<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alberto Torres López, autor en Otrosí</title>
	<atom:link href="https://www.otrosi.net/author/albertotorres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.otrosi.net/author/albertotorres/</link>
	<description>Revista del Colegio de la Abogacia de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2025 13:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2022/05/favicon-icam.png</url>
	<title>Alberto Torres López, autor en Otrosí</title>
	<link>https://www.otrosi.net/author/albertotorres/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los grandes tenedores y los juicios de desahucio tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de enero de 2025</title>
		<link>https://www.otrosi.net/sentencia-tc-grandes-tenedores-juicios-desahucio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Torres López]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otrosi.net/?p=17786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya no deberán aportar en sus demandas de desahucio el documento acreditativo de la concurrencia o no de situación de vulnerabilidad económica</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/sentencia-tc-grandes-tenedores-juicios-desahucio/">Los grandes tenedores y los juicios de desahucio tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de enero de 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<pre class="wp-block-preformatted">El Tribunal Constitucional en su Sentencia del Pleno de fecha 29 de enero de 2025 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 5514/2023), declara la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 6 c) y 7 del Art. 439 de la LEC, por lo que los grandes tenedores, una vez se publique la resolución en el BOE, ya no deberán aportar en sus demandas de desahucio, ni el documento acreditativo de la concurrencia o no de situación de vulnerabilidad económica del demandado, ni tampoco el de haber acudido a un procedimiento previo de conciliación o intermediación.</pre>



<p class="wp-block-paragraph">Empecemos por lo más evidente y probablemente desconocido por muchos al ser una cuestión eminentemente técnica, pues los medios de comunicación se han detenido más en otros aspectos de la reciente Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 29 de enero de 2025 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 5514/2023), que rechaza la inconstitucionalidad instada por el Grupo Popular de diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda: Los grandes tenedores pueden presentar todas sus demandas recogidas en los apdos. 1.º, 2.º, 4.º y 7.º del Art. 250.1 de la LEC, es decir, las de desahucios por falta de pago y expiración del término, incluyendo, también los que tengan por objeto exclusivamente la reclamación de rentas y demás cantidades derivadas del contrato de arrendamiento, las de precario, las de juicios sumarios de recobrar la posesión, y, por lo tanto, el especial contra okupas introducido por la Ley 5/2018, de 11 de junio, y las de sumarios ejercitados por titulares de derechos inscritos; sin necesidad de cumplir los presupuestos hasta ahora exigidos que requerían aportar: a) Documento acreditativo de la concurrencia o no de situación de vulnerabilidad económica del demandado y b) Documento acreditativo de haber acudido a un procedimiento previo de conciliación o intermediación. Es más, podemos decir que, hasta el próximo 4 de abril, fecha en la que entra en vigor la reforma de la LEC introducida por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los grandes tenedores no van a tener que acudir a ningún tipo de mediación previa en este tipo de procedimientos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El motivo no es otro que la citada Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 6 c) y 7 del Art. 439 de la LEC, además de la de los apartados 1 y 2 del Art. 655 bis, sobre la subasta de bienes inmuebles y, por conexión del Art. 685.2 de la LEC referido a la demanda ejecutiva, en su redacción dada por la Disp. Final Quinta dos, seis y ocho de la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el derecho a la vivienda. Es importante matizar que conforme a lo dispuesto en el Art. 164 de la Constitución española la Sentencia no produce efectos hasta tanto en cuanto no se publique en el BOE y, a fecha de hoy transcurrido prácticamente un mes, todavía no ha sido publicada.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Recordemos que el Art. 439.6 c) y 7 de la LEC, exigían a los grandes tenedores una peregrinación previa a la presentación de sus demandas que les requería acudir a los servicios sociales para comprobar la situación de vulnerabilidad de los demandados y, a continuación, a un procedimiento de conciliación o intermediación establecido por las Administraciones Públicas competentes, es decir, una mediación específica distinta a la prevista por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Dicha mediación solamente había sido establecida por algunas Comunidades Autónomas, tales como las Cataluña, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y Galicia. No es el caso por lo tanto de la Comunidad de Madrid, lo que provocaba situaciones tan absurdas como la de tener que acompañar a las demandas de los procedimientos comentados, solicitudes de mediación presentadas vía telemática a la Consejería de la Vivienda, sabedores que no iban a ser contestadas, por la inexistencia de organismo creado al efecto, pero que debían acompañarse como presupuesto de procedibilidad e impedían presentar la demanda hasta transcurridos como mínimo dos meses desde aquella solicitud.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sin ánimo de resultar ventajistas, nos hemos mostrado en reiteradas ocasiones muy críticos con la exigencia de dichos presupuestos que suponían una limitación clara a la tutela judicial efectiva, pues por muy loable que sea la protección de las situaciones de vulnerabilidad, ello nunca puede implicar limitar el acceso a los tribunales de justicia. El cumplimiento de los derogados presupuestos implicaba una clara limitación en este sentido, dado que suponía un retraso injustificable, reiteramos, de como mínimo dos meses, que siempre se prolongaban mucho más, para simplemente presentar las correspondientes acciones judiciales. Se producía la circunstancia añadida para los grandes tenedores, de que el incidente de suspensión previsto en el Art. 441.5 de la LEC, vuelve a requerir oficiar a los servicios sociales a fin de que puedan verificar la situación de vulnerabilidad, porque la protección de dichas situaciones quedaba, y queda ahora tras la Sentencia, plenamente garantizada.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El Tribunal Constitucional fundamenta la nulidad de dichos presupuestos previos, no solamente en exigencias constitucionales del derecho a la tutela judicial efectiva, sino también en un puro principio de proporcionalidad y en su Fundamentación Jurídica (pág. 53) declara que “… <em>la exigencia de acreditación de la situación de vulnerabilidad se presenta como excesiva, por no resultar comprensible a la luz de una ponderación proporcionada con la finalidad pretendida -encontrar una solución habitacional para las personas en situación de vulnerabilidad económica-, en la medida en que dicho objetivo puede alcanzarse por otras vías sin menoscabo del derecho de quien pretende accionar la justicia o proseguir el correspondiente proceso.</em> …”. El propio Tribunal evidencia el sin sentido de la norma cuando a continuación expone que “… <em>Es más, la previsión del art. 439.6 c) LEC puede considerarse incluso innecesaria para conseguir la finalidad pretendida a la luz de lo dispuesto en el apartado cuatro de la disposición final quinta de la propia Ley 12/2023. La misma acomete una reforma del art. 441.5 LEC y prevé que por los poderes públicos se adopten las oportunas medidas para hacer frente a las eventuales situaciones de desprotección residencial que pudiesen tener lugar con ocasión de la vulnerabilidad económica en que pudieran encontrarse los ocupantes de las viviendas objeto de controversia en los casos de los números 1º, 2º, 4º y 7º del apartado 1 del art. 250 LEC (los mismos a que remite el art. 439.6 LEC), una vez admitida la respectiva demanda y, por tanto, de forma compatible y respetuosa con el derecho de acceso al proceso de quien postula la recuperación de la posesión de la vivienda en cuestión. A estos efectos, el referido art. 441.5 LEC prevé que en los aludidos casos del art. 250.1 LEC, siendo el inmueble vivienda habitual de la parte demandada, se informará a ésta en el decreto de admisión a trámite de la demanda, de la posibilidad de acudir a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad de la parte demandada. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, se prevé que el juzgado de forma inmediata y de oficio comunicará a dichas administraciones públicas la existencia del procedimiento a fin de que puedan verificar dicha situación de vulnerabilidad y, de existir ésta, “presentar al Juzgado propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social a proporcionar por la Administración competente para ello y propuesta de medidas de atención inmediata a adoptar igualmente por la Administración competente, así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada.” La no exigencia del requisito de admisibilidad de la demanda consistente en que la parte actora acredite la referida situación de vulnerabilidad económica no daría lugar, pues, a que quedara desatendida la finalidad legítima perseguida por el legislador. Anticipar su protección condicionando la admisión de la acción resulta, por ello, desproporcionado.</em> …”; concluyendo que “…<em>las condiciones de admisibilidad o de procedibilidad previstas en los arts. 439.6 c) y 655 bis 1 LEC, al suponer trasladar a la parte actora una carga acreditativa desmesurada por ser la circunstancia a acreditar susceptible de conocerse también a través de medios igual o más asequibles, constituyen una barrera desproporcionada para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en las dos vertientes concernidas, resultando, por ello inconstitucionales y nulos por vulnerar el art. 24.1 CE </em>…”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Como comentábamos con anterioridad la inconstitucionalidad y nulidad se extiende a los Arts. 655 bis, apartados 1 y 2, y 685.2 de la LEC, referidos a las ejecuciones hipotecarias.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En definitiva, la inconstitucionalidad resultaba palmaria y no podemos más que lamentar que dicha norma haya estado en vigor más de un año y medio desde la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que modificó las disposiciones de la LEC y que no solamente ha limitado extraordinariamente la presentación de demandas a grandes tenedores, sino que, además, ha provocado la creación, en muchas Comunidades Autónomas, de un costoso entramado administrativo para la mediación de este tipo de procedimientos que esperemos pueda reutilizarse con las nuevas exigencias que impone la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Solo nos cabe pedir que los Juzgados, especialmente los Letrados de la Administración de Justicia, sean conocedores de esta Sentencia y sus consecuencias, y que en las demandas que se presenten a partir de la publicación de la Sentencia en el BOE por los grandes tenedores, no exijan el cumplimiento de los presupuestos previos anulados por la Sentencia que comentamos e, incluso, que en todas aquellas que se presenten antes del 4 de abril, independientemente de que se tramiten meses después, tampoco exijan ningún tipo de mediación previa.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/sentencia-tc-grandes-tenedores-juicios-desahucio/">Los grandes tenedores y los juicios de desahucio tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de enero de 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2025/02/group-of-friends-moving-house-2024-10-18-06-39-08-utc-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La DANA de la Comunidad Valenciana y los arrendamientos urbanos (II): ¿Vuelve la prórroga forzosa?</title>
		<link>https://www.otrosi.net/la-dana-de-la-comunidad-valenciana-y-los-arrendamientos-urbanos-ii-vuelve-la-prorroga-forzosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Torres López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 14:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otrosi.net/?p=14071</guid>

					<description><![CDATA[<p>La DANA que ha sufrido la Comunidad Valenciana, ha producido una destrucción de inmuebles que lleva aparejada la extinción del contrato de arrendamiento en algunos casos, su suspensión en otros unido ello al concepto de habitabilidad en el caso de las viviendas, y, en segundo término, la posible aplicación de la cláusula rebus sic stantibus; [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/la-dana-de-la-comunidad-valenciana-y-los-arrendamientos-urbanos-ii-vuelve-la-prorroga-forzosa/">La DANA de la Comunidad Valenciana y los arrendamientos urbanos (II): ¿Vuelve la prórroga forzosa?</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<pre class="wp-block-preformatted">La DANA que ha sufrido la Comunidad Valenciana, ha producido una destrucción de inmuebles que lleva aparejada la extinción del contrato de arrendamiento en algunos casos, su suspensión en otros unido ello al concepto de habitabilidad en el caso de las viviendas, y, en segundo término, la posible aplicación de la cláusula rebus sic stantibus; sin embargo, el RD-ley 7/2024, de 11 de noviembre, modifica el Art. 3 del anterior RD-ley 6/2024, de 5 de noviembre, añade una cuestión jurídica de consecuencia difíciles de prever, al fijar una serie de ayudas a propietarios y arrendatarios por la destrucción de la vivienda o daños en enseres, condicionada a que la persona propietaria estará obligada a la prórroga forzosa del contrato en las mismas condiciones.</pre>



<p class="wp-block-paragraph">Analizábamos <a href="https://www.otrosi.net/la-dana-de-la-comunidad-valenciana-y-los-arrendamientos-urbanos/">en nuestro comentario anterior,</a> como la DANA sufrida por la Comunidad Valenciana va a implicar la extinción del contrato de arrendamiento en algunos casos, en otros, su suspensión, unido ello al concepto de inhabitabilidad en el caso de las viviendas; quedando en un segundo término la posible aplicación de la cláusula <em>rebus sic stantibus</em> derivada de la situación extraordinaria e imprevisible que ha supuesto la DANA y que requerirá, en ocasiones, reestablecer el equilibrio de las prestaciones de las partes en los contratos de arrendamiento de local de negocio. Sin embargo, el RD-ley 7/2024, de 11 de noviembre, dictado en el día de ayer que modifica el anterior RD-ley 6/2024, de 5 de noviembre, nos obliga a volver a escribir sobre este asunto al añadir una cuestión jurídica de consecuencias difíciles de prever, al fijar una serie de ayudas a propietarios y arrendatarios por la destrucción de la vivienda o daños en enseres, condicionada a que la persona propietaria acepte la prórroga forzosa del contrato de arrendamiento, se dice, en las mismas condiciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Concluíamos precisamente nuestro artículo anterior sobre la DANA de la Comunidad Valenciana y los arrendamientos urbanos, indicando que las necesarias ayudas “… <em>en el hoy publicado RD-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 (SP/LEG/43675), no se recogen de forma directa en el ámbito de los contratos de arrendamiento</em> …”. Pues bien, no ha habido que esperar mucho, dado que ayer se publicaba en el BOE el RD-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024; normativa que recoge las primeras ayudas en el ámbito de los arrendamientos de viviendas, al que también hay que añadir el publicado hoy Decreto 167/2024, de 12 de noviembre; del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueban las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes de alquiler de vivienda para contribuir a paliar los efectos producidos por el temporal de viento y lluvias iniciado el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana. Este segundo Decreto establece, con carácter general, unas ayudas de 800,-€ / mes, salvo que en el contrato de arrendamiento conste una renta menor en cuyo caso el importe a conceder será este último, hasta un máximo de 12 mensualidades, debiendo solicitarse antes del 30 de junio de 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nos detenemos en esta ocasión en la disposición estatal que es la que requiere de un comentario jurídico. Concretamente, es la Disp. Final Octava del RD-ley 7/2024, de 11 de noviembre, publicado ayer, la que modifica el Art. 3 del anterior RD-ley 6/2024, de 5 de noviembre; fijando una serie de ayudas a propietarios y arrendatarios por la destrucción de la vivienda o daños en enseres, una vez acreditada la titularidad del inmueble afectado o la existencia del arrendamiento, que van desde los 60.480,-€ por la destrucción total de la vivienda habitual; los 41.280,-€ por daños que afecten a la estructura; los &nbsp;20.640,-€ por los daños que no afecten a la estructura; los 10.320,-€ por destrucción o daños en los enseres domésticos de la vivienda habitual; y los 36.896;-€ por los daños en elementos comunes de uso general de una Comunidad de Propietarios en régimen de propiedad horizontal. Se incluyen como costes subvencionables los de elaboración de informes de evaluación, informes técnicos, proyectos u otros de gestión imprescindibles para la reparación de los daños.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sin embargo, la cuestión más importante y que traemos ahora a colación en este comentario, es la recogida en el apartado f) de este Art. 3 que establece que “<em>Las personas propietarias o usufructuarias de viviendas que no tengan en ellas su residencia habitual, pero las tengan arrendadas a otras personas que sí que las utilicen con dicho fin, también podrán solicitar las ayudas previstas tanto para daños en viviendas como daños en enseres incluidos en el contrato de arrendamiento. En este supuesto, aportarán el contrato de arrendamiento o cualquier otro documento que justifique la existencia del arrendamiento para vivienda habitual. <u>En el caso de recibir estas ayudas, la persona propietaria estará obligada a la prórroga forzosa del contrato en las mismas condiciones</u></em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si en otras muchas ocasiones hemos criticado la precipitación del legislador, de cualquier signo, que dictan normas sin la debida reflexión, en esta ocasión, la precipitación es comprensible dada la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de que las ayudas lleguen a los afectados con la mayor rapidez posible, sin embargo, es imprescindible poner de relieve los errores jurídicos que la normativa dictada puede originar, para que, en la medida de lo posible, sean corregidos a la mayor brevedad. De este modo, resulta opinable la viabilidad jurídica del establecimiento de la prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos de vivienda, sin embargo, no lo es y supone un grave error de consecuencias difíciles de prever, el establecimiento de una prórroga forzosa sin el apoyo de la imprescindible normativa sustantiva que la respalde. Hay que preguntarse lógicamente por qué no se ha seguido el sistema de prórrogas extraordinarias y, por lo tanto, temporales, que fijaba el RD-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, que habría evitado todos los problemas que se avecinan y, por el contrario, se ha optado por el de prórroga forzosa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No supone una gran sorpresa encontrarnos de nuevo con la polémica prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento pues recientemente el Grupo Parlamentario Sumar presentaba una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios <a href="#_ftn1" id="_ftnref1">[1]</a>, en la que proponía la derogación del Art. 10 de la LAU y el establecimiento a través de una Disp. Transitoria de la duración “… <em>indefinida para aportar seguridad y estabilidad a las familias, así como arraigo en los barrios</em> …”; sin embargo, sí resulta relevante que, sin ningún tipo de debate, se establezca a través de un Real Decreto una prórroga forzosa, ciertamente muy limitada en su ámbito de aplicación, pero sin medir sus consecuencias jurídicas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En primer lugar, deberíamos partir de la premisa de que no es lo mismo prórroga forzosa que tiempo indefinido pues nuestro propio Tribunal Supremo declara, como doctrina jurisprudencial en su Sentencia <strong>TS, Sala Primera, de lo Civil, 414/2010, de 7 de julio (rec. 814/2006; Ponente: ROMÁN GARCÍA VARELA) (SP/SENT/514624)</strong>, a la que siguen otras similares, que la expresión “tiempo indefi­nido” resulta contraria a la naturaleza del contrato de arrendamiento y no equivale al sometimiento a prórroga forzosa, prueba de lo cual es que su inclusión ha sido considerada nula en la mayoría de los contratos salvo que del resto del clausulado pudiese deducirse otra cosa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En consecuencia, si bien puede sostenerse la legalidad de la reinstauración de la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento, no podemos estar a favor de ella dados los efectos que tuvo su aplicación por el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964 que provoca que, todavía a día de hoy, transcurridos prácticamente 60 años desde su entrada en vigor, sigan vigentes algunos de aquellos contratos. Es cierto que el sistema de prórroga forzosa cuyo origen hay que buscarlo en nuestro ordenamiento jurídico en el RD de 21 de junio de 1920, que inició la legisla­ción especial en materia de arrendamientos urbanos, nació en un intento de facilitar el acceso a la vivienda de las clases más desfavorecidas, al que siguieron distintas disposiciones que igualmente la recogían hasta que el RD-ley 2/1985, de 30 de abril, puso fin a la misma, pero consideramos que en un contrato de arrendamiento, tan esencial como el título y la renta, es la duración temporal del mismo y hemos sido testigos directos de los muchísimos problemas que ha ocasionado la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento, tanto de vivienda como de local de negocio, y que ha provocado la necesaria intervención del Legislador a través de las Disposiciones Transitorias de la LAU 29/1994 de 24 de noviembre y de la propia Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No obstante, fuera de dicho posicionamiento contrario a la vuelta a la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento, lo que consideramos que no tiene sentido desde un punto de vista estrictamente jurídico es que el Real Decreto ley que ahora comentamos establezca la prórroga sin apoyo de norma sustantiva alguna. Piénsese que los arrendadores que acepten estas ayudas, a los que parece impedírseles el acceso a las mismas por su condición de meros propietarios, aceptarán una prórroga forzosa no regulada y por lo tanto, entre otras consecuencias, sin límite en cuanto a subrogaciones pues podrán producirse en una o más ocasiones, dado que el precepto, a diferencia de lo que se establece para los contratos sujetos al TR de 1964, no establece limitación alguna, por lo que por ejemplo, falle­cido el arrendatario y subrogado por ejemplo su cónyuge que es a quien se refiere el precepto, no existirá ningún problema en que al fallecimiento de este segundo se produzca la subrogación de un descendiente o de cualquiera de las personas previstas en el precepto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lamentablemente tenemos que recomendar a las personas propietarias o usufructuarias de viviendas arrendadas, que puedan optar a estas ayudas otorgadas a nivel estatal, que no las acepten pues de lo contrario verán limitado su derecho de propiedad de forma indefinida quedando al albur de que el legislador corrija su error.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a> Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 16-3 de 9 de agosto de 2024 (pág. 810).</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-otros wp-block-embed-otros"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="bQnIOJG3eb"><a href="https://www.otrosi.net/la-dana-de-la-comunidad-valenciana-y-los-arrendamientos-urbanos/">La DANA de la Comunidad Valenciana y los arrendamientos urbanos (I)</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="«La DANA de la Comunidad Valenciana y los arrendamientos urbanos (I)» — Otrosí" src="https://www.otrosi.net/la-dana-de-la-comunidad-valenciana-y-los-arrendamientos-urbanos/embed/#?secret=XoTaLDG2On#?secret=bQnIOJG3eb" data-secret="bQnIOJG3eb" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/la-dana-de-la-comunidad-valenciana-y-los-arrendamientos-urbanos-ii-vuelve-la-prorroga-forzosa/">La DANA de la Comunidad Valenciana y los arrendamientos urbanos (II): ¿Vuelve la prórroga forzosa?</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/11/rain-flows-down-from-a-roof-down-2023-11-27-05-26-48-utc-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La DANA de la Comunidad Valenciana y los arrendamientos urbanos (I)</title>
		<link>https://www.otrosi.net/la-dana-de-la-comunidad-valenciana-y-los-arrendamientos-urbanos/</link>
					<comments>https://www.otrosi.net/la-dana-de-la-comunidad-valenciana-y-los-arrendamientos-urbanos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Torres López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 10:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otrosi.net/?p=13810</guid>

					<description><![CDATA[<p>A diferencia de lo ocurrido con el Covid-19, que produjo la paralización de la actividad económica y trajo como consecuencia la concesión de determinadas moratorias en el pago de la renta y en la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en el caso de los locales de negocio, con la DANA que ha sufrido [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/la-dana-de-la-comunidad-valenciana-y-los-arrendamientos-urbanos/">La DANA de la Comunidad Valenciana y los arrendamientos urbanos (I)</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<pre class="wp-block-preformatted">A diferencia de lo ocurrido con el Covid-19, que produjo la paralización de la actividad económica y trajo como consecuencia la concesión de determinadas moratorias en el pago de la renta y en la aplicación de la cláusula <em>rebus sic stantibus</em> en el caso de los locales de negocio, con la DANA que ha sufrido la Comunidad Valenciana se ha producido una destrucción de inmuebles que lleva aparejada la extinción del contrato de arrendamiento en algunos casos, su suspensión en otros, unido ello al concepto de habitabilidad en el caso de las viviendas, y, en segundo término, la posible aplicación de la citada cláusula.</pre>



<p class="wp-block-paragraph">Como nos ocurrió con la pandemia del Covid-19, no resulta sencillo escribir sobre estas cuestiones estando tan reciente la tragedia vivida; sin embargo, se hace necesario recordar la experiencia anterior para evitar muchos de los errores cometidos y ser conscientes de que la situación, desde un punto de vista estrictamente jurídico, es notoriamente diferente a la vivida con la pandemia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De este modo, si bien el Covid-19 produjo la paralización de la actividad económica con todas sus consecuencias inherentes, reflejadas en las dificultades tanto de los arrendatarios de viviendas como de los de usos distintos en el pago de la renta, y que trajeron consigo la concesión de determinadas moratorias en su pago y, especialmente respecto de los segundos, en la aplicación de la cláusula <em>rebus sic stantibus</em>, la DANA que ha sufrido la Comunidad Valenciana nos muestra un escenario distinto, que va mucho más allá de la mera paralización anterior. <br><br>Por lo tanto, la visión de destrucción que nos muestran los medios de comunicación nos conduce, primeramente, a la extinción del contrato de arrendamiento en algunos casos y, en otros, a su suspensión, unido ello al concepto de inhabitabilidad en el caso de las viviendas; quedando en un segundo término la posible aplicación de la cláusula <em>rebus sic stantibus</em> derivada de la situación extraordinaria e imprevisible que ha supuesto la DANA, y que requerirá, en ocasiones, reestablecer el equilibrio de las prestaciones de las partes en los contratos de arrendamiento de local de negocio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es el Capítulo V de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos el que recoge la suspensión, resolución y extinción del contrato de arrendamiento, destinando el Art. 26 a la habitabilidad de la vivienda y su posible suspensión, y el Art. 28 a la extinción del contrato. En el caso de la cláusula <em>rebus sic stantibus</em>, es la doctrina jurisprudencial la que nos determina su aplicación.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1º.- La extinción del contrato de arrendamiento.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Art. 28 de la LAU establece que “el contrato de arrendamiento se extinguirá, además de por las restantes causas contempladas en el presente Título, por las siguientes: a) por la pérdida de la finca arrendada por causa no imputable al arrendador; b) por la declaración firme de ruina acordada por la autoridad competente”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Las desgarradoras imágenes que todos hemos visto nos muestran un gran número de edificios derruidos o prácticamente en ruina, que trae como consecuencia legal, dado que la DANA es totalmente ajena al arrendador, la extinción del contrato de arrendamiento, dado que la pérdida de la finca arrendada supone la desaparición del objeto del contrato y, por lo tanto, su extinción.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Frente al supuesto de pérdida o desaparición del inmueble, nos hallaremos, con toda seguridad, con muchos otros de ruina, que es una modalidad de pérdida de la vivienda, pero que requiere, sin embargo, y dadas sus características, una declaración específica por parte de la autoridad competente que le dota, por lo tanto, de una mayor complejidad al supuesto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No prevé la LAU el coste de las obras de reconstrucción del inmueble como causa de resolución del contrato, que sí recoge, sin embargo, el Art. 118 del TR de 1964, todavía vigente y por lo tanto aplicable a los contratos sujetos a dicho régimen, y que en una situación como la que vivimos podría resultar interesante. Este último precepto, además de no exigir que la pérdida sea por causa no imputable al arrendador, recoge lo que la jurisprudencia ha denominado como “ruina económica”, que equipara a esta pérdida la concurrencia de un siniestro en el que, para la reconstrucción de la vivienda o local, haga preciso la ejecución de obras cuyo coste exceda del 50% de su valor real al tiempo de ocurrir aquel, sin que para esta valoración se tenga en cuenta la del suelo; equiparación que desaparece en el Art. 28. Aun cuando no exista jurisprudencia que aplique este concepto a los contratos sujetos a la LAU, como hemos manifestado en otras ocasiones, no vemos inconveniente en que pueda utilizarse de forma similar y sin tener que ajustarse necesariamente a los parámetros exigidos por el anterior texto.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2º.- La suspensión del contrato de arrendamiento.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Supuesto distinto del de la extinción del contrato es, lógicamente, el de la suspensión, al que se refiere el Art. 26, en virtud del cual “cuando la ejecución en la vivienda arrendada de obras de conservación o de obras acordadas por una autoridad competente la hagan inhabitable, tendrá el arrendatario la opción de suspender el contrato o de desistir del mismo, sin indemnización alguna. La suspensión del contrato supondrá, hasta la finalización de las obras, la paralización del plazo del contrato y la suspensión de la obligación de pago de la renta”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Este supuesto se suscitará en todos aquellos casos en los que los efectos de la DANA no han destruido el inmueble y, a pesar de los daños existentes, es posible recuperarlo ejecutando determinadas obras. Es decir, la vivienda sigue siendo habitable, pero va a requerir la ejecución de obras de envergadura que van a impedir, durante su ejecución, que se habite durante un determinado periodo de tiempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En estos casos, el arrendatario podrá optar por la suspensión o desistimiento del contrato, siendo necesario que notifique al arrendador su voluntad de suspender o desistir, sin perjuicio de otros preavisos entre las partes sobre la necesidad de las obras.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El problema que seguro surgirá es el de la determinación de la habitabilidad o inhabitabilidad de la vivienda que permita la suspensión del contrato. En este punto, es importante traer a colación el Art. 2 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que nos ayuda a configurar este concepto, sin olvidar el Art. 3.1 c) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, desarrollado por el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314/2006, de 17 de marzo, que permiten una delimitación mucho más técnica del concepto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No obstante, hay que tener en consideración que ni la suspensión ni el desistimiento otorgan al arrendatario derecho a indemnización alguna, ni, por lo tanto, a los gastos que pudieran haberle ocasionado el traslado de bienes o el arrendamiento de otra vivienda. La ley es clara al respecto, dado que la inhabitabilidad de la vivienda originada por las obras que vayan a ejecutarse tiene su origen en causas no imputables al arrendador. Es cierto que existen gran número de resoluciones que recogen indemnizaciones de todo tipo a favor de los arrendatarios, pero estas tienen su origen en situaciones de inhabitabilidad imputables al arrendador y que son motivo de resolución del contrato de arrendamiento, que no es lo que ha ocurrido en el caso de la DANA.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3º.- La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Covid-19 nos ha mostrado el camino en la aplicación de la cláusula <em>rebus sic stantibus</em> en el ámbito de los arrendamientos para uso distinto al de vivienda. La respuesta de los Tribunales ha sido favorable, frente a las iniciales posiciones doctrinales contrarias que pretendían justificar el impago de rentas por una supuesta suspensión del contrato de arrendamiento; no obstante, han mostrado una enorme cautela, dada la situación excepcional que supone. Por lo tanto, partiendo de la premisa de que la DANA ha supuesto una situación extraordinaria e imprevisible, va a ser necesario, en algunos contratos, restablecer el equilibrio de las prestaciones de las partes sobre los principios de equidad y buena fe. Irremediablemente habrá que acudir a cada caso en concreto y, previos los informes técnicos y económicos que reflejen la situación de las partes, analizar la posible revisión temporal de la renta. La experiencia adquirida nos demuestra que su aplicación no es milagrosa, pero que, desde luego, habrá que tenerla en consideración. Convendría recordar los parabienes que tendría la regulación de esta cláusula en nuestro ordenamiento jurídico, pues en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, es de elaboración puramente jurisprudencial, sin que dispongamos de un texto legal que la ampare, a pesar de que el propio legislador parece descartarla tras la fallida comisión creada al efecto por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el Ámbito de la Administración de Justicia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En definitiva, haciendo abstracción de la tragedia humana, desde la perspectiva de los arrendamientos urbanos, tanto de vivienda como de local de negocio, el panorama no resulta muy halagüeño y va a exigir que arrendadores y arrendatarios pongan lo mejor de su parte para intentar llegar a acuerdos que eviten procedimientos judiciales que muchos de ellos se mostraron innecesarios con el Covid-19 o cuya respuesta llegó muy tarde. Hay que ser conscientes de que tanto la extinción como la suspensión del contrato de arrendamiento no llevan aparejada ninguna indemnización para los arrendatarios y que la aplicación de la cláusula <em>rebus sic stantibus</em> es excepcional y restrictiva. En una situación de esta magnitud resultan imprescindibles todas las ayudas posibles que puedan concederse desde el Estado y la Comunidad Autónoma a arrendadores y arrendatarios; ayudas que, en el hoy publicado RD-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, no se recogen de forma directa en el ámbito de los contratos de arrendamiento.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/la-dana-de-la-comunidad-valenciana-y-los-arrendamientos-urbanos/">La DANA de la Comunidad Valenciana y los arrendamientos urbanos (I)</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.otrosi.net/la-dana-de-la-comunidad-valenciana-y-los-arrendamientos-urbanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/11/black-mold-on-the-wall-fungus-on-the-wall-after-t-2023-11-27-04-52-47-utc-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Novedades en los juicios de desahucio tras la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda</title>
		<link>https://www.otrosi.net/novedades-en-los-juicios-de-desahucio-tras-la-nueva-ley-por-el-derecho-a-la-vivienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Torres López]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 13:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otrosi.net/?p=4343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afectan tanto a los juicios de desahucio arrendaticios y no arrendaticios como a las ejecuciones hipotecarias, concurriendo disposiciones comunes a todos ellos</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/novedades-en-los-juicios-de-desahucio-tras-la-nueva-ley-por-el-derecho-a-la-vivienda/">Novedades en los juicios de desahucio tras la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva Ley 12/2023, de 24 de mayo por el Derecho a la Vivienda es una norma eminentemente programática, dominada por aspectos administrativos, en la que la regulación procesal modificativa de la LEC, probablemente la que más nos afecta a los abogados en ejercicio, queda recogida en la Disp. Final Quinta. Estas novedades, numerosas, introducidas en el último momento, pues no aparecían en su mayoría en el anteproyecto que llegó al Congreso de los Diputados, afectan no solamente a los Juicios de desahucio arrendaticios y no arrendaticios (Arts. 439, 440 y 441), sino también a las ejecuciones hipotecarias (Art. 655 bis) y concurriendo disposiciones comunes a todos ellos (Arts. 150.4, 549, 675, 685 y 704), que modifican el texto actual e introducen nuevos apartados según los casos.</p>
<p>Indudablemente uno de los objetivos de la nueva Ley, especialmente en el ámbito de los arrendamientos de vivienda y en sus aspectos procesales, es la protección de todos aquellos que se hallen en situación de vulnerabilidad social o económica, sin embargo, tan loable fin, no justifica en ningún caso la inversión de la carga de la prueba que se impone en determinados supuestos, la complejidad que se añade a procedimientos que por su naturaleza debieran ser rápidos y sencillos, y la dilación injustificada de los Juicios de desahucio que, en definitiva, redunda en inseguridad jurídica, que traerá como consecuencia un retraimiento en la oferta del alquiler de viviendas, contrario al objetivo perseguido por la norma. De nuevo, como hacíamos al comentar los aspectos sustantivos, debemos abstraernos de la fuerte carga ideológica que lleva aparejada la norma, centrándonos en los aspectos puramente jurídicos y, en este caso, estrictamente procesales.</p>
<p>La reforma procesal exige conocer previamente conceptos básicos, que no nos son extraños desde la normativa covid-19, pero que ahora van a tener mayor relevancia, pues van a determinar un distinto tratamiento procesal según los casos, como son los de gran tenedor y situación de vulnerabilidad económica y social. Consecuencia de ello, a pesar de ser reiterativos con el comentario del anterior artículo, distinguiremos brevemente en esta primera aproximación a la reforma:</p>
<p>1º.- Grandes tenedores.</p>
<p>Son sin duda los grandes perjudicados de la nueva normativa. Según el Art. 3 k de la Ley, tienen tal condición, las personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.</p>
<p>Ahora bien, las Comunidades Autónomas, en las Zonas de Mercado Residencial Tensionado, podrán otorgar la condición de grandes tenedores a todos aquellos propietarios de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial, que se encuentren en dichas zonas. Recordemos que conforme a lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley aquellas Zonas son las que declaren como tales las administraciones públicas competentes en materia de vivienda que podrán establecerlas de acuerdo con su normativa reguladora, en ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población. Su declaración exigirá, entre otros requisitos, una Memoria justificativa, trámite de información pública y Resolución Administrativa motivada, con elaboración de un plan específico, teniendo una duración de tres años que podrá ser prorrogable.</p>
<p>La Ley reproduce el concepto de gran tenedor que recogió el R.D.-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19, con la única diferencia de precisar que deben tratarse de inmuebles urbanos de naturaleza residencial. Lamentablemente se ha perdido de nuevo la oportunidad de aclarar qué ocurre en supuestos de copropiedad, usufructo, cómo realizar el cómputo de la residencia habitual o de los propios 1.500 m2. Ante ello, seguimos manteniendo el criterio, dado que la norma no distingue, de que solamente deberían tenerse en consideración a efectos de cualquier cómputo, situaciones de plena propiedad, consecuencia de lo cual, si una persona física dispone de diez inmuebles en propiedad y un undécimo en nuda propiedad, usufructo o condominio con terceros, no debe considerarse gran tenedor, puesto que la norma se refiere a más de diez y en situación de pleno dominio; por otro lado, la disposición no permite excluir a efectos del cómputo, aquellos inmuebles que el arrendador no destine a arrendamiento, ya sea porque se trate de su residencia habitual o de su segunda residencia. En cuanto al cómputo de la superficie, consideramos que, al no ir acompañado de calificativo alguno, ha de interpretarse en el sentido de superficie total o construida.</p>
<p>2º.- Situación de vulnerabilidad económica y/o social.</p>
<p>No resuelve de forma afortunada la Ley la situación de vulnerabilidad, máxime al distinguir la vulnerabilidad económica de la social que no siempre tienen que coincidir. De este modo podemos observar que los Arts. 439.6º y 7º y 441.7º se refieren a la económica, mientras que el Art. 441.5º a la social y económica.</p>
<p>Si bien la vulnerabilidad económica se halla definida en el Art. 441.7º con criterios que podríamos calificar de objetivos, no ocurre lo mismo respecto de la social con el riesgo que ello conlleva de impugnación para demandantes en este tipo de procedimientos, pues queda al albur de lo que puedan considerar los servicios sociales correspondientes.</p>
<p>La vulnerabilidad económica la hallamos, según la última norma citada, cuando la renta, si se trata de un Juicio de desahucio por falta de pago, más los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones supongan más del 30% de ingresos de la unidad familiar y el conjunto de dichos ingresos no alcance: a) Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM recordemos que en este año 2023, alcanza los 600,-€ en su cómputo mensual). b) Este límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,35 veces el IPREM por cada uno de ellos en el caso de unidad familiar monoparental o en el caso de cada hijo con discapacidad igual o superior al 33 por ciento. c) Este límite se incrementará en 0,2 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar o personas en situación de dependencia a cargo. d) En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en la letra a) será de 5 veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.</p>
<p>Respecto de la social, el mismo precepto, se limita a señalar que “podrá considerarse” que concurre cuando, entre quienes ocupen la vivienda, se encuentren personas dependientes, ap. 2 del Art. 2 de la Ley 39/2006, 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, víctimas de violencia sobre la mujer o personas menores de edad. Por lo tanto, nada impide que “puedan considerarse” otras situaciones de vulnerabilidad social, especialmente cuando el Art. 14 de la Ley entiende como situación de especial vulnerabilidad, aunque sea económica, la de las personas, familias y unidades de convivencia que viven en asentamientos y barrios altamente vulnerables y segregados, ya sea tanto en entornos urbanos como en zonas rurales, a las personas sin hogar, a las personas con discapacidad, a los menores en riesgo de pobreza o exclusión social, a los menores tutelados que dejen de serlo y a cualesquiera otras personas vulnerables que se definan en el momento de la actuación.</p>
<p>3º.- Nuevos presupuestos de admisión de las demandas de desahucio.</p>
<p>Vienen regulados en los nuevos apartados 6 y 7 del Art. 439. Desde la entrada en vigor de la nueva Ley, es decir, en todas las demandas que se presenten a partir de ahora, deberá acreditarse si el inmueble constituye la vivienda habitual de la persona ocupante y si el demandante tiene la condición o no de gran tenedor. Además, en este segundo caso, si el demandado se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica, debiendo acreditar haber acudido previamente a un procedimiento de conciliación o intermediación.</p>
<p>En consecuencia, como presupuesto común a todas las demandas, sea o no el demandante gran tenedor, es preciso acreditar si el inmueble constituye o no la vivienda habitual de la persona ocupante de la vivienda. La exigencia resulta jurídicamente injustificable y no consideramos que vaya a poder tener aplicación, más allá de la mera declaración en la demanda. Piénsese que si bien en el caso de una demanda de desahucio arrendaticio de vivienda, la propia naturaleza del contrato lleva aparejada la condición de vivienda habitual, este presupuesto no tiene porqué concurrir en el resto de procedimientos afectados que vamos a ver a continuación, ignorando en la mayoría de los casos la propiedad, si el precarista u ocupante, destina el inmueble a su vivienda habitual, pues dicho destino puede no coincidir con el concepto jurídico de posesión.</p>
<p>a) Procedimientos afectados.</p>
<p>Todos los recogidos en los apartados 1º, 2º, 4º y 7º del Art. 250.1 – 1º, 2º, 4º y 7º, es decir, los juicios de desahucios por falta de pago y expiración del término, incluyendo por lo tanto también los que tengan por objeto exclusivamente la reclamación de rentas y demás cantidades derivadas del contrato de arrendamiento; los de precario; los sumarios de recobrar la posesión, y por lo tanto, el especial contra okupas introducido por la Ley 5/2018, de 11 de junio; y los sumarios ejercitados por titulares de derechos inscritos.</p>
<p>b) Supuestos en los que el demandante no sea gran tenedor.</p>
<p>En la mayoría de las demandas de desahucio que se presenten a partir de ahora, si reconocemos la afirmación de que el 95% de las viviendas en arrendamiento no pertenecen a grandes tenedores, sus propietarios deberán, no solamente declarar que no tienen la condición de grandes tenedores, sino acreditarlo debidamente por medio de Certificación registral en la que consten la relación de propiedades de la parte actora, presupuesto sin el cual no se admitirá a trámite la demanda.</p>
<p>Consideramos totalmente desafortunado este nuevo presupuesto procedimental. En primer término, porque no existe en la actualidad un tipo de Certificación registral que permita certificar la totalidad de bienes inmuebles de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros, de que pueda disponer un propietario, dado que el Registro de índices no permite obtener este tipo de certificaciones, limitándose a remitirnos a los Registros de la Propiedad correspondientes en los que el propietario pueda disponer de alguna titularidad dominical. En segundo lugar, porque la aportación de dichas certificaciones, tantas como inmuebles disponga el titular, en absoluto garantiza que el demandante no disponga de otros que decide no aportar, por lo que tendría el mismo valor, y resultaría por lo menos más económica, la simple declaración del demandante de que no reúne la condición de gran tenedor, sin perjuicio, de los efectos que pudieran derivarse, incluso penales, de la falsedad de la misma. Por último, no tiene sentido que se exija Certificaciones del Registro de la Propiedad, de elevado coste y expedición que puede demorarse en el tiempo, y no Nota Simple que consigue el mismo objetivo y que es documento habitualmente utilizado en el ámbito procesal, salvo cuando específicamente la LEC exige aquella con carácter excepcional.</p>
<p>c) Supuestos en los que el demandante sea gran tenedor.</p>
<p>Son indudablemente los grandes perjudicados de la reforma, y sus demandas de desahucio auguran una dilación en el tiempo que resulta difícil de justificar.</p>
<p>En todas las demandas de desahucio que se presenten a partir de ahora, será necesario adjuntar cuando el demandante tenga la condición de gran tenedor: 1º.- Documento acreditativo de la concurrencia o no de situación de vulnerabilidad económica del demandado y 2º.- Documento acreditativo de haber acudido a un procedimiento previo de conciliación o intermediación.</p>
<p>1º.- El primero de los documentos, emitido por los servicios sociales competentes, de vigencia no superior a tres meses, requerirá el previo consentimiento de la persona ocupante. A la espera de su rápida aclaración por las Administraciones competentes en los casos en los que sea procedente, no son pocas las dudas que la norma suscita, con el agravante, de que la exigencia de este presupuesto ya se halla vigente.</p>
<p>En principio, la aportación del primero de los documentos deberá ser emitido, dice la Ley, por los “… servicios de las Administraciones autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social que hayan sido específicamente designados conforme la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda …”. La diferencia con la situación anterior es clara, hasta ahora eran los distintos Juzgados los que se dirigían a los servicios sociales competentes, mientras que ahora serán los propietarios grandes tenedores, los que deberán hacerlo sin errar sobre el órgano competente destinado al efecto.</p>
<p>El primer problema con el que nos encontramos es que, ya vigente la norma, se desconocen los organismos “… específicamente designados conforme la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda …”. No es de recibo que esta falta de previsión impida el ejercicio de la tutela judicial efectiva que deberá sustituirse con su presentación a las respectivas Consejerías de la Vivienda de las CCAA, hasta tanto en cuanto sea designado el organismo competente.</p>
<p>Ciertamente, este documento permite la Ley que pueda ser sustituido por una declaración responsable, pero unida al justificante acreditativo de haber acudido a los servicios sociales competentes en los cinco meses anteriores a la presentación de la demanda y que durante los dos meses siguientes a la solicitud no se ha recibido respuesta; o bien, documento acreditativo de los servicios sociales competentes de que la persona ocupante no consiente el estudio de su situación económica.</p>
<p>Sinceramente no vemos motivo que justifique la exigencia de este nuevo presupuesto que puede conllevar un retraso, probablemente de dos meses, en la presentación de la correspondiente demanda. Si el objetivo es la protección de las personas en situación de vulnerabilidad económica, debemos indicar que este objetivo se cumple, sin necesidad de esta dilación innecesaria, en primer término, con la intervención del abogado designado de oficio dado el derecho a asistencia jurídica gratuita del que gozan todas estas personas en situación de vulnerabilidad económica; y, en el caso de que pueda dudarse que estas personas soliciten dicha asistencia, por cualquier motivo, recordemos que la intervención de los servicios sociales podrá ser solicitada durante toda la tramitación del procedimiento.</p>
<p>2º.- Documento acreditativo de haber acudido a un procedimiento de conciliación o intermediación.</p>
<p>Este segundo presupuesto es el que, sin duda, mayor dilación va a originar en los Juicios de desahucio con la agravante de que la Disp. Trans. Tercera exige igualmente para todos los procedimientos en curso suspendidos en virtud del R.D.-ley 11/2020, de 31 marzo en los que el arrendador sea un gran tenedor. La dilación es automática, desde el momento en el que, presentada la solicitud de conciliación o intermediación, hay que esperar como mínimo dos meses sin haber obtenido respuesta por parte del organismo competente para presentar la demanda.</p>
<p>De nuevo nos encontramos con un problema similar al del presupuesto anterior, a fecha de hoy, se desconoce el “… procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes …”. Insistimos no existe justificación para que una Ley entre en vigor y se desconozca procedimiento y organismo competente. Hasta tanto en cuanto no se resuelva esta cuestión, no vemos más opción que presentar la solicitud ante las correspondientes Consejerías de la Viviendas de las correspondientes CCAA.</p>
<p>Esta conciliación o intermediación, dice la Ley, “… va a analizar las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda …”. No entendemos que estas cuestiones sean propias de una mediación, desde el momento en el que en la inmensa mayoría de los casos solo afectarán a una de las partes, que podría solicitarlas, de haberlas, siendo debidamente informado al efecto por otras vías distintas. No queremos negar ningún tipo de eficacia a la mediación como solución extrajudicial de conflictos, pero sí poner en duda su necesidad en procedimientos de esta naturaleza, en los que la dilación es, en la mayoría de los casos, el único objetivo de una de las partes. No olvidemos que en los Juicios de desahucio que tienen por objeto la recuperación de la finca dada en arrendamiento, por impago de la renta o cantidad asimilada, solamente se permite al demandado conforme al Art. 444.1 de la LEC alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación, a lo que hay que añadir que el Art. 437.3 permite al demandante, anunciar en la demanda la condonación de todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que indique; consecuencia de lo cual las dos cuestiones objeto del procedimiento pueden resolverse y conciliarse con carácter previo en la Vista que vaya a celebrarse.</p>
<p>De nuevo permite la Ley que este documento pueda sustituirse o bien, por una declaración responsable, que deberá ir unida al justificante acreditativo de haber acudido a los servicios competentes con cinco meses de antelación a la presentación de la demanda, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los trámites correspondientes en el plazo de dos meses desde que presentó su solicitud; o bien de un documento acreditativo de aquellos servicios que indique el resultado del procedimiento de conciliación o intermediación, en el que se haga constar la identidad de las partes, el objeto de la controversia y si alguna de las partes ha rehusado participar en el procedimiento, en su caso. Este documento no podrá tener una vigencia superior a 3 meses.</p>
<p>Reiteramos, la a consecuencia inmediata de la exigencia de esta conciliación o intermediación, es el retraso garantizado del procedimiento de desahucio no solamente porque será necesario esperar un mínimo de dos meses para la presentación de la demanda, sino porque puede ocurrir que el órgano de mediación o intermediación, emplace a las partes, más allá de los dos meses o, simplemente, se retrase en emitir el documento acreditativo del resultado del procedimiento de conciliación o intermediación.</p>
<p>Nada dice la norma sobre el abono de los gastos originados por la mediación o intermediación, aunque hallándose una de las partes en situación de vulnerabilidad económica, podemos presumir quién no los va a abonar, quedando pendiente de resolver si esta parte será asumida por la contraparte o por la Administración Pública.</p>
<p>4º.- Incidente de suspensión de los Juicios de desahucio.</p>
<p>La modificación del apartado 4 y los nuevos apartados 6 y 7 del Art. 441 de la LEC, resultan, en algunos casos, totalmente redundantes e innecesarios, evitando corregir algunos de los problemas que se suscitaban hasta ahora en la práctica diaria de los Juzgados, sumando mayores retrasos, si cabe, a los Juicios de desahucio que son difícilmente justificables.</p>
<p>La reforma, a diferencia de lo que hacía la legislación sobre el covid-19 en su R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo para los desahucios arrendaticios, no habla de “incidente”, aunque como tal puede calificarse desde el momento que se inicia en un procedimiento en curso y requiere de resolución específica, pues concluirá por medio de Auto.</p>
<p>a) Se inicia como tal, con el Decreto de admisión a trámite de la demanda y requerimiento al demandado que sigue manteniendo la comunicación de oficio por parte de los Juzgados a dichos servicios. Las diferencias que encontramos respecto de la regulación anterior son las siguientes:</p>
<p>&#8211; Dichas obligaciones no se limitan solamente a los procedimientos del Art. 250.1.1º de la LEC, sino que se extienden también a los de los números 2º, 4º y 7º del mismo apartado 1, es decir, quedan incluidos los juicios de desahucios por falta de pago y expiración del término, incluyendo por lo tanto también los que tengan por objeto exclusivamente la reclamación de rentas y demás cantidades derivadas del contrato de arrendamiento lo que no acaba de tener mucho sentido; los de precario; los sumarios de recobrar la posesión, y por lo tanto, el especial contra okupas introducido por la Ley 5/2018, de 11 de junio; y los sumarios ejercitados por titulares de derechos inscritos.</p>
<p>&#8211; Si bien se mantiene, con relación a la regulación anterior, el deber de informar al demandado del derecho que le asiste de acudir a los servicios sociales competentes, se suprime sin embargo la necesidad de recabar su consentimiento para poder dar traslado a las Administraciones Públicas al igual que hace el Art. 150.4.</p>
<p>&#8211; La reforma es más exigente con la información a suministrar, pues se exige que contenga los datos exactos de identificación de dichas Administraciones y el modo de tomar contacto con ellas, algo que mucho Juzgados ya detallaban en sus Decretos de admisión a trámite de las demandas, pero que ahora puede resultar más relevante ante los nuevos organismos a los que hace referencia la Ley, pendientes de designar.</p>
<p>&#8211; Por otro lado, en la comunicación de oficio a los organismos competentes, se prevé que, de concurrir situación de vulnerabilidad, se requiera a aquellos para que presenten “… propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social a proporcionar por la Administración competente para ello y propuesta de medidas de atención inmediata a adoptar igualmente por la Administración competente, así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada …”. Ni que decir tiene que esta petición en estos momentos carece lamentablemente de contenido, sin perjuicio de que en un futuro lo pueda tener, como así deseamos, dada la carencia de viviendas sociales existentes y, en general, de ayudas suficientes.</p>
<p>&#8211; Y, la quizás más importante, que la notificación al órgano judicial por parte de los organismos competentes de las Administraciones Públicas, debe hacerse a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de diez días. No es clara sin embargo la norma en este punto, pues no precisa si este plazo se computa desde que los servicios sociales reciben el oficio del Juzgado, o desde que aquellos confirmen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, social. En cualquier caso, no son actuaciones de las que se de traslado a la contraparte, que no tendrá más remedio que consultar los autos para verificar el cumplimiento de los plazos.</p>
<p>Menor justificación tienen las exigencias para los grandes tenedores que, recordemos, habrán tenido que acompañar a la demanda de desahucio, como presupuestos necesarios de procedibilidad, el documento acreditativo de la concurrencia o no de situación de vulnerabilidad económica del demandado y el documento acreditativo de haber acudido a un procedimiento previo de conciliación o intermediación. Pues bien, a pesar de esto, se remitirá igual oficio a las Administraciones públicas competentes a efectos de que efectúen directamente, en el mismo plazo, la propuesta de medidas de atención inmediata a adoptar, así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada y las causas, que, en su caso, han impedido su aplicación con anterioridad.</p>
<p>b) Recibida la comunicación de los organismos competentes, o transcurrido el plazo, el Letrado o Letrada de la Administración de Justicia dará traslado a las partes para que en el plazo de cinco días puedan instar lo que a su derecho convenga. Sea cual sea el resultado de la comunicación queda al arbitrio del fedatario judicial la suspensión del procedimiento, que podrá decretarlo de encontrarse próxima la fecha del juicio o lanzamiento. Piénsese que, aunque los servicios sociales hayan comunicado que el demandado no se halla en situación de vulnerabilidad, dado que se trata de un trámite de alegaciones para ambas partes, podría el demandado alegar indefensión de no verificarse aquel traslado.</p>
<p>c) El incidente concluirá por medio de Auto, a la vista de la información recibida de las Administraciones Públicas competentes y de las alegaciones de las partes.</p>
<p>Lo más importante es que de decretarse la suspensión lo será por un plazo máximo, que la reforma eleva, de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro meses si se trata de una persona jurídica.</p>
<p>Transcurrido el plazo la Ley expresa que la suspensión “… se alzará … automáticamente y continuará el procedimiento por todos sus trámites …”. No se especifica cómo debe computarse el plazo, si desde que se hubiera decretado por el LAJ o desde el Auto que acuerde la suspensión, aunque mucho nos tememos que se imponga esta segunda opción. Para que realmente tuviera carácter automático dicha suspensión habría sido deseable que en el propio Auto o en Decreto que acompañase al mismo, se fijase ya la fecha para la celebración del juicio o la fecha del lanzamiento, pues de no ser así, a nadie escapa que los dos o cuatro meses, se multiplicarán por dos o por tres, sin perjuicio que sea necesario presentar el correspondiente escrito que requiera el alzamiento “automático” de la suspensión por el transcurso del plazo legalmente previsto.</p>
<p>5º.- Novedades en la ejecución de los Juicios de desahucio.</p>
<p>La Ley modifica en este punto el Art. 549, ap. 3 y 4 y el Art. 704, ap. 1. A partir de ahora el lanzamiento podrá solicitarse no solamente en las demandas de desahucio por falta de pago y expiración del término sino, en cualquier tipo de desahucio, sorprendiendo sin embargo que el apartado 4 siga refiriéndose sin embargo solamente a los primeros.</p>
<p>Por otro lado, se exige que en la Sentencia o en el Decreto figure el día y hora ”exacta” del lanzamiento, algo que ya imponían los Arts. 440.3 y 440.4 de la LEC. Esta exigencia del día y hora “exacta” tiene su origen en el sistema seguido por algunos Juzgados, especialmente en Barcelona, en los que, para evitar actos organizados contra lanzamientos, se limitaban a señalar el día en el que se iba a producir.</p>
<p>En definitiva, la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, y, especialmente su reforma procesal, por muy bien intencionada que pretenda ser para la protección de las personas en situación de vulnerabilidad económica y social, carga sobre las espaldas de los propietarios-arrendadores una función social que prima facie corresponde al Estado, O9y que lamentablemente redunda en inseguridad jurídica, que solamente va a conseguir una retracción de la oferta del arrendamiento de viviendas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/novedades-en-los-juicios-de-desahucio-tras-la-nueva-ley-por-el-derecho-a-la-vivienda/">Novedades en los juicios de desahucio tras la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/06/iStock-1252711566.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los arrendamientos de vivienda tras la Ley por el Derecho a la Vivienda</title>
		<link>https://www.otrosi.net/arrendamientos-ley-por-el-derecho-a-la-vivienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Torres López]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otrosi.net/?p=4130</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva ley, ya en vigor, era probablemente necesaria. Sin embargo, el texto resultante ha estado lejos del deseado consenso</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/arrendamientos-ley-por-el-derecho-a-la-vivienda/">Los arrendamientos de vivienda tras la Ley por el Derecho a la Vivienda</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, ya en vigor, era probablemente necesaria. Sin embargo, el texto resultante ha estado lejos del deseado consenso entre los dos partidos mayoritarios del arco parlamentario que una norma de esta naturaleza necesitaba, aunque solamente sea por el hecho de que un cambio de gobierno pueda implicar una más que probable reforma del texto actual.</p>
<p>Centrándonos en los aspectos estrictamente jurídicos, pues la fuerte carga ideológica que exhibe la Ley daría para escribir ríos de tinta sobre la misma, diremos que se trata de una norma de carácter eminentemente programático y transversal, de naturaleza principalmente administrativa, aunque con importantes efectos en el ámbito civil, procesal y fiscal, que probablemente van a tener una aplicación limitada desde el momento en el que las competencias en materia de vivienda se hallan transferidas a las Comunidades Autónomas.</p>
<p>Seguramente, a los abogados en ejercicio nos resulte mucho más relevante la reforma procesal afectante a los juicios de desahucio que impone el nuevo texto normativo, y que comentamos en otro artículo, que la referida a los arrendamientos de vivienda, mucho más mediática, pero que va a tener un efecto más limitado en nuestra práctica profesional diaria sin que ello suponga minusvalorar su importancia.</p>
<p>La Ley introduce importantes cambios en el ámbito de los arrendamientos de vivienda, algunos de los cuales han pasado desapercibidos en los medios de comunicación y que, como vamos a ver, van a resultar de imposible aplicación práctica, como son por ejemplo los referidos a la información mínima necesaria que habrá que suministrar a partir de ahora en los arrendamientos de vivienda. Otras novedades, al depender su aplicación de las Comunidades Autónomas y administraciones locales competentes, van a tener una aplicación muy limitada desde el momento en que el principal partido de la oposición ha manifestado abiertamente su negativa a aplicarlas, como son todas aquellas dirigidas al control de las rentas de los contratos; sin olvidar otras, igualmente poco comentadas, que sin embargo van a ser de aplicación, sin discusión, a la totalidad de contratos de arrendamiento de vivienda vigentes o que se celebren en el futuro, como son las referidas a la limitación en cuanto a la actualización de la renta.</p>
<p>Desbrozamos a continuación los principales puntos de la reforma, con el riesgo que conlleva siempre su primera aproximación, siendo conscientes de que su lectura puede resultar farragosa, pero que sin embargo entendemos imprescindible desde un punto de vista profesional.</p>
<h4>1º.- Información mínima a suministrar en los contratos de arrendamiento de vivienda</h4>
<p>La Ley empieza atribuyendo en su Art. 30 al arrendatario de vivienda, los mismos derechos reconocidos en la legislación para la defensa de consumidores y usuarios, lo que <em>prima facie</em> nos conduce a plantear la cuestión de si a partir de ahora, todo arrendatario de vivienda tiene la condición de consumidor, como ya sostenía un sector de la doctrina, o solamente se puede considerar como tal aquel que se incluya en la definición establecida por la legislación especial. No se trata de una cuestión baladí, pues supone sumar a la normativa arrendaticia, ya de por sí proteccionista, toda la legislación sobre consumidores y usuarios, que podría ser invocada en los distintos procedimientos arrendaticios. Fuera de esta cuestión, la finalidad de la norma es que el arrendatario reciba toda la información posible sobre la vivienda que pretende arrendar y sobre la condiciones del contrato, y si bien no puede ser objeto de discusión de que dicha información y publicidad debe ajustarse a la realidad, como impone el citado precepto y la legislación especial, mucho más discutible, resulta la información mínima que en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda permite exigir el Art. 31 del nuevo texto. Si ya de por sí resulta imposible su aplicación en un contrato de compraventa, ninguna explicación tiene que la misma exigencia se prevea para un sencillo contrato de arrendamiento de vivienda.</p>
<p>De este modo, si bien tampoco hay nada que oponer a que por ejemplo se establezca la necesidad de identificar no solamente al arrendador sino también, en su caso, al intermediador; o de señalar las condiciones económicas del contrato, o incluso de las características esenciales de la vivienda y del edificio que puedan resultar de la información registral; no tiene sin embargo ninguna explicación que, por ejemplo, un arrendatario pueda exigir, dado que la Ley no distingue entre compraventa y arrendamiento, el Certificado o cédula de habitabilidad de la vivienda; su superficie útil y construida, diferenciando en caso de división horizontal la superficie privativa de las comunes; la antigüedad del edificio y, en su caso, de las principales reformas o actuaciones; los servicios e instalaciones de que dispone, tanto individuales como comunes; la información acerca de la detección de amianto u otras sustancias peligrosas o nocivas para la salud etc.</p>
<p>Carece por lo tanto de sentido que, a partir de ahora, todo propietario que pretenda arrendar una vivienda requiera de la previa elaboración de un informe técnico complejo, costoso, y, en muchas ocasiones, imposible de completar.</p>
<p>Sí parece adecuado sin embargo que el arrendador deba informar, tanto en la publicidad como en el propio contrato, si la vivienda se halla incluida en lo que serán las Zonas de Mercado Residencial Tensionado y, en este caso la última renta que hubiese estado vigente en los últimos cinco años o el valor que pueda corresponder atendiendo al Índice de Referencia para la actualización actual de los contratos de arrendamiento de vivienda, imprescindible como luego comentaremos.</p>
<p>En definitiva, auguramos la imposibilidad de suministrar, aunque la solicite el arrendatario de una vivienda, gran parte de la información a la que se refiere el Art. 31 de la Ley, por lo que no podemos más que preguntarnos ¿de qué sirve entonces una norma imposible de aplicar en la práctica?</p>
<h4>2º.- Las Zonas de Mercado Residencial Tensionado, los grandes tenedores, las situaciones de vulnerabilidad económica y social y el nuevo Índice de Referencia para la actualización anual de la renta.</h4>
<p>Una de las finalidades principales de la Ley es la intervención en el mercado de arrendamiento de viviendas, estableciendo un sistema de control de las rentas, para supuestamente evitar los abusos que puedan existir.</p>
<p>Para entender la forma en la que la nueva norma permite imponer dicho control es necesario tener en consideración previamente una serie de conceptos básicos. De este modo traemos a colación:</p>
<p><strong>a) Zonas de Mercado Residencial Tensionado</strong>: Reguladas en el Art. 18, son aquellas que las administraciones competentes en materia de vivienda, Comunidades Autónomas o administraciones locales declaren de acuerdo con su normativa reguladora, en ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población. Como indicábamos con anterioridad, la competencia autonómica y local de la declaración de estas Zonas augura una aplicación totalmente dispar en el territorio nacional, al albur del gobierno autonómico o local que toque en suerte.</p>
<p>La declaración de estas Zonas exige unas mínimas garantías pues, sin entrar en el detalle, deberán contar con una Memoria justificativa, trámite de información pública y Resolución administrativa motivada; además de la elaboración de Plan específico, teniendo una duración de vigencia de tres años que será prorrogable. Toda esta tramitación permitirá su impugnación en vía administrativa, con todas las consecuencias que ello puede implicar.</p>
<p><strong>b) Grandes tenedores</strong>: Según el Art. 3 k de la Ley, tienen tal condición, las personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.</p>
<p>Ahora bien, las Comunidades Autónomas, en las Zonas de Mercado Residencial Tensionado, podrán ampliar el número de grandes tenedores dado que podrán otorgar tal condición a todos aquellos propietarios titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial, siempre que todos ellos se encuentren en dichas zonas.</p>
<p>Con excepción de este último matiz, la ley reproduce el concepto de gran tenedor que recogió el R.D.-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19, con la única diferencia de precisar que deben tratarse de inmuebles urbanos de naturaleza residencial. Lamentablemente se ha perdido de nuevo la oportunidad de aclarar qué ocurre en supuestos de copropiedad o usufructo, o cómo debe realizarse el cómputo de la residencia habitual o de los propios 1.500 m2. Ante ello, seguimos manteniendo el criterio, dado que la norma no distingue, de que solamente deberán tenerse en consideración a efectos de cualquier cómputo, situaciones de plena propiedad, consecuencia de lo cual, si una persona física dispone de diez inmuebles de naturaleza residencial en propiedad y un undécimo en nuda propiedad, usufructo o condominio con terceros, no debe considerarse gran tenedor, puesto que la norma se refiere a más de diez y en situación de pleno dominio; por otro lado, la disposición no permite excluir a efectos del cómputo, aquellos inmuebles de su propiedad que no destine a arrendamiento, ya sea porque se trate de su residencia habitual o de su segunda residencia. En cuanto al cómputo de la superficie, consideramos que, al no ir acompañado de calificativo alguno, ha de interpretarse en el sentido de superficie total o construida.</p>
<p><strong>c) Situación de vulnerabilidad económica y/o social</strong>: No resuelve de forma afortunada la Ley estas situaciones, máxime al distinguir la vulnerabilidad económica de la social que no siempre tienen porqué coincidir. De este modo, si bien la primera se halla definida en el Art. 441.7º de la LEC con criterios que podríamos calificar de objetivos, no ocurre lo mismo respecto de la social.</p>
<p>La vulnerabilidad económica la hallamos, según el citado precepto referido a los juicios de desahucio, cuando la renta más los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones supongan más del 30% de ingresos de la unidad familiar y el conjunto de dichos ingresos no alcance, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM) que recordemos que en este año 2023, alcanza los 600,-€ en su cómputo mensual, incrementándose dicho límite porcentualmente según concurras determinadas situaciones específicamente reguladas.</p>
<p>Respecto de la social, el mismo precepto, se limita a señalar que “podrá considerarse” que concurre cuando, entre quienes ocupen la vivienda, se encuentran personas dependientes, ap. 2 del Art. 2 de la Ley 39/2006, 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, víctimas de violencia sobre la mujer o personas menores de edad. Por lo tanto, nada impide que “puedan considerarse” otras situaciones de vulnerabilidad social, especialmente cuando el Art. 14 de la nueva Ley entiende como situación de especial vulnerabilidad, la de las personas, familias y unidades de convivencia que viven en asentamientos y barrios altamente vulnerables y segregados, ya sea tanto en entornos urbanos como en zonas rurales, a las personas sin hogar, a las personas con discapacidad, a los menores en riesgo de pobreza o exclusión social, a los menores tutelados que dejen de serlo y a cualesquiera otras personas vulnerables que se definan en el momento de la actuación.</p>
<p><strong>d) Índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda</strong>: Nuevo índice que va a suponer la desaparición del IPC que ha sido utilizado hasta la fecha en la inmensa mayoría de los contratos de arrendamiento de vivienda. La Disp. Final Primera &#8211; Cinco, añade una Disp. Ad. Undécima a la LAU que se denomina; Índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, que ordena al Instituto Nacional de Estadística definir, antes del 31 de diciembre de 2024, este nuevo índice a efectos del Art. 18 de LAU con el objeto, dice, de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento.</p>
<p>No se trata de ninguna sorpresa pues ya el R.D.-ley 7/2019, 1 marzo, en su Disp. Ad. Segunda, anunciaba la creación de un nuevo índice de referencia del precio del alquiler de vivienda con la idea, afirmaba, de garantizar la transparencia y el conocimiento de la evolución del mercado del alquiler de viviendas, así como para aplicar políticas públicas que incrementen la oferta de vivienda asequible y para facilitar la aplicación de medidas de política fiscal, y a cuyo efecto se establecían una serie de reglas.</p>
<p>Se preveía entonces, y entendemos que se va a aplicar ahora, que serán las CCAA las que van a definir de manera específica y adaptada a su territorio, su propio índice de referencia, lo que va a traer como consecuencia, la disparidad de índices entre territorios, lo que no siempre puede resultar justificable.</p>
<h4>3º.- Nuevas prórrogas obligatorias en los contratos de arrendamiento de vivienda.</h4>
<p>La Disp. Final Primera – Uno de la nueva Ley, modifica el Art. 10 de la LAU en su apartado 2º, introduce dos nuevos apartados.</p>
<p>El primer aspecto que hay que tener en consideración es que estas nuevas prórrogas no se aplican a todos los contratos de arrendamiento de vivienda, pues solamente se verán afectados aquellos contratos en los que el arrendador es un gran tenedor, y aquellos otros que se hallen en las nuevas Zonas de Mercado Residencial Tensionado.</p>
<p><strong>a) Contratos de arrendamiento de vivienda en los que el arrendador tenga la condición de gran tenedor</strong>.</p>
<p>El Art. 10.2 de la LAU impone a partir de ahora una esta prórroga extraordinaria de un año que para que concurra obligatoriamente, es preciso:</p>
<p>&#8211; Que el arrendador sea un gran tenedor al que por lo tanto le viene impuesta la prórroga. No obstante, nada impide que aquel otro que no lo sea acuerde con el arrendatario dicha prórroga, pero, sin embargo, no le puede ser exigida por éste.</p>
<p>&#8211; Que, además, el arrendatario se halle en situación de vulnerabilidad social y económica, siendo preciso que este último solicite y acredite su situación a través de un Informe o Certificado de los servicios sociales.</p>
<p>Por lo tanto, una vez vencido el plazo mínimo de duración legal de cinco o siete años, según el arrendador sea persona física o jurídica; o de su prórroga de tres años, de no haber sido denunciado previamente el vencimiento del contrato por una u otra de las partes; se impone a los grandes tenedores, esta prórroga legal de un año.</p>
<p>Consecuencia de ello, lo más normal es que a partir de ahora, los arrendadores grandes tenedores, no permitan la prórroga de tres años que establece el Art. 10.1, dado que pueden denunciarla con al menos cuatro meses de antelación a su vencimiento.</p>
<p>Vemos como aquí, la LAU reformada, se remite a la definición de situación de vulnerabilidad económica y social establecida la nueva Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, es decir, al Art. 14 que, como indicábamos con anterioridad, no se atiene a criterios objetivos, quedando al albur de los servicios sociales, tal calificación que, además, no tendrá la valoración judicial salvo que se acuda a un procedimiento específico por este motivo.</p>
<p><strong>b) Contratos de arrendamiento de vivienda en Zontas de Mercado Residencia Tensionado</strong>.</p>
<p>La misma disposición citada en el punto anterior, introduce un nuevo apartado 3 en el Art. 10 de la LAU, imponiendo una prórroga obligatoria de 3 años para todos aquellos arrendamientos de viviendas que se hallen en Zonas de Mercado Residencial Tensionado.</p>
<p>Esta nueva prórroga afecta a todos los contratos que se celebren en estas Zonas, independientemente de que el arrendador sea o no gran tenedor y de que el arrendatario se halle o no en situación de vulnerabilidad.</p>
<p>Por lo tanto, al igual que en la prórroga a la que hacemos referencia en el punto anterior, una vez vencido el plazo mínimo de duración legal de cinco o siete años, según el arrendador sea persona física o jurídica; o de su prórroga de tres años, de no haber sido denunciado previamente el vencimiento del contrato por una u otra de las partes; cuando expresamente lo solicite el arrendatario, el contrato se prorrogará por plazos anuales, hasta un máximo de tres años más.</p>
<p>Consecuencia de ello, dado que los contratos celebrados en estas Zonas pueden prorrogarse perfectamente hasta los once y trece años, según el arrendador sea persona física o jurídica, lo más normal es que a partir de ahora, los arrendadores afectados no permitan la prórroga de tres años que establece el Art. 10.1, dado que pueden denunciarla con al menos cuatro meses de antelación a su vencimiento y soporten solamente la que viene impuesta legalmente.</p>
<p>Las excepciones vienen impuestas:</p>
<p>&#8211; Por la existencia de un acuerdo de las partes, que se entiende no podrá ser perjudicial para el arrendatario pues iría en contra del Art. 6 de la LAU.</p>
<p>&#8211; Porque se haya suscrito un nuevo contrato de arrendamiento, entre arrendador y arrendatario, con las limitaciones en la renta que en su caso procedan por aplicación de lo dispuesto en los apartados 6 y 7 del Art. 17 que luego comentaremos.</p>
<p>&#8211; Porque el arrendador tenga necesidad de la vivienda en los términos expuestos por el Art. 9.3 de la LAU, que requerirán en consecuencia, que se haya previsto esta posibilidad en el contrato de arrendamiento firmado.</p>
<p>¿Cabe la acumulación de ambas prórrogas en el caso de que nos hallásemos ante un contrato de arrendamiento de vivienda de gran tenedor en Zona de Mercado Residencial Tensionado, hallándose el arrendatario en situación de vulnerabilidad económica o social? Dada la redacción de la norma, creemos que no sería posible, dado que el nuevo apartado 3 se refiere al fin de la prórroga obligatoria prevista en el Art 9.1 o al periodo de “prórroga tácita” que, aunque en su redacción actual dice, del “apartado anterior”, debe considerarse del apartado 1 que es el que realmente recoge dicha prórroga tácita, puesto que el apartado 2 se refiere a la “prórroga extraordinaria”. Disculpen el galimatías, pero viene obligado por la redacción legal.</p>
<h4>4º.- Límites en la libre fijación de la renta</h4>
<p>En reiteradas ocasiones hemos mostrado nuestra postura claramente contraria a la imposición de dicho control sin que ello implique ignorar la difícil situación por la que pasan distintos sectores de la población, especialmente los jóvenes, a la hora de acceder a una vivienda. Sin perjuicio de que no consideremos que la Constitución española impide algún tipo de limitación o control, su imposición debe ser una última medida que no se halla actualmente justificada. El cumplimiento de la función social que emana de la Constitución española corresponde al Estado y no a los particulares, disponiendo el primero de instrumentos suficientes para garantizar el derecho de los españoles a una vivienda digna, sin necesidad de cargar sobre aquellos, dicha misión. Así ha ocurrido siempre con las Viviendas de Protección Oficial o de Promoción Pública, ya sean en propiedad o en arrendamiento, que tienen precisamente por objeto cumplir con el citado mandato constitucional. El hecho de que las Administraciones Públicas en determinados momentos puntuales de crisis económica decidieran desprenderse de gran parte de estas viviendas supone una actuación probablemente irresponsable que no debe implicar que a partir de ahora se abandone la vía que ha resultado siempre la correcta, sin perjuicio de que fuera manifiesta-mente mejorable, cargando directamente el peso sobre los propietarios de viviendas. Tampoco entendemos extrapolables a España algunos ejemplos que se citan habitualmente provenientes de otros países de Europa, mencionándose como para-digma el alemán y, concretamente, el de la ciudad de Berlín, declarada nula por el Tribunal Constitucional alemán y que sin perjuicio de ello, se trata de mercados y culturas, en cuanto a la vivienda se refiere, totalmente distintos, con claro predominio del alquiler y en el que, conviene recordar, cualquier incumplimiento del arrendatario obtiene una respuesta inmediata por parte de los tribunales, algo que sin embargo no ocurre en España.</p>
<p>Esta limitación de la renta viene recogida en la Disp. Final Primera – Tres de la Ley que modifica el Art. 17 de la LAU, creando dos nuevos apartados, el 6º y el 7º.</p>
<p>No deja de resultar, hasta cierto punto contradictorio, que tras la reforma se mantenga incólume el apartado 1 del citado artículo que sigue estableciendo que “<em>La renta será la que libremente estipulen las partes</em>”. Esto significa que se sigue partiendo del principio de libertad de pacto en cuanto a la fijación de renta, por lo que, cualquier limitación debe venir impuesta legalmente, como así hacen ahora, los nuevos apartados 6º y 7º.</p>
<p>La nueva redacción es manifiestamente mejorable pues su lectura resulta ciertamente confusa. Es difícil de entender que una redacción que ya aparecía prácticamente igual en el texto del anteproyecto, no haya podido ser mejorada mínimamente. No se entiende por ejemplo que en el apartado 7º se prevea una limitación en el caso de inexistencia de contrato vigente en los últimos cinco años y, sin embargo, no se prevea nada al respecto en el apartado 6º, en igual situación.</p>
<p>En cualquier caso, debemos partir de una premisa básica, la limitación de la renta solamente será posible en las Zonas de Mercado Residencial Tensionado. Partiendo de esta base, debemos distinguir:</p>
<p><strong>a) Contratos de arrendamiento de vivienda en los que el arrendador NO tenga la condición de gran tenedor.</strong></p>
<p>En estos casos, si la vivienda se halla ubicada en una de estas Zonas, durante todo el periodo de tiempo en el que esté vigente su declaración, la renta estará limitada por regla general, para los nuevos contratos que se celebren, en los siguientes términos: “… <em>no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusión al arrendatario de cuotas o gastos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior</em> …”.</p>
<p>Las dudas que se suscitan son inmediatas: ¿Qué ocurrirá si no existe o se ha perdido dicho contrato? ¿Existen organismos inspectores que permitan su averiguación? Por mucho que la nueva Ley prevea, como luego comentaremos, la creación de una nueva Base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda, reforzando la coordinación en la información sobre estos, dado que los depósitos de las fianzas de los contratos de arrendamiento de vivienda son muy limitados, realidad contra la que no se ha podido luchar hasta la fecha, del mismo modo que resulta igualmente limitada la capacidad inspectora. Consecuencia de ello auguramos que no va a ser posible en muchos casos la pretendida limitación inicial. Curiosamente, no se prevé en este caso, a diferencia de lo que ocurre en el apartado siguiente del precepto para el caso de grandes tenedores, limitación alguna en el caso de que el contrato anterior no exista, aunque lo más lógico sería, en caso de conflicto, resolver que la nueva renta del contrato no exceda del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de Índices de Precios de Referencia que se cree en el futuro.</p>
<p>El apartado 6 del Art. 17 de la LAU prevé una serie de excepciones a esta limitación que permitirán un incremento máximo del 10% sobre la última renta de contrato vigente en los últimos cinco años, en alguno de los siguientes supuestos:</p>
<p>&#8211; Cuando el contrato se firme por un periodo de diez o más años, ya sea el plazo fijado directamente o través de prórrogas a las que pueda acogerse voluntariamente el arrendatario. No vemos mucho futuro a la aplicación de esta excepción dado que la delimitación de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado tiene carácter temporal, y los cambios políticos van a influir decisivamente, por lo que pocos van a ser los arrendadores que quieran atarse a un contrato de larga duración con el único premio de un incremento de un 10% de la renta.</p>
<p>&#8211; Cuando en los dos años anteriores a la firma del nuevo contrato, la vivienda: O bien haya sido objeto de obras de rehabilitación, en los términos previstos en el Art. 41.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; o estas obras de rehabilitación o mejora supongan un ahorro de energía primaria no renovable del 30% que deberán acreditarse de la forma que establece la norma; o bien sean obras de mejora de la accesibilidad, debidamente acreditadas.</p>
<p><strong>b) Contratos de arrendamiento de vivienda en los que el arrendador tenga la condición de gran tenedor</strong>.</p>
<p>En estos supuestos de gran tenedor, es importante indicar que el apartado 7º empieza afirmando “… <em>sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior</em> …”, por lo que, a lo anteriormente dicho, habrá que añadir, que, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de Índices de Precios de Referencia.</p>
<p>En este caso sí prevé la Ley, o al menos así parece deducirse de su confusa redacción, que en el caso de que no hubiese un contrato anterior vigente en los últimos cinco años, se aplicará esta misma limitación.</p>
<h4>5º.- Límites en la actualización de la renta.</h4>
<p>A día de hoy, mayores efectos que todo lo expuesto hasta ahora, tiene la limitación en cuanto a la actualización de la renta, pues afecta a todos los contratos de arrendamiento de vivienda que ya se hallan en vigor o que puedan firmarse en un futuro.</p>
<p>Esta limitación en la actualización de la renta tiene su origen en el R.D.-ley 6/2022, de 29 de marzo, en cuyo Art. 46, preveía una limitación que se le otorgaba el carácter de extraordinaria, pero fue prorrogada posteriormente por el R.D.-ley 11/2022, de 25 de junio, hasta el 31 de diciembre de 2022 y por el R.D.-ley 20/2022, de 27 de diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2023.</p>
<p>Impuesta originariamente por Real Decreto, persiste en su compleja redacción, por lo que diremos, muy resumidamente, que no permite una actualización superior a la aplicación del Índice de Garantía de Competitividad (IGC) que es de 2%. La diferencia más importante entre IPC, que es el que figura en la inmensa mayoría de los contratos de arrendamiento, e IGC, radica en que este segundo se halla limitado tanto al alza como a la baja de forma tal que cuando su tasa de variación sea negativa se considerará que el valor de revisión es cero, y cuando exceda el límite superior del objetivo a medio plazo de inflación del Banco Central Europeo (2%), se considerará este como valor de referencia para las revisiones.</p>
<p>La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda lo que hace ahora en su Disp. Final Sexta es modificar, una vez más, el Art. 46 del primer R.D.-ley citado y, de forma congruente con su última modificación, mantener hasta el 31 de diciembre de 2023, el mismo límite del IGC y por lo tanto del 2% para todos los contratos que se actualicen hasta esa fecha.</p>
<p>Sin embargo, de forma ciertamente sorprendentemente, decide apartarse del IGC durante el año 2024, estableciendo que la limitación de la renta no podrá ser superior al 3% y fijando que la actualización de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda a partir del año 2025 se regirá por el nuevo Índice General de Referencia.</p>
<p>En resumen:</p>
<p>&#8211; Hasta el 31 de diciembre de 2023, la actualización de la renta no podrá ser superior al 2%.</p>
<p>&#8211; Desde el 1 de enero de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2024, la actualización de la renta no podrá ser superior al 3%.</p>
<p>&#8211; A partir del 1 de enero de 2025, la actualización se realizará por el nuevo Índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda.</p>
<h4>6º.- El pago de la renta a través de medios electrónicos.</h4>
<p>La Disp. Final Primera &#8211; Dos, modifica también el apartado 3º del Art. 17 de la LAU, exigiendo ahora que el pago de la renta se efectúe por medios electrónicos, salvo que alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se efectúe en metálico y en la vivienda arrendada.</p>
<p>No obstante la polémica creada hasta el último momento en sede parlamentaria por esta imposición, dada la desprotección de un número considerable de ciudadanos que por razones de edad u otros motivos, no tiene acceso a estos medios, debe reconocerse que la redacción del precepto de la LAU había quedado totalmente anacrónica y que la protección de aquellas personas puede producirse con la redacción actual que excepciona supuestos especiales.</p>
<h4>7º.- El abono de los gastos de gestión inmobiliaria.</h4>
<p>La Disp. Final Primera – Cuatro, modifica el Art. 20.1 de la LAU, pero solamente en cuanto a que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato que serán de cargo del arrendador, independientemente de que este sea persona física o jurídica, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, desde la reforma del 2019, que solamente se imponían al arrendador cuando era persona jurídica.</p>
<p>A partir de ahora el arrendador siempre va a tener que sufragar estos gastos. Es una realidad que su abono no suele figurar en los contratos de arrendamiento, pues el propio intermediario se encarga de su cobro de forma independiente, habiendo sido la práctica habitual hasta ahora que los mismos sean abonados por los arrendatarios. Solamente podemos indicar que el hecho de que sea el arrendador el que deba sufragarlos, aventura su repercusión en el arrendatario a través de un incremento de la renta del contrato.</p>
<p>Por mucho que se haya dicho en algunos medios, la Ley no modifica la repercusión de los gastos generales, servicios y tributos, en los contratos de arrendamiento. Sin embargo no puede negarse que si hasta ahora no solía recomendarse a los propietarios, por regla general, la repercusión de dichos gastos dada la complejidad intrínseca impuesta por el Art. 20 de la LAU, ahora, ante las limitaciones en la actualización y, en muchos contratos, en la propia renta, va a imponerse la práctica de tal repercusión que, además, permite diferenciar lo que es propiamente renta, de lo que son otras cantidades que se derivan del contrato de arrendamiento, generalmente unidas al propio uso de la vivienda.</p>
<h4>8º.- La nueva base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda.</h4>
<p>En el Anteproyecto se hacía referencia a un nuevo Registro de contratos de arrendamiento de vivienda, cuyo efecto parece que ha querido reducirse, cambiando Registro por Base de datos, términos que no son enteramente asimilables.</p>
<p>Es la Disp. Ad. Primera la que prevé la creación de esta Base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda y, añade, refuerzo de la coordinación en la información sobre contratos de arrendamiento.</p>
<p>La creación de esta Base de datos, tampoco se oculta, es conseguir el mayor control posible de los contratos existentes. No va a depender por lo tanto de arrendadores y arrendatarios, la inclusión de sus contratos en esta Base, sino que van a ser las propias administraciones públicas, la que, con apoyo en la información contenida en los actuales registros autonómicos de fianzas, en el Registro de la Propiedad muy escasos, y otras fuentes de información de ámbito estatal, autonómico o local, que no se determinan y que por lo tanto podrían ser de carácter tributario, acaben configurando las mismas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/arrendamientos-ley-por-el-derecho-a-la-vivienda/">Los arrendamientos de vivienda tras la Ley por el Derecho a la Vivienda</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2023/05/iStock-537686340.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no se inscriben los contratos de arrendamiento de local de negocio en el Registro de la Propiedad?  Algunos efectos de la STS 783/2021, de 15 de noviembre</title>
		<link>https://www.otrosi.net/por-que-no-se-inscriben-los-contratos-de-arrendamiento-de-local-de-negocio-en-el-registro-de-la-propiedad-algunos-efectos-de-la-sts-783-2021-de-15-de-noviembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Torres López]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 11:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otrosi.net/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Se extingue un contrato de arrendamiento de local de negocio que no se halla inscrito en el Registro de la Propiedad en el caso de una ejecución hipotecaria? ¿Puede el adjudicatario del local pedir el lanzamiento del arrendatario? La reciente Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 783/2021, de 15 de noviembre. Recurso 2284/2021. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/por-que-no-se-inscriben-los-contratos-de-arrendamiento-de-local-de-negocio-en-el-registro-de-la-propiedad-algunos-efectos-de-la-sts-783-2021-de-15-de-noviembre/">¿Por qué no se inscriben los contratos de arrendamiento de local de negocio en el Registro de la Propiedad?  Algunos efectos de la STS 783/2021, de 15 de noviembre</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">¿Se extingue un contrato de arrendamiento de local de negocio que no se halla inscrito en el Registro de la Propiedad en el caso de una ejecución hipotecaria? ¿Puede el adjudicatario del local pedir el lanzamiento del arrendatario? La reciente Sentencia del <a href="https://www.otrosi.net/civil/jurisprudencia/2021-738547" target="_blank" rel="noopener"><strong>TS, Sala Primera, de lo Civil, 783/2021, de 15 de noviembre</strong>. <strong>Recurso 2284/2021. Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE (SP/SENT/1121006)</strong></a>, zanja cualquier cuestión que pueda surgir al respecto, por lo tanto, en caso de enajenación forzosa por ejecución hipotecaria de un inmueble con arrendamiento de uso distinto al de vivienda, ante la ausencia de pacto y de inscripción registral, se aplican los Arts.1.571 y 1.549 del C.C., por lo que se extingue el arrendamiento. Considera el Alto Tribunal que no existe una norma para estos arrendamientos en los casos de enajenación forzosa de la finca a efectos de la subrogación del adquirente en los derechos y obligaciones del arrendador, sin que proceda hacer una interpretación extensiva del Art. 29 LAU. En similares términos se pronuncia la igualmente reciente Resolución de la <a href="https://www.otrosi.net/civil/doctrina/2021-738465" target="_blank" rel="noopener"><strong>DGSJFP, de 3 de noviembre de 2021. Ponente: Sofía Puente Santiago (SP/SENT/1120872)</strong></a> que incluso va más allá de la anterior Sentencia considerando que el contrato de arrendamiento de uso distinto al de vivienda quedó resuelto automáticamente tras la ejecución hipotecaria, sin que sea necesario notificar nada al arrendatario a efectos del ejercicio del derecho de retracto.</p>
<p style="text-align: left;">El pronunciamiento es claro, los conocimientos registrales del Ponente de la Sentencia indubitados, por lo que solamente nos queda el ejercicio de la sana crítica, dado que muchos arrendatarios de locales de negocio se ven abocados tras esta resolución a un futuro incierto, pues por mucho que se diga y luego comentaremos, aunque el contrato se inscriba en el Registro de la Propiedad, si lo es con posterioridad a la carga que se ejecuta, generalmente la hipoteca con la que se adquiere el inmueble, el contrato estará igualmente condenado a su extinción.</p>
<p style="text-align: left;">No podemos compartir, con todo el respeto que nos merecen siempre los pronunciamientos de la Sala, su criterio de que la regulación del Art. 29 puede ser desplazada o modificada por pacto en contrario conforme al Art. 4.3, pues aun cuando sea una obviedad, conviene recordar que dicho pacto no será oponible a terceros, y pensar en un posible acuerdo indemnizatorio para el caso de enajenación forzosa resulta poco realista pues la ejecución del inmueble será una prueba evidente de la insolvencia del arrendador. Tampoco consideramos acertado que se invoque como motivo, la imposibilidad de trasvasar preceptos de los arrendamientos de vivienda a los arrendamientos para uso distinto al de vivienda; pues la aplicación del Art. 29, no requiere trasvase, aplicación analógica o extensión alguna, sino simplemente la aplicación literal de la norma, que permite la subsistencia del arrendamiento salvo que en el adquirente se den los requisitos del Art. 34 de la LH, sin distinguir la adquisición deriva de una transmisión voluntaria o forzosa.</p>
<p style="text-align: left;">De poco vale recordar que el Art. 29 de la LAU es una regla especial que nace como excepción a lo establecido en los Arts. 1.549 y 1.571 del C.C. y que recoge dos presupuestos básicos, como son “enajenación de finca arrendada” y “protección del Art. 34 de la Ley Hipotecaria”, protegiendo la subsistencia del contrato de arrendamiento, salvo que el tercero adquirente no haya tenido conocimiento realmente de su existencia. El primero de los preceptos del Código Civil establece que “<em>Con relación a terceros, no surtirán efecto los arrendamientos de bienes raíces que no se hallen debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad.</em>”; mientras que el segundo, que ha dado lugar al celebre aforismo “venta quita renta”, indica que “<em>El comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.</em> <em>Si el comprador usare de este derecho, el arrendatario podrá exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que corresponda al año agrícola corriente y que el vendedor le indemnice los daños y perjuicios que se le causen.</em>”. Por lo tanto, de no existir el Art. 29 de la LAU, la transmisión del inmueble arrendado para uso distinto al de vivienda, voluntaria o forzosa, que no estuviere inscrito en el Registro de la Propiedad, implicaría la extinción del arrendamiento, sin perjuicio del derecho del arrendatario a reclamar al transmitente la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.</p>
<p style="text-align: left;">En el ámbito de las enajenaciones forzosas tienen especial relevancia a estos efectos los Arts. 661 y 675 de la LEC, indicando el primero de ellos bajo el título «<em>Comunicación de la ejecución a arrendatarios y a ocupantes de hecho. Publicidad de la situación posesoria</em>«, que “… <em>En la publicidad de la subasta que se realice en el Portal de Subastas, así como en los medios públicos o privados en su caso, se expresará, con el posible detalle, la situación posesoria del inmueble o que, por el contrario, se encuentra desocupado, si se acreditase cumplidamente esta circunstancia al Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución </em>…”, permitiendo el precepto dilucidar de acuerdo a lo establecido en el Art. 675.3, si los ocupantes tienen o no derecho permanecer en el inmueble, resolviéndose el incidente por medio de Auto frente al que no cabrá recurso. Dicho incidente procesal permite resolver los intentos de fraude que surgen en ocasiones con contratos celebrados por el propio ejecutado con el objeto de eludir la ejecución, salvaguardando, precisamente, la buena fe del adjudicatario que, sin embargo, no podrá negar de no ser así, el conocimiento de la existencia del contrato de arrendamiento.</p>
<p style="text-align: left;">Lamentablemente, escasa relevancia tiene ya afirmar que la mayoría de la doctrina o de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales se han venido inclinando por el mantenimiento del contrato de arrendamiento en los casos de ejecución hipotecaria, porque el criterio que finalmente se ha impuesto es el de la aplicación a estos supuestos del Art. 1.571 del C.C y por lo tanto de la extinción del contrato de arrendamiento.</p>
<p style="text-align: left;">Constatada la situación actual, partimos de la base de que el Registro de la Propiedad es el mayor garante de la seguridad de tráfico jurídico inmobiliario y su funcionamiento en nuestro país solamente puede calificarse de óptimo fuera de excepciones que no hacen más que confirmar la regla general. En el ámbito de los arrendamientos urbanos, el Art. 2.5 de la LH, prevé específicamente su inscripción, así como la de subarriendos, cesiones y subrogaciones de los mismos. En el caso de los arrendamientos de uso distinto al de vivienda, la situación es totalmente distinta a la de los arrendamientos de vivienda, a los no fue difícil aventurar el fracaso de la reforma de la LAU por la Ley 4/2013, de 4 de junio que estableció la necesidad de su inscripción para que pudiesen producir efectos respecto de terceros, pues a penas se inscribieron contratos, y que ha sido corregida por la posterior establecida por el R.D.-ley 7/2019, de 1 de marzo. En los arrendamientos de uso distinto al de vivienda, el arrendatario está generalmente bien asesorado y la recomendación de los profesionales del derecho, además de la obligada consulta al Registro previa a la firma del contrato, es favorable a su inscripción, máxime ahora tras la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, pues es la única manera de evitar situaciones indeseadas de extinción del contrato de arrendamiento por la ejecución de alguna carga que figure en el Registro tal como una hipoteca o embargo. Sin embargo, la realidad nos muestra como son muy pocos los contratos de esta modalidad de arrendamientos que acaban inscribiéndose en el Registro de la Propiedad. Dos son los motivos principales que alejan estos negocios jurídicos de la publicidad registral, sin perjuicio de otros derivados de la propia inscripción como son los de su cancelación cuando el arrendamiento no concluye de forma amistosa.</p>
<p style="text-align: left;">Por un lado, la evidencia de que ningún efecto tendrá la inscripción del arrendamiento, si ésta es posterior a la carga que se ejecuta. En nuestro ordenamiento jurídico rige el principio registral <em>prior in tempore potior in iure</em>, que otorga preferencia a quien primeramente accede al Registro, es decir, si como ocurre en la mayoría de la compraventa de inmuebles, estos se adquieren por medio de un préstamo hipotecario, la inscripción posterior del arrendamiento no tendrá ningún efecto si se ejecuta dicha hipoteca. La inscripción del arrendamiento tendrá todo su sentido si el contrato accede al Registro y el inmueble arrendado se halla libre de cargas, pues si su acceso es posterior a la hipoteca u otra carga, simplemente para ganar prioridad respecto de otras posteriores, sin perjuicio de que pueda seguir siendo recomendable previo análisis de las cargas existentes, la subsistencia del contrato no estará en absoluto garantizada.</p>
<p style="text-align: left;">El segundo motivo radica en el elevado coste que supone la elevación a público del contrato de arrendamiento y su inscripción en el Registro de la Propiedad, cuestión que no tienen por qué valorar los Magistrados que interpretan la norma, pero que sí debemos poner de manifiesto otros profesionales del derecho a fin de que el legislador pueda adoptar medidas al respecto, dado que los perjuicios pueden ser cuantiosos. Pongamos un ejemplo con importes siempre aproximados. Pensemos en un arrendamiento de un local de negocio en la Comunidad de Madrid de una duración de 10 años, pues cualquier contrato de esta naturaleza requiere una mínima estabilidad sin perjuicio de que luego pueda establecerse un periodo de obligado cumplimiento que puede oscilar entre los 3 y los 5 años, y una renta mensual de 3.000,-€ que se aproxima a una media bastante plausible para este tipo de contratos. Pues bien, muy aproximadamente, pues depende de la extensión del contrato, además de otros factores, hay que partir de la premisa de que tanto los aranceles notariales como registrales y el pago de impuesto, en este caso en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, se calculan sobre la renta de la totalidad del contrato, es decir en el ejemplo que estamos poniendo, serían 10 años y por lo tanto 360.000,-€ los que se tendrían en consideración para el cálculo y todo ello teniendo en cuenta una reducción del 25% en los aranceles notariales y registrales que impone el R.D. 297/1996, de 23 de febrero que regula la inscripción en el Registro de la Propiedad de los Contratos de arrendamiento. De este modo, el importe de la escritura publica podría rondar los 600,-€ (+ IVA), la inscripción en el Registro los 450,-€ (+ IVA) y el pago del impuesto por AJD que en la Comunidad de Madrid es del 0,75%, los 2.700,-€. Por lo tanto, el coste de la inscripción del contrato de arrendamiento en el Registro de la Propiedad en el ejemplo del que partimos rondaría los 4.000,-€. A algunos les parecerá mucho a otros suficiente, qué menos que poco más de una mensualidad de la renta para conseguir la protección registral, pero lo que es indudable es que es el motivo principal que aleja estos contratos del Registro, máxime cuando poco garantizan si hay una carga previa ya inscrita.</p>
<p style="text-align: left;">El legislador tiene que ser consciente de esta realidad y de los efectos que puede provocar la reciente Sentencia del Tribunal Supremo. No deja de llamar la atención que a efectos de determinar aranceles e impuestos se tome en consideración la renta de la totalidad del contrato y, sin embargo, procesalmente a todos los efectos se cuantifiquen los contratos de arrendamiento en atención a la anualidad de la renta (Art. 251.9ª LEC). En cualquier caso, las medidas no tienen por qué ir dirigidas a una reducción de aranceles, pues existen otras opciones, que pueden ir desde una imprescindible bonificación fiscal o, por qué no, aun cuando implique un cambio importante en nuestro sistema jurídico actual probablemente difícil de asumir, facilitar el acceso directo de estos contratos al Registro de la Propiedad.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/por-que-no-se-inscriben-los-contratos-de-arrendamiento-de-local-de-negocio-en-el-registro-de-la-propiedad-algunos-efectos-de-la-sts-783-2021-de-15-de-noviembre/">¿Por qué no se inscriben los contratos de arrendamiento de local de negocio en el Registro de la Propiedad?  Algunos efectos de la STS 783/2021, de 15 de noviembre</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo Real Decreto-ley 35/2020 para los arrendamientos de locales de negocio: Sostenella y no enmendalla</title>
		<link>https://www.otrosi.net/nuevo-real-decreto-ley-35-2020-para-los-arrendamientos-de-locales-de-negocio-sostenella-y-no-enmendalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Torres López]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otrosi.net/?p=2257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se anunciaban desde hace un tiempo, tras el fracaso de las adoptadas por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, nuevas medidas que paliasen, aunque fuese parcialmente, el caos que están sufriendo los arrendamientos de locales de negocio consecuencia de los efectos devastadores de la crisis originada por la pandemia del Covid-19. Algunas de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/nuevo-real-decreto-ley-35-2020-para-los-arrendamientos-de-locales-de-negocio-sostenella-y-no-enmendalla/">Nuevo Real Decreto-ley 35/2020 para los arrendamientos de locales de negocio: Sostenella y no enmendalla</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Se anunciaban desde hace un tiempo, tras el fracaso de las adoptadas por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, nuevas medidas que paliasen, aunque fuese parcialmente, el caos que están sufriendo los arrendamientos de locales de negocio consecuencia de los efectos devastadores de la crisis originada por la pandemia del Covid-19. Algunas de estas anunciadas medidas se presumen un simple desiderátum, como es la Disposición Adicional Séptima de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, que prevé que el Gobierno presente a las Comisiones de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado, en un plazo no superior a tres meses, ya consumidos, un análisis y estudio sobre las posibilidades y opciones legales, incluidas las existentes en derecho comparado, de incorporar en el régimen jurídico de obligaciones y contratos la regla <em>rebus sic stantibus</em>. Dicha Disposición Adicional fue consecuencia del rechazo de la propuesta de modificación del Art. 1258 del Código Civil que pretendía la plena inclusión de la citada doctrina en nuestro ordenamiento jurídico.</p>
<p style="text-align: left;">Lamentablemente, y sin perder la esperanza de que la citada Comisión acierte con la elaboración del marco legislativo adecuado, aunque ya solamente sirva para futuras catástrofes, se dicta ahora un nuevo Real Decreto que es una mera continuación del anterior Real Decreto-ley 15/2020, y que lamentablemente no tiene en consideración ni la experiencia de los últimos meses en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, ni los problemas que están suscitando los numerosos procedimientos judiciales ya en curso, sin tan siquiera da solución a las dudas que el primer Real Decreto suscitó.</p>
<p style="text-align: left;">Para comprender y analizar este nuevo Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo del sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, cuyo Capítulo I (Arts. 1 a 6), bajo el título “Medidas extraordinarias dirigidas a arrendamientos de locales de negocio”, es objeto del presente comentario; resulta imprescindible colocarlo paralelamente, a modo de “juego de errores”, al anterior Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, igual Capítulo I (Arts. 1 a 5). Este simple ejercicio comparativo nos muestra como los Arts. 2, 3, 4 y 5, mantienen idéntica redacción con nimios cambios, modificándose de forma relevante solamente el Art. 1 e introduciéndose un nuevo Art. 6 que excluye la aplicación de estas medidas a los arrendadores en concurso de acreedores.</p>
<p style="text-align: left;">Por lo tanto, resulta frustrante que tras el fracaso el Real Decreto-ley 15/2020, que no impidió en absoluto la litigiosidad, se insista en lo mismo o ni tan siquiera se corrijan o aclaren algunos de los errores que aquél contenía. Poco costaba haber clarificado el concepto de gran tenedor en situaciones de copropiedad, usufructo etc, la disposición de las fianzas etc. A ello hay que añadir que las ayudas directas a</p>
<p style="text-align: left;">arrendadores y arrendatarios, frente de otros países de nuestro entorno, son inexistentes, y los incentivos fiscales mínimos.</p>
<p style="text-align: left;">La diferencia relevante entre uno y otro Real Decreto, radica en que el 15/2020 permitía a determinados arrendatarios, autónomos o Pymes, y siempre que sus arrendadores además fueran grandes tenedores de inmuebles, lo que prácticamente reduce su aplicación apenas a un 5% de los contratos de arrendamiento de locales de negocio, solicitar solamente una moratoria en el pago de la renta; mientras que el 35/2020, permite a estos mismos arrendatarios solicitar, o bien la moratoria o bien una reducción del 50% de la renta, pero ojo, dejando la decisión final a voluntad del arrendador. Es decir, lo mismo, pero ampliando su plazo de aplicación, como mínimo hasta el mes de mayo, en el que todos deseamos concluya el estado de alarma, sus prórrogas en su caso y cuatro meses más.</p>
<p style="text-align: left;">En consecuencia, hecha la salvedad del nuevo Art. 6, las diferencias hay que buscarlas en el Art. 1 del Real Decreto-ley 35/2020, que resumidamente establece que en los contratos de arrendamiento de uso distinto al de vivienda del Art. 3 de la LAU y los de industria, cuyos arrendadores sean grandes tenedores, entendiendo como tales, al igual que en el 15/2020, a los titulares de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o que dispongan de una superficie de más de 1.500 m2, podrán solicitar antes del 31 de enero de 2021, o bien una reducción del 50% de la renta o bien una moratoria en su pago, en ambos casos, durante el tiempo que dure el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por lo tanto con carácter retroactivo pero con limitación en su plazo y sus prórrogas, pudiéndose extender a las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro meses.</p>
<p style="text-align: left;">Como aspectos positivos indicaremos que por un lado la redacción de este Art. 1 es bastante mejor que la del anterior, pues deja más clara la extensión de las medidas que deben entenderse aplicables durante el estado de alarma, su prórrogas y cuatro meses más como máximo, no cuatro meses en total como el anterior podía inducir a pensar, y por otro, prevé que los gastos comunes queden excluidos de estas medidas y que por lo tanto, en cualquier caso, van a tener que seguir siendo abonados por los arrendatarios.</p>
<p style="text-align: left;">Es importante tener consideración como novedad que la notificación por parte del arrendador, una vez haya recibido la solicitud de moratoria o de reducción de la renta por parte del arrendatario, comunicando a éste su decisión de optar por una o por otra, debe ser ahora fehaciente y en un plazo no superior a 7 días, fehaciencia que sin embargo no se exige al arrendatario, aunque sea recomendable, siendo relevante reseñar que de no producirse esta notificación, se impondrá la opción elegida por el arrendatario, probablemente la reducción de la renta del 50%, salvo que su situación sea ya tan desesperada que trate simplemente de ganar tiempo.</p>
<p style="text-align: left;">Indudablemente la posición de arrendatarios y arrendadores no es la misma ahora que hace unos meses cuando el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró por primera vez en esta crisis el estado de alarma en España, pues a pesar de que la incertidumbre sobre el restablecimiento de la tan ansiada normalidad sigue existiendo, muchos arrendadores-grandes tenedores empiezan a ser conscientes de que los negocios de algunos de sus arrendatarios son inviables económicamente a pesar de que estos últimos intenten desesperadamente que no sea así. ¿Tiene sentido en estos casos una nueva moratoria de la renta que probablemente sea imposible recuperar y que además aparca temporalmente la opción de desahucio por falta de pago? Como siempre, habrá que examinar cada contrato, cada actividad que se desarrolle, y aun a sabiendas del riesgo que conlleva para determinados grandes tenedores apartarse de decisiones iguales para todos sus arrendatarios, en muchos casos será preferible admitir esa reducción del 50% de la renta que mida la viabilidad de la actividad económica del arrendatario y permita en caso de impago la inmediata acción de desahucio. El paisaje para estos propietarios dentro de muchos meses puede ser desolador, pues cuando supuestamente deban empezar a cobrar las rentas con los incrementos derivados de los prorrateos de las moratorias concedidas, es posible que se encuentren con arrendatarios, que uno detrás de otro, se declaran en concurso de acreedores.</p>
<p style="text-align: left;">El apartado 4 del Art. 1 se refiere a los muchos acuerdos ya alcanzados hasta la fecha sobre reducción o moratoria de la renta, permitiendo la aplicación del Real Decreto-ley 35/2020 a los contratos de arrendamiento en la parte del período comprendido por el estado de alarma declarado por el Real Decreto-ley 926/2020 de 25 de octubre, y sus prórrogas, así como un máximo de cuatro meses posteriores a la finalización de la última prórroga de dicho estado de alarma, no comprendida por el acuerdo alcanzado por las partes. Es importante recordar a estos arrendatarios que en estos casos también deben solicitar la moratoria o reducción de la renta antes del 31 de enero, aunque solamente sea para cuando finalice el periodo cubierto por el acuerdo, máxime cuando a día de hoy desconocemos si existirán prórrogas o no del estado de alarma.</p>
<p style="text-align: left;">El resto de arrendadores y arrendatarios, es decir, el 95% de contratos de arrendamiento de local de negocio, siguen igual, pues aquellos segundos podrán solicitar antes del 31 de enero, el aplazamiento temporal de la renta, curiosamente el Art. 2 del Real Decreto-ley no hace referencia a la solicitud de rebaja que en cualquier caso nada impide que la soliciten, pero los primeros no tienen ninguna obligación de aceptarla.</p>
<p style="text-align: left;">¿Cómo queda la aplicación de la Cláusula <em>rebus sic stantibus</em> tras el nuevo Real Decreto-ley 35/2020? A diferencia del 15/2020 en cuya Exposición de Motivos se hacía referencia a dicha doctrina, en el 35/2020 desaparece cualquier mención. Desde luego ningún efecto produce respecto de todos aquellos contratos que siguen quedando fuera de su ámbito de aplicación o no imponen obligación alguna a la propiedad, que son la inmensa mayoría. Respecto de los contratos directamente afectados por aquél, entiendo que sigue sin haber incompatibilidad, pues nada tiene que ver una disposición de carácter general y de ámbito muy reducido, con las condiciones específicas de un determinado contrato de arrendamiento. Ahora bien, en aquellos casos en los que el arrendador opte por la reducción del 50% de la renta, será difícil que finalmente se aplique salvo que excepcionalmente la desproporción entre las recíprocas prestaciones de las partes se mantenga.</p>
<p style="text-align: left;">Comentario aparte merece la situación de Cataluña, pues la Generalidad dictó su Decreto-Ley 34/2020, de 20 de octubre de medidas urgentes a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, que propone un criterio distributivo de las consecuencias negativas que se derivan de las prohibiciones, suspensiones y restricciones impuestas para evitar la propagación de la pandemia de la Covid-19 que, a falta de acuerdo, impone una reducción de un 50% de la renta en los casos de suspensión del desarrollo de la actividad, o de una proporción igual a la mitad de la pérdida de aprovechamiento del inmueble, medida objetivamente por la reducción de aforo o de horarios o por otras limitaciones impuestas por la norma, algo que se nos antoja especialmente complejo. La norma es de dudosa constitucionalidad pues afecta a relaciones contractuales sustentadas en la LAU 29/1994, de 24 de noviembre, pero plantea un problema todavía mayor, por inmediato, y es el de su compatibilidad con el ahora comentado Real Decreto-ley 35/2020 de ámbito estatal. La situación es un auténtico dislate, provocando una absoluta inseguridad jurídica sin que sea admisible que dos administraciones regulen una misma relación jurídica, por lo que como abogados no podremos más que recomendar a arrendadores y arrendatarios de aquel territorio que opten por la que más les convenga a cada uno de ellos, intentando, más que nunca, que el acuerdo evite la resolución por parte de los Tribunales. En cualquier caso, la solución catalana tampoco se antoja positiva pues el legislador no puede pretender regular una situación tan compleja, en la que cada contrato y actividad tiene sus propias peculiaridades, de forma específica, por lo que todo lo que no pase por el establecimiento de un simple marco general, está condenado al fracaso.</p>
<p style="text-align: left;">En definitiva, el nuevo Real Decreto-ley 35/2020, es más de lo mismo y lamentablemente no aporta soluciones ni ayudas económicas que permitan paliar la enorme crisis que están sufriendo los arrendamientos de locales de negocio. Afortunadamente, la práctica diaria nos muestra como arrendadores y arrendatarios pierden la esperanza en encontrar el apoyo del legislador incluso en las tan deseadas ayudas directas, y son muchos los acuerdos que se alcanzan ya sean definitivos, temporales o sometidos a revisión en varios meses, siempre con el objetivo de la supervivencia del negocio y de la actividad económica que, a la postre, redunda en beneficio de la propiedad.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/nuevo-real-decreto-ley-35-2020-para-los-arrendamientos-de-locales-de-negocio-sostenella-y-no-enmendalla/">Nuevo Real Decreto-ley 35/2020 para los arrendamientos de locales de negocio: Sostenella y no enmendalla</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
