Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  28/06/2022 

Tribunal Supremo , 28-06-2022 , nº 587/2022, rec.2742/2021,  

Pte: Molins García-Atance, Juan

ECLI: ES:TS:2022:2643

ANTECEDENTES DE HECHO 

Con fecha 9 de diciembre de 2020, el Juzgado de lo Social número 11 de Madrid, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Estimando la excepción procesal invocada por la codemandada Indra Soluciones Tecnológicas de la Información S.L,, de falta de legitimación pasiva, y, estimando la demanda interpuesta por D. Carlos Miguel, contra, SANDAV CONSULTORES S.L., MINTSAIT PAYMENTS SYSTEMS S.L., e, INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN S.L., en reclamación por despido, debo declarar y declaro nulo, el despido de que fue objeto el demandante el día 23-6-2020, condenando solidariamente a las empresas demandadas, Sandav onsultores S.L. y Mintsait Payments Systems S.L., a la readmisión inmediata del actor a su puesto de trabajo y a abonar al mismo, los salarios dejados de percibir, calculados desde la fecha del despido hasta la de notificación de la presente sentencia y que al día de hoy ascienden a 10.947 euros, procediendo asimismo declarar el derecho del demandante a integrarse, a su opción, en la plantilla de la empresa codemandada Mintsait Payments Systems S.L., en la condiciones ordinarias, correspondientes a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo de la citada empresa, de conformidad con las normas generales y Convenio Colectivo de aplicación en la misma, y, con antigüedad, de 7-11-2016, con absolución de la empresa codemandada, Indra Soluciones Tecnológicas de, la Información S.L."

Que en la citada sentencia y como hechos probados se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- D. Carlos Miguel, con DNI n° NUM000, ha venido prestando servicios para la empresa demandada, SANDAV CONSULTORES S.L. (CIE n° B-85219186), con antigüedad de 7-11-2016, categoría profesional de Programador Informático y salario mensual ascendente a 2.030,42 euros (66,75 euros/día), con inclusión de parte proporcional de pagas extraordinarias (folio 128 de los autos).

SEGUNDO.- En la expresada fecha de 7-11-2016, el demandante suscribió contrato de trabajo temporal, para obra o servicio determinado, constituyendo el objeto del contrato, la prestación de servicios de programación para el cliente Tecnocom, realizando las funciones de: "codificación de los programas asignados, pruebas unitarias para garantizar su correcto funcionamiento, corrección de errores y mantenimiento de programas y documentación" (folios 61-64 de los autos). Con fecha 1- 10-2018, el demandante suscribió documento de conversión del contrato de trabajo temporal, en indefinido, para la prestación de servicios en el centro de trabajo de la empresa demandada, sito en la c/ Orense n° 16 de Madrid, haciéndose referencia en el mismo, entre otros aspectos, a que podría ser desplazado temporalmente fuera de su centro de trabajo (folios 65-69 de los autos).

TERCERO.- Desde su contratación demandante ha desarrollado sus funciones de forma efectiva, en el centro de trabajo de la calle Miguel Yuste n° 45 de Madrid, perteneciente al Grupo empresarial Indra, inicialmente adscrito al cliente Tecnocom España Soluciones S.L., y, desde Octubre de 2019, adscrito a la empresa codemandada MINTSAIT PAYMENTS SYSTEMS S.L. (CIE n° B- 88403894), en el mismo centro de trabajo perteneciente a la codemandada INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN S.L. (CIF n° B88018098).

Tanto la empresa Tecnocom España Soluciones S.L., como las codemandadas Mintsait Payments Systems S.L. e Indra Soluciones Tecnológicas de la Información S.L., pertenecen al Grupo empresarial Indra (folios 136-137 de los autos).

CUARTO.- Desde su contratación el demandante realiza sus funciones, integrado en el equipo de trabajo perteneciente inicialmente a la empresa a la empresa Tecnocom y después a la codemandada Mintsait Payments Systems S.L., realizando el mismo horario y periodos vacacionales que los empleados del equipo, recibiendo las órdenes de los mandos de dichas empresas, sin intermediación alguna de la empresa empleadora, utilizando los medios materiales pertenecientes a dichas codemandadas, habiendo recibido formación junto con los restantes trabajadores de las mismas, realizándose el control y coordinación de la actividad desarrollada por el demandante y la asignación de tareas al mismo, por el personal de las empresas codemandadas (folios 149-241 de los autos).

QUINTO.- Ante la Inspección de Trabajo, con fecha 27-2-2020, el demandante presentó denuncia sobre existencia respecto del mismo, de cesión ilegal de trabajadores entre las empresas hoy codemandadas (folios 72-74 dé los autos).

SEXTO.- Por la empresa demandada y a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, por el que declara el astado de alarma, se entregó al actor Certificado sobre autorización para el desplazamiento de lunes a viernes, de 8 h. a 17:30 h., al centro de trabajo del cliente Grupo Indra, de la c/ Miguel Yuste n° 45 de Madrid.

SÉPTIMO.- Con fecha 23-6-202"0/ la empresa demandada Sandav Consultores S.L., comunicó al actor el despido, con efectos de esa misma fecha con fundamento en "la disminución continuada en el rendimiento pactado" que está "provocando trastornos en la relación con algunos clientes" (folio 11 de los autos). "

Contra la anterior sentencia, por la representación letrada de Minsait Payments Systems SL, se formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia en fecha 19 de mayo de 2021, en la que consta el siguiente fallo: "Desestimar el recurso interpuesto por la letrada Dª Alicia Moro Valentín-Gamazo en nombre y representación de Minsait Payment Systems S.L. contra la sentencia de 9 de diciembre de 2020 del Juzgado de lo Social número 11 de Madrid en los autos 865/2020. Se imponen a la parte recurrente las costas del recurso, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado o graduado social de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan, a los meros efectos de la condena en costas y sin prejuzgar los que contractualmente correspondan al mismo por la relación con su cliente, en 500 euros, a los que habrá que adicionar el impuesto sobre el valor añadido o cualesquiera impuestos aplicables sobre los indicados honorarios. Se decreta igualmente la pérdida del depósito constituido para recurrir."

Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la representación letrada de Minsait Payments Systems SL, se interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 5 de noviembre de 2019 (recurso 4094/2019).

Se admitió a trámite el recurso y habiendo sido impugnado por la parte recurrida, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de considerar que el recurso debe ser desestimado por falta de contradicción, señalándose para votación y fallo del presente recurso el día 28 de junio de 2022, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- La controversia suscitada en este recurso de casación unificadora radica en determinar si se ha vulnerado la garantía de indemnidad del trabajador despedido.

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 19 de mayo de 2021, recurso 300/2021, confirmó la sentencia de instancia, que había declarado nulo el despido del actor por haber vulnerado la garantía de indemnidad.

2.- Contra ella recurre en casación unificadora la parte demandada, formulando un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 25 de la Constitución en relación con el art. 55.5 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET). La recurrente argumenta que no se ha probado que el empresario tuviera conocimiento de la denuncia interpuesta por el trabajador antes de su despido.

La parte actora presentó escrito de impugnación del recurso manifestando que no concurría el requisito de contradicción y que la sentencia recurrida es conforme a derecho.

El Ministerio Fiscal informó en contra de la concurrencia del presupuesto procesal de contradicción.

1.- En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS), que no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2019, recurso 2491/2018; 6 de noviembre de 2019, recurso 1221/2017 y 12 de noviembre de 2019, recurso 529/2017).

2.- En la sentencia recurrida:

a) El actor fue contratado por la empresa Sandav Consultores SL. Suscribió un contrato temporal el 7 de noviembre de 2016 que en fecha 1 de octubre de 2018 se convirtió en un contrato por tiempo indefinido.

b) Desde su contratación desarrolló sus funciones en un centro de trabajo perteneciente al Grupo empresarial Indra, inicialmente adscrito al cliente Tecnocom España Soluciones SL y posteriormente a Mintsait Payments Systems SL.

c) En fecha 27 de febrero de 2020 este trabajador presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo relativa a la existencia de cesión ilegal de trabajadores entre las empresas demandadas: Sandav Consultores SL, Mintsait Payments Systems SL e Indra Soluciones Tecnologías de la Información SL.

d) El día 23 de junio de 2020 Sandav Consultores SL le comunicó su despido fundado en "la disminución continuada en el rendimiento pactado" que está "provocando trastornos en la relación con algunos clientes". En el acto del juicio esa empresa reconoció la improcedencia del despido.

d) La sentencia dictada por el juzgado de lo social declaró la existencia de una cesión ilegal de trabajadores entre Sandav Consultores SL y Mintsait Payments Systems SL y declaró nulo el despido, condenando solidariamente a ambas empresas.

e) La empresa que había despedido al trabajador: Sandav Consultores SL, consintió la sentencia dictada por el tribunal superior de justicia. Solamente recurrió en suplicación la mercantil Mintsait Payments Systems SL.

f) La sentencia dictada por el tribunal superior de justicia desestimó el recurso de suplicación, argumentando que la valoración de la prueba le corresponde al juzgado de lo social "y si existe una situación claramente ilegal que afecta al trabajador y una denuncia ante la Inspección de Trabajo realizada por el propio trabajador en fechas anteriores y próximas al despido, sin que exista prueba de que este despido pueda obedecer a otra causa diferente, es razonable concluir que entre la existencia de dicha denuncia y el despido hay una relación de causalidad [...] si lo que pretendía demostrar la empresa es que no se había realizado ninguna actuación de la Inspección a fecha del despido, de manera que no conocía la reclamación del trabajador, pudo reclamar la prueba oportuna mediante la testifical".

g) El recurso de casación unificadora lo interpuso la empresa codemandada Minsait Payments Systems SL.

3.- La sentencia de contraste es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 5 de noviembre de 2019, recurso 4094/2019. El supuesto litigioso es el siguiente:

a) En fecha de 1 de julio de 2015 se suscribió entre las partes un contrato temporal.

b) El día 31 de agosto de 2017 el actor formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo interesando que se le reconociera el carácter indefinido de la relación.

c) El día 15 de octubre de 2017 la empresa notificó al trabajador la extinción de la relación laboral por fin de contrato con efectos de 31 de octubre de 2017.

d) La empresa fue citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo en fecha de 22 de junio de 2018.

e) La sentencia referencial argumenta que existió una desconexión temporal entre el conocimiento empresarial de la interposición de la denuncia (el 22 de junio de 2018), y la fecha de despido (notificado el 15 de octubre de 2017), por lo que no se ha acreditado el conocimiento empresarial de la denuncia interpuesta ante la Inspección de Trabajo con carácter previo al despido.

4.- De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que no concurre el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la LRJS. En la sentencia recurrida, el trabajador prestaba servicios en virtud de un contrato por tiempo indefinido con antigüedad desde el año 2016. Cuando habían transcurrido más de tres años de duración de la relación laboral, el empleado presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo. Y cuatro meses después de dicha denuncia fue despedido con una carta de despido genérica, que incumplía frontalmente los requisitos legales, reconociendo la empresa la improcedencia del despido en el juicio. Por último, la empresa que le despidió consintió la sentencia que declaraba la nulidad del despido.

Por el contrario, en la sentencia de contraste se trataba de un contrato de trabajo temporal suscrito el 1 de julio de 2015. Cuando habían transcurrido dos años de prestación de servicios, el actor formuló denuncia ante la Inspección de trabajo interesando que se le reconociera el carácter indefinido de la relación. La empresa le notificó la extinción de su relación laboral por fin de contrato. La sentencia referencial considera probado que la empresa no tuvo conocimiento de la denuncia a la Inspección de Trabajo hasta después del despido: el 22 de junio de 2018.

Por todo ello, debemos concluir que existen diferencias esenciales en los presupuestos fácticos de la sentencia recurrida y de la referencial que obligan a concluir que no concurre el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la LRJS.

La citada causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación [ sentencias del TS de 5 de abril de 2017, recurso 1932/2016; 25 de abril de 2017, recurso 3190/2015; 26 de abril de 2017, recurso 1995/2015 y 2 de julio de 2018, recurso 2250/2016 (Pleno), entre otras]. De acuerdo con lo razonado, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida.

Se condena a la parte vencida al pago de las costas en la cuantía de 1.500 euros ( art. 235 de la LRJS). Se acuerda la pérdida de los depósitos y el mantenimiento de las consignaciones para recurrir, a los que se dará el destino legal ( art. 228.3 de la LRJS).

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

1.- Desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Minsait Payments Systems SL.

2.- Declarar la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 19 de mayo de 2021, recurso 300/2021.

3.- Se condena a la parte vencida al pago de las costas en la cuantía de 1.500 euros. Se acuerda la pérdida de los depósitos y el mantenimiento de las consignaciones para recurrir, a los que se dará el destino legal.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.