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	<title>Análisis revista - Otrosí</title>
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	<description>Revista del Colegio de la Abogacia de Madrid</description>
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	<title>Análisis revista - Otrosí</title>
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		<title>Defensa inquebrantable del secreto profesional</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Roberta Poza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Numero 3]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Editorial de Roberta Poza, presidenta del Consejo editor de la revista Otrosí</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El secreto profesional es una piedra angular de la Abogacía. Desde la Junta de Gobierno del ICAM hemos asumido un compromiso firme y categórico con su protección, elevándolo a una de las prioridades de nuestro programa de gobierno, como recoge la medida 7 del mismo.<br><br>En los últimos tiempos, hemos presenciado diversas iniciativas normativas y administrativas que podrían erosionarlo. El ICAM permanecerá vigilante y se personará en todos aquellos procedimientos que impliquen una afrenta al secreto profesional y defenderemos una regulación clara, que proteja este principio de manera efectiva y sin ambigüedades.<br><br>La relevancia de esta cuestión es especialmente significativa para la abogacía de empresa, un colectivo al que dedicamos la portada de esta edición de OTROSÍ para recoger el primer estudio del ICAM sobre su realidad profesional. Una investigación impulsada desde la revista y realizada junto con la prestigiosa consultora GAD3, repleta de conclusiones significativas y novedosas todas ellas, dada la ausencia de estudios previos de este alcance en nuestro país.<br><br>Además, ahondamos en la regulación del derecho al secreto profesional para los profesionales inhouse en una entrevista con nuestro Diputado José Ramón Couso, responsable de Deontología del ICAM y cerramos esta edición con un artículo de nuestro Decano reafirmando el compromiso del Colegio en esta materia.<br><br>Por otro lado, la revista incluye dos dossiers especiales sobre cuestiones de gran actualidad. En primer lugar, desde la perspectiva del Estado de Derecho, abordamos el sistema de financiación autonómica -actualmente en el centro del debate político en España- con un análisis técnico profundo y fundamentado en criterios jurídicos y económicos.<br><br>La calidad legislativa es un pilar esencial en cualquier democracia sólida y la formulación de leyes que regulen el sistema de financiación autonómica debe respetar principios, como la transparencia, la participación y la seguridad jurídica. Para garantizar que las reformas en financiación autonómica generen un cambio positivo, es fundamental que el proceso legislativo se abra a la discusión pública, integrando no solo las opiniones de los partidos políticos, sino también las de expertos y miembros de la sociedad civil.<br><br>Adicionalmente, se trata de una cuestión que solo puede abordarse teniendo en cuenta la actual situación de las cuentas públicas y las posibles consecuencias económicas derivadas de cualquier cambio previsto. Se trata de un debate con enorme trascendencia que debe alejarse de planteamientos exclusivamente políticos y abordarse con rigor desde una perspectiva técnica.<br><br>Dedicamos nuestro segundo dossier jurídico a profundizar en uno de los temas más de actualidad del derecho empresarial: las obligaciones de ESG plasmadas en la Directiva Europea de Diligencia Debida. Con un enfoque práctico, el dossier examina cómo esta normativa va a transformar la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y sostenibilidad y ofrece una visión en profundidad sobre su impacto en la profesión y en las compañías.<br><br>La reforma de la Justicia ocupa igualmente un lugar central en esta edición, con páginas especiales sobre la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y un extenso análisis sobre la Ley de Eficiencia Procesal y sus implicaciones prácticas. <br><br>Además, nos detenemos a abordar los desafíos para la abogacía de la Justicia Digital en una entrevista con nuestro Diputado Javier Mata<br><br>Finalmente, este número incluye entrevistas con María Emilia Casas, medalla de honor 2024 del ICAM, el filósofo Daniel Innerarity y la activista afgana Mahbouba Seraj, una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time.</p>
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		<title>El secreto profesional no se negocia</title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-secreto-profesional-no-se-negocia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugenio Ribón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna del Decano]]></category>
		<category><![CDATA[Numero 3]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La confianza es la esencia del derecho de defensa. Es la garantía que permite que cualquier ciudadano, sin importar su posición, pueda acudir a su abogado con la certeza de que sus palabras están protegidas. Sin esa confianza, el sistema se desmorona. Y en marzo de 2024, esa piedra angular de la justicia fue golpeada [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La confianza es la esencia del derecho de defensa. Es la garantía que permite que cualquier ciudadano, sin importar su posición, pueda acudir a su abogado con la certeza de que sus palabras están protegidas. Sin esa confianza, el sistema se desmorona. Y en marzo de 2024, esa piedra angular de la justicia fue golpeada de lleno.<br><br>El ICAM denunció entonces con firmeza la extrema gravedad de la publicación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, de datos concretos de diligencias de investigación, incluyendo fechas y contenido de conversaciones mantenidas entre un abogado y el Ministerio Fiscal, todo ello en una nota oficial. Esto, por sí mismo, ya supone, a juicio de este Colegio, una vulneración inaceptable del secreto profesional, un derecho que no pertenece al abogado, sino al ciudadano.<br><br>Este ataque al secreto profesional es, en esencia, un ataque al Estado de Derecho mismo y a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 24 de la Constitución Española.<br>El Estatuto de la Abogacía, reconoce en su artículo 22 el derecho y deber de los abogados a preservar en secreto toda comunicación con sus defendidos y con la contraparte en el proceso. A su vez, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 4.5, impone un deber de reserva y discreción que ha sido flagrantemente ignorado. La violación de estos principios no es solo un atentado contra la abogacía; es un ataque directo a las garantías fundamentales de los ciudadanos y a la integridad de nuestro sistema judicial.<br><br>En otro tiempo, la abogacía fue testigo de cómo ciertos principios esenciales del derecho de defensa se debilitaban sin que se ofreciera una respuesta a la altura del desafío. Pero esta vez, el ICAM ha decidido no permanecer en silencio ni asumir el papel de mero espectador ante un ataque que golpea el corazón de nuestra profesión. Frente a quienes creen que el poder puede imponerse sobre las garantías, la abogacía madrileña se alza con determinación. La revelación de comunicaciones protegidas entre abogado y Fiscalía no es un incidente menor ni un error circunstancial: es un punto de inflexión.<br><br>No basta con señalar la gravedad de lo ocurrido; es necesario responder con la misma contundencia con la que se han vulnerado nuestros derechos. No podemos aceptar que quienes ostentan el poder impongan su lógica sin una respuesta proporcional.<br>La abogacía madrileña no permitirá que se erosione el derecho de defensa ni que se siente un peligroso precedente. No seremos un gremio silenciado ni nos someteremos a una justicia desigual, donde el equilibrio de fuerzas se quiebre en favor del poder.<br>Los principios sobre los que se asienta el Estado de Derecho no se cuestionan ni se relativizan. Se defienden sin fisuras. Porque sin abogados libres e independientes, sin secreto profesional garantizado, la justicia deja de ser justicia. Y eso es algo que, como colectivo, como Colegio y como sociedad, no podemos permitir.<br><br>Sabemos que la batalla no será sencilla. Como tantas veces en la historia, el abuso del poder se reviste de normalidad y las garantías se presentan como obstáculos incómodos. Pero la abogacía no es ni será nunca un colectivo sumiso. Somos la última frontera entre el ciudadano y el abuso, entre la justicia y la arbitrariedad. Y esta vez, hemos decidido resistir.<br><br>[<a href="https://www.abc.es/espana/eugenio-ribon-secreto-profesional-negocia-20250220172404-nt.html">Tribuna publicada originalmente en el diario ‘ABC’</a>]</p>
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		<title>Un breve apunte sobre la libertad de honorarios y su problemática</title>
		<link>https://www.otrosi.net/un-breve-apunte-sobre-la-libertad-de-honorarios-y-su-problematica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dionisio Escuredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 12:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Número 2]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El artículo 14 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, establece que “Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición adicional cuarta”. En nuestro ámbito, el Estatuto General de [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El artículo 14 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, establece que “Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición adicional cuarta”.<br><br>En nuestro ámbito, el Estatuto General de la Abogacía aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, introduce en su artículo 26 que “la cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el profesional de la Abogacía con respeto a las normas deontológicas y sobre defensa de la competencia y competencia desleal”. Del mismo modo se expresa el artículo 14 del Código Deontológico de la Abogacía, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía el 6 de marzo de 2019.<br><br>Por lo tanto, como premisa de partida, nos encontramos en un escenario de total libertad para fijar tarifas por los servicios prestados y, en consecuencia, los Colegios de la Abogacía no pueden orientar a sus colegiados al respecto. Esto tiene ventajas, pero también, inconvenientes.<br><br>La Ley de Enjuiciamiento Civil fija la preceptiva y no vinculante intervención de los Colegios de la Abogacía en procesos de jura de cuentas y tasación de costas, con objeto de emitir, a requerimiento judicial, informes que evalúen si los honorarios cuestionados por excesivos en ambos incidentes resultan adecuados o no al procedimiento en el que se generen.<br><br>La Disposición Adicional Cuarta de la mentada Ley de Colegios Profesionales dice: “Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita”. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 29 del texto estatutario.<br><br>Como es conocido, la CNMC cuestionó la existencia y difusión de criterios orientadores que diesen pautas numéricas económicas para la determinación de honorarios a los solos efectos de tasaciones de costas y cuenta de abogados. Se han sucedido diversas resoluciones judiciales por parte del Tribunal Supremo que avalan la posición del regulador y que impiden que los colegios emitan disposiciones de uso público que permitan cuantificar o cifrar honorarios.<br><br>En este sentido, varios Colegios de la Abogacía han optado, a veces previo consenso con la Comisión, por promulgar criterios basados en parámetros que permiten, de alguna forma, fijar los honorarios atendiendo a cuestiones de complejidad, reiteratividad, número de trámites, etc.<br><br>Sin embargo, no parece que esta solución sea la idónea, al menos por lo que respecta a los procesos de tasaciones de costas.<br><br>Vayamos a la cuestión. El artículo 12.B.2.b) CD obliga al abogado a informar a su cliente, por escrito, si así lo solicita, sobre las consecuencias que puede tener una condena en costas. El artículo 48.4 del Estatuto añade “y su cuantía aproximada”. Pues bien, ¿cómo podemos informar adecuadamente si carecemos de una herramienta que permita, si quiera de forma aproximada, cuantificar? Siempre podremos indicarle que, cuando menos, dicha condena, en cómputo global, no podrá superar el límite del tercio de la cuantía del proceso -artículo 394.3 de la LEC-. Pero es evidente que esa información de poco o nada sirve al cliente consumidor y usuario. Cliente a quien, por cierto, se le está haciendo un flaco favor con estas restricciones que, en mi opinión, generan una gravísima indefensión y quiebran el principio de seguridad jurídica, pues se le está privando de su derecho a conocer lo que le va a costar un juicio en caso de perderlo. Por otra parte, supone para el profesional de la abogacía el riesgo de verse denunciado por no cumplir sus obligaciones deontológicas.<br><br>Si nos centramos en la parte procesal, la cuestión también se complica. ¿Cómo vamos a poder impugnar de forma eficaz la minuta presentada a tasación de costas si no disponemos de criterios inteligibles para poder contrastar si es excesiva o no? Todo ello con el riesgo cierto de llevar a nuestro cliente a una nueva condena en costas en caso de que la impugnación no prospere.<br><br>El panorama tiene difícil solución. Solo pasa por una modificación legislativa o por un hipotético pronunciamiento europeo.<br><br>En los procesos de jura de cuentas la cuestión no difiere mucho. Hasta el pasado mes de diciembre de 2023 la situación era, a priori, menos problemática. El artículo 35 LEC establece, en caso de impugnación por parte del cliente de los honorarios de su abogado/a por excesivos, el mismo sistema de traslado judicial al colegio que la tasación de costas. El problema solo surgía en caso de que no se hubiese suscrito una hoja de encargo profesional o presupuesto (pues, en este caso, el Letrado de la Administración de Justicia debía ceñirse al contrato suscrito entre las partes e inadmitir a trámite la impugnación). Por ello, si no queríamos tener un conflicto al girar nuestros honorarios, debíamos convenirlos previamente por escrito. De no existir presupuesto previo, el dilema para el profesional de la abogacía es el mismo que en la tasación de costas. Se enfrenta a una impugnación sin conocer qué hipotético resultado colegial o judicial pueda ser razonablemente previsible y, además, a ser condenado en costas.<br><br>Pues bien, el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, ha procedido a modificar la redacción del mentado artículo 35 y ha incluido la siguiente disposición:<br>“4. Si la reclamación se dirige contra una persona física, el abogado o abogada deberá aportar junto con la cuenta el contrato suscrito con el cliente y el letrado o letrada de la Administración de Justicia, previamente a efectuar el requerimiento, dará cuenta al juez o la jueza para que pueda apreciar el posible carácter abusivo de cualquier cláusula que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible…”<br>Parece pronto para pronunciarse sobre esta modificación y no tengo constancia de pronunciamientos judiciales al respecto, pero una primera aproximación al texto podría sugerir que, en el caso de cliente persona física, solo podrá accederse al proceso sumario de jura de cuentas de haberse suscrito una hoja de encargo profesional o contrato y que, en caso contrario, deberán reclamarse los honorarios a través del monitorio, verbal u ordinario que se acomode a nuestra pretensión.<br><br>Esto nos lleva, en el momento actual, a plantearnos dos pequeñas reflexiones:<br>(i) Se fomentará la suscripción de contratos de prestación de servicios jurídicos -lo que, de facto, dará carta de naturaleza a lo previsto tanto en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia como en los artículos 27 EGAE y 15 CD- y exigirá que realicemos un control previo de nuestros propios documentos, so pena de que su clausulado pueda ser declarado abusivo. El uso de hojas de encargo es siempre una correcta y conveniente práctica profesional.<br><br>(ii) Puede generarse desigualdad de trato en relación con los profesionales inscritos en el Turno de Oficio que quieran reclamar honorarios a justiciables a quienes no se le haya reconocido el derecho a la justicia gratuita, pues la designación colegial para un asunto no sirve para suplir una hoja de encargo profesional. Ante esta cuestión, la solución solo podría pasar, para poder acceder a la jura de cuentas, por suscribir, al inicio de la relación con el cliente, un contrato “subsidiario” fijando un precio por el servicio en caso de denegarse el beneficio de pobreza. No encuentro idóneo este planteamiento, pues, desde una perspectiva deontológica, puede generar desconfianza en la relación profesional y provocar incidencias.<br><br>Luces y sombras en el horizonte….</p>
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		<title>La protección de los profesionales de la abogacía: un pilar fundamental para la justicia</title>
		<link>https://www.otrosi.net/la-proteccion-de-los-profesionales-de-la-abogacia-un-pilar-fundamental-para-la-justicia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Mata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 12:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Número 2]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un estudio reciente del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) revela una realidad alarmante: el 71% de los abogados en Madrid ha sufrido algún tipo de maltrato en su ejercicio profesional. Esta cifra es aún más preocupante entre las abogadas y en áreas como el derecho constitucional, penal (especialmente en las asistencias letradas [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph">Un estudio reciente del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) revela una realidad alarmante: el 71% de los abogados en Madrid ha sufrido algún tipo de maltrato en su ejercicio profesional. Esta cifra es aún más preocupante entre las abogadas y en áreas como el derecho constitucional, penal (especialmente en las asistencias letradas a detenidos) y procesal, es decir, en actuaciones ante órganos judiciales. La situación es especialmente crítica para aquellos colegiados que trabajan en despachos, independientemente de su tamaño, donde un 75% ha reportado maltratos por parte de órganos judiciales o administrativos.<br><br>Pese a esta situación tan preocupante, un 61% de los letrados que han sufrido vulneraciones de sus derechos opta por no denunciar. Esta pasividad refleja un problema significativo de desconocimiento o desconfianza en los mecanismos de protección disponibles. Según nuestras cifras, solo un 13% de los afectados presenta una queja formal en el ICAM, lo que resalta la necesidad de una mayor concienciación dentro de la profesión. Es más que probable que la escasez de denuncias se deba a la necesidad de proteger al cliente.<br><br>Las amenazas a la libertad y la independencia en la abogacía no siempre provienen de los poderes públicos; en ocasiones, pueden surgir del propio cliente, de la parte contraria o de terceros. En estos casos de acoso, amenazas o, incluso, agresiones físicas, además de las acciones judiciales que correspondan, es crucial una intervención colegial efectiva que brinde apoyo y protección al abogado afectado.<br><br>En este contexto, la Junta de Gobierno del ICAM está decidida a empoderar a los abogados sobre sus derechos y los recursos disponibles para su protección, y trabaja para su extensión a través de una mayor y mejor regulación.<br><br>Una herramienta esencial en esta lucha es el amparo colegial. Regulado en el artículo 58 del Estatuto General de la Abogacía y el artículo 27.3 de los Estatutos del ICAM, esta institución busca proteger la dignidad, independencia y libertad de los abogados, garantizando que puedan ejercer su labor sin interferencias indebidas. El beneficiario final de este amparo no es el abogado, sino el ciudadano, cuyo derecho de defensa puede verse comprometido si la independencia del letrado resulta afectada.<br><br>El sustancial aumento en las solicitudes y concesiones de amparo colegial es un indicativo de que las medidas adoptadas por el ICAM, incluyendo la puesta en marcha de campañas de difusión, están empezando a dar frutos. En el último año, las solicitudes de amparo han aumentado un 123%, y los concedidos se han incrementado en un 166%. En lo que llevamos de año se han concedido tantos amparos como en2023.<br><br>Estos números reflejan el compromiso de esta Junta con la protección de la abogacía, asegurando que pueda desempeñar su labor sin ser objeto de intimidación o acoso y sin interferencias ni represalias injustificadas. La determinación del Colegio es crear un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todos los abogados y el ejercicio del derecho fundamental a la defensa sin indeseadas interferencias.<br><br>Además, el ICAM ha presentado una propuesta legislativa para reforzar el amparo colegial dentro de la futura Ley Orgánica de Derecho de Defensa, actualmente en trámite legislativo. Queremos que el amparo colegial se incluya en esa norma y se regule para que se implique al órgano administrativo o judicial cuestionado, de tal forma que le obligue a abrir un expediente por cada incidencia denunciada, se investigue y se dicte resolución acorde a la gravedad de la perturbación de la dignidad, independencia o libertad de un abogado o abogada.<br><br>El objetivo es mejorar la regulación desde el punto de vista material y, también, desde la vertiente procesal. En el estado de regulación actual, el amparo no es más que una resolución de la Junta de Gobierno concediéndolo por distintos motivos y la comunicación a quien proceda, desde el presidente del TSJ de Madrid al presidente de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, el delegado del Gobierno o el Defensor del Pueblo, pero hasta ahí llegamos. No tiene un mayor efecto por el momento si no conseguimos reforzar la ley para que se emita una resolución por quien tenga competencia.<br><br>Por eso, desde el ICAM instamos a la administración y a los órganos judiciales a reconocer su importancia y a actuar en consecuencia para proteger los derechos de los abogados y abogadas y, por ende, el sagrado derecho de defensa de los ciudadanos. Porque, insisto, el amparo colegial no solo protege al abogado en su ejercicio profesional, también salvaguarda el derecho de defensa del ciudadano. Cuando un letrado sufre una interferencia en su labor, además de verse afectada su dignidad e independencia, se compromete la calidad de la defensa que puede ofrecer a su cliente. Por tanto, es fundamental que los profesionales de la abogacía conozcan y utilicen este recurso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Artículo publicado originalmente en la sección Legal de Cinco Días, coordinada por LA LEY, el 4 de junio de 2024</em>: <a href="https://cincodias.elpais.com/legal/2024-06-04/la-proteccion-de-los-profesionales-de-la-abogacia-un-pilar-fundamental-para-la-justicia.html">https://cincodias.elpais.com/legal/2024-06-04/la-proteccion-de-los-profesionales-de-la-abogacia-un-pilar-fundamental-para-la-justicia.html</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/la-proteccion-de-los-profesionales-de-la-abogacia-un-pilar-fundamental-para-la-justicia/">La protección de los profesionales de la abogacía: un pilar fundamental para la justicia</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La ley de amnistía: el orden institucional de 1978 en la encrucijada</title>
		<link>https://www.otrosi.net/la-ley-de-amnistia-el-orden-institucional-de-1978-en-la-encrucijada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Dorrego de Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 12:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Número 2]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El 30 de mayo de 2024 el Pleno del Congreso de los Diputados levantó por una ajustada mayoría (177 votos, sobre los 176 requeridos) el veto opuesto por el Senado contra la denominada Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (LOA). Esta votación, celebrada tras una tensa [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph">El 30 de mayo de 2024 el Pleno del Congreso de los Diputados levantó por una ajustada mayoría (177 votos, sobre los 176 requeridos) el veto opuesto por el Senado contra la denominada Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (LOA). Esta votación, celebrada tras una tensa sesión plagada de amargos discursos, gestos desafiantes y descalificaciones personales, implica la aprobación definitiva de esta ley orgánica.<br><br>Se pone fin así a seis convulsos meses de tramitación parlamentaria marcados por una confrontación política sin precedentes desde 1978 y por un deterioro institucional muy profundo que se encuentra lejos de haber concluido. Una grave y peligrosa fractura que se ha extendido al conjunto de la sociedad y, de forma particularmente intensa, a la comunidad jurídica.<br><br>El debate sobre la constitucionalidad y la adecuación al derecho de la Unión Europea de la LOA está agotado en el ámbito académico y profesional. Pocos argumentos nuevos cabe ya aportar. Ha llegado la hora de los tribunales de Justicia, españoles y europeos.<br><br>Desde mi punto de vista la LOA es contraria a nuestra norma fundamental y, sobre todo, a la inequívoca voluntad de las Cortes constituyentes. La redacción final del art. 62.i) de la CE, resultante de una decisiva enmienda in voce en la Comisión Constitucional, no prohíbe, como sería lógico dada su ubicación sistemática, que el poder ejecutivo otorgue “… indultos generales…” (como establecía la redacción procedente del Informe de la Ponencia). Lo que prohíbe la Constitución es que “… la ley …” (el poder legislativo) autorice “… indultos generales …” (vid. BOCG, CD, n. 82 y 121 de 1978). No se trata, por tanto, de una limitación constitucional al Rey (esto es, al Gobierno) sino a las Cortes Generales. La exoneración de responsabilidad penal a determinadas categorías de delitos ya juzgados y condenados, que es lo que hace la LOA, implica materialmente la autorización por ley de un indulto general. Lo cual prohíbe la Constitución.<br><br>Con todo, lo esencial no son las opiniones jurídicas, más o menos eruditas y fundamentadas, sobre la constitucionalidad de la LOA. Lo determinante es que este entendimiento del artículo 62.i) de la CE, del que deriva la incompatibilidad radical de la amnistía con la norma fundamental, era comúnmente compartido hasta hace pocos meses por la inmensa mayoría de los profesionales del mundo jurídico, por todas las Instituciones del Estado (Cortes Generales y Gobierno) y por las grandes fuerzas políticas estatales.<br><br>Lo trágico y verdaderamente devastador en la tramitación parlamentaria de la LOA es que no ha tenido como fundamento la voluntad de articular un amplio consenso nacional en torno a este perdón penal colectivo (que podría haber dado lugar a una suerte de mutación constitucional ampliamente acordada). Su finalidad ha sido -simple y llanamente- construir una mayoría para alcanzar la investidura en la presidencia del Gobierno de la Nación.<br><br>La agónica necesidad de aprobar la LOA, como única vía de alcanzar la investidura, ha llevado al Gobierno y a la principal fuerza política que lo sostiene a realizar un cambio radical en su propia interpretación de la Constitución y a forzar a los órganos del Estado a retorcer sus previos argumentos sobre esta cuestión. La resistencia de amplias capas de la sociedad y -de forma muy especial- de los profesionales del Derecho a aceptar la alteración por el Gobierno de consensos constitucionales esenciales (la prohibición de la amnistía como forma de perdón penal colectivo, es uno de ellos) ha generado el estado de gravísima tensión institucional en el que hoy nos encontramos. Con imprevisibles consecuencias en los próximos meses.<br><br>En el ámbito parlamentario (al que me siento profesional y afectivamente vinculado) el deterioro institucional producido por la tramitación de la LOA ha sido particularmente demoledor. Como es bien sabido, la Mesa del Congreso de los Diputados varió radicalmente su criterio jurídico y constitucional sobre la amnistía al calificar y admitir a trámite la LOA en su reunión de 21 de noviembre de 2023. Muy pocos meses antes, el 23 de marzo de 2021, este mismo órgano de gobierno parlamentario había rechazado de plano la admisión a trámite de una Proposición de Ley de amnistía, de idéntico contenido a la LOA, presentada por ERC, JUNTS y PDeCAT, afirmando en su resolución de inadmisión lo que para todos era evidente en aquel momento. Lo reproduzco literalmente: “… no procede su admisión a trámite en la medida en que, de un examen preliminar se desprende que la misma, al suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme, entraría en una contradicción palmaria y evidente con los dispuesto en el artículo 62.i) de la Constitución, de acuerdo con el cual no cabe que la ley autorice indultos generales”.<br><br>¿Había una contradicción “palmaria y evidente” con la Constitución en 2021 y ha dejado de haberla en 2023?<br><br>Este <em>overruling </em>parlamentario es inadmisible en un órgano del Estado llamado a actuar con criterios jurídicos neutrales, previsibles e institucionales. A todas luces conculca los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, proclamados en el artículo 9.3 CE, así como la cláusula del Estado de Derecho del artículo 2 del TUE.<br><br>Junto a lo anterior, ha sido singularmente grave lo sucedido en relación con el Senado. La existencia de mayorías distintas en ambas Cámaras ha tensionado sobremanera sus relaciones, llegando a producirse situaciones cercanas al precipicio institucional.<br>De hecho, nada más recibirse el texto de la LOA procedente del Congreso de los Diputados se llegó a plantear la posibilidad de que la Mesa del Senado no admitiera a trámite la iniciativa legislativa, para lo cual hubiera bastado con reiterar el criterio jurídico establecido por la Mesa del Congreso el 23 de marzo de 2021. Afortunadamente se impuso el sensato criterio jurídico (y político) de proseguir la tramitación parlamentaria en el Senado, evitándose la dramática situación que podría haberse generado si, ante la negativa a calificar la iniciativa, se hubiera remitido para la sanción real el texto legislativo por el simple transcurso del plazo establecido en el artículo 90 de la Constitución. El Rey se habría visto ante la tesitura de sancionar (o no) una ley no tramitada en una de las dos Cámaras colegisladoras.<br><br>El Acuerdo de la Mesa del Senado de 19 de marzo de 2024 (BOCG, Sección Senado, Núm. 74, de 20 de marzo de 2024), relativo a la calificación de la LOA, es una pieza parlamentaria que expresa la profundidad de la crisis institucional generada por esta iniciativa legislativa. Comienza afirmando, con acertado criterio que “… Se acuerda admitir a trámite la iniciativa, considerando que la Mesa del Senado no podría adoptar un acuerdo de no admisión, a la vista de lo preceptuado en el artículo 90.1 de la Constitución…”. Sin embargo, La Mesa del Senado considera que la LOA “… constituye una reforma constitucional encubierta, pues la misma tiene el efecto de modificar la Constitución para atribuir a las Cortes Generales una competencia que no tienen expresamente reconocida en la Constitución…”. Asimismo, la Mesa del Senado advierte de las graves infracciones del Derecho de la UE (particularmente al incluir en su ámbito el delito de malversación de caudales públicos y el terrorismo) y de las serias irregularidades procedimentales en las que incurrió el Congreso de los Diputados al tramitar la LOA, especialmente, cuando el Pleno de la Cámara rechazó el dictamen inicial de Justicia en la sesión celebrada el 30 de enero de 2024, sin que ello tuviera como consecuencia la inmediata finalización del procedimiento.</p>



<figure class="wp-block-pullquote"><blockquote><p>Lo trágico y verdaderamente devastador en la tramitación parlamentaria de la LOA es que no ha tenido como fundamento la voluntad de articular un amplio consenso nacional en torno a este perdón penal colectivo (que podría haber dado lugar a una suerte de mutación constitucional ampliamente acordada). Su finalidad ha sido -simple y llanamente- construir una mayoría para alcanzar la investidura en la presidencia del Gobierno de la Nación.</p></blockquote></figure>



<p class="wp-block-paragraph">El enfrentamiento entre Cámaras alcanzó su punto álgido pocos días después. El 10 de abril de 2024, el Pleno del Senado, por primera vez desde 1978, acordó plantear un conflicto de atribuciones al Congreso de los Diputados, exigiendo “… la revocación …” de la admisión a trámite de la LOA y dejar sin efecto todo lo actuado a partir de aquel momento. Es decir, la anulación de la propia LOA. El 16 de abril la Mesa del Congreso de los Diputados rechazó de plano tal requerimiento, abriendo la puerta al planteamiento del primer conflicto de atribuciones entre Cámaras ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, con bastante sensatez jurídica, el Senado desistiría de la presentación del conflicto ante el TC (BOCG. Sección Senado. N.103, 20 de mayo de 2024).<br><br>La extrema tensión entre Cámaras continuó durante las semanas posteriores. El Senado solicitó un informe sobre la LOA al CGPJ (que el Congreso había rechazado solicitar); a la Comisión General de las CC.AA. (en la que participaron presidentes de Comunidades Autónomas) y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la llamada Comisión de Venecia) que realizó una visita a España y criticó severamente el procedimiento parlamentario seguido así como la ausencia del consenso político exigible para una iniciativa . Se celebraron seis tensas sesiones de comparecencias de expertos y se emitió un nuevo y muy fundamentado informe jurídico por el Letrado de las Cortes Generales adscrito a la Comisión conjunta que tramitó la LOA, Eugenio de Santos, en el que advierte, como ya habían hecho muy brillantemente las Letradas de las Cortes Generales titulares de la Comisión de Justicia del Congreso (Isabel Revuelta y Piedad García-Escudero) de los graves motivos de inconstitucionalidad de la proposición de Ley y de su probable contravención del derecho de la UE.</p>



<figure class="wp-block-pullquote"><blockquote><p>El enfrentamiento político y social sobre la LOA ha producido un deterioro muy grave (nunca visto en tal grado) del orden institucional de 1978. Desde la admisión a trámite de la iniciativa por la Mesa del Congreso hasta su aprobación definitiva se han traspasado límites y convenciones constitucionales que hasta ahora se consideraban infranqueables.</p></blockquote></figure>



<p class="wp-block-paragraph">El enfrentamiento político y social sobre la LOA ha producido un deterioro muy grave (nunca visto en tal grado) del orden institucional de 1978. Desde la admisión a trámite de la iniciativa por la Mesa del Congreso hasta su aprobación definitiva se han traspasado límites y convenciones constitucionales que hasta ahora se consideraban infranqueables. Hasta en el retraso en la publicación de la norma legal (11 de junio de 2024) para evitar su solapamiento con las elecciones al Parlamento Europeo ha habido irregularidades y rotura de las reglas del juego. En definitiva, un paso más en el deterioro continuo del sistema constitucional que venimos padeciendo en los últimos años y que -lamentablemente- seguirá con nosotros en la fase de aplicación judicial de la amnistía.<br>Llegados al final del proceso, la gran pregunta que cabe hacerse es tan triste como ésta: ¿merecía la pena?</p>
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		<title>El Papel de las Juristas Constituyentes para alcanzar la igualdad legal en España</title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-papel-de-las-juristas-constituyentes-para-alcanzar-la-igualdad-legal-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabel Winkels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 12:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Número 2]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>En el escenario del Congreso de los Diputados, un lugar cargado de historia y testigo de la transición española, nuestra XI Cumbre de Mujeres Juristas vivió su momento más emotivo con el reconocimiento a cuatro mujeres que desempeñaron un papel crucial en la lucha por la igualdad legal en España. Estas mujeres no solo fueron [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph">En el escenario del Congreso de los Diputados, un lugar cargado de historia y testigo de la transición española, nuestra <a href="https://web.icam.es/xi-cumbre-mujeres-juristas/">XI Cumbre de Mujeres Juristas </a>vivió su momento más emotivo con el reconocimiento a cuatro mujeres que desempeñaron un papel crucial en la lucha por la igualdad legal en España. Estas mujeres no solo fueron pioneras en su campo, sino que también abrieron caminos en una época donde la presencia femenina en la vida política y legal era prácticamente inexistente.<br><br><strong>Belén Landáburu: una visionaria en tiempos de cambio<br></strong><br>Belén Landáburu, nacida en Burgos y formada en la Universidad de Madrid, emergió como una figura determinante en un escenario adverso. En un tiempo donde las mujeres eran casi invisibles en la vida profesional y por supuesto, en la política, tuvo la visión y la valentía de luchar por cambiar el sistema desde dentro. Elegida procuradora en las cortes franquistas en 1972, su primer logro fue abolir una discriminatoria distinción que impedía a las mujeres alcanzar la mayoría de edad a la misma edad que los hombres. Gracias a su perseverancia, la ley se modificó para que tanto hombres como mujeres fueran mayores de edad a los 21 años, cuando la de la mujer estaba en los 25.<br><br>No se detuvo allí. Landáburu convenció al ministro de Justicia para crear una sección femenina dentro de la Comisión General de Codificación, con el objetivo de revisar y modificar los numerosos artículos del Código Civil que contenían discriminación flagrante contra las mujeres (la llamada licencia marital). Entre 1972 y 1975, junto a María Telo, Carmen Jiménez Salinas y Concha Sierra, redactaron una reforma legislativa crucial que eliminó muchas de estas desigualdades, y que cristalizó en la Ley 14/1975 de 2 de mayo.<br><br><strong>María Teresa Revilla: la voz inquebrantable de la igualdad<br></strong><br>María Teresa Revilla, nacida en Madrid y destacada por su brillantez académica en la Universidad Autónoma, también fue diputada de la legislatura constituyente y de la I legislatura. En el Congreso de los Diputados, su determinación inquebrantable garantizó que el concepto de igualdad estuviera reflejado en la Constitución Española, eliminando cualquier vestigio de duda en los artículos que se referían a la igualdad de género.<br><br><strong>Ana María Ruiz-Tagle Morales: una vida consagrada a la justicia<br></strong><br>Ana María Ruiz-Tagle Morales, originaria de Sevilla y alumna de su universidad, dedicó su vida a la defensa de los desprotegidos y la promoción de la igualdad a través del derecho. Cofundadora del primer despacho de asesoría jurídica laboral en Andalucía, su carrera parlamentaria y posterior trabajo en derecho de familia y derechos humanos, incluyendo su activa participación en la implementación de la ley de violencia de género, la establecen como un modelo a seguir en la lucha por una sociedad más justa.<br><br><strong>Un legado imperecedero</strong><br><strong><br></strong>Estas tres mujeres, junto con otras 24 compañeras, entre ellas, mi madre, la Senadora Juana Arce Molina, desempeñaron un papel esencial en la redacción y promoción de los artículos más relevantes para la igualdad en la Constitución Española. Eran tan sólo 27 las mujeres, de un total de 606 constituyentes (apenas un 4,45%), pero su labor no solo fue reconocida en su tiempo, sino que continúa siendo una fuente de inspiración y un referente en la lucha por la igualdad de género. El reconocimiento y las medallas que les entregamos en la XI Cumbre honran sus logros, y aseguran que su legado y su lucha nunca serán olvidados.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="682" src="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/Medallas-premios-y-sellos-20-1024x682.jpeg" alt="" class="wp-image-11269" srcset="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/Medallas-premios-y-sellos-20-1024x682.jpeg 1024w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/Medallas-premios-y-sellos-20-300x200.jpeg 300w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/Medallas-premios-y-sellos-20-768x512.jpeg 768w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/Medallas-premios-y-sellos-20-1536x1023.jpeg 1536w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/Medallas-premios-y-sellos-20-696x464.jpeg 696w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/Medallas-premios-y-sellos-20-1068x712.jpeg 1068w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/Medallas-premios-y-sellos-20-1320x879.jpeg 1320w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/Medallas-premios-y-sellos-20.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">La Junta de Gobierno con las mujeres constituyentes que reciben la Medalla de Honor del ICAM
</figcaption></figure>
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		<title>¿Por qué «de la igualdad legal a la real»?</title>
		<link>https://www.otrosi.net/por-que-de-la-igualdad-legal-a-la-real/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estela Martín]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 12:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Número 2]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>¿Por qué el título de la Cumbre: “De la igualdad legal a la real”? Por muchas razones, pero especialmente porque la realidad es tozuda y aunque no cabe duda de que hemos conseguido importantes avances en los últimos años, todavía tenemos muchos frentes, obstáculos y retos por conseguir hasta que llegue el día en el [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph">¿Por qué el título de la Cumbre: “<a href="https://web.icam.es/xi-cumbre-mujeres-juristas/">De la igualdad legal a la real</a>”? Por muchas razones, pero especialmente porque la realidad es tozuda y aunque no cabe duda de que hemos conseguido importantes avances en los últimos años, todavía tenemos muchos frentes, obstáculos y retos por conseguir hasta que llegue el día en el que no sea necesario hablar de igualdad ni necesitemos visibilizar el salto que nos queda de la igualdad legal a la real porque se haya conseguido realmente interiorizar la igualdad de manera natural en las empresas, en la abogacía y en la sociedad.<br><br>Entre los retos pendientes que se abordaron en el marco de la Cumbre, cuestiones clave como el techo de cristal, la brecha salarial (lo que no mide, no existe y los Planes de Igualdad y, en particular, las auditorías retributivas son una herramienta fundamental para detectar esas desigualdades retributivas), la importancia de tener más referentes femeninos en puestos de liderazgo y/o como mentoras, la falta de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la falta de corresponsabilidad, que son factores que siguen pesando como una losa a la hora de poder dar ese salto hasta la igualdad real.<br><br>En cuanto al debate sobre si “cuotas sí o cuotas no”, que se abordó en una de las mesas de la Cumbre al albur de la trasposición de la Directiva de Paridad (Directiva 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022, relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas), tal y como expuso Viviane Reding, exvicepresidenta de la Comisión Europea, al cerrar su intervención: “no me gustan las cuotas, pero sí lo que consiguen”. Porque la realidad, a nivel de la Unión Europea, es que no se ha conseguido de forma natural -como así debería haber sido, porque méritos y capacidad tenemos de sobra las mujeres-, romper el techo de cristal.<br><br><strong>La IA y sus sesgos<br></strong><br>Y unido a los puntos anteriores, debemos ser muy conscientes de que estamos en un momento en el que la irrupción de la inteligencia artificial, tal y como se reflejó en una de las mesas redondas de la Cumbre, puede suponer un retroceso en materia de igualdad si no analizamos y visibilizamos los sesgos de género que puede conllevar un mal uso de la IA tanto en la creación de imágenes como de textos.<br><br>La tecnología nunca es el problema; lo es el uso que hagamos de ella y en materia de IA, cuya irrupción y velocidad es vertiginosa, tenemos que poner ahora sobre la mesa el peligro que un mal uso puede suponer en materia de igualdad y de diversidad.<br><br>Finalmente, la formación es otra de las piezas que necesitamos para completar el puzle de la igualdad; tal y como se resaltó en la Cumbre, debemos recordar siempre de dónde venimos, poner en valor la figura de grandes mujeres que rompieron techos de cristal, abrieron camino y fueron y son referentes y formar a las nuevas generaciones en materia de igualdad para que cuando lleguen a la abogacía, a los despachos y a las empresas tengan interiorizada la importancia de la igualdad real y no se conformen con menos.<br><br><strong>Ni un paso atrás<br></strong><br>Cogiendo las palabras de cierre de la Cumbre que pronunció nuestra vicedecana, Isabel Winkels: “ni un paso atrás ni para coger impulso”. Porque para conseguir el tan ansiado salto de la igualdad legal a la igualdad real, tenemos que apostar por la formación, por la visibilización, por potenciar el liderazgo y el emprendimiento femenino, por compromisos tangibles y medidas concretas (desde el ICAM, entre otros, impulsar un Observatorio de Igualdad, la creación de la “Guía de mujeres juristas”, los Premios de Liderazgo y de Igualdad…) y por aunar esfuerzos conjuntos y compartidos. Trabajamos para que hoy nos quede realmente menos que mañana para conseguir la igualdad real.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Una iniciativa pionera para impulsar el liderazgo de las abogadas</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img decoding="async" width="820" height="547" src="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/IMG_9763-CMYK.jpg" alt="" class="wp-image-11257" style="width:561px;height:auto" srcset="https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/IMG_9763-CMYK.jpg 820w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/IMG_9763-CMYK-300x200.jpg 300w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/IMG_9763-CMYK-768x512.jpg 768w, https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2024/08/IMG_9763-CMYK-696x464.jpg 696w" sizes="(max-width: 820px) 100vw, 820px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">La<a href="https://web.icam.es/agenda-comunicacion/"> I Agenda de la Comunicación de Mujeres Juristas</a> surge de una necesidad palpable y largamente sentida: la de aumentar la visibilidad de las abogadas en el panorama mediático.<br><br>Se trata de una iniciativa pionera para fomentar la presencia de las abogadas como fuentes informativas especializadas en los medios de comunicación y que marca un hito en nuestro compromiso por la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito jurídico.<br><br>Con más de 50 áreas de especialización, este completísimo directorio de expertas busca cerrar esa brecha, ofreciendo a los periodistas acceso inmediato a una amplia gama de voces autorizadas y perspectivas enriquecedoras. Solo un Colegio con el grado de especialización del ICAM podría abordar un proyecto de esta envergadura.<br><br>Esta diversidad de la Agenda no solo pone de manifiesto la riqueza y complejidad del derecho como disciplina, sino que también resalta la capacidad y el amplio rango de competencias de las mujeres en la abogacía.</p>
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	</item>
		<item>
		<title>Contra el estigma en salud mental: visibilizando la adversidad</title>
		<link>https://www.otrosi.net/contra-el-estigma-en-salud-mental-visibilizando-la-adversidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Antonio Luengo Latorre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 10:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Número 2]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La palabra “crisis” tiene una etimología que no siempre se corresponde con el significado que en nuestra cultura solemos dar a la misma. Deberíamos entender el concepto como el punto crucial y decisivo de una situación que altera de forma significativa el statu quo de una situación; y no tanto como el colapso o la [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La palabra “crisis” tiene una etimología que no siempre se corresponde con el significado que en nuestra cultura solemos dar a la misma. Deberíamos entender el concepto como el punto crucial y decisivo de una situación que altera de forma significativa el statu quo de una situación; y no tanto como el colapso o la degradación producida en el trascurso de la misma.<br><br>Esta mirada al lenguaje y su significado, aparentemente terminológica, no es, sin embargo, una cuestión baladí, por cuanto parece evidente que no adoptamos el mismo enfoque si analizamos el momento de crisis que podamos experimentar como ese punto en el que, esencialmente, observamos que algo se “rompe” o “separa” y hemos de gestionar adecuadamente el momento y decidir hacia ”dónde” tirar” y qué postura adoptar para suturar la herida surgida, que interpretar lo que nos ocurre como una suerte de colapso en el que nos sumimos y que va a representar, con seguridad, una empresa difícil de atender, administrar y tratar.<br><br>No es infrecuente encontrarnos en situaciones que nos parecen límite y que ponen de manifiesto que, tal vez sea necesario “parar máquinas”, reflexionar, pedir ayuda en su caso y reorientar el rumbo si es preciso. Y, probablemente, no actuemos con el referido patrón de respuesta si abrazamos la idea de que estamos ya en el fango y va a ser poco menos que imposible escapar de sus tentáculos. La opción primera nos sitúa en una perspectiva de construcción, sin duda, mucho más edificante, proactiva y propositiva.<br><br>La actual narrativa de la crisis de salud mental viene argumentando que la situación del siempre complejo balance bienestar-malestar psicológico ha empeorado de manera notoria en gran parte de la población en estos últimos años, mostrando un aparente descenso en la calidad de vida de las personas en lo que atañe y afecta a su estado de ánimo, autorregulación emocional, afrontamiento de la adversidad o manejo del estrés, entre otros indicadores.<br><br>Según el último Estudio<sup data-fn="72d79ad1-46cb-43a2-9993-7b9690170050" class="fn"><a id="72d79ad1-46cb-43a2-9993-7b9690170050-link" href="#72d79ad1-46cb-43a2-9993-7b9690170050">1</a></sup> Internacional del Grupo AXA sobre Salud y Bienestar Mental presentado por la Fundación AXA que recoge datos de 16 países en el mundo, con 16.000 encuestados de España, Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Bélgica, Turquía, Alemania, EEUU, México, Japón, China, Hong Kong, Filipinas y Tailandia, el 34% de los españoles reconoce que tiene problemas de salud mental.<br><br>Según esta investigación, el estrés sigue siendo elevado para buena parte de los ciudadanos españoles: el 62% se siente bastante estresado, el nivel más alto de los tres últimos años, frente al 54% de los franceses o el 49% de los japoneses. A los españoles, confiesan los encuestados, nos cuesta relajarnos y nos sentimos tristes cuando no podemos experimentar ningún sentimiento positivo en absoluto. Sobre las causas más frecuentes del malestar informado, es el sufrimiento psicológico general la más frecuente (34%), seguido de una situación financiera complicada (28%) y aislamiento social (25%). Sobre el uso de psicofármacos, un 16% de los españoles reconoce el consumo de ansiolíticos, somníferos y antidepresivos una vez a la semana, según los resultados del estudio.<br><br>Conclusiones de corte semejante pueden encontrarse, asimismo, en el Informe<sup data-fn="4a40b77f-adc3-493c-b8d6-f1e7f76bead4" class="fn"><a id="4a40b77f-adc3-493c-b8d6-f1e7f76bead4-link" href="#4a40b77f-adc3-493c-b8d6-f1e7f76bead4">2</a></sup> Anual del Sistema Nacional de Salud 2022 y en el Informe<sup data-fn="4ee55d7a-af6f-40f6-89f9-483531292da2" class="fn"><a id="4ee55d7a-af6f-40f6-89f9-483531292da2-link" href="#4ee55d7a-af6f-40f6-89f9-483531292da2">3</a></sup> “La situación de la salud mental en España”, elaborado por la Confederación Salud Mental España y Fundación Mutua Madrileña, según el cual cuatro de cada diez españoles (39,3%) valoran de forma negativa su salud mental actual. El estudio se llevó a cabo en 2022 con la participación de más de 2.000 personas, tanto de la población en general como de aquellas que tienen o han tenido problemas de salud mental, así como de profesionales de la sanidad.<br><br>Así las cosas, lo cierto es que esta situación, digámoslo claro, se veía venir ya desde hace tiempo. No vivimos precisamente en un mundo amable. Las prisas, la autoexigencia, la acumulación de responsabilidades… Resulta obvio el posible papel de catalizador que la experiencia del confinamiento y los años de influjo de la pandemia han podido representar en los escenarios de impacto señalados. Pero, hemos de insistir, la salud mental de nuestra población, al menos en lo que afecta al ya citado balance de bienestar-malestar psicológico en el que podemos movernos según discurre nuestra vida, relaciones interpersonales, actividad laboral, etc., venía mostrando indicadores de quiebra y agrietamiento ya con anterioridad.<br><br>Sin perder de vista la capacidad de resistencia y restablecimiento del equilibrio (al menos a medio plazo) que, en general, el ser humano suele mostrar en contextos de especial vulnerabilidad por causas extremas sobrevenidas, el panorama que muestra la investigación basada en la autopercepción de las personas participantes en los estudios mencionados bosqueja un presente que debe movernos a actuar. Siempre en lo que atañe a las políticas y acciones de naturaleza preventiva y de intervención temprana, pero abundando especialmente en la promoción del bienestar psicológico y el autocuidado de la salud física y de la salud mental.<br><br>Resulta imprescindible la adopción de medidas que permitan visibilizar adecuadamente la necesidad de cuidar nuestra salud mental<sup data-fn="815eaa15-eb62-419e-8368-df6d329eb430" class="fn"><a id="815eaa15-eb62-419e-8368-df6d329eb430-link" href="#815eaa15-eb62-419e-8368-df6d329eb430">4</a></sup> y de atender de forma temprana aquellas señales que muestran una degradación y desajuste psicológico continuado en nuestro día a día.<br><br>Administraciones, instituciones y organizaciones de índole diversa (entre otras, por supuesto, los Colegios Profesionales) deben habilitar y acondicionar los espacios, itinerarios y medidas que se estimen pertinentes, orientados a la generación de redes de apoyo, procedimientos sencillos y eficientes de solicitud de ayuda y acompañamiento, lucha contra el estigma y promoción del bienestar emocional y psicológico.<br><br>Incrementar los factores de protección, como las interacciones sociales positivas, la dignificación de las condiciones de trabajo, el cuidado del descanso, la actividad física mantenida y el desarrollo de las habilidades para la autorregulación emocional, el afrontamiento saludable de las dificultades y adversidades (con el apoyo social percibido) y la solicitud normalizada de ayuda en situaciones complejas suponen elementos imprescindibles para el incremento de la resiliencia y el fortalecimiento de las competencias emocionales esenciales para la vida cotidiana, en especial, en condiciones de estrés no infrecuentes.</p>


<ol class="wp-block-footnotes"><li id="72d79ad1-46cb-43a2-9993-7b9690170050">https://www.infocop.es/el-34-de-los-espanoles-reconoce-que-tiene-problemas-de-salud-mental/<br>https://www.infocop.es/wp-content/uploads/2024/04/PAXA_SaludMental.pdf<br>Consultar también “La salud mental en datos: prevalencia de los problemas de salud y consumo de psicofármacos y fármacos<br>relacionados a partir de los registros clínicos de atención primaria”. Ministerio de Sanidad: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Salud_mental_datos.pdf <a href="#72d79ad1-46cb-43a2-9993-7b9690170050-link" aria-label="Saltar a la referencia de la nota 1">↩︎</a></li><li id="4a40b77f-adc3-493c-b8d6-f1e7f76bead4">https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2022/INFORME_ANUAL_2022.pdf <a href="#4a40b77f-adc3-493c-b8d6-f1e7f76bead4-link" aria-label="Saltar a la referencia de la nota 2">↩︎</a></li><li id="4ee55d7a-af6f-40f6-89f9-483531292da2">https://www.fundacionmutua.es/actualidad/noticias/macroestudio_salud_mental/ <a href="#4ee55d7a-af6f-40f6-89f9-483531292da2-link" aria-label="Saltar a la referencia de la nota 3">↩︎</a></li><li id="815eaa15-eb62-419e-8368-df6d329eb430">4 La OMS define la Salud Mental como es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental. Y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. <a href="#815eaa15-eb62-419e-8368-df6d329eb430-link" aria-label="Saltar a la referencia de la nota 4">↩︎</a></li></ol><p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/contra-el-estigma-en-salud-mental-visibilizando-la-adversidad/">Contra el estigma en salud mental: visibilizando la adversidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
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		<title>Un compromiso continuado con el Bienestar Integral de la Abogacía</title>
		<link>https://www.otrosi.net/un-compromiso-continuado-con-el-bienestar-integral-de-la-abogacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Buitrago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 10:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Número 2]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Hace unos meses, un joven abogado se acercó a mí después de una conferencia. Con los ojos cansados y una voz cargada de preocupación, confesó que, a pesar de su éxito profesional, se sentía constantemente abrumado y al borde del agotamiento. “Nunca imaginé que ejercer esta profesión podría hacerme sentir tan vulnerable”, me dijo. Sin [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph">Hace unos meses, un joven abogado se acercó a mí después de una conferencia. Con los ojos cansados y una voz cargada de preocupación, confesó que, a pesar de su éxito profesional, se sentía constantemente abrumado y al borde del agotamiento. “Nunca imaginé que ejercer esta profesión podría hacerme sentir tan vulnerable”, me dijo. Sin sorprenderme la confesión, este encuentro resonó profundamente en mí y subrayó una realidad que muchos en nuestra profesión enfrentan en silencio: nadie, independientemente de su posición, habilidades y pasión por nuestro noble oficio de la abogacía es ajeno a las posibles repercusiones negativas de enfrentarse constantemente a altas exigencias, plazos improrrogables o la gran responsabilidad de tener en nuestras manos los derechos e intereses de nuestros clientes.<br><br>La Fundación ICAM Cortina al liderar el primer estudio sobre bienestar y salud integral de la abogacía ha puesto en evidencia la problemática y la necesidad de abordar estas cuestiones de manera omnicomprensiva y sostenida.<br><br>Se trata de un paso crucial porque nos permite visibilizar una realidad que ha sido, durante demasiado tiempo, tabú en la sociedad en general y en nuestra profesión en particular. A través de este estudio hemos obtenido datos concretos y detallados que esperamos nos ayuden a comprender mejor los desafíos específicos que enfrentan nuestros abogados y abogadas en términos de bienestar mental y emocional.<br><br>Además, este trabajo será una herramienta esencial para diseñar y poner en práctica estrategias y programas efectivos que aborden estas problemáticas de manera integral. Los datos que nos ofrece subrayan la importancia de abordar el bienestar emocional de los abogados y abogadas y la necesidad de un cambio cultural profundo dentro de nuestra profesión, un cambio que el ICAM y, como no puede ser de otra manera, su Fundación, están decididos a liderar.<br><br>Como colegio profesional más grande de Europa, el ICAM tiene la responsabilidad de impulsar avances y soluciones, ofreciendo apoyo y recursos a nuestros colegiados y colegiadas, y promoviendo entornos de trabajo en el sector saludables y sostenibles.<br>Los datos de nuestra investigación revelan que la conciliación de la vida laboral y personal, el impacto de la tecnología y el teletrabajo, y la necesidad de un mayor reconocimiento y valoración de la profesión son áreas donde aún existen desafíos significativos. Al abordar estos problemas de frente, estamos demostrando nuestro compromiso con el bienestar integral de los profesionales de la abogacía.<br><br>Nuestro estudio también constata que 6 de cada 10 profesionales de la abogacía han experimentado ansiedad relacionada con su trabajo en el último año. Esta elevada cifra subraya la importancia de continuar ofreciendo servicios de valor que cuiden del bienestar y el desarrollo personal y profesional de nuestros colegiados y colegiadas. Es esencial que nuestros profesionales tomen conciencia sobre la importancia de cuidarse a sí mismos también para poder prestar un servicio de calidad a sus clientes. El bienestar integral no es un lujo, es una necesidad.<br><br>Personalmente, he aprendido que la resiliencia no consiste en ser invulnerable, sino en tomar conciencia de nuestras limitaciones y buscar activamente los recursos y las herramientas necesarias para gestionarlas. Este enfoque nos fortalece y nos prepara mejor para enfrentar los desafíos.<br><br>Por ello, es una satisfacción que el programa “Bienestar ICAM”, impulsado a lo largo del último año desde la Fundación ICAM Cortina, haya recibido una acogida excepcional. Los talleres, las sesiones de coaching y el programa de formación para despachos han sido valorados muy positivamente por sus destinatarios, quienes han encontrado en estas iniciativas herramientas valiosas para el cuidado de su bienestar integral y su desarrollo profesional y personal, así como el de sus organizaciones y las personas que las integran. El feedback positivo recibido confirma que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir adelante con este compromiso.<br><br>En este nuevo año, el proyecto “Bienestar ICAM” continuará con más fuerza y dedicación. Seguiremos ofreciendo los servicios que tan buena acogida han tenido, poniendo especial énfasis en atraer a los colegiados y colegiadas más jóvenes y ofreciéndoles servicios específicos que respondan a sus necesidades.<br><br>Además, introduciremos nuevos talleres de bienestar, abordando temáticas que inciden directamente en la salud mental y el bienestar integral de nuestros colegiados. La segunda edición incluirá temas troncales y novedades transversales, asegurando que todos los participantes encuentren valor y relevancia en cada sesión.<br><br>Asimismo, debido a la alta demanda, crearemos un ciclo de talleres exclusivamente online, permitiendo así que todos los colegiados y colegiadas que lo deseen tengan la oportunidad de participar, independientemente de su ubicación o disponibilidad. En este caso los talleres se enfocarán en las cuestiones más recurrentes identificadas a través de nuestro servicio telefónico de atención psicológica, manteniendo siempre la confidencialidad y el anonimato de las llamadas.<br><br>Las sesiones de coaching para el desarrollo profesional también continuarán, ayudando a los abogados a alcanzar su máximo potencial en un entorno de apoyo y orientación.<br>Además, reforzaremos el compromiso con los despachos a través de la segunda edición del programa “Bienestar para Despachos” y la concesión del distintivo “Despacho Comprometido con el Bienestar”. Nuestro objetivo es sensibilizar y formar a los despachos para que adopten buenas prácticas en bienestar organizacional y promuevan la salud mental entre sus equipos, incentivándolo a través de este sello de calidad. Nuestra visión va más allá de las soluciones inmediatas: buscamos poner en práctica cambios duraderos en el sector que beneficien a futuras generaciones de abogados.<br><br>Finalmente, el teléfono de atención psicológica seguirá siendo una piedra angular de nuestro programa, proporcionando un recurso accesible y vital para aquellos colegiados y colegiadas que necesitan apoyo emocional y psicológico individualizado.<br><br>En conclusión, nuestro compromiso con el bienestar integral de la abogacía madrileña es firme y continuo. La Fundación ICAM Cortina seguirá trabajando incansablemente para ofrecer soluciones y apoyo a nuestros colegiados, promoviendo un entorno de trabajo saludable y sostenible. Juntos, podemos transformar nuestra profesión y asegurar que cada abogado y abogada pueda desarrollar su carrera en un entorno de apoyo y comprensión, promoviendo así una función, consustancial al Estado de Derecho, más robusta y eficaz.</p>
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		<title>La amnistía, el Congreso de los Diputados y la Constitución</title>
		<link>https://www.otrosi.net/ley-amnistia-revista-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Dorrego de Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 13:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El 16 de marzo de 2021 el Grupo Republicano (ERC) y Plural (JUNTS y PDeCAT) presentaron en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa con un título muy elocuente: “Proposición de ley orgánica de amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español”. Esta proposición (“PL 2021”), aunque redactada por manos [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph">El 16 de marzo de 2021 el Grupo Republicano (ERC) y Plural (JUNTS y PDeCAT) presentaron en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa con un título muy elocuente: “Proposición de ley orgánica de amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta proposición (“PL 2021”), aunque redactada por manos jurídicamente mucho menos finas, tenía exactamente la misma finalidad y objeto que la registrada el pasado 13 de noviembre por el Grupo Parlamentario Socialista. La PL 2021 pretendía amnistiar “… todos los actos de intencionalidad política, … tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa llevados a cabo desde el 1 de enero de 2013…”, entendiendo por tales “… cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la independencia de Catalunya…” (art.1). Por su parte, la proposición de ley orgánica de 2023 (“PL 2023”) amnistía “… Los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos…” siempre que fueran cometidos desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023. Existe, pues, una identidad sustancial de las dos iniciativas legislativas en su objeto, fundamento racional y ámbito temporal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También existe tal identidad en su articulación técnico-jurídica. Ambas iniciativas regulan en términos análogos los efectos derivados de la amnistía en el ámbito de la responsabilidad penal, tanto en el caso de delitos juzgados como de los procesos judiciales que se encuentran en distintas fases de tramitación (art. 4 PL 2023 y art. 2 PL 2021). También regulan de forma semejante los efectos de la amnistía sobre las sanciones administrativas impuestas y los procedimientos sancionadores, sobre los asuntos en tramitación ante el Tribunal de Cuentas y sobre la medidas cautelares y órdenes de detención adoptadas. Se contempla, en fin, en unos términos prácticamente idénticos, el principio de exclusividad jurisdiccional en la aplicación de la Ley. Esto es, que “… la aplicación de amnistía, en cada caso, corresponderá exclusivamente a los jueces y tribunales…” (art. 4.2 PL 2021, equivalente al art. 9.1 de la PL 2023). La única diferencia relevante entre ambas iniciativas, con cierto contenido sustantivo, se encuentra en la Disposición Adicional de la PL 2021, en la cual se precisaban con exactitud (si bien sin constituir numerus clausus) los procedimientos judiciales (cerrados o aún abiertos) a los que resultaría aplicable la amnistía.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Como es bien sabido, la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 23 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo formal de no admitir a trámite la PL 2021. Es decir, no permitir siquiera el debate y votación sobre la iniciativa legislativa, por considerarla manifiestamente inconstitucional: “… no procede su admisión a trámite en la medida en que, de un examen preliminar se desprende que la misma, al suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme, entraría en una contradicción palmaria y evidente con los dispuesto en el artículo 62.i) de la Constitución, de acuerdo con el cual no cabe que la ley autorice indultos generales”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Aun cuando en un plano estrictamente teórico pudiera ser razonable el criterio de la Mesa de la Cámara, pues la función de calificación del órgano de gobierno de las Cámaras esta fuertemente limitada por el TC y circunscrita a un plano esencialmente formal (precisamente en favor de la libertad de iniciativa política de las minorías parlamentarias), lo que no resulta convincente son los argumentos jurídicos esgrimidos para separarse de forma tan abrupta de la calificación realizada en marzo de 2021.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Las explicaciones de este overruling parlamentario resultan, al menos, discutibles. Se indica que la PL 2023 establece (respecto a la PL 2021) “… un ámbito objetivo de actuación más claramente definido …”. Una afirmación que no puede compartirse si se realiza un sencillo contraste de ambas iniciativas, en las que (en la práctica) quedan incluidas exactamente las mismas figuras delictivas. El hecho de que existiera una DA en la PL 2021 individualizando las causas judiciales afectadas en realidad, más bien contradice el argumento anterior.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se argumenta también que la exposición de motivos de 2023 “… no pone en duda la adecuación a los principios del Estado de Derecho de las autoridades judiciales y administrativas, …”. Si bien, incluso aunque esta afirmación fuera cierta, no parece que afecte, en un plano jurídico, a la conclusión alcanzada por la Mesa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El fundamento último de la decisión adoptada por la Mesa en marzo de 2021 se encuentra en que la exoneración indiscriminada de responsabilidad penal en determinadas categorías de delitos ya juzgados y condenados, sin la tramitación individualizada del correspondiente expediente de indulto, materialmente implica la autorización por ley de un indulto general.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El art. 62.i) de la CE, resultante de una peculiar génesis parlamentaria y de una decisiva enmienda in voce en la Comisión Constitucional formulada por el diputado por Ávila, J.M. Martín Oviedo, no prohíbe (como sería lógico dada su ubicación sistemática) que el poder ejecutivo otorgue “… indultos generales…” (como establecía, por cierto, la redacción procedente del Informe de la Ponencia). Lo que prohíbe la Constitución es que “… la ley … “autorice “… indultos generales …” (vid. BOCG, CD, n. 82 y 121 de 1978). No se trata, por tanto, de una limitación constitucional al Rey (esto es, al Gobierno) sino a las Cortes Generales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La tesis de que el efecto material de la amnistía es un indulto general sin duda es discutible en términos constitucionales (lo está siendo largamente -de hecho- en estos últimos meses), pero lo cierto, lo verdaderamente determinante, es que es la tesis jurídica por la que se inclinó la Mesa del Congreso en 2021. Y ello no puede soslayarse ni relativizarse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos impiden a (todos) los órganos del Estado llamados a aplicar las leyes apartarse injustificadamente de los precedentes propios (stare decisis). Un órgano del Estado, la Mesa del Congreso de los Diputados, que tiene como función decidir neutral y objetivamente, con arreglo a criterios estrictamente jurídicos y constitucionales, sobre la admisibilidad de las iniciativas legislativas (nada menos), no puede invertir diametralmente su criterio al cabo de unos meses sin una justificación plausible, razonable y válida en Derecho. En mi opinión no cabe el overruling parlamentario por motivos (más o menos legítimos) de mera oportunidad política. Esto es, como consecuencia de las negociaciones para la consecución de los apoyos necesarios en la investidura. Si ello fuera así, es decir, si los criterios extrajurídicos, de simple oportunidad política, pudieran determinar qué iniciativas (legislativas o de control político) se admiten (o inadmiten) por la Mesa y se sustraen al libre debate parlamentario, nos encontraríamos ante una grave subversión de los principios más elementales del sistema parlamentario. Es evidente, por tanto, que las decisiones de la Mesa del Congreso no son (ni pueden ser) políticas sino estrictamente jurídicas e institucionales. Como lo ha de ser también cualquier apartamiento radical de los precedentes. Es decir, de la decisión adoptada ante una iniciativa sustancialmente idéntica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La modificación del criterio de calificación sin motivación jurídica suficiente implica una lesión grave de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, proclamados en el artículo 9.3 CE (sin duda tutelable por el Tribunal Constitucional), y una vulneración de la Cláusula del Estado de Derecho en la que se fundamenta la Unión Europea según el artículo 2 del TUE, según esta ha sido interpretada en los procedimientos abiertos al amparo del artículo 7.1 de dicho tratado.</p>
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