MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La segunda reunión entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de jueces y fiscales ha culminado sin acuerdo después de que el equipo de Pilar Llop elevara hasta unos 46 millones de euros la oferta inicial de 44 millones que puso sobre la mesa la semana pasada en aras de evitar la huelga indefinida convocada a partir del 16 de mayo. Las asociaciones consultarán ahora a sus ejecutivas y delegados y volverán a reunirse el miércoles, a las 16.00 horas, para dar una respuesta en el marco de la Mesa de Retribuciones.
Fuentes cercanas a la negociación han precisado a Europa Press que, aunque el Ministerio ha subido la cifra inicial, los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales todavía consideran que se trata de un importe insuficiente para hacer frente a «la pérdida de poder adquisitivo» que dicen arrastrar desde 2009, pero han indicado que consultarán a los suyos de cara a la próxima reunión.
«Tenemos claro que en este caso queremos escuchar a nuestros compañeras y compañeros para saber qué es lo que quieren», ha señalado Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en declaraciones a la prensa al término de la reunión de este lunes que ha durado más de cuatro horas con receso incluido.
Juan José Cambronero, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha asegurado que «es momento de hablarlo, de comentarlo con los propios y de ponerlo en común con el resto de asociaciones». Al hilo, ha insistido en que volverán el miércoles al Ministerio para seguir debatiendo, «que es lo que toca».
Preguntado sobre el tipo de subida que plantea para jueces y fiscales, Cambronero ha explicado que en la Mesa de Retribuciones se habla de mejoras «lineales y progresivas», porque «el objeto propiamente dicho» de la reunión «no es tanto una cuestión monetaria, sino un problema de la estructura retributiva de la carrera». «Llevamos 20 años en los que no se nos ha llamado para nada», ha incidido para luego aplaudir la decisión del Gobierno de convocar estos encuentros.
Sobre la huelga indefinida fijada a partir del 16 de mayo, Cambronero ha asegurado que aún está «todo abierto» y que el parón «aún no se ha desconvocado».
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha asegurado que tras la reunión de este lunes «nada está cerrado», «todo sigue abierto» y «hay muy buena voluntad y disposición por parte de unos y de otros de llegar a acuerdo».
SEGUNDA REUNIÓN
Las asociaciones de jueces y fiscales se han reunido por segunda vez en la Mesa de Retribuciones con los equipos de Justicia, de Función Pública, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Se han sentado a la mesa tras consultar a las ejecutivas y los delegados de las asociaciones su valoración sobre la propuesta económica realizada el pasado miércoles por el Ministerio. A su llegada al encuentro de lunes, el portavoz de la APM avanzaba que los 44 millones de euros ofrecido por el Ministerio no era «asumible».
Fuentes cercanas a la negociación consultadas por Europa Press han indicado que, aunque desde las ejecutivas y las bases han celebrado que Justicia haya presentado una oferta, la propuesta aún no satisface del todo las necesidades del colectivo, que han llevado a cinco de las siete asociaciones a convocar una huelga en busca de una actualización salarial «razonable» debido a «la pérdida de poder adquisitivo» que dicen arrastrar desde 2009.
El pasado miércoles el equipo de Llop entregó a jueces y fiscales una propuesta económica tras un primer contacto de casi cinco horas, en la que las asociaciones se mostraron «optimistas» de cara a un posible acuerdo, pero advirtieron de que aún no era «tiempo de satisfacciones» todavía.
Las fuentes consultadas han precisado que la oferta de unos 44 millones de euros era insuficiente, porque dicha cifra representaría solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%.
Cabe recordar que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron –tras dos meses de huelga– que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo. Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la administración de justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones.
Al margen de la propuesta económica de 44 millones a jueces y fiscales, Justicia y Hacienda han ofrecido a las asociaciones de la carrera judicial y fiscal un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030, según informó el Ministerio tras la primera reunión.
OCHO DÍAS PARA LA HUELGA
La reunión tiene lugar ocho días antes de la fecha fijada para la huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Aunque Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) indicaron que compartían el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el «estancamiento actual» del sistema judicial, desde un principio se desmarcaron de la amenaza de huelga al considerar «oportuno» esperar a la reunión del pasado miércoles. Hasta el momento no han se han sumado a la convocatoria.
