El TC inadmite por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo sobre financiación de partidos políticos

 

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes por unanimidad inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) sobre el inciso de la Ley de Financiación de Partidos Políticos que establece que las sanciones por superar en un 10% o más los límites de gastos electorales no podrán ser inferiores a 25.000 euros.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esta vez los once magistrados que conforman la corte de garantías –tanto progresistas como conservadores– se han alineado para posicionarse junto a la Fiscalía, que propuso rechazar el asunto por motivos procesales.

El Supremo promovió la revisión del inciso del artículo 17 bis.2.b) de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos al considerar que podía contradecir el principio de proporcionalidad recogido en la Constitución, en conexión con la prohibición de arbitrariedad.

El TS remitió la cuestión al Constitucional en el marco de un caso que estudia sobre la formación política ‘Sí se puede’, que se presentó a las elecciones locales de 2019 en Santa Cruz de Tenerife y en La Gomera y fue objeto de un procedimiento sancionador por parte del Tribunal de Cuentas.

Contenidos destacados

- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

CONTENIDOS RELACIONADOS

La Abogacía denuncia ante el Gobierno la expulsión por Marruecos de...

El Consejo General de la Abogacía Española estima que Exteriores debería presentar una queja al país vecino

La Comunidad, en la presentación del primer curso del ICAM para...

García Martín ha destacado la importancia de este nuevo servicio público que apoya a las personas con discapacidad en los procesos judiciales.

Funcionarios y LAJ exigen a Llop que regule de forma «urgente»...

Afean al Ministerio que no haya regulado antes esta modalidad de trabajo

El Constitucional admite a trámite el recurso de Madrid contra el...

Estudiará si el servicio licitado por el Ministerio de Derechos Sociales invade competencias autonómicas