El acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los principales problemas sociales, económicos y territoriales en España. No se trata únicamente de una cuestión de mercado inmobiliario ni solo de política social, sino de un fenómeno estructural en el que confluyen el aumento de hogares, la insuficiencia de oferta asequible, el encarecimiento de los precios, la presión sobre el alquiler y las dificultades de determinados colectivos para acceder a una vivienda digna.

Desde la perspectiva de la abogacía, el acceso a la vivienda aparece también como un reto jurídico. La regulación urbanística, la seguridad jurídica, la tramitación administrativa, la colaboración público-privada, la protección del derecho de propiedad, la tutela de las personas vulnerables y la eficacia de los procedimientos judiciales son elementos que inciden directamente en la capacidad del sistema para producir vivienda suficiente, asequible y jurídicamente segura.

La vivienda en España: una crisis de acceso que se concentra donde más crece la demanda

El problema de la vivienda en España no se distribuye de forma homogénea. Nuestro país no tiene un único mercado residencial, sino múltiples realidades territoriales. En buena parte del interior, el problema se vincula al envejecimiento, la vivienda vacía y el ajuste de la demanda. En cambio, en Madrid, Barcelona, Baleares, las costas y las capitales más dinámicas, el núcleo del problema es la escasez de vivienda asequible allí donde más crecen la población, la actividad económica y la formación de nuevos hogares.

Los datos oficiales reflejan con claridad esta presión. Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio medio de la vivienda libre alcanzó los 2.230 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2025. El Índice de Precios de Vivienda del INE registró, además, una subida interanual del 12,9% en el primer trimestre de 2026. En el alquiler, el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) situó la renta media nacional de 2024 en 8,2 euros por metro cuadrado al mes y en 596,1 euros mensuales, si bien el agregado de España no incluye Navarra y País Vasco salvo en el número de testigos.

Las diferencias territoriales son significativas. Madrid registró una renta media de alquiler de 12,1 euros por metro cuadrado; País Vasco, 10,1; Cataluña, 9,8; e Illes Balears, 9,6. En las grandes ciudades, la tensión es aún más visible: 14,0 euros por metro cuadrado en Madrid, 13,7 en Barcelona, 8,2 en València y 9,2 en Sevilla. En términos mensuales, las rentas medias alcanzaron los 869 euros en Madrid, 900 en Barcelona, 681 en València y 668 en Sevilla.

La asequibilidad se ha deteriorado tanto en compra como en alquiler. El Banco de España sitúa el ratio entre el precio de la vivienda y la renta disponible bruta por hogar en 8 años, mientras que el esfuerzo teórico anual para comprar una vivienda alcanza el 36,1% al inicio de 2026. En el alquiler, Eurostat señala que la tasa de sobrecarga del coste de la vivienda para los inquilinos a precio de mercado fue del 28,1% en España en 2024. La OCDE añade que España se encuentra entre los países donde más de la mitad de los inquilinos de bajos ingresos soportan una carga excesiva por la vivienda.

La evolución de los últimos quince años muestra, además, una divergencia clara entre compraventa y alquiler. Tras la crisis financiera, el precio de compraventa cayó y después recuperó terreno, hasta superar de nuevo los niveles de 2011. El alquiler, en cambio, ha seguido una trayectoria más persistentemente alcista. El valor tasado medio de la vivienda libre pasó de 1.701,8 euros por metro cuadrado en 2011 a 1.972,1 en 2024 y a 2.230 en el cuarto trimestre de 2025. En paralelo, el índice de alquiler, con base 100 en 2011, alcanzó 126,0 en 2023. Esta diferencia ayuda a explicar por qué el malestar social se concentra especialmente entre jóvenes, hogares móviles y personas que dependen del alquiler para acceder al mercado residencial.

La oferta residencial ha empezado a repuntar, pero sigue siendo insuficiente. En 2024 se concedieron 154.357 visados de dirección de obra total, de los cuales 127.721 correspondieron a obra nueva. Las viviendas iniciadas ascendieron a 136.187 y las terminadas a 100.980, máximos de los últimos años. Sin embargo, estas cifras continúan lejos de los niveles necesarios para absorber el crecimiento de la demanda y muy por debajo del pico del ciclo anterior, cuando en 2006 se concedieron 865.561 visados.

La rehabilitación gana peso relativo, aunque todavía no alcanza una escala suficiente. En 2022 se concedieron 9.694 licencias municipales para rehabilitación. Esta cifra equivale al 10,9% si se compara con el conjunto de licencias de nueva planta y rehabilitación, y al 12,2% respecto a las licencias de nueva planta, según el criterio utilizado por el OVS. El dato apunta a una transición parcial hacia la mejora del parque existente, pero no basta para resolver las tensiones de disponibilidad en las zonas más demandadas.

El problema no es solo de cantidad, sino también de localización, tipología y precio. El parque de viviendas estimado por el Ministerio de Vivienda alcanzaba en 2023 los 26,90 millones de viviendas, de las cuales 19,17 millones eran principales. Frente a ello, el INE contabilizaba 19,60 millones de hogares en 2024. Aunque existe stock de vivienda nueva sin vender —447.691 viviendas en 2023—, este se concentra sobre todo en zonas donde no siempre coincide con la demanda más intensa. Algo similar ocurre con la vivienda vacía: el Censo de 2021 registró 3,84 millones de viviendas vacías, el 14,4% del parque total, pero el 45% se encontraba en municipios de menos de 10.000 habitantes.

La demanda residencial seguirá presionando al sistema. La población residente en España alcanzó los 49,69 millones de habitantes a 1 de abril de 2026, y el país superó por primera vez los 10 millones de residentes nacidos en el extranjero a 1 de enero de 2026. Además, el INE proyecta casi 2,2 millones de hogares adicionales en los próximos 15 años. El aumento de hogares unipersonales, la inmigración neta y la reducción del tamaño medio de las familias incrementan la necesidad de vivienda incluso sin un boom crediticio.

El alquiler es el segmento más sensible a esta presión, porque absorbe buena parte de la movilidad laboral, la llegada de población extranjera y la emancipación juvenil. En 2023, las viviendas arrendadas de tipología colectiva alcanzaron los 2,11 millones, con un crecimiento del 5,2%. La dependencia del alquiler es especialmente elevada entre los hogares con población extranjera: en 2020, el 56% de los hogares con algún miembro extranjero vivía en alquiler, frente al 11,7% de los hogares formados solo por españoles.

Las condiciones financieras tampoco están actuando como una válvula de alivio. En abril de 2026, el tipo medio de las nuevas hipotecas sobre vivienda se situó en el 2,90%, con un importe medio de 173.331 euros y 40.010 hipotecas inscritas. El Banco de España señala, además, un endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos a hogares para adquisición de vivienda. El LTV medio se sitúa en torno al 64% y solo el 10,5% de las nuevas operaciones supera el 80%, en un contexto de esfuerzo creciente para acceder a la compra.

Los jóvenes son uno de los colectivos más afectados. En 2025, el 67,1% de las personas de entre 18 y 34 años convivía con alguno de sus progenitores. Entre quienes tenían entre 26 y 34 años, la proporción era del 44,3%. Dentro de este grupo, el 47,3% señalaba como motivo principal que no podía permitirse comprar o alquilar vivienda. La dificultad aumenta entre las rentas más bajas: entre los jóvenes de 26 a 34 años con ingresos inferiores a 6.000 euros netos anuales, el 55,5% seguía viviendo con sus padres.

La demanda insatisfecha también se refleja en la búsqueda frustrada de vivienda. En 2025, el 7,6% de la población de 16 o más años buscó vivienda activamente sin cambiar de residencia, y el 67,2% señaló el precio excesivo como motivo principal. La dificultad fue mayor entre la población nacida fuera de la Unión Europea, donde el porcentaje alcanzó el 13,7%, frente al 9,5% entre nacidos en otro país comunitario y el 6,3% entre nacidos en España.

El déficit de vivienda social y asequible constituye otro de los grandes desequilibrios del sistema español. El Observatorio de Vivienda y Suelo estima unas 318.000 viviendas sociales públicas, equivalentes al 1,72% de los hogares. El alquiler social en sentido amplio representa el 3,3% de los hogares, frente al 8% de media en la Unión Europea y muy lejos de países como Países Bajos, Austria o Francia. Esta debilidad del parque público reduce la capacidad de las Administraciones para intervenir de forma estable en el mercado.

El marco reciente de política pública viene marcado por la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, que habilita la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, modifica las reglas de actualización de rentas e introduce el uso de sistemas de referencia en determinados supuestos. A ello se suman el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, el Bono Alquiler Joven y la preparación del Plan Estatal 2026-2030, orientado a mantener ayudas al alquiler, reforzar apoyos a jóvenes y ampliar instrumentos de acceso a vivienda protegida.

A corto plazo, el escenario más probable es de tensión persistente. Si la población y los hogares continúan creciendo al ritmo previsto y la producción final de vivienda nueva se mantiene en el entorno de las 100.000 a 130.000 unidades anuales, la presión sobre precios y alquileres difícilmente desaparecerá en las áreas más dinámicas. La compraventa podría estabilizarse antes que el alquiler, pero este último seguirá sometido a una demanda intensa y a una oferta limitada.

A medio plazo, pueden distinguirse tres escenarios. El más favorable exigiría más suelo finalista, mayor velocidad administrativa, industrialización constructiva y una expansión real del parque público y protegido. Un escenario intermedio mantendría la actual recuperación de la oferta, pero sin cerrar la brecha entre demanda y producción residencial. En ese caso, la compraventa podría estabilizarse antes que el alquiler. El escenario adverso combinaría un nuevo endurecimiento crediticio, costes de construcción persistentes y una demanda demográfica fuerte, con el riesgo de frenar las transacciones y el acceso a la compra sin aliviar de forma significativa las rentas.

La lectura de los datos exige, no obstante, algunas cautelas metodológicas. El precio medio de venta y el Índice de Precios de Vivienda no miden exactamente lo mismo: el primero recoge niveles en euros por metro cuadrado y el segundo variaciones de precios de transacción ajustadas por composición. En alquiler, SERPAVI mejora la información disponible, pero presenta cambios de cobertura territorial que aconsejan prudencia en las comparaciones. La vivienda vacía, por su parte, se mide con precisión censal, pero no con frecuencia anual, por lo que no permite estimar cuánta vivienda podría movilizarse de forma inmediata en zonas tensionadas. Y las cifras de vivienda social constituyen la mejor estimación oficial disponible, aunque no equivalen a un registro exhaustivo consolidado.

En conclusión, el problema de la vivienda en España exige una respuesta estructural y territorialmente diferenciada. No basta con medidas generales. La solución, según los expertos, pasaría por aumentar la oferta allí donde realmente se necesita, ampliar el parque público y protegido, mejorar la focalización social de las ayudas, agilizar la gestión urbanística y reforzar la seguridad jurídica.
Desde la perspectiva de la abogacía, la vivienda es también un reto jurídico: la regulación, la tramitación administrativa, la colaboración público-privada, la protección del derecho de propiedad, la tutela de las personas vulnerables y la eficacia judicial inciden directamente en la capacidad del sistema para ofrecer vivienda suficiente, asequible y jurídicamente segura.

La visión de la abogacía: la vivienda como problema jurídico, económico e institucional

En este contexto, la aportación de la abogacía no consiste en sustituir el diagnóstico estadístico, sino en complementarlo con un análisis jurídico-institucional. Allí donde los datos oficiales acreditan la existencia de tensiones de acceso, el análisis jurídico se pregunta qué reformas normativas, qué modelos de gestión pública y qué garantías institucionales pueden contribuir a mejorar la respuesta.

Seguridad jurídica y agilidad administrativa como condiciones para aumentar la oferta

Una de las principales líneas defendidas desde el ICAM, en particular desde sus secciones especializadas, es que el aumento de la oferta residencial requiere un marco jurídico estable, previsible y eficaz. En los debates organizados por la institución en el último semestre se ha insistido en que la falta de vivienda disponible no depende solo de factores económicos o demográficos, sino también de la capacidad del ordenamiento jurídico para facilitar la promoción, rehabilitación y puesta en uso de viviendas.

En este punto, el discurso de la abogacía coincide con el diagnóstico antes descrito: si la creación de hogares y la demanda residencial avanzan más rápido que la producción de vivienda, especialmente en las áreas con mayor dinamismo económico y demográfico, la presión sobre precios y alquileres tiende a intensificarse.

Las secciones del ICAM han identificado, en este ámbito, varias prioridades: simplificar trámites sin reducir garantías, mejorar la coordinación entre administraciones, dotar de estabilidad a las reglas urbanísticas, reducir la litigiosidad innecesaria y generar confianza suficiente para movilizar inversión pública y privada.

La idea central es que el Derecho no produce viviendas por sí mismo, pero sí puede crear o destruir las condiciones de certidumbre necesarias para que se produzcan.

El punto de vista del Derecho Administrativo: colaboración público-privada para vivienda asequible

Una respuesta destacada desde la abogacía es el impulso de fórmulas de colaboración público-privada para desarrollar vivienda asequible. Esta orientación subraya la necesidad de ampliar el parque de vivienda protegida, social y asequible, así como de movilizar suelo y recursos financieros en un contexto de restricciones presupuestarias y fuertes necesidades residenciales.

Para Alberto Dorrego de Carlos, presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAM, “el debate se encuentra en el centro de la actualidad jurídica, económica y social. La vivienda asequible constituye hoy uno de los grandes retos del país y que su solución exige abordar una realidad compleja, con múltiples Administraciones implicadas, agentes privados, necesidades de financiación y procedimientos largos”.

A su juicio, esta situación comporta un riesgo de fractura social y, especialmente, generacional. Por ello defiende “la necesidad de una “alianza a largo plazo” entre el sector público y el privado, capaz de combinar impulso político, suelo, financiación, gestión y asunción de riesgos”.

La colaboración público-privada puede adoptar distintas formas jurídicas. Los principales modelos utilizados en España por las distintas Administraciones públicas son los basados en técnicas patrimoniales (esto es, concesiones demaniales y derechos de superficie sobre suelo público) y los sistemas institucionales (constitución de sociedades de economía mixta u otro tipo de entidades colaborativas). Junto a estos modelos existen otras alternativas, como son las fórmulas contractuales, que están también llamadas a jugar un papel relevante en futuro en promoción y gestión de vivienda asequible.

Todas las fórmulas jurídicas pueden ser válidas si se estructuran correctamente. Lo esencial es alcanzar el objetivo de desarrollar un amplio parque de vivienda asequible en alquiler que permita a nuestros jóvenes desarrollar su proyecto de vida. Y -además- hacerlo con la agilidad administrativa que reclama la grave situación actual del mercado. Para ello es fundamental que los proyectos de Colaboración Público-Privada estén bien diseñados, tengan una adecuada distribución de riesgos y una rentabilidad razonable. Es absolutamente esencial, como sucede en toda alianza de largo plazo entre la Administración y los operadores privados, que exista seguridad jurídica, que las obligaciones y derechos de las partes, así como los mecanismos de control y solución de controversias, estén correctamente definidos. También es fundamental el adecuado tratamiento regulatorio financiero y la fiscalidad de estas operaciones. “Todas estas vías presentan oportunidades, pero también importantes desafíos técnicos y jurídicos”, apunta Dorrego.

Desde la perspectiva jurídica, la vivienda asequible debe concebirse como una forma de infraestructura social. Ello implica que su promoción no debe depender únicamente de la lógica de mercado, pero tampoco puede prescindir de la capacidad técnica, financiera y gestora del sector privado. La cuestión clave es diseñar modelos que permitan atraer inversión y acelerar la ejecución de proyectos sin perder el control público sobre la finalidad social de las viviendas, los precios máximos, los requisitos de acceso y la duración de la protección.

El Plan Vive de la Comunidad de Madrid como referencia de colaboración público-privada

Paloma Martín Martín, senadora y exconsejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, considera que el Plan Vive puede presentarse como uno de los modelos más avanzados de colaboración público-privada en España.

“El Plan Vive comenzó a diseñarse en 2019 y su primera licitación se produjo en 2021. Desde entonces, se ha convertido en un modelo pionero, replicable y reconocido tanto por otras Administraciones como por el sector. Se trata de un instrumento escalable, jurídicamente sólido y estable, características que explican su capacidad para atraer inversión privada y generar vivienda asequible sin cargar el esfuerzo sobre los presupuestos autonómicos”, apunta.

“El Plan Vive suma ya 14.000 viviendas licitadas, de las cuales 5.175 han sido entregadas y están habitadas. El programa alcanza 28 municipios y ha movilizado una inversión aproximada de 2.000 millones de euros. Y esta inversión se ha conseguido sin coste para los presupuestos autonómicos, salvo en una de las fases que contó con fondos europeos vinculados a vivienda social y eficiencia energética”, explica la Senadora.

El modelo jurídico se basa en concesiones demaniales sobre suelo público. El operador privado construye las viviendas, asume la gestión del arrendamiento durante un periodo prolongado y, al término de la concesión, los inmuebles revierten a la Administración. Los plazos han ido ampliándose desde los 50 años iniciales hasta los 65, 70 y 75 años, lo que permite dotar de estabilidad económica al proyecto y hacerlo atractivo para inversores con visión de largo plazo.

Uno de los elementos centrales del modelo es que las viviendas se alquilan por debajo del precio de mercado de la zona, con rentas entre un 20% y un 40% inferiores. Este punto refleja la finalidad social del programa, pero también la necesidad de diseñar esquemas que mantengan el equilibrio económico de la concesión.

La senadora hace especial hincapié en la seguridad jurídica: aunque el modelo ha sido recurrido, los tribunales han avalado la posición de la Comunidad de Madrid. También destaca que “la exigencia de solvencia técnica y económica a los adjudicatarios resulta imprescindible, no solo por la fase de construcción, sino por la gestión de los arrendamientos durante décadas”.

En cuanto a las lecciones aprendidas, Martín Martín destaca las siguientes: “La primera, que los lotes excesivamente grandes dificultan la concurrencia, por lo que las siguientes fases optaron por paquetes más pequeños. La segunda, que es necesario equilibrar promociones en municipios con distinto atractivo económico para que las cifras resulten viables. La tercera, que las viviendas de uno y dos dormitorios tienen una demanda más intensa que las de tres. Y la cuarta, que determinados servicios comunes, como piscinas, pistas deportivas o varias plazas de garaje, encarecen las rentas y deben ajustarse al objetivo de asequibilidad”.

También defiende “la construcción industrializada como una herramienta útil para acortar plazos, reducir residuos, mejorar la eficiencia de obra y facilitar nuevas formas de organización del trabajo. A su juicio, el Plan Vive ha permitido introducir innovación constructiva en un sector que necesita ganar velocidad y capacidad de respuesta”.

En su conclusión, Martín fue clara: la vivienda asequible es imprescindible, pero no basta por sí sola para resolver el problema.

Modelos concesionales y suelo privado

Por su parte Carlos Lora González, socio responsable del área de Derecho Público y Regulatorio de Iter Law & Partners, pone el acento en las posibilidades de los modelos contractuales y concesionales.

Lora coincide en que los modelos patrimoniales, como el Plan Vive, han demostrado su utilidad, pero advierte de su principal límite: dependen de la existencia de suelo público disponible. Por ello plantea la necesidad de incorporar suelo privado a través de fórmulas concesionales, entendiendo la vivienda asequible como una infraestructura social.

“España cuenta con experiencia en colaboración público-privada para desarrollar infraestructuras sanitarias, de transporte y equipamientos públicos. Ese conocimiento podría trasladarse al ámbito de la vivienda. Sin embargo, existen obstáculos regulatorios relevantes, especialmente en materia de rentabilidad permitida y duración de las concesiones, que actualmente pueden resultar insuficientes para atraer inversión privada a largo plazo”, subraya.

Presenta el modelo del AMB, basado en la cooperación con ayuntamientos y Generalitat: “El Área Metropolitana no cuenta con competencias directas en vivienda, pero actúa mediante convenios, delegaciones y consorcios”, explica.

Saurina describe tres líneas de actuación: promoción pública directa, rehabilitación de edificios y creación de vivienda asequible en alquiler mediante una sociedad mixta. “Esta última fórmula combina capital público y privado al 50%, con aportaciones de 60 millones de euros por cada parte, y tiene como objetivo promover al menos 4.500 viviendas. La primera licitación para buscar socio privado quedó desierta, lo que obligó a reformular el modelo. La clave fue introducir mayor flexibilidad financiera, mecanismos de desinversión, dividendos preferentes para el socio privado y una gobernanza equilibrada. Actualmente, la sociedad cuenta con unas 2.500 viviendas en marcha”.

Financiación a largo plazo y fallos de mercado

Por su parte, Paula Novo Cubas, abogada del Estado y secretaria general del Instituto de Crédito Oficial, pone el acento en el papel de la financiación pública en el impulso de la vivienda social y asequible: “el ICO trabaja con líneas de financiación a largo plazo, más competitivas que las ofrecidas habitualmente por la banca comercial para este tipo de proyectos”.

También subraya la relevancia de los avales públicos como instrumento para reducir riesgos y mejorar las condiciones financieras.
La representante del ICO reconoce, no obstante, que el modelo no ha terminado de despegar con la intensidad esperada: “existen fallos de mercado tanto en la fase de promoción como en la de explotación y defendió la necesidad de diseñar instrumentos que combinen financiación reembolsable, apoyo público y, cuando sea necesario, componentes subvencionales compatibles con la normativa europea”.

Para Alberto Dorrego “todos los enfoques analizados confirman la complejidad del reto. Hay que tener en cuenta cuestiones como la actualización de rentas, la duración de las concesiones, la participación del suelo privado, la financiación de la promoción, la gobernanza de las sociedades mixtas y la necesidad de generar más suelo disponible. Sin embargo, por encima de todo, hay que tener en cuenta que la vivienda asequible debe abordarse como una cuestión estructural, no coyuntural, y que la colaboración público-privada está llamada a desempeñar un papel central en los próximos años”, subraya.

“España necesita más vivienda, más seguridad jurídica y modelos de colaboración capaces de combinar interés general y viabilidad económica”, concluye.

La vivienda ante una doble tensión: déficit estructural, ocupación y seguridad jurídica

Si la primera aproximación al problema de la vivienda desde la abogacía se centraba en la necesidad de aumentar la oferta residencial mediante colaboración público-privada, agilidad administrativa y modelos jurídicos estables, una segunda línea de análisis permite completar el diagnóstico: la vivienda no solo plantea un problema de producción y acceso, sino también de seguridad jurídica, tutela de derechos y eficacia institucional.

Desde esta perspectiva, el debate jurídico no puede limitarse a la construcción de nuevas viviendas o a la movilización de suelo. También debe atender a los efectos que la inseguridad normativa, la lentitud administrativa y judicial, la ocupación ilegal, la presión sobre las comunidades de propietarios y la falta de respuestas sociales suficientes producen sobre el conjunto del mercado residencial.
La conclusión que se desprende de las últimas jornadas organizadas por el ICAM es clara: sin seguridad jurídica no hay confianza; sin confianza no hay inversión suficiente; y sin inversión, gestión pública eficaz y protección equilibrada de derechos, la oferta residencial seguirá siendo insuficiente para responder a una demanda creciente.

El punto de vista del Derecho de la Construcción: el déficit de vivienda como problema estructural

El IV Congreso Nacional de Derecho de la Construcción del ICAM situó el déficit residencial en el centro del debate jurídico y económico sobre el sector. La cuestión de fondo no es únicamente cuántas viviendas se construyen, sino por qué el sistema no está siendo capaz de producirlas al ritmo que exige la creación de nuevos hogares.

Durante la inauguración del Congreso, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, advirtió de que “el Derecho no construye viviendas materialmente, pero sí puede generar —o destruir— las condiciones de certidumbre necesarias para que esas viviendas se promuevan, financien, autoricen y ejecuten”.

Esta idea enlaza con una de las tesis centrales defendidas por la abogacía especializada: la seguridad jurídica no es una cuestión accesoria, sino un presupuesto básico para aumentar la oferta. La promoción residencial exige plazos largos, inversiones relevantes, coordinación entre Administraciones y reglas estables. Cuando el marco normativo cambia de forma constante, cuando los procedimientos se dilatan o cuando los riesgos regulatorios resultan difíciles de prever, la capacidad de respuesta del sector se reduce.

En la misma línea, Francisco García-Ortells, presidente de la Sección de Derecho de la Construcción e Ingeniería del ICAM, sitúa la vivienda como “el primer gran problema que tiene la sociedad española”. Su diagnóstico parte de una realidad cuantitativa: España crea en torno a 220.000 hogares al año, mientras que apenas construye unas 100.000 viviendas, lo que genera una brecha anual próxima a las 100.000 unidades residenciales.

El problema, por tanto, no es coyuntural. Si no se acelera el ritmo de construcción, el déficit acumulado podría situarse en torno a las 800.000 viviendas en 2027 y alcanzar el millón en 2030. Para García-Ortells, esta situación conecta además con una crisis europea más amplia, caracterizada por el desajuste entre oferta y demanda, el incremento de los precios, el encarecimiento del alquiler, el retraso en la emancipación juvenil y la presión de usos alternativos como el alquiler turístico en las grandes ciudades.

La mirada del Derecho de la Construcción aporta así un enfoque especialmente relevante: el problema de la vivienda no se resolverá solo con medidas de demanda, ayudas públicas o límites de precios si no se actúa sobre los obstáculos que dificultan producir más vivienda allí donde realmente se necesita. Ello exige revisar los tiempos de tramitación urbanística, la disponibilidad de suelo, la financiación, los costes de producción, la industrialización del sector y la coordinación entre Administraciones.

En este contexto, la construcción industrializada, la simplificación administrativa, la estabilidad regulatoria y la colaboración público-privada aparecen como instrumentos complementarios. Ninguno de ellos constituye por sí solo una solución definitiva, pero todos forman parte de una misma estrategia: aumentar la capacidad del sistema para generar vivienda suficiente, asequible y jurídicamente viable.

Desde esta óptica, el debate sobre vivienda no puede formularse como una contraposición simple entre mercado y protección social. La vivienda cumple una función social evidente, pero esa función requiere instrumentos jurídicos técnicamente sólidos. La tutela de personas vulnerables, el aumento del parque asequible, la protección del derecho de propiedad, la seguridad de los arrendamientos y la eficacia de los procedimientos judiciales deben formar parte de una misma arquitectura institucional.

Ocupación de viviendas: una problemática jurídica, social y comunitaria

La tercera gran dimensión abordada por el ICAM es la ocupación de viviendas, una cuestión que combina seguridad jurídica, vulnerabilidad social, presión judicial y efectos sobre el mercado residencial.

En el debate del acceso a la vivienda, es importante situar correctamente esta cuestión. La ocupación ilegal no debe presentarse como una causa de una situación en la que influyen factores estructurales de mayor alcance: insuficiencia de oferta asequible, encarecimiento del alquiler, concentración territorial de la demanda, debilidad del parque público y dificultad de emancipación, entre otros.

Sin embargo, la ocupación sí constituye un problema jurídico conexo, en la medida en que afecta a la seguridad jurídica, a la confianza de propietarios e inversores, a la convivencia en comunidades de vecinos, a la carga de trabajo de los tribunales y a la respuesta pública ante situaciones de vulnerabilidad residencial.

Desde la abogacía se defiende que este fenómeno exige una respuesta equilibrada, capaz de proteger el derecho de propiedad y la tutela judicial efectiva, sin trasladar en exclusiva a los tribunales problemas sociales que requieren políticas públicas de vivienda, servicios sociales y coordinación administrativa.

El enfoque jurídico propuesto por el ICAM evita reducir el debate a una oposición simple entre propiedad y vulnerabilidad. La ocupación puede incluir realidades muy distintas: supuestos con relevancia penal, conflictos posesorios civiles, casos de “inquiocupación”, situaciones de exclusión residencial o problemas de convivencia comunitaria. Por ello, la respuesta debe combinar instrumentos procesales eficaces, intervención social cuando proceda y claridad normativa.

El Congreso del ICAM sobre la “Problemática jurídica de la ocupación de viviendas” partió precisamente de esa complejidad: no todos los supuestos son iguales ni admiten una respuesta uniforme. Las políticas públicas de vivienda pueden y deben ser socialmente ambiciosas, pero no pueden construirse debilitando la tutela judicial efectiva ni erosionando la seguridad jurídica.

Esta reflexión conecta con uno de los efectos menos visibles de la ocupación: su impacto sobre la oferta de alquiler. Cuando los propietarios perciben que la recuperación de un inmueble puede demorarse durante meses o años, o que la respuesta judicial resulta incierta, aumenta la desconfianza y se reduce la disposición a poner viviendas en el mercado. El resultado es paradójico: una respuesta ineficaz frente a la ocupación puede acabar agravando el problema de acceso a la vivienda al retraer parte de la oferta disponible.

El punto de vista de la Propiedad Horizontal: comunidades de propietarios y soluciones normativas

Una de las aportaciones más relevantes procede del ámbito de la propiedad horizontal. La ocupación no afecta únicamente al titular de una vivienda, sino también al conjunto de la comunidad de propietarios. Puede generar problemas de convivencia, deterioro de elementos comunes, conflictos vecinales, inseguridad, impago de gastos comunitarios y sobrecarga de responsabilidades para presidentes de comunidad, administradores de fincas y vecinos.

Alberto Torres, presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM, defiende la necesidad de abordar el fenómeno desde un análisis “estrictamente jurídico”, alejado de apriorismos ideológicos y orientado a soluciones útiles. Su planteamiento parte de una premisa esencial: la ocupación debe analizarse en todas sus dimensiones —civil, penal y social—, prestando especial atención a las situaciones de vulnerabilidad vinculadas al acceso a la vivienda.

Torres advierte, además, de que “no podemos trasladar a los tribunales un problema que es social”. Esta afirmación resume una de las principales tensiones del sistema: los jueces y tribunales acaban recibiendo conflictos que, en muchos casos, deberían haber sido prevenidos o atendidos antes desde las políticas sociales, la vivienda pública, los servicios asistenciales o la mediación institucional.

Desde la perspectiva de la propiedad horizontal, la cuestión adquiere una dimensión especialmente práctica. Las comunidades de propietarios no siempre disponen de herramientas ágiles para reaccionar ante ocupaciones que afectan a la convivencia o al uso normal del edificio. Por ello, el Congreso planteó la necesidad de formular propuestas de mejora normativa tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en la Ley de Propiedad Horizontal, con especial atención al impacto que la ocupación produce sobre las comunidades.

El debate no se limita, por tanto, a la recuperación posesoria del inmueble. También incluye la legitimación de las comunidades para actuar en determinados supuestos, la coordinación con propietarios ausentes o grandes tenedores, la respuesta frente a actividades molestas, insalubres o ilícitas, la protección de vecinos vulnerables y la necesidad de procedimientos más ágiles que no sacrifiquen garantías.

La lentitud judicial como factor de inseguridad

Otro de los elementos destacados es la duración de los procedimientos. La respuesta judicial frente a determinados supuestos de ocupación puede demorarse hasta cerca de dos años desde la interposición de la demanda o denuncia hasta la ejecución efectiva de la resolución. Esta lentitud genera frustración en los titulares afectados, pero también dificulta una respuesta adecuada cuando existen personas en situación de vulnerabilidad.

La demora procesal agrava el conflicto para todas las partes. Para los propietarios, supone una pérdida prolongada de disponibilidad del inmueble. Para las comunidades de vecinos, implica convivir durante meses con una situación de incertidumbre. Para las personas vulnerables, puede significar permanecer en una situación habitacional precaria sin una respuesta social efectiva. Y para los tribunales, supone asumir una carga que desborda la naturaleza estrictamente jurídica del problema.

Por ello, la mejora de los procedimientos no debe entenderse únicamente como una demanda de rapidez, sino como una exigencia de eficacia institucional. Una justicia tardía puede dejar de ser útil tanto para quien reclama la recuperación de su vivienda como para quien necesita una alternativa habitacional digna.

La necesidad de una respuesta coordinada

La conclusión común es que la vivienda exige respuestas coordinadas. El déficit de oferta, la dificultad de acceso, la ocupación, la vulnerabilidad social, la financiación, la litigiosidad, la propiedad horizontal y la seguridad jurídica no son compartimentos estancos. Forman parte de un mismo ecosistema.

Por ello, cualquier política de vivienda que aspire a ser eficaz debe combinar varias líneas de actuación: aumentar la oferta residencial, ampliar el parque de vivienda asequible, mejorar la gestión del suelo, simplificar trámites, reforzar la colaboración público-privada, proteger a propietarios e inquilinos, atender la vulnerabilidad social antes de que derive en conflicto judicial y dotar a las comunidades de propietarios de instrumentos proporcionados para defender la convivencia.

La abogacía puede desempeñar aquí un papel especialmente útil. Su función no consiste únicamente en litigar cuando el conflicto ya se ha producido, sino también en anticipar riesgos, mejorar normas, diseñar instrumentos jurídicos viables y contribuir a que las políticas públicas se construyan sobre bases técnicas sólidas.

En definitiva, la vivienda debe abordarse como una cuestión estructural, no coyuntural. España necesita más vivienda, pero también mejores procedimientos, más coordinación administrativa, mayor seguridad jurídica y respuestas sociales eficaces. La construcción de nuevas viviendas, la protección de la propiedad, la atención a la vulnerabilidad y la convivencia en las comunidades no son objetivos incompatibles. Al contrario, solo una estrategia que los integre podrá ofrecer una respuesta realista a uno de los principales retos jurídicos, económicos y sociales del país.

FUENTES

INE IPV 1T2026 – https://www.ine.es/dyngs/Prensa/IPV1T26.htm
INE Hipotecas abril 2026 – https://www.ine.es/dyngs/Prensa/H0426.htm
INE ECV 2025. Módulo dificultades de acceso a la vivienda – https://www.ine.es/dyngs/Prensa/m3ECV2025.htm
INE Proyección de hogares 2026-2041 – https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176954&idp=1254735572981&menu=ultiDatos
INE Censo 2021. Viviendas vacías – https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177108&idp=1254735572981&menu=ultiDatos
OVS Boletín Anual 2024 – https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/vivienda-agenda-urbana/Documents/2025/040725-ObservatoriodeviviendaysueloBoletnanual24.pdf
SERPAVI 2026. Tablas, gráficos y mapas resumen – https://publicaciones.transportes.gob.es/downloadcustom/sample/4078
OVS Boletín Especial Vivienda Social 2024 – https://publicaciones.transportes.gob.es/downloadcustom/sample/3749
Banco de España. Indicadores del mercado inmobiliario – https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/compartido/datos/pdf/si_1_5.pdf
Banco de España. Encuesta de Préstamos Bancarios. Abril 2026 – https://www.bde.es/f/webbe/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/26/presbe2026-37.pdf
Eurostat. Living conditions in Europe – housing – https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing
OECD Affordable Housing Database – https://www.oecd.org/en/data/datasets/oecd-affordable-housing-database.html
BOE. Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda – https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-12203

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¿Qué papel juegan los tribunales frente a esa desafección hacia las instituciones y la instrumentalización del discurso contra la justicia?

Como antigua jueza, me preocupa especialmente el riesgo de que la ciudadanía sea víctima de estrategias políticas diseñadas deliberadamente para debilitar la independencia y la eficacia de los sistemas judiciales o para minar la confianza pública en los mismos. En tiempos de creciente populismo y autoritarismo, los tribunales —encargados de aplicar normas orientadas precisamente a contrarrestar esas tendencias, proteger a las personas frente a la arbitrariedad estatal y garantizar el respeto a la democracia y al Estado de derecho— se convierten inevitablemente en blanco de ataques políticos o sociales.

Quienes buscan eludir o desmantelar los contrapesos institucionales inherentes a una democracia funcional suelen presentar a los jueces como parte de una élite alejada de la ciudadanía, y tachan de ilegítimas aquellas resoluciones judiciales que hacen valer exigencias constitucionales o convencionales por considerar que van contra la mayoría. Este tipo de desinformación perjudica gravemente al interés público, pero estamos viendo hasta qué punto puede calar y consolidarse.

Para resistir este tipo de ataques, los jueces y los sistemas judiciales deben mantenerse por encima de cualquier reproche. Eso exige tener plena conciencia de la naturaleza y el alcance de sus responsabilidades, así como de los límites de su función jurisdiccional, y ofrecer respuestas judiciales en tiempo oportuno.

En este contexto, ¿qué papel desempeña el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la protección del Estado de derecho?

El pasado 4 de noviembre se celebró el 75º aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se trata de un instrumento jurídico pionero, adoptado inicialmente por doce Estados firmantes en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que hoy vincula a 46 Estados y protege los derechos y libertades de unos 700 millones de personas dentro del espacio jurídico del Convenio.

Muchos de los Estados que se adhirieron al Convenio tras la caída del Muro de Berlín eran antiguas repúblicas soviéticas inmersas en una compleja —y a veces incómoda— transición del autoritarismo a la democracia. En otro momento y por otras razones, España vivió también su propia transición y se reincorporó a la familia europea. Para todos los Estados parte, pertenecer al Convenio Europeo de Derechos Humanos constituye una condición imprescindible para la adhesión a la Unión Europea.

Hoy asistimos con preocupación a la deriva de ciertos Estados de Europa Central y del Este, seducidos por formas de democracia iliberal que pretenden debilitar y controlar precisamente aquellas instituciones que fueron concebidas para salvaguardar la integridad estructural y el funcionamiento efectivo de la democracia y la sociedad civil. Ante esta situación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido respondiendo, en cientos de sentencias, tanto a violaciones individuales del Convenio como a los problemas sistémicos que las originan.

¿De qué manera pueden sus sentencias contribuir a corregir retrocesos institucionales y a fortalecer la democracia y los derechos humanos en los Estados miembros del Consejo de Europa?

Bajando del plano abstracto al concreto, en una serie de casos recientes contra Polonia, presentados por jueces y ciudadanos cuyos puestos o procesos judiciales se vieron afectados por las reformas impulsadas por el anterior Gobierno, el Tribunal ha apreciado múltiples violaciones de los artículos 6, 8 y 10 del Convenio, relativos al derecho a un juicio justo, al respeto de la vida privada y a la libertad de expresión.

En el caso de Hungría, el Tribunal ha declarado la existencia de violaciones del artículo 10 tras las sanciones impuestas a parlamentarios por interrumpir el debate de unos proyectos legislativos a los que se oponían, así como por el cese anticipado del presidente del Tribunal Supremo a raíz de sus críticas a determinadas reformas legislativas que afectaban a la independencia judicial.

En lo que respecta a España, el Tribunal ha concluido que se vulneró el derecho de acceso a la justicia de un grupo de jueces españoles que había impugnado la prolongada omisión del Parlamento en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal también ha conocido de asuntos particularmente delicados sobre restricciones a la libertad de expresión, disolución de partidos políticos o tratamiento de personas acusadas y condenadas por delitos de terrorismo. Ya se trate de la admisión de pruebas, del desarrollo del proceso penal o de las condiciones de detención, el Tribunal ha subrayado en todos los casos qué exige el respeto al Estado de derecho en su dimensión más amplia.

A pesar de los avances, persisten zonas grises en la protección del Estado de derecho, como la ejecución desigual de las sentencias o la insuficiencia de medios en algunos sistemas judiciales nacionales. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales limitaciones a las que se enfrenta el Tribunal en este terreno?

En primer lugar, la no ejecución de las sentencias judiciales —ya sean nacionales, europeas o internacionales— debería suscitar una seria preocupación en términos de respeto al Estado de derecho.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado miles de sentencias relativas a la falta de ejecución o a la ejecución tardía de resoluciones judiciales nacionales. Tal y como ha reconocido el propio Consejo de Europa, esta situación “representa un peligro importante para el respeto del Estado de derecho, mina la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y pone en entredicho la credibilidad del Estado” (Burmych y otros c. Ucrania, nº 46852/13, sentencia de 12 de octubre de 2017).

Para el Consejo de Europa, cuya razón de ser es precisamente garantizar el respeto de la democracia representativa efectiva, los derechos humanos y el Estado de derecho, el incumplimiento o la ejecución irregular de las sentencias del Tribunal —cuya supervisión corresponde al Comité de ministros y a los Estados demandados— constituye una fuente de preocupación muy grave. Lamentablemente, algunos países están adoptando una actitud de “selección a la carta” en su cumplimiento del Derecho internacional, eligiendo qué sentencias están dispuestos a ejecutar e ignorando el resto.

Ahora bien, no creo que este problema persistente pueda calificarse como un “ángulo muerto”. Hace tiempo que está plenamente identificado. La necesidad de ejecutar las sentencias del TEDH fue mencionada hasta en dieciséis ocasiones en la Declaración y el Anexo sobre el Tribunal adoptados en la IV Cumbre del Consejo de Europa, celebrada en 2023. En ese foro, los 46 Estados parte se comprometieron a redoblar esfuerzos para garantizar una ejecución completa, efectiva y rápida de las resoluciones del Tribunal.

Corresponde ahora al Comité de ministros y a los propios Estados dar seguimiento a ese compromiso, velando por que se respete la autoridad del Tribunal y por que las sentencias se ejecuten de forma oportuna, tanto en su letra como en su espíritu. El incumplimiento de ese deber supondría, en definitiva, no tomarse en serio el Estado de derecho que la organización pretende defender.

Más allá del cumplimiento de las sentencias, ¿qué otros déficits estructurales comprometen el funcionamiento de los sistemas de justicia en Europa?

En cuanto a la insuficiencia de medios en los sistemas judiciales nacionales, se trata de una preocupación reiteradamente expresada por presidentes de tribunales supremos de toda Europa. La falta de financiación adecuada puede provocar demoras excesivas en los procedimientos civiles y penales, lo que —además de socavar la confianza ciudadana— ha dado lugar a numerosas sentencias del TEDH que declaran la vulneración del artículo 6 del Convenio Europeo, relativo al derecho a un proceso equitativo.

El propio Tribunal Europeo ha sufrido durante muchos años una situación de seria y prolongada infradotación presupuestaria, a pesar de su carga de trabajo y de su papel esencial para el buen funcionamiento de los sistemas de justicia en todo el espacio jurídico del Convenio. Afortunadamente, el presupuesto del Tribunal fue ampliado tras la IV Cumbre antes mencionada. Sin embargo, aún no ha alcanzado una posición institucional y financiera suficientemente independiente dentro del Consejo de Europa, acorde con su función crucial y con el volumen de asuntos que gestiona.

Cualquier juez europeo podrá confirmar que una inversión adecuada en los sistemas de justicia beneficia no solo al tejido empresarial y al comercio, sino también al bienestar social, la vida familiar, la salud pública, la seguridad, la educación, la vivienda y la igualdad. Las personas responsables de asignar los recursos públicos deberían tomarse muy en serio estas demandas de financiación.

Muy a menudo, el Estado de derecho se pone a prueba precisamente en la garantía de los derechos fundamentales —como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley o el acceso efectivo a la justicia—. A su juicio, ¿dónde se sitúan hoy las tensiones más urgentes en Europa, y qué sentencias recientes del Tribunal destacaría como especialmente relevantes para reforzar tanto los derechos fundamentales como la resiliencia democrática?

Hay tantos ejemplos posibles que no sabría por dónde empezar. La guerra en Ucrania es, sin duda, el más elocuente en la actualidad. En la sentencia dictada en Ucrania y Países Bajos c. Rusia, en 2025, el Tribunal aplicó el Convenio Europeo de Derechos Humanos —un “instrumento constitucional del orden público europeo”— para declarar la responsabilidad de la Federación Rusa por múltiples violaciones de derechos humanos desde la invasión del Este de Ucrania en 2014 y la posterior intensificación de las operaciones militares en 2022.

En otra sentencia contra Rusia, de febrero de 2025, el Tribunal concluyó que la persecución penal y administrativa de personas y medios de comunicación por supuestamente “desacreditar” al ejército ruso o difundir “noticias falsas” sobre las acciones de la Federación Rusa en Ucrania desde 2022 vulneró varios artículos del Convenio, incluido el artículo 10 sobre libertad de expresión (Novaya Gazeta c. Rusia).

En los últimos meses, el Tribunal ha reiterado que la detención ilegal de líderes de la oposición turca como Selahattin Demirtaş sigue constituyendo una vulneración del Convenio. Fallos similares se han dictado en relación con la detención, enjuiciamiento y condena de otras figuras de la oposición en Turquía (Osman Kavala), así como en Rusia (Alexei Navalnyy) y Azerbaiyán (Ilgar Mammadov).

En recientes sentencias contra Ucrania, Rumanía, Polonia y Rusia, el Tribunal ha reafirmado su consolidada jurisprudencia según la cual los Estados parte del Convenio deben ofrecer algún tipo de reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo, dejando a cada Estado la decisión sobre la forma concreta que debe adoptar dicho reconocimiento.

Por último, aunque no por ello menos importante, en casos contra diversos Estados —incluidos Italia, Croacia, Bulgaria o Moldavia— el Tribunal ha apreciado violaciones del Convenio cuando las autoridades nacionales no actuaron de manera eficaz, o ni siquiera actuaron, ante amenazas o situaciones de violencia doméstica. Puede parecer sorprendente vincular los casos de violencia doméstica con cuestiones relativas al Estado de derecho y la resiliencia democrática. Sin embargo, en el centro de estos asuntos está el derecho de las mujeres a la igualdad en la protección de la ley, lo que sitúa plenamente estas violaciones en el ámbito del Estado de derecho.

Todo lo anterior constituye solo una muestra del abanico de protecciones que ofrece el Convenio y de la respuesta del Tribunal a las demandas individuales que recibe.

Desde su experiencia, ¿qué medidas o estrategias deberían priorizarse para fortalecer el Estado de derecho y hacerlo más resistente frente a los desafíos actuales?

Una vez más, mi respuesta remite a la relación esencial entre Estado de derecho, democracia y derechos humanos. Juntos conforman una suerte de trinidad laica que ha definido a las democracias más igualitarias, tolerantes y pluralistas en las que mi generación tuvo el privilegio de formarse y crecer. Considero que debemos priorizar aquellas medidas que garanticen que las generaciones futuras puedan beneficiarse en igualdad de condiciones de instrumentos como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y de constituciones nacionales basadas en los mismos valores. Permítame señalar tres estrategias que, a mi juicio, merecen ser impulsadas.

En primer lugar, la sucesión de crisis —financiera, migratoria, de Estado de derecho y de democracia— debería llevarnos a una reflexión seria sobre la necesidad de renovar alguna forma de educación cívica o democrática. En una reciente sentencia dictada en un caso alemán, el Tribunal subrayó “la enorme importancia, desde la perspectiva del interés público, de enseñar y educar a los niños, de forma creíble, en los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho” (Godenau c. Alemania, nº 80450/17, 29 de noviembre de 2022, § 54). Son pocos los ciudadanos europeos que reflexionan hoy sobre las libertades y los valores que han beneficiado a nuestras sociedades en los últimos cincuenta años. Y menos aún quienes se detienen a pensar cómo sería la vida sin ellos. Sería trágico que la falta de memoria histórica, el desapego creciente hacia la vida pública o una renovada susceptibilidad ante la retórica populista nos llevaran, en Europa, a perder —o incluso a ceder voluntariamente— aquello por lo que tantas generaciones lucharon con esfuerzo.

En segundo lugar, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo nº 1 del Convenio, las elecciones en los Estados europeos deben ser libres, justas, celebrarse con regularidad y reflejar la voluntad del pueblo. Sin embargo, las nuevas tecnologías, los grandes conglomerados tecnológicos y las redes sociales han transformado la forma, el momento y el contenido de la información que reciben hoy los votantes. La Unión Europea ha adoptado diversas medidas para contrarrestar las amenazas que estos cambios pueden suponer para la democracia. En algún momento, los jueces nacionales y europeos deberán pronunciarse sobre estas medidas y sobre los desafíos que pretenden abordar. Para ello, será imprescindible que estén debidamente informados, ya que se verán llamados a realizar complejos equilibrios entre derechos individuales e interés colectivo.

En tercer lugar, hace ya casi cinco décadas, en el caso Airey c. Irlanda (nº 6289/73, 9 de octubre de 1979), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que el artículo 6 del Convenio implica el derecho de acceso al tribunal. Para que ese derecho sea práctico y efectivo, no puede estar reservado a los sectores acomodados de la sociedad: debe ser accesible también para las personas en situación de pobreza o exclusión. Además, una justicia tardía puede equivaler a una justicia denegada. Como ya se ha indicado, los sistemas judiciales necesitan estar suficientemente dotados de recursos para poder responder con agilidad a las demandas legales de la sociedad, y los jueces deben mantenerse siempre vigilantes respecto a su propia independencia, imparcialidad y a la autoridad de los tribunales que integran.

Educación democrática, integridad electoral y sistemas de justicia eficaces serían, en mi opinión, las prioridades clave para fortalecer la resiliencia democrática de las generaciones presentes y futuras.

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¿Ve ahora un momento propicio para estas reformas?

Hoy vivimos una alineación de planetas sin precedentes para impulsar una mayor integración europea, incluida la presión exterior de EE.UU., que hace que incluso países históricamente reacios, como Dinamarca, estén cambiando de postura y apoyando más integración. Y no se trata solo de percepciones políticas: también desde las instituciones europeas se está lanzando un mensaje claro. En su Discurso sobre el Estado de la Unión de 2025, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció que presentará una hoja de ruta para completar el mercado único antes de 2028, estructurada en cinco prioridades: servicios financieros, energía, telecomunicaciones, la llamada ‘quinta libertad’ y la creación de un ‘28º régimen’. Es una señal muy importante porque demuestra que la Comisión comparte la misma urgencia que yo he señalado en mi informe. No basta con reconocer los problemas, ahora existe un compromiso concreto para abordarlos con un calendario y objetivos definidos.

Su informe subraya con fuerza la necesidad de una mayor autonomía estratégica europea. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las vulnerabilidades actuales de Europa y cómo deberíamos afrontarlas?

Creo que la primera vulnerabilidad es la vulnerabilidad tecnológica. Está claro que la posibilidad que tiene Estados Unidos de invertir enormes cantidades de capital privado en el ámbito tecnológico está marcando la diferencia. Por eso está ganando la batalla de la inteligencia artificial y del espacio, dos temas que son absolutamente cruciales. Y la está ganando no con dinero público, sino gracias al capital privado.

Este es el gran cambio de los últimos años. Estábamos acostumbrados a pensar en el espacio y, como correlativo, en la NASA o en la Agencia Espacial Europea; a pensar en inteligencia artificial, y vincularla con inversión pública. Pero en realidad, en los últimos diez años, Estados Unidos ha conseguido multiplicar por cuatro la inversión en I+D e innovación.

En mi opinión, ese es el punto más interesante, y la razón por la cual, para mí, el núcleo de todo está en la integración de los mercados financieros. Porque si no somos capaces de escalar ahí, seguiremos sin la energía y el motor necesarios. Seguiremos —como solemos hacer— pidiendo dinero a los bancos, y eso no basta.

Creo que este es el principal problema que tenemos hoy. Y esta es nuestra vulnerabilidad.

¿Cómo considera que deberíamos afrontarlo?

Tomemos el ejemplo de los ahorros. Tenemos 27 mercados fragmentados. Sí, el español es suficientemente grande, el italiano también, el alemán… pero el resto son muy pequeños. Tenemos un mercado europeo de ahorro dividido en 27 partes, mientras que los estadounidenses tienen uno solo.

La diferencia es que enviamos cada año 300.000 millones de euros al mercado estadounidense. Nuestros ahorros van allí. Y su mercado, a diferencia del nuestro —que es más conservador—, convierte los ahorros en acciones de empresas. Es decir, los transforma en energía para las empresas. Así que nuestros ahorros van a EE.UU., se convierten en capital para sus empresas, y luego esas empresas regresan a Europa y compran las nuestras con nuestro propio dinero. Ese eso es lo paradójico de todo esto.

Sabemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sector espacial: en Europa tenemos muchas start-ups buenísimas, pequeñas empresas, spinoffs universitarios… Son excelentes. El problema es que, cuando crecen, aparece un fondo estadounidense y, al final, se venden. Esto está pasando en todos los sectores.

Por eso creo firmemente que tenemos que trabajar en esa dirección. Tenemos que cambiar el rumbo. Y es la única forma de detener esta vulnerabilidad.

¿Cómo puede la Unión Europea conciliar su alianza transatlántica con Estados Unidos con la creciente necesidad de actuar de forma autónoma en ámbitos como la defensa, la tecnología y la energía? ¿Debemos asumir que esa alianza ya no es válida o que no será igual?

No, yo creo que la alianza hay que mantenerla viva. Creo que la relación con EE.UU. es relación fundamental también de cara al futuro. La alianza con EE. UU. es estructural y estoy seguro de que va a continuar.

El punto clave es que ser independientes y autónomos no significa estar en contra de EE.UU. Estamos en una alianza positiva, pero necesitamos ser independientes y autónomos. Es la única manera. Hay muchos ámbitos en los que somos fuertes. Por ejemplo, el comercio: hoy en día es el terreno donde Europa es fuerte, y lo es gracias a nuestros padres y madres fundadores. Creo que deberíamos levantar un monumento a quienes crearon la Unión Europea y decidieron darle a Bruselas el monopolio de la política comercial.

¿Alguien se imagina al Gobierno actual de EE.UU. tratando con 27 Estados miembros, cada uno con una política exterior comercial distinta? Sería un desastre.

Así que el punto clave es que, gracias a aquella decisión, hoy podemos reaccionar juntos en materia comercial. Y es la única forma, dadas las circunstancias actuales.

Además, la reacción conjunta es también la única manera, porque nuestras economías están muy integradas. Tomemos como ejemplo el sector del automóvil. Cuando los planes arancelarios de EE. UU han puesto en peligro la industria automovilística alemana, alguien en Italia se alegraba mucho y decía: “¡Por fin los alemanes entenderán!” Pensaban que estábamos a salvo. Y entonces los trabajadores y las pymes del sector automotriz les explicaron cuánto del valor de un coche alemán se fabrica en Italia: una tercera parte. Eso significa que si él sector del automóvil alemán es destruido por los aranceles estadounidenses, las consecuencias en Italia serán desastrosas.

Y lo mismo en España, que cuenta con la mayor industria automovilística de Europa después de Alemania. Por eso creo que es importante entender que estamos todos juntos en esto y que debemos reaccionar de forma conjunta.

En el mundo fragmentado de hoy, donde las potencias regionales están reafirmándose y la gobernanza global parece más débil que nunca, ¿cómo puede la Unión Europea evitar quedar al margen de las grandes negociaciones geopolíticas?

Tenemos que ser abiertos y, al mismo tiempo, entender que el mundo hoy está en movimiento, que está cambiando. Este año la atención europea está centrada en el Gobierno de Trump, en su disputa con la Unión y en lo que está ocurriendo en Ucrania. Todos estamos olvidando que este es un año fundamental en la historia del mundo: es la primera vez que un país africano preside el G20. Sudáfrica lidera el G20 este año. Su programa es muy interesante, están haciendo cosas muy interesantes, y para nosotros, los europeos, es fundamental dedicar energías a eso.

Otro ejemplo, el Brexit. En mi opinión, fue realmente una tragedia. Lo fue por muchas razones, pero la más importante es que supuso un desperdicio extraordinario de energías, de dinero y de atención. Durante ocho años, todos —ellos y nosotros— estuvimos centrados en eso, malgastando energía. Y si tienes que concentrarte en un único tema, los demás pasan a ser menos prioritarios. Así es como funciona la vida.

Y hoy, mi gran preocupación es que estamos comenzando una guerra transatlántica que tendrá las mismas consecuencias que el Brexit. Años centrados únicamente en esta relación transatlántica para tratar de defendernos, con la consecuencia de no invertir en lo que realmente es necesario: el resto del mundo.

Tenemos que pensar que en los próximos diez años India será la próxima China. Así que tendremos a China y luego tendremos otra China. Y después tendremos otra India, que será Indonesia. Ese será el mundo en los próximos años. Y está claro, porque la demografía es una ciencia perfecta. Y nosotros estaremos en declive. Así que lo sabemos. Tenemos que actuar en esa dirección.

El informe aboga por un enfoque más unificado de los mercados digitales, financieros y energéticos. ¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr esa integración más profunda?

Creo que está claro que el principal obstáculo es la inercia nacional. Porque la situación actual es una situación en la que estamos perdiendo terreno, estamos desperdiciando oportunidades, pero también hay quienes están obteniendo más ventajas de las que les corresponden por su tamaño.

Y hoy, el gran problema, la gran responsabilidad, está en manos de los grandes países europeos. Tenemos que llegar a un acuerdo entre los cinco grandes países para avanzar e integrarnos. Porque si esperamos ser 27 en todos los aspectos, será imposible. Necesitamos que los cinco grandes avancen.

Por ejemplo, en energía, el tema principal es el de las interconexiones de redes. La red eléctrica es el mayor problema. Porque en materia energética, seremos muy buenos si somos capaces de interconectar nuestros sistemas. Está claro que no tenemos petróleo, no tenemos gas, pero si estamos interconectados, podemos aprovechar la diversidad de fuentes de energía. Y esa diversidad puede darnos cada día el equilibrio que necesitamos. Pero para lograrlo necesitamos interconexiones, y ese es un tema en el que tenemos que avanzar.

Pasemos a defensa y soberanía. Europa siempre ha confiado en gran medida en la OTAN para su defensa colectiva. ¿Cree que el debate sobre la autonomía estratégica europea corre el riesgo de duplicar esfuerzos o se trata, finalmente, de construir una capacidad real de actuación cuando la OTAN no sea suficiente?

Me alegra hablar de este tema. Soy italiano, estoy en España, y nuestros dos países están en el centro del problema. Creo que por una razón muy sencilla: hay dos aspectos que compartimos. El primero es que, si se ordenase el gasto en Defensa, estaríamos al final de la lista, corriendo el riesgo de estar en segunda división. Estamos hablando de alcanzar un gasto en Defensa del 3% o 3,5%. En nuestros países esto es algo imposible, por el debate político interno y por el nivel de deuda. Significaría duplicar lo que gastamos ahora y, sinceramente, no veo cómo puede hacerse en los próximos años.

Segundo: hay una total falta de conciencia sobre la amenaza. Mi impresión es que en España y en Italia la conciencia es cero. Sentimos que sí, que tenemos que hacerlo por los países bálticos, por Finlandia, pero estamos tan lejos de esa amenaza que no pensamos que sea real. Y en realidad, el problema no es estar geográficamente cerca. Porque sabemos muy bien lo que significan las amenazas asimétricas, las amenazas tecnológicas y todo lo demás. Sabemos, por ejemplo, que quienes promovieron el Brexit tenían presencia, y ahora entendemos por qué Rusia y otros actores influyeron en el proceso. Y tenían razón, porque con el Brexit crearon un caos en Europa. Y lo mismo ocurre con otros temas.

Así que la única forma es hacerlo a nivel europeo, convencer a los Estados miembros de la necesidad de tener una capacidad fiscal común europea. Creo que tenemos que ser valientes para hacer algo juntos, y no solo permitir superar el Pacto de Estabilidad.
En mi informe incluí una propuesta: usar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El MEDE es una herramienta que creamos durante la crisis, para emergencias. Y no lo hemos usado. ¿Por qué no lo usamos?

Mi propuesta es muy simple: usémoslo para financiar la Defensa. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos en esa dirección? Porque cada país tiene su propia visión interna y política muy limitada y la consecuencia es que no avanzamos.

Si pudiera proponer una sola acción, simbólica pero concreta, que la Unión Europea debería adoptar de inmediato para relanzar el proyecto europeo, ¿cuál sería?

Creo que esta idea del “estado virtual número 28”: un país virtual, miembro, para que las empresas eviten burocracias nacionales, es clave para avanzar en esa dirección. Es la forma de decir: superamos las diferencias, dotamos a la ciudadanía de una herramienta positiva, algo que puede ser útil para las personas. Porque al final, necesitas que haya gente diciendo: “Vale, tengo algo útil para mí”.

Necesitamos herramientas a nivel europeo de las que la gente pueda hablar en casa, durante la cena, diciendo: “Mira lo que ha hecho la Unión Europea, esto me beneficia”. Y eso sucede con esta propuesta, que forma parte del informe. La Comisión la ha lanzado, el comisario Alburquerque la presentó, y una parte de ella consiste, por ejemplo, en crear un “euro digital del ahorro”. ¿Qué significa eso? Dar a los ciudadanos ahorradores la posibilidad de obtener un mejor rendimiento.

Hoy, nuestros rendimientos son más bajos que los que puedes obtener en EE.UU., porque al final no estamos organizados, no estamos trabajando en ello. Así que la idea de crear un instrumento europeo de ahorro que dé mayor rentabilidad es algo que puede ser muy bien percibido y recibido. Estas son herramientas concretas, que pueden ser bien acogidas por la ciudadanía.

Su informe fue presentado hace solo unos meses, pero sabemos lo rápido que puede cambiar el contexto internacional. En su libro Europa: última oportunidad, usted trata temas similares. ¿Qué nuevas ideas o propuestas ofrece que no estén recogidas en su informe anterior?

Hay algo que ha evolucionado en mi reflexión. En el informe puse solo dos líneas, porque estábamos en abril del año pasado y, sinceramente, me parecía que incluso esas dos líneas eran demasiado. Y esas dos líneas eran sobre la creación de un mercado común en materia de Defensa con el Reino Unido.

Hoy creo que tenemos que crear un mercado común de seguridad con el Reino Unido, Noruega e Islandia. Y tenemos que hacerlo muy rápido. Hay margen para hacerlo.
Seguridad en un sentido amplio. La relación con el Reino Unido es un mensaje muy interesante para todos nosotros. Es la demostración de que las actuales políticas de EE. UU no son invencibles.

También habla de la doble presión que sufre Europa por parte de Estados Unidos y Rusia. ¿Podría detallar en qué consisten esas presiones y qué implicaciones tienen para la soberanía de la Unión Europea? ¿Y es China el elefante en la habitación?

El libro, para mí, es una herramienta muy interesante, porque es una forma de debatir, no solo dentro del grupo de expertos, sino realmente con la ciudadanía. He tenido muchos debates en Francia, porque el libro se publicó allí, y por supuesto en Italia. Y estoy muy contento de poder abordarlo también en España.

En el caso de China, ya que se menciona, el punto clave es una predicción muy fácil: China va a aprovecharse de todo este lío entre Europa y Estados Unidos.

Y lo sabemos perfectamente. Sabemos que vamos a vernos obligados a reabrir un poco el canal de comunicación con China, y eso es algo que debemos hacer con mucha cautela.

Pero está claro que forma parte del contexto.

Así que creo que es importante entender que, en el mundo actual, que es un mundo muy globalizado e interconectado, cada acción tiene consecuencias. Y ya no es como antes, cuando veías las consecuencias después de cinco o diez años.

Un ejemplo. Hace poco estábamos en Estados Unidos con mis colegas decanos de escuelas de Asuntos Internacionales, debatiendo con todos los decanos de las grandes universidades estadounidenses y Trump acababa de llegar al Gobierno, hacía muy poco, no cinco años ni diez.

Y nos dijeron que ya habían visto las consecuencias inmediatamente. Y creo que la principal consecuencia para ellos será esta: decirle al mundo lo contrario de lo que EE. UU. dijo durante todo el siglo pasado.

EE. UU. ganó el siglo XX porque le dijo al mundo: “Venid, compartimos con vosotros el sueño americano. Venid a Estados Unidos, y si sois buenos, si queréis trabajar, el sueño americano también será vuestro sueño”. Ese era un mensaje increíble, un mensaje ganador.

El mensaje en esta nueva etapa política es: “Por favor, quedaos en casa. No vengáis a EE. UU. No os queremos aquí”. Y ese mensaje hoy asusta a estudiantes, profesores, investigadores, personas del mundo tecnológico. Todos nuestros colegas nos dijeron: “Tenéis una enorme oportunidad. Si creáis un buen entorno para atraer talento, podéis atraer primero a muchos profesores que hoy están en EE. UU. y quieren marcharse. Luego podéis atraer estudiantes, porque está claro que hoy, un estudiante internacional que debe decidir dónde pasar los próximos tres o cuatro años, necesita certeza y estabilidad en las políticas de inmigración. Y está claro que no es así. Ni siquiera para los europeos.

Es evidente que tenemos una gran oportunidad. Porque esto está ocurriendo y está teniendo consecuencias ahora. No dentro de cinco años. Ahora, en este mismo curso académico.

Y por eso creo que es la demostración de que vivimos en un mundo globalizado. No es cierto que la globalización se haya acabado. La globalización está ahí. Todo está conectado. Y lo que ocurre tiene consecuencias. Y esas consecuencias tenemos que ser capaces de gestionarlas. Y tenemos que ser conscientes de ello y capaces de tomar las decisiones correctas.

En su libro, usted advierte sobre el auge del nacionalismo y el populismo como amenazas existenciales para el proyecto europeo. ¿Cómo valora la situación actual? ¿Cree que la Unión Europea ha hecho lo suficiente para construir una identidad europea genuina?

Sobre el populismo y el nacionalismo, creo que hoy también tenemos que intentar tener un enfoque que pueda ser un poco más positivo. No quiero que se me malinterprete, pero la cuestión es que hace algunos años todos los populistas en los distintos países europeos tenían en mente proponer el Italexit, el Frexit, el Dexit, porque el Brexit era una gran marca, positiva, y el Brexit ganó. Así que teníamos en todos los países este enfoque de salida. No en España, porque el Spexit no existía, pero en Italia existía el Italexit, en Francia el Frexit y en Alemania, el Dexit.

Hoy todas esas ideas disparatadas ya no están presentes. Incluso los partidos populistas hoy piensan que, al final, Europa está ahí, y que es mejor estar dentro y desde ahí, debatir sobre cómo trabajar con las distintas herramientas europeas. Yo lo veo como un gran paso adelante y creo que tenemos que considerarlo una mejora real. Y estoy absolutamente convencido de que debemos implicar a todos los partidos, porque cuando un partido está implicado, conoce lo que es el principio de realidad. El principio de realidad es más importante que cualquier otro aspecto.

Para terminar, ¿cuál es su mensaje principal?

Necesitamos una Europa más autónoma, más independiente y más integrada en sectores clave, porque solo así seremos competitivos y podremos garantizar nuestra seguridad en un sentido amplio. El resto del mundo espera que Europa defienda el Estado de derecho y actúe con coherencia.

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En este contexto, ¿qué papel juega la Corte IDH en la defensa del Estado de derecho?

En el escenario actual, la Corte desempeña un papel central y cada vez más decisivo en la defensa del Estado de derecho en América Latina y el Caribe. Su contribución no se limita a los análisis de violaciones concretas de derechos, sino que se proyecta hacia la transformación de los sistemas institucionales mediante estándares vinculantes que orientan la actuación de todos los poderes públicos.

En ese sentido, la Corte actúa como barómetro democrático al consolidar estándares interamericanos sobre independencia judicial, debido proceso, libertad de expresión, participación política, igualdad y protección de grupos en situación de vulnerabilidad. La Corte no solo resuelve controversias, sino que fortalece el ecosistema democrático, reafirmando que la vigencia de los derechos humanos es condición indispensable del Estado de derecho.

¿De qué manera sus sentencias pueden contribuir a frenar retrocesos institucionales y a reforzar la democracia y los derechos fundamentales?

Por un lado, existe un impacto concreto del cumplimiento de la decisión para el Estado para lo cual las medidas fueron ordenadas. Por otro lado, gran parte de la labor de la Corte está relacionada al impacto a través del instituto de control de convencionalidad, cuando las autoridades y órganos estatales incorporan la jurisprudencia interamericana en sus normativas, políticas públicas y decisiones. Además, una de las mayores herramientas de la Corte radica en sus medidas de reparación integral a las víctimas, que van mucho más allá de la indemnización económica prevista por los tribunales nacionales, sino que buscan reestablecer derechos, transformar estructuras y garantizar la no repetición de violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, el Tribunal contribuye para transformaciones concretas frente a los desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta la región. 

Por ejemplo, los casos Gadea Mantilla vs. Nicaragua (2024) y Capriles Radonski vs. Venezuela (2024) son precedentes recientes importantes para reforzar la protección de las democracias. Las sentencias ponen de relieve estándares internacionales con relación a las obligaciones estatales relacionadas a promover procesos electorales transparentes, imparciales y con mecanismos efectivos de impugnación.

Asimismo, el mecanismo de supervisión de cumplimiento y las medidas provisionales permiten respuestas rápidas frente a riesgos graves, especialmente en escenarios de crisis institucional, amenazas a operadores de justicia, ataques a comunidades indígenas o violencia contra personas defensoras y periodistas. Estas herramientas funcionan como alertas tempranas regionales, capaces de generar presión internacional y habilitar acciones de protección urgentes.

Persisten, sin embargo, ángulos muertos en la protección del Estado de derecho .

Inicialmente, existe una limitación basada en los propios límites de la jurisdicción de la Corte Interamericana, teniendo en cuenta que el Tribunal solo puede conocer los casos de Estados que han reconocido su competencia contenciosa en los marcos de la Convención Americana.

Con relación a los Estados que se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana, es relevante mencionar que un elemento importante en el diálogo entre el Derecho internacional y el Derecho interno está relacionado con la falta de mecanismos coercitivos a nivel internacional Así, el cumplimiento de las decisiones de los tribunales internacionales depende también de la buena fe y del compromiso de los Estados. Sin perjuicio de ello, pongo de relieve que las sentencias no pueden quedarse como declaraciones de mera voluntad de cada país, especialmente frente a graves violaciones de derechos humanos. El cumplimiento de las obligaciones internaciones es responsabilidad de los Estados. A lo largo de su trayectoria, la Corte ha observado impactos significativos en la región a partir del cumplimiento de las medidas ordenadas. Si bien el Sistema Interamericano ha avanzado de manera notable en la consolidación de estándares y en la protección de los derechos humanos, aún persisten límites al alcance de la Corte.

¿Cuáles son esas limitaciones?

En primer lugar, el cumplimiento interno de las sentencias y de las medidas provisionales sigue siendo desigual. Esto ocurre, por un lado, por debilidades institucionales (por ejemplo, marcos normativos incompletos o falta de mecanismos de coordinación entre poderes del Estado) y, por otro, por insuficiente voluntad política. En ciertos contextos, la implementación de decisiones interamericanas se percibe como un costo político y no como una obligación jurídica, lo que ralentiza o incluso bloquea los avances. La implementación de las medidas ordenadas es, en algunas ocasiones, realizada de manera parcial o tardía. No se trata únicamente de que los Estados cumplan más o menos medidas, sino de cómo lo hacen, teniendo en cuenta que, en general, las medidas de reparación de no repetición enfrentan más obstáculos para su cumplimiento.

Asimismo, están las restricciones presupuestarias y logísticas estatales, las cuales inciden en la oportunidad y amplitud del seguimiento de las decisiones de la Corte. En muchos casos, las instituciones nacionales operan con presupuestos o capacidades técnicas limitadas, lo que dificulta la creación de mecanismos estables de cumplimiento de decisiones. Esto se vuelve evidente en ámbitos que requieren inversiones (como reformas estructurales, programas de reparación o fortalecimiento de sistemas de justicia) donde la falta de recursos o de planificación administrativa retrasa la ejecución. A ello se suman déficits de coordinación interinstitucional dentro de los Estados, que hacen que las decisiones no siempre encuentren una ruta administrativa eficaz para hacerse realidad en el terreno.

Un tercer aspecto tiene que ver con los límites inherentes a la jurisdicción contenciosa. La Corte solo puede conocer de los asuntos que los Estados someten a su competencia y de los casos que llegan mediante la Comisión. Esto implica que la agenda del Tribunal está parcialmente condicionada por factores externos, y que no siempre puede pronunciarse sobre situaciones estructurales o emergentes a menos que exista un caso concreto que las habilite.

En cuarto lugar, es necesario reconocer que los tiempos procesales no siempre dialogan con la urgencia de determinadas crisis. Situaciones de graves violaciones, conflictos sociales o deterioro acelerado del Estado de derecho demandan respuestas inmediatas. Sin embargo, incluso con mecanismos como las medidas provisionales, los procesos requieren análisis rigurosos y garantías procesales que consumen tiempo.

Por último, muchos de los desafíos más profundos que enfrenta la región tienen un carácter altamente sistémico: corrupción estructural, penetración del crimen organizado, retrocesos democráticos, o complejos conflictos socioambientales. Estos fenómenos exceden el alcance directo de una sentencia judicial, pues requieren políticas públicas sostenidas, coordinación interinstitucional y voluntad política continua, tanto a nivel nacional como regional. Frente a ello, la labor de la Corte debe complementarse con estrategias de diálogo permanente con los Estados, fortalecimiento de capacidades institucionales y un involucramiento activo de la sociedad civil.

Pese a ello, la experiencia reciente demuestra que el diálogo con las altas cortes nacionales, los organismos internacionales, la academia y la sociedad constituye una vía cada vez más eficaz para amplificar el impacto de las decisiones interamericanas. Esa cooperación multinivel permite que los estándares se integren mejor en el plano interno y que las sentencias se conviertan en herramientas útiles para fortalecer el Estado de derecho.

¿En qué medida la fragilidad institucional está intensificando los desafíos o abriendo nuevos frentes en materia de derechos humanos?

Entiendo que estamos enfrentando un momento en el que están regresando desafíos sobre violaciones de derechos humanos que ya estamos trabajando en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace varios años, como el acceso a la justicia, la violencia de género, el derecho al territorio y de consulta previa de los pueblos indígenas, la discriminación contra personas LGTI+, la libertad de expresión y otros temas, así como nuevos debates relacionados a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y las nuevas herramientas tecnológicas, por ejemplo. Al observar el panorama regional, se advierten varios focos críticos y sensibles que, aunque no siempre son recientes, se han vuelto más intensos y complejos en los últimos años. 

¿Cuáles son esos puntos críticos?

En primer lugar, uno de los focos más críticos en la región continúa siendo la independencia judicial y la protección efectiva de jueces, fiscales y otros operadores de justicia. En varios países, las dinámicas políticas y los incentivos institucionales generan presiones que afectan la estabilidad en los cargos, la previsibilidad de los procesos disciplinarios y la capacidad de los sistemas judiciales para actuar sin interferencias. Por ello, la Corte Interamericana ha enfatizado estándares sólidos sobre la inamovilidad, las garantías profesionales y la protección frente a represalias.

Un segundo ámbito donde las tensiones del Estado de derecho se manifiestan con especial claridad es el de la libertad de expresión y la seguridad de periodistas y comunicadores. La región enfrenta no solo episodios graves de violencia, sino también formas más sutiles de censura, estigmatización o restricción indebida del debate público. Ante este panorama, la Corte ha reiterado de manera expresa la prohibición de censura previa y el deber reforzado de los Estados de proteger a las personas periodistas, subrayando que sin un flujo libre de información no es posible el escrutinio ciudadano ni la rendición de cuentas democrática.

Un tercer espacio particularmente sensible es el relacionado con los derechos de las personas privadas de libertad, un grupo que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad por estar bajo custodia estatal. El hacinamiento, la violencia intracarcelaria, la falta de acceso a servicios de salud, agua potable y condiciones mínimas de dignidad constituyen problemas persistentes en numerosos países de la región. La Corte ha subrayado que los Estados, al privar a una persona de libertad, asumen un deber especial de protección, lo que incluye garantizar su integridad física y psíquica, prevenir abusos y asegurar condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana.

Asimismo, las tensiones vinculadas al uso de la fuerza estatal en contextos de protesta y movilización social se han vuelto especialmente visibles. En distintos escenarios, la falta de protocolos adecuados, la capacitación insuficiente o la ausencia de controles efectivos ha derivado en intervenciones desproporcionadas que afectan derechos como la vida, la integridad personal y la libertad. La Corte ha sido clara en precisar los límites al uso de la fuerza, los principios de necesidad y proporcionalidad, y las obligaciones de investigación cuando se producen abusos. Estos estándares cumplen una doble función: orientan la actuación de las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, fortalecen la legitimidad democrática de las instituciones al promover respuestas estatales respetuosas del derecho a la protesta y del espacio cívico.

Otro foco relevante se encuentra en las afectaciones a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y rurales por actividades extractivas e infraestructura. La expansión de tales proyectos sin mecanismos adecuados de diálogo, transparencia y evaluación de impactos ha intensificado conflictos socioambientales y generado vulneraciones profundas. Al respecto, la Corte ha consolidado criterios cada vez más precisos sobre la consulta previa, la evaluación de impactos sociales y ambientales, participación efectiva de las comunidades y las salvaguardas necesarias para proteger territorios y medios de vida. Estas decisiones no solo buscan evitar daños irreparables, sino también fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural y la corresponsabilidad estatal en la gestión sostenible del desarrollo.

Finalmente, la Corte ha seguido desarrollando en su actuación las medidas de reparación de no repetición, en contextos donde las violaciones de derechos humanos responden a patrones históricos o a fallas sistémicas. Estas medidas —que pueden abarcar reformas institucionales, capacitación de funcionarios, creación de mecanismos de supervisión, fortalecimiento del acceso a la justicia o generación de políticas públicas integrales— apuntan a transformar las causas profundas de las vulneraciones y no únicamente a ofrecer reparaciones individuales. A partir de tales medidas, la Corte contribuye a fortalecer el Estado de derecho, promoviendo prácticas sostenidas que reduzcan la recurrencia de abusos y aumenten la resiliencia democrática de los países de la región.

Desde su experiencia, ¿qué medidas o estrategias deberían priorizarse para fortalecer el Estado de derecho en América Latina y hacerlo más resiliente frente a los desafíos actuales?

Para fortalecer el Estado de derecho en América Latina, es fundamental priorizar la protección de las instituciones democráticas. Esto incluye garantizar la estabilidad de los poderes, promover mecanismos de control y fiscalización efectivos y el sistema de frenos y contrapesos, con una cultura pública que valore la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. En este proceso, la jurisprudencia y el seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido claves para orientar estándares, enfrentar prácticas de retroceso y ofrecer un marco de referencia común para los Estados. A partir de ello, considero que hay varias estrategias que deberían ser prioritarias si aspiramos a construir sistemas democráticos más resilientes frente a los desafíos actuales.

Un primer ámbito indispensable es el blindaje efectivo de la independencia judicial, que debe entenderse como un conjunto de garantías concretas. Esto implica revisar y fortalecer los métodos de nombramiento y remoción, asegurar carreras judiciales, proteger la estabilidad en los cargos e implementar sistemas disciplinarios que operen con independencia e imparcialidad. La Corte Interamericana ha recordado en sus casos que la autonomía del poder judicial constituye un pilar del Estado de derecho y que, sin jueces y fiscales protegidos frente a presiones políticas o represalias, la justicia no puede actuar como un verdadero contrapeso democrático. Por ejemplo, en el Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, la Corte Interamericana recordó la relevancia de las garantías contra las presiones externas para la independencia judicial.

En segundo lugar, es esencial avanzar hacia políticas integrales de lucha contra la corrupción, que combinen transparencia activa, publicación de datos abiertos, sistemas sólidos de compras públicas y mecanismos efectivos de control social. La corrupción erosiona la confianza ciudadana, desvía recursos públicos y debilita la institucionalidad democrática. Aquí, los estándares interamericanos en materia de acceso a la información, deber de motivación y responsabilidad estatal ofrecen un marco útil para orientar reformas administrativas y herramientas de supervisión que permitan a la ciudadanía monitorear el ejercicio del poder.

Otro componente clave para robustecer el Estado de derecho se encuentra en la regulación adecuada del uso de la fuerza y en la existencia de cadenas reales de rendición de cuentas. La región ha enfrentado episodios graves de violencia estatal, por ejemplo, en contextos de protesta, lo que demuestra la necesidad de protocolos claros, capacitación permanente y sistemas de investigación que funcionen sin interferencias. La Corte Interamericana ha sido enfática en exigir que los Estados investiguen de manera diligente y autónoma cualquier abuso. Estos estándares deben traducirse en políticas públicas que prevengan abusos del uso de la fuerza estatal y que protejan el espacio cívico.

En cuarto lugar, es indispensable fortalecer fiscalías, defensorías públicas y sistemas periciales, asegurando recursos adecuados, profesionalización continua y métricas de desempeño que permitan evaluar su impacto y calidad. Sin instituciones capaces de investigar, acusar, defender y producir pruebas con rigor y autonomía, el sistema de justicia pierde eficacia y legitimidad. La experiencia interamericana muestra que la debilidad de estas instituciones contribuye a la impunidad y a la perpetuación de patrones estructurales de violación de derechos.

Otro eje fundamental consiste en mejorar los marcos normativos y los mecanismos prácticos de consulta y participación en proyectos con impacto social y ambiental. Los conflictos socioambientales que atraviesan la región tienen raíces profundas en la falta de información, transparencia y diálogo adecuado con las comunidades involucradas. La Corte Interamericana ha desarrollado criterios claros sobre consulta previa, evaluación de impactos y salvaguardas ambientales, que pueden servir como hoja de ruta para que los Estados gestionen el desarrollo con legitimidad social y respeto a los derechos colectivos. Específicamente en el Caso La Oroya vs. Perú, la Corte Interamericana examinó la contaminación ambiental derivada de actividades industriales y sus efectos. La sentencia delimita las obligaciones del Estado con relación a regular, supervisar, prevenir y remediar los impactos ambientales.

También es prioritario avanzar en una protección integral de periodistas y defensores de derechos humanos, grupos especialmente expuestos en un contexto de retrocesos democráticos y criminalidad organizada. La experiencia regional muestra que las agresiones contra estos actores no solo buscan silenciar voces críticas, sino que erosionan el debate público y debilitan la capacidad de la sociedad para supervisar a las instituciones. Por ello, deben adoptar medidas preventivas efectivas, investigar de manera pronta e independiente cualquier agresión y combatir los discursos estigmatizantes que, desde espacios de poder, incentivan violencia. Con ese enfoque integral, es posible asegurar que la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos puedan ejercerse sin temor, y que las instituciones democráticas se fortalezcan en lugar de retraerse.

Junto a ello, considero crucial promover educación cívica y alfabetización mediática para enfrentar la desinformación y las narrativas que polarizan o erosionan la legitimidad institucional. La cultura democrática no se sostiene únicamente con normas e instituciones; requiere ciudadanía informada, capaz de evaluar críticamente la información y de participar de manera activa en la vida pública para garantizar una democracia saludable.

Finalmente, el fortalecimiento del Estado de derecho se beneficia de mecanismos de cooperación judicial regional, especialmente frente a fenómenos como el crimen organizado transnacional, la trata de personas o la corrupción estructural. La experiencia interamericana muestra que muchas violaciones de derechos tienen raíces transfronterizas o sistémicas y requieren respuestas coordinadas y planes de cumplimiento verificables, así como medidas estructurales de reparación capaces de transformar la institucionalidad de fondo y no solo corregir situaciones individuales.

Todas estas estrategias deben enmarcarse en un horizonte común: la consolidación del control de convencionalidad, la elaboración de planes de cumplimiento verificables y la implementación de evaluaciones periódicas de impacto. De esa manera, los estándares interamericanos no se quedan en decisiones judiciales aisladas, sino que se convierten en herramientas vivas para orientar políticas públicas, fortalecer instituciones y garantizar que el Estado de derecho pueda responder de manera eficaz y democrática a los desafíos contemporáneos y promover buenas prácticas.

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*Este artículo forma parte del dossier especial «El Estado de Derecho en tensión: análisis de un fenómeno global», publicado en el número 4 de la revista Otrosí papel

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La regresión del Estado de derecho se acelera. A lo largo y ancho del planeta, la presión creciente sobre los sistemas democráticos se manifiesta en el debilitamiento de los contrapesos institucionales, el deterioro de la independencia judicial, la pérdida de libertades y la instrumentalización del Derecho como herramienta al servicio del poder. Este reportaje aborda los factores estructurales de un fenómeno que está socavando el orden legal desde dentro.

En los últimos diez años se han producido en el mundo más autogolpes de Estado que en cualquier otra década desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, hace apenas un año, el presidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial en Corea del Sur, el país asiático fue el último en engrosar una lista que suma 46 episodios desde 1945, el 37% de los cuales se concentran en los últimos ocho años. A diferencia de los golpes militares tradicionales, los autogolpes son rupturas institucionales promovidas desde el propio poder ejecutivo con el objetivo de concentrar autoridad y desactivar los contrapesos democráticos. Y tienen una inquietante tasa de éxito: cuatro de cada cinco logran su propósito, frente a una media del 50% en los golpes clásicos, según los datos recogidos en la base de datos Colpus creada por los profesores John Joseph Chin y Joe Wright.

Lo llamativo de este fenómeno es que encaja, casi al milímetro, con el diagnóstico que dibujan los principales estudios internacionales sobre la salud del Estado de derecho en el mundo: el deterioro institucional se está acelerando, afecta a todo tipo de países —incluidas las democracias consolidadas— y su principal motor no son las guerras ni los golpes militares, sino formas más sutiles de cooptación institucional: el avance de la autocracia.

Así lo refleja el Índice del Estado de Derecho que elabora anualmente el World Justice Project (WJP), una organización independiente y multidisciplinar impulsada en 2006 por la American Bar Association. En su informe de 2025, WJP revela un empeoramiento en el 68% de los 142 países analizados en los últimos doce meses, frente al 57% observado en 2024, lo que confirma una aceleración del deterioro institucional a escala global.

El auge del autoritarismo, caracterizado por el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la contracción del espacio cívico, actúa como fuerza transversal de erosión en un proceso que afecta de forma especialmente intensa a cuatro de las principales dimensiones evaluadas por este índice: las limitaciones al poder gubernamental, la apertura institucional, los derechos fundamentales y el sistema de justicia.

En el delicado sistema de pesos y contrapesos que sustentan el equilibrio de poderes en los regímenes democráticos, 99 países experimentaron un deterioro provocado por los límites impuestos a los poderes legislativo y judicial, así como por una pérdida de independencia en los mecanismos de auditoría y supervisión.

También la cultura del gobierno abierto ha retrocedido en el 66% de los países analizados, con un descenso sostenido de la participación cívica y del derecho de acceso a la información. El impacto sobre los derechos fundamentales no es menor: en dos de cada tres estados se han documentado restricciones crecientes a la libertad de expresión, de opinión, de reunión y de asociación.

Por último, la justicia civil ha empeorado en el 68% de los países, en gran parte debido a lentitud creciente de los procedimientos judiciales, a la pérdida de eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y a una mayor interferencia del poder político.

Estos resultados coinciden a grandes rasgos con los hallazgos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una ONG internacional con sede en Estocolmo fundada en 1995 por 14 estados miembros para apoyar y fortalecer las instituciones y los procesos democráticos en todo el mundo. En el informe sobre el Estado Global de la Democracia 2025, esta organización alerta sobre un clima internacional de “incertidumbre radical” que está poniendo a prueba la resiliencia del sistema incluso en democracias históricamente consolidadas como Estados Unidos.

El estudio evalúa el desempeño democrático a partir de cuatro grandes dimensiones: representación, derechos, Estado de derecho y participación. De las cuatro categorías, la que registró un peor resultado global fue la del Estado de derecho. En 2024, 71 países (41%) registraron un bajo rendimiento en esta materia, y en 32 de ellos se produjo un declive respecto al año anterior. Europa concentró el 38% de estos retrocesos, seguida por África, América, Asia y el Pacífico, y Asia Occidental. El deterioro más pronunciado dentro de esta categoría se dio en el factor de independencia judicial.

En la categoría de derechos, el mayor retroceso global se produjo en libertad de prensa, seguido de libertad de expresión, igualdad económica y acceso a la justicia. La libertad de prensa empeoró en 43 países, casi una cuarta parte (24,9%) de los analizados, lo que constituye el declive más amplio registrado en este factor desde 1975 y supone una grave amenaza para la rendición de cuentas pública y la participación política informada.

También el Índice de la Democracia (Democracy Index) que elabora anualmente la Unidad de Inteligencia del grupo The Economist, apunta a una consolidación de una tendencia regresiva. La nota media mundial cayó a 5,17 —la más baja desde que comenzó a elaborarse el índice en 2006—, y el número de democracias reconocidas se redujo a 71, tres menos que el año anterior. Por primera vez, menos de la mitad de la población mundial vive en algún tipo de régimen democrático (45%), y apenas un 6,6% lo hace en una democracia plena.

El deterioro, según el índice promoviso por el semanario británico, se concentra en los fundamentos del sistema: libertades civiles, pluralismo político y funcionamiento institucional. En contraste con la mejora sostenida en participación política registrada entre 2010 y 2022, los últimos dos años muestran signos de agotamiento también en esta dimensión. La categoría que obtiene la peor puntuación es la de funcionamiento del Gobierno, lastrado por el bloqueo político, la corrupción, la opacidad y la pérdida de confianza ciudadana.

La cartografía del deterioro institucional revela contrastes importantes. Mientras Europa Occidental y Oceanía siguen copando la parte alta de los listados, otras regiones presentan descensos preocupantes. América Latina, con retrocesos en 19 de los 23 países analizados, concentra algunos de los casos más graves, según el Índice del Estado de Derecho de WJP. Solo Uruguay y Costa Rica figuran como democracias plenas en el índice de referencia que publica The Economist, mientras que Chile, República Dominicana, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá son consideradas democracias defectuosas. El resto se agrupan en la categoría de sistemas híbridos (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú) o autoritarios (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela).

En cuanto a Estados Unidos, aunque solo ha retrocedido una posición en el índice de WJP hasta el puesto 27 que ocupa en 2025, figura entre los países donde más ha empeorado el Estado de derecho en el último año, con un declive de un 2,8%, empatado con México y solo por detrás de Togo, Mozambique, Sudán y Rusia. En un informe publicado este año por la American Bar Association, la abogacía estadounidense describe una situación alarmante: “Nuestra democracia está en peligro. Muchos consideran que el Estado de derecho está amenazado y que, de hecho, nos encontramos en medio de una crisis constitucional. Incluso la actual Administración debe admitir que está decidida a forzar los límites de las normas legales y constitucionales”.

Y en Europa, Hungría, Bulgaria, Grecia, Croacia y Rumanía ocupan los puestos más bajos del ranking regional. En los últimos 12 meses, el retroceso en la calidad democrática ha sido especialmente acuciado en Hungría (-2%) y en Eslovaquia (-2,3%), que ocupa la posición número 36. En la parte alta, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania lideran la tabla.

Autocratización, un proceso endógeno

En el informe “25 años de autocratización: ¿democracia truncada?”, de 2025, el Instituto V-Dem (Variedades de la Democracia) pone cifras a una “ola mundial de autocratización” que ha llevado a la democracia a sus horas más bajas. Por primera vez en más de 20 años, en el mundo hay más autocracias (91) que democracias (88). El desequilibrio es mucho mayor desde el punto de vista demográfico: el 72% de la población mundial vive actualmente en países donde la calidad de la democracia está en declive, una cifra no vista desde el año 1978.

De acuerdo a esta organización, que estudia desde la Universidad de Gotemburgo la evolución de la democracia en todo el mundo, la censura de los medios de comunicación, el socavamiento de los procesos electorales y la represión de la sociedad civil son las estrategias más populares por quienes lideran esta deriva autoritaria global, un itinerario autocrático por el que transitan actualmente 45 países, entre los que figuran democracias formalmente consolidadas como Argentina, India, Indonesia, México o Corea del Sur, y estados no tan lejanos como Grecia, Hungría y Rumanía.

El estudio distingue cuatro tipos de regímenes políticos: autocracias cerradas, autocracias electorales, democracias electorales y democracias liberales. Las primeras carecen de elecciones competitivas y de libertades básicas como las de expresión o asociación. Las segundas celebran elecciones multipartidistas, pero no cumplen las condiciones mínimas para considerarlas libres y justas. Las democracias electorales sí cumplen esas garantías básicas, y las liberales van más allá, al incorporar límites efectivos al poder del Ejecutivo, independencia judicial y protección sólida de los derechos civiles. Existe, además, una “zona gris”, con países donde los datos disponibles presentan márgenes de incertidumbre que impiden clasificarlos con claridad.

El tipo de régimen más común en términos demográficos es hoy la autocracia electoral, donde viven el 46% de los habitantes del planeta (unos 3.700 millones de personas). En este grupo se encuentran algunos de los países más poblados, como India, Pakistán, Etiopía o Indonesia.

Por su parte, las autocracias cerradas reúnen al 26% de la población mundial, alrededor de 2.100 millones de personas, en países como China, Vietnam, Coreal del Norte o Cuba.
En el extremo opuesto, las democracias liberales apenas albergan al 12% de la población mundial (unos 900 millones de personas), lo que representa su mínimo histórico en los últimos cincuenta años. Esta caída se debe tanto al descenso en el número de países que cumplen los estándares más exigentes de calidad democrática, como al estancamiento demográfico de las regiones donde aún se mantienen.

Las democracias electorales representan el 16% de la población mundial. A finales de 2024, los países más poblados en esta categoría eran Brasil, México y Nigeria, aunque los dos últimos se sitúan en la zona gris, es decir, en el umbral entre democracia electoral y autocracia electoral, según el grado de incertidumbre en los datos.

Debilitamiento de la independencia judicial

Vaciar de contenido la función de control de los tribunales mediante reformas legales, sanciones disciplinarias selectivas o la colonización de los órganos de gobierno judicial forma parte de cualquier manual de instrucciones para minar desde dentro un Estado de derecho. La consecuencia es una justicia menos autónoma, más vulnerable a la presión política y menos capaz de proteger los derechos fundamentales frente a otros poderes del Estado.

A escala internacional, el Índice de WJP constata un retroceso sostenido en los indicadores vinculados a la independencia judicial. En los últimos cinco años, el 65% de los países ha empeorado en esta categoría, con especial intensidad en Asia Central, África Subsahariana y América Latina. La manipulación de los procesos de nombramiento, la falta de garantías en la carrera judicial o las interferencias del poder ejecutivo en casos sensibles son prácticas cada vez más extendidas.

En el ámbito latinoamericano, esta deriva se refleja en episodios como el asedio a los tribunales constitucionales en El Salvador, los intentos de controlar el poder judicial en Guatemala o los conflictos por la renovación de altas magistraturas en Argentina. Uno de los casos más preocupantes es el de México, donde la reforma judicial aprobada en 2024 —que establece, entre otras medidas, la elección por voto popular del poder judicial al completo—, ha suscitado un fuerte rechazo entre los operadores jurídicos dentro y fuera el país azteca.

Para el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Albertico Guinto Sierra, la reforma conlleva “la sustitución de la independencia judicial por la obediencia y lealtad política”, poniendo en peligro la protección de los derechos fundamentales cuando se encuentren en conflicto con los intereses del gobierno. “Aunque se presenta como un esfuerzo para combatir la corrupción y democratizar la justicia, en realidad solo favorece al oficialismo en la concentración del poder, debilitando la democracia constitucional”, apunta en estas mismas páginas.

En Estados Unidos, el Tribunal Supremo, tradicionalmente garante de los grandes principios constitucionales, atraviesa un periodo de fuerte controversia. Sus fallos más recientes en cuestiones como el aborto, la fiscalización del poder presidencial o los derechos electorales reflejan una creciente alineación ideológica que ha deteriorado su imagen pública. La confianza ciudadana en el alto tribunal, según las encuestas periódicas de Gallup y Pew Research, se sitúa por debajo del 40%, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas.

En Europa, las encuestas del Eurobarómetro realizadas en 2025 muestran que la percepción de la independencia judicial varía de forma significativa entre Estados miembros. Mientras en países como Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia el nivel de independencia percibida se mantiene especialmente alto, con valores superiores al 75%, en Croacia, Bulgaria y Polonia se sitúa por debajo del 30%.
El último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho no pierde de vista a Hungría, donde continúan produciéndose presiones indebidas sobre algunos jueces dentro del propio poder judicial. En Polonia, la restauración de las garantías judiciales aprobada en el Parlamento aún no ha entrado en vigor, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

En España, la valoración de la independencia judicial continúa siendo baja a pesar de la renovación del CGPJ. Entre sus recomendaciones, la Comisión Europea destaca la reforma del sistema de nombramiento, en línea con los estándares europeos. También aboga por finalizar y aplicar la reforma del Código Penal, así como por reforzar el estatuto del fiscal general, incluyendo la desvinculación de su mandato del Gobierno.

Instrumentalización del Derecho y deterioro normativo

Uno de los síntomas más inquietantes y menos visibles del deterioro del Estado de derecho es la pérdida deliberada de calidad normativa. Esta degradación se manifiesta a través de prácticas legislativas opacas, reformas improvisadas, normas ambiguas o procedimientos acelerados que obstaculizan el control parlamentario y la participación ciudadana.

Más de 60 países han registrado en el último año un retroceso significativo en indicadores clave como la previsibilidad de las normas, el debido proceso en la producción legislativa y la ausencia de arbitrariedad del Gobierno, lo que refleja un patrón global de deterioro. Así, el Índice del Estado de Derecho constata que incluso en sistemas democráticos consolidados, el uso abusivo del decreto-ley, la omisión de trámites consultivos o la introducción de enmiendas legislativas ajenas al objeto del debate han debilitado la seguridad jurídica, especialmente en materias sensibles como derechos fundamentales, libertades públicas o transparencia institucional.

Esta instrumentalización del Derecho adopta modalidades diversas según los contextos. En Europa, la Comisión Europea ha documentado prácticas preocupantes en varios Estados miembros. En su último informe, denuncia la tramitación de reformas relevantes sin consultas públicas, la acumulación de competencias normativas en órganos ejecutivos o la utilización de procedimientos parlamentarios abreviados para evitar informes de órganos consultivos como los Consejos de Estado nacionales. En países como Hungría, Polonia o Rumanía, estas dinámicas se han traducido en cambios legales que han limitado la autonomía judicial o recortado derechos ciudadanos sin el debido debate parlamentario.
España no escapa a esta tendencia. Informes como el elaborado por la Fundación Hay Derecho advierten del uso reiterado del decreto-ley, de la proliferación de proposiciones de ley con origen parlamentario —sin memoria económica ni dictámenes preceptivos— y de la tramitación de enmiendas in extremis sin conexión temática con la norma principal. Esta forma de legislar, aunque formalmente legal, vulnera el principio de legalidad material y alimenta la percepción de arbitrariedad.

El presidente de esta Fundación, Segismundo Álvarez, escribía en OTROSÍ hace unos meses que “Una legislación ingente, compleja, técnicamente deficiente e inestable produce gravísimos daños a nuestra seguridad, libertad y prosperidad económica”.

En esa misma línea, el catedrático Manuel Aragón, emérito del TC y autor de referencia en materia de Derecho Constitucional, denuncia en las páginas de esta revista la degradación de las leyes parlamentarias causada por el falseamiento del procedimiento legislativo, el uso criticable de las enmiendas intrusas y el fraude consistente en utilizar las proposiciones de ley para huir de los requisitos que tendría presentarlas como proyecto de ley. “La escasa meditación y la defectuosa técnica en la preparación de las iniciativas legislativas gubernamentales (o de los partidos que le apoyan), la apelación constante al procedimiento de urgencia, la extrema limitación temporal de la presentación de enmiendas y de la deliberación parlamentaria, están produciendo unas leyes de escasa calidad con merma de la seguridad jurídica que las prescripciones legales deben proporcionar”, afirma Aragón.

En Estados Unidos, la litigiosidad institucional ha aumentado exponencialmente tras la investidura presidencial, con más de 500 demandas contra actos ejecutivos en ámbitos tan variados como la política migratoria, los aranceles, los derechos fundamentales o el clima. Según el seguimiento realizado por el centro Just Security, actualizado a diario, en el momento de redactar este reportaje, el 50% de los litigios sigue pendiente de resolución judicial y cerca de 120 casos han logrado algún tipo de bloqueo total o parcial de las medidas impugnadas. Hasta la fecha, ningún caso ha concluido con una sentencia firme favorable a los demandantes, lo que refleja tanto la complejidad de los procesos como los obstáculos estructurales para frenar la agenda ejecutiva por la vía judicial.

Corrupción estructural y opacidad institucional

La corrupción no es solo un fenómeno ético o económico. En su dimensión estructural, representa una de las formas más nocivas de degradación del Estado de derecho, ya que socava los fundamentos institucionales y distorsiona el principio de igualdad ante la ley. Allí donde la corrupción se convierte en una práctica sistémica, el Derecho pierde su capacidad de organizar el poder público y proteger los derechos ciudadanos, y se impone una lógica clientelar que erosiona la legitimidad democrática.

El índice de WJP identifica este fenómeno a través de un indicador específico, “ausencia de corrupción”. Según sus datos, aunque a nivel global se ha registrado una ligera mejora respecto al año anterior, el 41 % de los países evaluados sigue mostrando signos de retroceso en esta categoría. Las regiones más afectadas son América Latina, Asia Meridional y África Subsahariana, donde el clientelismo político, la impunidad de las élites y la captura de organismos públicos son prácticas persistentes que bloquean cualquier intento de regeneración institucional.

En el caso de la Unión Europea, la Comisión ha activado mecanismos de condicionalidad presupuestaria frente a Estados miembros en los que se detectan prácticas de corrupción institucional, especialmente vinculadas al uso de fondos europeos y a la independencia de las fiscalías. Aunque la mayoría de los Estados miembros ha aprobado estrategias nacionales, reforzado unidades especializadas y mejorado la cooperación entre cuerpos policiales, fiscalías y tribunales, persisten lagunas significativas en la regulación de los conflictos de intereses, la actividad de lobby o la financiación de partidos.

La Comisión constata además un bajo índice de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel, lo que debilita la confianza ciudadana en la equidad del sistema. En España, si bien los niveles de corrupción estructural son menores que en otras latitudes, persisten déficits preocupantes de transparencia en la gestión de fondos públicos, una débil fiscalización parlamentaria y una limitada autonomía de los organismos de control.

El Democracy Index 2024, por su parte, refiere una correlación directa entre los regímenes autoritarios o híbridos y los mayores niveles de corrupción percibida. Allí donde los controles institucionales son débiles, el poder se ejerce sin rendición de cuentas y los recursos públicos se utilizan con criterios opacos, se reproduce una lógica de apropiación del Estado por parte de determinados grupos. El informe destaca además cómo la corrupción estructural alimenta el escepticismo ciudadano, debilita el cumplimiento voluntario de las normas y favorece la aparición de movimientos populistas que capitalizan el malestar social.

Manuel Villoria, presidente de la flamante Autoridad Independiente de Protección del Informante (un organismo público en funcionamiento desde septiembre de 2025”, explica el vínculo estructural entre la corrupción y el debilitamiento del Estado de derecho, dos fenómenos que se retroalimentan. “La corrupción, como abuso de poder con incumplimientos legales, pero también morales, es un factor clave para explicar el deterioro de la confianza en nuestras instituciones. La propia concepción del Estado de derecho como un marco de expectativas sobre el comportamiento de los poderes públicos, explica también la percepción de la corrupción, pues esta incorpora incumplimientos morales como los que se derivan del desprecio a los valores que fundamentan dicho Estado de derecho”.

De ahí, concluye Villoria, esa correlación tan sólida entre ambas variables. “A más incumplimiento del Estado de derecho, mayor percepción de corrupción; a mayor percepción de corrupción, menor cultura de la legalidad y mayor deterioro del Estado de derecho.”

Amenazas híbridas y desinformación

La proliferación de campañas de desinformación, las injerencias extranjeras en procesos democráticos y la manipulación de algoritmos informativos configuran un nuevo escenario de riesgos difusos, difícilmente encajables en las categorías clásicas del Derecho público, pero con efectos directos sobre la calidad democrática y la confianza ciudadana.

El World Justice Project alerta en su índice de 2025 sobre el deterioro sostenido en el ámbito de los Derechos Fundamentales, que agrupa la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección frente a la censura. Desde 2016, este indicador ha retrocedido en más del 80% de los países, con caídas particularmente acusadas en América Latina, Asia y Europa del Este. Este retroceso no siempre responde a legislaciones restrictivas, sino a entornos mediáticos degradados, discursos polarizantes y pérdida de integridad informativa en el debate público.

En su índice global sobre el estado de la democracia, The Economist señala subraya cómo el auge de medios digitales no regulados, el uso de bots y granjas de contenidos, la opacidad de las plataformas y la pérdida de centralidad del periodismo profesional han creado un ecosistema especialmente vulnerable a la manipulación. En paralelo, el informe describe una polarización creciente y una pérdida de consenso sobre los valores democráticos esenciales. La cultura política mundial —que mide el apoyo ciudadano a la democracia frente a modelos tecnocráticos o autoritarios— ha caído de 5,73 en 2008 a 5,25 en 2024. Los datos sugieren un distanciamiento creciente entre ciudadanía y sistema democrático, especialmente entre las generaciones más jóvenes, más proclives a aceptar “alternativas no democráticas” ante la frustración con los sistemas políticos actuales.

La Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho 2025, identifica como riesgo específico la difusión de campañas de desinformación orquestadas desde el exterior, especialmente en procesos electorales. Además, señala la necesidad de una mayor transparencia algorítmica y de reforzar los mecanismos de verificación informativa. En los Estados miembros con mayores niveles de polarización política, estas amenazas han derivado en ataques a la integridad electoral, cuestionamientos a la independencia judicial o campañas sistemáticas de desprestigio contra las instituciones.

En España, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) tiene identificadas las campañas de desinformación como “grave amenaza para los procesos electorales” y, destaca “por su potencial peligrosidad” las estrategias de desinformación de actores extranjeros “tanto estatales como no estales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones”.

La hora de la abogacía

Frente a la erosión de los contrapesos democráticos y la normalización del conflicto institucional, la abogacía está asumiendo un papel cada vez más protagónico en la defensa del Estado de derecho, identificando las amenazas sistémicas que afectan a la justicia, denunciando los retrocesos normativos e institucionales y articulando respuestas colectivas ante el debilitamiento de los principios constitucionales.

La International Bar Association (IBA) expresó el pasado mes de marzo su “profunda preocupación” por la erosión del Estado de derecho en democracias consolidadas como Estados Unidos, advirtiendo sobre los ataques al poder judicial, a los medios y a la propia profesión jurídica como pilares esenciales de la democracia. En paralelo, la American Bar Association (ABA) lideró una declaración conjunta, firmada por más de 50 colegios de abogados en respuesta al intento de socavar el libre ejercicio de la abogacía.

El Colegio de la Abogacía de Madrid se adhirió de inmediato a esta respuesta colectiva, publicando un comunicado en el que condenaba “toda forma de presión o señalamiento contra los operadores jurídicos que ejercen sus funciones con independencia y sometimiento pleno a la legalidad”.

Esta línea de actuación no es nueva. El ICAM ha interiorizado la defensa del Estado de derecho como uno de sus fines esenciales, tanto en sus estatutos como en su práctica institucional. En noviembre de 2023, la Junta de Gobierno aprobó una Declaración Institucional en defensa de la separación de poderes, el valor de la justicia independiente y el respeto a la función jurisdiccional, una iniciativa avalada recientemente por la justicia como legítimo ejercicio de sus competencias colegiales.

Además, el ICAM contribuye anualmente a los informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, proporcionando una visión técnica desde dentro del sistema judicial español. También en el ámbito internacional, la Declaración de Madrid, firmada al cierre de la I Cumbre Iberoamericana, refleja el compromiso de la corporación madrileña con la protección efectiva de los valores democráticos, la independencia judicial y la garantía de los derechos fundamentales frente a cualquier forma de deriva autoritaria o instrumentalización del Derecho.

En el último Congreso de la Unión Internacional de Abogados, celebrado en octubre en México, el decano Eugenio Ribón propuso avanzar hacia una acción coordinada entre colegios de abogados de distintos países mediante tres líneas estratégicas: la creación de observatorios colegiales internacionales que alerten ante amenazas a la independencia judicial; la promoción de una participación técnica activa de la abogacía en los procesos de reforma legislativa; y el impulso decidido de la educación jurídica de la ciudadanía como base imprescindible para fortalecer la cultura democrática.

En palabras del decano: “En un tiempo en que el Estado de derecho se ve amenazado en demasiadas latitudes, y donde las fronteras de la injerencia política se difuminan, los colegios de abogados tenemos una obligación clara: no mirar hacia otro lado”.

Fuentes

• Rule of Law Index 2025. World Justice Project. Washington, D. C. Disponible en: https://worldjusticeproject.org
• Democracy Index 2024: Age of Conflict. The Economist Intelligence Unit. Londres. Disponible en: https://www.eiu.com
• Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization: Democracy Interrupted? University of Gothenburg – Varieties of Democracy (V-Dem), Gothenburg, Sweden. Disponible en: https://www.v-dem.net/documents/60/V-dem-dr__2025_lowres.pdf
• The Global State of Democracy 2025: Democracy in the Face of Uncertainty. IDEA Internacional. Estocolmo. Disponible en: https://www.idea.int
• Final Report of the ABA Task Force for American Democracy (2025). American Bar Association. Disponible en: https://www.americanbar.org
• Chin, J. J. & Wright, J. (2024). Self-Coups Since 1945: A Global Database. Colpus Project. Disponible en: https://www.colpus.org
• Informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea – Edición 2025. Comisión Europea. Dirección General de Justicia y Consumidores. Disponible en: https://ec.europa.eu/info
• Informe 2024 sobre calidad normativa en España: análisis del deterioro legislativo y sus consecuencias institucionales. Fundación Hay Derecho. Disponible en: https://www.hayderecho.com
• Informe Anual de Seguridad Nacional 2025. Departamento de Seguridad Nacional. Presidencia del Gobierno de España. Disponible en: https://www.dsn.gob.es
• Informe Estado de Derecho y Seguridad Jurídica en Iberoamérica (2025). Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Disponible en: https://web.icam.es
• Declaración de Madrid – Cumbre Internacional ICAM 2025: Iberoamérica. Adoptada el 6 de junio de 2025. Disponible en: https://web.icam.es
• Executive Orders Litigation Tracker (2025). Just Security – NYU School of Law. Disponible en: https://www.justsecurity.org
• Special Eurobarometer 534: Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU (2025). Comisión Europea. Disponible en: https://europa.eu/eurobarometer
• Statement on Threats to the Rule of Law and the Legal Profession (2025). International Bar Association (IBA). Disponible en: https://www.ibanet.org
• Aragón Reyes, M. (2025). La situación del Estado de Derecho en España. Revista OTROSÍ, ICAM.
• Villoria Mendieta, M. (2025) Corrupción y Estado de Derecho. Revista OTROTROSÍ, ICAM.
• Guinto Sierra, A. (2025). El deterioro de la independencia judicial en México y América Latina. Revista OTROSÍ, ICAM.

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La calidad legislativa es un pilar esencial en cualquier democracia sólida y la formulación de leyes que regulen el sistema de financiación autonómica debe respetar principios, como la transparencia, la participación y la seguridad jurídica.

Para garantizar que las reformas en financiación autonómica generen un cambio positivo, es fundamental que el proceso legislativo se abra a la discusión pública, integrando no solo las opiniones de los partidos políticos, sino también las de expertos y miembros de la sociedad civil.

Adicionalmente, se trata de una cuestión que solo puede abordarse teniendo en cuenta la actual situación de las cuentas públicas y las posibles consecuencias económicas derivadas de cualquier cambio previsto.

Se trata de un debate con enorme trascendencia que debe alejarse de planteamientos exclusivamente políticos y abordarse con rigor desde una perspectiva técnica.

Los siguientes artículos del dossier evalúan tanto la eficiencia y viabilidad de estas reformas como su coherencia dentro del marco legal vigente, los principios constitucionales y los fundamentos del Estado de derecho;

1. Un análisis crítico desde el punto de vista del Estado de Derecho, Elisa de la Nuez.

2. La cojera del Estado de las Autonomías ,Tomás-Ramón Fernández.

3. Financiación singular, federalismo y Constitución, Violeta Ruiz Almendral.

4. La propuesta de financiación singular para Cataluña, Amelia Pérez Zabaleta.

5. El Concierto económico: ¿un mito en cuestión?, Josu de Miguel Bárcena.

6. Algunas reflexiones al hilo del debate sobre el concierto catalán, Ángel de la Fuente Moreno.

7. La singularidad fiscal de Cataluña: un concierto encubierto, Ana de la Herrán Piñar.

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