Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  11/02/2020 

Tribunal Supremo , 11-02-2020 , nº 21017/2018, rec.686/2019,  

Pte: Ferrer García, Ana María

ECLI: ES:TS:2020:397

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Juzgado de lo Penal núm. 7 de Sevilla en el Procedimiento Abreviado 258/14, dictó sentencia núm. 280/2017, con fecha 16 de junio de 2017, por la que se condenó de conformidad a Cristobal y Isabel, por un delito de alzamiento de bienes del artículo 257.2 del Código Penal, por los HECHOS PROBADOS SIGUIENTES:

"ÚNICO.- SE DECLARA PROBADO POR CONFORMIDAD DE LAS PARTES QUE: El acusado Cristobal, mayor de edad y sin antecedentes penales, a la fecha de los hechos socio único administrador único de la entidad FONTANERIA, MONTAJES Y ACCESORIOS SL y casado con la acusada Isabel,

mayor de edad y sin antecedentes penales, a sabiendas de que el 30 de julio de 2004 se interpuso contra dicha mercantil demanda de juicio cambiario por la entidad HORMIGONES MARCHENA S.A por reclamación de 3.792,93 euros de principal, 1.137,88 euros en concepto de intereses, gastos y costas, se le notificó el 22 de septiembre de 2004, el requerimiento de pago acordado porAuto de 14 de septiembre de 2004 por el Juzgado de Instrucción no 2 de Marchena en el juicio cambiario no 143/04por un importe mencionado; a sabiendas de que el 1 de julio de 2004, se interpuso contra dicha mercantil demanda de juicio cambiario por la entidad Hormigones Marchena SA por reclamación de 9.220,27 euros de principal, 2.766,08 euros en concepto de intereses, gastos y costas, se le notificó el 11 de marzo de 2005 el requerimiento de pago acordado porauto de 20 de julio de 2004 por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Marchena en el juicio cambiario 222/04por la cantidad mencionada; a sabiendas de que el 30 de julio de 2004 se interpuso contra dicha mercantil demanda de juicio cambiario por la entidad Hormigones Marchena SA por reclamación de un total de 8.159,17 euros se le notificó el 28 de octubre de 2004 el requerimiento de pago acordado porauto de 27 de septiembre de 2004 por el Juzgado de Instrucción no 2 de Marchena en juicio cambiario no 253/04por dicho importe, con el fin de sustraer a posibles embargos las fincas registrales no NUM000, NUM001, NUM002, propiedad de la entidad FONTANERIA, MONTAJES Y ACCESORIOS S.L y la finca NUM003 (segregada de la finca no NUM004, siendo 2/3 partes indivisas adquiridas por el acusado en enero del 2003 para su sociedad de gananciales con la acusada y 1/3 parte indivisa restante adquirida por la entidad Fontanería, Montajes y Accesorios SL) como administrador único de la misma, vendió el 27 de septiembre de 2004 a su esposa, la acusada Isabel, la finca NUM000 por 80.000 euros; la finca no NUM001 por 12.000 euros y la finca NUM002 por 110.000 euros. El acusado, el 2 de junio de 2004, mismo día en el que se otorgaron capitulaciones matrimoniales para establecer un régimen de separación de bienes entre los acusados, Cristobal, como administrador de la entidad Fontanería, Montajes y Accesorias SL vendió a la acusada 1/3 del dominio de la finca NUM003 y las 2/3 partes indivisas restantes, se adjudican a la acusada con carácter privativo, por título de adjudicación en pago de sus gananciales. La acusada Isabel, el 13 de diciembre de 2004, celebra contrato de compraventa relativo a la finca NUM000 por 45.500 euros con Maximo, quien la adquiere para su sociedad de gananciales con Belinda. La acusada Isabel, el 13 de diciembre de 2004, celebra contra de compraventa relativo a la finca no NUM001 por 18.250 euros con Antonieta, quien la adquiere para la entidad Joyería Carmen Arcas SL.- La acusada Isabel, el 13 de diciembre de 2004, celebra contrato de compraventa relativo a la finca NUM002 por 110.000 euros con Maximo quien la adquiere para su sociedad de gananciales con Belinda. En sede de ejecución de títulos judiciales 42/05 (dimanante del Juicio Cambiario 243/05), el 22 de septiembre de 2004, se declaran embargadas las fincas anteriores y el15 de febrero de 2005 se dicta por el Juzgado de Instrucción no 2 de Marchena Autodespachando ejecución y ordenando anotación preventiva de embargo sobre las fincas no NUM000 NUM001, NUM002, las 2/3 partes indivisas de la finca segregada uno, procedente de la registral NUM004 y 1/3 partes indivisa de la finca segregada UNO, de la registral NUM004.- En sede deEjecución de títulos judiciales 38/05 (dimanante del Juicio Cambiario 253/04), el 15 de febrero de 2005 se dicta por el Juzgado de Primera Instancia no 2 de Marchena Autodespachando ejecución y ordenando anotación preventiva de embargo sobre las fincas NUM000, NUM001, NUM002, las 2/3 partes indivisas de la finca segregada UNO, procedente de la registral NUM004 y 1/3 parte indivisa de la finca segregada UNO, de la registral NUM004. El 25 de abril de 2005, el Registrador de la Propiedad deniega la anotación preventiva de embargo sobre las citadas fincas por ser titulares terceros ajenos a los acusados. Solo se procede el embargo de 1/3 de parte indivisa de la finca NUM003, propiedad de Fontanería, Montajes y Accesorios S.L.- Desde la fecha de comisión de los hechos al día de hoy no se ha enjuiciado la presente causa".

La ejecución de esta pena se lleva a cabo en el marco de la ejecutoria 306/17 del Juzgado de lo Penal núm. 7 de Sevilla.

En sentencia de 10/3/17 dictada en el Juicio Oral 13/16 del Juzgado de lo Penal 2 de Sevilla fue condenado como autor de un delito de alzamiento de bienes por los siguientes HECHOS PROBADOS:

"A finales del año 2013 la empresa Fontaneria, Montajes y accesorias SL, de la que era administrador Cristobal, contrajo con la entidad Suministros Prego SL una deuda por importe de 31.311,04 euros cuyo pago se articuló a través de varios pagarés de vencimiento a finales de 2005 y comienzo de 2006. Llegado el momento de este vencimiento los mismos resultaron impagados, iniciándose por la acreedora un procedimiento cambiario que resultó infructuoso, pues en el momento de liquidación la entidad Fontanería, Montajes y Accesorias SL carecía de bienes con los que atender estas deudas, a la vez que Cristobal aparecía también sin bienes sobre los que exigir una eventual responsabilidad civil subsidiaria en atención a su condición de administrador de la entidad deudora. A esta situación se había llegado colmo consecuencia de las maniobras efectuadas por Isabel y Cristobal, a partir de junio de 2004, tendentes a descapitalizar a la entidad deudora y a presentar al Sr. Cristobal como carente de bienes. A tal efecto, en virtud de capitulaciones matrimoniales en las que se instauraba el régimen de separación de bienes, se adjudicó a Isabel,. esposa del Sr. Cristobal, la titularidad de los bienes inmuebles gananciales y de las participaciones en la entidad Fontanería e Instalaciones Fontamar SL, sin que conste se asignase al Sr. Cristobal bienes o cantidad en metálico que compensasen aquella adjudicación a la esposa. Asimismo, se vendió a Isabel por parte de la entidad Fontanería, Montajes y Accesorias SL tres inmuebles que eran de titularidad de esta entidad, sin que conste que se percibiese cantidad alguna por ello. Transmitieron las participaciones que la entidad tenía en la entidad Fontamar SL, que quedaba así como de titularidad exclusiva de la esposa y con la que se continuó con la actividad que venía desarrollando la entidad deudora en distintas obras. Por último, se traspasó el material que la entidad deudora tenía como stock a la entidad Fontamar, sin que conste se percibiese cantidad alguna en atención a ese traspaso. No consta que existiese una voluntad de incumplimiento a finales del año 2003, fecha en la que se contrajeron las obligaciones finalmente insatisfechas. al tiempo de los hechos los acusados eran mayores de edad y carecían de antecedentes penales computables".

La Procuradora Sra. Jiménez Alonso, en nombre y representación de Cristobal presentó escrito en el Registro General del Tribunal supremo el 12/11/18 solicitando autorización para interponer recurso extraordinario de revisión, alegando que:"los HECHOS enjuiciados y sentenciados en ambos procedimientos se cometieron ante las mismas personas (el notario D. Pedro Romero Candau), sin solución de discontinuidad (según acreditan los números de protocolo, que son consecutivos y de la misma fecha) y tenían un mismo fin. El único motivo por el que se iniciaron dos procedimientos es porque distintos acreedores iniciaron dos procesos distintos. Que el HECHO concreto y coincidente que dio origen a ambos procedimientos y consiguientes sentencias fue la firma de escrituras, materializadas de forma instantánea, consecutiva y con el ánimo de alzar los bienes del denunciado, ante el (mismo) notario D. PEDRO ROMERO CANDAU y en la (misma) fecha 2 de junio del 2004, con los siguientes números de protocolo: N 3.096 Liquidación entre Vivos de Comunidad Conyugal (02/06/04) CAPITULACIONES N 3.097 Disolución de Comunidad Ordinaria (02/06/04), CAPITULACIONES N 3.098 Compraventa de Inmuebles (General) (02/06/04), N 3.099 Compraventa De Participaciones De Sociedad Limitada (02/06/04), N 3.100 Compraventa de Inmuebles (Locales) (02/06/04). Que ambas SENTENCIAS fueron dictadas como respuesta penal ante el mismo hecho, como acredita la mención en ambas sentencias a los mismos protocolos de escritura y de los mismos hechos...".Sentencia que fue objeto de recurso de apelación, dictando sentencia de 21/9/17 en el Rollo 8576/17 la Audiencia Provincial de Sevilla confirmando la misma, salvo la pena impuesta que se reduce.

El Ministerio Fiscal, por escrito de 29 de enero, dictaminó:"...el recurrente pretende la revisión de la sentencia por entender que se han dictado dos sentencias contra él por los mismos hechos. La lectura de los hechos probados de la sentencia cuya anulación se reclama y Iasentencia de fecha 10 de marzo de 2017permite comprobar que efectivamente el acusado fue condenado por delito de alzamiento de bienes en dos ocasiones por dos Tribunales diferentes, por hechos sustancialmente idénticos que no deberían haber dado lugar a dos sentencias diferentes. Es cierto que el pronunciamiento de la sentencia dictada en apelación tiene un objeto civil más amplio que el dictado por la sentencia que adquirió firmeza en primer lugar, pero eso no impide considerar la certeza de que el acusado ha sido condenado penalmente dos veces por el mismo hecho produciéndose así una vulneración del principio non bis in idem. Por tanto, en opinión del Fiscal, procede autorizar la interposición del recurso".

Por auto de 11/3/19 se autorizó la interposición del recurso, presentando escrito la procuradora Sra. Jiménez Alonso, en nombre y representación de Cristobal, formalizando este recurso de revisión, suplicando"Deje sin efecto lasentencia de 16/06/17 dictada en el Juicio Oral 258/14 del Juzgado de lo Penal nº 7 de Sevilla, por ser coincidente con otra ya existente dictada para enjuiciamiento de los mismos HECHOS".

El Ministerio Fiscal por escrito de 18 de junio, dictaminó:

"...procede estimar la demanda de revisión del recurso. Ahora bien, a la hora de determinar cual de las dos sentencias ha de ser anulada en opinión del Fiscal hay que considerar algunos aspectos. En primer lugar, como dice la sentencia de esa Excma. Sala 219/2015, de 16 de abril: " Es generalizado el criterio de que deberá anularse la sentencia dictada en segundo lugar. Deberá prevalecer la primera que se pronuncie. Esto, no obstante, merece alguna matización cuando la coincidencia no es total...". En el presente caso la coincidencia no es total, toda vez que la sentencia que adquiere firmeza en segundo lugar tiene un objeto civil más amplio que la que adquiere firmeza en primer lugar. Se dan una serie de circunstancias que hay que destacar. La primerasentencia que se dicta es por el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla en fecha 10 de marzo de 2017. Esa sentencia es apelada y recaesentencia por la Audiencia Provincial el 21 de septiembre de 2017. Por el contrario, la segundasentencia que se dicta, fecha 16 de junio de 2017 por el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla, no se recurre ya que se dicta de conformidad. En el presente caso, la pena de la sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial (y que por ello adquiere firmeza en último lugar) es superior y además -incluye en su objeto establecimiento de una responsabilidad civil con lo que la coincidencia es solo parcial. En esa causa hubo una acusación particular que obtuvo una sentencia favorable y su anulación determinaría la existencia de un perjuicio objetivo innecesario a la luz de cuanto se señala. Creemos que esos datos aconsejan la anulación de la primerasentencia que adquiere firmeza (la dictada por el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla en fecha 16 de junio de 2017), en atención a los datos mencionados (superior pena de la segunda, coincidencia tan solo parcial, posible perjuicio de terceros) que abonan el criterio de que no prevalezca en este caso la primera de las sentencias dictadas. O alternativamente, la anulación parcial de la segunda sentencia (la dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla y sentencia dictada en apelación), dejando subsistente la responsabilidad declarada en la misma...".

Por providencia de 28 de noviembre, se acordó señalar para deliberación y fallo, el día 4 de diciembre, lo que se llevó a efecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El llamado recurso de revisión es un proceso extraordinario, excepcional, con el que se pretende encontrar el necesario equilibrio entre la seguridad jurídica que reclama el respeto a la cosa juzgada y la exigencia de la justicia en que sean anuladas aquellas Sentencias condenatorias de quienes resulte posteriormente acreditado que fueron indebidamente condenados.

La enumeración de los motivos de revisión, por esa naturaleza extraordinaria, aparece taxativa y cerrada en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; así en el art. 954.1c) tras la modificación llevada a efecto por la Ley 41/2015, de 5 de octubre en vigor desde el 6/12/15, dice así:"cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes". Y eso es lo que ha sucedido en el supuesto que nos ocupa con Cristobal que ha sido condenado por dos Juzgados de lo Penal de Sevilla por el mismo hecho delictivo, alzamiento de bienes.

Así de la lectura de los hechos probados de la sentencia cuya anulación se reclama y los de la sentencia de fecha 10 de marzo de 2017 permite comprobar que efectivamente el acusado fue condenado por delito de alzamiento de bienes en dos ocasiones por dos Tribunales diferentes, por hechos sustancialmente idénticos que no deberían haber dado lugar a dos sentencias diferentes. Es cierto que el pronunciamiento de la sentencia dictada en apelación tiene un objeto civil más amplio que el dictado por la sentencia que adquirió firmeza en primer lugar, pero eso no impide considerar la certeza de que el acusado ha sido condenado penalmente dos veces por el mismo hecho produciéndose así una vulneración del principio non bis in idem.

Esta Sala en supuestos similares, se ha inclinado por acordar la nulidad de la sentencia posterior, manteniendo la dictada en primer lugar. Por el Ministerio Fiscal se solicita" ...anulación de la primerasentencia que adquiere firmeza (la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 7 de Sevilla en fecha 16 de junio de 2017), en atención a los datos mencionados (superior pena de la segunda, coincidencia tan solo parcial, posible perjuicio de terceros) que abonan el criterio de que no prevalezca en este caso la primera de las sentencias dictadas. O alternativamente, la anulación parcial de la segunda sentencia (la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Sevilla y la sentencia dictada en apelación), dejando subsistente la responsabilidad civil declarada en la misma". Y por la representación procesal del condenado que procede anular la sentencia de 16/6/17 dictada en el JO 258/14 del Juzgado de lo Penal nº 7 de Sevilla.

Procede, siguiendo el criterio de esta Sala, anular parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Sevilla, de 10/3/17 dictada en el JO 13/16 y la de la Audiencia Provincial de Sevilla de 21/9/17 dictada en el Rollo 8576/17, por ser la opción más beneficiosa al recurrente, en cuanto que la pena impuesta es superior, manteniendo subsistente la responsabilidad civil declarada en la misma pues su anulación perjudicaría objetivamente a terceros.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE REVISION interpuesto por la representación procesal de Cristobal contra sentencia 156/2017, dictada el día 10 de marzo de 2017 por el Juzgado de lo Penal 2 de Sevilla en el Juicio Oral 13/16, por la que se condenó a Cristobal, como autor de un delito de alzamiento de bienes a la pena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y multa de quince meses con cuota diaria de tres euros, así como que indemnice a la entidad Suministros Priego, SL en la suma de 31.311,04 euros y al pago de las costas incluidas las de la acusación particular, y la de la Audiencia Provincial 13/16 dictada en el Rollo 8576/17, de 21/9/17; y DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS LA NULIDADPARCIAL de las referidas sentencias , manteniendo el pronunciamiento referente a la responsabilidad civil en su integridad..

Se declaran de oficio las costas del presente recurso.

Remítase testimonio de esta sentencia a los Juzgados de lo Penal núm. 7 y 2 de Sevilla, a los efectos legales oportunos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Andrés Martínez Arrieta D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Dª Ana Mª Ferrer García

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