Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  27/10/2020 

Tribunal Supremo , 27-10-2020 , nº 940/2020, rec.1254/2018,  

Pte: Lourdes Arastey Sahún, María

ECLI: ES:TS:2020:3671

ANTECEDENTES DE HECHO 

Con fecha 30 de septiembre de 2016 el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Terrasa dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

"1º.- La parte demandante ha obtenido diversos pronunciamientos judiciales de signo favorable, dictados por este mismo Juzgado de lo Social, en sentencias de fecha 26.2.2015 -indemnizaciones por extinción art. 50 ET y salarios-, 27.4.2015 -cantidad-, 4.5.2015 -cantidad-, 2.6.2015 -indemnizaciones porextinción art. 50 ET y salarios- y 16.6.2015 -cantidad-, todas ellas firmes, condenando a Grupo MGO, S.A.; emitiendo la certificación correspondiente la AA Concursal de dicha empresa y habiendo abonado el FOGASA diversos importes a los actores, habiendo sido cursada nueva solicitud al FOGASA, el 3.6.2016, con ocasión de la corrección de errores de algunos certificados por parte de la Administración concursal (folios nº 33 a 72 y 148 a 178).

2º.- En fecha 29.7.2015, el Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid dictó Auto, en el seno del concurso ordinario nº 554-2014, por el que autoriza la trasnmisión de la unidad productiva Grupo MGO, S.A. a Klebert Properties, S.L. (tras oferta vinculante formalizada el 26.1.2015 e informe del Administrador concursal de 20.2.20, incluyendo la sucesión de empresa a efectos laborales "exclusivamente con los trabajadores subrogados" (folios nº 73 a 87 y 181 a 183). En fecha 30.9.2015, Westfield Sanidad, S.L.U., (después cambió su nombre por el de MGO BY Westfield, S.L.) adquiere, por mandato de Klebert Properties, S.L. (conforme a los términos de la oferta vinculante presentada en su día), la unidad productiva MGO prevención de riesgos Laborales de la sociedad Grupo Vigo, S.A. (folios nº 184 a 206).

3º.- De ser estimada la demanda en su pretensión principal, el débito a todos los actores asciende a 90.339,84 €, mientras que, descontando de dicho importe las cuantías que debe abonar el FOGASA a los demandantes, la pretensión subsidiaria, caso de estimación de la demanda, supone una cuantía para los actores de 21.417,07 € (folio nº 179 -desglose de las cuantías para cada actor, al que se remite por economía procesal-).

4º.- La parte demandante presentó papeleta de conciliación ante la SCI contra la empresa demandada en fecha 30.12.2015. El acto de conciliación fue celebrado el 26.1.2016 y terminó sin efecto (folio nº 88).".

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva:

"Que, con desestimación de las excepciones de inadecuación de procedimiento y de cosa juzgada, debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Dª. Constanza, Dª Clara, Dª. Casilda, Dª. Carlota, D. Augusto y D. Benedicto contra Grupo MGO, S.A., Lexaudit Concursal, SLP (Administrador concural D. Florian), Klebert Properties, S.L. (por falta de legitimación pasiva), MGO By Westfield, S.L. (por falta de legitimación pasiva) y Fondo de Garantía Salarial, absolviendo a los demandadeos de los pedimentos en su contra.".

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por D. Augusto y 5 más ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la cual dictó sentencia en fecha 28 de noviembrede 2017, en la que consta el siguiente fallo:

"Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Augusto, Dª Carlota, Dª Casilda, D. Benedicto, Dª Clara y Dª Constanza frente a la sentencia de 30 de septiembre de 2016 dictada por el Juzgado de lo Social 1 de Terrasa en los autos 101/2016 seguidos a su instancia contra las empresas MGO By Westfield S.L., Grupo MGO S.A., Klebert Properties S.L., Lexaudit Concursal S.L.P. (Administrador Concursal D. Florian) y el Fondo de Garantía Salarial; debemos confirmar y, en su integridad, confirmamos la citada resolución.".

Por la representación de los trabajadores D. Augusto y 5 más se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ante la misma Sala de suplicación.

A los efectos de sostener la concurrencia de la contradicción exigida por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), los recurrentes proponen como sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de junio de 2015, (rollo 2649/2015).

Por providencia de esta Sala de fecha 4 de octubre de 2018 se admitió a trámite el presente recurso y se dio traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

Presentado escrito de impugnación por la parte recurrida, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal quien emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente.

Instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 27 de octubre de 2020, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Las/os demandantes iniciales se alzan en casación para unificación de doctrina frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirma la dictada en instancia por el Magistrado de lo Social nº 1 de los de Terrassa, desestimatoria de la demanda.

2. Recordemos que el presente litigio se sigue por reclamación de cantidad frente a la empleadora de la parte actora, así como frente a la adjudicataria de la unidad productiva y frente a la posterior adquirente de ésta, respecto de las cuales se postulaba la responsabilidad solidaria como sucesoras de aquélla. Las sumas reclamadas obedecen a las cantidades correspondientes a indemnizaciones reconocidas por sentencia de extinción de los contratos al amparo del art. 50 del Estatuto de los trabajadores (ET) y salarios no asumidos por el Fondo de Garantía Salarial (hechos probados segundo y tercero).

Las personas trabajadoras demandantes vieron extinguidos sus respectivos contratos de trabajo, en las fechas indicadas en el relato fáctico de la instancia, con anterioridad al auto de 29 de julio de 2015 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de los de Madrid. Dicho auto del juez del concurso -en el que se hallaba incursa la empleadora- adjudicó a la codemandada KLEBERT PROPERTIES la unidad en la que habían prestado servicios aquéllas, en los términos que constan en el hecho probado segundo de la sentencia de instancia.

La sentencia recurrida rechaza la legitimación de los/as demandantes por tratarse de trabajadores/as cuyo contrato estaba extinguido con anterioridad a la adjudicación de la unidad productiva, corroborando el criterio de la sentencia de instancia. Añade a ello que la transmisión se hallaba limitada a las condiciones que establecía el Auto del juez del concurso, por lo que comportaba la transmisión de los créditos del concursado que no habían sido satisfechos.

3. El recurso contiene un único motivo, a través del cual denuncia la parte recurrente la infracción de los arts. 44 ET y 149.4 de la Ley Concursal (LC); y justifica la admisibilidad de este aportando, como sentencia contradictoria, la dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 19 de junio de 2015 (rollo 2649/2015).

En esta sentencia se trataba de un trabajador al que en 12 de abril de 2013 se había notificado la extinción de su contrato mediante despido por causas objetivas, sin que la empresa abonara ni la indemnización ni las cantidades correspondientes a la liquidación de la relación laboral. En el momento del despido la empresa ya había sido declarada en situación de concurso. En abril de 2014 el juez del concurso adjudicó la unidad productiva a otra mercantil haciendo constar expresamente que la venta no suponía sucesión de empresa en el sentido de que la adquirente no asumía las deudas anteriores a la fecha de la adjudicación. La sentencia de contraste entiende que, con independencia de la salvedad que se hubiera hecho en el auto de adjudicación en el seno del concurso, resulta aplicable el art. 44 ET y, por tanto, las deudas laborales constituyen deudas de la adquirente.

4. Concurre, sin duda, la contradicción exigida por el art. 219.1 LRJS dado que tanto las pretensiones como el debate jurídico es idéntico y, sin embargo, las sentencias comparadas alcanzan resultados opuestos.

1. La cuestión que se plantea ha sido resuelta de modo reiterado por esta Sala IV del Tribunal Supremo partiendo de una primera afirmación sobre la competencia del orden jurisdiccional social para resolver si se produce transmisión de empresa en un supuesto en el que una empresa adquiere una unidad productiva en virtud de la liquidación efectuada en el seno de un procedimiento concursal ( STS/4ª de 11 enero 2017 -rcud. 1689/2015-, 18 mayo 2017 -rcud. 1645/2015-, 5 julio 2017 -rcud. 563/2015- y 11 enero 2018 -rcud. 3290/2015-, entre otras).

Es doctrina ya reiterada de esta Sala la que sostiene que la sucesión de empresa, regulada en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET) opera ope legis sin requerir la existencia de un acuerdo expreso entre las partes, sin perjuicio de las responsabilidades que para cedente y cesionario establece el apartado 3 del indicado precepto legal. Es ésta una norma de carácter imperativo que sólo puede dejar de operar en el supuesto de que exista una disposición que establezca su exclusión.

3. En el caso de las empresas hemos sostenido que el art. 148.4 LC no señala en modo alguno que la adquisición de una unidad productiva en el seno del concurso esté fuera del concepto legal de la sucesión de empresa. Por el contrario de forma indirecta está admitiendo que en dicho supuesto se produce sucesión de empresa.

Así, venimos interpretando que "la norma trata de evitar que la totalidad de los trabajadores de la empleadora, con las condiciones de trabajo que tenían, pasen a la adjudicataria con todos sus derechos. Si la adquisición de una unidad productiva autónoma en el seno del concurso no supusiera que existe sucesión de empresa, esta previsión normativa sería superflua, ya que la adquisición de la unidad productiva autónoma no conllevaría la asunción de los trabajadores de la empleadora, por lo que el plan de liquidación habría de limitarse a contemplar las condiciones de la realización de bienes y derechos del concursado, pero sin previsión alguna respecto a la situación de los trabajadores. Si del precepto resultare que no hay sucesión de empresa sería única y exclusivamente la empleadora la responsable de adoptar las medidas legales para la modificación sustancial de condiciones de trabajo, extinciones colectivas... de sus trabajadores, pero estas medidas no tendrían que aparecer ligadas a la aprobación del plan de liquidación de los bienes de la masa activa ya que la adquirente sería por completo ajena a la suerte de los trabajadores de la empleadora" ( STS/4ª de 27 febrero 2018 -rcud. 112/2016- y 5 junio 2018 -rcud. 471/2017-, entre otras).

4. En particular nos hemos pronunciado en relación con la misma empresa ahora recurrida en múltiples ocasiones ( STS/4ª de 3 octubre 2018 - rcuds. 259, 323, 3664 y 3710/2017-; 27 febrero 2018 - rcud. 112/2016, antes citada-; 26 abril 2018 - rcud. 2004/2018-; 12 diciembre 2019 - rcud. 3895/2017-; 27 febrero 2020 - rcud. 3999/2017-; 13 mayo 2020 - rcud. 123/2018-; 22 y 30 julio 2020 - rcud. 3488/2017 y 1306/2018, respectivamente-, entre otras), para sostener que, en efecto, también la interpretación de la legislación concursal ha de respetar, en todo caso, normas imperativas como el art. 44 ET, avalado por la Directiva 2001/23, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, que, pese la exclusión de su art. 5, consagra la facultad de los Estados miembros de aplicar o adoptar disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables para los trabajadores, que es, en definitiva, lo que resulta del art. 148 bis LC.

Este último, dispone: "La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.4". Queda, pues, a salvo lo establecido en el art. 149.4 LC, a cuyo tenor: "Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado 1, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores".

Por ello, hemos concluido que "(...) -en uso de aquella facultad que concede el art. 5. 2 de la referida Directiva-, tan sólo se autoriza al juez del concurso para excluir de la responsabilidad del adquirente la parte de salarios o indemnizaciones asumidas por el FOGASA, con lo que claramente se evidencia que no cabe eximirle del cumplimiento de otras distintas obligaciones laborales que siga pendiente en la fecha de la adjudicación" ( STS/4ª de 22 julio 2020 -rcud. 3488/2017-, antes citada).

Hemos añadido el argumento de que "el art. 149.4 LC fue objeto de modificación por el RDL 11/2014, de 9 de septiembre, precisamente para incluir de forma expresa que la sucesión de empresa opera igualmente a efectos de Seguridad Social -para poner fin a la práctica habitual de muchos juzgados mercantiles de eximir de ese tipo de deudas al adjudicatario-, en lo que constituye clara manifestación de la voluntad del legislador de aplicar en todo su integridad el régimen legal de la sucesión de empresas en esta materia, con la única excepción de las deudas asumidas por el FOGASA".

5. En definitiva, la existencia de sucesión empresarial impide excluir la responsabilidad de la nueva titular de la unidad productiva en relación a las deudas laborales que mantenía la empresa originaria y que seguían insatisfechas en el momento de la transmisión -en los términos del art. 44.3 ET-, aun cuando ésta se hubiera producido tras la situación de concurso de la anterior empleadora.

1. En congruencia con todo ello, debemos acoger de modo favorable el recurso de la parte trabajadora y, por consiguiente, casamos y anulamos la sentencia recurrida. Ello nos obliga a resolver el recurso de suplicación en el sentido de estimar el mismo y revocar la sentencia del Juzgado de instancia; lo que comporta la estimación de la demanda y la condena solidaria de las codemandadas al pago de las cantidades reclamadas por cada uno de los demandantes.

2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 235.1 LRJS, no procede la imposición de costas.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

estimar el recurso de casación de doctrina interpuesto por D. Augusto y 5 más contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 28 de noviembre de 2017 (rollo 4529/2017) recaída en el recurso de suplicación formulado por dicha parte contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de los de Terrasa de fecha 30 de septiembre de 2016 en los autos núm. 101/2016-Y, seguidos a instancia de los ahora recuerrentes contra Grupo MGO SA, Lexaudit Concursal SLP, Klebert Properties SL, MGO By Westfield SL y FOGASA; y, en consecuencia, casar y anular dicha sentencia y, resolviendo el debate suscitado en suplicación, estimar el recurso de dicha clase interpuesto por los recurrentes contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de los de Terrassa, dictada el 30 de septiembre de 2016 en los autos 101/2016-Y, y, con revocación de la misma, estimar la demanda y condenar solidariamente a las demandadas GRUPO MGO, S.A, KLEBERT PROPERTIES, SL y MGO WESTFIELD, SL al pago de las cantidades siguientes: 17.843,17 € a D. Augusto; 8.140,74 € a Dª. Carlota; 15.956,11 € a Dª. Casilda; 28.926,01 € a D. Benedicto; 8.489,74 € a Dª. Clara; y 15.372,96 € a Dª Constanza; sin perjuicio de la responsabilidad del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.