MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Justicia ha propuesto que las indemnizaciones por la prestación de la asistencia jurídica gratuita suban un 5% en 2024 en el territorio que gestiona de forma directa, según recoge el proyecto de orden ministerial, si bien el Consejo General de la Abogacía Española considera que es «del todo insuficiente», reclamando una actualización con el IPC.
La Abogacía reitera así «la demanda formulada durante los meses de conversaciones al respecto», esto es, «que la subida se adecue a la evolución del IPC desde la última revisión, en 2018, indicando que desde entonces los precios han aumentado en torno a un 17%.
En este sentido, hace hincapié en que «se trata de unas retribuciones que apenas cubren en muchas ocasiones los gastos que genera al profesional» y que, además, están «entre las más bajas que se pagan en España», quedando «muy lejos de los incrementos retributivos que se han acordado para otros colectivos profesionales».
Con todo, la Abogacía avanza que «aprovechará el trámite de alegaciones del proyecto de la orden ministerial que contiene la actualización de los importes para reclamar de nuevo una subida más proporcional con la evolución general de los precios, especialmente de los combustibles».
También anticipa que «volverá a incluir su demanda de que se produzca una revisión del catálogo de las intervenciones profesionales que son objeto de indemnización».
En concreto, aboga por «incluir el pago por los servicios prestados a personas jurídicas en proceso penal, las reconvenciones, las ejecuciones de sentencias, la presentación de un número más amplio de recursos, la participación del profesional en calidad de mediador y contador-partidor, o los gastos de desplazamiento en las guardias al detenido, entre otras».
El Consejo recuerda que «más de 42.000 profesionales de la abogacía pertenecen en la actualidad al turno de oficio», de los cuales «más de 6.000 prestan su asistencia en el denominado territorio Ministerio, formado por las comunidades de Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, así como por los tribunales con jurisdicción estatal ubicados en Madrid, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla».
