Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  29/11/2022 

Tribunal Supremo , 29-11-2022 , nº 939/2022, rec.16/2021,  

Pte: Blasco Pellicer, Angel Antonio

ECLI: ES:TS:2022:4451

ANTECEDENTES DE HECHO 

Por la representación del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (SNCA), se interpuso demanda de Conflicto Colectivo, de la que conoció la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En el correspondiente escrito, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dictara sentencia por la que:

"La inaplicación por ilegalidad de los actos aplicativos del II Convenio Colectivo Profesional de los Controladores de Tránsito Aéreo en la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea aprobado de 9 de marzo de 2011, derivados de los artículos 141 bis, 29, 124 y 123, en concreto:

I. El abono de las horas trabajadas por encima de las 1.200 horas anuales(CPAV),al valor de la hora ordinaria, únicamente al colectivo de CTA con contrato en vigor con anterioridad al 5/2/2010, excluyendo al resto de controladores con contrato en vigor al tiempo de publicación del Convenio (promociones 29 y 30). Art. 141 bis y 29.

II. El abono de la acción social (CPAG) únicamente al colectivo de CTA con contrato en vigor con anterioridad al 5/2/2010, excluyendo al resto de controladores con contrato en vigor al tiempo de publicación del Convenio (promociones 29 y 30). Art. 141 bis.

III. La minoración de tablas salariales contenida en los artículos 29 y 124.

IV. La vinculación de las tablas salariales básicas del convenio colectivo a una jornada de 1.670 horas anuales. Artículo 123 y 124".

Admitida a trámite la demanda se celebró el acto del juicio, con la intervención de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra unida a las actuaciones. Recibido el pleito a prueba se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes.

Con fecha 28 de junio de 2018 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva:

"En la demanda de conflicto colectivo promovida por D. David Sequera Merino, letrado en ejercicio del ICAM en nombre y representación del SINDICATO NACIONAL DE CONTROLADORES AÉREOS (SNCA), a la que se han adherido Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos (SPICA), contra La Entidad Pública Empresarial ENAIRE, (antes AENA), estimamos la excepción de falta de legitimación activa alegada por la empresa demandada, y absolvemos a la ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE de los pedimentos de la demanda de SNCA.

Personados como partes en el procedimiento los sindicatos USCA y SPICA, quienes se adhirieron a la demanda de SNCA, desestimamos la excepción de cosa juzgada respecto de la sentencia dictada por esta Sala de fecha 10 de mayo de 2010, proc. 41/2010. Estimamos de oficio, la excepción de cosa juzgada respecto de la SAN de 12.01.2018, proc. 310/2017 y, en consecuencia, sin entrar a conocer sobre las demás excepciones planteadas y sobre el fondo del asunto, desestimamos la demanda formulada por D. David Sequera Merino, letrado en nombre y representación del SINDICATO NACIONAL DE CONTROLADORES AÉREOS (SNCA), a la que se han adherido Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos (SPICA), contra La Entidad Pública Empresarial ENAIRE y absolvemos a la empresa demandada de las pretensiones frente a la misma deducidas en demanda.".

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

"PRIMERO.- El Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (SNCA) se constituyó mediante acta fundacional, suscrita en Madrid el 15-06-2017 y depositada el 23-062017 en el Servicio de Depósito de Estatutos de la Subdirección General de Programación y actuación administrativa, correspondiéndole el número de depósito 99105717, publicado en el BOE de 3-07-2017. - El 28-07-2017 celebró asamblea, mediante la cual modificó sus estatutos y se publicó en el BOE de 24-08-2017.

En acta de protocolización otorgada ante notario de las Islas Baleares doña Gloria Rosillo Gutiérrez, el 6 de febrero de 2018, con número de protocolo 149, doña Vicenta, en nombre y representación, en su condición de Secretario del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (SNCA), requiere al notario para que protocolice los documentos que a tal efecto entrega la compareciente consistente en: anuncios del Boletín Oficial del Estado. Certificado expedido por la compareciente en su condición de secretario de organización en la que relaciona el número de afiliados al sindicato a fecha 6 de febrero de 2018. Escalafón del colectivo de controladores de tránsito aéreo a 31 de diciembre de 2016. Certificado expedido por ENAIRE acreditativo de las fechas de acceso a la profesión de las promociones 29 y 30 de controladores. (Documento nº. 38 aportado en el acto del juicio por la parte demandante, cuyo contenido, se da por reproducido.)

SEGUNDO.- El Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, fue constituido el 7 de agosto de 1991, mediante RD 905/1991, de 14 de junio del Ministerio de Obras Públicas, si bien en la actualidad el titular de las competencias y, en lo que aquí interesa, de la relación laboral con el colectivo afectado por el presente conflicto colectivo es la Entidad Pública Empresarial Enaire, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.2 del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio.

El I Convenio colectivo profesional entre el Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el colectivo de controladores de la circulación aérea se publicó en el BOE de 18-03-1999. - (descriptor 17.)

La jornada de trabajo de los controladores aéreos, derivada del citado convenio, ascendía a 1200 horas anuales, aunque su jornada media efectiva ascendió a 1.744 horas en 2006, 1.799 en 2007, 1.802 en 2008 y 1.750 en 2009. - Las horas, que superaban las 1200 horas anuales, eran de adscripción voluntaria y se abonaban al 200% de la hora ordinaria durante la vigencia del acuerdo laboral sobre medidas de carácter laboral y operativo para atender al incremento del tráfico en el espacio aéreo español, pactado entre AENA y USCA el 24-02-2000 y al 265% durante la vigencia del acuerdo laboral sobre medidas de carácter laboral y operativo para atender al incremento del tráfico en el espacio aéreo español, pactado entre AENA y USCA el 12-03-2002. - Ambos acuerdos obran en autos y se tienen por reproducidos. (Descriptores 18 y 19)

TERCERO.- El 5-02-2010 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero , por el que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, en el que se estableció una jornada máxima exigible de 1.750 horas, disponiéndose que las horas, que superaran las 1200 horas anuales, podían exigirse por el ente público y se retribuirían como horas ordinarias, atendiendo a su auténtica naturaleza.

(Descriptor 19)

El 15-04-2010 se publicó en el BOE la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo. - En la citada Ley se dispuso que la jornada, exigible a los controladores aéreos, ascendería a 1.670 horas anuales, previéndose aquellas, que superaran las 1200 horas anuales, podían exigirse por el ente público y retribuirse como horas ordinarias, puesto que esa era su naturaleza. - En su DT 1ª, en lo que aquí interesa, se dispuso lo siguiente:

" Disposición transitoria primera. Medidas transitorias en relación al actual prestador de servicios de tránsito aéreo. Para garantizar la seguridad, eficacia, continuidad y sostenibilidad económica de la prestación de los servicios de tránsito aéreo y en tanto se produce la apertura del mercado a nuevos proveedores de servicios, además de las restantes previsiones de esta ley, resultarán aplicables al régimen de los controladores civiles de tránsito aéreo al servicio de AENA las siguientes disposiciones:

2. La jornada que deben realizar los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA de conformidad con lo señalado en el apartado anterior, se retribuirá de conformidad con lo que se acuerde mediante negociación colectiva y previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, debiendo respetarse en todo caso los siguientes parámetros:

a) La negociación colectiva partirá de la retribución resultante de lo señalado en el I convenio colectivo profesional suscrito en 1999, actualizándose al año 2010, de conformidad con los porcentajes de incrementos retributivos establecidos para el personal al servicio del sector público en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.

b) Para el personal en activo al servicio de AENA a 5 de febrero de 2010, podrá acordarse en la negociación colectiva un complemento personal transitorio no absorbible por adaptación a la nueva jornada.

Todo acuerdo de contenido económico que se alcance mediante negociación colectiva estará supeditado a la consecución de los objetivos de adecuación de las tasas de navegación aérea previstos en la disposición final segunda de esta ley.

(Descriptor 21)

USCA promovió demanda de conflicto colectivo, por modificación sustancial de condiciones de trabajo e inaplicación de las condiciones laborales establecidas en el I Convenio Colectivo, en la que solicitaba: que se dicte sentencia en la que se declare la nulidad o subsidiariamente la improcedencia de las modificaciones de las condiciones de trabajo de los controladores de tráfico aéreo de AENA operadas y/o anunciadas por los demandados en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/2010, de 5 de febrero, reponiendo al citado colectivo de trabajadores en las condiciones y derechos ostentados con anterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto Ley, y asimismo se declare la plena vigencia, eficacia y aplicación del I Convenio Colectivo entre el Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y el colectivo de Controladores de la circulación aérea de fecha 9 de marzo de 1999, condenando a las demandadas a estar y pasar por tal declaración, que correspondió a esta Sala, dictándose sentencia desestimatoria, que no fue recurrida, el 10-05-2010, en el procedimiento 41/2010.

CUARTO.- El 13-08-2010 AENA y USCA suscribieron el Acuerdo de Bases para la resolución de los puntos reivindicativos planteados por la Asamblea Nacional de USCA el 3-08-2010. - Dicho acuerdo obra en autos y se tiene por reproducido. - En ese acuerdo, las partes acuerdan los siguientes puntos en referencia a las cuestiones planteadas.

Puntos 1 a 5, jornada laboral y condiciones de trabajo.

Periodo transitorio. (Hasta firma de II CCP)

-Jornada anual máxima de 1670 horas máximas, más 80 horas extraordinarias, acomodada a la Ley 9/2010.

-Jornada programable En función de las necesidades de cada dependencia, que partirá de cuatro niveles iniciales (1200, 1300, 1400 y 1500 horas) a los que corresponderá en cada caso una retribución básica acomodada a la carga de trabajo. Se establece que se debe respetar el principio de "mayor retribución a mayor volumen de horas "y a lo establecido en la Ley 9/2010

-Disponiéndose que la retribución básica para los CCA en activo a 5 de febrero de 2010 estará compuesta por el SOF y por el complemento personal transitorio no absorbible de adaptación a la nueva jornada. Dicho complemento será variable, y se incluirá en el cálculo del valor de la hora ordinaria. La suma de ambos conceptos no será inferior al equivalente al SOF abonado el 2009.

Los negociadores del acuerdo convinieron que la concreción de los conceptos que constituyen el complemento personal transitorio mencionado en el párrafo anterior será determinada, con la mayor brevedad posible, de común acuerdo y con efectos económicos a partir de 6/2/2010.

-pactándose, además que, cuando las necesidades impliquen la realización de un mayor número de horas de las inicialmente programadas, estas se ofertarán en un primer tramo de adscripción voluntaria, si bien, cuando no se realizasen la totalidad de horas requeridas con el referido tramo de voluntariedad, las horas se cubrirán de forma obligatoria y repartiendo su asignación de manera equitativa y proporcional a la jornada efectiva. En ambos casos estas horas se retribuirán como ordinarias, con respeto en todo caso a los límites acordados en el presente documento.

- Se pactó también que, para el caso de que al final del ejercicio se registrasen remanentes para el consumo de la masa salarial, se establecerá un complemento de productividad cuya composición y distribución será acordada entre las partes.

Punto 6. Acción social.

Ambas partes acuerdan dar solución mediante la nómina del presente mes de agosto a las cantidades correspondientes a la acción social pendientes de atender, con cargo a la masa salarial de 2010.

- Pactaron también garantizar una retribución media de 200.000 euros anuales para los controladores, contratados con anterioridad al 5-02-2010.

En esa fecha no se habían incorporado por estar todavía en la Escuela de Control, las promociones 27 y 28 de la misma convocatoria. (Descriptor 22, Hecho probado 13 de la S.TSJ País Vasco de 23/5/2017)

El acuerdo mencionado fue autorizado por la CECIR mediante resolución de 12-022010. - El 19-08-2010 la CECIR dictó nueva resolución, que obra en autos y se tiene por reproducida.

QUINTO.- Tras la contratación de las promociones 29 y 30 por AENA, y como consecuencia de la falta de acuerdo para la aprobación del II convenio colectivo, El 26-01-2011 se publicó en el BOE la resolución de 21-01-2011 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de compromiso arbitral en la empresa AENA, suscrito por AENA y USCA. (Descriptor 23)

El 9-03-2011 se publicó en el BOE la Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el laudo arbitral por el que se establece el II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. - El 10- 01-2012 se publicó en el BOE la corrección de errores del laudo arbitral. - El 16-01-2016 se publicó en el BOE la Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo profesional entre AENA (ahora ENAIRE) y el colectivo de Controladores de Tránsito Aéreo. (Descriptor 24 y 25)

El 31-07-2013 la CECIR dictó resolución mediante la cual se cuantificó la masa salarial para dicho año, que ascendió a 433.703.478, 37 euros para 2.325 efectivos reales. - El 5-06-2014 la CECIR dictó resolución, por la que cuantificó la masa salarial para ese ejercicio en 427.199.896, 96 euros para 2.295 efectivos. - El 22-122015 se autorizó un total de 420.260.712, 47 euros para 2.273 efectivos. - En las citadas resoluciones se autorizaron expresamente los complementos de adaptación fijo, general y variable, regulados en el art. 141. Bis del convenio.

En la actualidad se está negociando el III Convenio, cuya comisión negociadora, además de los representantes de ENAIRE, está compuesta por USCA y SPICA.

SEXTO.-El 25-06-2006 la Dirección General de AENA publicó convocatoria de 150 becas para el curso básico de controladores de tránsito aéreo.

El 21-03-2017 el Tribunal de Selección levantó acta que obra en autos, en la que se aprueba a 165 aspirantes, por lo que se solicita la autorización para el incremento de las becas convocadas.

En cuanto al orden de prelación, para la incorporación al curso básico de formación, precisa que la Dirección de Recursos Humanos de Navegación Aérea realizará un sorteo que determinará el orden de prelación para el ingreso en el curso básico de formación, conforme a los criterios de este Tribunal, dando prioridad a aquellos candidatos de mayor edad y aquellos que tengan una vinculación directa con el entorno profesional de AENA y el control de la circulación aérea.

El 26-03-2017 la Dirección General de AENA publicó la lista de aprobados, que ascendió a 165, previa aprobación del incremento de las becas convocadas inicialmente. - En la citada resolución se precisa que, dado que el Centro de Formación responsable de impartir el curso tiene una capacidad limitada, las fechas de ingreso o inicio dependerán de la organización interna de dicho Centro. - A estos efectos, la Dirección de Recursos Humanos de Navegación Aérea determinará el orden de prelación para el ingreso en el citado curso en función de la capacidad de admisión de alumnos del Centro. En este sentido, los interesados recibirán una comunicación personal sobre la posible previsión para su incorporación, así como una estimación de cuándo podrían realizar el reconocimiento médico.

Se organizaron, a continuación, cuatro promociones 27, 28, 29 y 30, que ingresaron por ese orden en el Centro de Formación responsable. - No consta acreditado, que se celebrara sorteo alguno para la adscripción a las citadas promociones, aunque buena parte, de quienes fueron incluidos en las promociones 27 y 28, tenían lazos familiares con personal de AENA.

La fecha de inicio de la contratación en prácticas de los controladores aéreos de las promociones citadas, son las siguientes:

Promoción 27: 1-04-2009.

Promoción 28: 1-12-2009.

Promoción 29: 14-10-2010.

Promoción 30: 28-02-2011.

Las fechas de suscripción de los contratos indefinidos de los citados controladores son las siguientes:

Promoción 27: entre el 1-07 y el 16-12-2009.

Promoción 28: entre el 1-03 y el 26-10-2010.

Promoción 29: entre el 21-01-2001 y el 25-04-2011.

Promoción 30: entre el 30-05-2011 y el 27-03-2012.

Las fechas de finalización del curso de las promociones 27 y 28 son los que se detallan a continuación:

Promoción 27- entre el 27-03-2009 y el 1-04-2009

Promoción 28- entre el 28-10-2009 y el 1-12-2009 (descriptor 94)

Una vez finalizados los correspondientes períodos de formación, los integrantes de las promociones 27 y 28 se incorporaron a la plantilla de la Entidad Pública a sus respectivos puestos de trabajo con un contrato en prácticas, antes del 5 de febrero de 2010. , los de las promociones 29 y 30, lo hicieron con posterioridad a esa fecha.

SÉPTIMO.- Obra en autos y se tienen por reproducidos los setenta y dos contratos de trabajo, formalizados con las promociones 29 y 30. - En dichos contratos se establece una jornada máxima de 1670 horas anuales y su retribución corresponde a la fijada en el art. 2.4 ICCP, para una jornada anual de referencia de 1670 horas, precisándose que las cantidades correspondientes a 1999 se actualizan conforme a la LPGE de acuerdo con la ley 9/2010 y, sin perjuicio de lo que se pacte en la negociación colectiva. - Dichos controladores tienen las mismas licencias de controlador aéreo, misma formación y atribuciones profesionales y realizan los mismos turnos, los mismos ciclos, la misma jornada e iguales responsabilidades que los demás controladores adscritos a su misma dependencia. (Descriptor 102)

D. Federico, encuadrado en la promoción 29, en fecha 24 de enero de 2011 se le presentó el contrato de trabajo con AENA. El 7 de febrero siguiente presentó escrito ante el director de RRHH de Aena oponiéndose a la firma de las condiciones de contratación por entender las contrarias al marco legal, lo que motivó que mediante carta de 10 de febrero de 2010 le notificaran la resolución de su contrato, con efectos de la fecha de obtención de la licencia de controlador de tránsito aéreo definitiva y la habilitación local correspondiente. Si bien el 11 de febrero presentó escrito manifestando su voluntad para que Aena le ofrezca un nuevo contrato de trabajo, formalizándose el nuevo contrato el 11 de febrero de 2011. (Descriptores 39 a 43)

OCTAVO.- Los controladores, que ingresaron en AENA desde las promociones 27 y

28, perciben los complementos, regulados en el art. 141.bis del II Convenio :complemento personal de adaptación general-(CPAG), el complemento personal de adaptación variable (CPAV) y el complemento personal de adaptación fijo (CPAF) .Los controladores, que ingresaron en AENA desde las promociones 29 y 30, no perciben los complementos mencionados, si bien a través de un acuerdo al margen del II CCP, ENAIRE viene sufragando la acción social a las promociones 29 y 30 en las cantidades que equivaldrían al CPAG desde el 1 de julio de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016. Todas las promociones de controladores cobran como hora ordinaria todas aquellas que superen las 1200 horas ordinarias y efectivas de actividad al año, con excepción de las promociones 29 y 30. (Descriptor 57)

NOVENO.- Los controladores, contratados antes del 5-02-2010, entre los que se encuentran las promociones 27 y 28, perciben una retribución media de 200.000 euros anuales, garantizada convencionalmente. - Por el contrario, quienes ingresaron después, entre los que se incluyen las promociones 29 y 30, perciben una media anual de 86.000 euros.

Algunos de los CTA de las promociones 29 y 30 están, en el escalafón, por encima de CTA pre5F. (Escalafón de CTA cerrado a 31 de diciembre de 2016 unido al descriptor 59)

DÉCIMO.- El 9-01-2013 AENA notificó a USCA la resolución de 28/12/12 de la Dirección de Recursos Humanos de Navegación Aérea, dictada en aplicación de lo preceptuado en el artículo 124.1 del II convenio colectivo por el que se establece que, en atención a la reducción de jornada que se acuerda para 2013 y para mantener la lógica del binomio jornada/salario que se procederá en dicho año a una reducción, en términos proporcionales a la reducción de jornada prevista en el citado artículo, en la cuantía de los siguientes conceptos recogidos en el cuadro retributivo: salario base, pagas adicionales y complemento de puesto de trabajo. No obstante, para respetar lo establecido en la Ley 9/2010 y en los Acuerdos de 13 de agosto de 2010, esta disminución será compensada en dicho año con un incremento en el complemento personal transitorio de adaptación a la nueva jornada de carácter fijo de todos los CTA ingresados antes del 5/02/2010, en cuantía equivalente a la reducción total experimentada por los conceptos anteriormente reseñados. (Descriptor 30).

La jornada pactada en el convenio para 2013, pasaba de un máximo de 1670 anuales, a un máximo de 1595 horas anuales.

UNDÉCIMO.- El 8-07-2016 ENAIRE promovió demanda de conflicto colectivo contra USCA y SPICA ante esta Sala, en cuyo suplico reclamaba que el sistema retributivo establecido en los arts. 124,2.1.3. 141 bis y 29 del II Convenio se ajusta a lo establecido en la Disposición Transitoria 2ª, apartado 2), letra b) de la Ley 9/2010, de 14 de abril. Que, en consecuencia, los trabajadores de las promociones 29 y 30, que ingresaron en la Entidad Pública con posterioridad al día 5 de febrero de 2010 no tienen derecho a percibir los complementos personales transitorios establecidos en el artículo 141 bis del II Convenio Colectivo profesional de los Controladores de Tránsito Aéreo en la Entidad Pública Empresarial ENAIRE. - El 28-09- 2016 ENAIRE desistió de su demanda. (Descriptor 32)

DÉCIMO SEGUNDO.- Varios trabajadores, encuadrados en las promociones antes dichas, interpusieron demandas por tutela de derechos fundamentales, porque consideraron que se les estaba aplicando un trato desigual injustificado con los trabajadores contratados antes del 5-02-2010 y particularmente con las promociones 27 y 28. - Dichas pretensiones fueron desestimadas por sentencia del Juzgado de lo Social nº. 2 de Vitoria de 21-12-2016, proced. 303/2016; por sentencia del Juzgado de lo Social nº. 5 de Santa Cruz de Tenerife de 26-01-2017, proced. 503/16; por sentencia del Juzgado de lo Social nº. 3 de San Sebastián de 23-02-2017, proced. 334/16, que fue revocada parcialmente por STSJ País Vasco de 23-05- 2017, rec. 1032/2017, que reconoció al trabajador el complemento personal de adaptación general (descriptor 33) y por sentencia del Juzgado de lo Social nº. 3 de Las Palmas de 18-10-2017, proced. 418/2017.

DÉCIMO TERCERO.- El resultado de explotación de ENAIRE en el ejercicio 2015 ascendió a 161.117.000 euros.

DÉCIMO CUARTO.- desde julio de 2014 por acuerdos entre USCA y ENAIRE los trabajadores post 5f tienen acceso al plan de acción social, si bien dichos compromisos han de renovarse anualmente.

El 12-12-2017 SNCA se dirigió a la Comisión Paritaria de Acción Social para reclamar el derecho de los controladores de tránsito aéreo de las promociones 29 y 30 en relación al plan de acción social 2018 relativo a los aseguramientos de "Vida y accidentes" así como de "salud".

En la Comisión Paritaria de Acción Social, realizada el 19-12-2017, se acordó en relación al artículo 141 bis del II CCP establecer los siguientes criterios: 1) ámbito personal de aplicación. El ámbito personal de aplicación del CPAG (complemento personal de adaptación general), viene determinado por remisión de lo previsto en el apartado 1.2 del artículo 141 bis, al apartado 1.1 del mismo artículo, a los controladores de tránsito aéreo, que ingresaron en ENAIRE, antes del día 5 de febrero de 2010. 2) ámbito personal de exclusión. Según lo previsto en el apartado anterior, aquellos controladores de tránsito aéreo que hayan ingresado en AENA (actual ENAIRE) a partir del 5 de febrero de 2010, figuran excluidos del ámbito de afectación personal. Si bien la Comisión paritaria acordó, que con carácter excepcional y respeto al ejercicio 2018 incluir provisionalmente a los controladores que hayan ingresado a partir del 5/02/2010. (Descriptores 118 a 120,34 y 35)

DÉCIMO-QUINTO.- El 17 de febrero de 2017 en Acta de la reunión entre ENAIRE, USCA y SPICA, sobre jornada programable para 2017, ENAIRE procedas poner las líneas generales y criterios globales que se han tenido en cuenta para llevar a cabo la declaración de jornada programable para 2017, según nivel de clasificación de dependencias. (Descriptor 28, cuyo contenido, se da por reproducido)

DÉCIMO-SEXTO.-En las reuniones de la comisión negociadora del III Convenio, USCA ha reclamado una política salarial más equitativa.

DÉCIMO SÉPTIMO.- El 25-09-2017 SNCA promovió reclamación ante la CIVCA, reiterándose el 2-11-2017.

DÉCIMO-OCTAVO.- el 2 de octubre de 2017 se presentó demanda de conflicto colectivo por el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (SNCA ), frente a los mismos litigantes , y con los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales a la presente demanda que fue registrada bajo el nº. de procedimiento 310/2017 que finalizo con SAN de 12 de enero de 2018 en cuyo fallo, se estima la excepción de falta de legitimación activa de SNCA y la excepción de inadecuación de procedimiento alegadas por ENAIRE, absolviendo a la empresa demandada de los pedimentos de la demanda. (Descriptor 122)

DÉCIMO-NOVENO.- El 27-03-2018 SNCA presento reclamación ante la CIVCA como trámite previo al planteamiento de la demanda de conflicto colectivo de impugnación de actos derivados de la aplicación de determinados artículos del II convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la entidad pública empresarial aeropuertos españoles y navegación aérea. (Descriptor 31), sin que conste su resultado.

Se han cumplido las previsiones legales".

1. En el recurso de casación formalizado por la representación del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos se alegan los siguientes motivos:

1º.- Al amparo del apartado c) del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se denuncia el quebranto de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, habiéndose producido indefensión para la parte. En concreto se denuncia la infracción de los artículos 317, 318 y 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en relación con los artículos 1.216 y 1.217 del Código Civil y con el artículo 24.1 de la Constitución Española (CE).

2º.- Al amparo del apartado e) del artículo 207 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se formula el segundo motivo de recurso, al objeto de examinar la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate; denunciando la infracción de los artículos 400 y 222.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en relación con el artículo 24.1 de la Constitución Española (CE). Todo ello considerando la Disposición final cuarta de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que determina que la Ley de Enjuiciamiento Civil regirá como supletoria de aquella, en cuantas cuestiones no prevea.

2.- En el recurso de casación formalizado por la representación del Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos, se alegan los siguientes motivos:

ÚNICO.- Al amparo de la letra e) del art. 207 LRJS, para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate:

Infracción de los arts. 400 y 222.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)en relación con el art. 24.1 de la Constitución Española (CE), todo ello considerando la Disposición Final cuarta de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), que determina que la Ley de Enjuiciamiento Civil regirá como supletoria de aquella, en cuantas cuestiones no prevea.

Los recursos fueron impugnados por el Abogado del Estado en representación de la Entidad Pública ENAIRE.

Admitidos a trámite los recursos de casación por la Sala, se dio traslado por diez días al Ministerio Fiscal que emitió informe en el sentido de considerar improcedentes los recursos.

Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 29 de noviembre de 2022, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 28 de junio de 2028, Proc. 83/2018, desestimó la demanda formulada por el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (SNCA), a la que se adhirieron la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y el Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos (SPICA) contra la entidad pública empresarial ENAIRE. En dicha demanda de conflicto colectivo se solicitaba: La inaplicación por ilegalidad de los actos aplicativos del II Convenio Colectivo Profesional de los Controladores de Tránsito Aéreo en la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea aprobado de 9 de marzo de 2011, derivados de los artículos 141 bis, 29, 124 y 123, en concreto:

El abono de las horas trabajadas por encima de las 1.200 horas anuales (CPAV), al valor de la hora ordinaria, únicamente al colectivo de Controladores del Tránsito Aéreo (CTA) con contrato en vigor con anterioridad al 5/2/2010, excluyendo al resto de controladores con contrato en vigor al tiempo de publicación del Convenio (promociones 29 y 30) -Art. 141 bis y 29-. El abono de la acción social (CPAG) únicamente al colectivo de CTA con contrato en vigor con anterioridad al 5/2/2010, excluyendo al resto de controladores con contrato en vigor al tiempo de publicación del Convenio (promociones 29 y 30) -Art. 141 bis-. La minoración de tablas salariales contenida en los artículos 29 y 124. Y la vinculación de las tablas salariales básicas del convenio colectivo a una jornada de 1.670 horas anuales -Artículo 123 y 124-.

La desestimación de dicha demanda la fundamentó la sentencia recurrida en la aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada respecto de una sentencia anterior de la propia Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 12 de enero de 2018, citada en el proc. 310/2017 seguido por demanda del SNCA, a la que se adhirieron USCA y SPICA contra ENAIRE, Entidad pública empresarial; esto es, entre las mismas partes que en el presente procedimiento, en la que se solicitaba se reconociera el derecho de los CTA de las promociones 29 y 30, a ver retribuido el trabajo realizado por encima de las 1.200 horas anuales, conforme al precio de la hora ordinaria, todo ello desde la fecha de incorporación de cada CTA y actualizando los importes a la fecha de pago, de conformidad con los porcentajes de incrementos retributivos establecidos para el personal al servicio del sector público en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, así como el derecho de los Controladores Aéreos de las promociones 29 y 30, a participar del percibo de las cantidades que componen la Acción Social, desde la fecha de incorporación, de cada uno, a la Entidad pública. - Reclamaba finalmente que se reconozca el derecho de los Controladores Aéreos de las promociones 29 y 30, a que se deje sin efecto la aplicación de la minoración de tablas salariales contenida en los artículos 29 y 124 del II Convenio Colectivo Profesional de los Controladores de Tránsito Aéreo en la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea aprobado de 9 de marzo de 2011.

Debe hacerse constar, también, que la sentencia, aquí recurrida, entendió que el sindicato demandante SNCA carece de legitimación activa; ello no obstante, al haberse adherido a la demanda los otros dos sindicatos que si ostentan dicha legitimación, entró en el fondo del asunto y resolvió el conflicto.

2.- Contra la referida sentencia se han formulado dos recursos de casación. El formulado por SNCA se articula en dos motivos: el primero, al amparo del artículo 207.c) LRJS denuncia quebranto de las normas esenciales de juicio con indefensión. El segundo, motivo, por el cauce procesal previsto en el artículo 207 LRJS denuncia infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia. El recurso formulado por SPICA contiene un único motivo, al amparo del artículo 207.e) LRJS y denuncia infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

El recurso ha sido impugnado de contrario mediante escrito formalizado por el Sr. Abogado del Estado en el que, como viene resultando habitual, además de oponerse a los motivos de casación esgrimidos de contrario, formula diversas causas de inadmisibilidad de los recursos. El informe del Ministerio Fiscal aboga por la desestimación de los recursos y la consiguiente confirmación de la sentencia recurrida.

3.- La Abogacía del Estado ha señalado que en el recurso formulado por SNCA una primera concurre una causa de inadmisibilidad consistente en falta de objeto hábil del recurso de casación, ya que -dado que la sentencia estimó la excepción de falta de legitimación activa del sindicato- y tal cuestión no ha sido discutida en este recurso, tal decisión habría quedado firme, por lo que su actual recurso de casación devendría inviable. El argumento podría ser convincente, sin embargo, el primero de los motivos formulados por el recurso de SNCA, aunque formalmente plantea una cuestión relativa a la valoración de una prueba y a la indefensión, en el fondo la cuestión que suscita esta dirigida a que se admita su legitimación, por lo que ante un eventual éxito del motivo, justifica sobradamente su estudio. Además el segundo de los motivos coincide sustancialmente con el único formulado por SPICA. Exista una segunda causa de inadmisibilidad referida a este sindicato consistente en la falta de contenido casacional de su recurso porque el primer motivo pretende, directa o indirectamente, la revisión de la valoración de la prueba, lo que no resulta posible en este extraordinario recurso. El análisis de tal alegación exige, ineludiblemente el examen del referido motivo y, caso de ser estimada la alegación de la Abogacía del Estado, nos encontraríamos en este momento procesal en una causa de desestimación.

La segunda causa de inadmisibilidad consiste, a juicio del Abogado del Estado, en la falta de legitimación activa de SPICA para recurrir autónomamente la sentencia. En su opinión, dado que la demandante carecía de legitimación activa y ello no ha sido combatido aquí, el sindicato que se adhirió a la demanda no tendría posibilidades de recurrir. Pero ocurre que en el presente supuesto no estamos en presencia de una intervención adhesiva simple, sino ante la posibilidad prevista en el artículo 17.2 LRJS según el cual los sindicatos de trabajadores con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate; podrán igualmente personarse y ser tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal intervención haga detener o retroceder el curso de las actuaciones. Legitimación que, a su vez, está prevista en el artículo 154.a) LRJS. Lo que conlleva su legitimación plena y, por tanto, su poder de disposición sobre el proceso que alcanza, obvio es, la posibilidad de recurrir la sentencia que entendiere desfavorable.

1. Como se anticipó, el primero de los motivos del recurso de SNCA se formula al amparo del artículo 207, apartado c) LRJS; esto es, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte. En concreto se denuncia infracción de los artículos 317, 318 y 319 LEC en relación con los artículos 1216 y 1217 CC y con el artículo 24.1 CE.

La pretendida infracción se refiere a la valoración de la prueba y, en concreto, a aquella que, a juicio del recurrente, acreditaría su implantación suficiente en el ámbito del Conflicto. Un mejor entendimiento del motivo exige recordar, tal como expone la sentencia recurrida que, en un asunto anterior ante la misma Sala (SAN de 12 de enero de 2018, Proc. 310/2017), le fue negada legitimación activa al sindicato y la Sala valoró un certificado de la secretaria de organización del sindicato demandante entendiendo que con ello no se acreditaba la implantación exigida por la ley pues se trataba un documento ad hoc, elaborado por la parte demandante, que carecía de cualquier valor probatorio. En el pleito que nos ocupa, el sindicato demandante volvió a presentar como prueba documental el mismo certificado, pero esta vez protocolizado ante notario. Es por ello que la recurrente pretende que, al estar el documento en cuestión protocolizado ante Notario, se trata de un documento público, por lo que su contenido debió ser tenido como cierto e incorporado al relato de hechos probados; y, consecuentemente, otorgar la base fáctica necesaria para reconocer legitimación al sindicato demandante. Sin embargo, la sentencia recurrida, tampoco entendió probado el contenido del documento porque, aunque está certificado bajo la fe notarial, contiene manifestaciones de quien compareció ante notario, sin haber sido ratificadas en el acto del juicio.

2.- Esta Sala comparte plenamente los razonamientos de la sentencia recurrida. En efecto, la valoración de la prueba le corresponde al órgano de instancia pues como se ha reiterado en numerosas ocasiones ( SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010), 23 septiembre 2014 (rec. 66/2014); STS de 6 de junio de 2012, rec. 166/2011 y otras muchas) el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En definitiva, las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las leyes y a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

Por otro lado, el hecho de que un documento de parte se haya protocolarizado ante notario no implica que su contenido deba considerarse como documento público o documento que despliega prueba plena. La certificación notarial únicamente da fe de la existencia del documento y, posiblemente también -aunque no siempre-, de su autoría; de lo que no de fe es de la exactitud y certeza de lo contenido en el indicado documento, salvo que haya sido comprobado por el Notario, lo que no es el caso. Nada ha cambiado en el contenido del documento en cuestión que obligue al tribunal juzgador a tener por cierto su contenido, manteniéndose, por tanto, las facultades de valoración intactas.

Por ello, no se han producido las infracciones denunciadas ni se ha causado ningún tipo de indefensión al sindicato recurrente, ya que la valoración de la prueba realizada por la sala de lo social de la Audiencia Nacional se atuvo a las normas legales y a las reglas de la sana crítica. Se impone, por tanto, la desestimación del motivo.

1.- El segundo de los motivos del recurso formulado por SNCA denuncia, con fundamento en el apartado e) del artículo 207 LRJS, infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia. En concreto, denuncia infracción de los artículos 400 y 222.2 LEC, con relación al artículo 24.1 CE y jurisprudencia del Tribunal Supremo en varias sentencias que cita y reproduce parcialmente, así como doctrina del Tribunal Constitucional de diversas sentencias que también cita y reproduce parcialmente. También cita sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que la Sala no tendrá en cuenta por no constituir jurisprudencia. Por su parte, el único motivo del recurso formulado por SPICA, con el mismo amparo procesal, denuncia la infracción de los mismos preceptos que el recurso de SNCA, refiriéndose, también, a la misma jurisprudencia de esta Sala y doctrina del TC. En síntesis ambos motivos sostienen la misma argumentación, por lo que la Sala los abordará y contestará conjuntamente.

2.- La sentencia recurrida aplica el efecto positivo de la cosa juzgada respecto de su anterior sentencia firme de 12 de enero de 2018, Proc. 310/2017, dictada en un proceso de conflicto colectivo en el que las partes fueron las mismas que en el presente procedimiento y en el que las pretensiones de la demanda eran sustancialmente las mismas que las de la demanda rectora de las presentes actuaciones. En efecto en la demanda que dio lugar a la anterior SAN de 12 de enero de 2018, se solicitaba en primer lugar, que se reconozca el derecho de los Controladores Aéreos de las promociones 29 y 30, a ver retribuido el trabajo realizado por encima de las 1.200 horas anuales, conforme al precio de la hora ordinaria (relación 1/1), todo ello desde la fecha de incorporación de cada CTA y actualizando los importes a la fecha de pago, de conformidad con los porcentajes de incrementos retributivos establecidos para el personal al servicio del sector público en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, así como el derecho de los Controladores Aéreos de las promociones 29 y 30, a participar del percibo de las cantidades que componen la Acción Social, desde la fecha de incorporación, de cada uno, a la Entidad pública. Reclama finalmente que se reconozca el derecho de los Controladores Aéreos de las promociones 29 y 30, a que se deje sin efecto la aplicación de la minoración de tablas salariales contenida en los artículos 29 y 124 del II Convenio Colectivo Profesional de los Controladores de Tránsito Aéreo en la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea aprobado de 9 de marzo de 2011. Dichas pretensiones resultan ser muy parecidas a las que motivaron el presente procedimiento y que han sido transcritas en los antecedentes de la presente resolución y en el anterior fundamento de derecho primero.

La SAN de 12 de enero de 2018 además, de estimar la excepción de falta de legitimación activa de SNCA, y la excepción de inadecuación de procedimiento, sobre esta cuestión dicha sentencia razonó que la simple lectura de los preceptos examinados permite concluir, que el requisito constitutivo, para percibir los tres complementos reclamados es haber sido contratado con anterioridad al 5-02- 2010, condición que venía impuesta por los acuerdos de bases para la negociación del II Convenio, que fueron autorizados por la CECIR e incorporados al Laudo arbitral, por el que se estableció el II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. En consecuencia, no habiéndose impugnado por ilegalidad dichos preceptos, ni reclamada su inaplicación por el procedimiento previsto en el artículo 163.4 LRJS, debemos concluir necesariamente que las pretensiones de la demanda constituyen propiamente un conflicto de intereses, por lo que procede estimar la excepción de inadecuación de procedimiento.

3.- El artículo 222.4 LEC dispone que "Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal". Por su parte, el artículo 400.2 LEC dispone que "De conformidad con lo dispuesto en al apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste".

La Sala, en numerosas ocasiones ha puesto de relieve que, así como la función negativa de la cosa juzgada material exige que entre los dos procesos, el anterior y el posterior, exista plena identidad de objeto (sea objeto actual u objeto virtual), para la eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada basta con una especial conexión entre los objetos procesales, bien porque lo ya juzgado constituya una parte que haya de tomarse como base en el nuevo proceso, o bien porque lo juzgado constituya un prejuicio, un paso lógico ineludible para el juicio sobre el objeto del segundo proceso. Ya en nuestra STS de 29 de mayo de 1995, Rcud. 2820/1994, establecimos que "la diversidad de acciones no impide la estimación de cosa juzgada cuando la razón y causa de pedir es la misma en una y otra y por tanto no es el nombre ni la naturaleza declarativa o constitutiva de la acción, ni el hecho de que se añada un nuevo pedimento de condena lo que puede impedir la identidad de la causa petendi, sino que en este respecto lo decisivo es si los hechos y fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta a la cuestión planteada". Esto demuestra que la jurisprudencia no exige que el pleito nuevo sea una reproducción exacta de otro precedente para aplicar la presunción legal, pues no es necesario que la identidad se produzca respecto de todos los componentes de los dos procesos, sino que, aunque en alguno de ellos no concurra la más perfecta igualdad, es bastante con que se produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionante y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio ( STS de 29 de septiembre de 1994, Rcud. 2069/1993). Esto no significa que lo resuelto en pleito anterior sea inmodificable indefinidamente pues, si cambian las circunstancias, no opera la presunción legal pero, en caso de no producirse esta alteración, se produce la eficacia material de la cosa juzgada que se ampara, como se dice, en el principio de seguridad jurídica ( artículo 9 CE) que deriva de valor superior de la igualdad que propugna el artículo 1.1. CE.

1.- Los hechos alegados en la demanda que dio lugar a la sentencia firme de esta Sala de fecha 12.01.2018 y los de la presente demanda son los mismos, consistentes en la distinción entre el colectivo de controladores aéreos incorporados a la Entidad Pública Empresarial antes del 5 de febrero de 2010 y el colectivo incorporado después de dicha fecha.

Los preceptos cuya ilegalidad se cuestiona-141 bis, 29,124 y 123 del II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea- son los mismos en ambos procesos y aunque las pretensiones no sean exactamente coincidentes, en lo sustancial son muy similares y, lo que resulta más decisivo, derivan del expresado cuestionamiento de la legalidad de los referidos preceptos.

Como expresa la sentencia recurrida, no puede volver ahora a examinarse si procede declarar la inaplicación por ilegalidad de los actos aplicativos del II convenio colectivo derivados de los artículos 141 bis, 29, 124 y 123, bajo el pretexto de que ahora se alega la inaplicación por ilegalidad de los referidos preceptos, por el cauce del artículo 163.4 LRJS, pues el artículo 400 LEC ha establecido la carga de alegar en un proceso todos los hechos y fundamentos jurídicos que se conocieran y pudieran aducirse, de tal forma que si no se cumple esa carga ello no podrá evitar que se produzca el efecto de cosa juzgada.

En definitiva, en la primera de las sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 12 de enero de 2018 ya se expresó la inadecuación del procedimiento y se remitió a la demandante y a quienes intervinieron adhiriéndose a la demanda que no resultaba admisible la reclamación de unos derechos, cuyo eventual reconocimiento supondría una alteración o modificación del Convenio Colectivo, sin haber procedido previamente a la impugnación del mismo, a través del procedimiento de impugnación de convenios colectivos, para lo que los demandantes podrían estar legitimados y que debería tramitarse con la intervención del Ministerio Fiscal. Es por ello, que la sentencia recurrida aplicó correctamente el efecto positivo de la cosa juzgada previsto en el artículo 222.4 LEC, sin que para ello fuese obstáculo que la nueva demanda, reiteración de la anterior en lo sustancial, hiciese una genérica referencia al apartado 4 del artículo 163 LRJS. Y es que este precepto no está previsto para que los legitimados para impugnar un convenio colectivo, firmantes del mismo, eludan el proceso de impugnación de convenios mediante una demanda de conflicto colectivo cuyo fundamento es, expresamente señalado, el cuestionamiento de la ilegalidad de diversos preceptos del propio convenio.

2.- La anterior conclusión no resulta contraria a la jurisprudencia de la Sala (Entre otras SSTS de 3 de mayo de 2018 Rec. 119/2017 y de 6 de junio de 2006, Rcud. 1234/2005) y a la del Tribunal Constitucional que citan los recurrentes ( SSTC 71/2010, de 18 de octubre y 10/2012, de 30 de enero). En efecto, la doctrina que se deriva de las mencionadas resoluciones es doble, por un lado expresa, como no podía ser de otra manera que si la primera sentencia firme acogió una excepción y no entró en el fondo del asunto, no puede desplegar efectos de cosa juzgada sobre un segundo pleito en el que deba resolver, precisamente sobre el fondo del asunto. No es este el supuesto que contemplamos ya que el efecto de cosa juzgada se produce respecto de la misma excepción -inadecuación de procedimiento- que se planteó en ambos supuestos y no sobre el fondo del asunto. Por otro lado, la aludida doctrina parte del hecho de que la primera sentencia consideró inadecuada la vía elegida, y los afectados volvieron a plantear su demanda por el procedimiento indicado. Obviamente se niega que la primera sentencia pueda producir el efecto positivo de la cosa juzgada. Pero éste no es el supuesto que aquí examinamos; al contrario, ocurre en las presentes actuaciones que en la primera sentencia se apreció inadecuación de procedimiento y se remitió a los demandantes al proceso de impugnación de convenios; sin embargo, la demanda que dio origen a la segunda de las sentencias no se formuló como impugnación del convenio aplicable, al contrario, se siguió formulando como un conflicto colectivo cuyas pretensiones se basaban en la ilegalidad de los mismos preceptos convencionales que ya habían sido cuestionados en la anterior demanda. Siendo el planteamiento el mismo, la respuesta tenía que ser la misma a través de la previsión establecida en el artículo 222.4 LEC.

Lo expuesto conlleva, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, la desestimación de los recursos y la consiguiente confirmación de la sentencia recurrida. Sin que la Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 LRJS, deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

:

1.- Desestimar los recursos de casación interpuestos por Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (SNCA), representado y asistido por el letrado D. David Sequera Medino, y por Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos (SPICA), representado y asistido por el letrado D. José Javier Ruiz Beato.

2.- Confirmar y declarar la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de fecha 28 de junio de 2018, recaída en su procedimiento de Conflicto Colectivo, autos núm. 83/2018.

3.- No efectuar declaración alguna sobre imposición de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.