Jurisprudencia

Auto Audiencia Nacional Sala de lo Penal 12/07/2018

Audiencia Nacional Sala de lo Penal, 12-07-2018 , 

Pte: Martel Rivero, Juan Francisco

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En las actuaciones de referencia, Diligencias Previas- Procedimiento Abreviado nº 170/2011, Pieza Separada de Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada, se dictó el día 17-3-2016 por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 auto de transformación, en el que, después de varias vicisitudes procesales, se confirió el 17-04-2017 a las partes acusadoras traslado para, en su caso, formular escritos de acusación, lo que cumplimentaron las representaciones procesales de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ESPAÑA (ADICAE) Y OTROS y de Demetrio Y OTROS, en tanto que el MINISTERIO FISCAL no presentó escrito en dicho sentido, al considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de responsabilidad criminal.

A) La acusación popular y particular de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ESPAÑA (ADICAE) Y OTROS, representada por la Procuradora Dª María del Mar Villa Molina, bajo la dirección del Abogado D. José Ríos Almela (folios 21.707 a 21.716), consideró que los hechos a enjuiciar eran constitutivos de:

a) Un delito continuado de estafa agravada, previsto y penado en los artículos 248 , 249 y 250.6 º y 7º del Código Penal , en concurso medial con un delito continuado de publicidad engañosa, previsto y penado en el artículo 282 bis del Código Penal , tras su entrada en vigor el 24-12-2010.

b) Un delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas, previsto y penado en el artículo 284 del Código Penal , en la redacción vigente hasta el 23-12-2010, y del artículo 284.1 y 2 tras su entrada en vigor el 24-12-2010.

Respecto a la participación, sostuvo que de dichos hechos a enjuiciar son autores los acusados Lázaro y Justa , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

En cuanto a las penas a imponer, mantuvo que a ambos acusados debía condenárseles: por el primer delito, a las penas de 8 años de prisión y multa de 24 meses, con cuota diaria de 50 euros, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, y para el desempeño de cargo, profesión o empleo en el seno o por cuenta de una entidad bancaria; y por el segundo delito, a las penas de 2 años de prisión, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio activo y pasivo, y para el desempeño de cargo, profesión o empleo en el seno o por cuenta de una entidad bancaria.

En relación a las responsabilidades civiles, los acusados deberán indemnizar a los representados de la entidad acusadora, titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada, conjunta y solidariamente, al abono de las cantidades que quedarán fijadas en ejecución de sentencia, consistentes en el pago de las cantidades invertidas por los clientes, descontados los importes que hayan podido recibir de Banco Sabadell, S.A., directamente o a través del canje de los valores por acciones de dicha entidad, más los correspondientes intereses legales y procesales.

De dichas cantidades responderá subsidiariamente Banco Sabadell, S.A., y asimismo será responsable directo del pago de tales cantidades la compañía Caja de Seguros Reunidos (CASER), dentro de los límites contratados en la póliza de contrato colectivo de responsabilidad civil de latos cargos (póliza número NUM000 ) o por cualquier otra póliza que tuviera contratada que pudiera cubrir la responsabilidad civil de los acusados.

Todas las citadas cantidades deberán incrementarse con los intereses legales desde los respectivos desembolsos hasta la fecha de la sentencia, más los intereses procesales desde dicha fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

B) La acusación popular y particular de Demetrio Y OTROS, representados por la Procuradora Dª Marta Isla Gómez, bajo la dirección del Abogado D. Demetrio (folios 21.638 a 21.681), consideró que los hechos a enjuiciar eran constitutivos de:

a) Un delito continuado ( artículo 74.1 del Código Penal ) de estafa agravada, previsto y penado en los artículos 248 , 249 y 250 apartados 6 º y 7º del Código Penal .

b) En concurso medial ( artículo 77 del Código Penal ) con un delito continuado ( artículo 74.1 del Código Penal ) de publicidad engañosa, previsto y penado en el artículo 282 bis del Código Penal , en relación con los hechos acaecidos tras su entrada en vigor el 24-12-2010.

c) Un delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas, previsto y penado en el artículo 284 del Código Penal , en la redacción vigente hasta el 23-12-2010, y del artículo 248.1 y 2 tras su entrada en vigor el 24-12-2010.

Respecto a la participación, sostuvo que de dichos hechos a enjuiciar son autores los acusados Lázaro y Justa , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

En cuanto a las penas a imponer, mantuvo que a ambos acusados debía condenárseles: por los dos primeros delitos, a las penas de 8 años de prisión y multa de 24 meses, con la cuota diaria que prudentemente se establezca en sentencia, así como a las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo ( artículo 56.1.2º del Código Penal ), y para desempeñar cualquier cargo, empleo o profesión (artículo 56.3º) en el seno o por cuenta de una entidad bancaria o de crédito en España: y por el tercer delito, a las penas de 2 años de prisión, así como a las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo ( artículo 56.1.2º del Código Penal ), y para desempeñar cualquier cargo, empleo o profesión (artículo 56.3º), en el seno o por cuenta de una entidad bancaria o de crédito en España.

En relación a las responsabilidades civiles, los acusados deberán indemnizar a los querellantes que figuran en el anexo I acompañado al escrito de acusación, como titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada, conjunta y solidariamente, al abono de las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia, consistentes en el resultado de deducir de las cantidades desembolsadas en la contratación de dichos productos financieros y que ascienden inicialmente a la cantidad global de 11.082.096,00 euros, las cantidades que hayan sido reintegradas por Banco Sabadell y las permutas que se hubieran podido realizar por acciones de dicho Banco, más sus correspondientes intereses, además de los daños y perjuicios que se hubieren derivado de las acciones delictivas.

Del pago de las citadas cantidades responderá subsidiariamente Banco Sabadell S.A. ( artículo 120.3 º y 4º del Código Penal ), y asimismo será responsable directo del pago de tales cantidades la compañía Caja de Seguros Reunidos (CASER), dentro de los límites de las pólizas de seguro contratadas con la CAM ( artículos 117 del Código Penal y 76 de la Ley de Contrato de Seguro ), en concreto de la póliza de contrato colectivo de responsabilidad civil de altos cargos (póliza número NUM000 ) o por cualquier otra póliza que tuviera concertada y cubriera la responsabilidad civil de los acusados.

Todas las cantidades que se hayan de satisfacer en concepto de responsabilidad civil se verán incrementadas con el interés legal del dinero calculado desde la fecha de su desembolso hasta la fecha de la sentencia ( artículo 1180 del Código Civil ), y una vez dictada ésta, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

C) El MINISTERIO FISCAL, representado por la Iltma. Sra. Dª Ana Cuenca Ruiz, en su escrito de conclusiones provisionales (folios 22.675 a 22.678), no formuló acusación, al considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito, sin que, además, exista nadie que pueda tener derecho a ser indemnizado por la adquisición de deuda subordinada o participaciones preferentes de la CAM.

SEGUNDO.- El día 22-1-2018 la Instructora dictó auto de apertura del juicio oral (folios 22.658 a 22.664), posteriormente aclarado y rectificado por auto de 7-2- 2018 (folios 22.693 y 22.694), teniendo por formulada acusación contra los investigados acusados Lázaro y Justa , así como declarando responsable civil directa -hasta el límite de cobertura aseguradora- a CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER), y como responsable civil subsidiaria a BANCO DE SABADELL, S.A.

Tales personas físicas y jurídicas, en virtud de los correspondientes traslados, formularon los siguientes escritos:

A) La defensa del acusado Lázaro , representado por la Procuradora Dª Isabel Juliá Corujo, bajo la dirección del Abogado D. Ginés Avilés Alcaraz (folios 23.035 a 23.041), interesó la libre absolución de su patrocinado.

B) La defensa de la acusada Justa , representada por la Procuradora Dª Sylvia Scott-Glendonwyn Álvarez, bajo la dirección de la Abogada Dª María Flora Morillo-Velarde Galán (folios 22.968 a 22.973), interesó la libre absolución de su patrocinada.

C) La defensa de la responsable civil directa CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (CASER), representada por la Procuradora Dª Andrea de Dorremochea Guiot, bajo la dirección del Abogado D. Miguel Sánchez-Calero Guilarte (folios 22.849 a 22.861), intereso en su escrito de defensa no ser declarada como responsable civil directa.

D) La defensa de la responsable civil subsidiaria BANCO DE SABADELL S.A., representada por la Procuradora Dª Blanca Grande Pesquero, bajo la dirección del Abogado D. Carlos Aguilar Fernández (folios 22.713 a 22.726), igualmente interesó en su escrito de defensa no ser declarada como responsable civil subsidiaria.

Una vez formulados por las representaciones de los dos acusados y de las dos responsables civiles, sus respectivos escritos de defensa, el día 21-3-2018 se ordenó la elevación de la causa a este Tribunal, a fin de proceder al enjuiciamiento de los hechos sometidos a comprobación.

TERCERO.- En providencia de 5-4-2018 se tuvo por recibida la causa, se ordenó formar el rollo de Procedimiento Abreviado nº 3/18 y se nombró ponente al Magistrado que figura en el encabezamiento de esta resolución.

En dicho procedimiento, se dicó el día 3-5-2018 auto de admisión o inadmisión de las pruebas propuestas por las partes y señalamiento del comienzo de las sesiones del juicio oral, cuyas fechas fueron en parte modificadas en proveído de 14-5-2018, con fecha de comienzo el día 4-7-2018.

CUARTO.- Comparecidas las partes al plenario el día señalado, al inicio del mismo la dirección procesal de la acusación ejercida por Demetrio Y OTROS manifestó que retiraba la acusación, tanto la popular ejercida por el primeramente nombrado como la particular ejercida por los restantes no mencionados específicamente, hasta entonces mantenida.

En cambio, la dirección procesal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ESPAÑA (ADICAE) Y OTROS, se manifestó en igual sentido de retirada de la acusación particular en relación a las personas a las que consideraba perjudicadas, tampoco específicamente nombradas, pero no así respecto a la acusacion de la propia entidad ADICAE, que se mantuvo en su acusación popular contra los dos acusados antes mencionados.

Concedida la palabra al MINISTERIO FISCAL, interesó que, ante la doble retirada de la acusacion afectante a los supuestos perjudicados por los hechos investigados, además de la ejercida por la acusación popular de Demetrio , se está en el caso del mantenimiento de la asociación ADICAE como única acusación (con el carácter de popular) personada, la cual carece de legitimación para actuar en este juicio, por aplicación de la doctrina instaurada por la STS nº 1045/2007, de 17 de diciembre . Por lo que considera que procedía la suspensión del plenario, para dictar auto de sobreseimiento libre de la causa.

Conferido el pertinente traslado a las partes, las defensas de los acusados Lázaro y Justa y de los responsables civiles directo CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (CASER) y subsidiario BANCO DE SABADELL S.A., se adhirieron a lo manifestado por el Ministerio Público, puntualizando la última entidad nombrada que, ante la inexistencia e perjudicados a que eventualmente indemnizar, ninguna razón de ser tenía su presencia en el procedimiento.

En cambio, la defensa de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ESPAÑA (ADICAE), interesó que, en efecto, debía resolverse la cuestión suscitada, para luego continuar el procedimiento suspendido, ante el problema nacional que ha planteado la emisión, comercialización y canje de los productos financieros litigiosos.

QUINTO.- Ante la situación jurídica originada, por el mantenimiento en el procedimiento como única acusación, de naturaleza popular, de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ESPAÑA (ADICAE), se acordó la suspensión del juicio y que las actuaciones quedaran pendientes de dictar la resolución procedente.

Asimismo, se requirió a las dos acusaciones particulares personadas para que, en el plazo de una audiencia, aportaran una relación de los inversionistas que hasta entonces sustentaban dichas acusaciones particulares. Requerimientos que han sido convenientemente cumplimentados.

SEXTO.- La relación de clientes de la CAM que ejercitaron la acusación particular a través de la representación de la Procuradora D ª María del Mar de Villa Melina (que asimismo actúa en nombre de ADICAE), es la siguiente:

1.- DON Federico y DOÑA Mónica .

2.- DON Narciso

3.- DOÑA Ana

4.- DOÑA Jacinta

5.- DOÑA Visitacion

6.- DON Luis Miguel y DOÑA Enriqueta

7.- DON Braulio y DOÑA Rosa

8.- DON Herminio

9.- DOÑA Carolina

10.- DOÑA Mercedes

11.- DON Romulo y DOÑA Andrea

12.- DON Marco Antonio

13.- DON Darío y DOÑA Lina

14.- DON Julio y DOÑA Eva María

15.- DON Teodulfo y DOÑA Genoveva

16.- DON Alexander

18.- DOÑA Victoria

19.- DON Ezequiel y DOÑA Estela

20.- DON Melchor y DOÑA Sofía

21.- DON Luis María y DOÑA Delia

22.- DOÑA Catalina

23.- DON Cipriano

24.- DOÑA Penélope y DON Jeronimo

25.- DOÑA Carla

26.- DOÑA Nuria

27.- DON Vicente

28.- DON Anton y DOÑA Candelaria

29.- DOÑA Nieves

30.- DON Gabriel

31.- DON Paulino y DOÑA Camino

32.- DON Juan Alberto y DOÑA Palmira

33.- DOÑA Caridad y DON Edemiro

34.- DOÑA Otilia

35.- DOÑA Brigida y DON Manuel

36.- DOÑA Paulina

37.- DON Carlos José y DOÑA Celia

38.- DON Blas

39.- DOÑA Reyes

40.- DOÑA Daniela

41.- DOÑA Soledad

42.- DOÑA Estefanía y DON Valle

43.- DOÑA Filomena y DON Marcelino

44.- DOÑA María Teresa

45.- DOÑA Josefina

46.- DON Luis Manuel y DOÑA Ángela

47.- DON Cesareo y DOÑA Modesta

48.- DOÑA Celestina , DOÑA Sagrario y DON Lucas

49.- DOÑA Eugenia

50.- DON Carlos Jesús

51.- DON Bruno

52.- DON Ismael y DOÑA Antonieta

53.- DOÑA Lucía

54.- DON Torcuato y DOÑA Beatriz

55.- DON Armando y DOÑA Rita

56.- DOÑA Esmeralda

57.- DON Horacio y DOÑA María Cristina

58.- DON Segismundo y DOÑA Luz

59.- DOÑA Benita

60.- DOÑA Rosana

61.- DOÑA Felicidad

62.- DON Avelino y DOÑA Regina

63.- DOÑA Marta

64.- DOÑA Custodia

65.- DOÑA Zulima y DON Jesús

66.- DON Virgilio

67.- DON Baltasar y DOÑA Mariola

68.- DON Indalecio y DOÑA Dulce

69.- DON Teodosio y DOÑA María Rosa

70.- DOÑA María

71.- DOÑA Debora y DON Benito

72.- DON Inocencio y DOÑA Miriam

73.- DON Jose Carlos

74.- DON Benjamín y DOÑA Eva

75.- DOÑA Amalia

76.- DON Jorge y DOÑA Sacramento

77.- DON Jose Pedro y DOÑA Joaquina

78.- DON Ceferino y DOÑA Clemencia

79.- DON Lucio y DOÑA María Inmaculada

80.- DOÑA Paloma

81.- DOÑA Gracia

82 .- DOÑA Bibiana y DON Juan Pablo

83.- DOÑA María Antonieta y DON Eutimio

84.- DOÑA Purificacion

85.- DON Rafael

86.- DON Elias

87.- DOÑA Leocadia

88.- DON Fulgencio y DOÑA Encarna

89.- DOÑA Angelina , DON Severiano y DOÑA Yolanda

90.- DON Balbino y DOÑA Petra

91.- DON Joaquín

92.- DON Jose Daniel

93.- DOÑA Macarena

94.- DON Desiderio

95.- DON Nemesio y DOÑA Gema

96.- DON Miguel Ángel

97.- DOÑA Elisabeth y DON Genaro

98.- DON Secundino y DOÑA Belinda

99.- DOÑA Lorena

100.- DOÑA Tania

101.- DON Camilo y DOÑA Olga

102.- DON Leovigildo y DOÑA Loreto

103.- DON Juan Antonio

104.- DON Eulogio

105.- DON Ricardo y DOÑA Inmaculada

106.- DOÑA Felicisima y DON Augusto

107.- DON Jon y DOÑA Elvira

108.- DON Jesús Carlos

109.- DOÑA Concepción

110.- DOÑA Bárbara

111.- DON Fausto y DOÑA Angelica

112.- DON Sebastián y DOÑA Adriana

113.- DON Borja

114.- DON Marcial y DOÑA Adelaida

115.- DON Pablo Jesús

116.- DON Gines y DOÑA Adolfina

117.- DON Jose Luis , DON Domingo , DOÑA Agustina y DOÑA Adelina

118.- DOÑA Cristina

119.- DON Roque y DOÑA Ana María

120.- DON Bernardo

121.- DON Mateo

122.- DOÑA Alicia

123.- DON Abel

124.- DOÑA Apolonia

125.- DON Isaac y DOÑA Belen

126.- DON Luis Enrique y DOÑA Celsa

127.- DON Teodoro y DOÑA Dolores

128.- DOÑA Esther y DOÑA Frida

129.- DON Eliseo y DOÑA Julia

130.- DOÑA Maribel

131.- DON Santos y DOÑA Raimunda

132 .- DON Clemente y DOÑA Tatiana

133.- DON Primitivo y DOÑA Elena

134.- DOÑA Berta

135.- DON Calixto y DOÑA Debora

136.- DON Obdulio

137.- DON Ángel y DOÑA Francisca

138.- DON Luis

139.- DOÑA Martina , DOÑA Santiaga , DOÑA María Rosario y DON Apolonio

140.- DON Mariano y DOÑA Edurne

141.- DON Alexis y DOÑA Lorenza

142.- DOÑA Serafina , DON Martin y DOÑA Amparo

143.- DOÑA Fermina

144.- DON Arcadio

145.- DOÑA Piedad y Nazario

146.- DON Antonio y DOÑA Amelia

147.- DON Millán

148.- DOÑA Guadalupe y DOÑA Salome

149.- DOÑA Blanca , DOÑA Leticia y DOÑA Zaira

150.- DON Cecilio y DOÑA Eulalia

151.- DON Rosendo y DOÑA Teodora

152.- DON Diego

153.- DOÑA Estrella

154.- DON Tomás

155.- DOÑA Esteban

156.- DOÑA Violeta Y Felipe

157.- DON Carlos Antonio

158.- DON Germán

159.- DON Juan Luis y DOÑA Leonor

160.- DON Jacinto

161.- DON Abelardo y DON Marino

162.- DOÑA Aurora

163.- DON Benigno y DOÑA Ofelia

164.- DON Ruperto y DOÑA Emilia

165.- DON Everardo y DOÑA Marí Juana

166.- DON Luis Francisco y DOÑA Marisa

167.- DON José y DOÑA Coro

168.- DON Anselmo y DOÑA Virtudes

169.- DON Rodolfo

170.- DON Emilio y Noelia

171.- Jesús María

172.- DOÑA Gloria y Carmela

173.- DOÑA Marí Trini

174.- DOÑA Raquel , DON Miguel y DOÑA Luisa

175.- DON Cristobal

176.- DOÑA Graciela y DOÑA Elsa

177.- DOÑA Brigida

178.- DOÑA Clara

179.- DON Jesús Manuel y DOÑA Carina

180.- DON Landelino , DOÑA Azucena y DOÑA Aurelia

181.- DOÑA Begoña

182.- DON Conrado

183.- DOÑA Crescencia

184.- DON Jose Miguel

185.- DOÑA Flor

186.- DON Javier

187.- DON Bernabe y DOÑA Manuela

188.- DOÑA Ramona y DOÑA Valentina

189.- DOÑA Almudena

190.- DOÑA Florinda

191.- DOÑA Noemi y DON Jesús Ángel

192.- DON Lorenzo y DON Constancio

193.- DOÑA Ariadna

194.- DON Jesus Miguel y DOÑA Maite

195.- DON Nicanor

196.- DOÑA María Virtudes

197.- DON Eugenio

198.- DON Pedro Miguel

199.- DON Plácido y DOÑA Milagros

200.- DOÑA Angustia

201.- DOÑA Paula

202.- DON Gustavo y DOÑA Eloisa

203.- DON Baldomero y DOÑA María Milagros

204.- DON Jose Pablo

205.- DOÑA Patricia y DON Maximino

206.- DON Eulalio

207.- DOÑA Josefa

208.- DON Agustín

209.- DON Sixto y DOÑA Gregoria

210.- DON Leoncio y DOÑA Elisa

211.- DON Fabio

212.- DON Alfredo y DOÑA Covadonga

213.- DOÑA Constanza y DON Carlos Alberto

214.- DOÑA Delfina y DON Pascual

215.- DON Heraclio y DOÑA Guillerma

216.- DOÑA Lidia y DON Doroteo

217.- DOÑA Sabina , DON Alfonso y DON Pelayo

218.- DON Ignacio y DOÑA Asunción

219.- DON Eusebio

220.- DON Basilio

221.- DOÑA Marina y DON Ángel Jesús

222.- DOÑA María Esther , DOÑA Irene , DOÑA María Inés y DON Luis Antonio

223.- DON Sergio

224.- DON Ovidio y DOÑA Salvadora

225.- DOÑA Isidora y DON Leonardo

226.- DOÑA Coral

227.- DON Higinio y DOÑA Ángeles

228.- DON Florentino

229.- DON Edmundo y DOÑA Ascension

230.- DON Cesar

231.- DOÑA Erica

232.- DON Candido y DOÑA Andrés

233.- DON Adolfo y DOÑA Margarita

234.- DON Carlos Daniel y DOÑA Sara

235.- DOÑA Agueda

236.- DON Celestino y DOÑA Marisol

237.- DON Carlos Ramón

238.- DON Pedro Enrique y DOÑA Candida

239.- DOÑA Silvia y DON Alonso

240.- DON Victor Manuel y DOÑA Mariana

241.- DON Alberto

242.- DOÑA Isabel y DON Aquilino

243.- DON Bartolomé

244.- DON Casimiro

245.- DOÑA Magdalena

246.- DON Eloy

247.- DOÑA Rebeca

248.- DON Fructuoso y DOÑA María Luisa

249.- DOÑA Enma

250.- DON Julián y DOÑA Verónica

251.- DOÑA Laura

252.- DOÑA Evangelina

253.- DON Raimundo y DOÑA Encarnacion

254.- DON Víctor y DOÑA Juliana

255.- DON Alejo y DOÑA Trinidad

256.- DOÑA Eufrasia y DON Evelio

257.- DON Ildefonso y DOÑA Amanda

258.- DOÑA Aurelia

259.- DON Raúl y DOÑA Vicenta

260.- DOÑA Adela

261.- DOÑA Emma

262. DON Benedicto y DON Gabino

263.- DOÑA Marí Jose

264.- DON Onesimo y DOÑA Rocío

265.- DON Carlos María

266.- DON Casiano y DOÑA Socorro

267.- DON Iván y DOÑA Adoracion

268.- DON Valentín y DOÑA Micaela

269.- DON Adriano y DOÑA Bernarda

270.- DOÑA Elisenda

271.- DON Bernardino

272.- DOÑA Gabriela

273.- DOÑA Juana

274.- DON Damaso y DOÑA Montserrat

275.- DON Epifanio y DOÑA Sandra

276.- DON Feliciano

277.- DON Fidel y DOÑA Marí Luz

278.- DON Gonzalo y DOÑA Africa

279.- DOÑA Claudia

280.- DON Íñigo

281.- DOÑA Inocencia

282.- DOÑA Melisa

283.- DOÑA Pilar y DOÑA Rosaura

284.- DOÑA Tarsila

285.- DOÑA María Consuelo

286.- DOÑA Alejandra

287.- DON Roberto y DOÑA Fátima

288.- DON Saturnino y DOÑA Natalia

289.- DON Urbano

290.- DON Victorio y DOÑA Tomasa

291.- DON Carlos Miguel

292.- DOÑA Carlota y DOÑA Herminia

293.- DON Pedro Antonio y DOÑA Pura

294.- DON Alvaro y DOÑA María Dolores

295.- DON Aurelio y DOÑA Diana

296.- DON Claudio y DOÑA Rafaela

297.- DON Emiliano y DOÑA Zaida

298.- DON Florian y DOÑA Flora

299.-DON Gumersindo y DOÑA Rosalia

300.- DOÑA Aida

301.- DOÑA Florencia

302.- DOÑA Pura

303.- DON Matías

304.- DON Olegario

305.- DON Ramón

306.- DON Romeo y DOÑA Matilde

307.- DON Teofilo y DOÑA Antonia

308.- DOÑA Remedios

309.- DOÑA Camila

310.- DOÑA Julieta

311.- DON Juan Ramón

312.- DON Pedro Francisco y DOÑA Cecilia

313.- DON Anibal

314.- DON Belarmino

315.- DON Cirilo y DOÑA Felisa

316.- DOÑA Esperanza

317.- DON Evaristo y DOÑA Teresa

318.- DOÑA Natividad

319.- DON Guillermo

320.- DON Isidro y DOÑA Tamara

321.- DOÑA Virginia y DON Maximiliano

322.- DON Octavio

323.- DOÑA Casilda , DOÑA Hortensia y DON Samuel

324.- DON Simón

325.- DOÑA Consuelo y DOÑA Sonia

326.- DON Carlos Manuel y DOÑA Marcelina

327.- DON Pedro Jesús

328.- DOÑA Estibaliz , DON Artemio y DON Cosme

329.- DON Eleuterio

330.- DOÑA Araceli

331.- DON Nemesio Y DOÑA Gema

332.- DON Hermenegildo Y DOÑA Inés

333.- DON Leon

334.- DON Modesto

SÉPTIMO.- La relación de clientes de la CAM que ejercitaron la acusación particular a través de la representación de la Procuradora Dª Marta Isla Gómez (que asimismo actuaba en nombre de Demetrio ), es la siguiente:

1.- DON Romualdo

2.- DON Severino

3.- DON Jose María

4.- DOÑA Fidela

5.- DON Juan Ignacio

6.- DON Aureliano

7.- DOÑA María Angeles

8.- DOÑA Sonsoles

9.- DOÑA Vanesa

10. DOÑA Nicolasa

11. DON Gervasio

12. DOÑA Ruth

13. DON Justino

14. DOÑA Susana

15. DON Patricio

16. DON Santiago

17. DON Jose Francisco

18. DON Luis Pablo

19. DOÑA Milagrosa

20. DON Argimiro

21. DON Daniel

22. DON Ernesto

23. DON Héctor

24. DON Justo

25. DOÑA María Purificación

26. DON Rogelio

27. DOÑA Amalia Gracia

28. DON Francisco

29. DON Mauricio

30. DOÑA Francisca Blanca

31. DON Alejandro

32. DON Ezequias

33. DOÑA Guadalupe Francisca

34. DON Jose Antonio

35. DOÑA Ana Clara

36. DON Gregorio

37. DON Pio

38. DON Jesús Luis

39. DON Eladio

40. DOÑA Juana Guadalupe

41. DON Victorino

42. DON Arturo

43. DOÑA Eva Isabel

44. DOÑA Diana Beatriz

45. DOÑA Eva Guadalupe

46. DOÑA Guadalupe Araceli

47. DON Victoriano

48. DON Amadeo

49. DOÑA Blanca Guadalupe

50. DON Jose Ignacio

51. DOÑA Eva Evangelina

52. DOÑA Amalia Amanda

53. DON Juan Francisco

54. DOÑA Claudia Francisca

55. DON Jose Manuel

56. DON Dimas

57. DOÑA Joaquina Juana

58. DON Adrian

59. DON Mario

60. DON Eduardo

61. DOÑA Amalia Juana

62. DON Ambrosio

63. DOÑA Isabel Joaquina

64. DON Agapito

65. DOÑA Joaquina Gracia

66. DON Donato

67. DON Valeriano

68. DON Hipolito

69. DOÑA Amanda Graciela

70. DON Luis Angel

71. DON Justiniano

72. DOÑA Debora Blanca

73. DOÑA Claudia Bibiana

74. DOÑA Claudia Gabriela

75. DOÑA Graciela Gabriela

76. DON Pablo

77. DON Isidoro

78. DOÑA Bibiana Blanca

79. DON Gaspar

80. DOÑA Eva Debora

81. DON Humberto

82. DON Norberto

83. DON Rubén

84. DOÑA Guadalupe Sabina

85. DON Celso

86. DON Jenaro

87. DON Juan María

88. DON Felix

89. DON Florencio

90. DON Porfirio

91. DOÑA Araceli Gabriela

92. DOÑA Blanca Debora

93. DOÑA Teresa Lourdes

94. DON Ambrosio

95. DOÑA Gabriela Juana

96. DON Erasmo

97. DOÑA Debora Clara

98. DON Fermín

99. DON Cornelio

100. DON Enrique

101. DOÑA Rebeca Beatriz

102. DON Felicisimo

103. DON Segundo ( Pelosblancos )

104. DON Jose Augusto

105. DOÑA Diana Debora

106. DOÑA Gabriela Gracia

107. DOÑA Clara Lucia

108. DOÑA Gracia Victoria

109. DON Pedro

110. DOÑA Guadalupe Nicolasa

111. DON Leandro

112. DOÑA Blanca Micaela

113. DON Abilio

114. DOÑA Amalia Cecilia

115. DON Jose Enrique

116. DOÑA Cecilia Juana

117. DOÑA Victoria Blanca

118. DON Jose Ramón

119. DOÑA Victoria Amanda

120. DOÑA Cecilia Isabel

121. DON Dionisio

122. DOÑA Evangelina Nicolasa

123. DON Bienvenido

124. DOÑA Agueda Reyes

125. DON Maximo Nazario

126. DOÑA Reyes Paulina

127. DOÑA Luz Leticia

128. DOÑA Luz Ruth

129. DON Alvaro Lazaro

130. DOÑA Antonieta Luz

131. DOÑA Luz Antonia

132. DON Nazario Javier

133. DON Severino Nazario

134. DOÑA Luz Susana

135. DOÑA Luz Visitacion

136. DON Cayetano Severiano

137. DON Cayetano David

138. DOÑA Rosaura Luz

139. DOÑA Elsa Reyes

140. DOÑA Loreto Luz

141. DON Agustin Nazario

142. DON Bruno Nazario

143. DON Fausto Nazario

144. DOÑA Maribel Luz

145. DOÑA Miriam Luz

146. DON Maximo Severino

147. DOÑA Luz Marina

148. DON Maximino Severiano

149. DOÑA Carla Luz

150. DOÑA Luz Herminia

151. DOÑA Covadonga Paulina

152. DON Severino Maximiliano

153. DOÑA Agueda Elvira

154. DOÑA Paulina Covadonga

155. DOÑA Reyes Carolina

156. DOÑA Reyes Herminia

157. DOÑA Reyes Marta

158. DOÑA Carolina Reyes

159. DON Alvaro Sixto

160. DOÑA Reyes Teresa

161. DON Agustin Cayetano

162. DON Bruno Cayetano

163. DON Antonio Nazario

164. DON Lazaro Saturnino

165. DON Mateo Lazaro

166. DON Maximino Aquilino

167. DON Fructuoso Sixto

168. DOÑA Reyes Veronica

169. DON Maximo Faustino

170. DOÑA Maximiliano Bruno )

171. DON Arsenio Nazario

172. DOÑA Mariana Reyes

173. DON Casiano Nazario

174. DOÑA Paulina Asuncion

175. DON Gaspar Nazario

176. DOÑA Justiniano Nazario

177. DON Desiderio Nazario

178. DOÑA Edurne Paulina

179. DON Estanislao Maximino

180. DOÑA Lourdes Laura

181. DON Pascual Fausto

182. DON Fructuoso Justo

183. DOÑA Agueda Agustina

184. DON Eduardo Cosme

185. DON Maximo Octavio

186. DOÑA Laura Paulina

187. DOÑA Elvira Rita

188. DON Esteban Maximo

189. DON Artemio Maximo

190. DOÑA Antonieta Covadonga

191. DON Patricio Sixto

192. DOÑA Covadonga Catalina

193. DON Arturo Sixto

194. DON Maximo Mateo

195. DOÑA Covadonga Natalia

196. DON Arsenio Cayetano

197. DOÑA Agustina Rita

198. DON Martin Nazario

199. DOÑA Laura Tatiana

200. DOÑA Edurne Leticia

201. DON Fernando Lazaro

202. DON Aquilino Jose

203. DOÑA Paula Leticia

204. DON Bernardino Nazario

205. DON Doroteo Nazario

206. DON German Lazaro

207. DON Enrique Nazario

208. DOÑA Lazaro Bernardo

209. DOÑA Lourdes Fatima

210. DON Lazaro Efrain

211. DOÑA Agueda Natalia

212. DOÑA Lourdes Patricia

213. DON Lazaro Jeronimo

214. DON Lazaro Marcial

215. DOÑA Narciso Nazario

216. DON Nazario Aureliano

217. DOÑA Petra Paula

218. DON Nazario Fermin

219. DON Nazario Hernan

220. DOÑA Agustina Natividad

221. DON Lazaro Narciso

222. DOÑA Antonieta Paula

223. DOÑA Esther Azucena

224. DOÑA Esther Lourdes

225. DOÑA Estrella Paula

226. DOÑA Fatima Agueda

227. DON Nazario Virgilio

228. DOÑA Fermin Nazario

229. DOÑA Laura Natalia

230. DON Lorenzo Nazario

231. DON Marcelino Nazario

232. DON Virgilio Lazaro

233. DOÑA Ruth Laura

234. DON David Eduardo

235. DOÑA Severiano Mauricio

236. DON Alvaro Fructuoso

237. DON Aquilino David

238. DOÑA Elsa Elvira

239. DOÑA Josefina Covadonga

240. DON Fructuoso David

241. DOÑA Josefina Elvira

242. DON Arsenio Maximino

243. DON Jose Maximino

244. DON Cesar Maximiliano

245. DON Cesareo Maximino

246. DOÑA Flora Luz

247. DOÑA Estefania Natalia

248. DOÑA Matilde Natalia

249. DOÑA Matilde Ruth

250. DOÑA Estela Catalina

251. DOÑA Natalia Leticia

252. DON Enrique Cayetano

253. DOÑA Natividad Catalina

254. DOÑA Patricia Natividad

255. DOÑA Estela Esther

256. DOÑA Estela Natividad

257. DON Cayetano Cirilo

258. DOÑA Estela Tatiana

259. DOÑA Antonia Patricia

260. DOÑA Esther Estibaliz

261. DOÑA Catalina Antonia

262. DON Cayetano Fernando

263. DOÑA Estibaliz Estrella

264. DOÑA Estibaliz Patricia

265. DOÑA Catalina Natividad

266. DOÑA Catalina Patricia

267. DOÑA Bernarda Agueda

268. DON Cayetano Gervasio

269. DOÑA Berta Agustina

270. DOÑA Agueda Hortensia

271. DON Lorenzo Cayetano

272. DON Cayetano Horacio

273. DOÑA Lourdes Hortensia

274. Urbano

275. DOÑA Carlota Laura

276. DON Fermin Cayetano

277. DOÑA Agueda Lorenza

278. DOÑA Lourdes Maria

279. DON Cayetano Mario

280. DON Narciso Cayetano

281. DON Cayetano Porfirio

282. DOÑA Carmen Edurne

283. DON Faustino Prudencio

284. DOÑA Agustina Serafina

285. DON Laureano Eduardo

286. DOÑA Agustina Virtudes

287. DOÑA Agueda Mariana

288. DOÑA Agueda Berta

289. DON Paulino Mauricio

290. DON Prudencio Eduardo

291. DON Prudencio Paulino

292. DOÑA Agueda Carlota

293. DON Bruno Faustino

294. DOÑA Agueda Sara

295. DON Mauricio Fructuoso

296. DOÑA Agueda Virginia

297. DOÑA Serafina Lourdes

298. DON Faustino Agustin

299. DOÑA Agustina Carmela

300. DOÑA Coro Paula

301. DON Fructuoso Paulino

302. DON Alvaro Esteban

303. DON Severino Octavio

304. DOÑA Pura Lourdes

305. DOÑA Agustina Maribel

306. DOÑA Laura Virginia

307. DON Severino Patricio

308. DOÑA Antonia Rita

309. DON Severino Saturnino

310. DOÑA Antonia Antonieta

311. DON Javier Antonio

312. DOÑA Ruth Fatima

313. DOÑA Estefania Estela

314. DON Maximo Porfirio

315. DOÑA Paulina Visitacion

316. DON Bernardo Sixto

317. DOÑA Lourdes Rosana

318. DOÑA Asuncion Rosaura

319. DOÑA Elsa Lourdes

320. DON Maximiliano Doroteo

321. DON Maximiliano German

322. DON Maximiliano Mario

323. DON Maximiliano Norberto

324. DON Maximiliano Sergio

325. DON Maximiliano Torcuato

326. DOÑA Azucena Elsa

327. DON Maximiliano Virgilio

328. DOÑA Agustina Justa

329. DOÑA Lourdes Casilda

330. DON Bernardino Maximiliano

331. DOÑA Asuncion Josefina

332. DON Maximino Geronimo

333. DOÑA Maximino Martin

334. DOÑA Rosalia Lourdes

335. DON Maximino Narciso

336. DOÑA Lourdes Josefina

337. DON Gervasio Maximiliano

338. DOÑA Justa Paula

339. DON Heraclio Sixto

340. DON Maximo Gervasio

341. DOÑA Laura Josefina

342. DOÑA Elvira Herminia

343. DOÑA Elvira Marta

344. DOÑA Fermina Covadonga

345. DOÑA Barbara Elvira

346. DOÑA Elvira Serafina

347. DON Maximo Horacio

348. DOÑA Elvira Virtudes

349. DOÑA Covadonga Herminia

350. DON Fermin Maximo

351. DON Carmen Covadonga

352. DON Jorge Maximiliano

353. DOÑA Maribel Elvira

354. DON Sixto Bernabe

355. DON Bernardo Maximino

356. DOÑA Elvira Barbara

357. DOÑA Mariola Covadonga

358. DON Virgilio Maximiliano

359. DON Agustin Octavio

360. DON Fausto Octavio

361. DOÑA Veronica Elvira

362. DOÑA Luz Benita

363. DOÑA Luz Penelope

364. DON Mateo Paulino

365. DON Mauricio Antonio

366. DON Saturnino Bruno

367. DOÑA Patricia Justa

368. DON Estanislao Bruno

369. DOÑA Casilda Natalia

370. DOÑA Estibaliz Josefa

371. DON Aquilino Mateo

372. DOÑA Custodia Esther

373. DOÑA Estrella Josefina

374. DON Antonio Paulino

375. DOÑA Catalina Custodia

376. DOÑA Estefania Casilda

377. DON Eutimio Laureano

378. DON Eutimio Paulino

379. DOÑA Petra Josefina

380. DOÑA Fatima Rosana

381. DON Artemio Prudencio

382. DON Bruno Octavio

383. DOÑA Estela Visitacion

384. DON Octavio Prudencio

385. DOÑA Catalina Josefina

386. DOÑA Josefa Matilde

387. DOÑA Josefa Natalia

388. DOÑA Estefania Justa

389. DOÑA Matilde Susana

390. DOÑA Rita Casilda

391. DOÑA Rosa Rita

392. DON Jesus Bruno

393. DOÑA Casilda Rita

394. DON Javier Jesus

395. DOÑA Rosalia Natalia

396. DON Severiano Pascual

397. DON Severino Cesareo

398. DOÑA Rosana Natividad

399. DOÑA Rosario Tatiana

400. DOÑA Natalia Casilda

401. DON Alvaro Gaspar

402. DON Jose David

403. DOÑA Ruth Elsa

404. DOÑA Josefina Natividad

405. DOÑA Justa Leticia

406. DOÑA Ruth Rosario

407. DOÑA Susana Leticia

408. DOÑA Susana Petra

409. DON Alvaro Justo

410. DOÑA Natividad Rosa

411. DON Jose Severino

412. DOÑA Visitacion Patricia

413. DOÑA David Gustavo

414. DOÑA Visitacion Ruth

415. DON David Justino

416. DOÑA Asuncion Fermina

417. DON Gaspar Javier

418. DON Severiano Cesar

419. DOÑA Maribel Azucena

420. DON Roque Maximo

421. DON Nazario Dionisio

422. DOÑA Asuncion Herminia

423. DON Nazario Eloy

424. DOÑA Agustina Herminia

425. DOÑA Maribel Paula

426. DON Eloy Lazaro

427. DOÑA Marina Laura

428. DOÑA Marina Paulina

429. DON Pio Nazario

430. DOÑA Asuncion Margarita

431. DON Lazaro Teodoro

432. DON Nazario Inocencio

433. DOÑA Edurne Coral

434. DOÑA Edurne Hortensia

435. DON Leovigildo Lazaro

436. DOÑA Herminia Laura

437. DOÑA Mercedes Agustina

438. DON Nazario Teodulfo

439. DOÑA Hortensia Asuncion

440. DOÑA Africa Agueda

441. DON Teodosio Lazaro

442. DOÑA Edurne Maria

443. DON Teodulfo Nazario

444. DON Lazaro Adolfo

445. DON Lazaro Florentino

446. DOÑA Aurora Azucena

447. DON Esteban Arturo

448. DON Azucena Barbara

449. DOÑA Nuria Lourdes

450. DON Anton Patricio

451. DON Matias Anton

452. DON Anton Antonio

453. DOÑA Nuria Paulina

454. DON Estanislao Artemio

445. DOÑA Azucena Caridad

456. DOÑA Agustina Loreto

457. DON Antonio Octavio

458. DOÑA Paula Barbara

459. DOÑA Paula Coro

460. DON Patricio Eutimio

461. DOÑA Paula Hortensia

462. DON Patricio Matias

463. DON Artemio Arturo

464. DOÑA Azucena Hortensia

465. DOÑA Paula Virtudes

466. DON Estanislao Saturnino

467. DOÑA Laura Enriqueta

468. DON Prudencio Desiderio

469. DOÑA Laura Fermina

470. DON Mauricio Cosme

471. DOÑA Paulina Fermina

472. DOÑA Paulina Herminia

473. DON Eduardo Basilio

474. DOÑA Laura Herminia

475. DOÑA Paulina Sara

476. DON Jose Laureano

477. DOÑA Azucena Lorenza

478- DON Raul Rosendo

479- DON Mauricio Jose

480. DOÑA Azucena Maribel

481. DON Desiderio Laureano

482. DON Jose Raul

483. DOÑA Azucena Veronica

484. DON Cesareo Paulino

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como ya hemos enunciado en los apartados anteriores, las sesiones del plenario señalado se suspendieron el primer día previsto, por cuanto que la acusación popular-particular representada por la Procuradora Sra. Isla Gómez bajo la dirección del Abogado Sr. Demetrio (es decir, Demetrio Y OTROS), retiró la doble acusación que venía ostentando contra los dos acusados, en tanto que la otra acusación popular-particular representada por la Procuradora Sra. de Villa Molina bajo la dirección del Abogado Sr. Ríos Almela (es decir, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ESPAÑA -ADICAE- Y OTROS), retiró la acusación particular, pero la propia asociación nombrada mantuvo la acusación popular formulada.

En consecuencia, después de las retiradas de acusación mencionadas, tanto del Ministerio Fiscal -que nunca ha acusado- como de Demetrio Y OTROS, sólo ADICAE sigue manteniendo en este procedimiento la acusación popular, una vez que retiró la acusación en defensa de los intereses de los supuestos perjudicados por los que nominalmente ejercía las acciones penales y las dimanantes civiles.

Ante dicha tesitura, tanto las partes acusadoras como las acusadas, las responsables civiles y el Ministerio Fiscal, interesaron la suspensión del juicio señalado, a fin de que se dictase auto de sobreseimiento libre, por inexistencia de una acusación pública o particular que dirija la acción penal contra los acusados. Excepción hecha de la asociación ADICAE, que argumenta que el juicio debe proseguir en todos sus trámites, al auto-declararse revestida de la condición de acusación popular que defiende intereses que trascienden a los meramente económicos de los posibles perjudicados.

Acerca de la legitimación activa en el proceso penal de la acusación popular, cuando ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular que representa a los perjudicados u ofendidos por el delito hayan decidido la prosecución del procedimiento criminal, existe una consolidada línea jurisprudencial desfavorable a la tesis mantenida en este procedimiento por ADICAE. Doctrina que comenzó con la STS nº 1045/2007, de 17 de septiembre , y ha continuado en las SSTS nº 45/2008, de 8 de abril ; nº 8/2010, de 20 de enero ; nº 4/2015, de 29 de enero ; nº 277/2018, de 8 de junio , y nº 288/2018, de 14 de junio . Directrices jurisprudenciales que aceptaron la modulación o complemento instaurado en la STS nº 54/2008, de 8 de abril .

A todas ellas dedicaremos los próximos apartados, aunque debemos anticipar que su análisis nos llevará finalmente a declarar el sobreseimiento libre interesado, por la existente imposibilidad legal de ADICAE para sostener la acusación popular contra los dos acusados, a raíz de las tantas veces mencionada retirada de la otra acusación popular-particular personada e incluso la particular ejercida por la misma parte que ahora sólo ostenta la popular de ADICAE, resaltando una vez más que el Ministerio Fiscal nunca ha formulado acusación contra tales dos acusados y que las dos acusaciones particulares han retirado sus cargos contra dichos acusados.

SEGUNDO.- La STS nº 1045/07, de 17-12-2007 (ponente Excmo. Sr. Bacigalupo Zapater), consagró la denominada "doctrina Botín", en virtud de la cual en el procedimiento abreviado no puede abrirse juicio oral -o mantenerse la acusación- sólo a instancias de la acusación popular; o lo que es lo mismo: en interpretación de los apartados 1 y 2 del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la acción popular carece de legitimación para instar, por sí sola, la apertura del juicio oral. En consecuencia, si el Ministerio Fiscal y la acusación particular (perjudicado directo) no acusa a una persona, ésta no puede ser juzgada, aunque sí le acuse la acusación popular (cualquier ciudadano español, aunque no haya sido víctima del delito). Es decir, que la acusación popular no ostenta legitimación para acusar a una persona si, además, no formula acusación contra ella el Ministerio Público o la víctima del delito.

A) Frente a los reproches acerca de la posible instauración de un privilegio personal a los acusados en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander, el Tribunal Supremo en la sentencia que examinamos lo descarta, y añade que tampoco se infringe el derecho a la tutela judicial efectiva de la acción popular. Al respecto, establece que "El derecho de acceso a la jurisdicción, reconocido en el art. 24.1 CE , es un derecho fundamental que presupone la titularidad de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico..., sin embargo, no impone que los derechos reconocidos por las leyes carezcan de límites".

Y explica que "en el supuesto de la acción para solicitar la punibilidad de un hecho definido en la ley como delito, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha establecido, como principio básico que "todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley" ( art. 101 LECr ). Esta disposición reitera lo previsto en el art. 125 CE y en el art. 19 LOPJ , que también establecen que el derecho de la acción popular se ejercerá según sea establecido en la ley o en las disposiciones legales en las que se lo configure.

No obstante la generalidad de la redacción del art. 101, la LECr ha impuesto mediante otros preceptos limitaciones al ejercicio de la acción penal que se recogen en los arts. 102 y 103 de la misma, en los que han sido incluidas restricciones que afectan a determinadas personas, previendo en el segundo párrafo del art. 102 y en el art. 103.2º las bases para distinguir el caso de los que ejerciten la acción "por delito o falta cometido contra sus personas o bienes o contra las personas de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos o afines" y el supuesto de los que no hayan sido sujetos pasivos del delito o falta.

Otras limitaciones surgen del Código Penal y excluyen la acción popular: arts. 191 y 296 CP . En todos los casos se trata de limitaciones consideradas por el Legislador adecuadas a las exigencias, a los fines y a los límites del derecho penal. La consecuencia lógica de las limitaciones previstas en la ley es que las personas que carecen del derecho de ejercer la acción penal no pueden invocar el derecho a la tutela judicial efectiva de un derecho del que carecen y que su derecho a la tutela judicial efectiva se satisface con la obtención de una decisión judicial motivada, que no necesita ser favorable al derecho invocado, lo que el auto recurrido cumple.

Las limitaciones del derecho de acusación popular, por otra parte, nunca han sido consideradas contrarias al derecho a la igualdad ni entendidas como el fundamento de un privilegio para los supuestos autores de un delito respecto del que la ley excluya a ciertas personas del ejercicio de la acción.

En este contexto histórico, la Constitución de 1978 en su art. 125 elevó el derecho reconocido por el art. 101 LECr a la categoría de derecho constitucional, aunque sin otorgarle la condición de derecho fundamental y subordinando su ejercicio a las condiciones que preverá la ley que determine la forma de su ejercicio y los procesos penales en los cuales su ejercicio es admitido".

"Por lo tanto, la regulación de los derechos de la acción penal ejercida por ciudadanos españoles que no han sido sujetos pasivos del delito (que actúan quivis ex populo), prevista en la Constitución y antes ya en la LECr, sólo podría constituir un privilegio de determinadas personas cuando el fundamento de la limitación legal del derecho tuviera por fundamento una "razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" ( art. 14 CE ).

Ninguna de estas razones se percibe en las disposiciones legales citadas en el auto recurrido. El art. 782.1 LECr , que establece que el Juez acordará el sobreseimiento cuando lo hayan solicitado el Ministerio Fiscal y el acusador particular, rige, según su texto, para todas las personas que sean parte en un proceso penal regulado por las normas del proceso abreviado, sin prever ninguna diferencia por razones de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición personal. Por lo tanto, no se deriva de esta norma ningún privilegio de carácter personal que pudiera ser constitucionalmente censurado."

B) En cuanto a la legitimidad constitucional de la norma establecida en el art. 782.1 LECr , la comentada sentencia sostiene que "es claro que el Legislador tiene facultades expresamente acordadas por la Constitución para regular el ejercicio de la acción popular. La Constitución en su art. 125, el art. 19 LOPJ y la LECr en su art. 101 , establecen que el derecho de la acción popular es de configuración legal, es decir: que el derecho es reconocido en tanto y en cuanto el legislador lo regule por ley en lo concerniente a la forma y a los procesos en los que cabe su ejercicio. El texto constitucional es claro: "Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular (...) en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine".

Pero luego añade que "Esta facultad de regulación y limitación de la acción popular no es sino una manifestación particular de las facultades que son reconocidas al Legislador respecto de todas las acciones, incluso la acción pública ejercida por el Ministerio Fiscal. Como hemos adelantado más arriba, el art. 191 CP subordina, en principio, la acción del Fiscal para perseguir delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales a la denuncia de la persona agraviada o su representante legal y, en todo caso, establece un carácter subsidiario de la acción del Ministerio Fiscal subordinada a la "ponderación de los legítimos interesados en presencia". Otro ejemplo son los delitos societarios que "sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal" ( art. 296.1 CP ) y sólo cuando se trate menores de edad, incapaces -ahora, persona con discapacidad necesitada de especial protección- o personas desvalidas podrá, subsidiariamente, denunciar el Ministerio Fiscal. En todos estos casos el Legislador realiza una ponderación de los intereses o bienes que pueden colisionar y decide sobre esa base las relaciones entre las acciones que acuerda a los particulares y las que son ejercidas con fundamento en el principio de oficialidad. En el caso de los delitos dependientes de denuncia privada, el ejercicio de la acusación pública está condicionado por la denuncia de la persona agraviada, con algunas excepciones en las que el Fiscal puede actuar en representación del agraviado. La ley no menciona en estos casos a la acción popular. Algo similar ocurre, mutatis mutandis, en el art. 296 CP , en el que el Ministerio Fiscal sólo puede ejercer la acusación cuando el delito afecte intereses generales o a una pluralidad de personas; tampoco aquí se menciona a la acción popular.

La premisa prevista en el art. 125 CE da lugar a dos consecuencias lógicamente indiscutibles: el legislador está constitucionalmente habilitado para determinar en qué procesos puede ser ejercida, sin estar obligado, por lo tanto, a reconocerla en todas las especias de procesos, y a establecer la forma del ejercicio allí donde la acción popular sea legitimada. La Constitución no dice de qué manera se debe regular el ejercicio de la acción popular, como tampoco dice si el jurado al que se refiere en el mismo art. 125 CE debe ser jurado popular o de escabinos; tampoco exige una igualdad absoluta entre el Ministerio Fiscal y los que tengan la pretensión de ejercer la acción popular, pues mientras el Ministerio Fiscal, como órgano constitucional, es una parte esencial en todo proceso penal necesario para cumplir con las funciones que requiere un proceso público con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), es decir la separación entre la acusación y el tribunal, así como las que le asigna el art. 124.1 CE , la acción popular no es parte esencial del proceso y sólo podrá ser ejercida en los procesos que la ley determine y en la forma determinada en la ley".

C) Por lo que se refiere al fundamento de la acción popular en nuestro ordenamiento jurídico, proclama la sentencia comentada que no es la desconfianza histórica que produce la acción del Ministerio Fiscal, como algunos han dicho. Añade que "Aunque la acción popular no sea un elemento esencial de la noción de Estado Democrático de Derecho, lo cierto es que la participación ciudadana en la administración de justicia mediante la acción popular es una manifestación del principio democrático y debe ser entendida como un medio funcional para garantizar esa participación de los ciudadanos en el proceso penal".

"Por esta razón es claro que la acción popular puede ser regulada en el marco de las competencias generales que se le reconocen al Legislador para configurar el proceso penal y para abreviar, en su caso, la tramitación del proceso en ciertos delitos. Es decir: el Legislador está autorizado a aplicar el principio de celeridad en esta materia y, consecuentemente, pudo establecer una norma como la del art. 782.1 LECr . esta no es una particularidad de nuestro Derecho. La doctrina ha subrayado que incluso en Inglaterra, donde teóricamente la acción popular es todavía hoy el fundamento de la persecución penal, está sometida a numerosas excepciones y limitaciones.

En este sentido es perfectamente plausible que cuando el órgano que "tienen por mismo promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley" ( art. 124 CE ), así como el propio perjudicado por los hechos, consideran que la causa debe ser sobreseída porque los hechos no constituyen delito, el Legislador no haya querido conferir a la acción popular un derecho superior al de las otras partes conjuntamente consideradas. Parece claro que en tales casos las perspectivas de que la acción tenga éxito estarán claramente mermadas, dado que el Fiscal estima que no está comprometido el interés social, en los términos del art. 124.1 CE , y el perjudicado no encuentra razones para mantener su pretensión punitiva basada en un interés particular. Estando satisfecho el interés social y el interés individual del perjudicado por el delito, está también justificado que se adopten medidas de celeridad que, en modo alguno desprotegen el interés social confiado al Ministerio Fiscal ni el interés particular defendido por el perjudicado.

Téngase en cuenta, por lo demás, que de esta manera la ley no anula el derecho de la acción popular, pues le reconoce importantes derechos procesales, como el de iniciar por sí el proceso, el de solicitar medidas cautelares, el de impulsar la instrucción mediante ofrecimiento de pruebas o el de participar con plenitud de facultades en la producción de la misma".

D) Abundando en la sostenibilidad de la interpretación del precepto contenido en el art. 782.1 LECr ., sobre quiénes están autorizados a solicitar por sí la apertura del juicio, la sentencia de referencia indica lo siguiente:

"Desde el punto de vista del sistema valorativo de la Constitución, no cabe sostener que el reconocimiento de la acción popular en art. 125 CE impone una interpretación que vaya más allá del texto del art. 782.1 LECr . El reconocimiento de derechos a la acción popular, para que actúe junto al Fiscal y la acusación particular, implica un refuerzo de la parte acusadora que necesariamente implica una limitación del derecho de defensa, que es, indudablemente, un derecho fundamental ( art. 24 CE ). Consecuentemente, dado que los derechos del Capítulo Segundo del Título I CE sólo puede ser limitados expresamente por ley orgánica ( arts. 53.1 y 81.1 CE ), la omisión en el art. 782.1 LECr de acordar facultades a la acusación popular para solicitar por sí la apertura del juicio, no puede sr entendida sino como una enumeración cerrada, pues de otra manera se infringiría la norma constitucional que sólo admite la limitación por ley orgánica de los derechos del Capítulo Segundo, Título I CE, en este caso, el derecho de defensa".

"Considerando la voluntad expresada por el legislador en el texto legal, es claro que el Legislador ha admitido la distinción entre el derecho del perjudicado por el delito y el de quien actúa en representación del interés popular. En el nº 1 del art. 782 sólo hizo referencia a la acusación particular y al Ministerio Fiscal. En el nº 2 del mismo artículo identifica al acusador particular con los "directamente ofendidos o perjudicados". Por dos veces, por lo tanto, no mencionó a la acusación ejercida por quienes no son directamente ofendidos. Sin perjuicio de ello, la distinción entre la acción (privada) del perjudicado y la acción (popular) de todo ciudadano, es reconocida en la doctrina procesal española y europea. Nada indica que el Legislador haya querido innovar conceptualmente al respecto.

Por lo tanto: esa exclusión de la acción popular en el art. 782.1 LECr es una decisión consciente del Legislador, no es meramente arbitraria, tiene una justificación plausible desde el punto de vista constitucional, es razonable en lo concerniente a la organización del proceso y al principio de celeridad y equilibra la relación entre derecho de defensa y la multiplicidad de acusaciones. Es correcto, en consecuencia, concluir que la enumeración es cerrada y que no existen razones interpretativas que justifiquen una ampliación del texto legal".

E) Finalmente, acerca del grado de autonomía de la acusación popular, sigue indicando la examinada sentencia nº 1045/07 que "el art. 125. CE no establece, como ya lo hemos apuntado, qué regulación legal de la acción popular debe ser configurada como una acción absolutamente independiente. El Legislados no está obligado por el art. 125 CE a establecer una acción absolutamente autónoma; en su competencia estaba haberla configurado como una acción adhesiva respecto de la del Ministerio Fiscal, de la misma manera que, probablemente, podría haber configurado el jurado de conformidad con otro de los modelos de participación popular que ofrece el derecho comparado (...)

Por consiguiente, si el derecho de la acusación popular, según el art. 125 CE , es un derecho de configuración legal, el alcance de su autonomía está condicionado por la regulación establecida en la ley. Esta cuestión es totalmente independiente de lo que haya establecido la Ley 38/2002.

Es verdad que la configuración legal, de todos modos, ha regulado la acción popular, en principio, como autónoma respecto de la del Fiscal. La acción popular, como señalamos, está autorizada a dar inicio por si a la instrucción, ofrecer sus propias pruebas, solicitar medidas cautelares, sostener la subsunción de los hechos que estime adecuada y, en su caso, solicitar la pena que, dentro del marco legal previsto para el delito, entienda que corresponde, así como ejercer todos los recursos que pueda ejercer el Ministerio Fiscal. Esta autonomía no queda en absoluto sin efecto,... cuando se condiciona su derecho a solicitar la apertura del juicio a que el Ministerio Público y la acusación particular no hayan solicitado el sobreseimiento, dado que esta limitación del derecho, como vimos, es procesalmente plausible, porque la apertura del juicio oral tiene un efecto manifiestamente restrictivo de los derechos del acusado, así como consecuencias extra-procesales que, en una ponderación de los bienes constitucionales en conflicto, justifican ampliamente la limitación del derecho de la acusación popular. Es evidente que el Legislador ha realizado esta ponderación entre el derecho de la acusación popular y los derechos de los acusados por ella, en una situación límite en la que tanto el Fiscal como los perjudicados solicitan el sobreseimiento de la causa.

Además, es la propia LECr la que establece las bases conceptuales de la distinción de la "acusación popular" respecto del "acusador particular". En efecto, mientras el art. 101 LECr se refiere a "todos los ciudadanos", el art. 102 establece qué ciudadanos están inhabilitados para el ejercicio de la acción penal pública, pero deja a salvo el caso de que los inhabilitados hayan sido perjudicados por un delito o una falta cometidos contra sus personas y bienes (o de personas respecto de las que se les reconoce un poder de representación). Asimismo, la distinción conceptual aparece en el art. 270 LECr , donde los extranjeros quedan excluidos del ejercicio de la acción popular, pero se les reconoce el derecho de querellarse "por los delitos cometidos contra sus personas o bienes o las personas o bienes de sus representados". También en los arts. 280 y 281, de conformidad con los cuales la fianza que exige el primero no es requerida para el ofendido.

En consecuencia: no contradice la ley haber entendido que en el art. 782.1 LECr el concepto "acusador particular" no incluye al acusador popular, toda vez que la base conceptual del sistema legal los distingue".

TERCERO.- Los efectos restrictivos en la actuación de la acusación popular fueron objeto de modulación en la STS nº 54/08, de 8-4-2008 (ponente Excmo. Sr. Marchena Gómez), en virtud de la cual consagró la llamada "doctrina Atucha". La misma estableció que el criterio aplicado en la sentencia nº 1045/07 no puede extenderse a supuestos distintos de aquellos que explican y justifican la doctrina allí instaurada. Además, implantó que en los delitos que carecen, por definición, de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular, el Ministerio Fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública que nace de la comisión de aquel delito. Por ello, en esa clase de delitos, la acción popular no debe conocer restricciones que no encuentran respaldo en ningún precepto legal. Por lo que la presencia de la acción popular puede explicarse por la necesidad de abrir el proceso penal a una percepción de la defensa de los intereses sociales emanada, no de un poder público, sino de cualquier ciudadano que propugne una visión alternativa a la que, con toda legitimidad, suscribe el Ministerio Fiscal. Lo que viene a significar que cuando el delito en cuestión afecta a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, la acusación popular es suficiente para abrir juicio oral y celebrar el plenario.

A) Comienza la sentencia aludida haciendo un juicio valorativo entre los hechos objeto de enjuiciamiento en una y otra causa (casos "Botín" -se perseguía un delito fiscal- y "Atucha" -se perseguía un delito de desobediencia-), indicando que "es cierto que la aplicación de la doctrina jurisprudencial sentada en anteriores precedentes resulta obligada. Así lo imponen elementales existencias ligadas al principio constitucional de seguridad jurídica ( art. 9.3. CE ). Pero también lo es para que esa vinculación sea efectiva, es indispensable una identidad entre el objeto de ambos recursos. De lo contrario, si aceptáramos la forzada extensión aplicativa de una doctrina jurisdiccional concebida para supuestos diferentes, estaríamos quebrantando el significado mismo del precedente. De ahí la importancia de fijar el alcance de nuestra anterior doctrina en sus justos términos".

a) "El supuesto de hecho contemplado por la sentencia cuya doctrina reivindican la parte recurrida y el Ministerio Fiscal (doctrina "Botín"), ofrecía una singularidad que ahora, en modo alguno, puede afirmarse. En aquel caso, después de la fase de investigación por un delito contra la hacienda pública, el Ministerio Fiscal había interesado el sobreseimiento libre de la causa, al entender que los hechos no eran constitutivos de delito. La Abogacía del Estado, en defensa de los intereses patrimoniales del erario público, también había instado el sobreseimiento libre. Frente a esa sobre petición de archivo, la acusación popular, personada más de cinco años después de incoadas las diligencias, solicitó y obtuvo del Juez instructor la apertura del juicio oral.

Los imputados entendieron que esa decisión jurisdiccional de someterles a enjuiciamiento, frente a la voluntad en contrario del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, se oponía a la literalidad del art. 782.1 de la LECrim . Ése y no otro fue el supuesto de hecho debatido y resuelto en la fundamentación jurídica de nuestra sentencia núm. 1045/2007, 17 de diciembre . Tal pronunciamiento, pues, giró en torno a las consecuencias que la convergente voluntad de cierre expresada por el Ministerio Fiscal y la representación legal del perjudicado por el delito, pueden proyectar sobre el interés de una acción oral. No es éste, sin embargo, el supuesto de hecho que ahora es sometido a nuestra consideración.

La doctrina que inspira la sentencia 1045/2007 , centra su tema decidendi en la legitimidad constitucional de una interpretación, con arreglo a la cual, el sometimiento de cualquier ciudadano a juicio, en el marco de un proceso penal, sólo se justifica en defensa de un interés público, expresado por el Ministerio Fiscal ( arts. 124 CE y 1 Ley 50/1981, 30 de diciembre ) o un interés privado, hecho valer por el perjudicado. Fuera de estos casos, la explícita ausencia de esa voluntad de persecución, convierte el juicio penal en un escenario ajeno a los principios que justifican y legitiman la pretensión punitiva. Y éste es el supuesto de hecho que, a nuestro juicio, contempla el art. 782.12 de la LECrim .

Esa doctrina, pues, sólo pretende dar respuesta al supuesto de hecho que la normativa, esto es, la constatación de una duplicada voluntad de archivo expresada, tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular. Es esta singular perspectiva la que permite delimitar adecuadamente el verdadero alcance de nuestra anterior resolución.

b) Continúa expresando la sentencia comentada, en relación a la especificidad que se le plantea, que "En definitiva, la solicitud de aplicación de la doctrina fijada en nuestra anterior sentencia 1045/2007 , exige tomar como punto de partida la diferencia entre el supuesto que allí fue objeto de examen y el que ahora motiva nuestro análisis. Y es que sólo la confluencia entre la ausencia de un interés social y de un interés particular en la persecución del hecho inicialmente investigado, avala el efecto excluyente de la acción popular. Pero ese efecto no se produce en aquellos casos en los que los que, bien por la naturaleza del delito, bien por la falta de personación formal de la acusación particular, el Ministerio Fiscal concurre tan solo con una acción popular que insta la apertura del juicio oral. En tales casos, el Ministerio Fiscal, cuando interviene como exclusiva parte acusadora en el ejercicio de la acción penal, no agota el interés público que late en la reparación de la ofensa del bien jurídico.

Esa conclusión se obtiene, no ya del contenido literal del art. 782.1 de la LECrim , sino del significado mismo del proceso penal. Éste se aparta de los fines constitucionales que lo legitiman cuando la pretensión penal ejercida por una acusación popular se superpone a la explícita voluntad del Ministerio Fiscal y del perjudicado. Pero esa misma pretensión instada por la acción popular recupera todo su valor cuando la tesis abstencionista es asumida, sólo y de forma exclusiva, por el Ministerio Fiscal".

"Si el Fiscal insta el sobreseimiento, condicional la capacidad de la acción popular para obtener la apertura del juicio oral a una previa petición coincidente con la suya, emanada del perjudicado por el delito, conduce a situaciones imprevisibles. De entrada, convierte el hecho contingente de la presencia o ausencia del perjudicado en el proceso, en un presupuesto habilitante para que una de las partes pueda desplegar todas las posibilidades inherentes a su estatus.

Además, otorga la llave del proceso a una parte que, por definición, puede no estar presente en ese mismo proceso, hecho inevitable cuando se trata de la persecución de delitos que afectan de modo especial a intereses supraindividuales. Y es precisamente en este ámbito en el que se propugna el efecto excluyente, donde la acción popular puede desplegar su función más genuina. Tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, es entendible que le criterio del Ministerio Fiscal pueda no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar al Ministerio Público.

En definitiva, satisfecho el interés público en la persecución del delito y expresada formalmente en el proceso la voluntad del perjudicado de no instar la apertura del juicio oral, el proceso penal se apartaría de sus principios fundamentadores si, pese a todo, sometiera a enjuiciamiento, a exclusiva petición de la acusación popular, a quien ni el Fiscal ni la víctima consideran merecedor de soportar la pretensión punitiva. El proceso penal justifica su existencia, entre otros fines, por su carácter de institución pública para la adecuada reparación de los efectos del delito. De ahí que se aproximara más a su ideal cuando la interpretación de las reglas que disciplinan sus distintas fases, se acomode al criterio de que, en ausencia de un interés público y de un interés particular del ofendido por el delito, el juicio oral ve quebrada su idea fundamentadora. El poder estatal ejercido a través del proceso, sólo se concibe si está puesto al servicio de una llamada de protección del perjudicado por el delito o de la acción del Ministerio Fiscal o el acusador popular en defensa de los intereses públicos. De ahí que, agotada la investigación del hecho aparentemente delictivo, si durante el juicio de acusación, el Fiscal y el perjudicado renuncian expresamente a la formalización de su pretensión punitiva, la exclusión del actor popular que arbitra el art. 782.1 de la LECrim es perfectamente ajustada a una concepción constitucional del proceso penal. El ejercicio de la acusación popular no puede tener una amplitud tan ilimitada que obligue a reconocer un derecho a la apertura del juicio oral, incluso, en contra de la coincidente petición de sobreseimiento suscrita por el Fiscal y el perjudicado por el delito".

B) A pesar de este último aserto, inicialmente favorable a la falta de autonomía de la acción popular, la sentencia nº 54/08 comentada resalta la viabilidad de la legitimación activa de la acusación popular en determinados casos. En este sentido, recuerda que "En sus orígenes históricos, la acción popular llegó a representar el único vehículo formal posible para el ejercicio de la accusatio, superando una concepción privada del proceso penal y expresando así el interés general en la persecución de los delitos. Sin embargo, la evolución de los sistemas procesales ha determinado, de forma especialmente generosa en el nuestro, la posibilidad de una presencia plural en las partes activas y pasivas del proceso. Es, pues, constitucionalmente legítimo fijar límites que traduzcan los efectos jurídico-procesales que han de asociarse a la convergente voluntad, pública y privada, de no formular pretensión acusatoria.

No es obstáculo para este entendimiento, la idea de que control jurisdiccional sobre la apertura del juicio oral ( art. 783.1 LECrim ), siempre permitirá al Juez discernir entre aquellas acusaciones populares fundadas y aquellas otras que no lo son cuando el art. 782.1 de la LECrim proclama el efecto de cierre en los casos de ausencia de interés público o privado en la celebración del juicio oral, no está fijando una regla valorativa condicionada a la fundabilidad de la pretensión, sino un criterio legislativo íntimamente ligado al concepto mismo de proceso, idea previa a cualquier examen del mayor o menor fundamento con el que se pretenda acusar al inicialmente imputado.

Por tanto, nuestro criterio de la legitimidad de la restricción fijada por el art. 782.1 de la LECrim , no puede extenderse ahora, como pretenden la defensa de los recurridos y el Ministerio Fiscal, a supuestos distintos de aquellos que explican y justifican nuestra doctrina. El delito de desobediencia por el que se formuló acusación carece, por definición, de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular. Traducción obligada de la naturaleza del bien jurídico tutelado por el art. 410 CP es que el Fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública que nace de la comisión de aquel delito. De ahí la importancia de que, en relación con esa clase de delitos, la acción popular no conozca, en el juicio de acusación, restricciones que no encuentran respaldo en ningún precepto legal. Como ya expresábamos en nuestra STS. 1045/2007, 17 de diciembre , esta Sala no se identifica con una visión de la acción popular como expresión de una singular forma de control democrático en el proceso. La acción popular no debe ser entendida como un exclusivo mecanismo jurídico de fiscalización de la acusación pública. Más allá de sus orígenes históricos, su presencia puede explicarse por la necesidad de abrir el proceso penal a una percepción de la defensa de los intereses sociales emanada, no de un poder público, sino de cualquier ciudadano que propugne una visión alternativa a la que, con toda legitimidad, suscribe el Ministerio Fiscal".

CUARTO.- En las STS nº 8/10, de 20-1-2010 (ponente Excomo. Sr. Martínez Arrieta), se aborda la cuestión de la complementariedad de la doctrina asentada en las SSTS nº 1045/07 y nº 54/08 , ya reseñadas. Entre otros extremos recoge lo siguiente:

"En las impugnaciones, se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la vulneración del art. 125 de la Constitución , del art. 782 de la Ley procesal , y alzan su queja casacional contra el sobreseimiento acordado, al no considerar que la acusación popular, actuando en soledad, tenga capacidad para abrir el juicio oral con su intervención procesal.

En los escritos de las partes se relacionan y se realizan interpretaciones, en ocasiones interesadas por la posición que respectivamente ocupan en el proceso, de las dos sentencias de esta Sala que han interpretado el art. 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su redacción dada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, SSTS 1045/2007, de 17 de diciembre , y 54/2008, de 8 de abril , que abordan la posibilidad de accionar en solitario la acción popular en el procedimiento abreviado y contienen la doctrina de esta Sala sobre la interpretación del art. 782 de la Ley procesal penal ".

"Constatamos la existencia de una doctrina jurisprudencial que interpreta el art. 782 de la ley procesal que se encuentra desarrollada, y explicada, en las SSTS 1045/2007 y 54/2008 a las que nos remitimos. Esa doctrina es vinculante para los órganos de la jurisdicción en los términos anteriormente señalados. La doctrina jurisprudencial en interpretación del art. 782 es la siguiente: en el procedimiento abreviado no es admisible la apertura del juicio oral a instancias, en solitario, de la acusación popular, cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular han interesado el sobreseimiento de la casusa, ( STS 1045/2007 ), doctrina que se complementa al añadir que en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito, no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio Fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral ( STS 54/2008 )".

Termina indicando esta tercera sentencia que es doctrina de la Sala, "en orden a la posibilidad de aperturar el enjuiciamiento de una causa seguida por las normas de procedimiento abreviado con la única actuación postulante de la acusación popular", con arreglo a la interpretación del art. 782 de la LECrim ., que "satisfecho el interés público en la persecución del delito y expresado formalmente en el proceso la voluntad del perjudicado de no instar la apertura del juicio oral, el proceso penal se apartaría de sus principios fundamentadores si, pese a todo, sometiera a enjuiciamiento, a exclusiva petición de la acusación popular, a quien ni el Ministerio Fiscal ni la víctima consideran merecedor de soportar la pretensión punitiva". Pero "cuando no concurra el hecho que se enjuicia un interés particular que posibilite la personación de un perjudicado, la actuación en solitario de la acusación popular permite la apertura del juicio oral".

QUINTO.- Abundó en los efectos de las llamadas "doctrina Botín" y "doctrina Atucha", la STS nº 4/15, de 29-1-2015 (ponente Excmo. Sr. del Moral García), que menciona el contenido de las tres sentencias hasta ahora tratadas, del siguiente modo:

A) "La interpretación literal en que se basaba la "doctrina Botín" ( STS 1045/2007, de 17 de diciembre ) no concurre en este caso ( art. 782 LECrim ). Para privar de legitimación a la acusación popular se exigía que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitasen el sobreseimiento. Aquí la persona jurídica perjudicada no se ha constituido en acusación particular y en consecuencia no hay solicitud alguna que provenga de ella. Su indicación de que no ha sufrido perjuicio se explica fácilmente: el perjuicio se ha desplazado a un tercero..."

B) "Los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad no son equiparables a estos efectos con el delito contra la Hacienda Pública. En el delito de malversación están presentes unos intereses colectivos o sociales mucho más directos que en la defraudación tributaria. Lo demuestra, entre otras posibles consideraciones, la previsión del art. 432.2 CP referida al perjuicio o entorpecimiento del servicio público -en la actualidad art. 432.3 a)-. Hay una ligazón más evidente e inmediata entre la malversación y la afectación de intereses sociales, lo que permite incluir este delito entre los que resultan afectados por la denominada "doctrina Atutxa" ( STS 54/2008, de 8 de abril ). Más claro aparece esto todavía en relación al delito de falsedad documental: que la actividad oficial de una corporación municipal sea reflejada en los archivos y documentos oficiales con fidelidad y sin manipulaciones, invenciones, o desajustes con la realidad, es, obviamente, aspiración de toda la colectividad. No puede identificarse un perjudicado concreto y específico necesariamente en ese delito; y, si lo hay, no lo será con carácter exclusivo ese organismo público, de forma que monopolice todo el desvalor de la acción".

SEXTO.- La reciente STS nº 277/18, de 8-6-2018 (Caso Noós , ponente Excmo. Sr. del Moral García), en su Fundamento Jurídico 47º aborda la cuestión examinada, al indicar que:

"Los criterios sobre la legitimación de la acusación popular, siendo controvertidos, están también relativamente asentados en la jurisprudencia.

Está vedada su acusación solitaria frente a delitos en los que predominan intereses cuya titularidad está focalizada en personas jurídicas; públicas o privadas, concretas, identificables, cuando éstas expresamente, y en armonía con la posición del Ministerio Público, exteriorizan su decisión de apartarse de la acusación por considerar que los hechos no tienen relieve penal. Se les reconoce sin embargo legitimación aun contradiciendo la posición procesal del Ministerio Público en infracciones que tutelan intereses sociales que no radican en nadie en particular, sino que son difusos, colectivos, de forma que no puede señalarse un concreto perjudicado diferente al genérico cuerpo social. Así las cosas, el tema queda ceñido a dilucidad en qué categoría encajar el delito de tráfico de influencias.

La respuesta es obvia: no podemos identificar perjudicados concretos, como sucede con delitos de carácter predominantemente patrimonial o con bienes jurídicos más tradicionales como los delitos contra la libertad sexual o contra la integridad corporal o la libertad. El bien jurídico ligado al funcionamiento transparente, objetivo, neutral e imparcial de la Administración Pública es de titularidad (si es que puede hablarse así) social, de todo el colectivo. En esas infracciones viene reconociéndose a la acusación popular una autonomía no estrictamente vicaria de la posición del Ministerio Público. Según la doctrina de esta Sala, esa situación difiere en puntos sustanciales de la que se presenta cuando el Ministerio Público, órgano imparcial que constitucionalmente tiene atribuida la misión de hacer valer ante los tribunales la legalidad y el interés social y, como consecuencia de ello y entre muchas otras funciones, enarbolar la pretensión acusatoria que entiende procedente en el proceso penal (y, en su caso, oponerse a las improcedentes, lo que es también un interés de toda la sociedad), solicita el sobreseimiento y lo hace en concordancia y sintonía, en confluencia con el titular concreto del bien jurídico tutelado por el delito.

El delito de tráfico de influencias pertenece a la primera categoría y por ello hay que aceptar la legitimación de la acusación popular para enarbolar esta pretensión".

SÉPTIMO.- Finalmente, buena prueba de la vigencia y complementariedad de los dos criterios interpretativos que pivotan acerca del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y consiguiente constatación de los supuestos de legitimación en la actuación de la acusación popular en el proceso penal abreviado, la encontramos en la reciente STS nº 288/18, de 14-6-2018 (ponente Excmo. Sr. Marchena Gómez). Sus líneas fundamentales, que destacan de nuevo la complementariedad de la doctrina proclamada en las tan nombradas SSTS nº 1045/2007, de 17 de diciembre , y nº 54/2008, de 8 de abril , se extractan del siguiente modo:

"No es cierto que la doctrina sentada por la STS 1045/2007, 17 de diciembre (caso Botín ) haya sido flexibilizada, hasta el punto de perder sus notas definitorias, por la STS 54/2008, 8 de abril (caso Atucha ). De entrada, la primera de esas resoluciones no es susceptible de censura por el hecho de que propugne una interpretación literal del art. 780.2 de la LECrim . Quien así razona olvida que la interpretación de las normas "según el sentido propio de sus palabras" constituye la primera de las pautas hermenéuticas impuestas por el art. 3.1 del Código Civil . Tampoco es aceptable una línea de razonamiento que debilite el valor de una resolución del Tribunal Supremo -luego confirmada, como veremos, por precedentes posteriores- por el hecho de que incorpore votos particulares discrepantes con el criterio de la mayoría".

"La doctrina proclamada por las doctrinas Botín y Atucha no puede entenderse sin la singularidad de cada uno de los supuestos de hecho a los que esta Sala tuvo que dar respuesta. En el primero de ellos - STS 1045/2017 -, el Ministerio Fiscal y la acusación particular representada por la Abogacía del Estado instaron el sobreseimiento de la causa, al estimar que no estaba justificada la perpetración del delito contra la hacienda pública que había determinado la inicial incoación de las diligencias. Frente a esta petición de cierre, una acusación popular solicitó la apertura del juicio oral, al entender que sí se había acreditado una conducta defraudatoria para el fisco, con grave perjuicio para el erario público. En el segundo - STS 54/2008 -, el Ministerio Fiscal pidió el sobreseimiento de la causa que se había seguido contra una autoridad autonómica, considerando que el delito de desobediencia por el que el propio Fiscal había formulado inicialmente querella criminal, no había quedado debidamente justificado. Frente a esta petición, una acusación popular hizo valer su voluntad de ejercicio de la acción penal, obteniendo la apertura del juicio oral y recurriendo en casación inicial pronunciamiento absolutorio".

"Como puede apreciarse, existe un dato que diferencia conceptualmente ambos precedentes. Mientras que en uno de ellos coinciden en la petición de cierre el Ministerio Fiscal y la acusación particular, en el segundo está ausente cualquier acusación que invoque defensa del interés particular del perjudicado. Y sólo está presente la acusación pública porque el delito por el que se iniciaron las diligencias -desobediencia- es un delito que, por definición, no admite un perjudicado que pueda monopolizar las consecuencias negativas que, para una u otra persona, haya traído consigo la comisión del ilícito penal. Es, por tanto, una exigencia conceptual, ligada a la naturaleza del delito investigado, la que impide la presencia de un perjudicado directo que, invocando su voluntad de mostrarse parte, pueda asumir el ejercicio de la acusación particular".

"Esta diferencia, por sí sola, ya podría resultar suficiente para justificar un diferente tratamiento jurídico de situaciones que, en modo alguno, pueden resultar identificadas. El art. 782.1 de la LECrim cierra la puerta del juicio oral -y así sucedía en la STS 1045/2007 - en aquellos casos en los que se manifiesta una doble y convergente petición de sobreseimiento, a saber, la que interesa el Fiscal, órgano promotor de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, y la que solicita la acusación particular, esto es, la representación legal del perjudicado por el delito. En el supuesto de hecho que contemplaba la STS 54/2008 , nada de esto acontecía. Era el Ministerio Fiscal -por cierto, el mismo que había formalizado inicialmente una querella criminal por la posible comisión de un delito de desobediencia- quien interesaba de forma exclusiva el sobreseimiento de la causa. Ninguna similitud existía entre ambos supuestos. De hecho, en la segunda de las sentencias -caso Atucha- ni siquiera se dibujaba el presupuesto fáctico al que el art. 782.1 de la LECrim asocia el efecto vinculante en la petición de sobreseimiento, que no es otro que la concurrencia de esa doble voluntad de archivo en ambas acusaciones, la pública y la particular. De ahí que no pudiera aplicarse, en ausencia de acusación particular, un precepto concebido de forma exclusiva para la hipótesis en que el ejercicio de la acción penal, en la fase intermedia, se diversifica con una doble representación de los intereses que pueden llegar a converger en el proceso penal, la de los intereses públicos, a cargo del Fiscal, y la de los intereses particulares, hecho valer por la acusación particular".

"La jurisprudencia, por tanto, no avala un entendimiento de la acción popular construido a partir de la imaginaria contradicción entre dos supuestos que no pueden ser equiparados. El cierre representado por la doctrina Botín, resultado de la coincidente voluntad de archivo asumida por los defensores de los intereses que laten en el proceso penal, no se tornó en frívola decisión de apertura en la doctrina Atucha. En el primero de los casos, la celebración del juicio oral para reparar un daño que el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado declaraban inexistente, habría implicado un retroceso en la evolución histórica que explica los fines del proceso penal. Habríamos contribuido a resucitar una concepción trasnochada del orden jurisdiccional penal, ocasionalmente convertido en un artificial y frívolo campo de batalla en el que una asociación se arroga la defensa de intereses que ni el Fiscal ni el defensor institucional del patrimonio público reputan dañados. En el segundo de los casos, por el contrario, admitir la posibilidad de que, mediando una petición de archivo por parte del Fiscal, el delito de desobediencia pueda ser interpretado conforme al prima enriquecido de una asociación, permite reforzar el significado constitucional de la acción popular como instrumento de participación popular en la administración de justicia, de modo especial, en aquellos casos en los que la asociación querellante presenta una visible proximidad con el objeto del proceso".

"No cabe, en consecuencia, oponer a la defensa profesional del erario público una entusiasta defensa amateur, ejercida por todo aquel que considere que debe empeñar sus esfuerzos en neutralizar la desidia del representante y defensor legal del patrimonio del Estado. La lectura constitucional del proceso penal no es conciliable con la admisión de un amicus fisci dispuesto a asumir, sin más apoderamiento que su personal iniciativa, la representación y defensa del erario público en aquellos casos en los que su defensor institucional considera que no ha existido un daño penalmente reclamable. Admitir lo contrario puede conducir a situaciones paradójicas, tanto en lo afectante a la declaración de responsabilidades civiles, incompatibles con el ejercicio de la acción popular, como al efectivo reintegro de esos importes en las arcas públicas sin que ni siquiera exista un acto administrativo de requerimiento de pago al finalmente condenado".

"Cuanto antecede hace explicable la conclusión alcanzada por esta Sala en los precedentes citados por la defensa en su recurso. En efecto, cuando el Ministerio Fiscal y el defensor del patrimonio -privado o público- menoscabado por el delito interesan el sobreseimiento de la casusa, el Juez debe acordarlo. Así lo impone el art. 782.1 de la LECrim , en congruente mandato con la cobertura constitucional de la acción popular -que admite limitaciones legales a su ejercicio- y con el actual estado del proceso penal, entre cuyos fines no se encuentra la simple persecución de un hecho que ni el Fiscal ni la acusación particular consideran delictivo. El daño o la puesta en peligro de un bien jurídico -sin adentrarnos en los matices funcionalistas que esta afirmación sugiere- está en la base de todo hecho susceptible de dar lugar a la incoación de un proceso penal. Y así ha quedado expuesto en nuestra jurisprudencia:

-En la STS 1045/2007, de 17 de diciembre (caso Botín ), razonábamos la constitucionalidad de un enunciado legal - art. 782.1 LECrim - llamado a restringir la capacidad de ejercicio de la acción popular. Justificábamos entonces una decisión de cierre a partir de la convergente petición de sobreseimiento del defensor de los intereses públicos y del acusador particular.

-La STS 54/2008, 8 de abril , abordó un supuesto que presentaba una singularidad bien distante de la presencia de esa doble y reforzada petición de cierre. Ahora era el Ministerio Fiscal, en ausencia de toda representación particular, a la vista del delito por el que se entabló la querella, quien instaba el sobreseimiento de la causa, siendo perfectamente entendible que "... tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, (...) el criterio del Ministerio Fiscal pueda no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que está dispuesta a accionar en nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar el Ministerio Fiscal.

-La STS 8/2010, de 20 de enero , no se distanció de la doctrina proclamada en los precedentes transitorios. Antes al contrario, recordó, la compatibilidad entre ambos pronunciamientos y apuntó, con voluntad de síntesis, que "la doctrina jurisprudencial en interpretación del art. 782 es la siguiente: en el procedimiento abreviado no es admisible la apertura del juicio oral a instancias, en solitario, de la acusación popular, cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular han interesado el sobreseimiento de la causa (STS 1045/2007), doctrina que se complementa al añadir que en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito, no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio Fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral ( STS 54/2008 )".

OCTAVO.- No podemos concluir este examen legal y jurisprudencial de las exigencias normativas afectantes a los límites de la efectividad de la legitimación activa de la acusación popular, sin realizar las dos puntualizaciones que seguidamente exponemos:

A) Por un lado, en lo que concierne a la doctrina asentada por la STS nº 54/2008, 8 de abril ("caso Atucha"), dicha resolución fue recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional , que en STC nº 205/13, de 5-12-2013 (ponente Excmo. Sr. López López) denegó el amparo interesado por los tres acusados allí condenados, al considerar que en ningún momento se han vulnerado los derechos de los recurrentes a la imparcialidad judicial ( art. 24.2 CE ), por la pérdida de imparcialidad objetiva del Magistrado Ponente de la Sentencia impugnada; a la igualdad ( art. 14 CE ), en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), por haberse admitido la legitimación de la acción popular para instar, por sí sola, la apertura del juicio oral apartándose del criterio establecido por el propio Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la Sentencia 1045/2007, de 17 de diciembre ; y, por último, a un proceso de inocencia ( art. 24.2 CE ), porque la condena en segunda instancia se ha fundamentado en pruebas personales no practicadas ante el órgano judicial que condenó, sin dar la posibilidad de que los condenados fueran escuchados y en virtud de inferencias excesivamente abiertas en relación con la concurrencia del elemento subjetivo del delito.

Sin embargo, dicha STC fue impugnada por los afectados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en STEDH de 13-6-2017 (proveniente de la demanda nº 41427/14 ), ha declarado la vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que garantiza el derecho a un proceso equitativo. La razón estriba en que consideró que los demandantes han sido privados de su derecho a defenderse en el marco de un debate contradictorio, pues en su momento el Tribunal Supremo valoró la intencionalidad de los demandantes tras haber examinado los hechos probados por la instancia inferior (TSJPV, que los había absuelto), llegando a su conclusión condenatoria por deducción, sin haber oído a los interesados (párrafos 44 y 46).

Inicialmente, esta resolución judicial europea debería afectar a la STS nº 54/2008 de la que dimana, en los aspectos punitivos que le conciernen, en virtud de la facultad revisora prevista en el artículo 954.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Pero consideramos que permanecen incólumes las consideraciones hermenéuticas efectuadas sobre la legitimación de la acusación popular, porque SSTS posteriores siguen refiriéndose a la denominada "doctrina Atucha" como complementaria de la llamada "doctrina Botín", como hemos tenido ocasión de comprobar en los Fundamentos Jurídicos Sexto y Séptimo de esta resolución.

B) Por otro lado, aparte de la normativa que limita la actuación de la acción popular en el proceso penal español, especificada en las sentencias mencionadas, y antes en el auto de 20-12-2006 de la Sección 1ª de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Rollo de Procedimiento Abreviado nº 4/2006), el nuevo artículo 23.6 de la LOPJ veda la vía de interposición de querella a la acusación popular en los supuestos recogidos en los apartados 3 y 4 del nombrado precepto (referidos a los supuestos delitos cometidos en el extranjero susceptibles de ser conocidos por la jurisdicción española y a los supuestos de aplicación de la justicia universal).

NOVENO.- A modo de corolario de todas las anteriores consideraciones, este Tribunal estima que resulta improcedente la legitimación activa que reclama ADICAE para sostener la acusación popular dirigida contra los acusados Lázaro y Justa , por la supuesta comisión de hechos presuntamente constitutivos de los delitos continuado de estafa agravada (previsto y penado en los artículos 248 , 249 y 250.6 º y 7º del Código Penal ), continuado de publicidad engañosa (previsto y penado en el artículo 282 bis del Código Penal ) y continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas (previsto y penado en el artículo 284 del Código Penal , en la redacción vigente hasta el 23-12-2010, y en el artículo 248.1 y 2, tras su entrada en vigor el 24-12-2010). Lo que conllevará el pronunciamiento de sobreseimiento libre de la causa, con declaración de oficio de las costas procesales generadas.

A tales conclusiones llegamos después de apreciar la imposibilidad de ejercicio del protagonismo acusatorio pedido, ante la acreditada confluencia de criterios del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas en retirar, éstas últimas, las acciones penales dirigidas contra los acusados, al considerarse resarcidos de los posibles perjuicios causados, en tanto que el Ministerio Público nunca ejerció tal acusación.

Es importante tener en cuenta que en autos no se constata la existencia de más supuestos perjudicados, distintos de los personados y de los que aparecen resarcido en sus derechos económicos, no dejando margen de actuación a la pretendida acusación solitaria de ADICAE, pues los intereses públicos y particulares reunidos en el procedimiento han manifestado su tajante voluntad de retirada.

Asimismo, es relevante destacar que los delitos que provisionalmente se han venido atribuyendo a los acusados, no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos ni meta-individuales, cuya defensa no hubiera sido susceptible de ser monopolizada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares. Precisamente la doble y convergente petición de sobreseimiento libre de tales acusaciones pública y particulares implican un posicionamiento de cierre a cualquier otra pretensión penal, ante la irrelevancia criminal de los hechos. El mantenimiento de la acusación radicaba en el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, no ejerciendo tal acusación el Ministerio Público, pero sí las acusaciones particulares, cuya doble retirada de acciones para el enjuiciamiento de posibles delitos de carácter eminentemente patrimonial cierra la vía de actuación de la asociación ADICAE como acusación popular.

Ante la inconsistencia penal de los hechos investigados, sólo resta el marco administrativo sancionador -propio de órganos no judiciales inicialmente-, cuya suspensión se alzará una vez cobre firmeza esta resolución.

Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

EL TRIBUNAL ACUERDA: El SOBRESEIMIENTO LIBRE Y ARCHIVO de las actuaciones, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas, sin que pueda serle permitido a ADICAE ejercer la acusación popular dirigida contra los dos acusados Lázaro y Justa , al carecer de legitimación para ello.

Se declaran de oficio de las costas procesales devengadas.

Una vez declarada firme esta resolución, deberán alzarse las medidas cautelares impuestas a los acusados y levantarse la suspensión de los procedimientos administrativos sancionadores incoados.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de casación, por infracción de ley o quebrantamiento de forma, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá ser anunciado en el plazo de cinco días, a contar desde la última notificación.

Así por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados que lo encabezan.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado; doy fe.

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