Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  24/03/2022 

Tribunal Supremo , 24-03-2022 , nº 298/2022, rec.1228/2020,  

Pte: Polo García, Susana

ECLI: ES:TS:2022:1116

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Nules, instruyó Sumario 1/2015, por delitos de falsificación de moneda, falta continuada de estafa y delito de estafa; una vez concluso lo remitió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, para su enjuiciamiento en el procedimiento ordinario, número 7/2018, cuya Sección dictó Sentencia número 389 en fecha 19 de noviembre de 2019, que contiene los siguientes Hechos Probados:

" El acusado Camilo, mayor de edad, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, desde fecha no concretada del año 2011 venía confeccionando billetes de valor facial de 50 euros que simulaban ser originales y que luego introducía en el tráfico mercantil. El sistema era o bien proveer a algún conocido suyo de billetes para que con ellos efectuasen compras y se lucrasen con el valor de lo obtenido, o bien él mismo llevar cabo pequeñas compras de escaso valor en distintos establecimientos, lucrándose con el cambio obtenido.

De esta manera, sobre las 17,30 horas del día 9 de diciembre de 2011, el acusado Cecilio, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, tras haber obtenido los billetes de Camilo a sabiendas de que habían sido elaborados por éste, haciéndose acompañar, dentro del plan concertado, de un familiar suyo que por entonces era menor de edad y que era quien había contactado valiéndose del teléfono de Cecilio con Eulalio, que anunciaba por internet la venta de cuatro jilgueros, se personaron en el domicilio de éste sito en la CALLE000 núm. NUM000, en la localidad de DIRECCION000, al que compraron los referidos pájaros, entregando para su pago 14 billetes de 50€ que llevaban el mismo número de serie, el NUM001,que el referido Eulalio recibió en la creencia de que eran de curso legal, y que según informe pericial elaborado por el Departamento de Grafística de la Guardia Civil, resultaron ser falsos.

Sobre las 9,25 horas del día 13 de marzo de 2012, el acusado Camilo, puesto de acuerdo con otra persona inicialmente acusada en esta causa, pero actualmente fallecida, se trasladó en el turismo BMW 320 matr. R....QD, que él mismo conducía, hasta la localidad de DIRECCION001, y una vez en la CALLE001, mientras él esperaba en el turismo, su compañero entró en un estanco allí existente donde adquirió un paquete de tabaco para cuyo pago entregó un billete de 50 euros de los que había elaborado, que no fue aceptado por la empleada al percatarse de su falsedad tras pasarlo por un aparato detector.

Ese mismo día pero aproximadamente media hora más tarde, el acusado Camilo, en compañía de la persona antes dicha y a bordo del turismo indicado, se personaron en la Ferretería DIRECCION002, sita en el número NUM002 de la CALLE002 de dicha localidad de DIRECCION001, y mientras Camilo permanecía en el interior del turismo, su acompañante adquirió un prolongador de manguera de luz que costaba 8,60€, para cuyo pago entregó un billete de 50 € de los que había confeccionado Camilo que recibió la señora que le atendió sin percatarse de que fuera falso, como así dictaminó el Departamento de Grafística de la Guardia Civil, obteniendo 41,40 € de la devolución que incorporaron a su patrimonio.

Sobre las 9,20 horas del día siguiente, esto es del 14 de marzo de 2012, el acusado Camilo y el acusado fallecido al que nos venimos refiriendo, acudieron a la localidad de DIRECCION003, y una vez allí se personaron en el Bar DIRECCION004, sito en el número NUM003 de la AVENIDA000, donde tras consumir dos bocadillos y dos cervezas, abonaron el paso de dicha consumición con un billete de 50€ de los confeccionados por Camilo, sin que consiguieran su propósito al detectar la empleada la falsedad del billete.

Ese mismo día, cuando salieron el bar antes indicado, el acusado Camilo y su acompañante citado accedieron al establecimiento DIRECCION005, sito en el número NUM004 de la indicada AVENIDA000, donde tras adquirir varios productos por un importe de 7,10€, los pagaron con un billete de 50€ de los confeccionados mendazmente por Camilo, obteniendo la devolución de 42,90€ de los que se apoderaron en su propio beneficio. Dicho billete ha sido declarado falso por el Departamento de Grafística de la Guardia Civil.

El día 23 de marzo de 2012, tras haber obtenido el oportuno mandamiento judicial, agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo una diligencia de entrada y registro en el domicilio que el acusado Camilo y su entonces esposa, la también acusada Maribel, mayor de edad y sin antecedentes penales, compartían en la URBANIZACION000 de la localidad de DIRECCION006, interviniendo en el mismo un secador, un cuter y un ordenador, impresora y cartucho de tinta para escaneo, tratado e impresión de billetes, así como diversos recortes de papel que simulaban billetes no auténticos y fragmentos de papel quemado. Igualmente se encontró el alargador que había sido adquirido en la Ferretería DIRECCION002 de DIRECCION001.

No está probado que la acusada Maribel, aunque sospechase que su entonces esposo, el acusado Camilo, se dedicaba en el domicilio que compartían a confeccionar billetes falsos, participase de alguna manera ayudándole en las labores de falsificación y posterior puesta en circulación llevadas a cabo por el mismo.

No está acreditado que el acusado Luis Pablo, colaborase con el acusado Camilo en la expedición de los billetes elaborados por éste.

Incoadas diligencias en averiguación de los hechos aquí juzgados en diciembre de 2011, el proceso siguió su curso normalmente hasta el mes de marzo de 2013 en que se recibió la comunicación del Juzgado central de Instrucción núm. 1 de Madrid rechazando la inhibición en su favor acordada, sin que hasta el mes de marzo de 2014 ( folio 1079 ) se diera impulso al proceso, volviendo a quedar paralizado entre 25 de junio de 2014 en que se acuerda averiguar el domicilio del entonces investigado Juan Francisco para notificación del Auto de trasformación a sumario, la que se lleva a cabo el 24 de julio siguiente, hasta el 31 de julio de 2015 en que se acuerda llevar a cabo nuevas diligencias. Igualmente entre 16 de septiembre de 2016 en que se procede a la tasación de los bienes y el 6 de abril de 2017 en que se dicta el auto de procesamiento, el procedimiento no avanzó. Finalmente, y tras un primer señalamiento para el juicio el día 4 de junio de 2019, se llevó a cabo los días 5 y 15 de noviembre de los corrientes".

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"Que debemos absolver y absolvemos libremente a la acusada Maribel del delito por el que venía siendo acusada, con todos los pronunciamientos favorables, dejando sin efecto cualquier medida cautelar personal o real que estuviera acordada para con la misma.

Que debemos absolver y absolvemos libremente al acusado Juan Francisco del delito por el que venía siendo acusado, con todos los pronunciamientos favorables, dejando sin efecto cualquier medida cautelar personal o real que estuviera acordada para con la misma.

Que debemos absolver y absolvemos libremente al acusado Luis Pablo el delito por el que venía siendo acusado, con todos los pronunciamientos favorables, dejando sin efecto cualquier medida cautelar personal o real que estuviera acordada para con la misma.

Que debemos condenar y condenamos al acusado Camilo, como responsable en concepto de autor de un delito de falsificación de moneda anteriormente tipificado, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la atenuante simple de drogadicción, a la pena de cuatro años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante dicho tiempo.

Que debemos condenar y condenamos al acusado Camilo, como responsable en concepto de autor de una falta continuada de estafa anteriormente tipificada, a la pena de dos meses de multa a razón de una cuota de seis euros/día, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago establecida en el art. 53 del Código Penal.

Que debemos condenar y condenamos al acusado Cecilio, como autor responsable de un delito de expedición de moneda falsa anteriormente tipificado, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante dicho tiempo.

Que debemos condenar y condenamos al acusado Cecilio, como autor responsable de un delito de estafa anteriormente tipificado, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de cuatro meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante dicho tiempo.

El acusado Camilo deberá indemnizar al establecimiento Ferretería DIRECCION002 en la cantidad de 41,40€ y al establecimiento DIRECCION005 en la de 42,90€, cantidades que devengarán los intereses normados en el art. 576 de la LEC desde la fecha de esta sentencia.

El acusado Cecilio deberá indemnizar a Eulalio en la cantidad de 700€ más los intereses normados en el art. 576 de la LEC desde la fecha de esta sentencia.

Tres séptimas partes de las costas procesales causadas se declaran de oficio.

Las otras cuatro séptimas partes se le imponen a los acusados Camilo y Luis Pablo por mitad entre ambos.

Se les abona a los acusados el tiempo de privación de libertad que haya sufrido por razón de esta causa.

Así por esta nuestra sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de casación ante la Sala 2ª del TS, que se preparará ante el tribunal que la dicta dentro del término de cinco días siguientes a la última notificación de la sentencia, mediante escrito firmado por Abogado y Procurador, conforme a lo dispuesto en los artículos 855, 856 y 857 de la L.E. Criminal, la pronunciamos, mandamos y firmamos.".

Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se prepararon los recursos de casación por las representaciones legales de los condenados, Camilo y Cecilio, y que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación legal de los recurrentes formalizaron el recurso alegando los siguientes motivos de casación:

A) Camilo:

Motivo Primero. - Se articula el motivo al amparo del art. 852 LECrim, en relación con el art. 5.4 LOPJ por vulneración al derecho fundamental a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la interdicción de la arbitrariedad y a un proceso con todas las garantías ( artículos 9.3 y 24.1 y 2 de la Constitución Española).

Motivo Segundo. - Se formula el presente motivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error de hecho en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos y que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Motivo Tercero. - Se formula el presente motivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 386. 1º CP.

Motivo Cuarto. - Se formula el presente motivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 623.4 CP.

Motivo Quinto. - Se formula el presente motivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 66.1. 2º y 72 del Código Penal.

B) Cecilio:

Motivo Primero. - Se articula el motivo al amparo del art. 852 LECrim, en relación con el art. 5.4 LOPJ por vulneración al derecho fundamental a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la interdicción de la arbitrariedad y a un proceso con todas las garantías ( artículos 9.3 y 24.1 y 2 de la Constitución Española).

Motivo Segundo. - Se formula el presente motivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error de hecho en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos y que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Motivo Tercero. - Se formula el presente motivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 386. 3º CP.

Motivo Cuarto. - Se formula el presente motivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida de los artículos 248 y 249 CP.

Motivo Quinto. - Se formula el presente motivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 66.1. 2º y 72 del Código Penal.

Conferido traslado para instrucción, al Ministerio Fiscal manifestó; quedar instruido del recurso y que procede el APOYO PARCIAL del motivo cuarto del primer recurrente y la IMPUGNACIÓN de todos los demás motivos.

Por Providencia de esta Sala de fecha 10 de febrero de 2022, se señala el presente recurso para deliberación y fallo para el día 23 de marzo de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Recurso de Camilo

1. Se articula el primer motivo al amparo del art. 852 LECrim, en relación con el art. 5.4 LOPJ por vulneración al derecho fundamental a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la interdicción de la arbitrariedad y a un proceso con todas las garantías ( artículos 9.3 y 24.1 y 2 de la Constitución Española).

En el desarrollo del motivo se afirma que la condena del recurrente se sustenta en dos elementos probatorios: el registro efectuado en su vivienda (incluido el examen de sus bolsas de basura) teniendo los objetos encontrados un claro carácter ambiguo sin que puedan ser considerados como útiles delictivos, y el informe pericial emitido por el Departamento de Grafística de la Guardia Civil, del cual no se puede concluir que los fragmentos de papel, ni la impresora analizada, sirvieran para la falsificación de billetes que se le imputa, pruebas que no constituyen prueba de cargo suficiente para enervar el derecho fundamental del acusado a la presunción de inocencia, así como que el examen y valoración por parte del Tribunal supone una vulneración del derecho a la tutela judicial.

2. Cuando se denuncia en casación la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, hemos dicho en sentencia SSTS 615/2016, de 8 de julio, 200/2017, de 27 de marzo, 376/2017 de 20 de mayo, que "ha de verificarse si la prueba de cargo en base a la cual el tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, y por tanto: En primer lugar, debe analizar el " juicio sobre la prueba ", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.

En segundo lugar, se ha de verificar " el juicio sobre la suficiencia ", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia.

En tercer lugar, debemos verificar "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad ", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia. Bien entendido, como establece la STS. 1507/2005 de 9.12, "El único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada "en el juicio". El segundo cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control.

3. El tribunal de instancia valora la prueba practicada en el FD 2º. En primer lugar tiene en cuenta como indicio incriminatorio de la participación del acusado en los hechos imputados, el resultado del registro efectuado en su domicilio, en el que se encontraron distintos objetos ( un secador, un cúter, un ordenador, impresora y cartucho de tinta para escaneo, tratado e impresión de billetes, así como diversos recortes de papel que simulaban billetes no auténticos así como fragmentos de papel quemado ), sobre los citados objetos afirma la Sala que el secador, por más que tenga también otras utilidades más normales, es un instrumento hábil para el secado de la tinta una vez impreso el billete, el cúter sirve para el recorte de los billetes impresos y el ordenador y la impresora son aptos para el escaneo, tratado e impresión de los billetes.

Hace expresa referencia el tribunal a que en la citada diligencia se encontró un recorte de papel blanco con una sombra plateada en su borde y con una línea azul en varias tonalidades compatible con un billete falso de 20€, y a que con dicha ocasión también se halló el alargador que había sido adquirido en la ferretería DIRECCION002 de DIRECCION001 con la ocasión a que se hace referencia en los hechos probados.

Por otro lado, se cita como indicio incriminador lo encontrado en la bolsa de basura que los agentes de la Guardia Civil con NIP NUM005 y NUM006, que comparecieron luego en el plenario ratificando su participación en la investigación de los hechos y del atestado correspondiente, recogieron el día 9 de marzo de 2012, sobre las 22 horas, después de que el acusado la depositara en el contenedor existente enfrente de su domicilio, en las que se hallaron un cartucho de tinta para impresora, varios fragmentos de papel, unos de color verde y otros de color azul, uno de los primeros contenía la inscripción 2000€ y otro de los segundos la inscripción 2000€.

Cuenta también el tribunal con la declaración de los agentes de la Guardia Civil interviniente, en especial con el TIP NUM007, que formaba parte del operativo de seguimiento que detectó la presencia del acusado en las localidades donde ocurrieron los hechos - DIRECCION001 y DIRECCION003- y donde fueron recuperados los billetes de 50 € que han sido declarados falsos, así como, con la declaración de los perjudicados por estos hechos.

Por último, se valora como prueba incriminatoria el informe pericial elaborado por el Departamento de Grafística de la Guardia Civil ( folios 1189 a 1208 del Tomo III ), ratificado en el acto del juicio por sus emisores, en el que se concluye que " los 16 billetes analizados son falsos, que el sistema de impresión de los mismos es compatible con el que utiliza la impresora marca Canon que fue hallada en el domicilio del acusado, si bien no se puede descartar otra de la misma marca y modelo, y que los soportes de papel blanco hallado en el domicilio del acusado provienen de una posible falsificación de billetes de 20€". Expertos de grafísticas que declararon en el acto del juicio que dichos billetes no eran simples fotocopias y que podían inducir a confusión.

4. La prueba analizada es suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, el planteamiento que suscita el recurrente, es ajeno al ámbito de la censura casacional por quebranto de la presunción de inocencia, dado que es reiterada doctrina jurisprudencial que salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente.

Tanto más, cuando como ocurre en el presente caso, se parte de una serie de eslabones lógicos, que aisladamente considerados pueden conducir a las conclusiones distintas, que son las dudas que pretende hacer ver el recurrente, pero que en su conjunto, nos llevan a una única conclusión como lógica y razonable, el aquí recurrente es autor del delito de falsificación de moneda por la que viene condenado, ya que todos las piezas que fueron encontradas en el registro realizado en la vivienda del acusado apuntan a un única dirección, a la fabricación de billetes falsos, destacando la Sala no solo el secador, el cúter, el ordenador, la impresora -compatible con la fabricación de los billetes de 50 € entregados por el acusado y que resultaron ser falsos- y el cartucho de tinta de color, sino también, el papel hallado en la habitación, en el cual se afirma que pertenece a un recorte de un billete de 20 euros falso, o las cenizas encontradas en la chimenea con recortes de papel en los que se observan números como el 50, con restos de tinta plateada y azul, junto con lo hallado en la bolsa de basura.

Todo ello, debe ser puesto en relación con un indicio de gran potencia acreditativa del cual prescinde en su alegato el recurrente, que el acusado, los días 13 y 14 de marzo, en cuatro ocasiones, dio en pago billetes falsos en distintos establecimientos.

De todo lo anterior, resulta obvio, que en nada resulta conculcada la presunción de inocencia, ni el derecho a la tutela judicial efectiva, cuya infracción también se invoca, por lo que las alegaciones efectuadas no pueden prosperar.

El motivo se desestima.

1. El segundo motivo se formula al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error de hecho en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos y que demuestran la equivocación del Juzgador.

Se citan como documentos: el Informe Pericial NUM008, emitido por el Departamento de Grafística del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, obrante a los folios 1188 a 1208 (Tomo III), el Informe Pericial NUM009, emitido por el Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, obrante a los folios 1239 a 1253 (Tomo III), y Documentación judicial aportada por el recurrente al inicio de las sesiones del juicio relativa al procedimiento Diligencias Previas 97/2010 seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid, consistente en informe pericial del Banco de España, y auto de 8 de mayo de 2017 que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.

Con base a los mismos, el recurrente concluye que no toda falsificación de moneda es susceptible de ser subsumida en el tipo penal de artículo 386 del Código Penal, que si se examinan las características de los billetes descritas en el informe pericial NUM008, se podrá comprobar cómo los mismos carecen de la idoneidad suficiente para subsumirse en el tipo de penal de falsificación de moneda que nos ocupa, que el Juzgado Central de Instrucción nº 1 acordó el sobreseimiento provisional por no ser los hechos constitutivos de delito, en definitiva que se trata de burdas falsificaciones y como tales debían haberse valorado por la Sala para concluir con un pronunciamiento absolutorio.

2. Debemos recordar, por ejemplo, con la STS 442/2021, de 25 de mayo, que por la vía del art. 849.2 LECrim., se circunscribe el motivo al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza por si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.

En relación al motivo planteado, la doctrina de esta Sala, recordada entre otras en nuestra sentencia 138/2019, de 13 de marzo ( SSTS. 936/2006 de 10 de octubre y 778/2007 de 9 de octubre, entre otras muchas) viene exigiendo para su prosperabilidad la concurrencia de los siguientes elementos:

1) Ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales, aunque estén documentadas en la causa;

2) Ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones;

3) Que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal, art. 741 LECrim.

4) Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Por tanto -se dice en las STS 765/2001 de 19 de julio - el motivo de casación alegado no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato unos hechos que el tribunal declaró probados erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa. Además, como se ha dicho, es preciso que sobre el particular cuestionado no existan otros elementos de prueba, ya que, en esos casos, lo que estaría bajo discusión, sería la racionalidad del proceso valorativo por la vía de la presunción de inocencia en caso de sentencias condenatorias o de la interdicción de la arbitrariedad.

Por otro lado, los informes periciales, no son literosuficientes para evidenciar el error en la valoración de la prueba que se denuncia. El primer requisito que exige el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que el error surja de forma incontestable del particular de un documento. Este carácter no puede atribuirse, como se ha dicho, a las pruebas personales. En cuanto a la prueba pericial, esta Sala ha señalado en numerosas ocasiones que, en realidad, se trata de una prueba personal, aunque excepcionalmente le haya reconocido virtualidad para permitir la alteración del relato fáctico cuando el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto o contradictorio, de modo que se altere relevantemente su sentido originario o bien cuando haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen.

3. En el supuesto, no estamos ante documentos literosuficientes, la prueba pericial, por mucho que el recurrente la quiera reconducir a prueba documental, lo cierto es que los peritos acudieron al juicio oral y su pericia ha sido objeto de valoración desde la inmediación del tribunal de instancia, puesta en relación con otras pruebas también valoradas por la Sala que hemos analizado en el anterior fundamento, y de todo ello concluye el tribunal que, no solo que los billetes intervenidos eran falsos, sino que inducían a error en cuanto a su autenticidad, conclusión alcanzada por la declaración de los peritos en el plenario, por la observación en las distintas fotografías aportadas al proceso, así como del hecho de que a algunas de las personas a las que se entregaron no fueran capaces de distinguirlos, además, los dictámenes periciales en ningún momento se han valorado de forma incompleta.

Por otro lado, las resoluciones judiciales de otros procedimientos no constituyen documentos para sustentar el error facti . Como hemos dicho en la sentencia 492/2016 de 8 de junio, entre otras, carecen de naturaleza documental a estos efectos casacionales, las diligencias policiales, las declaraciones judiciales (por todas, cfr. STS 480/2003, 4 de abril), las sentencias, y demás resoluciones judiciales sean o no del orden penal ( STS 18 de febrero de 2009).

El motivo debe ser desestimado.

Se formula el tercer motivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 386. 1º CP.

El recurrente, si bien cita el apartado 2º del art. 849 de la LECrim, lo cierto es que lo que cuestiona es la subsunción jurídica a la que se refiere el apartado primero del citado artículo, ya que afirma que las falsificaciones no son idóneas para poder constituir el citado ilícito penal, por lo que considera que ha sido indebidamente aplicado el art. 386.1º del CP.

Cuando el recurso de casación se formaliza por la vía del art. 849.1 de las LECrim, las alegaciones del recurrente -hemos dicho en una histórica e incesante jurisprudencia de cita prescindible- han de ajustarse a un ineludible presupuesto metodológico, que no es otro que la aceptación del relato de hechos probados proclamado en la instancia. El incumplimiento de este punto de partida, opera como causa de inadmisión que ahora se convierte en causa de desestimación (cfr. arts. 884.3 y 4 y 885.1 y 2 LECrim).

El recurrente, como acertadamente indica el Ministerio Fiscal, formula la pretensión sin respetar los hechos probados, como es obligado en el cauce por infracción de ley. Sugiere que se trata de burdas imitaciones para negar la idoneidad de las falsificaciones. Sin embargo, los hechos probados no contemplan esta circunstancia; por el contrario, atribuyen al acusado la elaboración de billetes que "simulaban ser originales" y que, además, introdujo en el tráfico mercantil mediante el pago de productos en establecimientos abiertos al público.

Y, en los fundamentos, explica razonadamente la convicción sobre la idoneidad de los billetes para inducir a error sobre la autenticidad, tal y como hemos explicado en el estudio del anterior motivo casacional.

Se desestima el motivo.

1. Se formula el cuarto motivo al amparo de lo dispuesto en el artículo "849.2º" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 623.4 CP.

En el desarrollo del motivo se hace constar que los hechos la falta de estafa estaba tipificada en el apartado 4 del artículo 623 del Código Penal, actualmente derogado. En dicho precepto no venía descrita la acción típica, para ello debíamos acudir a la regulación prevista para que delito de estafa en el artículo 248.1 del Código Penal siendo los requisitos el engaño bastante, error, y desplazamiento patrimonial en perjuicio propio y ajeno, todo ello realizado por el sujeto activo del delito con ánimo de lucro, y en el caso, no estamos ante un supuesto de engaño bastante, sino más bien ante una negligencia inexcusable del propio engañado por la evitabilidad del medio empleado para el engaño, ya que el tipo penal de la estafa protege el patrimonio en la medida en que su titular haya observado el comportamiento exigible en orden a su protección, pero no en el caso en que se haya relajado en la observancia de sus deberes de autotutela primaria.

2. Hemos dicho en las SSTS 106/2022, de 9 de febrero, con cita de las anteriores, 660/2014 de 14 de octubre, 482/2008 de 28 de junio y 162/2012 de 15 de marzo, que el principio de confianza o de la buena fe negocial que rige como armazón en nuestro ordenamiento jurídico, no se encuentra ausente cuando se enjuicia un delito de estafa. La ley no hace excepciones a este respecto, ni obliga al perjudicado a estar más precavido en este delito que en otros, de forma que la tutela de la víctima tenga diversos niveles de protección. Por ello, dejando al margen supuestos de insuficiencia o inidoneidad del engaño, en términos objetivos y subjetivos, o de adecuación social de la conducta imputada, la aplicación del delito de estafa no puede quedar excluida mediante la culpabilización de la víctima con específicas exigencias de autoprotección, cuando la intencionalidad del autor para aprovecharse patrimonialmente de un error deliberadamente inducido mediante engaño pueda estimarse suficientemente acreditada, y el acto de disposición se haya efectivamente producido, consumándose el perjuicio.

En este caso, el engaño es bastante y además adecuado. Así, por todas, en nuestra reciente sentencia número 146/2021, de 18 de febrero, tuvimos oportunidad de señalar que, la jurisprudencia de esta Sala ha proclamado la construcción del reproche penal por estafa desde la exigencia de un engaño que el sujeto activo despliega de manera adecuada para que despierte en el sujeto pasivo una convicción equivocada de la realidad existente, de modo que el destinatario del engaño, impulsado precisamente por esa incorrecta e inducida persuasión, realice voluntariamente un acto de disposición patrimonial que no se hubiera abordado de otro modo y que le perjudica.

Del mismo modo, hemos destacado que el delito de estafa puede surgir con ocasión de los negocios jurídicos bilaterales, consistiendo el engaño en el empleo por uno de los contratantes de artificios o maniobras falaces que hagan creer a la contraparte en ciertas cualidades de la prestación que va a recibir que son realmente inexistentes, o que le convenzan de que recibirá la prestación comprometida, ocultando el verdadero propósito de no atenderla y de enriquecerse con lo recibido a cambio". Requisitos que se desprenden del relato fáctico.

Por otro lado, la doctrina de la autoprotección para excluir la tipicidad del engaño cuando en la mecánica operativa ha existido buena fe del perjudicado, no puede ser aceptada. Los perjudicados y sujetos pasivos han sido engañados por el acusado, mediante la utilización de billetes de 50 € falsificados que, como de forma reiterada hemos analizado, incitan a la confusión, ya que no se trata de burdas imitaciones, por lo que el motivo no puede ser atendido con base a las argumentaciones del recurrente.

3. Ahora bien, la sentencia condena por una falta continuada de estafa del art. 623.4 CP, vigente a la fecha de los hechos, "aplicable por mor de cuanto se establece en la Disposición Transitoria Primera de la LO 1/2015, al resultar más favorable para el reo", pues los mismos hechos serían constitutivos de un delito leve, según redacción actualmente vigente.

La Disposición Transitoria 4ª, en su apartado 2, dispone: 2. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como hemos dicho en la reciente STS 750/2021, de 21 de septiembre, con cita de la STS 13/2016 , de 25 de Enero "Conforme el entendimiento habitual de Juzgados y Audiencias, también expuesto en la Circular 1/2015 FGE, esta norma transitoria, que reproduce los términos de la Disposición Transitoria segunda de la LO 3/1989, de 21 de junio, equipara en este régimen transitorio las faltas antes públicas y ahora delitos leves precisados de denuncia del agraviado, por lo que suprime toda posibilidad de conllevar en los procesos en tramitación condena penal, dejando reducido el objeto del proceso al resarcimiento civil del perjudicado si éste no ha renunciado expresamente al mismo, pues de producirse la renuncia el procedimiento se debe archivar". En este sentido la STS nº 534/2016, de 17 de junio; la STS nº 773/2016, de 19 de octubre; la STS nº 695/2017, de 24 de octubre, y la STS nº 656/2020 , de 3 de diciembre, entre otras.

En consecuencia, nada se dice al respecto en la sentencia de instancia, sin que nos conste la denuncia expresa de los perjudicados por estos hechos, por lo que procede absolver al recurrente de la falta de estafa por la que viene condenado, manteniendo la responsabilidad civil fijada la respecto.

El motivo se estima.

En el quinto y último motivo se alega aplicación indebida del artículo 66.1.2º y 72 del Código Penal, por la falta de razonabilidad del grado y extensión concreta de la pena impuesta, ( art. 72 del Código Penal) a la vista de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal concurrentes que, en el caso del Sr. Camilo, son la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada junto con la atenuante simple de drogadicción, y sin agravantes, lo que debió conllevar la rebaja en dos grados de la pena y la aplicación de ésta en su grado mínimo, tal y como permite el artículo 66.1.2º del Código Penal.

Se desarrolla el motivo apuntando que la Sala no motiva suficientemente la pena impuesta, ya que señala que solo se indica que procede bajar la pena en un grado porque " no encuentra motivos para rebajar la pena en dos grados" , pero hay que tener en cuenta, según el relato del recurrente, que si en ocasiones la simple concurrencia de una atenuante muy cualificada ya justifica la reducción de la pena en dos grados, dicha justificación adquiere mayor solidez si además la atenuante muy cualificada concurre con una simple y sin agravantes; y que también se deben tener en cuenta las circunstancias concurrentes, tanto en el hecho delictivo como en el autor y al Sr. Camilo no se le ha intervenido ningún billete falso, no se ha encontrado ni un solo billete falso en su domicilio y tampoco se ha acreditado que se tratara de un falsificador de moneda a gran escala, y en cuanto a la falta continuada de estafa, sólo se ha podido verificar que el mismo entregó dos billetes de 50 € por lo que, los billetes falsos de los que se ha podido aprovechar el Sr. Camilo se reducen a dos; a su vez discrepa de la duración y cuantificación de la pena de multa impuesta.

Si bien es cierto que el art. 66.2 del CP establece que cuando concurran dos o más circunstancias atenuante o una o varias muy cualificadas se debe aplicar la pena inferior en uno o dos grados, y que el argumento de la Sala es muy parco "no encontramos razones para rebajarla en dos", también lo es que en nuestra sentencia 611/2021, de 7 de julio, con cita de la sentencia 199/2017, de 27 de marzo, señalábamos que ante la ausencia de motivación, este Tribunal puede examinar la proporcionalidad de la pena en función de los hechos declarados probados, así como la alegación de elementos de hecho relevantes, favorables al acusado, cuya valoración haya sido indebidamente omitida en la sentencia, y en caso de que no exista justificación implícita de la pena impuesta, proceder a imponer la pertinente, o la mínima legalmente procedente en caso de ausencia total de datos que justifiquen la exasperación punitiva.

En el presente caso, debemos partir de la jurisprudencia de esta Sala -por todas la sentencia 390/2013, de 29 de abril-, ha de mantenerse la interpretación tradicional conforme a la cual en las eximentes incompletas y en las atenuantes muy cualificadas es preceptivo rebajar la pena al menos en un grado y facultativo hacerlo en dos, y ello, primeramente, por razones dogmáticas (en tanto que tales resortes disminuyen el desvalor del injusto típico o la gravedad del reproche culpabilístico y, en consecuencia, deben reducir la pena imponible); en segundo lugar, por razones sistemáticas (en efecto, la segunda parte del precepto solamente tiene sentido aceptando la necesidad de reducir la pena en al menos un grado); en tercer lugar, por razones históricas (ya que es la interpretación congruente con la conceptuación tradicional en nuestro Derecho tanto de las eximentes incompletas como de las atenuantes privilegiadas o especialmente cualificadas, tanto por su naturaleza como por sus efectos).

El tribunal conforme a la anterior jurisprudencia, rebaja la pena en un grado, pero hay que tener en cuenta que la pena tipo del art. 386.1º va de 8 años a 12 años de prisión, por lo que la pena inferior en grado tiene una extensión de 4 años a 7 años y 29 días de prisión, imponiendo la Sala la mínima -4 años de prisión- teniendo en cuenta, sin duda, las circunstancias personales del autor y en especial la concurrencia de la atenuante simple de drogadicción que también concurre, sin que la impuesta pueda ser considerada desproporcionada a la gravedad de los hechos por los que viene condenado el acusado.

El motivo se desestima.

Recurso de Cecilio

1. El primer motivo del recurso se formula con base en el art. 852 de la LECrim, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la interdicción de la arbitrariedad y a un proceso con todas las garantías ( artículos 9.3 y 24.1 y 2 de la Constitución Española).

En el desarrollo del motivo se hace constar que la sentencia objeto del presente recurso de casación considera que el Sr. Cecilio es autor de un delito de expedición de moneda falsa en connivencia con el falsificador. Dicha condena se sustenta en lo que la Sala califica como "hechos-indicios" siguientes: i) que Cecilio conocía a Camilo y su primo, el menor Luis Pablo, no; ii) que los 14 billetes falsos entregados por el menor tenían el mismo número de serie y su impresión es compatible con la impresora hallada en el registro domiciliario del Sr. Camilo; iii) que no se ha acreditado la procedencia del dinero utilizado por el menor para pagar los pájaros; y iv) que el menor utilizó el teléfono de Cecilio para ponerse en contacto con la persona a quien compró los pájaros.

Añade el recurrente, que existe una flagrante vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al proceso debido, toda vez que es el propio Tribunal en su sentencia quien le niega a las conversaciones telefónicas toda eficacia probatoria, y sin embargo las tiene en cuenta como indicio incriminatorio.

Concluye el recurrente, que no existe hecho ni indicio alguno que permite sostener la imputación delictiva contenida en la Sentencia respecto a Cecilio: no hay nada que vincule al Sr. Cecilio con el Sr. Camilo, nada que vincule al Sr. Camilo con los billetes con los que se efectuó la compra de los pájaros, nada que evidencia que fue el Sr. Cecilio quien realizó la compra de los pájaros utilizando a su primo, y nada que acredite que el Sr. Cecilio conocía el carácter falsario de los billetes con los que su primo pagó los pájaros. El tribunal interpreta la prueba en contra del principio in dubio pro reo .

2. Según reiterada jurisprudencia de esta Sala el principio in dubio pro reo no excluye, como ocurría en antiguos precedentes jurisprudenciales, el derecho a recurrir en casación de una manera absoluta. Sin embargo, de este principio no se deduce que el acusado tenga derecho a que el Tribunal en ciertas circunstancias dude. El derecho que se deriva de este principio se concreta en que el Tribunal que realmente ha dudado no está autorizado a condenar. Por lo tanto, sólo en este aspecto normativo cabe fundamentar un motivo de casación en el principio in dubio pro reo ( STS 241/2017, de 5 de abril).

También hemos dicho, entre otras, en la STS 216/2019, de 24 de abril que sigue, a su vez, la STS 162/2019, de 26 de marzo, que desde hace muchos años que "la estimación en conciencia no debe entenderse o hacerse equivalente a un cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juzgador, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de directrices o pautas de rango objetivo" ( STS 29 de enero de 1988). Y también venimos afirmando que el principio de libre valoración probatoria corresponde al juez o tribunal de instancia de forma que debe comparar, valorar, dar más o menos crédito a cada prueba y decidir. En esta actividad entra en juego el principio "in dubio pro reo", según el cual procede la absolución si no se llega al convencimiento de culpabilidad más allá de toda duda razonable.

En el recurso de casación la revisión del juicio fáctico se puede realizar a través del análisis de la presunción de inocencia (artículo 852), del error en la valoración de la prueba basado en documentos literosuficientes (artículo 849.2) y por defectos de forma de la sentencia (artículos 851.1º y 2º).

Como ya hemos expuesto el control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena ( SSTC. 68/98, 117/2000, SSTS. 1171/2001, 220/2004, 711/2005, 866/2005, 476/2006 , 548/2007, 1333/2009, 104/2010, 1071/2010 , 365/2011, 1105/2011).

3. En el supuesto, se declara acreditado que " sobre las 17,30 horas del día 9 de diciembre de 2011, el acusado Cecilio, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, tras haber obtenido los billetes de Camilo a sabiendas de que habían sido elaborados por éste, haciéndose acompañar, dentro del plan concertado, de un familiar suyo que por entonces era menor de edad y que era quien había contactado valiéndose del teléfono de Cecilio con Eulalio, que anunciaba por internet la venta de cuatro jilgueros, se personaron en el domicilio de éste sito en la CALLE000 núm. NUM000, en la localidad de DIRECCION000, al que compraron los referidos pájaros, entregando para su pago 14 billetes de 50€ que llevaban el mismo número de serie, el NUM001,que el referido Eulalio recibió en la creencia de que eran de curso legal, y que según informe pericial elaborado por el Departamento de Grafística de la Guardia Civil, resultaron ser falsos .".

3.1. A la anterior conclusión llega el tribunal, según se analizada en el FD 2º, por las siguientes razones: "Este acusado ha reconocido haber estado en el domicilio del Sr. Eulalio con ocasión de la compra al mismo de los jilgueros por 700€ entregados en forma de 14 billetes de 50€ que debidamente analizados resultaron ser falsos. Justifica su presencia en tal ocasión en la condición de acompañante de su primo Jose Augusto, entonces menor de edad, a quien atribuye la exclusiva cualidad de comprador y niega que conociese que los billetes eran falsos. Y aunque efectivamente tanto el Sr. Eulalio como su hijo el Sr. Jesus Miguel han reconocido en el acto del juicio que fue el más joven de los que acudieron al domicilio quien llevaba el dinero y con quien hicieron el trato, no por ello debemos entender justificada la coartada del acusado, y ello por las siguientes razones. Por un lado, Cecilio ha reconocido que conocía a Camilo, al igual que su hermano Jose Augusto, lo que atribuye a que le compraba pienso, si bien las conversaciones telefónicas intervenidas nada tienen que ver precisamente con eso. Por el contrario, no consta que su primo el menor Jose Augusto lo conociera. Sin embargo los 14 billetes falsos entregados por éste para el pago tenían el mismo número de serie, el NUM001, siendo de los que el informe pericial anteriormente referido, considera compatible su impresión con el resultado de haberlo sido en la impresora Canon intervenida en el domicilio del acusado Camilo. El citado menor, que intervino en el juicio como testigo de la defensa, expuso que el dinero era suyo y que lo había ganado con la venta de un gallo de pelea, nada de lo cual se ha probado, ni siquiera intentado. Resulta que además este menor utilizó para ponerse en contacto con el Sr. Eulalio el teléfono de Cecilio.".

3.2. En lo que respecta a la prueba indiciaria, el Tribunal Constitucional viene sosteniendo desde sus primeras sentencias sobre la materia ( SSTC 174/1985, 175/1985, 24/1997, 157/1998, 189/1998, 68/1998, 220/1998, 44/2000 y 117/2000) que a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia. Y en resoluciones más recientes ( SSTC 111/2008 y 109/2009) ha considerado como requisitos imprescindibles los siguientes: 1) El hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente probados. 2) Los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados. 3) Para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia. 4) Y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre, en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes ( SSTC 220/1998, 124/2001, 300/2005, y 111/2008).

Criterios que también son recogidos en la jurisprudencia de esta Sala, por todas, la STS 87/2020, de 3 de marzo, y se afirma que la prueba indiciaria supone un proceso intelectual complejo que reconstruye un hecho concreto a partir de una recolección de indicios. Se trata, al fin y al cabo, de partir de la constatación de unos hechos mediatos para concluir otros inmediatos. Y como quiera que cuando se pone en marcha la cadena lógica, nos adentramos en el terreno de las incertidumbres, la necesidad de un plus argumentativo se justifica por sí sola. El juicio histórico y la fundamentación jurídica han de expresar, con reforzada técnica narrativa, la hilazón lógica de los indicios sobre los que se construye la condena. El proceso deductivo ha de quedar plasmado en toda su extensión, permitiendo así un control de la racionalidad del hilo discursivo mediante el que el órgano jurisdiccional afirma la condena. Ha de quedar al descubierto el juicio de inferencia como actividad intelectual que sirve de enlace a un hecho acreditado y su consecuencia lógica (cfr. SSTS 587/2014, 18 de julio; 947/2007, 12 de noviembre y STS 456/2008, 8 de julio, entre otras).

3.3. Como hemos dicho, dado el cauce casacional elegido nos corresponde el control de la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta y, si bien es cierto, que a falta de prueba directa la prueba de cargo sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito puede ser indiciaria, también lo es, que se debe partir de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, puesto de manifiesto en la sentencia, y que el control de la solidez de la inferencia puede llevarse a cabo tanto desde el canon de su lógica o coherencia, siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, como desde el de su suficiencia o carácter concluyente, excluyéndose la razonabilidad, que es lo que ocurre en este caso.

El tribunal descarta el resultado probatorio que se desprende de la declaración del acusado y de los perjudicados Sr. Eulalio y de su hijo el Sr. Jesus Miguel, que manifestaron que fue el más joven de los que acudieron al domicilio quien llevaba el dinero y con quien hicieron el trato, ratificando esta circunstancia el testigo que en aquel momento era menor de edad, Cecilio, que en todo momento ha manifestado que el dinero era suyo, pero, pese a ello, la Sala afirma que el acusado expidió moneda falsa en connivencia con el falsificador, con base a los siguientes indicios:

1º Aunque Cecilio ha reconocido que conocía a Camilo, al igual que su hermano Jose Augusto, atribuyéndolo a que le compraba pienso, se afirma por la Sala que las conversaciones telefónicas intervenidas nada tienen que ver precisamente con eso.

2º Los 14 billetes falsos entregados por el menor para el pago tenían el mismo número de serie, el NUM001, siendo de los que el informe pericial considera compatible su impresión con el resultado de haberlo sido en la impresora Canon intervenida en el domicilio del acusado Camilo.

3º El menor expuso que el dinero era suyo y que lo había ganado con la venta de un gallo de pelea, lo cual no se ha probado.

4º El menor utilizó el teléfono de Cecilio para ponerse en contacto con el Sr. Eulalio.

3.4. Los citados indicios no tienen entidad para declarar acreditado, sin duda razonable, que Cecilio expidió moneda falsa en connivencia con el falsificador.

El primero de los indicios se basa en que Camilo y Cecilio no se conocían, como afirma este último, de las compras de pienso, ya que ello no es lo que se desprende de las conversaciones telefónicas, cuando el propio tribunal afirma que " carecen de eficacia probatoria las presuntas conversaciones telefónicas mantenidas por Camilo con el acusado Luis Pablo, durante el día 16 de marzo de 2012, que trascritas vienen a los folios 291 a 294 del Tomo I, pues por más que así se ordenara en su momento ( folio 791 del Tomo II ), no consta que hayan sido debidamente cotejadas por fedatario judicial, tal y como se denunció por la defensa del acusado Camilo en trámite de conclusiones definitivas. (...) En el presente supuesto, sin que en ningún momento el acusado haya reconocido la autenticidad de las conversaciones, no habiendo sido introducidas de ninguna de las maneras dichas, carecen de la eficacia probatoria que se atribuyen a las mismas por la pública acusación.".

Los otros tres indicios analizados por el tribunal -que el menor llamó al vendedor desde el teléfono de Jose Augusto, que no acredita la procedencia del dinero y que la falsificación del dinero utilizado por el menor era compatible su impresión con el resultado de haberlo sido en la impresora Canon intervenida en el domicilio del acusado Camilo-, unidos a la existencia de contraindicios, consistente en la declaración de los perjudicados que dicen que era el menor Cecilio el que negoció, el que llamó y el que tenía el dinero, lo que coincide con su propio testimonio y también con lo declarado por el acusado, no traen como consecuencia necesaria la razonabilidad de la inferencia del tribunal, que Cecilio expidió moneda falsa en connivencia con el falsificador o como exige el precepto por el que viene condenado "con conocimiento de su falsedad".

En consecuencia, falta el plus argumentativo de Tribunal de instancia para construir, sin género de dudas, un juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal, por lo que procede declarar la libre absolución del acusado de los delitos por los que viene condenado, sin entrar en el análisis del resto de los motivos planteados.

El motivo se estima.

Se declaran de oficio las costas devengadas en esta instancia ( art. 901 LECrim).

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1º Estimar parcialmente el recurso interpuesto por la representación procesal de Camilo , contra Sentencia núm. 389, de fecha 19 de noviembre de 2019, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, en el Procedimiento sumario ordinario nº 7/2018.

2º Estimar el recurso interpuesto por la representación procesal de Cecilio, contra la citada sentencia .

3º Declarar de oficio las costas devengadas en esta instancia por la interposición de ambos recursos.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

SEGUNDA SENTENCIA 

RECURSO CASACION núm.: 1228/2020

Ponente: Excma. Sra. D.ª Susana Polo García

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Calvo Velasco

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Segunda Sentencia

Excmas. Sras. y Excmos. Sres.

D. Manuel Marchena Gómez, presidente

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

Dª. Ana María Ferrer García

Dª. Susana Polo García

D. Ángel Luis Hurtado Adrián

En Madrid, a 24 de marzo de 2022.

Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 1228/2020 interpuesto por los condenados D. Camilo , representado por la procuradora Dª. Paz García Peris, bajo la dirección letrada de Dª. M.ª Teresa Paredes Piris, y D. Cecilio, representado por la procuradora Dª. Teresa Castro Rodríguez, bajo la dirección letrada de Dª. M.ª Teresa Paredes Piris, contra Sentencia núm. 389, de fecha 19 de noviembre de 2019, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, en el Procedimiento sumario ordinario nº 7/2018, dimanante del sumario nº 1/2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Nules, por presuntos delitos de falsificación de moneda y estafa, que ha sido casada parcialmente por la sentencia pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos/mas. Sres/Sras. expresados al margen y bajo la Ponencia de la Excma. Sra. Dña. Susana Polo García, hace constar lo siguiente:

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Susana Polo García.

ÚNICO.- Se aceptan y se reproducen los Antecedentes de Hecho de la Sentencia de fecha 19 de noviembre de 2019, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón .

PRIMERO.- Se reproducen los de la primera sentencia dictada por esta Sala.

SEGUNDO.- Que por las razones expresadas en el Fundamento Jurídico Cuarto de la sentencia de casación procede la estimación parcial del recurso interpuesto por la representación procesal de Camilo, declarando que procede la absolución del recurrente de la falta de estafa por la que venía condenado en la sentencia de instancia, manteniendo la responsabilidad civil derivada de la misma, y el resto de los pronunciamientos de la citada sentencia.

En cuanto al acusado Cecilio, por las razones expuestas en el FD 6º de la sentencia de casación, procede declarar su libre absolución de los delitos de expedición de moneda falta y de estafa por los que venía condenado.

TERCERO.- Se declaran de oficio las costas impuestas a Cecilio en la primera instancia.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1º Declarar que procede la absolución del recurrente Camilo de la falta de estafa por la que venía condenado en la sentencia de instancia, manteniendo la responsabilidad civil derivada de la misma, y el resto de los pronunciamientos de la citada sentencia.

2º Declarar la libre absolución del recurrente Cecilio de los delitos de expedición de moneda falta y de estafa por los que venía condenado, con declaración de oficio de las costas devengadas en la primera instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.