Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  23/11/2020 

Tribunal Supremo , 23-11-2020 , nº 539/2020, rec.198/2019,  

Pte: Porres Ortiz de Urbina, Eduardo de

ECLI: ES:TS:2020:3804

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Juzgado de Central de Instrucción número 1 de los de la Audiencia Nacional, incoó Diligencias Previas 56/2018 por denuncia de las recurrentes, por delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad, contra la MERCANTIL 1998 SL.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de los de la Audiencia Nacional, dicto auto en fecha fecha 2 de octubre de 2018, con los siguientes hechos

"ÚNICO.- El día 3 de Agosto de 2018 tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados Centrales de Instrucción denuncia presentada por el Procurador Sr. Sánchez Chacón, en nombre y representación de Da Carmen y otras nueve mujeres, todas ellas de nacionalidad marroquí, contra la Doñana 1998 SL, con domicilio social en Almonte, Huelva así como contra tres socios de la misma, Romulo, Narciso y Ruperto; por delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad, la cual fue turnada a este Juzgado.

En la citada denuncia relatan las 10 mujeres que la presentan cómo fueron contratadas en origen a través de una asociación empresarial, Freshuelva, según señalan debido a sus características personales específicas que las hacían más idóneas para ser sometidas al tipo de delito que denuncian, y como al llegar a nuestro país la empresa que las contrató incumplió las condiciones pactadas, sometiéndolas a tratos vejatorios y denigrantes e incluso afirma que recibieron numerosas ofertas de mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, llegando a sufrir amenazas y chantajes, ofertas que cuando no provenían de los propios denunciados (señalan que al menos de Narciso y en menor medid de Ruperto) eran al menos consentidas por éstos Una de las denunciantes afirma incluso que Narciso llegó a violarla mediante la penetración de sus dedos por vía vaginal.

Continúa el relato de hechos de la denuncia que si se puso fin a esa situación fue a la personación el día 31 de Mayo de 2018 en la finca en la que trabajan las denunciantes y otras mujeres en su misma situación (hasta 400) de dos de los abogados de AUSAJ (Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia), asociación que actualmente presta asistencia legal a las denunciantes, y cuyos letrados se presentaron en la finca que explotaba la sociedad mencionada, Doñana 1998, debido a informaciones confidenciales que les alertaron de lo que allí estaba pasando; se afirma a continuación en la denuncia que en las 48 horas siguientes todo se precipitó porque los denunciados trataron de convencer a las denunciantes para que no acudieran a la justicia a cambio primero de dinero y prebendas y después mediante coacciones, y que al no lograrlo, las trabajadoras fueron objeto de una detención ilegal en la finca y de un intento e expulsión de España el día 3 de Junio de 2018, mediante empleo de la fuerza física para que subieran a los autobuses, según se pone de manifiesto con la connivencia de la Guardia Civil, ya que agentes de este cuerpo "rodeaban en todo momento la finca, impidiendo la salida de las trabajadoras del perímetro y persiguiendo después a las escapadas" dicha connivencia habría ido más allá, según la denuncia, pues se afirma en ella que los denunciados tuvieron en su poder la lista de denunciantes (mucho más amplia inicialmente que las 10 que suscriben la denuncia y que dice que sólo había sido aportada al atestado policial) y que la usaron para amedrentar a las trabajadoras, gran parte de ellas expulsadas al día siguiente. Otras lograron huir. Y que si bien tres de las ahora denunciantes reconocieron a Narciso como su agresor sexual cuando fueron a recoger a la finca sus enseres personales acompañadas de varios miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores y estando allí presentes varios agentes de la Guardia Civil que les informaron de la posibilidad de acudir al cuartel a poner una denuncia, no lo hicieron finalmente porque el agente que iba a recoger la misma era uno de los que había estado lo días anteriores en la finca "lo que les espantó y atemorizó sobremanera, máxime cuando encima pudieron obsevar, aunque no entendieran, como el agente gritaba a su abogada".

Las denunciantes en estos momentos están siendo acogidas por el SAT

A continuación se critica la actuación tanto de la Guardia Civil como de los Juzgados de Instrucción de la Provincia de Huelva que conocen de los hechos denunciados, pues quieren las denunciantes destacar, siempre según el relato de hechos que presentan, la resistencia y malas formas de la Guardia Civil al recibir las denuncias, se cita en concreto a uno de los agentes del Puesto de El Rocío con su carnet profesional, y a la UCRIF, unidad que dicen que se negó a recibir días más tarde una denuncia por trata de seres humanos, alegando que debía presentarse ante la autoridad, que ya conocía de lo denunciado.

En esos momentos las denuncias presentadas habían dado lugar a la Incoación de dos procedimientos distintos, uno por delito contra la libertad sexual, diligencias previas no 553/18 del Juzgado de Instrucción número 3 de los de La Palma del Condado y otro por delito contra los derechos de los trabajadores, diligencias previas no 467/18 del Juzgado de Instrucción no 1 de los de La Palma del Condado. A estos delitos sumaban las denunciantes los de "trata seres humanos y lesa humanidad' , una vez que se conoció en su totalidad el relato de hechos de las víctimas.

Se critica en el presentado que los Juzgados de Instrucción de Huelva capital se negaran a recoger la denuncia de una de las víctimas que había sido atendida, auxiliada por AUSAJ, en el hospital de Huelva, y ello con el argumento de que no era el competente territorialmente, así como que el Juzgado de Instrucción no 3 de los de La Palma del Condado fijara fecha inmediata para practicar como prueba preconstituida la declaración las denunciantes a las que trató de citar a través de su letrada, pues no sólo se fijó día sin tener en cuenta la agenda da de señalamientos de la abogada sino la imposibilidad de que en tan poco plazo de tiempo las denunciantes se trasladaran desde Málaga hasta la provincia de Huelva.

La denuncia se compaña de la documental que se entiende de pertinente por la parte.

Por auto de fecha 6 de Agosto de 2018 se incoaron las restantes diligencias previas en averiguación de los hechos denunciados, acordando en primer término y antes de decidir acerca de la competencia de la Audiencia Nacional para conocer, o no, de la denuncia presentada, librar oficio a los dos Juzgados de Instrucción de la Palma del Condado antes citados para que informen acerca de los hechos que investigan y estado de la causa y a la Guardia Civil de los puestos de El Rocío y Almonte para que informen también acerca de las denuncias presentadas, a las que se hace referencia en el escrito inicial y destino de las mismas.

Examinadas las diligencias practicadas por la Guardia Civil, son tres los atestados incoados, el NUM000 del Puesto de la Guardia Civil de Almonte con su ampliatorio, atestado NUM001 del Puesto de la Guardia Civil del Rocío, atestados que han dado lugar a las diligencias previas no 467/18 del Juzgado de Instrucción no 1 de los de La Palma del Condado seguidas por delito contra los derechos de los trabajadores y , en las que figura de momento únicamente como investigado Romulo, y el atestado no NUM002 del Puesto de la Guardia Civil de El Rocío, que ha dado lugar a las diligencias previas 553/18 del Juzgado de Instrucción no 3 de los de La Palma del Condado, de cuyo estado aún no tenemos noticias pues no ha contestado todavía el Juzgado al oficio remitido.

Dado traslado al Ministerio Fiscal de esta Audiencia Nacional por el mismo se ha informado que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de los hechos denunciados.".

El Juzgado Central de Instrucción número 1 emitió el siguiente pronunciamiento:

"ACUERDO. - INADMITIR A TRÁMITE LA DENUNCIA interpuesta por el Procurador Sr. Sánchez Chacón, en nombre y representación de Dª Carmen y otras nueve mujeres, debiendo la parte presentarla en su caso ante el juzgado competente. Archívense las presentes actuaciones".

Notificado el auto, la representación procesal de las recurrentes interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el mismo, resolviendo,

"DISPONGO: Que desestimando el recurso de reforma interpuesto por el Procurador Sr. Sánchez Chacón, en nombre y representación e Da Carmen y otras resuelvo no haber lugar a reformar el auto de fecha 2 de octubre de 2018. Habiéndose interpuesto recurso de apelación subsidiario, dese traslado al recurrente por un plazo de cinco días para que formule alegaciones y pueda presentar, en su caso, los documentos justificativos de sus peticiones".

La sección Tercera de la Audiencia Nacional, en rollo de apelación 590/2018 formado para la resolución del recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Francisco SÁNCHEZ CHACÓN, actuando en nombre y representación de Carmen y otras nueve denunciantes, el acordó por auto de 30 de noviembre de 2018:

"Desestimar el recurso de apelación formulado por el Procurador Sr. Sánchez ChacÓn, en nombre y representación de Carmen y otras nueve más, contra auto de 2 de octubre de 2018 por el que el Juzgado Central de Instrucción no 1 inadmitió por falta de competencia la denuncia presentada contra la entidad Doñana 1.999, S.L., Diligencias Previas 56/2018, auto que al igual que el de fecha 5 de noviembre de 2018 se confirma

Con certificación de lo resuelto se devolverán las actuaciones al Juzgado Central de Instrucción y notificado a las partes con las advertencias legales, archívese el Rollo de Sala".

En fecha 11 de diciembre de 2018, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, dicta auto aclaratorio cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Subsanar el fundamento jurídico primero del auto de 30 de noviembre de 2018 sustituyéndose " art. 24.4 a) y d) de la L.O.P.J. por art. 23.4 a) y d) de la L.O.P.J"

No haber lugar a completar o subsanar en otros extremos dicha resolución".

Notificando el auto de aclaración, la representación procesal de las recurrentes, anunció, en tiempo y forma, su propósito de interponer recurso de casación por vulneración de precepto constitucional e infracción de ley, recurso que se tuvo por preparado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

El recurso formalizado por Carmen, Celsa, Clemencia, Crescencia, Daniela, Florinda, Delia, Dulce, Gracia, Elisabeth, se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN,

Primero. - Por vulneración de precepto constitucional, se articula por el cauce procesal del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4 Ley Orgánica del Poder Judicial, al haberse infringido el derecho a la Tutela judicial efectiva, con y sin indefensión, por concurrir causa de incongruencia omisiva, al no haberse producido respuesta alguna a pretensión debidamente deducida, la aplicabilidad del artículo 23.4. d) Ley Orgánica del Poder Judicial PJ a este supuesto, cuestión obviada por la Sala "a quo".

Segundo .- Por vulneración de precepto constitucional, se articula por el cauce procesal del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4 Ley Orgánica del Poder Judicial, al haberse infringido los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, con y sin indefensión, proceso con todas las garantías o proceso justo, y derecho al juez legal predeterminado, consagrados todos ellos en el artículo 24.1 y 2 de nuestra Constitución y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDHLF), preceptos que a los efectos legales procedentes se invocan.

Tercero. - Por vulneración de precepto constitucional, se articula por el cauce procesal del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4 Ley Orgánica del Poder Judicial, al haberse infringido los Derechos Fundamentales de Tutela judicial efectiva, con y sin indefensión, en la vertiente de deber de motivación, puesto en relación con el Derecho Fundamental a un proceso con todas las garantías y juez legal predeterminado, consagrados todos ellos en el artículo 24 de nuestra Constitución y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDHLF), preceptos que a los efectos legales procedentes se invocan.

Cuarto. - Por vulneración de precepto constitucional, se articula por el cauce procesal del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4 Ley Orgánica del Poder Judicial, al haberse infringido los Derechos Fundamentales de Tutela judicial efectiva, con y sin indefensión, tanto en la vertiente de acceso a la jurisdicción como de deber de motivación, y proceso con todas las garantías o proceso justo, puestos en relación con el juez legal predeterminado, consagrados todos ellos en el artículo 24 de nuestra Constitución y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDHLF).

Quinto. - Por infracción de ley, al amparo de lo prevenido en el artículo 849.1º Ley Enjuiciamiento Criminal, por indebida inaplicación de los artículos 23.4.d), 65 y 88, todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como por el articulo 14.2º y concordantes Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sexto. - Por infracción de ley, al amparo de lo prevenido en el artículo 849.1º Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida inaplicación de los artículos 23.4.a), 65 y 88 Ley Orgánica del Poder Judicial y concordantes y articulo 14.2º y concordantes Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto se refiere al delito de lesa humanidad.

Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Ministerio Fiscal, en escrito de 25 de marzo de 2019, impugnó de fondo los motivos del recurso. Tras admitirse por la Sala, quedaron conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera. Y hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 22 de octubre 2020 que, dados los temas a tratar, se prolongó hasta el día de la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se ha interpuesto recurso de casación contra el auto de 30/11/2018 (aclarado por auto de 11/12/2018) de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que desestimó un recurso de apelación contra el auto de 02/10/18 del Juzgado Central número 1 que, a su vez, inadmitió una denuncia por falta de competencia.

En el primer motivo del recurso y al amparo del artículo 852 de la LECrim se denuncia la incongruencia omisiva del auto impugnado y, subsidiariamente, la ausencia de motivación en cuanto que no se ha pronunciado sobre la aplicabilidad del artículo 23.4 d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la exclusión de la competencia en el caso debatido de la Audiencia Nacional. Se dice que esta cuestión fue planteada también, antes de la interposición del presente recurso, por vía de aclaración, y que tampoco se dio respuesta a la misma.

El vicio de incongruencia ha de ser entendido como un desajuste material entre el fallo judicial y los términos en los cuales las partes formulan sus pretensiones y conlleva el incumplimiento del derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada que se ajuste al núcleo de las pretensiones deducidas por las partes. "(...)Si la resolución que pone término al proceso guarda silencio o deja imprejuzgada alguna de las cuestiones que constituyen el centro del debate procesal se produce una falta de respuesta o incongruencia omisiva contraria al mencionado derecho fundamental", ( STC 67/2001, de 17 de marzo y STS 629/2018, de 12 de diciembre).

Sin embargo el Tribunal Constitucional ( STC 67/2001) ha precisado que "[...] no toda ausencia de respuesta a las cuestiones planteadas por las partes produce una vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Para apreciar esta lesión constitucional debe distinguirse, en primer lugar, entre lo que son meras alegaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, pues, si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada a todas ellas -y, además, la eventual lesión del derecho fundamental deberá enfocarse desde el prisma del derecho a la motivación de toda resolución judicial-, respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor, sin más posible excepción que la existencia de una desestimación tácita de la pretensión sobre la que se denuncia la omisión de respuesta explícita ( SSTC 56/1996, 85/199626/1997 y 16/1998) [...] ".

Esta Sala, por su parte, en doctrina recogida en numerosas resoluciones, entre otras, en las Sentencias de 28 de marzo de 1994, 18 de diciembre de 1996, 23 de enero, 11 de marzo y 29 de abril de 1997, y STS nº 1288/99 , de 20 de setiembre, ha señalado que es preciso que la omisión padecida venga referida a temas de carácter jurídico suscitados por las partes oportunamente en sus escritos de conclusiones definitivas y no a meras cuestiones fácticas, lo que a su vez debe matizarse en dos sentidos:

a) Que la omisión se refiera a pedimentos, peticiones o pretensiones jurídicas y no a cada una de las distintas alegaciones individuales o razonamientos concretos en que aquéllos se sustenten, porque sobre cada uno de éstos no se exige una contestación judicial explícita y pormenorizada siendo suficiente una respuesta global genérica (según los términos de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de abril de 1996);

b) Que dicha vulneración no es apreciable cuando el silencio judicial pueda razonablemente interpretarse como una desestimación implícita o tácita, constitucionalmente admitida ( SSTC 169/1994; 91/1995; y 143/1995), lo que sucede cuando la resolución dictada en la instancia sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte, es decir, cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos justificativos de la respuesta tácita ( STC 263/1993; y SSTS de 9 de junio y 1 de julio de 1997).

En el presente caso lo que pretendía el recurrente era la declaración de competencia de la Audiencia Nacional por aplicación de un precepto que no se refiere a la determinación de la competencia territorial sino a la competencia de la jurisdicción española. La Audiencia Nacional se ha inclinado por desestimar la cuestión aplicando una norma diferente de la invocada por el recurrente pero resolviendo la pretensión en sentido negativo, por lo que no ha habido falta de pronunciamiento, ni un pronunciamiento inmotivado, razón por la que el motivo no puede tener favorable acogida.

El Tribunal no tiene una obligación ineludible de dar respuesta a todos los argumentos o alegatos que se formulen por las partes sino a dar respuesta motivada a la pretensión aplicando la norma que estime procedente, de ahí que no incurre en incongruencia ni tampoco en falta de motivación cuando resuelve la pretensión aplicando un precepto distinto del invocado, si estima que ese precepto es el aplicable al caso y el que resuelve la controversia.

El motivo se desestima.

En el segundo motivo del recurso, también por el cauce casacional que arbitra el artículo 852 de la LECrim, se estima vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley, reconocido en el artículo 24 CE, por haberse rechazado la competencia de la Audiencia Nacional con una interpretación de las normas manifiestamente errónea.

Como ya ha establecido esta Sala reiteradamente (ATS 1400/2006, de 8 de junio, por todos), la mera existencia de una discrepancia interpretativa sobre la normativa legal que distribuye la competencia entre órganos de la jurisdicción penal ordinaria no constituye infracción del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la Ley, lo que resulta congruente con la doctrina del Tribunal Constitucional que también de forma constante ha señalado que las cuestiones de competencia reconducibles al ámbito de la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de dicha competencia entre órganos de la jurisdicción ordinaria no rebasan el plano de la legalidad careciendo por tanto de relevancia constitucional ( SSTC 43/1984, de 26 de marzo, 8/1998, de 13 de enero , 93/1998, de 4 de mayo y 35/2000, de 14 de febrero, entre otras).

El derecho al Juez predeterminado por la ley únicamente puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida o injustificadamente al órgano al que la Ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad, como señala la sentencia 35/2000, del Tribunal Constitucional, de 14 de febrero, recogiendo lo ya expresado en el ATC 262/1994, de 3 de octubre, lo que no acontece en el presente caso, como tendremos ocasión de argumentar en los siguientes fundamentos jurídicos.

El motivo se desestima.

En el motivo tercero, también por el cauce casacional del artículo 852 de la LECrim, se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la resolución impugnada. Se aduce que el razonamiento utilizado por el tribunal es ilógico y arbitrario e incurre en patente error al afirmar que el delito de trata de seres humanos sólo ha podido ser cometido en España y al sostener, también con manifiesta equivocación, que a la vista de los hechos denunciados no puede mantenerse la existencia del grupo social perseguido, requisito imprescindible para estimar cometido un delito de lesa humanidad, competencia de la Audiencia Nacional.

En el fundamento jurídico anterior ya hemos anticipado que la mera discrepancia con el criterio de la resolución impugnada no puede conducir a que ésta sea inmotivada o arbitraria.

Es cierto que la doctrina del Tribunal Constitucional señala que una resolución judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando no sea motivada, requisito que impone el artículo 120 CE y que integra el haz de derechos que se insertan en el artículo 24.2 CE. Ahora bien, la falta de motivación de alcance constitucional ha de cumplir algunas exigencias.

En primer lugar, debe producirse una carencia absoluta de argumentación, es decir, la resolución debe carecer de los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión o, en otras palabras, habrá motivación cuando la argumentación de la resolución judicial permita conocer el motivo de la decisión, excluyendo el mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad ( SSTC. 25/90 de 19 de febrero y 101/92 de 25 de junio), con independencia de la parquedad del razonamiento empleado.

Por otro lado, tampoco habrá motivación cuando ésta sea aparente, es decir, cuando el razonamiento que la funda sea arbitrario, irrazonable e incurra en error patente. En este sentido esta Sala ha precisado que "[...] se incurriría en un exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas y razonadas aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas" ( STS 770/2006 de 13 de julio) [...]".

En el presente caso basta leer la resolución impugnada para comprobar que contiene una fundamentación suficiente que permite comprender la razón de la decisión judicial a partir de una justificación jurídica que no puede ser calificada de arbitraria o manifiestamente errónea. Todo lo contrario.

El ámbito de la discrepancia legítima de los recurrentes con la decisión impugnada constituye un problema de legalidad ordinaria, no una infracción constitucional. El tribunal ha aplicado la regla de competencia territorial que ha estimado procedente en función de los hechos denunciados y, como veremos con posterioridad, su criterio es acertado, por lo que no ha habido lesión alguna del derecho invocado en este apartado del recurso.

El motivo se desestima.

En el motivo cuarto del recurso se insiste por la misma vía casacional invocando lesiones constitucionales como el deber de motivación, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley o la proscripción de la indefensión, cuestiones todas ellas a las que se ha dado respuesta en los fundamentos anteriores, debiéndose reiterar que la cuestión que suscita el recurso es un problema de legalidad ordinaria que no conlleva lesión alguna de los derechos constitucionales invocados.

El motivo se desestima.

5.1 En los motivos quinto y sexto del recurso, a través del motivo de infracción de ley previsto en el artículo 849.1 de la LECrim, se denuncia la inaplicación de los artículos 23.4 d), 65 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como determinados convenios internacionales ratificados por España.

Se argumenta que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de lesa humanidad del artículo 607 bis CP ya que se olvida que esos hechos han consistido en detenciones ilegales, agresiones sexuales, imposición de condiciones de vida que ponen en riesgo la salud y la vida de los individuos que las han sufrido. Se alega que la expulsión de la fuerza de más de 100 mujeres en presencia de la Guardia Civil, que no ha hecho nada para impedirlo y las demás circunstancias expuestas operan sobre un grupo social determinado, compuesto por mujeres musulmanas del medio rural, sin estudios, preferentemente analfabetas, con hijos pequeños a su cargo y cargas familiares que no pueden sostener, es decir, personas en situación de vulnerabilidad.

También se argumenta que esos mismos hechos podrían ser calificados como trata de seres humanos conforme a la previsión del artículo 177 bis del Código Penal, destacando en ellos su carácter transnacional.

Las recurrentes exponen que las diez mujeres sobre las que versa la denuncia inicial fueron captadas mediante engaño a través de una organización empresarial, Freshuelva, en la que se integraba la empresa denunciada, Doñana 1998 SL, actuando como representante de ésta en todo el proceso de selección un tal " Efrain", cuyos datos de identidad se desconocen. Los hechos se produjeron con la participación de los Estados implicados que no han adoptado medidas de control que eviten la comisión del delito. Y así, la captación se produjo mediante la colocación de carteles en una oficina gubernamental de empleo marroquí (ANAPEC), buscando sistemáticamente un determinado perfil de mujeres, (de ámbito rural, menor de 45 años, con hijos menores, vínculos familiares y necesidad de empleo para el sustento de su familia) y que, por tanto, habían de encontrarse en situación de vulnerabilidad y necesidad. Además, cuando llegaban a España su permiso de residencia dependía de la vigencia de su contrato laboral, lo que las situaba en una situación de dependencia absoluta respecto del empresario. Se sostiene en el escrito impugnatorio que las conductas de captación, reclutamiento y transportes de las mujeres se llevaron a cabo de forma generalizada, sistemática y organizada y se localizaron en Marruecos.

En el recurso se expone que no hay coincidencia entre las investigaciones que se siguen en los Juzgados de Huelva (delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos sexuales) y que la denuncia de trata de seres humanos y delito de lesa humanidad no ha sido investigada con la intensidad que requiere su gravedad. Los recurrentes destacan que la naturaleza supranacional de los hechos delictivos denunciados determina la competencia de la Audiencia Nacional y que las acciones ilícitas se iniciaron fuera de España mediante la captación de mujeres víctimas de trata y en el contexto de una organización criminal.

5.2 Conviene señalar que los hechos inicialmente denunciados fueron investigados en el marco de las Diligencias Previas número 467/2018, incoadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palma del Condado, que mediante auto de 12/04/2019 acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Antes de esa fecha se formuló denuncia ante la Audiencia Nacional por hechos sustancialmente coincidentes con los denunciados en las anteriores diligencias y con otros relacionados que se siguieron las Diligencias Previas 553/18 del Juzgado de igual clase número 3 de la misma localidad. El Juzgado Central de Instrucción número 5 rechazó su competencia mediante auto de 02/10/18, que fue confirmado en apelación por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por medio del auto de 30/11/18, que es el que se ha recurrido en casación.

El auto impugnado cuestiona con razón la calificación provisoria de los hechos denunciados. De un lado, el que se hayan denunciado unos hechos que afectan a un grupo de mujeres con un perfil socio cultural semejante no permite afirmar que las conductas denunciadas constituyan un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil por razones étnicas, raciales, religiosas o de género, conforme a las exigencias del artículo 607 bis del Código Penal. Tampoco hay indicios suficientes de la captación de trabajadoras para la imposición de trabajos forzados o prácticas similares o para su explotación sexual, tal y como exige el artículo 177 bis del mismo texto legal.

En cualquier caso, la calificación jurídico-penal de estos hechos es irrelevante y desde luego la atribución de competencia a la Audiencia Nacional no puede venir determinada exclusivamente por la transnacionalidad.

El artículo 23.4 a) y d) de la LOPJ atribuye la competencia a la jurisdicción española (siempre que se cumplan las condiciones expresadas en el artículo 23. 1 y 2) para el enjuiciamiento de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española como genocidio o lesa humanidad o trata de personas. Pero el artículo 23.1 del mismo texto legal atribuye la competencia a los tribunales españoles de los delitos cometidos en territorio español y es lo cierto que en el caso aquí analizado los delitos, aun cuando hayan podido iniciarse en el extranjero, han sido cometidos, al menos en parte, en España por lo que puede afirmarse la competencia de la jurisdicción española en cualquier caso, al margen de la calificación penal del hecho denunciado.

La Audiencia Nacional, a tenor de lo prescripto en el artículo 65.1 a) a d) de LOPJ tiene competencia para conocer de una lista tasada de delitos entre los que no se encuentran ni el delito de trata ni los delitos de lesa humanidad. Pero también tiene competencia, conforme al artículo 65.1.e) de la LOPJ, para conocer de cualquier delito cometido en el extranjero cuando, conforme a las leyes y tratados internacionales, su enjuiciamiento corresponda a los tribunales españoles. En base a este título competencial podría atribuirse la competencia territorial a la Audiencia Nacional pero ya hemos señalado que, según los términos de la denuncia, por más que parte de los hechos hayan podido suceder en Marruecos, los actos de abuso sobre las mujeres emigrantes se produjeron en España, por lo que el citado precepto no justifica la atribución de competencia que pretenden los recurrentes.

Como señala acertadamente el Ministerio Fiscal en su informe, una cuestión similar a la que ahora se plantea fue resuelta en el ATS de 27 de septiembre de 2017 y en aquella resolución se dijo que la atribución de carácter transnacional de la organización a la que se denuncia no es "circunstancia suficiente para atribuir la competencia a los Juzgados Centrales de Instrucción.

No puede realizarse una interpretación extensiva en favor de la competencia del órgano especializado, en este caso la Audiencia Nacional, ya que como dice la STS 1275/2016, de 3 de marzo, "[...] esta Sala sigue el criterio de los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la especializada deben resolverse interpretando restrictivamente las normas aplicables, siendo la competencia de la Audiencia Nacional de carácter excepcional [...]", (en idéntico sentido auto 9954/2015, de 2 de diciembre, STS 877/2007, de 2 de noviembre ).

Por último, las quejas del recurso relativas a la insuficiente instrucción de los hechos denunciados deberán hacerse valer, en su caso, a través del sistema de recursos previstos legalmente o de los restantes instrumentos legales que permiten el control de la actividad jurisdiccional, pero esas quejan en modo alguno pueden servir de soporte o justificación para la alteración de las normas de competencia establecidas en la Ley.

El motivo se desestima.

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse a los recurrentes las costas derivadas del recurso de casación.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Desestimar el recurso de casación interpuesto por doña Carmen, doña Celsa, doña Clemencia, doña Crescencia, doña Daniela, doña Florinda, doña Delia, doña Dulce, doña Gracia, doña Elisabeth contra el auto de 30 de noviembre de 2018, aclarado por posterior auto de 11 de diciembre de 2018.

2.º Condenar a los recurrentes al pago de las costas procesales causadas por el presente recurso.

Comuníquese dicha resolución al tribunal de procedencia, con devolución de la causa en su día remitida.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber contra la misma no existe recurso alguno e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Julián Sánchez Melgar Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

Pablo Llarena Conde

Vicente Magro Servet Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

AUTO ACLARATORIO 

Auto de aclaración TS (Penal) de 25 noviembre de 2020

RECURSO CASACION núm.: 198/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Calvo Velasco

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

AUTO DE ACLARACIÓN

Excmos. Sres.

D. Julián Sánchez Melgar

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

D. Pablo Llarena Conde

D. Vicente Magro Servet

D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

En Madrid, a 25 de noviembre de 2020.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.

ANTECEDENTES DE HECHO 

En el recurso de casación número 198/2019 se dictó, el 23 de octubre de 2020, sentencia 539/2020 y en la que por error se señalaba, como fecha de su dictado, el 23 de noviembre de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El 267.1 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su redacción dada por la LO 19 /2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según el cual - y referido siempre a sentencias y autos definitivos pronunciados por Jueces y Tribunales- dice: "1. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.", "3. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento."

FALLO 

LA SALA ACUERDA :

RECTIFICAR sentencia dictadas en el recurso de casación número 198/2019 en el solo sentido que donde dice, " En Madrid, a 23 de noviembre de 2020 ", deberá decir, " En Madrid, a 23 de octubre de 2020" .

Comuníquese a la Audiencia Nacional a los efectos legales oportunos y notifíquese a las partes personadas en el recurso informando que contra la misma no cabe recurso alguno.

Así se acuerda y firma.

Julián Sánchez Melgar Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

Pablo Llarena Conde

Vicente Magro Servet Eduardo de Porres Ortiz de Urbina