El ICAM reitera su «compromiso inquebrantable» con el secreto profesional en la causa contra el fiscal general

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reiterado su «compromiso inquebrantable» con el secreto profesional después de conocerse el auto dictado este lunes por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado en el que propone procesar a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, –junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz–, al concluir que sabía que los correos electrónicos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, serían difundidos.

En el auto, recogido por Europa Press, Hurtado sostiene que Rodríguez «sabía» que de los correos relativos a González Amador «que hacía llegar al fiscal general del Estado» se estaba «haciendo un manejo de ellos ajeno a los fines propios del proceso penal para el que fueron creados».

Así, en un comunicado, el ICAM se ha pronunciado ante estos hechos «que afectan directamente a derechos fundamentales vinculados al ejercicio de la abogacía», reiterando su «compromiso inquebrantable» con el secreto profesional y el derecho de defensa y ha avanzado que actuará para que se respete la función de la abogacía como «garante de los derechos y libertades fundamentales».

Además, el Colegio ha recordado que este procedimiento «tiene su origen, entre otras actuaciones, en la querella interpuesta por la Junta de Gobierno del ICAM en defensa del secreto profesional de uno de sus colegiados, un principio esencial del ejercicio de la abogacía y del derecho de defensa». Por ello, señala, actuó «con responsabilidad institucional», consciente de su deber «de proteger a la abogacía madrileña y de velar por la legalidad y las garantías procesales».

Por último, el ICAM ha trasladado que estará preparado para adoptar «todas las medidas» que resulten necesarias, «tanto de índole colegial como institucional». Todo ello, concluye «para proteger el secreto profesional, el derecho de defensa y garantizar el respeto a las libertades jurídicas más básicas».

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