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	<title>Eugenio Ribón, autor en Otrosí</title>
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	<description>Revista del Colegio de la Abogacia de Madrid</description>
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	<title>Eugenio Ribón, autor en Otrosí</title>
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		<title>Cerrar filas en torno al Estado de Derecho</title>
		<link>https://www.otrosi.net/cerrar-filas-en-torno-al-estado-de-derecho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugenio Ribón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 14:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna del Decano]]></category>
		<category><![CDATA[Número 4]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Este número especial de OTROSÍ es, ante todo, una afirmación: la defensa del Estado de derecho no es una tarea delegable. Nos interpela como juristas, como ciudadanos y, especialmente, como institución colegial comprometida con la democracia y el servicio público. La calidad de las leyes, la independencia de la justicia, la garantía de los derechos [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph">Este número especial de OTROSÍ es, ante todo, una afirmación: la defensa del Estado de derecho no es una tarea delegable. Nos interpela como juristas, como ciudadanos y, especialmente, como institución colegial comprometida con la democracia y el servicio público.<br><br>La calidad de las leyes, la independencia de la justicia, la garantía de los derechos y libertades o la existencia de contrapesos reales no son cuestiones abstractas. Son la base misma de nuestra convivencia. Y hoy, lamentablemente, también son objeto de erosión, cuestionamiento o amenaza en muchas partes del mundo.<br><br>Como Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, quiero subrayar que no hay neutralidad posible ante la deslegitimación del derecho como fundamento de nuestra vida común. No podemos permanecer impasibles ante procesos que debilitan a los jueces, instrumentalizan las instituciones o menosprecian la labor profesional de quienes —como los abogados y abogadas— dedicamos nuestra vida a defender la legalidad y los derechos.<br>Esta revista ha reunido voces de altísimo nivel jurídico, académico e institucional. Ha ofrecido un diagnóstico honesto y plural de los riesgos que enfrentamos. Y ha recordado que, frente a quienes pretenden disolver la fuerza de la ley bajo la lógica del poder, la abogacía debe ser resistencia, debe ser dique, debe ser conciencia.<br><br>El papel de la abogacía no es menor en este tiempo de incertidumbre: somos garantes, mediadores y, en muchas ocasiones, los últimos en sostener el hilo de la legalidad cuando todo lo demás falla. Por eso debemos cerrar filas en torno a nuestros valores. Estar al lado de los jueces independientes. Defender la legalidad sin cálculos ni atajos. Y ejercer, como profesión, esa función social que nos otorga dignidad y responsabilidad.<br><br>En un contexto internacional en el que resurgen discursos autoritarios, prácticas intimidatorias contra la abogacía y una preocupante desafección hacia las garantías procesales, es más importante que nunca recordar el papel irrenunciable que desempeñamos como profesión. La defensa no es una concesión del sistema; es la condición misma de su legitimidad.<br><br>Cada vez que se socava el ejercicio libre e independiente de la abogacía, no solo se daña a quien la ejerce, sino que se erosiona la base de confianza que sostiene al conjunto del Estado de derecho.<br><br>Los colegios de la abogacía —y en particular el ICAM, como mayor colegio de Europa— no pueden limitarse a ser estructuras de representación profesional. Somos —y debemos ser— instituciones democráticas al servicio activo de las libertades públicas.<br><br>Cuando defendemos el secreto profesional, cuando actuamos frente a vulneraciones del derecho de defensa, no lo hacemos por interés gremial, sino por compromiso constitucional. Porque donde no hay defensa, no hay justicia. Y donde no hay justicia, no hay democracia.<br><br>Este número ha querido contribuir, con profundidad y perspectiva, a ese compromiso colectivo. Ahora nos toca a todos hacerlo realidad. Porque el Estado de derecho no se preserva solo: hay que defenderlo. Y esa defensa empieza también aquí.<br><br>Lo hacemos cada vez que recordamos que principios como el derecho de defensa y el secreto profesional no son privilegios gremiales, sino garantías esenciales de cualquier democracia que aspire a ser justa. Defender a la abogacía es también proteger los derechos de todos. Por eso, el Colegio seguirá interviniendo —con firmeza, serenidad y vocación de servicio público— allí donde el Estado de derecho requiera nuestra voz y nuestras actuaciones.</p>
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		<title>El secreto profesional no se negocia</title>
		<link>https://www.otrosi.net/el-secreto-profesional-no-se-negocia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugenio Ribón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis revista]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna del Decano]]></category>
		<category><![CDATA[Numero 3]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La confianza es la esencia del derecho de defensa. Es la garantía que permite que cualquier ciudadano, sin importar su posición, pueda acudir a su abogado con la certeza de que sus palabras están protegidas. Sin esa confianza, el sistema se desmorona. Y en marzo de 2024, esa piedra angular de la justicia fue golpeada [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph">La confianza es la esencia del derecho de defensa. Es la garantía que permite que cualquier ciudadano, sin importar su posición, pueda acudir a su abogado con la certeza de que sus palabras están protegidas. Sin esa confianza, el sistema se desmorona. Y en marzo de 2024, esa piedra angular de la justicia fue golpeada de lleno.<br><br>El ICAM denunció entonces con firmeza la extrema gravedad de la publicación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, de datos concretos de diligencias de investigación, incluyendo fechas y contenido de conversaciones mantenidas entre un abogado y el Ministerio Fiscal, todo ello en una nota oficial. Esto, por sí mismo, ya supone, a juicio de este Colegio, una vulneración inaceptable del secreto profesional, un derecho que no pertenece al abogado, sino al ciudadano.<br><br>Este ataque al secreto profesional es, en esencia, un ataque al Estado de Derecho mismo y a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 24 de la Constitución Española.<br>El Estatuto de la Abogacía, reconoce en su artículo 22 el derecho y deber de los abogados a preservar en secreto toda comunicación con sus defendidos y con la contraparte en el proceso. A su vez, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 4.5, impone un deber de reserva y discreción que ha sido flagrantemente ignorado. La violación de estos principios no es solo un atentado contra la abogacía; es un ataque directo a las garantías fundamentales de los ciudadanos y a la integridad de nuestro sistema judicial.<br><br>En otro tiempo, la abogacía fue testigo de cómo ciertos principios esenciales del derecho de defensa se debilitaban sin que se ofreciera una respuesta a la altura del desafío. Pero esta vez, el ICAM ha decidido no permanecer en silencio ni asumir el papel de mero espectador ante un ataque que golpea el corazón de nuestra profesión. Frente a quienes creen que el poder puede imponerse sobre las garantías, la abogacía madrileña se alza con determinación. La revelación de comunicaciones protegidas entre abogado y Fiscalía no es un incidente menor ni un error circunstancial: es un punto de inflexión.<br><br>No basta con señalar la gravedad de lo ocurrido; es necesario responder con la misma contundencia con la que se han vulnerado nuestros derechos. No podemos aceptar que quienes ostentan el poder impongan su lógica sin una respuesta proporcional.<br>La abogacía madrileña no permitirá que se erosione el derecho de defensa ni que se siente un peligroso precedente. No seremos un gremio silenciado ni nos someteremos a una justicia desigual, donde el equilibrio de fuerzas se quiebre en favor del poder.<br>Los principios sobre los que se asienta el Estado de Derecho no se cuestionan ni se relativizan. Se defienden sin fisuras. Porque sin abogados libres e independientes, sin secreto profesional garantizado, la justicia deja de ser justicia. Y eso es algo que, como colectivo, como Colegio y como sociedad, no podemos permitir.<br><br>Sabemos que la batalla no será sencilla. Como tantas veces en la historia, el abuso del poder se reviste de normalidad y las garantías se presentan como obstáculos incómodos. Pero la abogacía no es ni será nunca un colectivo sumiso. Somos la última frontera entre el ciudadano y el abuso, entre la justicia y la arbitrariedad. Y esta vez, hemos decidido resistir.<br><br>[<a href="https://www.abc.es/espana/eugenio-ribon-secreto-profesional-negocia-20250220172404-nt.html">Tribuna publicada originalmente en el diario ‘ABC’</a>]</p>
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		<title>La necesaria voz de la Abogacía en las reformas legislativas</title>
		<link>https://www.otrosi.net/tribuna-decano-otrosi-julio-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugenio Ribón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 09:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna del Decano]]></category>
		<category><![CDATA[Número 2]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La reciente aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa por el Congreso marca un avance significativo, no solo por su contenido, sino por el creciente papel que la abogacía ha desempeñado en su elaboración. Esta participación activa en el proceso legislativo es fundamental para garantizar que las leyes reflejen las necesidades y realidades [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.otrosi.net/tribuna-decano-otrosi-julio-2024/">La necesaria voz de la Abogacía en las reformas legislativas</a> se publicó primero en <a href="https://www.otrosi.net">Otrosí</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph">La reciente aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa por el Congreso marca un avance significativo, no solo por su contenido, sino por el creciente papel que la abogacía ha desempeñado en su elaboración. Esta participación activa en el proceso legislativo es fundamental para garantizar que las leyes reflejen las necesidades y realidades del ejercicio profesional, asegurando una justicia más eficiente, equitativa y accesible.<br><br>Desde el ICAM debemos sentirnos particularmente satisfechos por la incorporación de diversas enmiendas propuestas, poniendo de manifiesto la importancia de que los profesionales del Derecho tengan una influencia directa en la creación de normas que afectan tanto a nuestro ejercicio diario como a la defensa de los derechos de la ciudadanía.<br><br>Esta influencia se logra no solo a través de una colaboración constante con los legisladores, sino presentando propuestas fundamentadas en la experiencia práctica y en el profundo conocimiento del sistema judicial y también tejiendo alianzas, con organizaciones de la sociedad civil, que contribuyen a la solidez de lo que se plantea.<br><br>Es lo que ha ocurrido con un cambio sustancial en esta norma: la introducción en el artículo 6, sobre derecho a la información, de la regulación de criterios orientativos sobre honorarios a efectos de tasación de costas, una propuesta del ICAM, es fundamental para proporcionar transparencia y seguridad jurídica a los ciudadanos. Como venimos argumentando (desde apenas días después de nuestra toma de posesión), conocer de antemano los costes aproximados de los procesos judiciales permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre su representación legal. Por ello, este avance es crucial para una justicia accesible y equitativa, evitando sorpresas desagradables y promoviendo una percepción de justicia más justa y previsible.<br><br>La ley también incorpora mejoras en la defensa de personas jurídicas, extendiendo el beneficio de la justicia gratuita en procedimientos penales, especialmente en macroprocesos. Una cuestión en la que hemos sido igualmente combativos sin matices. Clarificar los criterios para la retribución de la defensa de personas jurídicas asegura que todos los abogados reciban una compensación justa por su trabajo, independientemente de las circunstancias de sus clientes. Esto es vital para garantizar un acceso equitativo a la justicia y mantener la motivación y el compromiso de los profesionales del Derecho.<br><br>Uno de los aspectos más críticos de la nueva ley es el refuerzo del secreto profesional. La protección de las comunicaciones entre abogados y clientes es esencial para una defensa efectiva y privada. Sin esta garantía, la confianza entre el abogado y su cliente se vería comprometida, afectando negativamente la calidad de la representación legal. La insistencia del ICAM en este punto y su defensa a ultranza como venimos demostrando estos meses es un signo más del papel que entendemos debe tener este Colegio.<br><br>Aumentar la influencia de la abogacía en la elaboración de leyes requiere una combinación de estrategias. Colectivos, empresas y organizaciones civiles tienen un largo recorrido tanto de manera formal, a través de órganos de participación, como informal, con acciones de lobbying, en este terreno. La Abogacía no puede quedarse atrás. La participación activa de la abogacía en la elaboración de leyes es esencial para asegurar que las normas sean justas, aplicables y beneficien a la sociedad en su conjunto. Los abogados, por su experiencia directa con el sistema judicial y sus usuarios, están en una posición única para identificar áreas de mejora y proponer soluciones efectivas. Esta influencia contribuye a un sistema legal más robusto y eficiente, mejorando la calidad de la justicia y fortaleciendo el Estado de Derecho.<br></p>
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