Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  25/11/2021 

Tribunal Supremo , 25-11-2021 , nº 1164/2021, rec.1700/2019,  

Pte: García Paredes, Mª Luz

ECLI: ES:TS:2021:4399

ANTECEDENTES DE HECHO 

Con fecha 22 de octubre de 2018, el Juzgado de lo Social nº 1 de Burgos, dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

"PRIMERO.- DON Luis Carlos presta servicios por cuenta de la entidad demandada como personal laboral en centros públicos en su condición de profesor de religión católica primaria, desde el 20 de noviembre de 2007, actualmente en el centro de trabajo "CEIP Juan Abascal de Briviesca (Burgos). SEGUNDO.- DON Luis Carlos presentó en fecha 21 de abril de 2017 reclamación ante la Dirección Provincial de Educación de Burgos, sobre reconocimiento de derecho y abono cantidad en relación con el concepto componente de formación permanente (sexenios), interesando el reconocimiento de un sexenio con los efectos legales inherentes con la retroactividad de cuatro años a partir desde la fecha de solicitud de conflicto colectivo promovido por APRECE que tuvo lugar el 19 de septiembre de 2016. TERCERO.- En fecha 19 de septiembre de 2017, la Dirección Provincial de Educación de Burgos dictó resolución por la que estimaba parcialmente la solicitud del trabajador reconociendo a éste el derecho al abono de componente de formación permanente (primero), desestimando la pretensión de abono del complemento con efectos retroactivos, pues este abono se producirá en su caso, a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la solicitud, es decir, 1 de mayo de 2017. En fecha 5 de diciembre de 2017 la Dirección Provincial de Educación de Burgos dictó resolución modificando la de 19 de septiembre de 2017 por la que estimaba parcialmente la solicitud del trabajador reconociendo a éste el derecho al abono de componente de formación permanente, con el abono de los atrasos que le correspondan de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2 ET . CUARTO.- El 2 de enero de 2017 la Asociación de Profesores de Religión en Centros Estatales de Castilla y León presentó demanda de conflicto colectivo, que fue resuelta por Sentencia de la sala de lo Social del TSJ de Castilla y León (Sala de Valladolid), de fecha 16 de marzo de 2017 en la que estimando parcialmente la demanda declaraba el derecho de los profesores de religión que imparten docencia en centros públicos de educación no universitaria de la comunidad de Castilla y León al devengo y consiguiente abono del denominado complemento específico para la formación permanente (sexenio) condenando a la demandada comunidad autónoma de Castilla y León como empleadora de los profesores afectados a estar y pasar por tal declaración y a abonar a los mencionados profesores de religión el citado complemento en la misma cuantía y en los mismos términos que los funcionarios interinos docentes de la comunidad de Castilla y León con abono de los atrasos que procedan. QUINTO.- Las retribuciones para el personal docente de la comunidad de Castilla y León durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 han sido publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia. SEXTO.- Desde noviembre de 2013 el contrato de trabajo del actor ha sufrido variaciones en la jornada de trabajo siendo de 34,17 horas hasta septiembre de 2014, de 28,33 horas hasta septiembre de 2015, de 26,67 hasta septiembre de 2016 y de 31,67 horas hasta la actualidad. SÉPTIMO.- La parte actora solicita en su demanda que se condene a la Junta de Castilla y León a pagar al actor 2.328,51€ junto con los correspondientes intereses legales en concepto de sexenios atrasados desde septiembre de 2012 hasta julio de 2017 inclusive, más las mensualidades que transcurran hasta la fecha en la que se dicte sentencia por el correspondiente Juzgado a razón de 48,32€/mes. En el acto de la vista, la parte actora modificó el suplico de su demanda interesando de manera subsidiaria el reconocimiento del derecho con efectos retroactivos de un año desde agosto de 2015, partiendo de la fecha de presentación de demanda de conflicto colectivo, por importe de 462,15€".

En dicha sentencia consta el siguiente fallo: "Que estimando la demanda presentada en la petición subsidiaria dirigida por DON Luis Carlos contra LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN-CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, debo declarar y declaro el derecho de la parte actora al reconocimiento de un sexenio reclamado y al percibo de las cantidades correspondientes desde el año anterior a la fecha de su reclamación, que tuvo lugar el 21 de abril de 2017, en la forma ya reconocida por resolución de la Junta de Castilla y león de 5 de diciembre de 2017, condenando a la parte demandada a estar y pasar por dicha declaración".

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación de D. Luis Carlos ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, la cual dictó sentencia en fecha 20 de febrero de 2019, en la que consta el siguiente fallo: "Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por DON Luis Carlos, frente a la sentencia de que dimana el presente rollo, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Burgos de fecha 22 de Octubre de 2018, en autos número 298/2018, seguidos a instancia del recurrente, contra JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN -, en reclamación sobre Cantidad (sexenios), y en su consecuencia debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida. Sin costas".

Por la representación de D. Luis Carlos, se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Se invoca como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid en fecha 7 de febrero de 2019 (RSU 2008/2018).

Por providencia de esta Sala de 24 de octubre de 2019, se admitió a trámite el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, y por diligencia de ordenación se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente.

Instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 24 de noviembre de 2021, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Planteamiento del recurso .

1.- Objeto del recurso.

La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si el proceso de conflicto colectivo, en el que se reconoció el derecho reclamado, interrumpe la prescripción de las acciones individuales sobre el mismo objeto.

La parte actora ha formulado dicho recurso contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-León, sede en Burgos, de 20 de febrero de 2019, en el recurso de suplicación núm. 50/2019, que desestima el interpuesto por la referida parte frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Burgos, de 22 de octubre de 2018, en los autos 298/2018, que desestimó la demanda en la que se reclamaba los sexenios desde el mes de septiembre de 2012 a julio de 2017 o, subsidiariamente, desde agosto de 2015 a mayo de 2016, ambos inclusive.

En dicho recurso de unificación de doctrina se formula un solo punto de contradicción, en relación con la cuestión ya señalada, para el que se identifica como sentencia de contraste seleccionada la dictada por la Sala de lo Social de Valladolid, de 7 de febrero de 2019, rec. 2008/2018.

2.- Impugnación del recurso.

La parte recurrida ha impugnado el recurso, entendiendo que la sentencia recurrida es ajustada a derecho, al seguir lo dispuesto en la sentencia que resolvió el conflicto colectivo, no existiendo por ello contradicción con la sentencia de contraste que se invoca que se refiere a un concepto retributivo diferente.

3.- Informe del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal ha emitido informe en el que considera que el recurso debe ser estimado porque el debate relativo a la interrupción de la prescripción por la existencia de un proceso de conflicto colectivo ha sido planteado en otros recursos similares en los que ha emitido similar informe favorable (rcuds 124/2019, 126/2019 y 1907/2019.

Sentencia recurrida .

1.- Hechos probados de los que se debe partir

Según los hechos probados, el demandante ha prestado servicios como profesor de religión católica primaria, desde el 20 de noviembre de 2007. El 21 de abril de 2017 solicitó de la Dirección Provincial de Educación de Burgos el derecho al sexenio, con la retroactividad de cuatro a los, a partir de la solicitud de conflicto colectivo promovido por APRECE, que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2016. El 19 de septiembre de 2017 se dictó resolución por aquella Dirección Provincial, estimando parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho a los sexenios con efectos de 1 de mayo de 2017. Posteriormente, dictó otra resolución en la que acordaba la modificación parcial de la anterior, en el sentido de entender abonables las cantidades correspondientes al periodo no prescrito, conforme al art. 59.2 del ET.

La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda, siendo recurrida en suplicación por la parte actora.

2.- Debate en la suplicación.

La Sala de lo Social del TSJ dictó sentencia desestimatoria del recurso.

La Sala de lo Social considera, reiterando su doctrina precedente, aplicada en casos similares, que no procede aplicar los efectos retroactivos que se piden en demanda porque ha de estarse al año anterior a su reclamación.

Examen de la contradicción

1.- Doctrina general en materia de contradicción.

El art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina y en atención a su objeto, precisa de la existencia de sentencias contradictorias entre sí, lo que se traduce en que contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales".

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

2.- Sentencia de contraste contradictoria con la recurrida.

La sentencia de contraste, ya identificada anteriormente, resuelve un supuesto en el que se reclama igual concepto por igual periodo retroactivo al que aquí se reclama,

El pronunciamiento de esa sentencia es estimatorio de la pretensión del demandante, otorgando efectos retroactivos al mes de agosto de 2015 porque considera que es el del año anterior a la reclamación que dio paso al proceso de conflicto colectivo.

Entre las sentencias existe la identidad necesaria para apreciar que sus pronunciamientos son contradictorios, tal y como ya se ha resuelto en otros asuntos en los que se invocaba la misma sentencia de contraste.

En efecto, la sentencia recurrida rechaza que pueda retrotraerse la reclamación al año anterior al de inicio del proceso de conflicto colectivo, mientras que la de contraste resuelve en sentido totalmente opuesto con lo cual se encuentra superado el juicio de contradicción que, por cierto, no ha sido cuestionado por la parte recurrida ni por el Ministerio Fiscal.

Motivos de infracción de norma

1. Preceptos legales denunciados y fundamentación de la infracción.

La parte recurrente ha denunciado una aplicación errónea del art. 1973 del Código Civil (CC), art. 160 de la LRJS y 59 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

Según dicha parte, la interrupción de la prescripción que provoca el proceso de conflicto colectivo sobre los individuales que tengan igual objeto debe tener el alcance que otorga la sentencia de contraste, sin que la sentencia de esta Sala que se cita en la recurrida resuelva un supuesto similar al no estar allí presente un proceso de conflicto colectivo.

2. Doctrina de la Sala

La cuestión suscitada en el recurso ya ha sido resuelta por esta Sala en asuntos similares. Así, las SSTS de 16 de marzo de 2021, rcud 126/2019, 1907/2019, 2165/2019, 2384/2019, 2411/2019, 2510/2019, 2552/2019, y 21 de septiembre de 20121, rcud 2115/2019, entre otras, han dado respuesta positiva al motivo bajo las siguientes consideraciones:

En relación con la naturaleza y el régimen jurídico de la prescripción de las acciones se recuerda que tiene su fundamento en la necesidad de dar certeza a situaciones controvertidas y garantizar la seguridad jurídica, mediante el establecimiento de un plazo temporal cuyo transcurso permite considerar la presunción de abandono del derecho que supone la inacción de los acreedores que no ejercitan en derecho de crédito del que son titulares, siendo su cómputo el marcado en los arts. 1969 y 1973 del CC. Los efectos de este último precepto, en orden al ejercicio de las acciones por los sujetos colectivos, como los representantes de los trabajadores en la legitimación que les otorga la LRJS, el art. 160 de la misma, en su apartado 6 dispone que el mero inicio del proceso de conflicto colectivo genera el efecto jurídico de interrumpir la prescripción de las acciones individuales con el mismo objeto del conflicto.

Con base en ese régimen, la doctrina de la Sala, relativa a la interrupción de la prescripción de las acciones individuales por el proceso de conflicto colectivo, cuando uno y otro mantengan el mismo objeto, viene entendiendo que "la tramitación de un proceso de conflicto colectivo no solo paraliza los procedimientos individuales ya iniciados sobre el mismo objeto, sino que sirve para interrumpir la prescripción de las acciones pendientes de ejercitar ( SSTS 25/03/92 -rcud 3441/89; 21/10/98 -rcud 4788/97-; ... 11/02/14 -rco 82/12-; ... y 18/12/14 -rcud 2802/13-), pudiendo afirmarse en justificación de ello que "... los efectos que, sobre el invocado instituto de la prescripción, pudiera tener el hecho de la tramitación de los referidos procesos de conflicto colectivo exige la toma en consideración de la especial naturaleza de éstos, en cuanto afectan a intereses comunes de un grupo genérico de trabajadores por versar sobre la interpretación y alcance de una norma a ellos atinente". Ello implica que, de conformidad con el art. 1971 del CC, en relación con el art. 160.5 de la LRJS, " la acción individual para reclamar, interrumpido su plazo por la presentación del conflicto colectivo, está sujeta a un renovado periodo anual (conforme al artículo 59.2 ET), que comienza a discurrir en cuanto alcanza firmeza la previa sentencia de conflicto colectivo".

También han razonado aquellas sentencias sobre la doctrina de la STS de 21 de abril de 2016, a la que acude la sentencia recurrida para fundamentar su fallo. Y al respecto se dice que "En primer término, lo allí discutido "consiste en determinar si, la equiparación existente en la correspondiente Comunidad Autónoma (en el presente caso, el Principado de Asturias) entre los profesores de religión católica y los profesores funcionarios interinos, comporta el que los primeros tengan derecho al percibo de los denominados " sexenios " en función de los años de servicio y por las actividades de formación efectuadas". Es decir, se cuestionaba el propio derecho a percibir el complemento, no su alcance temporal. En segundo lugar, la sentencia estima la petición de la trabajadora en sus propios términos. En tercer lugar, lo que resulta decisivo, allí no estamos en presencia de una reclamación subsiguiente a una sentencia firme de conflicto colectivo.

Por todo ello, la referencia a que "le sean abonadas las cantidades correspondientes desde el año anterior a la fecha de sus respectivas reclamaciones previas" surge en un contexto bien diverso al presente tanto por lo reclamado cuanto por los antecedentes procesales. Dicho abiertamente: el tema nuclear de nuestro caso no aparece abordado en la sentencia de 2016, como bien se dice en la sentencia de contraste"

3. Doctrina aplicable al caso

La anterior doctrina es aplicable al caso que ahora nos ocupa, en tanto que los tiempos en que se ha dictado la sentencia firme que interrumpe la prescripción (16 de marzo de 2017) y la fecha en que se planteó la reclamación individual (21 de abril de 2017) es evidente que no ha transcurrido el plazo de un año y, por tanto, el demandante tiene derecho al percibo de lo reclamado desde el mes de agosto de 2015, año anterior al planteamiento de la acción colectiva, que es lo que, con carácter subsidiario ha peticionado la parte actora.

Y lo anteriormente expuesto, no altera la doctrina recogida en la STS de 9 de febrero de 2016, rec. 152/2015, que se cita por la parte recurrida en su escrito de impugnación del recurso, al trascribir lo que en otras sentencias de la Sala de Burgos se ha dicho, ya que en ella no se estaba analizando lo que ahora se está examinando, relativo a cómo actúa el instituto de la prescripción en las reclamaciones individuales que presentan los trabajadores cuando existe una sentencia firme de conflicto colectivo que, en el ámbito subjetivo y territorial en el que el demandante está incluido, ha reconocido el derecho que demanda.

Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, permite concluir en el sentido de entender que el recurso debe ser estimado y, casando la sentencia recurrida, estimar el de suplicación interpuesto por la parte actora y, estimando la reclamación que ante esta Sala ha efectuado en el suplico de su escrito de interposición del recurso se ha efectuado, declarar el derecho del demandante a percibir los sexenios reclamados desde agosto de 2015 a mayo de 2016, atendiendo a que los hechos declarados probados tan solo se dice que la demandada rectificó su anterior resolución, pero sin que se deje constancia en hechos probados de que se hayan abonado las cantidades que aquí se reclaman con carácter subsidirario. Todo ello sin imposición de costas, a tenor del art. 235 de la LRJS.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

1.- Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Diego Saldaña Vega, en nombre y representación de D. Luis Carlos, contra la sentencia dictada el 20 de febrero de 2019, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el recurso de suplicación núm. 50/2019.

2.- Casar la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, estimar el recurso de tal clase interpuesto por la parte actora, con revocación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Burgos, en fecha 22 de octubre de 2018, en los autos 298/2018, debiendo condenar a la parte demandada al pago de los sexenios reclamados por el periodo del mes de agosto de 2005 a mayo de 2016, ambos incluidos.

3.- Sin imposición de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.