La regresión del Estado de derecho se acelera. A lo largo y ancho del planeta, la presión creciente sobre los sistemas democráticos se manifiesta en el debilitamiento de los contrapesos institucionales, el deterioro de la independencia judicial, la pérdida de libertades y la instrumentalización del Derecho como herramienta al servicio del poder. Este reportaje aborda los factores estructurales de un fenómeno que está socavando el orden legal desde dentro.

En los últimos diez años se han producido en el mundo más autogolpes de Estado que en cualquier otra década desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, hace apenas un año, el presidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial en Corea del Sur, el país asiático fue el último en engrosar una lista que suma 46 episodios desde 1945, el 37% de los cuales se concentran en los últimos ocho años. A diferencia de los golpes militares tradicionales, los autogolpes son rupturas institucionales promovidas desde el propio poder ejecutivo con el objetivo de concentrar autoridad y desactivar los contrapesos democráticos. Y tienen una inquietante tasa de éxito: cuatro de cada cinco logran su propósito, frente a una media del 50% en los golpes clásicos, según los datos recogidos en la base de datos Colpus creada por los profesores John Joseph Chin y Joe Wright.

Lo llamativo de este fenómeno es que encaja, casi al milímetro, con el diagnóstico que dibujan los principales estudios internacionales sobre la salud del Estado de derecho en el mundo: el deterioro institucional se está acelerando, afecta a todo tipo de países —incluidas las democracias consolidadas— y su principal motor no son las guerras ni los golpes militares, sino formas más sutiles de cooptación institucional: el avance de la autocracia.

Así lo refleja el Índice del Estado de Derecho que elabora anualmente el World Justice Project (WJP), una organización independiente y multidisciplinar impulsada en 2006 por la American Bar Association. En su informe de 2025, WJP revela un empeoramiento en el 68% de los 142 países analizados en los últimos doce meses, frente al 57% observado en 2024, lo que confirma una aceleración del deterioro institucional a escala global.

El auge del autoritarismo, caracterizado por el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la contracción del espacio cívico, actúa como fuerza transversal de erosión en un proceso que afecta de forma especialmente intensa a cuatro de las principales dimensiones evaluadas por este índice: las limitaciones al poder gubernamental, la apertura institucional, los derechos fundamentales y el sistema de justicia.

En el delicado sistema de pesos y contrapesos que sustentan el equilibrio de poderes en los regímenes democráticos, 99 países experimentaron un deterioro provocado por los límites impuestos a los poderes legislativo y judicial, así como por una pérdida de independencia en los mecanismos de auditoría y supervisión.

También la cultura del gobierno abierto ha retrocedido en el 66% de los países analizados, con un descenso sostenido de la participación cívica y del derecho de acceso a la información. El impacto sobre los derechos fundamentales no es menor: en dos de cada tres estados se han documentado restricciones crecientes a la libertad de expresión, de opinión, de reunión y de asociación.

Por último, la justicia civil ha empeorado en el 68% de los países, en gran parte debido a lentitud creciente de los procedimientos judiciales, a la pérdida de eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y a una mayor interferencia del poder político.

Estos resultados coinciden a grandes rasgos con los hallazgos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una ONG internacional con sede en Estocolmo fundada en 1995 por 14 estados miembros para apoyar y fortalecer las instituciones y los procesos democráticos en todo el mundo. En el informe sobre el Estado Global de la Democracia 2025, esta organización alerta sobre un clima internacional de “incertidumbre radical” que está poniendo a prueba la resiliencia del sistema incluso en democracias históricamente consolidadas como Estados Unidos.

El estudio evalúa el desempeño democrático a partir de cuatro grandes dimensiones: representación, derechos, Estado de derecho y participación. De las cuatro categorías, la que registró un peor resultado global fue la del Estado de derecho. En 2024, 71 países (41%) registraron un bajo rendimiento en esta materia, y en 32 de ellos se produjo un declive respecto al año anterior. Europa concentró el 38% de estos retrocesos, seguida por África, América, Asia y el Pacífico, y Asia Occidental. El deterioro más pronunciado dentro de esta categoría se dio en el factor de independencia judicial.

En la categoría de derechos, el mayor retroceso global se produjo en libertad de prensa, seguido de libertad de expresión, igualdad económica y acceso a la justicia. La libertad de prensa empeoró en 43 países, casi una cuarta parte (24,9%) de los analizados, lo que constituye el declive más amplio registrado en este factor desde 1975 y supone una grave amenaza para la rendición de cuentas pública y la participación política informada.

También el Índice de la Democracia (Democracy Index) que elabora anualmente la Unidad de Inteligencia del grupo The Economist, apunta a una consolidación de una tendencia regresiva. La nota media mundial cayó a 5,17 —la más baja desde que comenzó a elaborarse el índice en 2006—, y el número de democracias reconocidas se redujo a 71, tres menos que el año anterior. Por primera vez, menos de la mitad de la población mundial vive en algún tipo de régimen democrático (45%), y apenas un 6,6% lo hace en una democracia plena.

El deterioro, según el índice promoviso por el semanario británico, se concentra en los fundamentos del sistema: libertades civiles, pluralismo político y funcionamiento institucional. En contraste con la mejora sostenida en participación política registrada entre 2010 y 2022, los últimos dos años muestran signos de agotamiento también en esta dimensión. La categoría que obtiene la peor puntuación es la de funcionamiento del Gobierno, lastrado por el bloqueo político, la corrupción, la opacidad y la pérdida de confianza ciudadana.

La cartografía del deterioro institucional revela contrastes importantes. Mientras Europa Occidental y Oceanía siguen copando la parte alta de los listados, otras regiones presentan descensos preocupantes. América Latina, con retrocesos en 19 de los 23 países analizados, concentra algunos de los casos más graves, según el Índice del Estado de Derecho de WJP. Solo Uruguay y Costa Rica figuran como democracias plenas en el índice de referencia que publica The Economist, mientras que Chile, República Dominicana, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá son consideradas democracias defectuosas. El resto se agrupan en la categoría de sistemas híbridos (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú) o autoritarios (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela).

En cuanto a Estados Unidos, aunque solo ha retrocedido una posición en el índice de WJP hasta el puesto 27 que ocupa en 2025, figura entre los países donde más ha empeorado el Estado de derecho en el último año, con un declive de un 2,8%, empatado con México y solo por detrás de Togo, Mozambique, Sudán y Rusia. En un informe publicado este año por la American Bar Association, la abogacía estadounidense describe una situación alarmante: “Nuestra democracia está en peligro. Muchos consideran que el Estado de derecho está amenazado y que, de hecho, nos encontramos en medio de una crisis constitucional. Incluso la actual Administración debe admitir que está decidida a forzar los límites de las normas legales y constitucionales”.

Y en Europa, Hungría, Bulgaria, Grecia, Croacia y Rumanía ocupan los puestos más bajos del ranking regional. En los últimos 12 meses, el retroceso en la calidad democrática ha sido especialmente acuciado en Hungría (-2%) y en Eslovaquia (-2,3%), que ocupa la posición número 36. En la parte alta, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania lideran la tabla.

Autocratización, un proceso endógeno

En el informe “25 años de autocratización: ¿democracia truncada?”, de 2025, el Instituto V-Dem (Variedades de la Democracia) pone cifras a una “ola mundial de autocratización” que ha llevado a la democracia a sus horas más bajas. Por primera vez en más de 20 años, en el mundo hay más autocracias (91) que democracias (88). El desequilibrio es mucho mayor desde el punto de vista demográfico: el 72% de la población mundial vive actualmente en países donde la calidad de la democracia está en declive, una cifra no vista desde el año 1978.

De acuerdo a esta organización, que estudia desde la Universidad de Gotemburgo la evolución de la democracia en todo el mundo, la censura de los medios de comunicación, el socavamiento de los procesos electorales y la represión de la sociedad civil son las estrategias más populares por quienes lideran esta deriva autoritaria global, un itinerario autocrático por el que transitan actualmente 45 países, entre los que figuran democracias formalmente consolidadas como Argentina, India, Indonesia, México o Corea del Sur, y estados no tan lejanos como Grecia, Hungría y Rumanía.

El estudio distingue cuatro tipos de regímenes políticos: autocracias cerradas, autocracias electorales, democracias electorales y democracias liberales. Las primeras carecen de elecciones competitivas y de libertades básicas como las de expresión o asociación. Las segundas celebran elecciones multipartidistas, pero no cumplen las condiciones mínimas para considerarlas libres y justas. Las democracias electorales sí cumplen esas garantías básicas, y las liberales van más allá, al incorporar límites efectivos al poder del Ejecutivo, independencia judicial y protección sólida de los derechos civiles. Existe, además, una “zona gris”, con países donde los datos disponibles presentan márgenes de incertidumbre que impiden clasificarlos con claridad.

El tipo de régimen más común en términos demográficos es hoy la autocracia electoral, donde viven el 46% de los habitantes del planeta (unos 3.700 millones de personas). En este grupo se encuentran algunos de los países más poblados, como India, Pakistán, Etiopía o Indonesia.

Por su parte, las autocracias cerradas reúnen al 26% de la población mundial, alrededor de 2.100 millones de personas, en países como China, Vietnam, Coreal del Norte o Cuba.
En el extremo opuesto, las democracias liberales apenas albergan al 12% de la población mundial (unos 900 millones de personas), lo que representa su mínimo histórico en los últimos cincuenta años. Esta caída se debe tanto al descenso en el número de países que cumplen los estándares más exigentes de calidad democrática, como al estancamiento demográfico de las regiones donde aún se mantienen.

Las democracias electorales representan el 16% de la población mundial. A finales de 2024, los países más poblados en esta categoría eran Brasil, México y Nigeria, aunque los dos últimos se sitúan en la zona gris, es decir, en el umbral entre democracia electoral y autocracia electoral, según el grado de incertidumbre en los datos.

Debilitamiento de la independencia judicial

Vaciar de contenido la función de control de los tribunales mediante reformas legales, sanciones disciplinarias selectivas o la colonización de los órganos de gobierno judicial forma parte de cualquier manual de instrucciones para minar desde dentro un Estado de derecho. La consecuencia es una justicia menos autónoma, más vulnerable a la presión política y menos capaz de proteger los derechos fundamentales frente a otros poderes del Estado.

A escala internacional, el Índice de WJP constata un retroceso sostenido en los indicadores vinculados a la independencia judicial. En los últimos cinco años, el 65% de los países ha empeorado en esta categoría, con especial intensidad en Asia Central, África Subsahariana y América Latina. La manipulación de los procesos de nombramiento, la falta de garantías en la carrera judicial o las interferencias del poder ejecutivo en casos sensibles son prácticas cada vez más extendidas.

En el ámbito latinoamericano, esta deriva se refleja en episodios como el asedio a los tribunales constitucionales en El Salvador, los intentos de controlar el poder judicial en Guatemala o los conflictos por la renovación de altas magistraturas en Argentina. Uno de los casos más preocupantes es el de México, donde la reforma judicial aprobada en 2024 —que establece, entre otras medidas, la elección por voto popular del poder judicial al completo—, ha suscitado un fuerte rechazo entre los operadores jurídicos dentro y fuera el país azteca.

Para el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Albertico Guinto Sierra, la reforma conlleva “la sustitución de la independencia judicial por la obediencia y lealtad política”, poniendo en peligro la protección de los derechos fundamentales cuando se encuentren en conflicto con los intereses del gobierno. “Aunque se presenta como un esfuerzo para combatir la corrupción y democratizar la justicia, en realidad solo favorece al oficialismo en la concentración del poder, debilitando la democracia constitucional”, apunta en estas mismas páginas.

En Estados Unidos, el Tribunal Supremo, tradicionalmente garante de los grandes principios constitucionales, atraviesa un periodo de fuerte controversia. Sus fallos más recientes en cuestiones como el aborto, la fiscalización del poder presidencial o los derechos electorales reflejan una creciente alineación ideológica que ha deteriorado su imagen pública. La confianza ciudadana en el alto tribunal, según las encuestas periódicas de Gallup y Pew Research, se sitúa por debajo del 40%, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas.

En Europa, las encuestas del Eurobarómetro realizadas en 2025 muestran que la percepción de la independencia judicial varía de forma significativa entre Estados miembros. Mientras en países como Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia el nivel de independencia percibida se mantiene especialmente alto, con valores superiores al 75%, en Croacia, Bulgaria y Polonia se sitúa por debajo del 30%.
El último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho no pierde de vista a Hungría, donde continúan produciéndose presiones indebidas sobre algunos jueces dentro del propio poder judicial. En Polonia, la restauración de las garantías judiciales aprobada en el Parlamento aún no ha entrado en vigor, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

En España, la valoración de la independencia judicial continúa siendo baja a pesar de la renovación del CGPJ. Entre sus recomendaciones, la Comisión Europea destaca la reforma del sistema de nombramiento, en línea con los estándares europeos. También aboga por finalizar y aplicar la reforma del Código Penal, así como por reforzar el estatuto del fiscal general, incluyendo la desvinculación de su mandato del Gobierno.

Instrumentalización del Derecho y deterioro normativo

Uno de los síntomas más inquietantes y menos visibles del deterioro del Estado de derecho es la pérdida deliberada de calidad normativa. Esta degradación se manifiesta a través de prácticas legislativas opacas, reformas improvisadas, normas ambiguas o procedimientos acelerados que obstaculizan el control parlamentario y la participación ciudadana.

Más de 60 países han registrado en el último año un retroceso significativo en indicadores clave como la previsibilidad de las normas, el debido proceso en la producción legislativa y la ausencia de arbitrariedad del Gobierno, lo que refleja un patrón global de deterioro. Así, el Índice del Estado de Derecho constata que incluso en sistemas democráticos consolidados, el uso abusivo del decreto-ley, la omisión de trámites consultivos o la introducción de enmiendas legislativas ajenas al objeto del debate han debilitado la seguridad jurídica, especialmente en materias sensibles como derechos fundamentales, libertades públicas o transparencia institucional.

Esta instrumentalización del Derecho adopta modalidades diversas según los contextos. En Europa, la Comisión Europea ha documentado prácticas preocupantes en varios Estados miembros. En su último informe, denuncia la tramitación de reformas relevantes sin consultas públicas, la acumulación de competencias normativas en órganos ejecutivos o la utilización de procedimientos parlamentarios abreviados para evitar informes de órganos consultivos como los Consejos de Estado nacionales. En países como Hungría, Polonia o Rumanía, estas dinámicas se han traducido en cambios legales que han limitado la autonomía judicial o recortado derechos ciudadanos sin el debido debate parlamentario.
España no escapa a esta tendencia. Informes como el elaborado por la Fundación Hay Derecho advierten del uso reiterado del decreto-ley, de la proliferación de proposiciones de ley con origen parlamentario —sin memoria económica ni dictámenes preceptivos— y de la tramitación de enmiendas in extremis sin conexión temática con la norma principal. Esta forma de legislar, aunque formalmente legal, vulnera el principio de legalidad material y alimenta la percepción de arbitrariedad.

El presidente de esta Fundación, Segismundo Álvarez, escribía en OTROSÍ hace unos meses que “Una legislación ingente, compleja, técnicamente deficiente e inestable produce gravísimos daños a nuestra seguridad, libertad y prosperidad económica”.

En esa misma línea, el catedrático Manuel Aragón, emérito del TC y autor de referencia en materia de Derecho Constitucional, denuncia en las páginas de esta revista la degradación de las leyes parlamentarias causada por el falseamiento del procedimiento legislativo, el uso criticable de las enmiendas intrusas y el fraude consistente en utilizar las proposiciones de ley para huir de los requisitos que tendría presentarlas como proyecto de ley. “La escasa meditación y la defectuosa técnica en la preparación de las iniciativas legislativas gubernamentales (o de los partidos que le apoyan), la apelación constante al procedimiento de urgencia, la extrema limitación temporal de la presentación de enmiendas y de la deliberación parlamentaria, están produciendo unas leyes de escasa calidad con merma de la seguridad jurídica que las prescripciones legales deben proporcionar”, afirma Aragón.

En Estados Unidos, la litigiosidad institucional ha aumentado exponencialmente tras la investidura presidencial, con más de 500 demandas contra actos ejecutivos en ámbitos tan variados como la política migratoria, los aranceles, los derechos fundamentales o el clima. Según el seguimiento realizado por el centro Just Security, actualizado a diario, en el momento de redactar este reportaje, el 50% de los litigios sigue pendiente de resolución judicial y cerca de 120 casos han logrado algún tipo de bloqueo total o parcial de las medidas impugnadas. Hasta la fecha, ningún caso ha concluido con una sentencia firme favorable a los demandantes, lo que refleja tanto la complejidad de los procesos como los obstáculos estructurales para frenar la agenda ejecutiva por la vía judicial.

Corrupción estructural y opacidad institucional

La corrupción no es solo un fenómeno ético o económico. En su dimensión estructural, representa una de las formas más nocivas de degradación del Estado de derecho, ya que socava los fundamentos institucionales y distorsiona el principio de igualdad ante la ley. Allí donde la corrupción se convierte en una práctica sistémica, el Derecho pierde su capacidad de organizar el poder público y proteger los derechos ciudadanos, y se impone una lógica clientelar que erosiona la legitimidad democrática.

El índice de WJP identifica este fenómeno a través de un indicador específico, “ausencia de corrupción”. Según sus datos, aunque a nivel global se ha registrado una ligera mejora respecto al año anterior, el 41 % de los países evaluados sigue mostrando signos de retroceso en esta categoría. Las regiones más afectadas son América Latina, Asia Meridional y África Subsahariana, donde el clientelismo político, la impunidad de las élites y la captura de organismos públicos son prácticas persistentes que bloquean cualquier intento de regeneración institucional.

En el caso de la Unión Europea, la Comisión ha activado mecanismos de condicionalidad presupuestaria frente a Estados miembros en los que se detectan prácticas de corrupción institucional, especialmente vinculadas al uso de fondos europeos y a la independencia de las fiscalías. Aunque la mayoría de los Estados miembros ha aprobado estrategias nacionales, reforzado unidades especializadas y mejorado la cooperación entre cuerpos policiales, fiscalías y tribunales, persisten lagunas significativas en la regulación de los conflictos de intereses, la actividad de lobby o la financiación de partidos.

La Comisión constata además un bajo índice de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel, lo que debilita la confianza ciudadana en la equidad del sistema. En España, si bien los niveles de corrupción estructural son menores que en otras latitudes, persisten déficits preocupantes de transparencia en la gestión de fondos públicos, una débil fiscalización parlamentaria y una limitada autonomía de los organismos de control.

El Democracy Index 2024, por su parte, refiere una correlación directa entre los regímenes autoritarios o híbridos y los mayores niveles de corrupción percibida. Allí donde los controles institucionales son débiles, el poder se ejerce sin rendición de cuentas y los recursos públicos se utilizan con criterios opacos, se reproduce una lógica de apropiación del Estado por parte de determinados grupos. El informe destaca además cómo la corrupción estructural alimenta el escepticismo ciudadano, debilita el cumplimiento voluntario de las normas y favorece la aparición de movimientos populistas que capitalizan el malestar social.

Manuel Villoria, presidente de la flamante Autoridad Independiente de Protección del Informante (un organismo público en funcionamiento desde septiembre de 2025”, explica el vínculo estructural entre la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho, dos fenómenos que se retroalimentan. “La corrupción, como abuso de poder con incumplimientos legales, pero también morales, es un factor clave para explicar el deterioro de la confianza en nuestras instituciones. La propia concepción del Estado de derecho como un marco de expectativas sobre el comportamiento de los poderes públicos, explica también la percepción de la corrupción, pues esta incorpora incumplimientos morales como los que se derivan del desprecio a los valores que fundamentan dicho Estado de derecho”.

De ahí, concluye Villoria, esa correlación tan sólida entre ambas variables. “A más incumplimiento del Estado de derecho, mayor percepción de corrupción; a mayor percepción de corrupción, menor cultura de la legalidad y mayor deterioro del Estado de derecho.”

Amenazas híbridas y desinformación

La proliferación de campañas de desinformación, las injerencias extranjeras en procesos democráticos y la manipulación de algoritmos informativos configuran un nuevo escenario de riesgos difusos, difícilmente encajables en las categorías clásicas del Derecho público, pero con efectos directos sobre la calidad democrática y la confianza ciudadana.

El World Justice Project alerta en su índice de 2025 sobre el deterioro sostenido en el ámbito de los Derechos Fundamentales, que agrupa la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección frente a la censura. Desde 2016, este indicador ha retrocedido en más del 80% de los países, con caídas particularmente acusadas en América Latina, Asia y Europa del Este. Este retroceso no siempre responde a legislaciones restrictivas, sino a entornos mediáticos degradados, discursos polarizantes y pérdida de integridad informativa en el debate público.

En su índice global sobre el estado de la democracia, The Economist señala subraya cómo el auge de medios digitales no regulados, el uso de bots y granjas de contenidos, la opacidad de las plataformas y la pérdida de centralidad del periodismo profesional han creado un ecosistema especialmente vulnerable a la manipulación. En paralelo, el informe describe una polarización creciente y una pérdida de consenso sobre los valores democráticos esenciales. La cultura política mundial —que mide el apoyo ciudadano a la democracia frente a modelos tecnocráticos o autoritarios— ha caído de 5,73 en 2008 a 5,25 en 2024. Los datos sugieren un distanciamiento creciente entre ciudadanía y sistema democrático, especialmente entre las generaciones más jóvenes, más proclives a aceptar “alternativas no democráticas” ante la frustración con los sistemas políticos actuales.

La Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho 2025, identifica como riesgo específico la difusión de campañas de desinformación orquestadas desde el exterior, especialmente en procesos electorales. Además, señala la necesidad de una mayor transparencia algorítmica y de reforzar los mecanismos de verificación informativa. En los Estados miembros con mayores niveles de polarización política, estas amenazas han derivado en ataques a la integridad electoral, cuestionamientos a la independencia judicial o campañas sistemáticas de desprestigio contra las instituciones.

En España, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) tiene identificadas las campañas de desinformación como “grave amenaza para los procesos electorales” y, destaca “por su potencial peligrosidad” las estrategias de desinformación de actores extranjeros “tanto estatales como no estales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones”.

La hora de la abogacía

Frente a la erosión de los contrapesos democráticos y la normalización del conflicto institucional, la abogacía está asumiendo un papel cada vez más protagónico en la defensa del Estado de derecho, identificando las amenazas sistémicas que afectan a la justicia, denunciando los retrocesos normativos e institucionales y articulando respuestas colectivas ante el debilitamiento de los principios constitucionales.

La International Bar Association (IBA) expresó el pasado mes de marzo su “profunda preocupación” por la erosión del Estado de derecho en democracias consolidadas como Estados Unidos, advirtiendo sobre los ataques al poder judicial, a los medios y a la propia profesión jurídica como pilares esenciales de la democracia. En paralelo, la American Bar Association (ABA) lideró una declaración conjunta, firmada por más de 50 colegios de abogados en respuesta al intento de socavar el libre ejercicio de la abogacía.

El Colegio de la Abogacía de Madrid se adhirió de inmediato a esta respuesta colectiva, publicando un comunicado en el que condenaba “toda forma de presión o señalamiento contra los operadores jurídicos que ejercen sus funciones con independencia y sometimiento pleno a la legalidad”.

Esta línea de actuación no es nueva. El ICAM ha interiorizado la defensa del Estado de derecho como uno de sus fines esenciales, tanto en sus estatutos como en su práctica institucional. En noviembre de 2023, la Junta de Gobierno aprobó una Declaración Institucional en defensa de la separación de poderes, el valor de la justicia independiente y el respeto a la función jurisdiccional, una iniciativa avalada recientemente por la justicia como legítimo ejercicio de sus competencias colegiales.

Además, el ICAM contribuye anualmente a los informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, proporcionando una visión técnica desde dentro del sistema judicial español. También en el ámbito internacional, la Declaración de Madrid, firmada al cierre de la I Cumbre Iberoamericana, refleja el compromiso de la corporación madrileña con la protección efectiva de los valores democráticos, la independencia judicial y la garantía de los derechos fundamentales frente a cualquier forma de deriva autoritaria o instrumentalización del Derecho.

En el último Congreso de la Unión Internacional de Abogados, celebrado en octubre en México, el decano Eugenio Ribón propuso avanzar hacia una acción coordinada entre colegios de abogados de distintos países mediante tres líneas estratégicas: la creación de observatorios colegiales internacionales que alerten ante amenazas a la independencia judicial; la promoción de una participación técnica activa de la abogacía en los procesos de reforma legislativa; y el impulso decidido de la educación jurídica de la ciudadanía como base imprescindible para fortalecer la cultura democrática.

En palabras del decano: “En un tiempo en que el Estado de derecho se ve amenazado en demasiadas latitudes, y donde las fronteras de la injerencia política se difuminan, los colegios de abogados tenemos una obligación clara: no mirar hacia otro lado”.

Fuentes

• Rule of Law Index 2025. World Justice Project. Washington, D. C. Disponible en: https://worldjusticeproject.org
• Democracy Index 2024: Age of Conflict. The Economist Intelligence Unit. Londres. Disponible en: https://www.eiu.com
• Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization: Democracy Interrupted? University of Gothenburg – Varieties of Democracy (V-Dem), Gothenburg, Sweden. Disponible en: https://www.v-dem.net/documents/60/V-dem-dr__2025_lowres.pdf
• The Global State of Democracy 2025: Democracy in the Face of Uncertainty. IDEA Internacional. Estocolmo. Disponible en: https://www.idea.int
• Final Report of the ABA Task Force for American Democracy (2025). American Bar Association. Disponible en: https://www.americanbar.org
• Chin, J. J. & Wright, J. (2024). Self-Coups Since 1945: A Global Database. Colpus Project. Disponible en: https://www.colpus.org
• Informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea – Edición 2025. Comisión Europea. Dirección General de Justicia y Consumidores. Disponible en: https://ec.europa.eu/info
• Informe 2024 sobre calidad normativa en España: análisis del deterioro legislativo y sus consecuencias institucionales. Fundación Hay Derecho. Disponible en: https://www.hayderecho.com
• Informe Anual de Seguridad Nacional 2025. Departamento de Seguridad Nacional. Presidencia del Gobierno de España. Disponible en: https://www.dsn.gob.es
• Informe Estado de Derecho y Seguridad Jurídica en Iberoamérica (2025). Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Disponible en: https://web.icam.es
• Declaración de Madrid – Cumbre Internacional ICAM 2025: Iberoamérica. Adoptada el 6 de junio de 2025. Disponible en: https://web.icam.es
• Executive Orders Litigation Tracker (2025). Just Security – NYU School of Law. Disponible en: https://www.justsecurity.org
• Special Eurobarometer 534: Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU (2025). Comisión Europea. Disponible en: https://europa.eu/eurobarometer
• Statement on Threats to the Rule of Law and the Legal Profession (2025). International Bar Association (IBA). Disponible en: https://www.ibanet.org
• Aragón Reyes, M. (2025). La situación del Estado de Derecho en España. Revista OTROSÍ, ICAM.
• Villoria Mendieta, M. (2025) Corrupción y Estado de Derecho. Revista OTROTROSÍ, ICAM.
• Guinto Sierra, A. (2025). El deterioro de la independencia judicial en México y América Latina. Revista OTROSÍ, ICAM.

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El informe recoge los resultados de un estudio demoscópico digital que se ha desarrollado de la mano de la consultora GAD3. En total, 893 profesionales respondieron 24 preguntas entre el 4 y el 18 de febrero. Se reparten en igual proporción entre hombres y mujeres y, en cuanto a la edad, la mayor parte (35%) está en la franja que va de los 46 a los 55 años y el 20% son jóvenes, menores de 35 años.

Un primer dato ilustrativo es que más de 8 de cada 10 están colegiados en el ICAM como abogados ejercientes, mientras que un 14% también lo está, pero como no ejerciente. Solo un 4% de quienes han participado en el informe no están colegiados. Sobre esto, la diputada del ICAM responsable de abogacía de empresa, Ana Buitrago recuerda que la diferencia de cuota para ser ejerciente no es significativa, pero la ventaja es mayor. “Los colegiados ejercientes están protegidos por el secreto profesional en cualquier tipo de relación laboral. Cuentan con asistencia inmediata por parte del Colegio, incluso con personación durante inspecciones de cualquier autoridad que afecte la compañía para velar que se aplica esta garantía a la documentación de asesoramiento jurídico. La protección no es para el abogado, sino para el cliente: se protege la confidencialidad de las comunicaciones”, subraya.

Por su parte, la diputada del ICAM Teresa Mínguez recuerda que la profesión de abogado está regulada por la Directiva 77/249/C de libre prestación de servicios. “Esto significa que debes tener la cualificación profesional correspondiente y, además, la colegiación. Contamos con un marco común para proteger el secreto profesional, de enorme relevancia para el abogado de empresa, que tiene que estar colegiado como ejerciente”, puntualiza.

Perfil experto, multitarea y en evolución

La exclusividad marca la relación de los letrados in house respecto de la empresa a la que asesoran: el 81% se encuentra en este escenario. El 19% restante compagina esta actividad con otras ocupaciones. Si nos centramos en la trayectoria y en la experiencia que acumulan, todos aportan un bagaje profesional de valor, con varios años de desempeño previo en bufetes o en otras áreas. Más de 7 de cada 10 ha ejercido la abogacía en un despacho antes de integrarse en el mundo corporativo, el 10% había desarrollado su carrera en un organismo público y el 7% ha ejercido en el campo de la docencia y de la investigación. La estabilidad laboral es también un dato que destacar, con largas carreras, ya que casi un tercio lleva más de 20 años como abogado in house y el 27% lo ha hecho entre 11 y 20 años.

“Hay un alto grado de seniority, una parte importante son directores y asociados sénior. Esto significa que están muy cerca del desarrollo del negocio y que su papel está reforzado, con una labor estratégica cada vez mayor desde las propias asesorías in house”, comenta Teresa Mínguez.

Según el tamaño de la empresa en la que desempeñan su labor, la mayoría trabaja en la asesoría jurídica de una gran empresa, es decir, aquella que cuenta con una plantilla de 250 trabajadores o más. Esta es la realidad para casi 7 de cada 10 participantes (el 68% del total). El 13% de los encuestados está contratado en una empresa mediana, con hasta 249 empleados, mientras que el 11% lo hace en una empresa de tamaño pequeño, es decir, con un máximo de 49 trabajadores en nómina. En el 8% de los casos, el ejercicio de
sus funciones se da en una microempresa, con hasta 10 trabajadores.

Sobre los sectores e industrias en los que las empresas para las que trabajan desempeñan su actividad, la mayoría lo hace en el sector financiero, es decir, banca, seguros y otras entidades de crédito, con el 18% de las menciones. Le siguen de cerca, con un 15%, el sector de la construcción e infraestructuras, casi el mismo porcentaje que el del sector tecnológico (14%). Un 10% desempeña sus funciones en empresas energéticas, aunque más de un cuarto (26%) menciona otras áreas.

En la mayoría de los casos, las asesorías jurídicas suelen tener un tamaño medio. De hecho, casi 4 de cada 10 profesionales afirma que en su departamento trabajan entre 2 y 5 personas. Pero hay un porcentaje similar (34%) de abogados que ejerce sus funciones en un departamento integrado por más de 10 especialistas, mientras que en el 16% de los casos tienen que asumir la función de asesoría jurídica en solitario. En el 13% de los casos, las empresas disponen de asesorías internas con entre 6 y 10 personas trabajando.

En cuanto al nivel jerárquico o el cargo que desempeñan dentro del departamento jurídico, el 39% desempeña funciones de dirección y, por tanto, tiene el máximo grado de responsabilidad. Coincide con el mismo porcentaje en el rol de abogado sénior, mientras que el 7% tiene un perfil junior. Además, el 3% trabaja como paralegal o asistente jurídico. El 10% desempeña otro tipo de funciones.

El profesional de la abogacía interno, mucho más que un asesor legal

A día de hoy, además del asesoramiento legal, los abogados corporativos han incrementado su peso estratégico en áreas relevantes para el desarrollo del negocio. Junto con aportar la perspectiva jurídica en todos los proyectos internos y en los conflictos legales, también han ido asumiendo una serie de funciones adicionales, siendo las más destacadas el cumplimiento normativo, con el 68% de las menciones, seguida de protección de datos (53%) y gestión de riesgos (33%).

“El abogado in house suele ser miembro del comité de dirección. En cuanto a su perfil, tiene que ser una persona rigurosa y creativa, abierta a aprender metodologías para mejorar su capacidad de innovación. También, estar curtido en la calibración de riesgos y en la detección de oportunidades. Además de conocer su negocio y el sector, debe saber de gestión de proyectos, de tecnología, sin olvidar su función jurídica. Es un perfil muy exigente, con una formación y experiencia amplia y diversa”, describe Ana Buitrago.

Y su creciente protagonismo también se traduce en una mayor participación en asuntos y decisiones corporativas de primer nivel, por lo que su opinión experta también se escucha en la estrategia corporativa (31%). Asimismo, son también una pieza clave en el campo de las relaciones institucionales (20%). Otra área en la que tienen un protagonismo creciente como parte de la asesoría jurídica interna es la de sostenibilidad (18%) y también la de recursos humanos (15%). El 22% menciona otras funciones.

“Ha dejado de ser el abogado reactivo, al que el negocio va cuando tiene un problema, a ser muy proactivo, a participar en el diseño de la estrategia empresarial y en la toma de decisiones. Para eso ha tenido que aprender de muchas otras cosas, por encima de materias técnico jurídicas, finanzas, marketing, su producto y su industria. Se sienta a la mesa con todas las demás funciones y negocios”, explica Mercedes Carmona, copresidenta de la sección de Abogacía de Empresa del ICAM.

El perfil multidisciplinar es algo que también caracteriza a estos profesionales, que tienen que abordar asuntos en distintas áreas de práctica debido a que se les exige un asesoramiento integral para el negocio y la atención de diversos asuntos que surgen en el día a día de las empresas. Las disciplinas en las que más intervienen tienen que ver con el área mercantil (62%) y también con los conflictos civiles (40%) y societarios (39%). Asimismo, es muy habitual que aborden el área de cumplimiento normativo (32%) y de derecho administrativo (32%) y procesal (24%), así como el derecho laboral (18%) y fiscal o tributario (9%).

En el 23% de los casos, los abogados de empresa desempeñan también funciones de secretario en su empresa. En concreto, el 14% lo hace como secretario no consejero y el 9% como secretario con funciones de consejero. Además, 4 de cada 10 forma parte del comité de dirección o participa directamente en la toma de decisiones estratégicas.

“Antes, los abogados acudían cuando ya había que cerrar el contrato. Ahora observo justo lo contrario, están más implicados y tienes más fuerza, se cuenta con ellos desde el inicio precisamente para evitar los riesgos de una mala negociación. Ejercemos un rol más de abogacía preventiva y vemos qué se puede hacer para evitar que la redacción de una cláusula nos pueda inferir un riesgo. Tiene un rol más de management, por ver las consecuencias de adoptar una decisión u otra. Quien decide es el CEO, pero apoyado en la opinión de la asesoría jurídica”, explica, Elia Esteban, copresidenta de la sección.

Sí a la IA, pero poco a poco

La digitalización y las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, están integradas en la mayor parte de los departamentos jurídicos. Solo en el 15% de los casos ni han implantado estos avances ni prevén su integración en el corto plazo. Sin embargo, en más de 8 de cada 10 asesorías sí se está apostando por el uso de herramientas digitales. Sobre el progreso en la adopción de la IA, las respuestas se pueden dividir casi en tres tercios: las que la han implantado, las que están en fase de pruebas y las que lo están valorando.

El 10% de los abogados de empresa señala que en su área se han implementado este tipo de tecnologías de forma completa, mientras que en el 17% ya se han desplegado de forma parcial. En el 31% de los casos, los abogados reconocen que actualmente están inmersos en una fase piloto o de testeo del potencial de esta herramienta y un 26% sostiene que todavía está evaluando la posibilidad de integrarlas.

Los motivos se pueden prever. “Un gran despacho puede arriesgarse a elegir y equivocarse, pero un departamento pequeño debe tener muy claro qué herramienta va a contratar porque si no sirve, tendrá que dar explicaciones por la inversión. Va a ir algo más lento y se van a incorporar las herramientas que generen eficiencia. No va a ser la panacea ni sustituirá al personal, pero habrá que estar preparados. Siempre exigirá de la supervisión del abogado, también por su responsabilidad si se equivoca”, reflexiona Teresa Mínguez.

Para Elia Esteban, se trata de una herramienta que ayuda en el día a día, pero con matices. “La IA está ahí y te va a liberar de tareas puramente mecánicas, revisión de jurisprudencia, de la legislación y ahorras mucho tiempo. Pero la esencia de un buen abogado, la capacidad de negociación, el expertise, nunca lo va a superar. Las habilidades como la improvisación en una argumentación jurídica, la oratoria para convencer a la otra parte o al juzgador del sentido que tiene tu demanda, no lo va a poder hacer”, concluye.

Los retos: ciberseguridad y sostenibilidad

Los riesgos que amenazan la actividad de las empresas, así como su impacto legal, centran la preocupación de las asesorías jurídicas y hacen que la ciberseguridad sea un tema de primer orden. Casi 9 de cada 10 abogados in house reconoce que los ciberriesgos son de los asuntos de mayor interés por el impacto que pueden tener en la continuidad de sus organizaciones. Mercedes Carmona lo confirma: “La ciberseguridad es uno de los mayores riesgos. En las empresas estamos poniendo muchísimo esfuerzo en esta materia y los abogados tenemos que hablar con perfiles fuera de lo jurídico, ingenieros e informáticos, es una labor de equipo. Debemos formarnos en conocimientos técnicos para entender dónde debemos actuar.”

Otro desafío es la sostenibilidad, que está transformando los modelos de negocio, sobre todo en sectores en los que los estándares de cumplimiento son más elevados por imperativo legal. Casi 8 de cada 10 abogados internos aseguran que la estrategia jurídica de su empresa ha integrado los principios ESG (environmental, social and governance, es decir, medioambiente, social y gobernanza) o está en proceso de hacerlo. “Hay grandes empresas con músculo para tener la asesoría jurídica separada de cumplimiento normativo y privacidad, pero a nivel más bajo, la asesoría se encarga de todas las materias, incluida ESG”, explica Mercedes Carmona.

El 35% de los encuestados sostiene que estos criterios no solo están integrados, sino que forman parte esencial de su estrategia jurídica, mientras que el 28% asegura que la integración ha sido parcial en áreas concretas clave para el negocio. Otro 15% afirma que actualmente están inmersos en su integración y que es un proceso en curso. Solo el 9% señala que no están integrados, mientras que el 13% reconoce que los han valorado, pero no planean su integración. Ana Buitrago cree que el abogado in house es clave en el cumplimiento y en el reporte de la sostenibilidad. “Tiene una importante labor de verificación, vigilando la coherencia y cómo se cuenta para que cualquier declaración esté bien fundada y no ponga en riesgo a la compañía”, comenta.

El bienestar para atraer talento

Las políticas de bienestar, la conciliación y el cuidado de la salud mental de la abogacía son uno de los focos de actuación del ICAM y así quedó reflejado en el anterior número de la revista Otrosí. En esta ocasión, se ha querido conocer con mayor detalle cuáles son las condiciones concretas que viven los abogados de empresa: casi 3 de cada 4 confirman que en su entorno profesional se promueve el bienestar emocional.

En algunos casos, estas iniciativas se fomentan de manera activa y comprometida, a través de políticas, recursos y prácticas concretas y bien pautadas (44%); en casi el 32% también se promueve el bienestar, aunque sin una estrategia clara. Una cuarta parte de los profesionales cree que aún falta por avanzar en su lugar de trabajo. “Tiene mucho que ver que estés en una empresa grande para tener un mayor nivel de protección de bienestar, a nivel de policy”, comenta Teresa Mínguez.

“Las grandes empresas tienen más recursos, pero esto está vinculado a la madurez de la compañía y a la cultura. El talento es cada vez más difícil de atraer y los más jóvenes le dan mucha importancia al bienestar emocional, no solo al económico”, añade, destacando iniciativas como horarios flexibles, teletrabajo y otros servicios. Y advierte a los bufetes: “Deben entender que también son empresas y desarrollar políticas porque tendrán problemas de retención del talento y de fuga a las asesorías de empresa”.

Servicios del ICAM: “Tomamos nota”

Aunque casi un tercio tiene una opinión positiva o muy positiva de los servicios del ICAM para la abogacía de empresa, la mayoría de los encuestados, el 40%, tiene una opinión neutra y un 19% asegura que no tiene una opinión clara, lo que plantea el desafío de dar a conocer el valor de lo que puede hacer el Colegio por este colectivo. Solo el 15% tiene una visión negativa o muy negativa. “Tomamos nota de este input y haremos un esfuerzo mayor, con contenido más potente. Trabajaremos para llegar de manera más eficaz para que se aprovechen los servicios, los recursos y las formaciones”, adelante Ana Buitrago.

Con el objetivo de conocer qué tipo de servicios serían los más valorados por el colectivo de abogados in house, se planteó una pregunta abierta. Entre los asuntos que más menciones acumulan, destacan el acceso a cursos online y jornadas de formación adaptadas a la abogacía de empresa, como liderazgo, negociación, gestión de crisis y comunicación corporativa. También demandan foros y espacios de encuentro y eventos sectoriales. Asimismo, mencionan el acceso a recursos documentales, asesoramiento laboral, recursos tecnológicos y la protección y defensa del secreto profesional, con varias alusiones positivas a los comunicados emitidos por el ICAM frente al criterio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“Vamos a ofrecer formación específica para la abogacía de empresa, con formatos intensivos, flexibles y online para reforzar las soft skills de los profesionales. El enfoque será interdisciplinar, centrado en ESG, habilidades tecnológicas y otros temas de su interés para que cuenten con esas pinceladas de actualización”, explica la diputada Ana Buitrago. Por su parte, Teresa Mínguez recordó que también se han firmado acuerdos con las principales asociaciones de abogados de empresa a nivel internacional.

Siempre que ejerzas la abogacía, el secreto profesional te ampara

La situación del secreto profesional y el amparo que ofrece a los abogados de empresa preocupa. Más de la mitad de los encuestados cree que no cuenta con la debida protección en su ámbito de actuación: mientras el 11% afirma que no está nada protegido, el 42% considera que la protección es escasa. En contraposición, el 39% cree que está muy o bastante protegido y el 8% no tiene una opinión formada al respecto. “Vamos a seguir trabajando para que no haya ninguna duda de que un abogado de empresa colegiado como ejerciente cuenta con las mismas protecciones que un abogado por cuenta propia o que trabaja en un despacho”, insiste Teresa Mínguez.

Al abordar su experiencia personal, casi un tercio de los letrados de empresa confirma que ha sentido que su derecho al secreto profesional o a la confidencialidad de sus comunicaciones o de los dispositivos que utiliza en su ámbito profesional se ha visto amenazada. Sin embargo, el 70% afirma que no ha sentido ningún tipo de vulneración.
Sobre el secreto profesional, Elia Esteban aclara algunos detalles importantes. El primero, que el secreto profesional no protege al abogado por serlo, sino cuando está ejerciendo como tal. “Si yo soy abogado de empresa y envío un burofax con una oferta a la otra parte y se quebrantan las negociaciones, si lo he hecho ejerciendo como abogado, me protege el secreto profesional: esa oferta no se puede desvelar ni presentarse en una demanda. Pero si hago una oferta en una negociación como directivo de la compañía y no estoy actuando como abogado, aunque sea el letrado in house, no estoy bajo el amparo del secreto”, explica la presidenta de la sección.

Recuerda que en algunos países de la UE no reconocen al asesor jurídico empresarial como abogado porque consideran que carece de independencia suficiente. De hecho, en Francia no se pueden colegiar. “Pero en España el ordenamiento jurídico reconoce el secreto profesional al ejercicio de la abogacía y sigue plenamente protegido aunque se haya intentado poner en tela de juicio. El artículo 16 de la Ley Orgánica de Derecho de Defensa (LODD) garantiza la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, sea del tipo que sea. También el secreto de todas las actuaciones en el ejercicio de su deber de defensa y de las que conozca por su labor profesional”, recalca. “No hay ninguna diferencia con el letrado de despacho, siempre que esté ejerciendo de abogado. Este es el quid de la cuestión”, subraya Elia Esteban.

El ICAM facilita actualmente unos sellos de protección para adherirlos en los dispositivos informáticos que utilizan los letrados de empresa que advierten que la información que contienen proviene del asesoramiento jurídico y está protegida por el secreto profesional. Otra recomendación consiste en incluir el número de colegiado en la firma de los correos electrónicos, entre otras buenas prácticas. “El objetivo es dejar claro, tanto en el fondo como en la forma, que la documentación está protegida. No hay que olvidar que la protección de la confidencialidad de las comunicaciones no es para el abogado, sino para el cliente”, explica la diputada Ana Buitrago.

¿Más networking? Habrá II Encuentro de la Abogacía de Empresa

El pasado 24 y 25 de octubre de 2024 tuvo lugar un acontecimiento inédito: se celebró el I Encuentro de la Abogacía de Empresa, impulsado mano a mano por los Colegios de la Abogacía de Madrid (ICAM) y de Barcelona (ICAB) que congregó a más 30 ponentes de primer nivel. ¿El objetivo? Analizar y poner en valor las nuevas realidades que enfrentan los profesionales in house, cada vez más integrados en las decisiones estratégicas de las organizaciones. Dada la positiva acogida de este evento, la Sección de Abogacía de Empresa se ha propuesto celebrar la segunda edición.

“Daremos continuidad al Congreso el próximo otoño en Barcelona. La primera edición ha tenido una acogida muy positiva, con un muy buen feedback”, adelanta Ana Buitrago, que reconoce que el trabajo del abogado in house puede ser más solitario, a diferencia de los bufetes, por lo que es comprensible que se demanden más espacios de encuentro.

En este primero encuentro, se abordaron los temas que marcan el día a día de las asesorías jurídicas y que preocupan a sus negocios: la protección del secreto profesional, la transformación digital, los ciberataques, el cumplimiento normativo, la fiscalidad internacional y los criterios ESG. La transformación digital y el uso de tecnologías disruptivas, como la IA generativa, también protagonizaron algunas sesiones. Y hubo espacio para compartir las mejores prácticas en compliance y gobierno corporativo en un entorno empresarial marcado por un elevado nivel de exigencia.

A ello se sumaron espacios de networking, que permitieron crear nuevos lazos y vínculos entre profesionales de los mismos sectores y también de distintas industrias, fomentando un intercambio de conocimientos y experiencias enriquecedor, acorde con lo que demandan los abogados in house para mejorar en el desarrollo de sus funciones en el entorno corporativo.

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Javier Puyol ha puesto en marcha la sección de Protección de Datos y Big Data este 2024 con la colaboración del abogado y experto en privacidad Rodrigo González. “Hemos hecho muchas cosas. Hemos colaborado con otras secciones en materia de protección de datos, como asunto transversal que afecta a muchos sectores”, afirma.

“Lo que hemos puesto en marcha es una certificación para abogados y despachos para elevar el nivel medio de conocimiento de protección de datos. La deficiente aplicación de la protección de datos se basa en errores humanos. Ya está operativo. Es un proyecto interesante que abarca una masa crítica de 100.000 personas solo en el ICAM de Madrid”, comenta.

Este jurista indica que “en nuestra sección hemos contado con la presencia de la actual directora de la AEPD, ahora esperamos que venga próximamente el nuevo presidente y adjunto que está siendo elegido por el Gobierno. Es posible que sea uno de los catedráticos como Lorenzo Cotino. Es posible que la adjunta sea una mujer, quizás Ana Marzo, profesora de Alcalá de Henares”.

En el año 2025, además de esta convocatoria, Puyol adelanta que la sección convocará al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, el catedrático de derecho procesal Jesús María González.

Entre los temas que preocupan de cara a 2025, señala la gestión de las páginas porno. “Veo que el Ministerio de Transformación Digital no arranca sobre estos temas. Los criterios de la agencia no están siendo ratificados por la CNMC”.

Además, el conflicto abierto por el registro de viajeros puesto en marcha a finales de este año seguirá coleando el próximo curso. “En este momento, el problema es el registro de viajeros del Ministerio del Interior. Vamos a poner una denuncia sobre este tema”. Hay muchos datos que se piden ahora que no son necesarios. “Se basa en el artículo 25 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hay un error importante en este RD por todos los datos que se piden a los ciudadanos. Esa cesión de datos entre administraciones no está regulada por una ley”.

El problema es la conservación de los datos de los hoteleros durante 3 años. “Eso puede ser un problema para muchos establecimientos. Ahí salen perjudicados todos, hoteleros y clientes. La denuncia la haremos con la Asociación de Directores de Hoteles. Hay mucho trabajo en protección de datos”.

Tecnologías siempre al alza

Por su parte, Alejandro Touriño, presidente de la sección TIC, recuerda a lo largo de 2024 “esta sección ha desempeñado un papel fundamental en la promoción del derecho digital y la formación de los colegiados en esta materia. Entre otros hitos, la Sección participó activamente en la presentación de la cuarta edición del ‘Memento Derecho Digital’, destacando la importancia de la transversalidad del derecho digital en todas las áreas jurídicas. Durante este evento, se abordaron temas clave en el ámbito de la regulación digital”.

Al mismo tiempo, señala que la Sección TIC ha continuado su labor de divulgación y reflexión sobre el impacto de las tecnologías emergentes. Un ejemplo relevante fue la jornada dedicada a la computación cuántica, organizada en colaboración con la Asociación DENAE. Esta jornada analizó los desafíos legales asociados a esta tecnología, así como su impacto en la seguridad digital. La computación cuántica fue presentada como un paradigma emergente que transformará sectores clave de la sociedad y la industria.

Para este jurista, otro evento destacado en 2024 fue la jornada “Innovación, tecnología y datos personales: horizonte y retos en 2024”, organizada conjuntamente con la Sección de Protección de Datos y Big Data del ICAM. Esta actividad incluyó mesas redondas sobre la inteligencia artificial y su impacto en la protección de datos, así como sobre los retos que enfrentan los delegados de protección de datos ante los cambios normativos. Además, se homenajeó a Jesús Rubí Navarrete, figura destacada en la protección de datos, en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria profesional.

A través de estas actividades, la Sección TIC ha demostrado su compromiso con la actualización y formación de los abogados en áreas cruciales del derecho digital, ofreciendo un espacio de reflexión, aprendizaje y debate sobre los temas más actuales de la tecnología y su regulación, sostiene Touriño.

En cuanto a las previsiones para 2025 y los retos que se avecinan, este abogado experto en derecho TIC vislumbra “importantes desarrollos normativos y tecnológicos que impactarán el derecho digital. Se espera la entrada en vigor y la aplicación efectiva de regulaciones europeas como la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) y la normativa DORA (Digital Operational Resilience Act), que establecerán obligaciones de control, transparencia y gobernanza para la utilización de la inteligencia artificial y la resiliencia operativa digital en el ámbito financiero, respectivamente”.

A su juicio, “estas normativas afectarán a múltiples sectores económicos, requiriendo nuevas prácticas de cumplimiento normativo”. Desde su punto de vista, “el avance de la computación cuántica seguirá siendo una de las grandes prioridades”, pues “los expertos prevén que los desarrollos en este área traerán nuevos desafíos legales, especialmente en la protección de la privacidad y la seguridad de la información”. En ese sentido, advierte Touriño, “la Sección TIC del ICAM ya ha comenzado a abordar este tema, pero en 2025 se espera un debate más profundo sobre la necesidad de marcos normativos específicos para la computación cuántica y su intersección con la inteligencia artificial”.

En su opinión, “otro aspecto clave será la regulación de los criptoactivos y la implementación de las normas europeas de los Mercados de Criptoactivos (MiCA). Esta normativa entrará en vigor de forma progresiva y afectará a empresas y particulares que operen con criptomonedas”. Desde esta perspectiva, añade, “los despachos de abogados deberán prepararse para asesorar a sus clientes en el cumplimiento de las nuevas obligaciones de registro, transparencia y supervisión, especialmente con el auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT)”.

Finalmente, a juicio de este abogado, “se espera una mayor integración de la ciberseguridad en las normas de cumplimiento normativo de empresas y despachos. La aplicación de la Directiva NIS2 y la implementación de las obligaciones de seguridad digital para proveedores de servicios críticos obligarán a las empresas a reforzar sus sistemas de ciberseguridad”. Para Alejandro Touriño, “la abogacía tendrá un rol esencial en la definición de políticas de seguridad y en la gestión de incidentes relacionados con ataques cibernéticos, especialmente en sectores sensibles como el financiero, energético y sanitario”.

Innovación y Abogacía

Sara Molina y José Ramón Moratalla son los responsables de la sección de Innovación y Abogacía, muy activa a lo largo de este 2024. “En este año hemos abordado el tema de la IA desde diferentes perspectivas. Así, lo hemos analizado desde el punto de vista de la inversión, de la gestión del conocimiento, contando con diferentes profesionales del sector en distintas áreas y con diferentes visiones”, explica Molina.

Otra cuestión que destaca esta experta es que “en esas visiones hemos contado con la perspectiva del abogado individual, despachos pequeños o firmas más grandes, y también desde el propio cliente que tiene su visión. De tal forma cerramos el círculo sobre la innovación en la abogacía. De cara al año que viene, el apoyo de nuestro Consejo Asesor, formado por profesionales vinculados al mundo de la innovación y abogacía nos permite realizar acciones interesantes”.

Desde su punto de vista, “lo que se pretende con esta iniciativa es dar un salto cualitativo, no solamente en cuanto a las temáticas a tratar, sino también respecto también a qué materias se van a abordar teniendo en cuenta el formato que se pueda utilizar. Son formatos diferentes que nos van a permitir estar más cerca y compartir los temas más pioneros de nuestro sector profesional en un momento importante como este que estamos viviendo”.

Por su parte, Moratalla destaca que “debemos recordar a finales del año pasado el acto de reinauguración de la sección, al mismo tiempo se cambió la denominación de la misma para una más abierta porque consideramos que puede dar más servicio a los colegiados y al propio ICAM. Desde esta perspectiva nos permite afrontar el reto que nos hemos impuesto Sara y yo de llevar la innovación a la gestión de los despachos al máximo nivel”.

Este profesional recuerda que innovación “no es solo la innovación tecnológica y la transformación digital que empresas y despachos están ahora afrontando para ser más eficientes, sino que innovación, como concepto, está en todo, en comunicación, en el desarrollo de la empresa que afecta también a las asesorías jurídicas de empresa, fiscales, contables y laborales como en los propios departamentos jurídicos corporativos de empresa donde el papel de los abogados, aun en el caso de que algunos no sean ejercientes, es importante”.

A su juicio, “todo lo que sea innovar para que el abogado haga más eficaz y fácil su labor, en su ejercicio profesional o a nivel corporativo para lo que es el desarrollo del propio despacho, bienvenido sea. Hay una faceta que es la colaborativa dentro de las organizaciones como son los despachos y las asesorías de empresas que hay que potenciar y la innovación en este sentido es fundamental”.

Sobre el balance anual, cree que ha sido bueno: “Hemos organizado varias jornadas, como una con Woman in a Legal World y The Valley, con el patrocinio de Lefebvre y Deloitte, donde se presentó un informe de innovación. Posteriormente hubo otra jornada sobre ‘La IA en la innovación de la gestión del conocimiento’, que dio visibilidad al papel del área de conocimiento en los despachos y asesorías jurídicas y la importancia de la innovación”.

Por otra parte, Moratalla adelanta que se ha planteado una encuesta para medir la innovación en los despachos que lanzaremos en el futuro. “El reto que tenemos el próximo año es hacer crecer la sección y sus inscritos. Desde aquí queremos invitar a los colegiados, ejercientes o no, a formar parte de esta sección de innovación y abogacía. La filiación es compatible con la adscripción a cualquier otra existente. Y ya estamos pensando en otros temas para el 2025 con el apoyo del Consejo Asesor formado por 14 profesionales”.

El Año de la IA

Para Santiago Mediano, presidente de la sección de Robótica, IA y realidad aumentada del ICAM, 2024 ha sido sin duda el Año de la Inteligencia Artificial. “Ello ha motivado que las jornadas y eventos sobre IA se hayan multiplicado, dado que es una materia que atraviesa transversalmente toda la realidad”.

Así, “muchas otras secciones del ICAM han organizado sus propios eventos y congresos, y desde aquí los hemos apoyado, a veces sumando fuerzas para colaborar, como con la Sección de Derecho y Cultura, otras participando en sus propios eventos, como congresos y jornadas”, indica.

Entre las actividades propias de la sección, cabe destacar la jornada sobre el Reglamento de IA impartida por Iban Sánchez del Blanco, eurodiputado español que participó activamente en la tramitación del Reglamento de IA, y que habló sobre cómo se gestó esta norma y el futuro de la regulación sobre IA en Europa.

“Para 2025 tenemos planes ambiciosos: celebrar el Primer Congreso de IA y Derecho, publicar un compendio de normas sobre IA, y abordar los siguientes temas: IA y justicia (uso de herramientas de IA en procesos judiciales y arbitraje), la convergencia de tecnologías (IA, robótica, impresión 3D, realidad virtual y aumentada, edición genética, y enlaces sistema nervioso-máquina), Perspectivas éticas y jurídicas.”

Junto a ello, concluye Santiago, se analizarán las primeras sentencias sobre IA generativa, cuestiones relacionadas sobre mercados culturales e IA y también se ahondará en los problemas jurídicos de los metaversos y la realidad virtual.

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Ejercicio vocacional, excelencia profesional

Además de un extraordinario currículum y un vasto catálogo de logros jurídicos, estos profesionales comparten otro elemento en común, uno que los define como letrados y como personas: la vocación social, el sentido de la justicia y el compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos de la ciudadanía más vulnerable.

“Yo decidí entrar en el Turno de Oficio porque creo que todas las personas, independientemente de su situación económica tienen que tener acceso a una defensa de calidad”, señala Noelia Bauzá. “Una parte muy importante de nuestra profesión es la función social, y el Turno es la forma en que puedes contribuir de alguna manera a que tus conocimientos hagan una sociedad en cierta medida más justa”, añade África Calleja.
“Prestamos servicio a unas personas que por carecer de recursos económicos normalmente no van a tener medios para defenderse ante los órganos judiciales”, apunta César Pinto.

Junto a más de 4.800 avezados letrados, Noelia, África, Pilar, Óscar, César y Patricia constituyen el excepcional y desconocido capital humano del Turno de Oficio en Madrid. Un cuerpo de profesionales extraordinariamente formados que garantiza sin descanso el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.

“Llevo 30 años ejerciendo como abogado y desde el principio formo parte del Turno del Oficio. Entiendo que son los profesionales, sino los mejores, los más cualificados y actualizados del territorio nacional”, sostiene Óscar Hernanz con conocimiento de causa. Los requisitos de acceso, en especial a los turnos más especializados, igualan o superan los de muchos procesos de reclutamiento de las firmas privadas.

“Los profesionales que nos dedicamos a esto llevamos mucho tiempo”, recuerda César, un abogado capaz de obtener hasta siete recursos de amparo del Constitucional, tribunal que inadmite cerca del 99% de los que recibe.

Sin embargo, esto que es ampliamente conocido y no pocas veces reconocido entre los compañeros, los operadores jurídicos y quienes han requerido en alguna ocasión de sus servicios, resulta completamente ajeno a la ciudadanía en general. “La sociedad no conoce el Turno de Oficio, no es que no lo valore, no lo conoce. No sabe nada del Turno, ni que existen guardias de 24h, o que no solo damos atención a los malos de la película”, opina Patricia Gómez. Es en el cine, entre otras fuentes, donde según Noelia los ciudadanos encuentran una visión sesgada de la abogacía de oficio.

Con los datos en la mano, existe una fuerte contradicción entre los resultados de las encuestas que realizan los colegios de abogados a los usuarios de justicia gratuita, que revelan un alto grado de satisfacción, y un imaginario colectivo en el que predomina una visión un tanto degradada de la profesión. “La gente que ha acudido y ha sido asesorada por un abogado del Turno de Oficio tiene una satisfacción alta, pero a nivel general, en nuestra sociedad, somos algo desconocidos y cualquier campaña que se haga de lo que hacemos será bienvenida. No somos ese abogado de segunda que dicen algunos”, proclama Calleja.

Turno del ICAM

Para revertir esta tendencia, en el marco del día de la justicia gratuita el Colegio de la Abogacía puso en marcha este verano una campaña en autobuses y marqusinas para reivindicar la valía de este servicio prestado por profesionales excelentes. Bajo el lema “Es tu Turno, es tu abogacía de oficio”, las caras y los perfiles de Noelia, África, Óscar, César, Pilar y Patricia recorrieron las calles” de Madrid a bordo de los autobuses de las líneas 1, 27 y 28 que transitan junto a las sedes judiciales más emblemáticas de la ciudad.

“Esta iniciativa del ICAM es una oportunidad para que la ciudadanía reconozca y aprecie la dedicación y el profesionalismo de los cerca de cinco mil abogados y abogadas que componen la abogacía de oficio. El objetivo de esta campaña es claro: queremos que la ciudadanía valore la calidad de nuestra abogacía de oficio al mismo nivel que valora la sanidad pública. Ambos servicios son pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa, y ambos dependen de profesionales excepcionalmente formados y comprometidos con el bienestar común”, explica el Decano del ICAM, Eugenio Ribón.

A diferencia de lo que ocurre en sectores como la medicina, donde el ejercicio en el servicio público de salud suele percibirse como un elemento de prestigio entre quienes ejercen en la privada, en el ámbito de la justicia la pertenencia al Turno de Oficio no siempre confiere el reconocimiento debido a quienes se comprometen con este servicio esencial. “Por mi experiencia, creo que la ciudadanía no valora el Turno de Oficio, es un problema de que no tiene empatía con las personas vulnerables, y por tanto alguien que se dedique a estas personas no tiene mucha relevancia social”, considera Pinto.

Una percepción que choca con la imagen que muchos operadores jurídicos han compartido públicamente a partir de sus propias experiencias en sala.

“Le está usted faltando el respeto a la letrada”

Ourense. A punto de concluir la jornada, en los pasillos del juzgado Penal nº 2 un acusado de robo con violencia la toma a gritos con su abogada de oficio, a la que critica de forma irrespetuosa anunciando su renuncia a ser defendido por ella. Ya en la sala, donde persiste con esta actitud, la jueza interrumpe tajantemente el cacareo despreciativo del acusado con las siguientes palabras: “le está usted faltando el respeto a la letrada que ha preparado el asunto como todos los abogados del turno de oficio que, con todas las limitaciones, preparan los casos y aguantan a gente un tanto insolente”.

Estos hechos, recogidos por la prensa local el pasado 5 de junio, reflejan una realidad que va más allá del hecho aislado y permite reconocer la importancia de la justicia gratuita a través de los ojos de aquellos operadores jurídicos que, a diario, presencian la labor de unos letrados que proporcionan a los justiciables una defensa de calidad a pesar de las dificultades que enfrentan en su desempeño.

El caso más famoso es sin duda la sentencia 14/2018, en la que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena dejaba constancia de la profesionalidad y dedicación con la que un Letrado del Turno de Oficio asumió la defensa durante un proceso que requería de una importante tarea a fin de contrarrestar el cuadro incriminatorio que pesaba sobre el procesado.

“Y esa tarea defensiva, aun cuando no haya alcanzado su objetivo principal, encaminado a la absolución del acusado, lo cierto es que ha sido desplegada con una dignidad profesional ciertamente loable. En supuestos como el que ahora centra nuestra atención, el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar, adquiere todo su valor. Se presenta como un servicio público ofrecido de forma voluntaria por la Abogacía y que garantiza una defensa jurídica del máximo rigor técnico. Nuestro reconocimiento, por tanto, a quien con su trabajo ha prestigiado la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos Letrados que, día a día, hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías”.

Si bien el elogio contenido en este fallo es el que más ha trascendido, son muchos los profesionales que han seguido el ejemplo de Marchena, loando de manera pública el encomiable desempeño de tantos letrados de oficio, que representan el mayor de los ejemplos de vocación en el ejercicio de la abogacía.

Desde Otrosí hablamos con Gregorio María Callejo Herranz, Magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles, y con Fernando Benítez Pérez-Fajardo, Fiscal Delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en la Fiscalía Provincial de Málaga, para conocer la forma en que los diferentes operadores jurídicos perciben el trabajo de los letrados del Turno de Oficio.

“No dejó puntada sin hilo”

Callejo relata lo acontecido durante un caso en que una letrada del Turno “de una edad rayana a la jubilación” defendía a un manifiesto perdedor que no se personó en la vista. Durante el juicio la jurista “no dejó puntada sin hilo”, a través de un interrogatorio cauto y de unas propuestas eficaces que permitieron a un acusado ausente disponer de un “juicio justo gracias a una casi anciana combatiente”. Aquel día, ante la actuación de la veterana jurista –relata Gregorio- su “espíritu se inclinó ante la dignidad de aquella abogada terca y machacona que con su actuación hizo un mundo un poco mejor”.

Fernando Benítez, por su parte narra un pasaje similar: “Se trataba de un caso por delito contra la propiedad industrial. El acusado, citado, no acudió a juicio. Sin embargo, el letrado desempeñó su labor profesional de defensa con una dedicación y un saber hacer muy por encima de lo habitual. Se notaba que había dedicado tiempo a su preparación y basaba sus conclusiones en jurisprudencia consolidada y bien traída. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que, de los quizás 8 juicios de aquella mañana, el informe de este letrado fue el más extenso y motivado”.

Ambos coinciden al calificar de encomiable e imprescindible la labor del Turno de Oficio, aquella “pieza básica sobre la que se articula el derecho de defensa de todo el que carece de medios para litigar y, por tanto, de una gran parte de la población sometida a juicio. Imprescindible y escasamente valorada por las administraciones, particularmente en cuanto a su remuneración”, señala el fiscal destinado en Malaga.

Además, opina el magistrado, una de las cosas más loables del Turno “tiene que ver con aquellas estrategias procesales en relación con la situación concreta de cada cliente, pues rara vez he visto casos de notoria ignorancia y sí que he visto, en muchos casos, bastante sensatez”. Este compendio de profesionales “trabaja sensata y razonablemente, con una preparación correcta, y cumple un servicio esencial para los justiciables con menos posibilidades”, concluye Gregorio, que alaba la labor de “aquellos abogados que casi por nada intentan darle la vuelta a todo”.

El factor humano

Cuando se les pregunta qué les aporta personal y profesionalmente la prestación de un servicio mal remunerado y no siempre bien percibido socialmente, uno de los aspectos que más mencionan los abogados y abogadas de oficio es el factor humano. “Lo más bonito que me aporta es el contacto con las personas, con sus problemas, e intentar encontrar soluciones. A veces se encuentran y a veces no, pero el justiciable, si ve que le estas acompañando, te muestra su agradecimiento”, reconoce César Pinto.

“Es un cúmulo de experiencias, yo he vivido cosas que en ningún otro sitio viviría”, asegura Pilar, destacando la confianza que depositan las personas en su defensa letrada: “eso me gusta mucho, que haya gente que confíe en ti, que siga las pautas que les dices y que sea agradecida”.

Para África, “el Turno de Oficio es el ejercicio vivo de la abogacía. El ejercicio particular a veces te encauza a repetir un patrón de clientela, mientras que en el Turno vas a ver los asuntos desde dos puntos de vista a veces diametralmente opuestos. Esa heterogeneidad, que a mí de da la vida, te hace mejor profesional y mejor persona”.

Lo corrobora Patricia: “lo que tienes en el Turno nunca te va a llegar en un despacho particular, a nivel personal he crecido mucho, aprendo día a día y sobre todo aprendo de los clientes.”

Entre esos casos donde el factor humano ha marcado la diferencia, César recuerda el de unas personas que estuvieron en prisión provisional cerca de cuatro años, antes de ser absueltas por la Audiencia Provincial y solicitar una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. “Desde que les detuvieron hasta que les han dado una indemnización, han transcurrido cerca de 15 años. En todo el proceso, primero en el ámbito Penal, luego en el Contencioso-Administrativo, a mí me ha gratificado mucho compartir con ellos todo este tiempo”.

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“Existen herramientas que han desarrollado empresas de nuestro sector y que están verticalizadas, en las que se han asegurado de que no haya riesgos de alucinaciones. Ayudan a combatir ese miedo o esa aversión porque ya tienen depurados los resultados. Además, elimina el riesgo relacionado con la propiedad intelectual, entre otros”, señala la experta.

La mayoría de los errores se producen al citar jurisprudencia, tal como destaca José Manuel Raya, socio de Laboral de DMS Legal que ha experimentado con inteligencia artificial y publica sus avances en Twitter. Es importantísimo, indica, que los despachos que cuenten con soluciones más adaptadas, algunas de ellas de editoriales jurídicas y de empresas especializadas en el sector legal, las entrenen con contenido propio y específico. En todo caso, “el Cendoj sigue siendo muy útil en esto”, señala.

En general, los especialistas consultados no recomiendan utilizar con fines profesionales las inteligencias artificiales de código abierto, las que se pueden utilizar de forma gratuita, por la probabilidad de que incurra en equivocaciones. Borja Adsuara, abogado experto en Derecho digital, también incide en la atención a los posibles errores con una recomendación: “No hay que caer en la pereza de pedirle todo a Chat GPT”.

La IA, una navaja multiusos

El uso de la inteligencia artificial en un despacho es transversal: es para cualquier despacho, de cualquier nivel y de cualquier tamaño. “Yo ya no hago ni un solo juicio sin utilizar la inteligencia artificial como herramienta de ayuda, no como un sustitutivo. La evolución que está teniendo en el último año para procedimientos como reclamaciones tipo cláusula suelo es enorme”, explica José Manuel Raya. “Es solamente es una herramienta de ayuda, pero las expectativas se han cumplido antes de hora”, concluye.

Algunos equiparan el potencial de la IA en el ámbito jurídico con el de “una navaja multiusos porque permite hacer de todo”, tal como recalca José Ramón Moratalla, copresidente de la sección de Innovación y Abogacía del ICAM. Con la irrupción de Chat GPT se crea la figura del asistente jurídico, capaz de asimilar el documento, y sobre ese texto se pueden lanzar preguntas. “Pero ahora ya está pasando a ser una relación conversacional, dialogas con el documento y con los relacionados o con los que son parecidos. Si estás redactando un contrato, a través de la inteligencia artificial te sugiere un modelo y puedes preguntarle, depurarlo y hacer muchas más cosas”.

En cuanto a las áreas en las que se puede aplicar, Moratalla ve un encaje inmediato en los departamentos de gestión del conocimiento, de legal management o gestión de procesos, así como en la formación continua de los abogados. También lo ve en la relación con el cliente, porque el CRM estará vinculado a la IA. “La secretaria podrá ser un bot”, prevé.
En el trabajo diario, una de las áreas en las que Sara Molina ve un mayor impacto es en la gestión y generación documental. “Pero si ya vamos más allá, se está utilizando para la parte de gestión contractual, que puede ser lo más interesante”, explica. Con algo más de inversión, se puede contratar una IA generativa con más capacidad, de modo que los profesionales cuenten con un servicio en un entorno seguro, algo que no solo realizan los bufetes, sino también los servicios jurídicos internos de empresas.

La tercera opción, la más avanzada, implica los desarrollos “a la carta”, adaptados a medida a las necesidades del despacho, incluso a sus principios éticos y a las políticas corporativas con un diseño personalizado, ofreciendo soluciones automatizadas con unos estándares de seguridad operativa mayor.

Adsuara destaca que además de la IA generativa, con capacidad de redactar textos, está la extractiva, que encuentra asuntos, declaraciones, vídeos, una pista en una macrocausa que a una persona le llevaría horas encontrar, o la elaboración de resúmenes extractivos. “Te ahorran un tiempo valiosísimo para que te puedas dedicar a pensar sobre el caso”, advierte.

Volviendo a usos prácticos concretos, Raya señala que le ayuda a preparar interrogatorios. “Le subo una demanda o una sentencia favorable y una pericial, le pido que adquiera el rol de abogado demandante y que proponga un interrogatorio con el objetivo de acreditar los hechos, y te da de 10 a 15 preguntas abiertas y cerradas. También prevé las preguntas que va a hacer el contrario. Te da pie a preparar un juicio con muchas más garantías, sobre todo en la jurisdicción Social. Esa capacidad de prever preguntas y respuestas a efectos procesales, con un objetivo determinado, es muy interesante”, sostiene.

Algunas voces plantean, como punto negativo, el riesgo para la protección de datos. Moratalla recuerda que si se utiliza una aplicación que reside en Estados Unidos, habrá una transferencia de datos fuera del perímetro europeo. “Pero si es española, francesa o europea, se rige por la normativa de aquí y es fácil de controlar”.

“La barrera mental está en el desconocimiento”, reflexiona Raya, que comenta que así lo ha percibido en conferencias con abogados más veteranos, donde detecta un error en la percepción. “La IA no va a utilizar un informe o el contenido que le subas como lo hace Facebook o Instagram para hacer un perfil y venderte cosas”, advierte.

¿Se requiere de un gran desembolso? La inversión en este tipo de aplicaciones se puede adaptar de acuerdo a las necesidades de cada despacho, sea pequeño, mediano o de gran tamaño, con soluciones muy diversas que se pueden configurar con más o menos prestaciones, explican los expertos consultados.

Un asistente “mini yo”

La inteligencia artificial sigue evolucionando de manera continua, con saltos importantes cada dos o tres meses. La principal tendencia es que los despachos estén más automatizados. El futuro es hacer lo que se denomina “fine tunning” o la parte de depuración o entrenamiento fino de determinadas herramientas verticales. De este modo, se pueden realizar ajustes a un modelo preentrenado en base a datos específicos, información previa y con el foco en determinadas tareas para adaptar la IA a las necesidades del sector jurídico, mejorando su rendimiento y precisión.

“Hay que empezar a verlo como un sistema experto donde, aparte de las capas comunes, en cada despacho se añadirán los casos que han llevado, su conocimiento. Tienes que entrenar un ‘mini yo’, con todo mi conocimiento basado en la jurisprudencia, con mis casos, mis soluciones, para que te ayude como un mini asistente, que se base en mi conocimiento. Es una extensión mía”, explica Adsuara.

Otro avance se producirá cuando la IA logre contextualizar. “Se tiene que avanzar en una inteligencia contextual, porque ahora se limita a lo que es el repositorio, pero hay cosas que parecen evidentes, pero no las detecta. El reto es el análisis del contexto porque no relaciona ni conecta ideas”, prevé Moratalla.

Aunque Raya considera que habrá sustitución de personal en los despachos, especialmente en el sector administrativo, también existirá la necesidad de contar con personal capacitado y atraer perfiles que sepan utilizar la IA, darle las indicaciones y plantear las preguntas precisas. “Solo si no sabes utilizarla, la inteligencia artificial te va a sustituir a ti”, señala Adsuara. “Si te limitas a cortar y copiar formularios y demandas, eso lo hace mejor la IA. Tú mismo te pones la soga al cuello”. Por ello, propone una reflexión sobre qué aporta el abogado y qué aporta esta tecnología.

Otra tendencia de uso se basa en el efecto inspiracional y en la aportación de ideas y propuestas útiles para perfilar una estrategia procesal. La mejor fórmula será la combinación de talento senior con la IA y las habilidades técnicas de un junior.

Qué hace una IA como tú en un despacho como este

El cambio de mentalidad es uno de los muros que hay que derribar en el secor legal. Aunque hay abogados que se sitúan a la vanguardia y se animan a probar las innovaciones para conocer de primera mano sus aplicaciones y para poner a prueba su potencial, los expertos consultados reconocen que persiste la visión de “esto lo hemos hecho así toda la vida”.

No hay que conformarse con lo que hay, insisten, y se debe avanzar en una cultura más abierta a la ayuda que ofrece la tecnología. Para ello, según Molina, es crucial adquirir nuevas habilidades y competencias para no ser sustituidos, porque el valor del trabajo de un experto en Derecho ya no está únicamente en el conocimiento técnico jurídico. “La IA generativa es un punto de inflexión. No podemos seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolas”, señala. “Habrá que reinventarse”.

El pensamiento creativo y reflexivo será clave para aportar valor, según Adsuara. “Los abogados se han olvidado del artículo 3 del CC, que es la interpretación, el trabajo para determinar conceptos jurídicos indeterminados. La máquina te dará la literalidad de la ley, pero pensar para abrir nuevas vías de defensa lo tiene que hacer el ser humano” porque “la máquina no puede darle una pensada para saber si la ley está bien, si se puede interpretar de otra manera porque está obsoleta”. En definitiva, “pensar en Derecho con fundamentos jurídicos y no opinar como en una barra de un bar, no es tan fácil. A argumentar jurídicamente es a lo que hay que dedicar todo nuestro tiempo”, recomienda el experto.

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Jornadas maratonianas que se alargan durante horas. Una carga de trabajo elevadísima que convierte el día a día en un agobio constante. Plazos estrictos que exigen estar disponible casi 24/7. Y, para colmo, una retribución que, en la mayoría de los casos, es insuficiente y no se ajusta a la elevadísima responsabilidad que exige el trabajo. Para muchos abogados, estos elementos forman parte de su rutina diaria. La ansiedad, el estrés y la falta de desconexión son una realidad tan extendida en el sector legal que los profesionales asumen que son intrínsecos a la profesión y evitan hablar de ello. Desde siempre, los problemas de salud mental y bienestar emocional han sido uno de los grandes temas tabú en la abogacía. Ahora bien, esta visión parece estar perdiendo fuerza en el colectivo.

Según revela la I Encuesta sobre salud mental de la abogacía madrileña, elaborada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Fundación ICAM-Cortina, más de la mitad de los abogados percibe una apertura y normalización hacia el discurso del bienestar mental. El 30% dice, además, haber notado un aumento de la conciencia dentro de su despacho hacia esta cuestión y dos de cada diez confiesa sentirse más capaces de hablar de sus problemas personales en el entorno laboral. La macroencuesta, que nace con el objetivo de conocer el nivel de bienestar mental, psicológico, emocional y físico de los colegiados madrileños, aglutina las respuestas de más de mil profesionales de diferentes edades y que ejercen en todo tipo de bufetes: desde firmas unipersonales hasta asesorías jurídicas de empresa o grandes bufetes.

Según los datos recopilados por la corporación madrileña el cambio de mentalidad está especialmente presente entre las profesionales mujeres y los más jóvenes. Son ellos los que muestran una visión más abierta ante este debate frente a sus compañeros varones más veteranos y no comparten el estigma que suele asociarse a los que comparten su situación. Del mismo modo, los letrados de grandes bufetes de la capital son más partidarios de hablar con normalidad sobre salud mental frente a sus compañeros que ejercen en firmas unipersonales, que se muestran mucho más reticentes. El tabú, aunque aún presente, va agrietándose.

Acabar con el estigma que históricamente ha rodeado las cuestiones de salud mental fue precisamente uno de los grandes objetivos del ICAM al impulsar esta iniciativa. “El estudio no solo revela datos cruciales sobre el estado de bienestar de nuestros profesionales, sino que también marca un hito en nuestra misión de romper el tabú hacia la salud mental presente en nuestra profesión durante demasiado tiempo. Es algo de lo que no se hablaba, pero no porque no existiera”, puntualiza Eugenio Ribón, decano del ICAM. La visibilidad de esta realidad es, por tanto, un objetivo crucial para el Colegio. “Nuestra meta es clara: transformar la cultura del bienestar integral en el sector legal, desestigmatizar los problemas de salud mental y promover un entorno de trabajo más saludable y equilibrado”, enumera.

Ahora bien, aunque la encuesta da datos ciertamente esperanzadores, el sector tiene todavía mucho camino por recorrer. Al fin y al cabo, un porcentaje importante de abogados sigue sin sentirse cómodo para hablar con sinceridad en el trabajo sobre sus preocupaciones o posibles dolencias que afecten a su bienestar psicológico y mental.

Aunque los motivos son diversos, hay uno que destaca sobre el resto: el miedo a que hablar de ello les pueda generar un impacto negativo en su trayectoria profesional u oportunidades laborales. Cuatro de cada diez letrados confiesan tener este temor. Muy en esta línea, otra razón mencionada es la falta de confianza de que vayan a recibir una respuesta adecuada (20%), mientras un porcentaje similar admite haber compartido esa información en su despacho sin obtener ningún apoyo o ser este insuficiente.

Otras explicaciones dadas por los letrados para evitar hablar sobre salud mental son el temor a ser tratado de forma diferente, que los compañeros y los superiores resten importancia al asunto y el miedo a no ser creído o tomado en serio.

Seis de cada diez letrados sufren ansiedad

La necesidad de romper por completo el tabú de la salud mental en la abogacía resulta crucial teniendo en cuenta la apabullante presencia de problemas de salud mental y malestar psicológico. Según refleja el sondeo, la ansiedad es uno de los síntomas más presentes entre los letrados, y más de seis de cada diez (el 66%) dicen haberla sufrido en el último año. Del mismo modo, casi la mitad han experimentado en algún momento fatiga, pensamientos negativos y deprimentes y alteraciones emocionales en los 12 meses previos a la encuesta.

A la hora de analizar la causa principal del malestar, los letrados destacan de forma especial la incapacidad para poder descansar y desconectar del trabajo. En segundo lugar, se encuentra la presión para trabajar largas horas, seguido de la falta de herramientas para administrar eficazmente el tiempo, la incapacidad para conciliar, la ausencia de reconocimientos o valoración del trabajo por parte de sus empleadores, la presión para cumplir con los objetivos (horas facturables, captación de clientes, etcétera) y la falta de claridad sobre lo que se espera de ellos en el trabajo.

“En mi trayectoria, he visto cómo colegas brillantes y dedicados se han visto abrumados por la carga de trabajo, los plazos inamovibles y la presión por cumplir con las expectativas de los clientes. Conozco historias de ansiedad, agotamiento y una profunda sensación de soledad, especialmente entre aquellos que trabajan en despachos unipersonales o en estructuras laborales complejas. Estas experiencias no son aisladas; son una realidad compartida por muchos en nuestra profesión y que, por fin, este estudio cuantifica y visibiliza para avanzar en las soluciones”, lamenta en este sentido Isabel Winkels, vicedecana del ICAM.

La presencia de estos síntomas lleva a los letrados a evaluar su trabajo como un elemento nocivo en su vida. La mitad de ellos considera que la profesión impacta de manera negativa o extremadamente negativa en su estado mental y psicológico. En la misma línea, cerca de la mitad de los encuestados indican que su estilo de trabajo les impide pasar tiempo con su familia y amigos.

Sobre este punto se pronuncia uno de los abogados, que critica la presión para estar disponible constantemente. “La necesidad de estar conectado las 24 horas del día, los siete días de la semana, me ha hecho imposible conciliar mi vida laboral con la personal. Incluso durante las vacaciones, se espera que esté disponible para resolver problemas”, lamenta.

Fruto de esta situación, la desilusión hacia la profesión se ha instalado en el ánimo de los abogados y se ha convertido en una sensación compartida que, además, aumenta con el tiempo. “A medida que llevo más años ejerciendo noto un aumento en la crispación que me produce el sector legal en general”, explica uno de los encuestados, y señala la poca valoración social en la profesión, los bajos sueldos y las faltas de respeto y de empatía por parte de jueces, magistrados y fiscales como algunos de los elementos que alimentan el desencanto.

Para algunos (cerca del 25%), la situación es tan crítica que se han planteado dejar la profesión para buscar otro empleo u opositar. Un porcentaje similar, además, se ha sentido en algún momento incapaz de desempeñar su trabajo y cuatro de cada diez han pensado darse un descanso, aunque luego no lo han hecho.

Mujeres y jóvenes, los más estresados

Aunque los síntomas de malestar psicológico son una realidad generalizada en el sector, estas sensaciones suelen ser más frecuentes entre las mujeres y, en especial, los más jóvenes. Así, el estudio muestra que ambos colectivos tienden a sentirse más intranquilos, duermen peor y sufren tasas más elevadas de estrés y ansiedad.

Concretamente, solo una de cada cuatro abogadas dice haberse sentido tranquila y relajada en las últimas dos semanas, mientras que, entre los hombres, el porcentaje roza el 40%. Del mismo modo, las mujeres afirman no tener capacidad para tomar tantos descansos como sus compañeros varones, y los menores de 30 años experimentan una presión más alta para trabajar muchas horas en comparación con los abogados de mayor edad.

Los colegiados más noveles son, a su vez, los más propensos a ver su trabajo como un factor de malestar en su vida. De hecho, seis de cada diez menores de 30 años afirman que la profesión tiene un impacto negativo en su estado mental y psicológico, y tan solo el 16% califica el trabajo como influencia positiva. Por el contrario, casi la mitad de los profesionales mayores de 60 se inclinan por la visión optimista.

A la vista de estos resultados, la vicedecana del ICAM manifiesta su preocupación y subraya el compromiso de la institución con ambos colectivos. “Estos dos grupos específicos han expresado de manera más significativa la necesidad de obtener apoyo y orientación relacionados con el bienestar integral en sus lugares de trabajo. Como Colegio, vamos a reforzar nuestras respuestas dirigidas a estos colectivos”, subraya.

La respuesta de bufetes y empresas: ineficaz o irrelevante

Frente a este malestar generalizado en el colectivo, hay otro dato que llama la atención: la falta de iniciativas efectivas por parte de los bufetes y otras entidades para hacer frente a los problemas relacionados con la salud mental. Según revela el sondeo, alrededor del 80% de los letrados consideran que la respuesta que dan ante problemas vinculados al bienestar es ineficaz o irrelevante. La mayoría desconoce directamente lo que hacen sus bufetes o empresas para dar apoyo a los profesionales y abordar cuestiones como la ausencia de herramientas para administrar eficazmente el tiempo, la falta de claridad sobre lo que se espera de ellos en el trabajo o la incapacidad para hacer descansos, entre muchas otras.

“El ambiente tóxico en algunos despachos hace que la necesidad de apoyo emocional sea aún más evidente. Todos deberíamos tener acceso a espacios donde podamos expresar nuestras inquietudes y recibir el respaldo necesario para mantenernos emocionalmente saludables”, comenta uno de los participantes en el sondeo. En líneas similares se expresa otro abogado, que incide en la sensación de soledad e incomprensión de algunos profesionales fruto de la carga de trabajo y el estrés. “Es vital contar con espacios de interacción donde podamos compartir experiencias y recibir apoyo emocional de nuestros colegas. La comunidad legal debemos reconocer esta necesidad y proporcionar espacios de interacción donde podamos cuidarnos mutuamente”, subraya.

Las únicas medidas mencionadas (y aplaudidas) por los letrados son la implantación del teletrabajo y la adopción de modelos de horarios flexibles. De hecho, el trabajo remoto es la solución predilecta de los abogados para mejorar su bienestar, al considerar que reduce el estrés relacionado con los desplazamientos y permite una mejor gestión del tiempo.
Pero no es oro todo lo que reluce. Aunque admiten los beneficios del teletrabajo (como una mayor flexibilidad horaria y posibilidad de conciliar con más facilidad), los letrados también alertan sobre los efectos negativos y muchos dicen haber experimentado un aumento de la carga de trabajo y una presión para estar siempre disponibles.

Objetivo: combatir el ‘mobbing’

Pero entre todas estas carencias percibidas por los profesionales hay una que destaca especialmente, y es el desconocimiento que existe hacia las iniciativas para atajar el acoso personal o mobbing. La mitad no sabe si su firma cuenta con protocolos de actuación en esta línea, y tres de cada diez califican las medidas en este sentido de ineficaces.

Esta ineficiencia o ausencia directa de protocolos se refleja también en algunos de los testimonios anónimos reflejados en el sondeo. En uno de ellos, una abogada confiesa sufrir acoso laboral desde hace meses, “pero no lo denuncio por miedo a perder mi trabajo. Quieren despedirme y me han arrinconado profesionalmente hablando para que sea yo la que abandone en lugar de pagarme la indemnización que me corresponde”. En otro de los testimonios, un letrado cuenta haber dejado su último puesto de trabajo por el hostigamiento que sufría del responsable de equipo. “El acoso consistía en sobrecarga de trabajo en puentes, festivos, Navidades, sábados. Si no cumplía con el trabajo en los estándares de calidad que esa persona esperaba, me insultaba”.

Las carencias en este sentido son relevantes, ya que, aunque los datos no muestran que sea un problema extendido en la profesión —solo un 10% confiesa sufrirlo de forma habitual—, los resultados sí dan a entender que es un tema especialmente tabú. Al ser preguntados sobre si habían sufrido acoso personal o intimidación en el trabajo en el último año, más del 40% de los participantes prefirió no contestar.

Más allá de las medidas dirigidas a combatir el mobbing, los resultados generales evidencian que bufetes y empresas tienen todavía un largo camino por recorrer en materia de bienestar psicológico y mental. Las entidades del sector deben no solo esforzarse por comunicar mejor los programas que implementen, sino también ampliar medidas que promuevan activamente el bienestar de sus empleados, especialmente en áreas como la flexibilidad laboral, apoyo psicológico y políticas de bienestar general.

El dinero ¿no? da la felicidad

Dentro de las iniciativas que se puedan poner en marcha, hay una que destaca como especialmente efectivas, y es la retribución. Seis de cada diez abogados afirman que el nivel de ingresos netos de su trabajo afecta positivamente a su bienestar. Este vínculo entre una nómina abultada y una mejor salud mental está especialmente presente entre los profesionales varones, independientemente de su edad, y los abogados que ejercen en grandes despachos.

Ahora bien, aunque casi todos admiten que un buen sueldo impactaría positivamente en su bienestar general, el 77% matiza que no está satisfecho con su retribución actual. De hecho, se percibe un sentimiento generalizado en el sector de deterioro en la valoración del trabajo legal, tanto en términos de reconocimiento profesional como económico

“Apenas hay reconocimiento a ningún nivel, pero mucho menos económicamente hablando”, afirma uno de los encuestados, mientras que otro califica los salarios de “paupérrimos” en comparación con el tiempo dedicado al trabajo. “Mi perspectiva se ha vuelto más negativa, si cabe. Además, el trato que se recibe tanto por las administraciones públicas como por los propios juzgados y tribunales deja mucho que desear”.

Otra medida que los letrados califican de necesaria es ofrecer servicios de ayuda psicológica o coaching. En este sentido, los letrados dan recomendaciones concretas a firmas y empresas, como firmar convenios con firmas especializadas para ofrecer terapias a precios razonables, impulsar sesiones para dar herramientas para gestionar el estrés y la ansiedad u organizar talleres de concienciación, entre otras cosas.

La conciliación es otro pilar importante para promover el bienestar. Así, los encuestados piden a las organizaciones que hagan más esfuerzos para facilitar la conciliación y, sobre todo, para fomentar una mentalidad favorable y positiva hacia las medidas orientadas en este sentido. Las reivindicaciones más mencionadas están dirigidas a que se promueva la concienciación de los abogados más senior y los socios sobre la importancia de la conciliación. “Sobre el papel está muy bien, pero si en la práctica los que mandan actúan de manera contraria y se les premia por ello, la teoría no sirve para nada”, asevera un letrado.

Servicio telefónico del ICAM

Más allá de las medidas que deben poner en marcha los centros de trabajo, en julio de 2023, el ICAM puso en marcha dos líneas telefónicas de apoyo psicológico y emocional para sus colegiados. El objetivo de ese proyecto, que se enmarca dentro del Programa de Bienestar Integral de la Fundación ICAM Cortina, es promover una mejor salud mental en la profesión. La primera línea está enfocada en dar apoyo psicológico a los profesionales de la abogacía y es atendida desde las 10 de la mañana hasta las ocho de la tarde por psicólogos especializados en primera atención y acompañamiento. La segunda linea, por su parte, está pensada para situaciones de crisis, por lo que está operativa todos los días del año durante las 24 horas. Ambos servicios son gratuitos.

Uno de estos especialistas es el psicólogo clínico Joan Francesc Serra Pla. “La demanda más frecuente es la ansiedad, seguida del burnout y el estrés laboral, pero también llegan demandas de todo tipo: problemas interpersonales, insomnio, duelo, situaciones de alto impacto emocional vivido, sintomatología depresiva, etcétera. Los síntomas de depresión, como cansancio, apatía, tristeza, llanto, o desmotivación, también son frecuentes. En muchas ocasiones no saben cómo manejar el malestar emocional que les generan todas estas situaciones y acuden para recibir ayuda psicológica”, enumera.

¿De dónde vienen estos síntomas? Aunque el ritmo de trabajo influye, el profesional matiza que un elemento crucial en este análisis es el locus de control interno. Este concepto hace referencia a la percepción del individuo de que los eventos ocurren principalmente como efecto de sus propias acciones. “Cuando aumenta la sensación que el resultado depende de lo que yo haga, es fácil que se acaben destinando un exceso de recursos personales al trabajo y a la larga se traduzca en una sensación de mayor agotamiento”, aclara.

Ahora bien, desde el Colegio madrileño matizan que la implantación de estas líneas no es la única medida pensada para promover el bienestar psicológico y emocional en el colectivo. “Estas iniciativas son solo el comienzo de una estrategia más amplia y continua para mejorar la salud mental de nuestros colegiados”, señala Ribón. “El Observatorio de Bienestar de la Abogacía, en colaboración con colegios profesionales de psicología, medicina y trabajo social, seguirá siendo un pilar fundamental en este esfuerzo. Es fundamental que nuestros abogados y abogadas sepan que no están solos y que el ICAM está a su lado”, zanja.

Combatir la soledad, el próximo reto

Como coordinadora técnica del Observatorio y tras haber participado en la cocina de la encuesta sobre salud mental, la abogada experta en bienestar organizacional Mariola Quesada identifica uno de los grandes desafíos que deberá afrontar el ICAM a través del Programa Bienestar: la soledad de los abogados y abogadas que trabajan en un despacho unipersonal. “La encuesta revela que los abogados que ejercen de forma unipersonal exhiben una peor salud mental, lo que no sorprende dada la gran mayoría que representa este grupo en la abogacía madrileña. Muchos están también en el Turno de Oficio, enfrentando una presión adicional. Esta forma de trabajar incrementa la sensación de soledad, un dato preocupante pero iluminador que ya estamos abordando de cara a la próxima edición del programa con el objetivo de reducir esa percepción de aislamiento y mejorar su bienestar”, concluye.

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Uno de los rasgos definitorios de un colectivo tan extenso como el de la abogacía, con casi 75.000 profesionales colegiados en Madrid, es su fuerte heterogeneidad. En términos de especialidades legales, áreas de práctica, experiencia, contextos laborales o relación con la tecnología, la diversidad en el sector legal resulta tan elevada como la casuística que afrontan cada día sus protagonistas desde sus distintas ocupaciones.

De los despachos unipersonales a las grandes firmas jurídicas con cientos de letrados en nómina, de los jóvenes que buscan hacerse un hueco a los veteranos que ejercen hasta el último aliento, la práctica de la abogacía alberga una amplísima gama de situaciones y circunstancias. Sin toga, las asesorías jurídicas, la función pública y la academia acogen mayoritariamente al segmento de los no ejercientes, más dispar aún.

Toda esta heterogeneidad confluye en el censo del ICAM, que arroja una foto fija sobre el perfil de los profesionales de la abogacía madrileña. Así, según los datos más recientes del mismo sabemos que, de los 74.651 colegiados que integran la institución, un 61% son ejercientes (45.328), mientras que el 39% (29.323) no ejerce. Además, 5.030 profesionales (un 7%) pertenecen al Turno de Oficio. En cuanto al género, el reparto es muy equilibrado: de media, la abogacía madrileña se distribuye casi a partes iguales entre hombres (51%) y mujeres (49%). Sí se aprecian diferencias significativas en determinadas franjas de edad: así, los profesionales de menos de 40 años son mayoritariamente mujeres (el 37% de las abogadas se encuentra en esa franja de edad, frente al 27% de los hombres). La media de edad de los colegiados varones es de 51 años, mientras que la de las mujeres es de 46. Respecto a la antigüedad en la profesión, en el caso de los hombres es de 20 años y 15 en el de las mujeres. También por el censo, conocemos la nacionalidad de los colegiados: españoles en un 94%.

Sin embargo, más allá de estos porcentajes demográficos, poco se conocía hasta ahora de la realidad de una profesión muy dispar en sus formas de ejercicio y condiciones laborales.

“Esta iniciativa nace de la necesidad de obtener una visión clara y actualizada de cómo nuestros abogados y abogadas enfrentan los desafíos y oportunidades en su práctica profesional. Este estudio es crucial, ya que nos permite identificar y entender la amplia gama de prácticas y experiencias dentro de la abogacía madrileña. Desde abogados autónomos y ejercientes en despachos unipersonales hasta aquellos empleados en firmas de mayor dimensión o en el sector público, cada uno desempeña un papel vital en el tejido jurídico de nuestra sociedad”, explica Eugenio Ribón, decano del ICAM.

“Nuestro compromiso continuo con el bienestar y el desarrollo profesional de nuestros colegiados hacía necesario tener una comprensión más profunda y actualizada de las diversas realidades que enfrentan en su vida profesional diaria”, señala.

Para ahondar en estas cuestiones, el Colegio ha contado con la empresa GAD3, que ha liderado el trabajo de campo y el análisis de los resultados. El estudio, que puede consultarse completo en la página web del ICAM, se estructura en torno a seis grandes bloques: perfil socio laboral de los abogados/as, perfil del abogado ejerciente, vulneración del derecho de defensa, el abogado joven, nivel de digitalización y conciliación.

Situación laboral de la abogacía madrileña: mayoría autónomos y con mayores ingresos en la abogacía de empresa

El estudio del ICAM y GAD3 refleja que, dentro de la gran variedad que existe en la profesión, hay un denominador común: la mayoría de las personas colegiadas ejercen la abogacía en un despacho (el 65%), mientras 2 de cada 10 (19%) son abogados de empresa, un 8% trabaja en la función pública y el 4 % se dedica a la docencia o a la investigación.

En este reparto se observan diferencias significativas entre ejercientes y no ejercientes. Así, casi la totalidad de los ejercientes (el 84%) desarrolla su profesión en un despacho. En cambio, en los no ejercientes este porcentaje baja hasta el 36%, otro tercio de estos es abogado de empresa (31%) y uno de cada seis trabaja en un organismo público (16%).

El pluriempleo está presente en la profesión, con un 6% de los colegiados/as trabajando en más de una posición al mismo tiempo.

Respecto a las dimensiones de los despachos, una significativa proporción de abogados ejercientes, el 73%, trabaja en despachos pequeños (38%) o unipersonales (35%), en particular los mayores de 45 años. Mientras las mujeres trabajan en mayor medida en despachos unipersonales (37%), entre los hombres predominan los despachos pequeños (40%). Atendiendo a la edad, los jóvenes menores de 35 años tienden a trabajar en mayor medida en despachos grandes (19%).

En la abogacía de oficio, a la que están inscritos un 7% de los profesionales colegiados, priman los despachos pequeños (entre 2 y 10 personas) y, sobre todo, unipersonales.

En cuanto al régimen laboral, más de la mitad de los letrados madrileños (el 52%) trabajan como autónomos. Entre los ejercientes, esta cifra crece hasta el 68%, mientras que en los no ejercientes se invierte la tendencia: siete de cada diez trabajan como empleado por cuenta ajena (72%). Un 5% se define como autónomo trabajando para un empleador, lo que conocemos como ‘falso autónomo’, siendo una situación más frecuente (hasta el 9%) en el caso de colegiados jóvenes ejercientes.

Contrariamente a la media, los abogados junior, especialmente los menores de 35 años, tienden a inclinarse hacia el empleo asalariado, lo que sugiere un cambio en la tendencia laboral.

Nivel de ingresos: abogacía de empresa y no ejercientes por encima de la media

¿Cómo de rentable económicamente es la abogacía? Según los datos que arroja el estudio de GAD3, la abogacía madrileña se situaría en la parte alta de la tabla de las profesiones, de media, mejor remuneradas. Los letrados madrileños, en promedio, ganan unos 45.700 euros brutos anuales, con un 52% superando los 40.000 euros anuales.

No todos los distritos de Madrid son iguales: los colegiados con ingresos más elevados se concentran en áreas acomodadas en el centro y norte de la capital.

Pero las diferencias en el nivel de ingresos no se producen solo según la ubicación, también hay variaciones en función de cómo y en qué destino profesional se ejerce la abogacía: los colegiados de empresa son quienes más ganan de media (53.000 euros brutos anuales), seguidos por aquellos que trabajan en un organismo público (46.000 euros brutos anuales) y, en tercera posición, los que trabajan en despachos (43.600 euros/año). También perciben ingresos superiores de media los no ejercientes (50.600 euros/año) respecto a los ejercientes (42.400 euros/año); y los asalariados cobran de media más (48.400 euros/año) que los autónomos (43.900 euros/año). Al final del ranking de ingresos se encuentran aquellos que se definen como ‘falsos autónomos’, que cuentan con 36.295 euros brutos al año de media.

Por tramos de edad, entre los ejercientes los mayores ingresos se encuentran en la banda 45-55 años, seguida de la franja de mayores de 65 años.

También hay saltos significativos según la dimensión del despacho en el que se trabaje: los abogados ejercientes de despachos grandes son quienes más cobran de media: 57.000 euros brutos al año.

Especializaciones y práctica Legal

En cuanto a las ramas del Derecho en las que los colegiados ejercientes practican la abogacía, hay que destacar que un 74% lo hace en más de un campo, con un predominio del Derecho Civil, al que se dedican un mayor porcentaje de colegiados (70%), seguido por el derecho procesal (41%), laboral (39%), penal (34%), de familia (34%), mercantil (33%) y administrativo (32%). Por debajo de un tercio se encuentran las siguientes especialidades: fiscal o tributario (13%), derecho internacional (5%) y derecho constitucional (4%).

En cuanto al género, las abogadas tienden a tener una presencia destacada en áreas como el derecho familiar y laboral, mientras que los hombres se concentran más en el derecho procesal.

Perfil del abogado/a joven

Entre los jóvenes (menores de 35 años) predomina la presencia de mujeres colegiadas, que suponen el 56% de las personas entrevistadas. Por norma general, el abogado joven, en la mitad de los casos (54%) es ejerciente y en siete de cada diez casos trabaja en un despacho (71%).

En lo que respecta a las mujeres jóvenes, hay mayor proporción de ejercientes (56%) y que trabajan como abogado de empresa (24%).

Por otra parte, siete de cada diez abogados jóvenes son asalariados (72%). Esta proporción es mayor entre las mujeres (75%) y entre los no ejercientes (84%).

Aunque el salario medio del abogado joven es de unos 35.000 euros brutos anuales, hay una notable diferencia según dónde ejerza la profesión: así, los abogados jóvenes que trabajan como abogados de empresa o en despachos grandes consiguen unos ingresos casi un 40% superiores, alcanzando los 43.300 euros de media. En el otro extremo se encuentran los jóvenes profesionales que ejercen en despachos medianos o pequeños, con unos ingresos medios de 27.900 euros/año, o en despachos unipersonales, con 23.900 euros brutos al año.

Dificultades en los inicios profesionales

Los abogados y abogadas jóvenes, en general, destacan la precariedad laboral y la falta de experiencia como las dificultades principales que se encuentran al iniciar su carrera profesional. Además, los jóvenes ejercientes destacan una mayor precariedad laboral y una mayor dificultad en la captación de clientes que los no ejercientes.

Entre los hombres, la captación de clientes despunta en mayor medida como una de las principales barreras para iniciar su carrera profesional. Por su parte, las mujeres hacen una mayor referencia a la falta de orientación profesional.

Los profesionales jóvenes de despachos unipersonales muestran una mayor preocupación por la captación de clientes. Sin embargo, en los despachos grandes destaca la alta competitividad como una inquietud relevante.

Vulneración del derecho de defensa

Un 71% de los profesionales encuestados afirma haber experimentado algún tipo de maltrato, descortesía o restricción en el ejercicio del derecho de defensa. Los casos más frecuentes se dan en las áreas de derecho constitucional, penal y procesal.

Al analizar la relación entre la vulneración del derecho de defensa y el género, se observa que las mujeres, con un 74%, superan la media en términos de casos de este tipo. En cuanto a la edad, el grupo más afectado por este tipo de situaciones se encuentra entre los 36 y 45 años.

Los abogados y abogadas que trabajan en despachos han sufrido en un mayor porcentaje maltrato por parte de los tribunales (un 75% de media), no habiendo diferencias apenas según la dimensión del despacho: de los de mayor tamaño a los unipersonales, más de 7 de cada 10 profesionales denuncia haber pasado por algún tipo de estas situaciones. Sin embargo, la abogacía de empresa es quien menos las ha sufrido, descendiendo el porcentaje al 57%.

Tipos de vulneración del derecho de defensa y frecuencia

Entre aquellos abogados que afirman haber experimentado una vulneración del derecho de defensa, una mayoría significativa destaca las dilaciones en la tramitación de los procedimientos, los retrasos injustificados en la celebración de actuaciones judiciales y el trato desconsiderado verbal y escrito como las situaciones más frecuentes.

De los profesionales que han sufrido alguna clase de vulneración, un 96% declara haber experimentado 2 o más situaciones de este tipo. Mientras los hombres declaran sufrir una limitación indebida de los informes orales en juicio, las mujeres señalan en mayor medida haber experimentado trato desconsiderado verbal o escrito.

Actitud frente a situaciones de vulneración del derecho de defensa

Llama la atención que más de la mitad de los colegiados que han sufrido vulneración del derecho de defensa (61%) han optado por no hacer nada al respecto, un 29% lo ha denunciado en redes sociales o en su entorno profesional, un 19% ha presentado una queja en organismos de la Administración de Justicia y solo un 13% ha presentado una queja en el ICAM.

Digitalización en la profesión

En cuanto al grado de digitalización, el estudio muestra que las herramientas más extendidas en la abogacía son el correo electrónico, las herramientas de ofimática (Word, Excel, etc.) y la firma electrónica. Por otro lado, el software de análisis de datos y la inteligencia artificial son las que menos implantación tienen entre los abogados colegiados en Madrid.

Los letrados ejercientes del ICAM utilizan en mayor medida tecnologías como la firma electrónica y las bases de datos jurídicas.

Los no ejercientes emplean mayormente las herramientas de colaboración en línea, el software de análisis de datos y la IA.

Por sexo, las diferencias del uso de herramientas digitales son muy pequeñas. Sólo en las herramientas de colaboración en línea las diferencias son notables, siendo las mujeres las que hacen un mayor uso de esta tecnología.

Tomando en cuenta la edad en relación con el nivel de digitalización, destaca nuevamente la similitud entre los diferentes grupos. Sin embargo, existen diferencias notables en las herramientas de colaboración en línea y el software de gestión, que es más usado entre los jóvenes.

En líneas generales, los despachos grandes muestran niveles de digitalización más altos. Esta diferencia resalta especialmente en cuestiones como las bases de datos jurídicas, las herramientas de colaboración en línea, el software de gestión y el uso de redes sociales.

Equilibrio entre trabajo y vida personal

En el capítulo de conciliación, el 52% de los profesionales colegiados declara tener algún tipo de dificultad. Este porcentaje se incrementa al 58% en el caso de las mujeres y entre los ejercientes. Por edad, a medida que esta aumenta los abogados declaran tener menos dificultades para conciliar. Por otro lado, quienes acuden a los tribunales muestran más problemas de conciliación que los que no lo hacen.

En cuanto al tamaño del despacho, es en las firmas grandes donde se presentan las mayores dificultades de conciliación. Por nivel de ingresos, los colegiados comprendidos en el segundo decil (10K-20K) muestran más dificultades.

En relación a las principales razones que dificultan la conciliación entre la vida personal y laboral, las personas encuestadas señalan la excesiva carga de trabajo, la duración de la jornada laboral y la dificultad para establecer límites y desconectar. Los hombres destacan la extensión de la jornada laboral en mayor medida que las mujeres. Estas últimas, en cambio, señalan la falta de apoyo de políticas públicas que ayuden a la conciliación.

Entre los abogados jóvenes, las mayores distancias respecto del resto de grupos se dan en relación con la extensión de la jornada laboral y la falta de medidas de flexibilidad relativas al lugar de trabajo. El grupo de edad de 36 a 45 años señala la falta de apoyo en políticas públicas y los mayores de 45 mencionan la sobrecarga de responsabilidades personales.

En los despachos más grandes destacan la carga de trabajo, la extensión de la jornada laboral, la falta de medidas de flexibilidad y la excesiva presión laboral como las razones principales que impiden conciliar. Por otro lado, en los despachos unipersonales señalan las dificultades para desconectar, las expectativas de los clientes y la sobrecarga de responsabilidades personales.

Conclusiones: necesidad de mejorar en dignidad de la profesión, conciliación y apoyo a los jóvenes

A juicio del Decano Eugenio Ribón, “este ‘I Estudio sobre la situación de la abogacía madrileña’ tiene varias consecuencias e implicaciones significativas para la profesión legal en Madrid. En primer lugar, sobre la protección ante el maltrato y la vulneración de derechos de los profesionales de la abogacía en los Juzgados. El alto porcentaje de abogados que reportan haber experimentado maltrato o restricciones en el ejercicio de su profesión pone de manifiesto una necesidad urgente de mecanismos de protección y soporte, así como de una mayor sensibilización y reformas en el sistema”, advierte.

En segundo lugar, Eugenio Ribón señala la necesidad de “apoyo a la abogacía Joven: “los jóvenes abogados enfrentan desafíos únicos como la precariedad laboral y la dificultad en la captación de clientes. Esto indica la necesidad de programas de mentoría, oportunidades de networking, y soporte en el desarrollo de habilidades comerciales y profesionales”.

A continuación, el Decano del ICAM llama la atención sobre lo que es una de sus campañas personales: la necesidad de mejoras en la conciliación laboral y personal. “El informe revela que una proporción considerable de nuestros colegiados y colegiadas lucha por equilibrar el trabajo y la vida personal. Esto sugiere la necesidad de políticas y prácticas que promuevan un mejor equilibrio, como horarios más flexibles, soporte para el cuidado de los niños y ancianos, una cultura laboral más comprensiva y, sobre todo, normas que garanticen que los profesionales de la abogacía no estén sujetos a plazos improrrogables independientemente de su situación”, señala.

En cuarto lugar, pone el acento en la digitalización y la formación tecnológica: “con la creciente importancia de la tecnología en el ámbito legal, el uso limitado de herramientas avanzadas como el análisis de datos y la inteligencia artificial señala la necesidad de una mayor formación y adaptación tecnológica entre los abogados”, explica.

En cuanto a la estructura laboral, “dado que muchos profesionales trabajan en despachos pequeños o como autónomos, se pone en evidencia la necesidad de ofrecer soporte desde el Colegio en áreas como la gestión de negocios y el cumplimiento normativo. Algo que ya venimos haciendo, y de forma reforzada para el Turno de Oficio, con una oferta formativa gratuita que se ha multiplicado, pero que, además, a raíz de estos datos intensificaremos”.

Finalmente, Ribón advierte sobre la necesidad de atención a la diversidad y la inclusión: “la presencia destacada de mujeres jóvenes en la profesión y la diferencia en los roles y salarios entre géneros ponen de relieve la importancia de abordar temas de igualdad de género y diversidad en la profesión”.

En resumen, a juicio del Decano “los resultados del estudio pueden guiar al ICAM en la formulación de políticas, la toma de decisiones y la planificación de servicios y soporte para sus colegiados, asegurando que sus acciones sean relevantes y efectivas para la realidad actual de la profesión”.

Retrato robot del abogado madrileño

§ Edad: En torno a los 50 años.
§ Tipo de Práctica: Mayormente ejerciente, con una predominancia de trabajo en despachos, especialmente en pequeños o unipersonales.
§ Especialización: Tendencia a ejercer en derecho civil, aunque también participa en otras áreas como derecho procesal, laboral y penal.
§ Situación Laboral: Mayormente autónomo.
§ Ingresos: Promedio de 45.700 euros brutos anuales, con una concentración en el centro y norte de la Comunidad de Madrid.
§ Uso de Tecnología: Utiliza herramientas digitales como correo electrónico, ofimática y firma electrónica; menor uso de IA y análisis de datos.
§ Conciliación: Enfrenta retos en la conciliación trabajo-vida personal, especialmente en lo referente a la duración de la jornada laboral.

Retrato robot de la abogada madrileña

§ Edad: Sobre los 46 años.
§ Tipo de Práctica: Ejerciente, con una proporción mayor trabajando como abogada de empresa comparado con sus colegas masculinos.
§ Especialización: Destacada presencia en el ámbito del derecho familiar y laboral.
§ Situación Laboral: Tendencia a trabajar como asalariada, especialmente entre las abogadas más jóvenes.
§ Ingresos: El salario medio puede ser ligeramente menor al de sus colegas masculinos, aunque las no ejercientes y las de empresa tienen rangos salariales superiores.
§ Uso de Tecnología: Similar al masculino, con una utilización más notable de herramientas de colaboración en línea.
§ Conciliación: Enfrenta mayores desafíos en la conciliación trabajo-vida personal, y destaca la falta de apoyo de políticas públicas para conciliar.

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La ONU era muy clara en su informe de la Conferencia que celebró en México a tenor de este Año Internacional de las Mujeres, que comenzaba así: “Consciente de que los problemas de las mujeres, que constituyen la mitad de la población mundial, son problemas de la sociedad en su conjunto y de que los cambios en la actual situación económica, política y social de la mujer deben pasar a ser parte integral de los esfuerzos encaminados a transformar las estructuras y actitudes que entorpecen la auténtica satisfacción de sus necesidades”.

Pero el cambio en España no fue solo histórico por su contenido, sino también por su forma, ya que estas modificaciones legales se consiguieron gracias a la participación en las instituciones del Estado, a través de la Asociación Española de Mujeres Juristas. De ello fueron responsables cuatro mujeres, luchadoras y valientes: María Telo, Carmen Salinas Alfonso, Concepción Serra Ordóñez y Belén Landáburu, además de la participación de otras mujeres juristas que contribuyeron en esta causa, como Consuelo Abril.

Tanto Landáburu como Abril son dos de las figuras históricas que han participado en la presentación de las Mesas de Igualdad del ICAM, cuyo objetivo es plantear medidas y acciones concretas en línea con la Estrategia de Género del Colegio, impulsada por la Vicedecana Isabel Winkels.

Landáburu recuerda a María Telo como “una mujer muy minuciosa que conocía muy bien el Derecho” y Abril destaca que “todo aquello que fuera bueno para las mujeres y, sobre todo, para las mujeres juristas, le parecía algo extraordinario”.

Telo fue precisamente la impulsora de la Asociación Española de Mujeres Juristas, en la que también participó Consuelo Abril. Para ella, la asociación tenía un denominador común: todas las personas que la integraban querían la defensa de los derechos de las mujeres.

Mayo del 75: un camino hacia la igualdad

Sin una de estas mujeres no podría entenderse la historia de la lucha por la Igualdad en España. Belén Landáburu, procuradora en las Cortes franquistas por Burgos, ya había expuesto en 1972 un dictamen que consiguió equiparar la mayoría de edad de las mujeres a la de los hombres: de los 25 a los 21 años. Era uno de los primeros pasos de una carrera sin fin para avanzar en igualdad de derechos, que culminaría con la reforma del 75. Para Landáburu, “el final de un sueño”.

Esa reforma devolvía a las mujeres casadas su capacidad jurídica, acabando así con la representación legal que tenían sus maridos respecto de sus cónyuges. Así, desaparece la licencia marital y las mujeres ya no necesitaban el permiso de sus maridos para realizar actos jurídicos y ejercer sus derechos y acaba con la premisa de que los hombres deben proteger a las mujeres y estas obedecerlos.

Este cambio legislativo no estuvo exento de problemas: los hombres seguían siendo los administradores de las sociedades de gananciales, por lo que tenían el control económico, y, además, muchos notarios y registradores se negaban a cumplir la nueva ley cuando las mujeres querían legalizar las compras de bienes inmuebles. Una situación que no terminaría hasta 1977, cuando la Dirección General de Registros y del Notariado resolvió que las mujeres, aún estando casadas en régimen de gananciales y sin la autorización del marido, podían comprar propiedades.

Pero, además, de esa reforma “quedaron muchas cosas pendientes”, como recuerda Landáburu.

Los méritos de Landáburu no se quedan ahí. A las reformas del 72 y del 75 se suman el haber sido la única mujer en la ponencia de la Ley para la Reforma Política de 1977, que abrió el camino a la normalización democrática de España —el llamado Harakiri de las Cortes franquistas— y acabó con el régimen franquista desde dentro.

Sus reconocidos méritos le valieron su nombramiento como senadora por designación real
en el año 1977, en la legislatura que redactó y promulgó la Constitución del 78, dedicando
expresa atención a los artículos 14 y 31 de la Constitución.

Desde dentro ha conseguido todo Belén Landáburu: logros tales como acabar con la ley marital o abrir España a la democracia. Landáburu siempre tuvo claro que los cambios pasaban por el sistema, como ella misma afirmaba en la desaparecida Gaceta Ilustrada: “Creo que la forma de lograrlo es precisamente haciendo lo que yo hago. Es decir, estar en el sistema, participar en las decisiones del sistema y arrimar el hombro a todo aquello que ha supuesto la evolución”.

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