MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a través de su Observatorio de Derechos Humanos, se ha adherido a la iniciativa presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el Gobierno de Afganistán, ha informado el ICAM en un comunicado.
La denuncia acusa al régimen afgano de cometer crímenes de lesa humanidad debido a las sistemáticas violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas en el país.
La denuncia, presentada ante la Oficina del Fiscal del TPI, se basa en la ejecución de un ataque generalizado y sistemático contra las mujeres y niñas en Afganistán, cuya finalidad es la discriminación y persecución de género.
Este tipo de crímenes han sido documentados por relatores y organismos de Naciones Unidas, acreditando que las leyes y prácticas del Gobierno afgano violan de manera flagrante los derechos humanos, afectando gravemente la vida pública y privada de las mujeres.
«ES FUNDAMENTAL QUE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ACTÚE CON FIRMEZA»
Desde el ICAM, Emilio Ramírez, diputado de la Junta de Gobierno y copresidente del Observatorio de Derechos Humanos, ha recalcado que no se puede quedarse con «los brazos cruzados ante los atroces crímenes que se cometen de manera sostenida contra las mujeres y niñas en Afganistán». «Es fundamental que la comunidad internacional actúe con firmeza para acabar con la impunidad», señala.
Por su parte, Maite Parejo, abogada especializada en Derechos Humanos y también copresidenta del Observatorio, ha añadido que la persecución de las mujeres en Afganistán «no solo viola sus derechos fundamentales, sino que perpetúa un sistema de opresión y sufrimiento intolerable».
«Estamos convencidos de que la acción ante la Corte Penal Internacional es un paso crucial para buscar justicia y proteger los derechos de todas las mujeres», señala.
El ICAM respalda la petición de la APDHE para que el Gobierno de España inicie un procedimiento directo ante el Tribunal Penal Internacional, recordando la responsabilidad de todos los Estados de enjuiciar a los culpables de crímenes contra la humanidad, tal como subraya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
