La disposición final segunda de la ley 27/1995 de 11 de octubre de Incorporación al Derecho español de la Directiva 93 /98 del Consejo de 29 de octubre, de Armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, autorizó al Gobierno a aprobar, antes del 30 de junio de 1996, un texto refundido de las disposiciones legales vigentes materia de propiedad intelectual.

En consecuencia, se aprobó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual mediante el Decreto Legislativo 1/1996 de doce de abril.

Ante su redacción cabe analizar los siguientes supuestos:

1       El artículo 24 de la citada ley regula el derecho de participación del autor de una obra de arte, en caso de reventa, tras la primera cesión que haya efectuado él mismo, en el precio que se obtenga de las sucesivas reventas, sin que establezca un número límite de ellas.

A      Derecho de participación del autor vivo

Tal derecho se reconoce tanto a los autores españoles, como a los nacionales de los estados miembros de la UE y a quienes sean nacionales de terceros países que tengan su residencia habitual en España. A quienes, siendo nacionales de terceros países, no tengan su residencia habitual en España solamente les será reconocido el citado derecho de participación si la legislación de su país lo reconoce a los autores de los estados miembros de la UE y a sus derechohabientes.(Artículo 24.3 LPI)

Solamente tiene lugar si en la venta han participado, como vendedores,  compradores, o intermediarios, profesionales del mercado del arte (artículo 24.4 LPI) como puedan ser galerías de arte, salas de subastas, marchantes de obras de arte o cualquier persona física o jurídica dedicada a la intermediación en el mercado del arte, siendo indiferente, a tenor de la ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que se realice tal actividad a través de prestadores de servicios de la sociedad de información.

Lo anterior supone que no existe el derecho de participación si la reventa se efectúa siendo comprador un particular o una persona jurídica que no se dedique al mercado del arte, y se realice bien directamente por quien haya adquirido la obra del autor, por quien la haya obtenido posteriormente o bien por persona física o jurídica a quien el propietario, que desea revenderla, haya dado poder para ello sin que el vendedor, ni quien ostente el poder, se dedique al mercado del arte.

La ley establece una excepción al disponer que no existirá tal derecho en los actos de reventa de la obra comprada por una galería de arte directamente al autor, siempre que el periodo transcurrido entre la primera adquisición y dicha reventa no supere tres años y el precio de la reventa no exceda de 10.000 euros, excluidos los impuestos.

El derecho de participación existirá aunque quienes revendan la obra sean los herederos del adquirente originario Es un porcentaje por tramos (artículo 24. 8 L PI ) que va desde el 4% de los primeros 50.000 euros del precio de venta hasta el 0,25 % del precio que exceda de 500.000 en euros y, siempre, con el máximo de 12.500 euros, es decir, que la cantidad a percibir por el autor o sus derechohabientes no puede exceder de tal suma. Para que nazca el derecho, el precio de la reventa, por obra o conjunto concebido con carácter unitario tiene que ser igual o superior a 800 euros excluidos los impuestos.( Artículo 24.7 LPI)

B      Transmisión del derecho

Se trasmite únicamente por sucesión mortis causa, es inalienable e irrenunciable y queda extinguido transcurridos 70 años a contar desde el día uno de enero del año siguiente a aquel en que haya tenido lugar la muerte o la declaración de fallecimiento del autor, en la cual se ha de expresar la fecha en la que se entiende producido el mismo.

A tenor del artículo 193 del Código Civil, tal declaración tendrá lugar transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición.

Ese plazo se aminora y queda reducido a cinco años si, desde las ultimas noticias o, en defecto de éstas, desde su desaparición, al expirar dicho plazo el ausente hubiera cumplido setenta y cinco años.

Tales plazos se han de computar desde que expire el año natural en que se tuvieron las últimas noticias, o, en su defecto, de aquel en el cual ocurrió la desaparición.

Ahora bien, el plazo se reduce a un año, contado de fecha a fecha, cuando haya un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en el que la persona de que se trate se hubiese encontrado, sin que se haya tenido noticias suyas con posterioridad a. la violencia. En caso de siniestro, el plazo se reduce a tres meses

Si en una subversión de orden político o social desapareciera una persona sin volverse a tener noticias suyas se aplicará el año, siempre que haya pasado seis meses desde la cesación de la subversión.

Todo ello, a tenor del artículo 193 del Código Civil.

Procede también la declaración de fallecimiento de quienes hayan tomado parte en operaciones de campaña y desaparecido en ellas si transcurren dos años, contados desde la fecha del tratado de paz, si lo hubiera, o, desde la declaración oficial de fin de la guerra.

Asimismo tendrá lugar la declaración de fallecimiento de los tripulantes y pasajeros de una nave de los que no se tenga noticias, que se haya comprobado que naufragó, o de una aeronave cuyo siniestro se ha verificado, o se hubieran encontrado restos humanos que no hubieran podido ser identificados, una vez transcurridos ocho días.

Si el buque no llega a su destino; o si, careciendo de punto fijo de arribo, no retornase, se presume naufragado y si hay evidencias racionales de ausencia de supervivientes, tendrá lugar la declaración de fallecimiento una vez que haya transcurrido un mes contado desde las últimas noticias recibidas o, por falta de éstas, desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial del viaje.

También tendrá lugar la declaración de fallecimiento de quienes se hallen a bordo de una aeronave que se presuma siniestrada, si el viaje hubiera sido sobre mares, zonas inhabitadas o desérticas, por no llegar a su destino o, si no habiendo punto fijo de arribo, no retornase, y hubiera evidencias racionales de ausencia de supervivientes.

La declaración se producirá cuando haya transcurrido un mes contado desde las últimas noticias de las personas o de la aeronave y, en su defecto, desde la fecha de inicio del viaje.

Si dicho viaje se hizo por etapas, el plazo se computará desde el punto de despegue del que se recibieron las últimas noticias.

Todo ello a tenor del artículo 194 del Código Civil

C      Plazo para reclamar. Ejercicio de la acción.

En caso de que no se ha abonado la cantidad que corresponda por derecho de participación, puede reclamarla el autor y, en su caso, los sucesivos herederos en el plazo de 70 años establecidos en el artículo 24.9 LPI, ya que transcurridos los cuales el derecho se extingue.

Por tanto, es indiferente que la reventa se haya producido estando vivo el autor o después de su fallecimiento, con la única diferencia de que en el primer supuesto es el propio autor quien debe recibir la cantidad y en el segundo, los derechohabientes.

Cabe preguntarse frente a quien se ha de ejercer dicha acción. El apartado 10 del artículo 24 LPI establece en el derecho de participación se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Los profesionales del mercado del arte que hayan intervenido en una reventa sujeta al derecho de participación tienen la obligación, a tenor del apartado 14 del artículo 24 de la citada LPI, de notificar al vendedor y a la entidad de gestión, la reventa que se haya llevado a cabo, y ello en un plazo de dos meses que se han de contar desde el día siguiente al de la fecha de la reventa, por un medio que permita la constancia de la notificación, con los requisitos establecidos el citado apartado14 del  artículo 24 LPI..

Una vez efectuada la notificación, el plazo máximo para que los profesionales del mercado del arte, ingresen la suma correspondiente al derecho de participación, en la entidad de gestión, es de dos meses y la entidad de gestión, a tenor del apartado 11 del artículo 24 LPI, ha de notificar al titular del derecho que se ha efectuado el pago en el plazo máximo de un mes a contar desde que éste se haya producido.

La entidad de gestión habrá de liquidar la cantidad que le corresponda al titular del citado derecho, en el plazo máximo de nueve meses desde el uno de enero del año siguiente al de su recaudación. No obstante, dicho plazo podrá incumplirse cuando existan razones objetivas que lo justifiquen, relacionadas en el artículo 177.1 LPI. Si dentro de dicho plazo, el titular solicita la liquidación, se habrá de efectuar en el mes siguiente a tal reclamación.

Si el profesional del mercado no ingresa la cantidad, la entidad de gestión podrá ejercitar la acción frente al mismo en un plazo de prescripción de tres años desde la notificación de la reventa (artículo 24.19 LPI) Lo anterior significa que tal plazo, al ser de prescripción, podrá ser interrumpido mediante reclamación fehaciente antes del ejercicio de la acción.

El autor o los herederos en su caso, si no se les abona la cantidad correspondiente por derecho de participación, podrán dirigir su acción frente a los profesionales del mercado del arte que hayan intervenido en la reventa y frente al vendedor puesto que a tenor del apartado 16 del citado artículo 24 LPI, responden solidariamente de la deuda contraída.

2       Obra de arte vendida tras haberse redactado un testamento

A      Propietario de una obra de arte, que la deje como legado en su testamento y con posterioridad a la fecha del mismo la venda.

Abierto dicho testamento, la situación será que tal obra de arte ya no existirá entre los bienes del fallecido y no cabe entender que haya un derecho de reclamación frente a quien la adquirió porque la venta por parte del propietario, posterior a su testamento, dejó sin efecto el legado, y ello a tenor del contenido del artículo 869 del Código Civil que dispone que el legado quedará sin efecto, entre otras causas, si el testador enajena, por cualquier título o causa, la cosa legada. Si después de la enajenación volviera a dominio el testador, aunque fuera por nulidad del contrato, el legado no tendría ya fuerza salvo que la readquisición se verificara por pacto de retro venta.

B      Nombramiento de curador

Cabe preguntarse qué ocurrirá si a una persona, después de haber otorgado testamento en el que deje como legado una obra de arte, se le nombra un curador que, ignorando la existencia del testamento, o su contenido, la venda.

El artículo 287 del Código Civil establece que el curador, que ejerza funciones de representación de la persona que necesita el apoyo, precisa de autorización judicial para, entre otros actos, enajenar bienes muebles de extraordinario valor. La venta será directa a salvo que el órgano judicial considere que se ha de realizar mediante subasta judicial para la mejor y garantía plena de los derechos e intereses de su titular.

Si el bien no tiene un extraordinario valor, concepto indeterminado, el curador puede venderlo, sin necesidad de autorización judicial, a un particular o a un profesional del mercado del arte naciendo el derecho de participación, en su caso, igual que si lo hubiera vendido el propietario antes de serle nombrado el curador.

B.1    Consecuencias jurídicas de la venta para el comprador que lo ha sido de buena fe y para el legatario.

Si el curador lo vende y aplica la suma obtenida a remediar necesidades de la persona sometida a curatela, en caso de existir sobrante, este forma parte del legado. El bien no vuelve a pertenecer al testador, la venta no se anulará, el comprador por tanto no vendrá obligado a restituir el bien, y el legatario no tendrá el bien, con el perjuicio económico que ello pueda comportar, porque si hubiera adquirido su propiedad, hubiera podido proceder a su venta con la posibilidad de obtener una ganancia económica.

No se trata en este supuesto de un acto propio y voluntario del testador si no del curador con representatividad. La venta se habrá efectuado por la voluntad del representante.

En sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2020 se contiene que el legado queda sustituido por subrogación en la cantidad que reste de la venta, una vez cubiertas las necesidades de la persona sometida a curatela, lo cual fue la causa de la venta del bien.

No cabe ejercer la acción frente al curador si éste no necesitaba autorización judicial para la venta `porque se entendiera que la obra de arte no tenía un valor excepcional y se hubiera aplicado la suma obtenida a cubrir las citadas necesidades del testador.

Por otra parte, si la obra de arte era de extraordinario valor, hubiera requerido dicha autorización judicial a tenor del contenido del artículo 287 del Código Civil, pero no existirá anulabilidad de la venta si hubiera un control judicial posterior a la misma, según lo dispuesto en el artículo 1313 del Código Civil.

3 Análisis de la posible exhibición por el autor de la obra de arte ya vendida por él mismo

A      Derecho moral

Entre los derechos morales contemplados en el artículo 14,LPI no figura el que el comprador haya de consentir que el autor pueda exhibir su obra después de habérsela vendido.

Al no constar como un derecho, es voluntario para el comprador consentir que el autor puedan exhibirla. En este caso, si así se acordara, se trataría de un comodato, es decir un préstamo de uso a tenor del artículo 1741 del Código Civil, el cual dispone que el comodante conserva la propiedad de la cosa prestada y el comodatario adquiere el uso del bien.

Si el autor hubiera de pagar alguna cantidad al comprador, ya no se trataría de un comodato sino de un arrendamiento.

Se puede pactar que la exhibición sea por una sola vez y concretar el lugar y el tiempo o establecer que puedan ser varias.

B      Obligaciones respectivas

A tenor del artículo 1743 del Código Civil, el comodatario está obligado a satisfacer los gastos ordinarios necesarios para la conservación del bien y es lo habitual que se contrate un seguro que cubra cualquier deterioro o, incluso, la pérdida del mismo ya que siempre que se produce el desplazamiento de una obra de arte existe un riesgo para la misma. El contrato de seguro conocido como” de clavo a clavo” cubre desde que, por ejemplo, un cuadro se descuelga del lugar donde se encuentre hasta que se vuelve a colocar en el mismo se sitio.

El artículo 1744 del Código Civil establece que si el comodatario destinara la cosa a un uso distinto a aquel para el que fue prestada, o retrasara su devolución por más tiempo de lo convenido, será responsable de su pérdida aunque ésta tenga lugar por un caso fortuito.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 1745 del Código Civil, que si lo prestado se entregó con tasación y se pierde, aunque se deba a un caso fortuito, el comodatario, es decir, en este caso el autor de la obra, responderá del precio si no hay un pacto en el que se le exima de responsabilidad de forma expresa.

Si durante el contrato fuera necesario realizar gastos extraordinarios para la conservación del bien, corresponderá al comodante el abono de los mismos siempre que el comodatario, autor de la obra, lo ponga en su conocimiento antes de llevarlos a cabo, salvo que sean tan urgentes que no pueda esperarse al resultado del aviso sin peligro para el bien, y ello según lo dispuesto en el artículo 1751 del Código Civil.

Todo lo anteriormente expuesto supone que no existe un derecho moral del autor a exhibir la obra después de haberla vendido, y que para hacerlo será necesario el consentimiento del comprador que no viene obligado a otorgarlo.

EIDUNED
Programa Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales UNED
Derecho Civil
mgil1580@alumno.uned.es
ORCID 0009-0006-0630-244X

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            Hasta el RDLEY 2/85, muchos miles de personas firmaron un arrendamiento en base al citado Decreto de 1964, y la mayor parte siguen viviendo o se subrogaron las personas y en los términos y plazos que a continuación se harán constar.

            Como ejemplo se puede decir que si una persona de 28 años alquiló una piso en 1980, ahora tiene 74 y está pagando una renta absolutamente ridícula pues la D.T. Segunda de la LAU 29/94 no hace más que aplicar los IPC de los años anteriores.

 Y como se dirá posteriormente, el arrendamiento solo queda sin vigor a la muerte del arrendatario, salvo que viva su esposa o pareja de hecho, con independencia de su orientación sexual, como dice la D.T.: Segunda de dicha LAU 29/94, por lo que (en general) todavía faltan bastantes años para que la propiedad pueda alquilar de nuevo, aunque es dudoso que con la experiencia que ha tenido lo haga nuevamente.

Algo que ya he hecho constar en anteriores ocasiones y que a continuación se expone con más detalle, pues considero que es un buen momento para recordar que siguen existiendo muchos alquileres que, sin duda, producen una situación a la propiedad carente de sentido en todos los aspectos y que, en muchísimos casos (actualmente habrá decenas de miles de alquileres en base al Decreto que figura en el Título), seguirá durante bastante años, manteniendo una situación que realmente es contraria al Derecho, salvo excepciones, pues se parte de la base de que los arrendadores (o sus sucesores) eran y son personas de gran nivel económico, pero en la mayoría de los casos es lo contrario., En todo caso, siempre correspondería a la Administración, y no al particular, facilitar ayudas para la vivienda, conforme al art.  47 de la Constitución.

Hay que señalar igualmente que se trata de un derecho personal del arrendatario que firmó el contrato, como quedó claro en las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 22 de octubre 2013 y 18 de octubre  2017.

Las personas que se han podido subrogar o tienen derecho a hacerlo son las siguientes, por este orden:

Subrogación del cónyuge

La primera persona que tiene derecho a la subrogación es la esposa del arrendatario fallecido y con el derecho de seguir en la vivienda hasta su propia defunción. Hay que añadir que puede ser la esposa o marido actual, por divorcio anterior, que normalmente es más joven que la anterior, sobre todo en el primer supuesto. 

Otras personas con los mismos derechos que el cónyuge, caso de que el mismo no exista.

La norma no hace otra cosa que admitir la situación reconocida y avalada por la jurisprudencia, consecuencia de la realidad material existente. Tuvieron en su momento y siguen teniendo derecho a la subrogación actualmente las siguientes personas:

1. Las parejas de hecho heterosexuales, con convivencia mínima de dos años, salvo que haya descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera «convivencia». Por mi parte, considero que la «adopción», la inseminación artificial u otros sistemas similares tendrán la misma consideración, aunque no se ha podido encontrar jurisprudencia que respalde esta opinión.
2. Las parejas del mismo sexo. El precepto equipara esta realidad social como si del cónyuge o de uniones more uxorio se tratara. Con independencia de la postura moral de cada uno, nada que objetar, aunque esto haya supuesto una carga nueva para el arrendador. Ahora bien, en todo caso, lo cierto es que se ha añadido un derecho complementario en beneficio de tercero y con claro perjuicio del arrendador en los casos concretos en que esta circunstancia se produzca, pues lleva consigo un retraso considerable en recuperar la propiedad. Reitero lo dicho en cuanto a la convivencia y descendencia en el apartado anterior de parejas heterosexuales.
3. Los hijos con minusvalía superior al 65% hasta su fallecimiento, pero en otro caso hasta que cumplan los 25 años. Serán pocos, pero siguen existiendo.
4. Los padres, pero obviamente no hay ejemplos de que ahora se puedan subrogar los ascendientes, pues, salvo excepciones, la edad sería muy superior a la normal esperanza de vida.   

Requisitos de convivencia

Depende de quién sea el subrogado:

• Para el cónyuge no separado no se exige convivencia concreta, pero sí para las parejas de hecho, conforme se ha indicado antes y a tenor de lo dispuesto en el apdo. 7 de la citada Disposición Transitoria Segunda. La prueba de vivir unidos puede ser variada, pero el certificado del padrón municipal será suficiente en términos generales.

Duración de los contratos

Igualmente, es diferente según la persona:

• Para el actual arrendatario, aunque lo hubiera sido por subrogación, hasta su muerte.
• Para el cónyuge y los ascendientes subrogados, hasta su propio fallecimiento.
• Para los hijos, hasta que cumplan 25 años, o, si han superado esta edad, solo dos años, salvo que tengan minusvalía igual o superior al 65%, pues, en este caso, también podrán disfrutar de la vivienda hasta su muerte. Lo mismo habrá ocurrido si la subrogación hubiera tenido lugar en los primeros 10 años de vigencia de la LAU, hasta el 31 de diciembre de 2004, y si, en ese momento, ya hubiesen cumplido 65 años o fuesen perceptores de prestaciones públicas por jubilación o invalidez permanente absoluta o de gran invalidez. Al respecto hay que señalar la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2014, que declara: «es suficiente que la declaración de minusvalía se produzca dentro del plazo de dos años desde la subrogación del hijo a efectos de mantener el arrendamiento hasta el propio fallecimiento», lo que cambió totalmente la doctrina existente, pues la opinión general era que la situación que existía cuando la subrogación tuvo lugar era la que marcaba de manera definitiva la duración del arrendamiento.

La renta

Para terminar, hay que añadir que la renta, en cualquier caso, era y es absolutamente ridícula, a pesar de que las viviendas normalmente se encuentran en zonas céntricas de las ciudades, pues la misma D:T. Segunda de la LAU 29/94 no hace otra cosa que aplicar los IPC, pero partiendo de lo que se pagaba cuando se firmó el contrato -la media serían entre 500 o 1.000 pesetas (de 3 a 6 euros)-, y por mucho que haya subido el índice aplicable legalmente, el resultado es totalmente vergonzante: bien para el arrendatario, al que hay que respetar, pero mal, muy mal, para el arrendador, sin ayudas oficiales y que puede estar en peor situación que el primero.

Consideraciones personales para presente y futuro

La situación es dramática para muchos arrendadores, que tienen la vivienda como complemento de ingresos.

Pero ahora las cosas han cambiado totalmente, pues encontrar un piso en alquiler a precio asequible es imposible. Personalmente, no veo otra solución que, para cumplir con el derecho a la vivienda del art. 47 de la Constitución, sea el Estado el que construya casas y facilite el arrendamiento a precio reducido, siempre que el solicitante acredite que sus ingresos no dan para acudir al mercado libre Ya ocurrió en tiempos pasados con buen resultado.

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¿Ve ahora un momento propicio para estas reformas?

Hoy vivimos una alineación de planetas sin precedentes para impulsar una mayor integración europea, incluida la presión exterior de EE.UU., que hace que incluso países históricamente reacios, como Dinamarca, estén cambiando de postura y apoyando más integración. Y no se trata solo de percepciones políticas: también desde las instituciones europeas se está lanzando un mensaje claro. En su Discurso sobre el Estado de la Unión de 2025, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció que presentará una hoja de ruta para completar el mercado único antes de 2028, estructurada en cinco prioridades: servicios financieros, energía, telecomunicaciones, la llamada ‘quinta libertad’ y la creación de un ‘28º régimen’. Es una señal muy importante porque demuestra que la Comisión comparte la misma urgencia que yo he señalado en mi informe. No basta con reconocer los problemas, ahora existe un compromiso concreto para abordarlos con un calendario y objetivos definidos.

Su informe subraya con fuerza la necesidad de una mayor autonomía estratégica europea. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las vulnerabilidades actuales de Europa y cómo deberíamos afrontarlas?

Creo que la primera vulnerabilidad es la vulnerabilidad tecnológica. Está claro que la posibilidad que tiene Estados Unidos de invertir enormes cantidades de capital privado en el ámbito tecnológico está marcando la diferencia. Por eso está ganando la batalla de la inteligencia artificial y del espacio, dos temas que son absolutamente cruciales. Y la está ganando no con dinero público, sino gracias al capital privado.

Este es el gran cambio de los últimos años. Estábamos acostumbrados a pensar en el espacio y, como correlativo, en la NASA o en la Agencia Espacial Europea; a pensar en inteligencia artificial, y vincularla con inversión pública. Pero en realidad, en los últimos diez años, Estados Unidos ha conseguido multiplicar por cuatro la inversión en I+D e innovación.

En mi opinión, ese es el punto más interesante, y la razón por la cual, para mí, el núcleo de todo está en la integración de los mercados financieros. Porque si no somos capaces de escalar ahí, seguiremos sin la energía y el motor necesarios. Seguiremos —como solemos hacer— pidiendo dinero a los bancos, y eso no basta.

Creo que este es el principal problema que tenemos hoy. Y esta es nuestra vulnerabilidad.

¿Cómo considera que deberíamos afrontarlo?

Tomemos el ejemplo de los ahorros. Tenemos 27 mercados fragmentados. Sí, el español es suficientemente grande, el italiano también, el alemán… pero el resto son muy pequeños. Tenemos un mercado europeo de ahorro dividido en 27 partes, mientras que los estadounidenses tienen uno solo.

La diferencia es que enviamos cada año 300.000 millones de euros al mercado estadounidense. Nuestros ahorros van allí. Y su mercado, a diferencia del nuestro —que es más conservador—, convierte los ahorros en acciones de empresas. Es decir, los transforma en energía para las empresas. Así que nuestros ahorros van a EE.UU., se convierten en capital para sus empresas, y luego esas empresas regresan a Europa y compran las nuestras con nuestro propio dinero. Ese eso es lo paradójico de todo esto.

Sabemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sector espacial: en Europa tenemos muchas start-ups buenísimas, pequeñas empresas, spinoffs universitarios… Son excelentes. El problema es que, cuando crecen, aparece un fondo estadounidense y, al final, se venden. Esto está pasando en todos los sectores.

Por eso creo firmemente que tenemos que trabajar en esa dirección. Tenemos que cambiar el rumbo. Y es la única forma de detener esta vulnerabilidad.

¿Cómo puede la Unión Europea conciliar su alianza transatlántica con Estados Unidos con la creciente necesidad de actuar de forma autónoma en ámbitos como la defensa, la tecnología y la energía? ¿Debemos asumir que esa alianza ya no es válida o que no será igual?

No, yo creo que la alianza hay que mantenerla viva. Creo que la relación con EE.UU. es relación fundamental también de cara al futuro. La alianza con EE. UU. es estructural y estoy seguro de que va a continuar.

El punto clave es que ser independientes y autónomos no significa estar en contra de EE.UU. Estamos en una alianza positiva, pero necesitamos ser independientes y autónomos. Es la única manera. Hay muchos ámbitos en los que somos fuertes. Por ejemplo, el comercio: hoy en día es el terreno donde Europa es fuerte, y lo es gracias a nuestros padres y madres fundadores. Creo que deberíamos levantar un monumento a quienes crearon la Unión Europea y decidieron darle a Bruselas el monopolio de la política comercial.

¿Alguien se imagina al Gobierno actual de EE.UU. tratando con 27 Estados miembros, cada uno con una política exterior comercial distinta? Sería un desastre.

Así que el punto clave es que, gracias a aquella decisión, hoy podemos reaccionar juntos en materia comercial. Y es la única forma, dadas las circunstancias actuales.

Además, la reacción conjunta es también la única manera, porque nuestras economías están muy integradas. Tomemos como ejemplo el sector del automóvil. Cuando los planes arancelarios de EE. UU han puesto en peligro la industria automovilística alemana, alguien en Italia se alegraba mucho y decía: “¡Por fin los alemanes entenderán!” Pensaban que estábamos a salvo. Y entonces los trabajadores y las pymes del sector automotriz les explicaron cuánto del valor de un coche alemán se fabrica en Italia: una tercera parte. Eso significa que si él sector del automóvil alemán es destruido por los aranceles estadounidenses, las consecuencias en Italia serán desastrosas.

Y lo mismo en España, que cuenta con la mayor industria automovilística de Europa después de Alemania. Por eso creo que es importante entender que estamos todos juntos en esto y que debemos reaccionar de forma conjunta.

En el mundo fragmentado de hoy, donde las potencias regionales están reafirmándose y la gobernanza global parece más débil que nunca, ¿cómo puede la Unión Europea evitar quedar al margen de las grandes negociaciones geopolíticas?

Tenemos que ser abiertos y, al mismo tiempo, entender que el mundo hoy está en movimiento, que está cambiando. Este año la atención europea está centrada en el Gobierno de Trump, en su disputa con la Unión y en lo que está ocurriendo en Ucrania. Todos estamos olvidando que este es un año fundamental en la historia del mundo: es la primera vez que un país africano preside el G20. Sudáfrica lidera el G20 este año. Su programa es muy interesante, están haciendo cosas muy interesantes, y para nosotros, los europeos, es fundamental dedicar energías a eso.

Otro ejemplo, el Brexit. En mi opinión, fue realmente una tragedia. Lo fue por muchas razones, pero la más importante es que supuso un desperdicio extraordinario de energías, de dinero y de atención. Durante ocho años, todos —ellos y nosotros— estuvimos centrados en eso, malgastando energía. Y si tienes que concentrarte en un único tema, los demás pasan a ser menos prioritarios. Así es como funciona la vida.

Y hoy, mi gran preocupación es que estamos comenzando una guerra transatlántica que tendrá las mismas consecuencias que el Brexit. Años centrados únicamente en esta relación transatlántica para tratar de defendernos, con la consecuencia de no invertir en lo que realmente es necesario: el resto del mundo.

Tenemos que pensar que en los próximos diez años India será la próxima China. Así que tendremos a China y luego tendremos otra China. Y después tendremos otra India, que será Indonesia. Ese será el mundo en los próximos años. Y está claro, porque la demografía es una ciencia perfecta. Y nosotros estaremos en declive. Así que lo sabemos. Tenemos que actuar en esa dirección.

El informe aboga por un enfoque más unificado de los mercados digitales, financieros y energéticos. ¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr esa integración más profunda?

Creo que está claro que el principal obstáculo es la inercia nacional. Porque la situación actual es una situación en la que estamos perdiendo terreno, estamos desperdiciando oportunidades, pero también hay quienes están obteniendo más ventajas de las que les corresponden por su tamaño.

Y hoy, el gran problema, la gran responsabilidad, está en manos de los grandes países europeos. Tenemos que llegar a un acuerdo entre los cinco grandes países para avanzar e integrarnos. Porque si esperamos ser 27 en todos los aspectos, será imposible. Necesitamos que los cinco grandes avancen.

Por ejemplo, en energía, el tema principal es el de las interconexiones de redes. La red eléctrica es el mayor problema. Porque en materia energética, seremos muy buenos si somos capaces de interconectar nuestros sistemas. Está claro que no tenemos petróleo, no tenemos gas, pero si estamos interconectados, podemos aprovechar la diversidad de fuentes de energía. Y esa diversidad puede darnos cada día el equilibrio que necesitamos. Pero para lograrlo necesitamos interconexiones, y ese es un tema en el que tenemos que avanzar.

Pasemos a defensa y soberanía. Europa siempre ha confiado en gran medida en la OTAN para su defensa colectiva. ¿Cree que el debate sobre la autonomía estratégica europea corre el riesgo de duplicar esfuerzos o se trata, finalmente, de construir una capacidad real de actuación cuando la OTAN no sea suficiente?

Me alegra hablar de este tema. Soy italiano, estoy en España, y nuestros dos países están en el centro del problema. Creo que por una razón muy sencilla: hay dos aspectos que compartimos. El primero es que, si se ordenase el gasto en Defensa, estaríamos al final de la lista, corriendo el riesgo de estar en segunda división. Estamos hablando de alcanzar un gasto en Defensa del 3% o 3,5%. En nuestros países esto es algo imposible, por el debate político interno y por el nivel de deuda. Significaría duplicar lo que gastamos ahora y, sinceramente, no veo cómo puede hacerse en los próximos años.

Segundo: hay una total falta de conciencia sobre la amenaza. Mi impresión es que en España y en Italia la conciencia es cero. Sentimos que sí, que tenemos que hacerlo por los países bálticos, por Finlandia, pero estamos tan lejos de esa amenaza que no pensamos que sea real. Y en realidad, el problema no es estar geográficamente cerca. Porque sabemos muy bien lo que significan las amenazas asimétricas, las amenazas tecnológicas y todo lo demás. Sabemos, por ejemplo, que quienes promovieron el Brexit tenían presencia, y ahora entendemos por qué Rusia y otros actores influyeron en el proceso. Y tenían razón, porque con el Brexit crearon un caos en Europa. Y lo mismo ocurre con otros temas.

Así que la única forma es hacerlo a nivel europeo, convencer a los Estados miembros de la necesidad de tener una capacidad fiscal común europea. Creo que tenemos que ser valientes para hacer algo juntos, y no solo permitir superar el Pacto de Estabilidad.
En mi informe incluí una propuesta: usar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El MEDE es una herramienta que creamos durante la crisis, para emergencias. Y no lo hemos usado. ¿Por qué no lo usamos?

Mi propuesta es muy simple: usémoslo para financiar la Defensa. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos en esa dirección? Porque cada país tiene su propia visión interna y política muy limitada y la consecuencia es que no avanzamos.

Si pudiera proponer una sola acción, simbólica pero concreta, que la Unión Europea debería adoptar de inmediato para relanzar el proyecto europeo, ¿cuál sería?

Creo que esta idea del “estado virtual número 28”: un país virtual, miembro, para que las empresas eviten burocracias nacionales, es clave para avanzar en esa dirección. Es la forma de decir: superamos las diferencias, dotamos a la ciudadanía de una herramienta positiva, algo que puede ser útil para las personas. Porque al final, necesitas que haya gente diciendo: “Vale, tengo algo útil para mí”.

Necesitamos herramientas a nivel europeo de las que la gente pueda hablar en casa, durante la cena, diciendo: “Mira lo que ha hecho la Unión Europea, esto me beneficia”. Y eso sucede con esta propuesta, que forma parte del informe. La Comisión la ha lanzado, el comisario Alburquerque la presentó, y una parte de ella consiste, por ejemplo, en crear un “euro digital del ahorro”. ¿Qué significa eso? Dar a los ciudadanos ahorradores la posibilidad de obtener un mejor rendimiento.

Hoy, nuestros rendimientos son más bajos que los que puedes obtener en EE.UU., porque al final no estamos organizados, no estamos trabajando en ello. Así que la idea de crear un instrumento europeo de ahorro que dé mayor rentabilidad es algo que puede ser muy bien percibido y recibido. Estas son herramientas concretas, que pueden ser bien acogidas por la ciudadanía.

Su informe fue presentado hace solo unos meses, pero sabemos lo rápido que puede cambiar el contexto internacional. En su libro Europa: última oportunidad, usted trata temas similares. ¿Qué nuevas ideas o propuestas ofrece que no estén recogidas en su informe anterior?

Hay algo que ha evolucionado en mi reflexión. En el informe puse solo dos líneas, porque estábamos en abril del año pasado y, sinceramente, me parecía que incluso esas dos líneas eran demasiado. Y esas dos líneas eran sobre la creación de un mercado común en materia de Defensa con el Reino Unido.

Hoy creo que tenemos que crear un mercado común de seguridad con el Reino Unido, Noruega e Islandia. Y tenemos que hacerlo muy rápido. Hay margen para hacerlo.
Seguridad en un sentido amplio. La relación con el Reino Unido es un mensaje muy interesante para todos nosotros. Es la demostración de que las actuales políticas de EE. UU no son invencibles.

También habla de la doble presión que sufre Europa por parte de Estados Unidos y Rusia. ¿Podría detallar en qué consisten esas presiones y qué implicaciones tienen para la soberanía de la Unión Europea? ¿Y es China el elefante en la habitación?

El libro, para mí, es una herramienta muy interesante, porque es una forma de debatir, no solo dentro del grupo de expertos, sino realmente con la ciudadanía. He tenido muchos debates en Francia, porque el libro se publicó allí, y por supuesto en Italia. Y estoy muy contento de poder abordarlo también en España.

En el caso de China, ya que se menciona, el punto clave es una predicción muy fácil: China va a aprovecharse de todo este lío entre Europa y Estados Unidos.

Y lo sabemos perfectamente. Sabemos que vamos a vernos obligados a reabrir un poco el canal de comunicación con China, y eso es algo que debemos hacer con mucha cautela.

Pero está claro que forma parte del contexto.

Así que creo que es importante entender que, en el mundo actual, que es un mundo muy globalizado e interconectado, cada acción tiene consecuencias. Y ya no es como antes, cuando veías las consecuencias después de cinco o diez años.

Un ejemplo. Hace poco estábamos en Estados Unidos con mis colegas decanos de escuelas de Asuntos Internacionales, debatiendo con todos los decanos de las grandes universidades estadounidenses y Trump acababa de llegar al Gobierno, hacía muy poco, no cinco años ni diez.

Y nos dijeron que ya habían visto las consecuencias inmediatamente. Y creo que la principal consecuencia para ellos será esta: decirle al mundo lo contrario de lo que EE. UU. dijo durante todo el siglo pasado.

EE. UU. ganó el siglo XX porque le dijo al mundo: “Venid, compartimos con vosotros el sueño americano. Venid a Estados Unidos, y si sois buenos, si queréis trabajar, el sueño americano también será vuestro sueño”. Ese era un mensaje increíble, un mensaje ganador.

El mensaje en esta nueva etapa política es: “Por favor, quedaos en casa. No vengáis a EE. UU. No os queremos aquí”. Y ese mensaje hoy asusta a estudiantes, profesores, investigadores, personas del mundo tecnológico. Todos nuestros colegas nos dijeron: “Tenéis una enorme oportunidad. Si creáis un buen entorno para atraer talento, podéis atraer primero a muchos profesores que hoy están en EE. UU. y quieren marcharse. Luego podéis atraer estudiantes, porque está claro que hoy, un estudiante internacional que debe decidir dónde pasar los próximos tres o cuatro años, necesita certeza y estabilidad en las políticas de inmigración. Y está claro que no es así. Ni siquiera para los europeos.

Es evidente que tenemos una gran oportunidad. Porque esto está ocurriendo y está teniendo consecuencias ahora. No dentro de cinco años. Ahora, en este mismo curso académico.

Y por eso creo que es la demostración de que vivimos en un mundo globalizado. No es cierto que la globalización se haya acabado. La globalización está ahí. Todo está conectado. Y lo que ocurre tiene consecuencias. Y esas consecuencias tenemos que ser capaces de gestionarlas. Y tenemos que ser conscientes de ello y capaces de tomar las decisiones correctas.

En su libro, usted advierte sobre el auge del nacionalismo y el populismo como amenazas existenciales para el proyecto europeo. ¿Cómo valora la situación actual? ¿Cree que la Unión Europea ha hecho lo suficiente para construir una identidad europea genuina?

Sobre el populismo y el nacionalismo, creo que hoy también tenemos que intentar tener un enfoque que pueda ser un poco más positivo. No quiero que se me malinterprete, pero la cuestión es que hace algunos años todos los populistas en los distintos países europeos tenían en mente proponer el Italexit, el Frexit, el Dexit, porque el Brexit era una gran marca, positiva, y el Brexit ganó. Así que teníamos en todos los países este enfoque de salida. No en España, porque el Spexit no existía, pero en Italia existía el Italexit, en Francia el Frexit y en Alemania, el Dexit.

Hoy todas esas ideas disparatadas ya no están presentes. Incluso los partidos populistas hoy piensan que, al final, Europa está ahí, y que es mejor estar dentro y desde ahí, debatir sobre cómo trabajar con las distintas herramientas europeas. Yo lo veo como un gran paso adelante y creo que tenemos que considerarlo una mejora real. Y estoy absolutamente convencido de que debemos implicar a todos los partidos, porque cuando un partido está implicado, conoce lo que es el principio de realidad. El principio de realidad es más importante que cualquier otro aspecto.

Para terminar, ¿cuál es su mensaje principal?

Necesitamos una Europa más autónoma, más independiente y más integrada en sectores clave, porque solo así seremos competitivos y podremos garantizar nuestra seguridad en un sentido amplio. El resto del mundo espera que Europa defienda el Estado de derecho y actúe con coherencia.

La entrada Enrico Letta: “Vivimos una alineación de planetas sin precedentes para impulsar una mayor integración europea” se publicó primero en Otrosí.

*Este artículo forma parte del dossier especial «El Estado de Derecho en tensión: análisis de un fenómeno global», publicado en el número 4 de la revista Otrosí papel

La entrada Colapso institucional y geopolítica del autoritarismo: el caso de Venezuela se publicó primero en Otrosí.

La entrada Estado de Derecho: una causa que interpela a la abogacía se publicó primero en Otrosí.

La entrada Cerrar filas en torno al Estado de Derecho se publicó primero en Otrosí.

Antes de comenzar a trazar las líneas de ese plan, es fundamental tener claro qué queremos conseguir y qué valor estamos aportando con lo que hacemos. Puede parecer algo evidente, pero en la práctica no siempre se dedica el tiempo suficiente a reflexionar sobre ello. Sin embargo, tener claros estos factores es lo que marca la diferencia entre un proyecto que avanza con rumbo y uno que se va improvisando sobre la marcha.

Para ello, el primer paso es definir una propuesta de valor sólida. A la hora de comunicar, no se trata solo de lo que haces, sino de por qué lo haces mejor o de una forma diferente. ¿Qué necesidad resuelves? ¿Qué experiencia ofreces? ¿Por qué deberían elegirte a ti? Identificar y articular ese valor de forma concreta es lo que te permitirá tomar decisiones alineadas con tu propósito, conectar mejor con tus clientes y posicionarte de forma coherente en tu sector.

Una vez tengamos esto, debemos establecer unos objetivos SMART, es decir, unas metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. Estos objetivos son los que traducen tu visión en un plan de comunicación y marketing aterrizado y realista. Marcan el ritmo, te permiten priorizar y te ayudan a evaluar si lo que estás haciendo te está acercando o no al lugar donde quieres estar.

Sin una propuesta de valor clara ni unos objetivos definidos, cualquier esfuerzo corre el riesgo de diluirse. Y si tú no sabes con certeza cuál es tu diferencial ni hacia dónde vas, será difícil comunicarlo y que los demás lo perciban o confíen en tu proyecto.

¿Por qué hablamos de objetivos “SMART”?

Los objetivos SMART son una herramienta sencilla pero poderosa que nos permite desarrollar nuestro plan de acción de una forma ordenada y estratégica. En el caso de la comunicación y el marketing, son la brújula de nuestra hoja de ruta.

SMART es un acrónimo que define las cinco cualidades que debe tener cualquier objetivo bien planteado:

• S– Specific (Específico): ¿Qué quiero conseguir exactamente?
• M– Measurable (Medible): ¿Cómo sabré si lo he conseguido?
• A– Achievable (Alcanzable): ¿Es realista con mis recursos y capacidades actuales?
• R– Relevant (Relevante): ¿Está alineado con mi estrategia de negocio o marca?
• T – Time-bound (Tiempo definido): ¿En cuánto tiempo quiero lograrlo?

Definir un objetivo SMART no solo permite tener un rumbo claro sobre tus acciones de comunicación y marketing, sino también evaluar los resultados, aprender de ellos y ajustar la estrategia si es necesario.

Del “querer más visibilidad” al “crecer con estrategia”

Una de las ambiciones más comunes al iniciar un proyecto suele ser ganar más visibilidad para conseguir que te conozcan y así atraer nuevos clientes.Es un punto de partida válido, pero demasiado amplio. ¿Visibilidad dónde? ¿Ante quién? ¿Con qué medios? ¿En cuánto tiempo? Y lo más importante, ¿para qué?

La diferencia entre un deseo y un objetivo está en el detalle y en la estrategia. Por ejemplo, una versión SMART de ese objetivo podría ser:

“Aumentar un 30% el tráfico a la web del despacho en los próximos 6 meses mediante una estrategia de marketing de contenidos que incluya redes sociales y artículos de blog con posicionamiento SEO con el objetivo de posicionarme en el sector start-up”.

O bien:

“Conseguir al menos 3 apariciones en medios especializados, jurídicos o económicos, en el próximo trimestre para reforzar el posicionamiento del despacho como referente en operaciones M&A.”

Ese nivel de concreción cambia completamente la forma de trabajar. De esta forma, no se tratará solo de hacer publicaciones porque “hay que aparecer en prensa y publicarlo en LinkedIn”, sino de poner cada acción al servicio de una meta clara. Aparezco en prensa porque quiero ganar más visibilidad y credibilidad; es un objetivo que puedo medir fácilmente; lo puedo conseguir yo mismo porque tengo los contactos adecuados; está alineado con mis objetivos; y lo puedo llevar a cabo en un tiempo realista.

El step by step sobre cómo aplicar los objetivos SMART

Para que esta metodología funcione, es fundamental tomarse el tiempo de analizar con honestidad la situación actual del despacho y definir una propuesta de valor clara de nuestro proyecto.

¿Cómo puedes hacerlo? Siguiendo estos pasos:

1. Haz un diagnóstico inicial: ¿Desde dónde partes? ¿Cómo te perciben actualmente tus clientes? ¿Con qué recursos humanos y económicos cuentas? ¿De cuánto tiempo dispones?
2. Identifica tus prioridades estratégicas: ¿Quieres atraer nuevos clientes? ¿Fidelizar a los actuales? ¿Reforzar tu reputación? ¿Posicionarte en un nuevo sector o área jurídica?
3. Elige objetivos que puedas medir: si no puedes cuantificarlo, no podrás saber si lo estás consiguiendo y si tienes que redirigir tu estrategia. Disclaimer: no pasa nada por no acertar con la estrategia desde el inicio, es mejor darse cuenta de que algo no está funcionando y corregirlo a dejarlo pasar y perder el tiempo.
4. Sé realista y constante: mejor pocos objetivos bien trabajados que muchos mal planteados e inalcanzables.
5. Vincula los objetivos a acciones concretas de comunicación y marketing: cada objetivo necesita un plan de acción con responsables, tiempos y herramientas asociadas.

¿No sabes por dónde empezar?

No te preocupes. Definir objetivos SMART para trazar tu estrategia de comunicación no es algo que se haga en cinco minutos, requiere método, perspectiva.

Poner en marcha un proyecto es una carrera de fondo que implica muchas decisiones, horas de dedicación y un alto desgaste de energía. Por eso, apoyarte en profesionales que puedan ayudarte en aquellas áreas donde no tienes experiencia, ya sea estrategia, comunicación, marketing, desarrollo de negocio o cualquier otra, es una decisión inteligente.

Lo esencial es que tengas clara tu propuesta de valor. Que te tomes un tiempo para reflexionar sobre lo que ofreces, qué te hace diferente y a quién quieres dirigirte. A partir de ahí, es cuestión de sentarse, trazar un plan y ponerse en marcha.

Cualquier carrera larga, necesita planificación, estrategia… y mucha paciencia. Pero con foco y constancia, se avanza. Así que, si estás en ese punto de partida, siéntate, piensa, prioriza y… ¡Manos a la obra!

La entrada Más estrategia y menos improvisación: define los objetivos SMART de tu plan de marketing y comunicación se publicó primero en Otrosí.

Frente a esta realidad, el pediatra Antonio Garrido-Lestache —pionero en la identificación dactilar neonatal y creador del “DNI infantil”— defiende la implantación de servicios específicos de identificación en todos los hospitales. A lo largo de su carrera, Garrido-Lestache —jefe del Servicio de Recién Nacidos y Prematuros de la Maternidad Municipal de Madrid durante años— ha desarrollado un método de identificación que permite asociar con precisión la identidad del recién nacido a la de su madre desde el momento del parto.

Basado en la toma de huellas dactilares —los dedos índice y medio del bebé, junto al índice y pulgar de la madre—, su propuesta busca integrar estos datos en la Declaración de Nacimiento del Registro Civil. El objetivo: asegurar la correspondencia entre la identidad jurídica y la identidad biológica. Una fórmula que, en sus propias palabras, permite saber con certeza “quién es quién y quién es de quién”.

Desde su punto de vista, “se trata de instruir a los profesionales de los servicios de maternidad para que, al cumplir la ley, podamos dar a cada quien lo que le corresponde”.

A su juicio, “lo ideal sería crear un servicio de identificación de recién nacidos en las maternidades, que acometa estas tareas de identificación y dé trámite al Registro Civil. Argentina ya lo tiene desde 1938 y en España este servicio no puede dilatarse más en el tiempo”.

Para este experto, “con las primeras 1.500 huellas que fueron examinadas por la Policía Científica, con un éxito del 100% —y que fueron presentadas por la policía en un Seminario Mundial de Violencia contra los Menores—, y teniendo ahora unas 6.000 huellas con el mismo éxito del 100%, y siendo muy fácil la docencia y a coste cero, no deberíamos esperar más a crear estos Servicios de Identificación y presentar lo conseguido a la raza humana por España”.

“Según nos dijo hace unos años la consejera de Sanidad, Rosa Posada (1995-99), esta iniciativa era la principal aportación médica a la ciencia médica desde Cajal, hecha en España y por españoles. En manos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está esta seguridad para todos los niños y sus madres, especialmente ahora, por las guerras y las evacuaciones que se producen”, comenta este médico.

Antonio Garrido-Lestache es el promotor del Sistema de Identificación del Recién Nacido por Dactiloscopia. Es presidente de honor de la Fundación Vida, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para la Humanización de la Medicina, socio de honor de UNICEF, socio de honor de las Sociedades de Pediatría de Madrid y de Castilla-La Mancha, miembro de la Asociación Española de Pediatría y expresidente del Comité de Identificación del Recién Nacido.

Nacido en Madrid en 1931, hijo del cirujano infantil Dr. Juan Garrido-Lestache y de doña Elvira Cabrera, está casado desde 1956 con doña María del Carmen Angulo. Son padres de cinco hijos. Pertenece a una familia de médicos con destacados profesionales en distintas especialidades.

Como jefe del Servicio de Recién Nacidos y Prematuros de la Maternidad Municipal de Madrid y como pediatra en su consulta del barrio de Salamanca, ha atendido a más de 20.000 niños a lo largo de más de cincuenta años de vida profesional.

Tras más de tres décadas dedicadas a la investigación e implantación de un sistema fiable de identificación del recién nacido, el doctor Antonio Garrido-Lestache es en la actualidad una de las autoridades más relevantes a nivel mundial en esta materia.

La normativa obliga a identificar a los recién nacidos

España es uno de los países con una legislación más avanzada en materia de identificación neonatal. Tras la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el Parlamento español la ratificó el 5 de enero de 1991, con entrada en vigor el 20 de noviembre de ese mismo año.

Posteriormente, el 7 de abril de 1995, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó la Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, cuyo artículo 11 reconoce el derecho de los recién nacidos a ser identificados de forma correcta, mediante los métodos más avanzados y precisos. La norma prevé la entrega de un Documento de Identidad Infantil a la madre, al padre o a la persona designada por la madre tras el parto. Más adelante, esta disposición fue extendida a todas las comunidades autónomas.

Esta circunstancia hace que España sea uno de los pocos países en el mundo en los que el centro sanitario donde se produce el parto debe expedir un Documento de Identificación Infantil que garantice la filiación del bebé. En 2005, Correos emitió un sello conmemorativo que reconocía esta aportación a la seguridad infantil. Sin embargo, las sustracciones de bebés y los errores en su identificación se han seguido produciendo, en buena parte debido a la falta de personal especializado en estas tareas.

Para el doctor Garrido-Lestache, la identidad del recién nacido sigue siendo “la asignatura pendiente de la sociedad española”. A su juicio, “el recién nacido tiene como derecho fundamental el ser debidamente identificado, y así poder gozar de una identidad”.

Ese derecho, recuerda, está recogido en los artículos 7 y 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, así como en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, donde se establece que los menores gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados por España —especialmente en la citada Convención— y en el conjunto del ordenamiento jurídico.

A esa normativa se suman otras disposiciones relevantes, como la Ley Orgánica de Protección de Datos (LO 15/1999); la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, cuyo artículo 11.1 recoge el derecho a una identificación correcta y a la expedición de un DNI infantil; y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.

Por su parte, el INSALUD estableció el 1 de marzo del año 2000 la obligatoriedad de cumplimentar un Documento de Identificación Sanitaria Materno-Filial en todos sus centros, un protocolo que fue posteriormente asumido por algunas comunidades autónomas con competencias en materia de sanidad, entre ellas la Comunidad de Madrid. Dicho documento recoge los datos identificativos de la madre y del recién nacido, así como sus huellas dactilares, además de los datos relativos al nacimiento.

La normativa se completa con la nueva Ley del Registro Civil, 20/2011, de 21 de julio, cuyo artículo 46 —modificado por la Ley 19/2015— establece que el Registro Civil debe comunicar en un plazo de 72 horas los nacimientos que se produzcan. Además, impone al personal sanitario que asista al parto la obligación de adoptar medidas adecuadas para comprobar la relación de filiación materna.

Por último, el Código Penal recoge en su artículo 220.5 que la sustitución de un recién nacido por otro constituye una imprudencia grave, castigada con penas de prisión de seis meses a un año. El artículo 222 prevé la inhabilitación especial de dos a seis años para el personal sanitario que colabore en estos hechos.

Argentina, país pionero

Este experto reconoce que ha estudiado la identificación infantil en Estados Unidos, Argentina y Venezuela. Señala que Argentina nos lleva ventaja desde 1938, cuando creó el primer Servicio de Identificación y Custodia del Recién Nacido, modelo que —según explica— está recogido en el Código Penal español y que, por tanto, debería implantarse de forma general en todas las maternidades.

Todas las investigaciones que ha llevado a cabo han sido financiadas por él mismo. “Nunca tuve una ayuda externa de financiación”, señala.

Se le considera el “padre” del llamado “DNI” de los recién nacidos, creado en 1996. Este documento fue diseñado por técnicos de la Comunidad de Madrid, la Policía Científica y la Universidad Complutense, bajo la dirección del Dr. Garrido-Lestache, y producido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es un sistema único en el mundo. Correos llegó a dedicarle un sello conmemorativo. Ahora, el pediatra reclama una mayor formación en esta área para que ningún niño pueda extraviarse al venir al mundo.

Sobre dicho sistema de identificación, resalta que “se trata de incorporar en el documento en que se registra el nacimiento del bebé las huellas dactilares de los dedos índice y medio del recién nacido, junto a las huellas de los dedos índice y pulgar de la madre, ambos de la mano derecha. Esta es una certificación hecha por el tocólogo que asiste al parto. De esta forma, la identidad jurídica se corresponde con la identidad antropológica del binomio madre e hijo”.

En cuanto a la forma correcta de realizarla, el pediatra explica: “El niño debe estar boca abajo, porque boca arriba siempre contrae la mano; pero de esta forma la extiende y entonces es facilísimo obtener la huella. También hay que usar tinta especial, papel especial y lupa de seis aumentos. Como ve, el precio es ínfimo, por no decir cero. Y el resultado del trabajo, que yo tengo hecho con la Policía Científica española, es del 100 %”.

Curiosamente —añade— “es ley en España desde el 6 de enero de 1991, cumpliendo el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero en nuestro país podríamos decir que la práctica equivale a cero, por una sencilla razón: nunca ha habido docencia. Siempre ha habido muchas disfunciones en la identificación del recién nacido. Es necesario tener personal preparado —que puede ser sanitario o no— en la toma de huellas dactilares”.

En su opinión, “la enseñanza y el aprendizaje es lo más fácil, y el coste es cero. Es lo más fácil del mundo. Si no se ha hecho hasta el momento es porque no ha habido voluntad política de cumplir la ley”.

Defiende que España debería seguir el modelo argentino: “Nos llevan ventaja porque hay hospitales que crearon, hace 87 años, el Servicio de Identificación, Guardia y Custodia y Entrega de los Recién Nacidos a sus madres. Así no puede haber ninguna duda de que se hace todo bien, y es impensable que un niño pueda ser cambiado, robado o mal adoptado”.

Hay errores importantes

Este experto reconoce que se cometen errores graves: “La tinta no es la adecuada, ni el papel, ni la lupa para comparar una huella con otra. El personal médico tiene una función médica que cumplir. En cambio, el identificador solamente cumple la función de reconocer a los niños, y no otra: debe hacerlo al nacer y al ser dado de alta. Es decir, que las maternidades de España no cumplen las leyes del Estado español”.

Desde su punto de vista, la clave está en “crear en las maternidades los Servicios de Identificación del Recién Nacido, dando cursos, títulos… repito nuevamente”.

“El Estado español ha depositado, por ley, la facultad de certificar la vida en las matronas y los médicos, como notarios del Reino de España. Pero claro, si se ocupan de la asistencia médica, no tienen por qué identificar también. Tiene que ser solamente personal con título de identificador, sea médico o no”.

Pese a sus esfuerzos investigadores a lo largo de su carrera profesional, el profesor Garrido-Lestache fue invitado a dar conferencias sobre este DNI de la Comunidad de Madrid en Estados Unidos, Venezuela, París o Argentina, por haber sido España el primer país en lograr la huella dactilar de los recién nacidos y publicarla. “Con ese trabajo demuestro lo sencillo de su obtención. Tengo tesis doctoral sobre este DNI en la Policía Universitaria Científica de Buenos Aires y en Chile, con una calificación de diez”, señala.

Apasionado de la pediatría, cree que la solución a este problema es más sencilla de lo que se piensa: “Las maternidades tienen que tomárselo en serio. Lo hicimos en la Maternidad Municipal de Madrid y salió muy bien. Pero en la actualidad las maternidades no hacen dicha identificación de forma correcta”.

“Yo pido a la nación española, para bien de todos, una auditoría médico-jurídica, por ser un tema jurídico que empieza en los paritorios, como corresponde a nuestra seriedad científica. Eso se pidió hace años en el Congreso de los Diputados por el catedrático Manuel Fraga. Se trata de corregir conductas intencionadas y negligentes que han dado lugar a situaciones irregulares en la identificación de los recién nacidos”, afirma.

“La consecuencia de no hacerlo, que es lo más grave, son los niños cambiados, robados, adoptados irregularmente y que pierden todos sus derechos civiles. Por otro lado, cambiar a un niño por otro está penado por el Código Penal muy gravemente”, aclara.

Desde su punto de vista, “un niño identificado es inviable que sea cambiado, robado o mal adoptado. Incluso un pequeño que ha perdido su identidad puede casarse con su propia hermana, así que, para salvaguardar los derechos de los niños a la identificación, amparado por todas las leyes, lo más sencillo, bueno y barato son las huellas dactilares. Sabiéndolas tomar”.

Como colofón, concluye: “Los médicos buscamos la verdad. Nada más hermoso que conocer la verdad, nada más vergonzoso que defender la mentira y tomarla como verdad. Ya lo dijo Cicerón hace muchos años”.

La entrada Antonio Garrido-Lestache: “Los robos de bebés se evitarían si se hiciera siempre identificación dactilar adecuada al nacer” se publicó primero en Otrosí.

Notas previas.
Aunque el plazo de entrada en vigor de dicha Ley Orgánica fue de tres meses desde su publicación, realmente esta nueva Ley no supone un cambio importante en las condiciones y el quórum necesario para la aprobación por la Comunidad, pues esta “prohibición”, “limitación” o “condicionar” se estableció ya en el Real Decreto-ley 21/2018. Pero, al ser derogado el 22 de enero de 2019, en ese momento dejó de tener vigencia y no cabía el acuerdo de la Junta a este respecto. Sin embargo, el RD-ley 7/2019, con efectos de 6 de mayo de 2019, lo volvió a considerar y permitir. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 28 de enero de 2020, determinó que la Comunidad podía y puede decidir sobre los arrendamientos “turísticos”, en las condiciones del art. 17.12 de la LPH. La nueva normativa, según mi criterio, realmente, en la práctica, no modifica mucho estos alquileres.

Requerimiento previo del presidente de la Comunidad si no hay autorización previa (art. 7.3).
Considero que este requerimiento carece de sentido, pues nada está previsto si el presidente no lo lleva a cabo él mismo o lo hace de tal manera que no queda constancia. En el primer supuesto, la Junta de Propietarios debe exigir al presidente que cumpla dicha obligación él mismo, pues, en otro caso, no hay otro camino que, en nueva Junta de Propietarios, nombrar a otro presidente que lo lleve a cabo, ya que luego, sin la mencionada comunicación, la Comunidad no podrá exigir el cese de la actividad de arrendamiento “turístico”. Y hay que tener en cuenta que debe quedar prueba del requerimiento y su recepción, por lo que hay que utilizar el sistema adecuado, incluso la remisión de carta a través de notario.

Junta de Propietarios y acuerdo para aprobar, limitar, condicionar o prohibir el arrendamiento turístico.
Evidentemente, este permiso debe ser aprobado en Junta convocada y celebrada conforme a los requisitos de los arts. 14, 15 y 16 de esta LPH, a cuyos comentarios me remito. Una cuestión importante es si la Junta no se convoca o se hace sin que en el orden del día figure un punto relativo a la solicitud del arrendamiento turístico, lo que deja el problema sin resolver y sin que se pueda determinar la situación del solicitante, salvo que acuda a la ayuda judicial, con total incertidumbre. Aparte de que, al final, de no haber permiso, es claro que dicha actividad no se podrá realizar.

Dicho lo anterior, que es importante, en este art. 17.12 se permite a la Junta de Propietarios, por el mismo quórum de 3/5 del total de propietarios y cuotas, aprobar, limitar, condicionar o prohibir el arrendamiento turístico. Aunque, si el arrendamiento ya funciona como tal sin permiso, caben dos posibilidades: autorizar con determinadas condiciones o denunciar a la autoridad administrativa competente, incluso por vía judicial. Esta última no es muy aconsejable, salvo casos especiales, por la tardanza en los procedimientos, aunque, desgraciadamente, la autoridad administrativa tampoco suele ser muy rápida.

Por mi parte, considero que, si la Comunidad quiere prohibir este tipo de arrendamientos, tiene que hacerlo cuanto antes, pues lo que no cabe es que, una vez instalado, se intente esa prohibición que no consta en los Estatutos reflejados en el Registro de la Propiedad. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 264/2025, de 18 de febrero de 2025, naturalmente sobre un tema anterior a la Ley Orgánica 1/2025, la considero aplicable en los arrendamientos turísticos ya existentes.

Por otra parte, no hay que confundir los arrendamientos “turísticos” con una autorización estatutaria que permite el “uso del local (antes vivienda) con destino a colegios, academias, hospedería, depósitos, agencias, talleres ni a fines vedados por la moral o la ley”. Así lo determina la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2024. Con todo respeto, no puedo entender esta resolución, pues si en el Estatuto figura la posibilidad de un destino de “hospedería”, se niegue por la Comunidad el alquiler “turístico”.

Es importante dejar constancia de que la Disposición Adicional Segunda de esta Ley Orgánica 1/2025 establece que podrán seguir ejerciendo la actividad siempre que se hubieran acogido previamente a la normativa sectorial turística, y se remite al art. 5, letra e), de la LAU 29/94, que dice:

e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística.

Ello significa, claramente, que los que estén ya dedicando la vivienda al arrendamiento “turístico”, cumpliendo todos los requisitos civiles y administrativos, sin que la Comunidad lo hubiera prohibido, no se les puede impedir que sigan desarrollando esta actividad.

Incremento de cuota hasta el 20 %
Esta previsión, aunque desde mi punto de vista tiene poca explicación, significa que, pagando más, el arrendamiento “turístico” sea posible, naturalmente con el acuerdo de la Junta de un mínimo de 3/5 del total de propietarios y cuotas. Se permite este tipo de actividad si los titulares afectados pagan dicho incremento de cuota de hasta el 20 %.

El permiso puede ir igualmente acompañado de “condiciones”, como en cualquier otro tipo de arrendamiento “turístico”, pero el incumplimiento necesitará de la denuncia administrativa y, llegado el caso, la acción del mismo precepto antes señalado.

Desde mi punto de vista, considero que la Comunidad debe considerar más las circunstancias del caso concreto, situación de la casa, etc., etc., que cobrar hasta el tope autorizado.

Acuerdo de Junta sin efectos retroactivos
Es muy importante señalar que en este art. 17.12 se sigue indicando que no se pueden tomar decisiones con efectos “retroactivos”, es decir, que los que ya tuvieran licencia y, en todo caso, utilizaban el piso como arrendamiento “turístico”, pueden seguir con la misma actividad y la Comunidad está impedida para tomar el acuerdo de prohibición o limitación de uso. Y si lo hace, no tiene efecto alguno.

Esto supone que no caben denuncias por parte de la Comunidad si, antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, ya se estaba utilizando el piso como “turístico”, naturalmente con los permisos que correspondan en cada territorio autónomo y ayuntamiento.

Aunque la nueva Ley no hace referencia a otras cuestiones fundamentales, considero necesario incluir las reglas que se seguirán aplicando en otros aspectos de los “arrendamientos turísticos”.

Actividades molestas o ilícitas
Si este destino “turístico” ocasiona molestias fuera de la normalidad, la Comunidad tiene las mismas facultades de exigir el término del permiso, mediante denuncia ante el ayuntamiento o comunidad autónoma, incluso demanda judicial, como en cualquier otro supuesto. Cuando se hubiera autorizado con incremento de cuota el citado arrendamiento “turístico”, será igualmente de aplicación lo dispuesto en el art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Requisitos del acuerdo de la Comunidad
Como ya se viene indicando, y se reitera porque el tema es fundamental, para que la decisión de la Junta sea efectiva es necesario que, para ese acuerdo de la Junta sobre la supuesta autorización, limitación, condición, prohibición o elevación de la cuota, se cumplan los requisitos que exige la propia LPH. Es decir: convocatoria conforme al art. 16 de dicha Ley con un orden del día concreto, requisitos de asistencia, notificación a los ausentes, con espera de 30 días y, finalmente, alcanzar la mayoría de 3/5 de propietarios y cuotas para cualquiera de los supuestos citados. Así lo determina la Sentencia del Tribunal Supremo 264/2025, de 18 de febrero de 2025, anteriormente citada.

Modificación del Título
Sin duda, este supuesto permiso para arrendamientos “turísticos” supone modificar el Título. Puede haber un problema, pues puede ocurrir que, cuando se lleva al Registro la documentación para la modificación del Título y de los Estatutos, se haya producido en el intermedio una venta con la debida inscripción, y el acuerdo no afecte al nuevo propietario, a tenor del art. 5 de la misma Ley de Propiedad Horizontal. Por lo tanto, la Comunidad debe actuar con rapidez para evitar que haya un nuevo comprador al que no le afecte esa prohibición si no figura en el Título cuando adquiere la vivienda, reiterando lo dicho anteriormente. Esto es: comparecencia ante notario y Registro de la Propiedad.

En todo caso, a efectos de la prohibición, la jurisprudencia ha sido clara al respecto, salvo alguna excepción. Pero, actualmente, la doctrina está consolidada, especialmente por las sentencias del Tribunal Supremo de 27 y 28 de noviembre del año 2023, y 23 y 30 de enero, así como dos resoluciones de fecha 3 de octubre del año 2024, que determinan la posibilidad de que las comunidades de propietarios puedan limitar o prohibir este uso turístico de la vivienda, conforme al repetido art. 17.12 de la LPH. Esto lo confirman otras sentencias de distintas Audiencias Provinciales, que han dictado resolución en el mismo sentido, por lo que ya no hay duda al respecto.

Inscripción del acuerdo en el Registro de la Propiedad
Reitero una vez más que una Comunidad que toma un acuerdo con todos los requisitos de la LPH —entre otros, la notificación a los ausentes— no puede aceptar ver que su decisión, cumpliendo todos los trámites de la propia normativa, no tenga validez y quede sin efecto, y no se pueda inscribir en el Registro por la simple venta de un piso o local. En este sentido, la Resolución de la DGJFP de 8 de junio de 2021 determina que un nuevo comprador no está obligado a conocer y admitir esa prohibición si la misma no está inscrita. De ahí que, de nuevo, se aconseje a las Comunidades que prohíban, limiten o pongan condiciones a los arrendamientos turísticos que tal acuerdo, cumpliendo todos los requisitos, se inscriba en el Registro mediante la oportuna escritura notarial.

Dicho lo anterior, parece que, por fin, la citada Dirección General, en Resolución de 1 de junio del año 2020, tuvo en cuenta estas circunstancias, pues revocó la decisión negativa de un Registro de la Propiedad para inscribir un acuerdo de la Junta prohibiendo utilizar una vivienda como “uso turístico”. A pesar de que después de la decisión había existido una venta y el nuevo propietario no había participado ni dado el visto bueno, indicó la Resolución que, aunque el mismo no tuviera conocimiento, no se trata de un acuerdo que requiera la unanimidad, sino los 3/5, que es lo que marca este precepto. Mayoría que se había acreditado por el presidente y secretario en la correspondiente escritura notarial. Esto mejora la seguridad jurídica de la Comunidad de Propietarios y especialmente de los compradores.

Ahora bien, el acuerdo de 3/5 de propietarios y cuotas solamente es válido para prohibir “pisos turísticos”, pero no se pueden incluir otros conceptos, pues en este caso es necesaria la unanimidad, y así lo determina la Resolución de 2 de octubre de 2024.

Negativa de inscripción del acuerdo de la Junta por el registrador y recursos ante la DGSJFP y la jurisdicción civil
Parece ser que algunos registros se han negado a admitir la inscripción en el Registro del acuerdo de la Junta donde se prohíbe o condiciona el uso de los pisos como “arrendamientos turísticos”, pues indican que no hay acuerdo unánime de la Junta de Propietarios, sino 3/5 de votos a favor. Sin perjuicio de que haya otros defectos, dichas resoluciones, dicho con todo respeto, no cumplen con las normas legales vigentes, concretamente el repetido art. 17.12, creado por el RD-ley 7/2019, totalmente vigente.

Creo que es un grave error, pues, de hecho y de derecho, se está modificando el Título en base a una norma con rango de ley, y además ello llevará consigo que no podrá obligar a ningún nuevo propietario, a tenor del art. 5, párrafo 3, de la Ley de Propiedad Horizontal, “en orden al uso y destino del edificio”. De tal manera que una persona que adquiere un piso, donde la Comunidad ha prohibido o limitado el uso del mismo para dichos arrendamientos turísticos, no se verá afectada si no está inscrito en el Registro, a tenor de lo que con claridad dispone el último precepto citado.

Desde luego, considero que la Comunidad debe recurrir, o el mismo notario que autorizó la escritura pública, ante la anteriormente llamada Dirección General de Registros y Notariado, conforme al art. 325 y siguientes de la Ley Hipotecaria. Y si este máximo órgano no rectifica la negativa del registrador, es decir, la confirma, cabe el juicio verbal civil, a tenor del art. 328 de la repetida LH.

Finalmente, hacer constar que el acuerdo de la Comunidad tiene que ser concreto y con referencia exclusiva a los arrendamientos turísticos, pues en otro caso la inscripción será rechazada. Así lo determina la Dirección General en la citada Resolución de 2 de octubre de 2024.

Licencia administrativa con o sin permiso de la Comunidad
En cuanto a la licencia administrativa, considero que es algo diferente, pero a la vez indispensable para que la Comunidad pueda imponer condiciones cuando la vivienda tenga la condición de “turística”. Pero, en todo caso, teniendo en cuenta lo que diga o haga el ayuntamiento o la comunidad autónoma correspondiente, que son las competentes en materia de vivienda, a tenor del art. 146 de la misma Constitución. Aparte de la licencia que corresponda, como pasa con cualquier otra actividad, esta no puede de ninguna manera condicionar el acuerdo de la Junta de Propietarios, como tampoco en sentido contrario, aunque sí en lo relativo a instalaciones y servicios especiales. En todo caso, el propietario interesado podría obtener el visto bueno administrativo, pero seguirá sin poder utilizar como “turístico” los pisos o locales si la Comunidad lo ha prohibido, y, en su caso, con las limitaciones y condiciones del uso que establezca la Junta de Propietarios, mediante el acuerdo de los 3/5 de titulares y cuotas, sin perjuicio de la responsabilidad al respecto del interesado.

Es conveniente y necesario señalar que la competencia para determinar los requisitos y, en su caso, dar la licencia oportuna para destinar el piso a “turístico” —siempre que no haya acuerdo negativo de la Junta de Propietarios— corresponde a la comunidad autónoma y al ayuntamiento donde se encuentre la vivienda, así como las modificaciones pertinentes, a tenor de lo que dispone el art. 148 de la Constitución. Algo que lleva consigo diferencias considerables entre unas ciudades y otras. Conviene señalar que, a tenor de la situación, cada día más los requisitos y condiciones de la Administración son más exigentes, aunque diferentes, dependiendo de la situación y criterios de los respectivos órganos administrativos. Algo que debe consultarse antes de tomar decisión alguna al respecto, pues de poco vale obtener visto bueno de la Comunidad si luego no se obtiene la licencia correspondiente.

Disposición Adicional Segunda de la actual Ley Orgánica 1/2025. Arrendamientos turísticos ya existentes
Determina que los arrendamientos turísticos ya existentes tres meses antes a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica (3 de enero de 2025), seguirán rigiéndose por la normativa anterior, pero, desde mi punto de vista, siempre que haya obtenido el permiso de la Comunidad de Propietarios y las licencias administrativas correspondientes.

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