.
13. Índice de Satisfacción del Cliente: Basado en encuestas y comentarios, mide la percepción de la calidad del servicio.
14. Crecimiento de la Base de Clientes: Evalúa la adquisición y pérdida de clientes a lo largo del año.
15. Valor de Vida del Cliente (CLV): Cuantifica los ingresos totales que un cliente aportará durante su relación con el despacho.

KPIs de Calidad y Cumplimiento: Garantizando excelencia

16. Tasa de Éxito de Casos: Proporción de casos ganados respecto al total.
17. Revisiones Éticas o Reclamaciones: Mide el cumplimiento normativo y la reputación profesional.
18. Tasa de Error en Documentación Legal: Indica la calidad técnica del trabajo del despacho.

KPIs de Recursos Humanos: Talento en el centro

19. Tasa de Retención de Empleados: Un equipo estable y motivado es esencial para el éxito.
20. Costo de Capacitación por Empleado: Mide la inversión en formación para mejorar las competencias del equipo.
21. Nivel de Satisfacción del Equipo: Encuestas internas que reflejan el bienestar laboral.
22. Productividad por Abogado Joven o Asociado: Indica cómo se desarrollan y contribuyen los nuevos talentos.

KPIs de Marketing y Expansión: Creciendo con estrategia

23. Tasa de Conversión de Prospectos a Clientes: Indica la eficacia de las acciones de captación.
24. Retorno de Inversión (ROI) en Marketing: ¿Cada euro invertido en marketing se traduce en resultados tangibles?
25. Presencia Digital: Tráfico al sitio web, interacciones en redes sociales y generación de leads.

Conclusión

Adoptar una gestión basada en KPIs ofrece una visión integral del éxito del despacho, permitiendo tomar decisiones informadas y priorizar áreas de mejora. La facturación es importante, pero no lo es todo: un despacho saludable equilibra rentabilidad, calidad de servicio, satisfacción del cliente y bienestar del equipo.

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Durante dos jornadas, cerca de una treintena de expertos nacionales e internacionales debatieron sobre aspectos clave como la sostenibilidad, la regulación autonómica, los retos urbanísticos y el impacto de los denominados gatekeepers digitales.

En las cuatro mesas redondas programadas se analizaron asuntos tan cruciales como la regulación de las viviendas turísticas, los conflictos competenciales y su impacto en la competitividad, el uso de algoritmos para fijar precios hoteleros, la protección de datos personales de los viajeros y los efectos jurídicos de las tecnologías emergentes.

“En estos días hemos puesto de manifiesto cómo el turismo no es únicamente uno de los principales motores de la economía española, sino también un ámbito profundamente conectado con el desarrollo sostenible, con la innovación, con la protección de los derechos de los derechos. Y por lo tanto su complejidad y dinamismo que esos desafíos legales sean abordados con el rigor con que se ha hecho en este Congreso, destacó el decano del ICAM, Eugenio Ribón en el acto de clausura.

Coincidiendo con el arranque de la mayor feria internacional del sector, los copresidentes de la Sección de Derecho del Turismo del ICAM, Juan Carlos Alfonso y Carlos Ulecia, presentaron en IFEMA las conclusiones del evento, destacando la importancia de armonizar la legislación autonómica en materia de turismo y de incorporar a los actores del sector en el diseño de políticas urbanísticas. Asimismo, subrayaron el papel transformador que desempeñan las plataformas digitales en la distribución turística.

Urbanismo y turismo

La mesa sobre urbanismo y turismo abordó la necesidad de una planificación estratégica y una regulación efectiva para enfrentar los retos actuales del sector. Oscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, subrayó que “los retos turísticos demandan una planificación y, sobre todo, una gestión urbanística basada en un conocimiento detallado de cada destino, que persiga un posicionamiento detallado de los productos inmobiliarios y los modos de conectividad y movilidad para atraer a los turistas más interesantes, en equilibrio con la preservación de la vida local”. Además, destacó que la falta de foros en el marco de eventos como FITUR para tratar esta conexión es una oportunidad desaprovechada.

Por su parte, Rafael Ariño, socio de derecho administrativo y regulatorio en Ceca Magán Abogados, enfatizó que “la madurez alcanzada en la actividad económica de la vivienda turística demanda, urgentemente, el establecimiento de un mínimo común denominador desde el legislador estatal que unifique los elementos esenciales de una materia caracterizada por la actual dispersión normativa”. Según Ariño, esta unificación es clave para garantizar la seguridad jurídica y la competitividad del sector.

Javier Martín-Merino, socio en Andersen, añadió que “la urgencia de que el sector turístico participe en el desarrollo de las previsiones que le afectan, como gran sector económico de toda España, es evidente”. Señaló que tanto en urbanismo como en viviendas turísticas y turismo rural, es indispensable contar con la implicación activa del sector para dar soluciones a problemas que afectan tanto al turismo como a la convivencia en las ciudades y sus habitantes.

Javier Aragón, socio director de Lextur Asesores Legales y director del Foro Hostelería y Turismo de la Universidad Camilo José Cela, concluyó que “la tendencia del sector turístico cambia por la revolución tecnológica, debiendo buscar fórmulas innovadoras, siendo las políticas para la gestión del éxito cada vez más imprescindibles”. Destacó que, aunque España ha alcanzado cifras récord de llegadas de turistas y gasto en 2024, este crecimiento trae consigo retos significativos, como la regulación de las viviendas de uso turístico y la promoción de la seguridad jurídica desde la ordenación urbanística, para favorecer la convivencia y la competitividad del sector.

Gatekeepers Digitales

Moderada por Mariana García Fernández, en la sesión sobre los gatekeepers digitales se abordaron los desafíos y oportunidades que plantea la Ley de Mercados Digitales (DMA) y su interacción con la normativa general de competencia en el sector turístico. Rafael Allende Salazar enfatizó que “la DMA y la normativa de competencia son instrumentos poderosos y complementarios que las empresas del sector turístico pueden utilizar para hacer frente a prácticas restrictivas de las plataformas digitales que actúan como guardianes de acceso (gatekeepers)”. Además, mencionó las recientes resoluciones de la CNMC y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos de Booking.com, que sientan precedentes importantes para garantizar la competencia justa.

Rafael Baena destacó que estas resoluciones no solo sancionaron prácticas abusivas, sino que han abierto la puerta a posibles reclamaciones judiciales para compensar los daños causados por las políticas de plataformas dominantes. “La designación de Booking.com como guardián de acceso por parte de la DMA y la sentencia del TJUE sobre cláusulas de paridad configuran un nuevo escenario normativo para el sector turístico”, señaló.

Patricia Liñán subrayó el impacto que las obligaciones impuestas por la DMA tienen sobre los datos, resaltando que “estas ofrecen oportunidades interesantes para las empresas y profesionales del sector que usan plataformas reguladas, ya que podrán acceder a los datos generados en dichas plataformas de manera gratuita, continua y en tiempo real, incluidos, con previo consentimiento, los datos de sus clientes”.

Por su parte, Pedro Marqués señaló que “la transparencia y un mejor entendimiento de cómo se clasifican y presentan los servicios en las plataformas facilita estrategias más eficientes de marketing y posicionamiento, además de fomentar la innovación”. Añadió que el nuevo marco normativo redefine la gestión de datos y establece requisitos más estrictos para su tratamiento, ofreciendo una mayor protección para los usuarios y garantizando un equilibrio en la relación entre plataformas y empresas turísticas.

Sostenibilidad

Del debate sobre la aplicación de los criterio ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) en el sector turístico, se destacó el impacto transformador de estas prácticas como herramientas de gestión y motores de valor económico. Juan Ceña, CEO de Bastardo Hostel, afirmó que “los criterios ESG han llegado para quedarse y se han convertido en palancas de valor que aportan euros a las cuentas de resultados”. Este enfoque no solo responde a exigencias normativas, sino también a la creciente demanda de los stakeholders.

Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG, destacó que “la Directiva de Sostenibilidad es una norma de gestión disfrazada de directiva de reporting”, señalando cómo la regulación europea en sostenibilidad impulsa la innovación dentro de las empresas. Por su parte, Patricia Miranda, directora jurídica de Ouigo, subrayó el papel clave del tren en la sostenibilidad turística: “La sostenibilidad en el turismo empieza en el viaje, y en ese sentido el tren tiene un rol muy importante para reducir la huella de carbono y redistribuir a los viajeros más allá de los grandes núcleos urbanos”.

María Elena Ruiz, vicepresidenta de Negocios Sostenibles de Minor Hotels, enfatizó que las nuevas exigencias regulatorias están impulsando inversiones significativas en herramientas y procesos que mejoran tanto la calidad como la integridad de la gestión de datos. Por último, Marc Serarols, vicepresidente de Operaciones de Accor para Iberia, Mediterráneo y Norte de África, compartió cómo su compañía está integrando la sostenibilidad en todas sus actividades: “Seguimos adelante con nuestra transformación sostenible global, construyendo un modelo preciso y consistente, con las personas y el entorno en el centro”.

Regulación Autonómica

Los retos y oportunidades derivados de la fragmentación normativa entre comunidades autónomas fue otro de los ejes temáticos del encuentro. Mariano Pérez de Cáceres, moderador de la mesa, señaló que “la dispersión legislativa en materia de turismo genera cierta fragmentación, lo que posibilita la existencia de ventanas de inseguridad jurídica para el administrado y resta competitividad al sector”.

Sin embargo, Javier Melgosa subrayó que “el desarrollo normativo turístico por parte de las comunidades autónomas, en uso de sus competencias, ha permitido que determinadas zonas, especialmente en entornos rurales, hayan podido disponer de palancas para su crecimiento, algo que de otra manera hubiera sido más difícil”.

Por su parte, Mar Alcaraz y Javier Valentín destacaron la importancia del papel del Estado como coordinador: “La posible inconstitucionalidad de generar un Código Turístico Estatal que ayude a subsanar la fragmentación normativa hace necesario insistir en el papel del Estado como coordinador, utilizando organismos e instrumentos sectoriales para garantizar una mejor cooperación con las comunidades autónomas”.

Finalmente, Felio Bauzá puso el foco en la importancia de concienciar al turista, tanto de sus derechos como de sus deberes: “El turista debe ser consciente no solo de sus derechos como cliente, sino también de los deberes que le corresponden en el ámbito administrativo. Los Reglamentos de Régimen Interior son herramientas que deben servir para este fin”. Este enfoque busca fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la convivencia entre los diferentes actores del sector turístico.

Tras las conclusiones, el decano del ICAM cerró el evento con un mensaje optimista y un compromiso renovado. “Este congreso es el inicio de un camino que consolidará al ICAM como un referente jurídico en el ámbito turístico. Estamos comprometidos con un sector más justo, sostenible y competitivo”, concluyó.

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Estoy convencida de que a lo largo de las sesiones anteriores habrán tenido la oportunidad de debatir acerca de las implicaciones económicas y jurídicas que plantea este fenómeno que, en mi opinión, resultan prácticamente inagotables.

Este hecho demuestra hasta qué punto los criptoactivos y, sobre todo, la tecnología que los rodea está siendo una decisiva palanca de cambio para la industria financiera. En otras palabras, estos elementos novedosos están alterado el panorama de los servicios financieros tal como los hemos venido entendiendo para dar, así, un nuevo significado a la expresión “activo financiero”.

Obviamente, la profundidad de esta transformación no ha pasado desapercibida ni para los bancos centrales ni para el resto de las autoridades sectoriales quienes, desde hace años y por vías distintas, se están esforzando por comprender y, sobre todo, por desplegar, actuaciones que permitan alcanzar el siempre difícil equilibro entre protege adecuadamente a los usuarios; salvaguardar la estabilidad del mercado e intentar que no se coarte -en exceso- la capacidad de innovación. Y, todo ello, sin que se vea comprometida la seguridad.

Pero más allá de estos pensamientos generales, me gustaría dedicar estos minutos a tratar de complementar, mediante una serie de reflexiones personales, algunas de las ideas que seguro se habrán ido desgranando. Y quizás nada mejor que empezar por el tema que, en cierta medida, ha servido para vertebrar buena parte de las intervenciones.

Me estoy refiriendo, en concreto, al universo cripto y a su incuestionable protagonismo. Y todo ello, pese a que su elevada volatilidad ha ocasionado no pocas pérdidas a los inversores.

No cabe duda de que, en comparación con el sistema financiero formal global, los criptoactivos siguen teniendo un peso aún testimonial. Sin embargo, este hecho no ha supuesto que hayan dejado de despertar un interés creciente en una amplia gama de agentes económicos, incluyendo inversores institucionales. No es menos cierto, tampoco, que se nos avecina un futuro que puede bien ser muy distinto al mundo que todos conocemos.

Déjeme que trate de ilustrarlo por medio de un ejemplo.

Diversos estudios sitúan la cifra de la población adulta que, en algún momento, ha poseído criptoactivos en España entre el 6% y el 10%. Sin duda, es una cifra alejada de la tasa registrada en las economías emergentes e incluso se sitúa por detrás de la observada en algún país industrializado, como el caso de EEUU. Pero no por ello se trata de una cuota despreciable, sobre todo teniendo en cuenta que el interés por estos activos lleva observándose de manera continuada a lo largo de varios años.

En los últimos tiempos, hemos visto una diversificación significativa en las carteras de criptomonedas. Mientras que Bitcoin y Ethereum siguen siendo populares, muchos inversores están explorando otras opciones como Solana y Cardano. Esta tendencia refleja: 1. un mayor conocimiento y sofisticación entre los actores, quienes buscan diversificar sus inversiones para gestionar mejor el riesgo y 2. aprovechar nuevas oportunidades en el mercado de criptomonedas.

También se constata un cambio, por el momento anecdótico, pero progresivo, en cuanto al grado de aceptación de los criptoactivos como medio de pago. Así, por ejemplo, en zonas turísticas, como las islas Baleares o la Costa del Sol, se empieza a ofrecer la posibilidad de saldar las deudas por este medio.

Dicho esto, en términos de volumen, las cifras siguen siendo pequeñas.

Por ejemplo, el volumen medio diario de operaciones con critpoactivos (a nivel global) representa un 5% del volumen medio diario que procesa TARGET2, plataforma del Eurosistema para el procesamiento de grandes pagos en tiempo real entre bancos centrales y bancos comerciales. Adicionalmente, se estima que el tamaño de este mercado a nivel mundial está por debajo del 1% del sistema financiero formal.

Todo ello explica que hasta ahora las acciones de las autoridades se hayan basado fundamentalmente en comunicados y avisos sobre los riesgos acompañadas de iniciativas que tratan de asegurar que la publicidad que se hace de estos productos sea suficientemente clara en cuanto a sus características. Así, múltiples autoridades nacionales e internacionales han venido advirtiendo de los riesgos para la estabilidad financiera asociados a este ecosistema desregulado, principalmente si se convirtiera en un medio de ahorro sustituto de los depósitos bancarios o en un medio de pago relevante.

Adicionalmente, se ha venido prestando particular atención a los puntos de intersección entre el universo cripto y el sistema financiero formal.

Ello responde, fundamentalmente, al objetivo de reducir tanto los riesgos asociados a su posible uso fraudulento (por ejemplo, para blanquear dinero o facilitar la financiación del terrorismo) como los riesgos para la estabilidad financiera dadas las interconexiones con bancos ya puestas de manifiesto por las dificultades de algunos bancos de tamaño mediano de EE.U. en el primer trimestre de 2023.

El objetivo de mitigar riesgos justifica aquellas advertencias y las iniciativas regulatorias europea e internacional —reglamento MiCA y estándares prudenciales del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés)—. No obstante, estas iniciativas no regulan este ecosistema de forma completa.

Con la implementación del Reglamento MiCA, se expande significativamente el marco normativo, dando un paso de gigante hacia la normalización de los criptoactivos. Conviene volver a recordar que MiCA se centra en regular su emisión, así como la prestación de ciertos servicios. Para ello establece un marco de obligaciones análogo al ya existente en otros ámbitos de la industria financiera y es ahí, donde a mi juicio, se esconde la clave:

– la existencia de un cuerpo de disposiciones que, en cierto modo asimila los criptoactivos a otros instrumentos financieros, puede suponer un coste significativo para la viabilidad de algunas de las propuestas que existen en la actualidad, pero también tiene el potencial de dinamizar la expansión y crecimiento de otras en el corto y medio plazo.

¿De la mano de quién, se preguntarán?

Probablemente, involucrando de forma más activa a las entidades financieras que ven, finalmente, despejadas las incertidumbres legales que hasta ahora suponían un indiscutible freno. Por tanto, no podemos descartar que, aunque la existencia de la regulación puede hacer poco viables algunas iniciativas, al mismo tiempo, de modo gradual empiecen a llegar a la UE un elenco de propuestas de valor que reproduzca aquello que ya es familiar en otras jurisdicciones.

No obstante, pese a la existencia de un apetito por aprovechar sus oportunidades, el sector bancario no ignora los desafíos y riesgos que hay detrás de los criptoactivos. De hecho, ha comenzado a explorar en paralelo, otros caminos que le permitan conciliar las ventajas de la tecnología subyacente, pero aplicado a instrumentos más conocidos, confiables y plenamente consolidados.

En este sentido, las entidades se están mostrando muy abiertas a tokenizar formas clásicas de dinero como, los depósitos bancarios y su evolución hacia entornos blockchain.

Este proceso trata de conseguir que estas formas tradicionales de dinero evolucionen y se adapten en su papel como activos de liquidación en el nuevo mundo digital.

Aunque la tokenización en el sector financiero va más allá del ámbito estrictamente monetario, no voy a entrar en estos aspectos y en su lugar preferiría centrarme en un concepto innovador que pretende rediseñar el ecosistema financiero actual aprovechando el entorno nuevo adaptado a las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

Me refiero a la idea de Finternet, acuñada hace poco más de un año por el Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS). Este concepto describe sistema financiero como una red de ecosistemas digitales interconectados, similar a lo que hoy conocemos como Internet.

Bajo esta premisa, Finternet permitiría movilizar activos digitales a escala mundial de forma eficiente, ágil y segura, ofreciendo, a empresas y consumidores, la posibilidad de transferir cualquier tipo de activo, en cualquier momento, a cualquier destinatario del mundo, desde cualquier dispositivo y de manera inmediata.

Para que Finternet sea una realidad, necesita apoyarse en una serie de pilares fundamentales. Entre ellos destaca el dinero y los activos tokenizados, así como un conjunto de plataformas técnicas programables, denominadas unified ledgers.

Éstas serían las que soportarían los intercambios de los activos digitales y, para maximizar sus beneficios, deberían ser plenamente interoperables entre sí y estar conectadas con las infraestructuras actuales que canalizan el tráfico de pagos y valores.

Obviamente, el mapa financiero debería completarse con un marco regulatorio y supervisor que proporcione salvaguardas similares a las existentes. también es esencial contar con una serie de cimientos de carácter transversal como pudieran ser, por ejemplo, servicios de identificación electrónica, aplicaciones de front-end, gestores de consentimientos y otros servicios similares.

Más allá de proporcionar unos servicios financieros más accesibles, ágiles y eficientes gracias a la automatización de las transacciones y la operativa 24/7, una realidad como la que describe Finternet permitiría reducir significativamente los riesgos financieros al posibilitar una liquidación atómica e instantánea. Adicionalmente, proporcionaría una plataforma sobre la que desarrollar casos de uso hasta ahora inviables.

Para dar forma a este concepto, bancos centrales y más de 40 bancos comerciales de siete jurisdicciones han comenzado a colaborar en un proyecto experimental denominado Agorà. En los próximos meses, esta iniciativa se centrará en el desarrollo de un prototipo técnico que permitirá probar en qué medida las plataformas integradas pueden ofrecer mejoras de eficiencia a la hora de ejecutar pagos transfronterizos. Además, Agorà arrojará luz acerca de cuáles son las principales fricciones que podrían impedir estas mejoras.

Dejando a un lado este esfuerzo global, en una charla como ésta me veo también en la obligación de reservar un espacio para hablar de lo que estamos haciendo en Europa.

Sin duda, el euro digital es lo primero que a todos nos viene a la mente.

Quisiera subrayar la importancia que tiene esta fase de preparación que se extiende hasta octubre de 2025, para el éxito final del proyecto. Es ahora cuando deben cerrarse los detalles finales acerca de su diseño y avanzar en la selección de aquellos socios y proveedores que eventualmente se encargarían del despliegue de sus componentes básicas.

También es el momento de definir el marco metodológico que, de forma objetiva y transparente, nos permitirá determinar los umbrales máximos de tenencia. Y junto con los colegisladores, debemos resolver las incertidumbres existentes acerca del modelo de compensación que aplicará al euro digital.

Además, ha llegado el momento de intensificar los esfuerzos de comunicación con todos los actores del mercado y, especialmente, con el público en general. Es fundamental realizar pruebas y experimentos para asegurar que el euro digital cumpla con los requisitos del Eurosistema y las necesidades de los usuarios. Debemos ser claros acerca de los beneficios que este nuevo medio de pago aportará y cómo su diseño y operativa se prevé responderían a las preferencias y necesidades de los diferentes colectivos.

En paralelo al euro digital, el Eurosistema está analizando cómo podrían evolucionar las infraestructuras del mercado financiero con la finalidad de atender al creciente interés en el uso de la tecnología de los registros distribuidos (DLT) para la liquidación de la operativa procedente de los mercados financieros mayoristas. Así, en colaboración con participantes del mercado financiero y con operadores de plataformas DLT, se ha puesto en marcha un programa exploratorio para evaluar las ventajas y desafíos de diferentes soluciones y hacerlas interoperables con los sistemas preexistentes.

Este esfuerzo busca investigar cómo la tecnología DLT puede mejorar la eficiencia, seguridad y transparencia del sistema financiero europeo garantizando, a su vez, que el dinero de banco central sigue actuando como ancla fundamental en la liquidación final de las operaciones de los mercados financieros.

Estamos en un momento crucial para definir el futuro del euro digital y las infraestructuras financieras en Europa. La colaboración y la comunicación efectiva serán clave para asegurar que estas innovaciones cumplan con sus promesas y beneficien a todos los actores involucrados.

Para terminar, y por su importante papel transformador para el conjunto del sistema financiero, desearía decir unas breves palabras acerca de dos tecnologías que cada vez tienen una mayor presencia en esta industria.

En primer lugar, la inteligencia artificial que, gracias a la irrupción de los modelos fundacionales, como GPT-3 y BERT, ha pasado de ser una herramienta de uso gradual y controlado a tener una huella generalizada a todos los niveles y en múltiples sectores.

Este fenómeno plantea oportunidades y desafíos en igual medida y, por tanto, reclama de una hoja de ruta adecuada que sea capaz de equilibrar ambas fuerzas. Sólo así se podrá asegurar que la misma termina por usarse de manera ética y sin que comprometa los avances que hemos logrado en décadas pasadas a través de la regulación y supervisión del sector financiero.

En este sentido, además de contar con un marco legal sólido, como el que propone el reglamento europeo de IA, es necesario que las autoridades financieras redoblen esfuerzos en varios frentes. Por supuesto, recopilando datos precisos sobre la adopción de la inteligencia artificial para monitorear así sus efectos. Pero, también, acomodando el marco supervisor a esta nueva realidad, lo que incluye comenzar a explotar directamente este tipo herramientas en las competencias de las autoridades.

Recuerdo aquí una reciente intervención del Gobernador del Banco de España quien subrayó la importancia de aclarar el marco regulatorio de la IA de modo que las entidades puedan avanzar en su implementación de manera ética y segura y, así, aprovechar la posición favorable que tienen en la actualidad.

Adicionalmente, el Gobernador insistió en la urgencia de definir el rol del Banco de España como Autoridad de Vigilancia del Mercado sectorial, así como en la necesidad de desarrollar una hoja de ruta que permita que esta institución pueda mejorar su capacidad de análisis y predicción, así como su eficiencia operativa interna.

En segundo lugar, me gustaría destacar el creciente desafío práctico que la computación cuántica representa para el sector financiero. Esta tecnología promete mejorar significativamente los análisis de riesgos, optimizar las carteras de inversión y acelerar la simulación de escenarios financieros, permitiendo a las instituciones financieras tomar decisiones mejor informadas en contextos cada vez más complejos.

Sin embargo, el principal motivo de preocupación radica en sus implicaciones potenciales para la seguridad cibernética. La capacidad de procesamiento superior de las computadoras cuánticas podría descomponer rápidamente los algoritmos criptográficos actuales, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad de los datos financieros. La criptografía moderna, basada en problemas matemáticos complejos como la factorización de grandes números, se volvería vulnerable con el desarrollo de computadoras cuánticas funcionales a gran escala.

Este riesgo no debe ser considerado únicamente como una posibilidad futura a la espera de que la tecnología alcance algún día el nivel de madurez necesario. Por el contrario, constituye una amenaza inminente ya que actores potencialmente malintencionados podrían estar recolectando grandes cantidades de datos cifrados con la intención de descifrarlos tan pronto como sea posible.

Ante este escenario, algunas entidades privadas y bancos centrales hemos empezado a diseñar lo que se conoce como la transición hacia la criptografía post-cuántica. Ello implica el despliegue de una nueva generación de algoritmos diseñados para ser resistentes a los ataques cuánticos. Naturalmente, la adopción de estos sistemas es un reto complejo y costoso que implica la delimitación de una hoja de ruta suficientemente ambiciosa que permita tanto la actualización de infraestructuras tecnológicas como la revisión exhaustiva de los marcos regulatorios de ciberseguridad.

Al igual que ocurre en el caso de la inteligencia artificial muchos de estos retos no solo afectan al sector financiero sino que además tienen una importante dimensión internacional.

Sin embargo, esto no debe ser óbice para que aumentemos la concienciación sobre los riesgos inherentes a estas nuevas tecnologías, para que en su futuro despliegue podamos disfrutar de manera segura de todo su potencial.

Muchas gracias, otra vez, al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. José Ramón, Alfredo: enhorabuena.»

La entrada Margarita Delgado: «Los criptoactivos y, sobre todo, la tecnología que los rodea está siendo una decisiva palanca de cambio para la industria financiera» se publicó primero en Otrosí.

Así, ha arrancado Margarita Delgado ha arrancado su exposición con un análisis del crecimiento del mercado de criptoactivos en España. Aunque el sector sigue teniendo un peso reducido en el sistema financiero, su impacto sigue ampliándose. Se estima que entre el 6% y el 10% de la población adulta en España ha poseído en algún momento activos digitales, lo que indica su creciente relevancia para inversores tanto institucionales como particulares. Además, esta adopción se ha diversificado hacia monedas como Solana y Cardano, lo que refleja, según Delgado, un conocimiento y sofisticación cada vez mayores.

A pesar de este crecimiento, el volumen de operaciones con criptoactivos sigue siendo modesto frente al sistema financiero tradicional. En Europa, el volumen diario de transacciones con estos activos representa solo el 0,5% de lo procesado en TARGET 2, la plataforma de pagos del Eurosistema, y a nivel global apenas alcanza el 1% del sistema financiero formal. Sin embargo, la limitada magnitud del mercado no ha impedido que algunos servicios en zonas turísticas, como Baleares y la Costa del Sol, comiencen a aceptar criptoactivos como forma de pago.

Ante este escenario, Delgado ha destacado el enfoque de las autoridades, que hasta ahora han emitido advertencias sobre los riesgos de estos activos, sobre todo su volatilidad y el posible impacto en la estabilidad financiera si se consolidaran como alternativa al ahorro bancario o medio de pago habitual. Con todo, la regulación de los criptoactivos está evolucionando, impulsada por iniciativas como el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que representa, según Delgado, “un paso de gigante” en la normalización de este ecosistema. Este reglamento, aunque no cubre todo el sector, establece un marco de obligaciones que asimila los criptoactivos a otros instrumentos financieros, potenciando su crecimiento en ciertos ámbitos, aunque también podría limitar algunas propuestas emergentes.

“La existencia de un cuerpo de disposiciones que en cierto modo asimila los criptoactivos a otros instrumentos financieros supone un coste significativo para la viabilidad de algunas de las propuestas que existen en el mercado, pero también tiene el potencial de dinamizar la expansión y crecimiento de otras en el corto plazo”, ha afirmado Delgado.

En este sentido, Delgado ha explicado cómo el sector financiero ha comenzado a explorar otros caminos que aprovechan las ventajas de la tecnología aplicadas a instrumentos más consolidados. Muchas entidades están explorando la tokenización de activos financieros tradicionales, como los depósitos bancarios, adaptándolos a entornos digitales seguros. Este movimiento es parte de un proceso más amplio de transformación del sector financiero, en el que, según Delgado, las tecnologías emergentes podrían cambiar el sistema financiero global de manera profunda.

En esta línea, Delgado ha introducido el concepto de Finternet, una iniciativa impulsada por el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que propone un sistema financiero digital interconectado globalmente, similar a internet. Este modelo permitiría movilizar activos digitales de forma ágil, segura y eficiente, ofreciendo a empresas y consumidores la posibilidad de transferir activos en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y hacia cualquier destino en el mundo. Delgado ha enfatizado que el desarrollo de Finternet requeriría una regulación sólida y la tokenización del dinero, junto con un marco de supervisión adaptado a los nuevos riesgos del ecosistema digital.

La intervención de Delgado también ha abordado el euro digital, proyecto actualmente en fase exploratoria y que evalúa tanto modelos de diseño como posibles socios tecnológicos para cumplir con los requisitos del Eurosistema. “Estamos en un momento crucial para definir el futuro del euro digital y de las infraestructuras financieras en Europa”, ha subrayado, apuntando que la colaboración público-privada será clave para que estas innovaciones beneficien a todos los actores del sistema financiero.

Antes de concluir, Delgado ha analizado dos tecnologías emergentes que suponen tanto oportunidades como desafíos: la inteligencia artificial y la computación cuántica. Respecto a la IA, ha señalado la necesidad de adaptar el marco regulador y de que las autoridades comiencen a integrar estas herramientas en sus procesos de supervisión. En cuanto a la computación cuántica, con su potencial para optimizar el análisis de riesgos y la gestión de carteras, Delgado ha advertido sobre su posible impacto en la ciberseguridad, al poder comprometer los actuales algoritmos criptográficos. “Ante este escenario, algunas entidades privadas y bancos centrales hemos empezado a diseñar la transición hacia la criptografía postcuántica”, ha revelado, explicando que esta transición implica “el despliegue de una nueva generación de algoritmos resistentes a ataques cuánticos”.

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En 2019, bajo el liderazgo por el neurobiólogo español y catedrático de la Universidad de Columbia, Rafael Yuste, nacía la denominada NeuroRights Initiative, una propuesta académica para el reconocimiento universal de cinco nuevos derechos: a la identidad personal, al libre albedrío, a la privacidad mental, al acceso equitativo a las tecnologías de mejora de las capacidades cerebrales y la protección contra los sesgos algorítmicos.

Dos años después, Chile se situaba a la vanguardia de esta iniciativa al incluir una enmienda para proteger la actividad cerebral en el marco de una reforma constitucional, de manera que cualquier desarrollo científico y tecnológico a partir de ese momento deberá llevarse a cabo “con respeto a la vida y la integridad física y psíquica de las personas”.

Un camino que recientemente han transitado el estado brasileño de Río Grande del Sur, a finales de 2023, y los estadounidenses Colorado y California, este mismo año, bajo la atenta mirada de su principal ideólogo. Invitado por el Observatorio de Derechos Humanos del ICAM, Rafael Yuste aportó nuevas pistas sobre la protección legal de la actividad cerebral durante una jornada celebrada hace unos días en el Colegio.

“La neurotecnología mapea la actividad cerebral y, al mismo tiempo, la cambia. Estos dispositivos pueden ser ópticos, magnéticos, eléctricos o acústicos. Al final, miden la actividad cerebral y la modifican”, señalço, subrayando la necesidad de una regulación clara y efectiva.

El cerebro, el centro del debate

Durante su intervención, Yuste insistió en la importancia del cerebro como órgano central que define la identidad y la conciencia humana. “El cerebro no es un organismo más. Controla la mente humana. Todas las habilidades cognitivas de las personas salen del cerebro: nuestros pensamientos, memoria, imaginación; la toma de decisiones, las emociones, forja la personalidad y el yo de cada uno de nosotros, nuestra conciencia, e incluso el subconsciente está en el cerebro”, explicó.

El neurobiólogo compartió algunos resultados de experimentos realizados con ratones para ilustrar el poder de la neurotecnología. “Les incorporamos imágenes de temas que no estaban viendo y se comportan como si las estuvieran viendo”, comentó, alertando sobre las posibles aplicaciones de esta tecnología en humanos y los dilemas éticos que presenta.

Neuroderechos: una nueva frontera para los derechos humanos

Rafael Yuste explicó que, ante los riesgos que representa la neurotecnología, se convocó a expertos en neurociencia, derecho, ética e inteligencia artificial de todo el mundo para debatir el impacto de estas tecnologías en los derechos humanos. “Llegamos a la conclusión de que estamos ante un problema de derechos humanos. Que la neurotecnología se puede utilizar de forma negativa sobre los derechos de las personas”, afirmó.

De este debate surgió el concepto de “neuroderechos”, que busca proteger cinco áreas fundamentales desde el ámbito de los derechos humanos. “Así hablamos de la privacidad mental, que no sea descifrada por terceros. Otro neuroderecho es el derecho a la identidad personal; el yo está generado por el cerebro y con la neurotecnología se puede cambiar”, explicó.

Libertad mental y acceso equitativo a la augmentación

Yuste también destacó la importancia de proteger la libertad mental, asegurando que las decisiones de cada individuo sean libres y no estén condicionadas por la neurotecnología. “La protección de la libertad mental sería otro neuroderecho, que las decisiones sean tomadas por el individuo de forma libre y que no estén supeditadas a la neurotecnología”, añadió.

Por último, el catedrático se refirió a la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la aumentación cognitiva para evitar que se creen divisiones sociales entre “seres aumentados” y “seres no aumentados cognitivamente”. “Se puede aumentar mediante distintos dispositivos la capacidad cognitiva de las personas bajo el principio universal de justicia. Se trata de evitar que se rompa la sociedad en dos grupos: seres aumentados y seres no aumentados cognitivamente”, añadió.

Para Yuste, es esencial que el cerebro sea protegido en su uso original para evitar manipulaciones. “Abogamos por la protección del cerebro en su uso originario porque si se reprograma puede ser manipulado”, concluyó, instando a una mayor regulación y vigilancia sobre el uso de estas tecnologías.

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Relacionado con los dos puntos anteriores, se encuentra la necesidad de incluir determinadas actuaciones ahora no recogidas, como por ejemplo y entre otras, la conciliación previa y la reclamación administrativa previa en el orden social, los habeas corpus, o todas aquellas actuaciones necesarias y obligatorias para que el beneficiario que desee acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad pueda hacerlo. Y por supuesto recoger que la ejecución de resoluciones judiciales, sin perjuicio de la obligación del profesional designado de hacerse cargo de ella durante los dos años siguientes, deberá ser siempre retribuida mediante baremo que recoja expresamente la retribución por dicha ejecución.

También hay que fijar unos baremos dignos, respetando las competencias de aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en Justicia, y establecer un método de actualización periódica de las cuantías, que vincule a todas las administraciones, con independencia de si las competencias en Justicia están transferidas a la comunidad autónoma o no.

Por otro lado, debemos considerar como una cuestión de dignidad para la abogacía la supresión del actual artículo 1, que impone la obligatoriedad de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita para todos los profesionales inscritos en los respectivos colegios de la abogacía.

También sería necesario modificar los límites económicos de acceso al beneficio de justicia gratuita, actualmente referenciados al IPREM [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples]. Con el aumento que ha sufrido el SMI [Salario Mínimo Interprofesional]sin equiparación en el alza del IPREM, se está restringiendo cada vez más el derecho de acceso a la Justicia a personas con pocos recursos, siendo necesario la armonización de criterios entre las distintas comisiones de asistencia jurídica para no generar situaciones de desigualdad dependiendo de la residencia del solicitante de justicia gratuita.

Por último, proponemos la creación de un Estatuto de la Abogacía de Oficio que fije no solo las obligaciones de estos profesionales, sino también sus derechos, que cada vez parecen más olvidados por las administraciones.

¿Alguna de estas medidas ha sido bien recibida por el Ministerio?

Desde el ICAM hemos celebrado la predisposición del Ministerio de Justicia para corregir la discriminación en el acceso a la asistencia jurídica gratuita modificando los umbrales de renta. Esta se ha producido tras la recomendación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a raíz de las persistentes acciones de queja de ALTODO y en línea con las propuestas de enmiendas presentadas por el ICAM al proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

Desde 2018, la asociación ALTODO ha advertido sobre la desconexión entre la subida del salario mínimo, que ha aumentado un 54% desde entonces, y el IPREM, que ha permanecido desactualizado. Esta disparidad afecta a más de dos millones y medio de personas que, a pesar de su vulnerabilidad económica, quedan excluidas del derecho a la asistencia jurídica gratuita. El Ministerio de Justicia ha reconocido la necesidad de ajustar estos umbrales para reflejar las realidades económicas actuales y asegurar un acceso equitativo a la justicia gratuita.

El ICAM tiene en marcha una campaña para que los juzgados sean sensibles a las peticiones de suspensiones de los profesionales. ¿Es un problema que también sufre la abogacía de oficio?

Sin duda. Los actos judiciales se pueden suspender por cualquiera de las causas previstas en la Ley, pero muchas veces la petición no es atendida. En estos casos, el ICAM puede actuar y, a través de su nuevo servicio 112 Abogacía, solicitar en nombre de los colegiados la suspensión correspondiente. La conciliación es un problema grave que nos preocupa mucho a todos los compañeros. Es necesario que se recoja en las normas procesales nuestro derecho a conciliar la vida profesional con la personal y familiar, pues somos el único colectivo que no lo tiene garantizado. Es fundamental, también, que se garantice nuestro derecho a la desconexión digital, pues la realidad es que no se nos permite desconectar.

Este año, con motivo del Día Internacional del Abogado/a, presentaron el decálogo de derechos del Turno de Oficio. ¿Qué nos puede decir al respecto?

Así es, el decálogo del ICAM reconoce a los profesionales del Turno de Oficio el derecho a ser tratados con dignidad y respeto, a ejercer su profesión de manera independiente y libre de cualquier influencia externa que amenace su integridad y ética profesional, y a preservar plenamente el secreto profesional que sustenta la confianza con el cliente.
Además, establece el derecho a recibir retribuciones justas por su trabajo y prestaciones dignas para su jubilación, así como a recibir un trato ecuánime y no discriminatorio en cuestiones tributarias. También promueve una política de tolerancia cero al abuso de autoridad y a la utilización de expresiones denigrantes contra ellos en las resoluciones judiciales, y fomenta que los letrados puedan evaluar a los órganos judiciales a través de informes públicos que reflejen la calidad y atención brindada.

Para mantener la excelencia en el servicio, se incluye el acceso a formación gratuita y práctica como uno de los derechos del Turno de Oficio, con formatos y horarios compatibles con el ejercicio profesional. En este sentido señalar que esta formación gratuita está recayendo sobre la tesorería de los propios colegios de la abogacía, y consideramos que, tratándose el Turno de Oficio de un servicio público, correspondería a la administración el financiar esa formación gratuita para la mejor prestación del servicio a los ciudadanos. Y para facilitar la comunicación con el justiciable, se incluirán todos los medios de contacto en las hojas de designación. Por último, el decálogo contempla la defensa del turno de oficio y la justicia gratuita de cualquier injerencia externa, interponiendo los recursos necesarios para preservar su integridad.

También se ha puesto el foco en la jurisdicción social y se han abierto nuevos espacios para la abogacía en algunos juzgados, como los de Plaza de Castilla.

Efectivamente, ante la caótica situación de la jurisdicción social en Madrid, con barreras físicas, falta de equipamiento y retrasos en los procedimientos, pusimos en marcha una mesa de trabajo para elaborar sugerencias de mejora y comunicarlas a las autoridades competentes. Además, el ICAM ha establecido un puesto permanente de Defensa de la Abogacía en la sede de los juzgados de la Calle Princesa, con el objetivo de articular acciones y garantizar la seguridad y eficacia de los abogados en su misión de defender los derechos de los ciudadanos.

Por otra parte, la abogacía de oficio carecía de un lugar adecuado en los calabozos de Plaza Castilla donde esperar hasta la declaración de sus clientes. La Junta de Gobierno ha trabajado para mejorar estas condiciones, poniendo a disposición de los compañeros y compañeras espacios más dignos. Y continuamos manteniendo reuniones con la Jueza decana para mejorar aquellos aspectos que aún requieren modificarse para poder realizar nuestro trabajo con unas condiciones mínimas de dignidad y ser al mismo tiempo más operativos.

El ICAM ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer la excelencia de la abogacía de oficio. ¿Qué se pretende?

Lo que se busca con esta campaña es acabar con esos bulos, difundidos incluso en medios de comunicación, unas veces por desconocimiento y otras por verdadera mala fe, respecto a la preparación de los profesionales que forman parte del Turno de Oficio y sobre la calidad del servicio que se presta. Tratamos de hacer llegar a la sociedad que el Turno de Oficio es, ante todo, un servicio público ofrecido por profesionales altamente cualificados, que asegura que ningún ciudadano, independientemente de su situación económica o social, se vea privado de su derecho fundamental de defensa, garantizando la defensa de sus derechos a quienes más lo necesitan, fortaleciendo el tejido social y promoviendo la justicia y la igualdad. Se trata de transmitir que la Abogacía de Madrid mantiene un firme compromiso con la sociedad madrileña.

El 12 de julio, Día de la Abogacía de Oficio en España, lanzamos una campaña informativa para dar a conocer la excelencia de nuestros profesionales, cuyo trabajo es de un rigor y nivel alabado incluso en sentencias judiciales.

¿De qué logro se considera más satisfecho?

Me siento especialmente satisfecho de haber logrado avances significativos en la retribución y reconocimiento de los abogados de oficio, así como en la defensa de sus derechos. La aceptación de nuestras propuestas de enmienda por parte del Ministerio de Justicia y la implementación de mejoras en los juzgados son pasos importantes hacia una justicia más accesible y equitativa. También me enorgullece el lanzamiento del decálogo de derechos del Turno de Oficio, que refuerza la dignidad y las condiciones laborales.

Para terminar, el próximo año está previsto que arranquen las obras de la Ciudad de la Justicia. ¿Cómo afectará esta nueva infraestructura a la abogacía de oficio?

La Ciudad de la Justicia promete ser una infraestructura moderna que centralizará los servicios judiciales en Madrid, lo cual debería facilitar el acceso y la gestión de los casos para los abogados de oficio. Sin embargo, es fundamental que en su diseño y operatividad se contemple adecuadamente el espacio y las necesidades específicas de los profesionales del Turno, para garantizar que puedan desempeñar su labor en condiciones dignas y eficientes, para lo cual sería necesario que se escuchasen las propuesta e ideas que en dicho sentido pueda hacer esta corporación.

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Estas reformas, que afectan a todas las áreas del ordenamiento jurídico, abordan diversos aspectos procesales, desde la presencia telemática en los actos procesales hasta la modificación de las costas en el proceso Contencioso Administrativo, y sugieren en su conjunto un posible cambio de paradigma en el sistema de Justicia.

Coordinado por el abogado Fernando Rodríguez Alonso, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Procesal en la Universidad San Pablo CEU, el dossier cuenta con destacados especialistas que analizan las principales novedades y cuestiones abiertas de esta reforma

1. Aspectos procesales de las medidas urgentes en materia del servicio público de justicia. Fernando Rodríguez Alonso examina las medidas urgentes introducidas por el Real Decreto Ley 6/2023, destacando sus implicaciones procesales y cómo afectan al servicio público de justicia.
   
2. Actos procesales mediante “presencia telemática”. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles analiza la implementación de la presencia telemática en los actos procesales, evaluando sus ventajas, desafíos y el impacto en la administración de justicia.
   
3. Sobre la limitación de las costas en el proceso Contencioso Administrativo tras la última reforma procesal. Carlos Melón Pardo estudia la nueva limitación de las costas en el proceso Contencioso Administrativo, abordando las implicaciones de esta reforma para las partes involucradas.
   
4. Costas, mediación y eficiencia: una aproximación al relativismo de las panaceas. Ignacio de Luis ofrece una perspectiva crítica sobre la relación entre las costas, la mediación y la eficiencia procesal, cuestionando la efectividad de las reformas como soluciones universales.
   
5. Modificaciones procesales en el ámbito laboral. Ana Humanes Díaz detalla las modificaciones introducidas en el ámbito laboral, evaluando cómo estas reformas afectan a los procedimientos laborales y a los derechos de los trabajadores.
   
6. Novedades en el ordenamiento procesal Civil: el procedimiento testigo. Mercedes de Prada y María Pérez de Prada analizan detalladamente el procedimiento testigo y su impacto en los procesos civiles.
   
7. Análisis de las reformas introducidas en la Jurisdicción Civil. Gavilán López realiza un análisis exhaustivo de las reformas en la jurisdicción civil, examinando las principales modificaciones y sus consecuencias prácticas.
   
8. Efectos en el ámbito del derecho de Familia: dudas frecuentes. Carmen Caro Romero aborda las dudas más frecuentes relacionadas con los efectos de las reformas en el derecho de Familia, proporcionando claridad sobre los cambios introducidos.
   
9. Cambio de paradigma en la Administración de justicia. Por último, David Candelas García reflexiona sobre el cambio de paradigma que estas reformas suponen para la administración de justicia, explorando las oportunidades y desafíos que presentan.

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La Unión Europea ha adoptado recientemente un conjunto de normas para preservar la libertad de expresión y el acceso a una información plural y veraz en todos los ámbitos, incluyendo el digital. Entre estas regulaciones destacan la European Freedom Media Act, que obliga a los Estados a proteger el pluralismo informativo y la independencia de los medios de comunicación, y la Digital Services Act (DSA), diseñada para crear un espacio digital más responsable.

Estas normativas responden a preocupaciones crecientes sobre las amenazas a la libertad de información y el papel de las plataformas digitales en la difusión de contenidos ilícitos o dañinos, los cuales pueden generar «riesgos sistémicos» y afectar la privacidad y seguridad de los usuarios. Una preocupación que ha generado un amplio debate también en España a la hora de adaptar el paquete regulatorio europeo.

El dossier, coordinado por Roberta Poza Cid y Yolanda Quintana, reúne a destacados expertos y expertas para analizan desde diferentes ángulos este nuevo marco legislativo.

1. El enfoque decidido de la UE para crear un entorno digital equitativo, transparente y fiable. Sonsoles Centeno, Responsable de la oficina de Pérez-Llorca en Bruselas y codirecora del Observatorio Derecho UE del ICAM, examina las estrategias y políticas de la UE para garantizar un entorno digital más justo y transparente, protegiendo a los usuarios y fomentando la confianza en el espacio digital.
   
2. Atención políticos: la ley europea de libertad de prensa ya está aquí. Los impulsores del Observatorio de medios, Elena Herrero-Beaumont (directora de Ethosfera) y Javier Martín Cavanna (director de la Fundación HAZ) analizan la nueva ley europea de libertad de prensa, destacando su impacto en el ámbito político y mediático nacional.
   
3. Cómo no combatir los bulos en la era digital. El periodista Eduardo Suárez, director editorial del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, ofrece una crítica a las estrategias actuales para combatir la desinformación y propone enfoques más efectivos y respetuosos con la libertad de expresión.
   
4. Consideraciones sobre el marco regulatorio europeo de la libertad de expresión, el derecho a la información veraz y la transparencia. Borja Adsuara, referente en el ámbito del Derecho Digital, analiza el entramado normativo europeo que busca equilibrar la libertad de expresión con la protección del derecho a una información veraz y la transparencia.
   
5. Entre bytes y democracia. Cómo la DSA de la UE armoniza la libertad de expresión y la lucha contra la desinformación. Lorenzo Cotino, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, profundiza en la Digital Services Act (DSA) de la UE y explora cómo esta legislación armoniza la libertad de expresión con las medidas contra la desinformación.
   
6. La UE fija las reglas del juego en la regulación de la IA: el efecto prescriptor. Carlos Romero Duplá, Director de la Oficina en Bruselas de VINCES y exconsejero de Transformación Digital de la REPER, examina el impacto de la regulación europea sobre la inteligencia artificial y cómo esta normativa influye en el desarrollo y uso de estas tecnologías.
   
7. El efecto Bruselas del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado y uno de los grandes expertos nacionales en Derecho digital, discute el «efecto Bruselas» del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y su influencia global, además de las implicaciones para los estados miembros.
   
8. Europa avanza en la protección del derecho humano a la información. Finalmente, Erika Torregrossa, Copresidenta Sección de Derecho Humanos del ICAM, analiza los avances de la UE en la protección del derecho humano a la información, destacando las iniciativas más recientes y su relevancia para la ciudadanía europea.

La CNMC, clave en la implementación

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, designada como Coordinador de Servicios Digitales en España, desempeñará un papel fundamental en la implementación de esta regulación, pese  a que aún no ha sido habilitada legalmente para ello y carece de los recursos necesarios para ejercer sus funciones. Por todo ello, la entrevista jurídica de Otrosí pretende analizar en profundidad con su presidenta, Cani Fernández, el alcance de estas competencias, así como las garantías de las libertades en internet.

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