Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  23/10/2020 

Tribunal Supremo , 23-10-2020 , nº 938/2020, rec.174/2019,  

Pte: García Paredes, Mª Luz

ECLI: ES:TS:2020:3682

ANTECEDENTES DE HECHO 

Por la representación del Sindicato de la Elevación, se presentó demanda sobre tutela de libertad sindical contra la empresa Ascensores Enor, S.L. y otros, de la que conoció la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y en la que tras exponer los hechos y motivos que estimaron de aplicación terminó suplicando se dictara sentencia por la que se declare que: "a) la empresa ha vulnerado el derecho a la libertad sindical del Sindicato de la Elevación, b) declare la nulidad de la conducta empresarial y condene a ASCENSORES ENOR, SL al c) cese automático de su actuación, a d) publicar la sentencia que estime la presente demanda en los tablones de anuncios de la empresa y en su página web, y e) se la condene a abonar al SINDICATO DE LA ELEVACIÓN demandante una indemnización por daños perjuicios que se cuantifica en 6251.-€".

Admitida a trámite la demanda se celebró el acto del juicio, con la intervención de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra unida a las actuaciones. Recibido el pleito a prueba se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes.

En fecha 30 de julio de 2019, se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la que consta el siguiente fallo: "Que desestimando todas las excepciones planteadas por los demandados, de Incompetencia territorial de esta Sala de Io Social, falta de legitimación activa y pasiva, y defecto en el modo de proponer la demanda, desestimamos también la demanda formulada por Don Jose Miguel, actuando en nombre y representación del SINDICATO DE LA ELEVACIÓN, contra la Empresa ASCENSORES ENOR S.L., y contra los también demandados: 1.- Heraclio. 2.- Hipolito " Canicas" 3. - Jeronimo. 4 . Juan. 5. Justino. 6.- Leon. 7.- Luciano. 8 Manuel. 9.- Mario 10.- Felisa. 11.- Mauricio, 12. Maximo, sobre TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES por vulneración DE LA LIBERTAD SINDICAL, siendo parte el MINISTERIO FISCAL, absolvemos a los demandados de las pretensiones frente. a los mismos deducidas en demanda".

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

"PRIMERO.- Don Jose Miguel, actuando en nombre y representación del SINDICATO DE LA ELEVACIÓN, que es un sindicato de ámbito estatal, con implantación en ASCENSORES ENOR S.L. , interpuso demanda de Tutela de Libertad Sindical contra la referida mercantil, que fue admitida a trámite por Decreto de la Letrado de la Administración de Justicia de fecha 26 de marzo de 2019. Dicha demanda fue ampliada por escrito de 30 de abril de 2019, contra los siguientes demandados, cuya identidad, categoría y lugar de prestación de servicios de cada uno de ellos es la siguiente: 1. Heraclio, Jefe de 1ª / Delgadó/de la Delegación de Pontevedra - 2 . Hipolito Canicas" Supervisor/ Encargado en Pontevedra Jeronimo , Supervisor/ Encargado en Lugo. 4 . Juan Supervisor/ Encargado en Ourense. 5. Justino, Supervisor/ Encargado Ferrol. 6 . Leon Supervisor/ Encargadb en A Coruña. 7.- Luciano , Supervisor/ Encargado en Santiago . 8 Manuel , Ingeniero Técnico/ responsable de Calidad y Seguridad en ENOR. 9.- Mario, Ingeniero Técnico/ Responsable de Equipos Especiales en ENOR. 10. Felisa , Oficial 10 Administrativo/ Servicio de atención al Cliente ENOR. 11. Mauricio, Director de RRHH ENOR, sede en Vigo (Pontevedra) 12. Maximo, Presidente del Consejo de Administración del GRUPO ZARDOYA OTTS, y presidente del SEMA (Sur de Europa y África del GRUPO ZARDOYA OTIS, S.A. ), con sedeen Madrid. ( Documentos obrantes a los folios 14-15, ampliación de la demanda folios 52 y ss. y corrección del Suplico, folio 57) .

SEGUNDO.- En fecha 4 de octubre de 2018, los Representantes Legales de los Trabajadores del SINDICATO DE LA ELEVACIÓN, Pedro Enrique, Miguel Ángel, Abel, Adolfo, presentaron ante la Sala de Io Social de la Audiencia Nacional, demanda de CONFLICTO COLECTIVO, en la que solicitaban la aplicación del Convenio Colectivo de la empresa OTIS a la plantilla de Ascensores ENOR, dando origen a los autos 274/2018 de dicho Órgano Judicial, en los que recayó Sentencia de fecha 3 de diciembre de 2 018 , cuya parte dispositiva es del tenor siguiente; "FALLAMOS: Desestimamos la demanda de conflicto colectivo, promovida por Don Abel, Don Pedro Enrique, Don Miguel Ángel, y Don Adolfo, en su calidad de representantes legales del personal de ASCENSORES ENOR SA, en los centros de trabajo de Santiago, A Coruña, Ferrol y Pontevedra de la empresa ASCENSORES ENOR, SL y el SINDICATO DE LA ELEVACIÓN, por lo que absolvemos a ZARDOYA OTIS, SA y a ASCENSORES ENOR, SL de los pedimentos de la demanda". (Sentencia de la Audiencia Nacional, Doc, núm. 3 del ramo de prueba documental de la demandada Ascensores ENOR S.L.)

TERCERO.- La interposición de dicha demanda de Conflicto Colectivo por los representantes legales de los trabajadores del SINDICATO LA ELEVACIÓN (en adelante SE), se efectuó sin consultar, ni informar previamente a los trabajadores de la empresa Ascensores ENOR, lo que provocó malestar y oposición por una parte de la plantilla - de trabajadores de dicha empresa (así resultó de la prueba de interrogatorio y de la testifical practicada) En el Centro de trabajo que la demandada tiene en Vigo se produjo la recogida de firmas los días 13, 14 , 15, 16 y 19 de noviembre de 2018 en señal de protesta por la demanda de conflicto colectivo presentada ante la Sala de Io Social de la Audiencia Nacional por el SE [Doc. núm. 8 de la prueba documental aportada por los demandados representados por la Sra. Letrada Doña Beatriz Lago). Incluso se produjo también la dimisión de un miembro del Comité de, Empresa del SE, Don Esteban, por disconformidad con la decisión de presentar dicha demanda de Conflicto -Colectivo [testifical del referido Sr. Esteban].

CUARTO.- Al no compartir la decisión adoptada por los Representantes Legales de los trabajadores del SE, en lo referente a la interposición de la demanda de Conflicto Colectivo, antes referida, se promovieron en los distintos centros de trabajo de la demandada Ascensores ENOR diversas reuniones informativas tanto por el SE como por el Sindicato Independiente de Trabajadores (en adelantes SIT) reuniones que se convocaron por Supervisores de Zona de la demandada, actuando a instancia de los trabajadores que se Io pidieron. Así consta Correo electrónico de fecha 8/10/2018 , del Delegado de Pontevedra Don Heraclio, convocando a toda la plantilla de la Delegación de Pontevedra, [cuyo contenido damos por reproducido, doc. núm. 5 de la prueba documental de la parte actora. núm. 1 de la demandada ENOR y doc. num. 2 de los demandados representados por la Sra. Letrada Doña Beatriz Lago Gómez). Consta igualmente convocatorias realizadas por los Supervisores de Pontevedra, Lugo, Ourense, y Santiago a través de WhatsApp para los días 8, 9 y 10 de octubre, respectivamente [hecho conforme y que resulta de los documentos núm. 6, 8 y 9 de la documental de la parte actora, que damos. por reproducidos] . Todas estas reuniones se promovieron a iniciativa de los trabajadores, sin tener participación alguna la empresa demandada.

QUINTO.- Al entender el Sindicato demandante, que estas iniciativas eran injerencias de la patronal en su actividad Sindical, y contrarias a la libertad Sindical, formularon sendas denuncias ante las Inspecciones Provinciales de Trabajo de las cuatro Provincias gallegas (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra) en fecha 1.0 de octubre de 2018, ampliada por otra de fecha 24 de octubre de 2018 [hecho conforme y que resulta de los documentos 10 y 11 de la prueba documental de la parte actora).

SEXTO.- Ante estas denuncias constan. respuestas diversas de las distintas Inspecciones de Trabajo: Por el Jefe de la Inspección de Trabajo de Lugo no se adoptó ninguna medida, simplemente recordó a la empresa las exigencias de cumplimiento de las obligaciones laborales [Doc. núm. 22 del ramo prueba documental de la parte actora]. No consta resolución alguna por parte de la Inspección de Trabajo de Ourense. Por la Inspección dé Trabajo de A Coruña se dictó resolución haciendo constar que los hechos denunciados no tenían encuadramientos entre las sanciones, previstas en la LISOS, señalando que "en todo caso se deberá acudir a los órganos de la jurisdicción social '0 penal, únicos competentes para realizar actuaciones de protección en relación a los mismos" [Doc. núm. 20 de la documental de la parte actora, tratándose de un hecho conforme]. Respecto del Informe emitido por la Inspección de Trabajo de Pontevedra [doc. núm. 21 del ramo de prueba documental de la parte actora] se afirma en uno de sus apartados que la segundo reunión, ha sido promovida, amparada y auspiciada por la propia empresa, se refiere a la reunión convocada por el Delegado de ENOR en Pontevedra Don Heraclio (a la que ya nos hemos referido en el ordinal cuarto). Documento de que hemos dado por reproducido y que sr transcribe en el informe de la. Inspección de Trabajo de Pontevedra: "Parece que el miércoles tenemos una reunión informativa sobre, las acciones que se están nevando a cabo por parte del Sindicato de Elevación y que comentamos en la úl tima reunión de seguridad en la Delegación. Antes de nada , insistir en la forma de proceder por esa gente al convocar una reunión sin el tiempo precedente necesario, sin orden del día, sin avisar a todo el persona 1-, sin pedir autorización , al responsable de la Delegación para ocupar un -loca] de la empresa, como ya se lo dije a Adolfo muy mal y en la línea de todo lo que hasta ahora han realizado en esta Delegación. Como no quiero que nadie quede sin avisar y como creo que es de suma importancia para todos saber que va a pasar con su futuro en la empresa , os mando este correo para que si es posible acudáis a la reunión y que os resuelvan todas- las dudas que podáis tener. A los que estáis fuera, en principio debería informares Adolfo, pero si no fuese así, preguntarle a alguno de vuestros compañeros, Si tenéis alguna pregunta para la reunión mandársela a alguien para que la haga en vuestro nombre. Es muy importante tener la visión de futuro y del Grupo, se están tomando decisiones sin con tar con vosotros y tener' en cuenta que es algo muy serio que sin duda afectará a algunos puestos de trabajo y a algunos servicios que hasta ahora venimos prestando. Insisto, acudir a la reunión". En dicho informe al final del punto 6 0 se refiere al WhatsApp enviado por Adolfo del SE a los trabajadores, diciendo: "Mañana a las 9 reunión en Pontevedra, puntualidad británica. Será cosa de una hora como máximo " siendo que quien envía este WhatsApp es el demandado Hipolito " Canicas", [demandado solo por enviar este WhatsApp], siendo Adolfo uno de los RLT, Delegado Sindical del SE en Pontevedra. Y por todos los datos que se hacen constar en el informe, el Inspector de Trabajo que Io suscribe, concluye que la empresa ha vulnerado el derecho fundamental en materia sindical de los representantes legales por el SE.

SÉPTIMO.- La demandada Doña Felisa, en su calidad de Presidenta y Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la empresa ENOR, presentó escrito de queja al Jefe de la Inspección Provincial de trabajo de Pontevedra, por considerar dicho informe lesivo par el referido Sindicato, por las alusiones vertidas en el informe, al calificarlo como un sindicato - afín a los planteamientos de la empresa. El escrito de queja consta como doc. núm 6 de la documental aportada por los demandados que representa el Sr. Letrado Don Lorenzo Sabell Peláez.

OCTAVO.- Por parte de tres trabajadores de la empresa ASCENSORES ENOR, S.L. D. Justino, D. Leon y D. Luciano, con las categorías de Supervisores de Zona, con destino en sus centro de trabajo sitos en Ferrol, Coruña y Santiago de Compostela, respectivamente, a petición de otros trabajadores de la empresa, presentaron en fecha 24 de octubre de 2018 comunicación a la Autoridad Laboral para la celebración en fecha 9 de noviembre de 2018 de Asamblea General de todos los trabajadores del colegio electoral Mesa Especialistas y no cualificados en los centros de trabajo de Ascensores Enor, S.L. en la provincia de A Coruña, sitos en Ferrol, Coruña y Santiago de Compostela, a fin de decidir sobre el cesé de los miembros titulares y suplentes del Comité de empresa - [doc. núm. 14 del ramo de prueba documental de la parte actora].

NOVENO.- La convocatoria a dicha Asamblea fue notificada a los miembros del Comité de Empresa a medio de escrito de fecha 6 de noviembre de 2018, participándoles igualmente que asistiría como persona no perteneciente a la empresa Doña Carolina, en calidad de asesora de los promotores . [doc. núm 15 de la documental de la parte actora].

DÉCIMO.- La referida Asamblea se celebró en los centros de trabajo de Santiago, Ferrol y Coruña, en la fecha indicada de 9 de noviembre de 2018 , participando libremente todos los trabajadores, sin intervención alguna por parte de la empresa Ascensores ENOR, desarrollándose el acto con total normalidad. Iniciado el escrutinio .se contabilizaron 63 votos emitidos : Veinticinco (25) a favor de la revocación, y treinta y ocho (38) votos en contra de la revocación. Y sin que se hubiera efectuado ninguna reclamación, la Asamblea concluyó con la desestimación de la revocación del mandato de los representantes del SE. [Las actas de las Asambleas- celebradas en los tres Centros de trabajo constan como doc. 18 del ramo de prueba de la parte actora, y como documentos 3, 4 , 5, de la documental de los demandados representado por la Sra . Letrada Doña Beatriz Lago].

DECIMOPRIMERO.- El Sindicato Independiente de Trabajadores, fue constituido en fecha de 15/02/2016 y sus Estatutos constan depositados en la autoridad laboral competente y publicada su inscripción en el BOP por resolución de 01/04/2016 de la Consellería de Emprego de la X unta de Galicia, su constitución, implantación y funcionamiento es muy anterior a las reuniones surgidas en octubre de 2018, con motivo de las desavenencias habidas en el seno de la empresa Ascensores ENOR S.L. por la presentación por el SE de la demanda de Conflicto Colectivo ante la Audiencia Nacional. [Documentos 2, 3 , 4, de la prueba aportada por los demandados representados por el Sr. Letrado Don Lorenzo Sabe 11 -Peláez].

DECIMOSEGUNDO.- La demandada Doña Felisa, es la Presidenta y Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores. En las Elecciones a Representantes de los Trabajadores de la Empresa Ascensores Enor S.L. celebradas en el año 2010, había resultado elegida representante de los trabajadores por el Sindicato G.T. (doc. núm. 9 de la documental de la demandada Enor S.L.). El referido Sindicato Independiente de Trabajadores de la empresa Ascensores ENOR S.L. celebró en fecha 09/10/2018 una reunión en el centro de trabajo de Pontevedra para informar a los trabajadores sobre demanda de conflicto colectivo que había interpuesto el Sindicato de Elevación. A dicha reunión asistió el propio Delegado de Personal en Pontevedra perteneciente al SE D. Adolfo, desarrollándose el acto con total normalidad. También celebró otras reuniones informativas en distintos centros de trabajo, como también Io hizo el SE.

DECIMOTERCERO.- Los Representantes Legales de los Trabajadores y el SE, formularon convocatoria a todos los trabajadores/ as de los Centros de Vigo a una Asamblea Informativa el día 18 de Octubre, a las 19, 30 horas en el Liceo de Bouzas. (Doc. núm. 12 de ' la prueba documental aportada por la parte actora) -

DECIMOCUARTO.- No consta que la demandada Ascensores ENOR S.L. hubiera denegado. el uso de los locales de la empresa para celebrar estas reuniones informativas. Reuniones que también se celebraron en otros Centros de Trabajo fuera de esta CC.AA. como en Valladolid (testifical de Doña Leticia), reuniones informativas tanto del SE como del SI T, celebrándose en igualdad de condiciones , sin haber tenido intervención o influencia alguna la empresa demandada, siempre con el fin de informar a los trabajadores, tras la incertidumbre creada con la presentación de la demanda de conflicto colectivo. [testifical de Doña Leticia] . En el Centro de trabajo que la demandada Ascensores ENOR, tiene en Valladolid, también se convocó a la plantilla el 16 de noviembre a las 17 : 46 horas para asistir a la reunión del SE, prevista para el día 20 de noviembre de 2018, para informar sobre situación creada con la demanda de conflicto colectivo planteada por pos representantes del SE. [doc. núm. 2 de la documental aportada por la representación letrada de ENOR).

DECIMOQUINTO . En la celebración de todas las reuniones informativas celebradas, no consta que la empresa haya tenido participación alguna, otorgando a ambos Sindicatos (al SE y al STT), el mismo trato en cuanto a la cesión de locales y horario de convocatoria, no constando \ que algunas de las reuniones informativas tuviera que celebrarse forzosamente fuera del horario laboral de la empresa demandada por .imposición de la misma. La empresa cuenta con un. servicio de atención al cliente de 24 horas, y dos turnos de trabajo de 8 horas, uno de mañana y otros de tardes de otras 8 horas, por lo que las reuniones forzosamente coinciden en horario de trabajo para una parte de la plantilla de trabajadores, dependiendo del horario de la convocatoria y de la jornada de cada trabajador.

DECIMOSEXTO - Con fecha 24 de octubre de 2018 el Comité de Empresa de ENOR S.L. envió correo al responsable de RR. HH de dicha empresa (Don Mauricio) solicitando información sobre Io que consideraba el SE actividades contrarias a la libertad sindical de la empresa . [doc. núm . 13 de la documental aportada per la pare actora] , quejándose de la actuación de determinados trabajadores sobre las visitas y llamadas telefónicas realizadas para revocar el mandato de los Representantes Legales del SE.

DECIMOSEPTIMO.- Por los Representantes Legales del SE se presentó papeleta de Conciliación ante el SMAC, contra Ascensores ENOR S.L. celebrándose acto de conciliación ante el SMAC de Vigo en fecha 27 de agosto de 2018, solicitando de dicha mercantil que se avenga a reconocer la aplicación inmediata del Convenio Colectivo de ZARDOYA OTIS, S.A. a la plantilla de trabajadores de Ascensores ENOR S . L. [Documentos 3 y 4 de la documental aportada por la pare actora]".

En fecha 7 de agosto de 2019, se dictó auto de aclaración en el que consta el siguiente fallo: "Que debemos aclarar y aclaramos la sentencia dictada por este Tribunal el de 30 julio de 2019, cuyo fallo queda redactado del siguiente tenor: "Que desestimando todas las excepciones planteadas por los demandados, de Incompetencia territorial de esta Sala de Io Social, falta de legitimación activa y pasiva, y defecto en el modo de proponer la demanda, desestimamos también la demanda formulada por Don Jose Miguel, actuando en nombre y representación del SINDICATO DE LA ELEVACIÓN, contra la Empresa ASCENSORES ENOR S.L., y contra los también demandados: 1.- Heraclio. 2.- Hipolito " Canicas" 3. - Jeronimo . 4 . Juan. 5. Justino. 6.- Leon. 7.- Luciano. 8 Manuel. 9.- Mario. 10.- Felisa. 11.- Mauricio. 12. Maximo, sobre TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES por vulneración DE LA LIBERTAD SINDICAL, siendo parte el MINISTERIO FISCAL, absolvemos a los demandados de las pretensiones frente. a los mismos deducidas en demanda""

Contra dicha resolución se interpuso recurso de casación por la representación legal del Sindicato de la Elevación, siendo admitido a trámite por esta Sala.

Impugnado el recurso, se emitió informe por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar que el recurso debía ser desestimado, e instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 22 de octubre de 2020, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado sentencia el 30 de julio de 2019, aclarada por auto de 7 de agosto de 2019, en los autos seguidos bajo el núm. 15/2019, sobre tutela del derecho de libertad sindical, en la que se reclamaba que "se declare que (a) la empresa ha vulnerado el derecho a la libertad sindical del Sindicato de la Elevación, (b) declare la nulidad radical de la conducta empresarial y condene a ASCENSORES ENOR, S.L.; (c) el cese automático de su actuación; (d) publicar la sentencia que estime la presente demanda en los tablones de anuncios de la empresa y en su página web; y (e) se la condene a abonar al SINDICATO DE LA ELEVACIÓN demandante una indemnización por daños y perjuicios que se cuantifica en 6251.-€", desestimando dichas pretensiones, previo rechazo de todas las excepciones planteadas por los demandados, sobre incompetencia territorial, falta de legitimación activa y pasiva y defecto en el modo de proponer la demanda.

Frente a dicha resolución judicial se ha presentado recurso de casación por la parte actora en el que, como primer motivo de los diez planteados, y al amparo del apartado d) del art. 207 de la LRJS, interesa la revisión del HECHO PROBADO CUARTO para que se elimine lo relativo a que la convocatoria de las Asambleas promovidas por el sindicato demandante la realizaron los Supervisores/Encargados ya que, a su juicio, esa declaración no se desprende de la documental que ha servido a la Sala para obtenerla. Además, interesa que se elimine la última frase del hecho probado, relativa a que las reuniones se promovieron a iniciativa de los trabajadores porque considera que no hay prueba que lo advere, quedando acreditado que las mismas fueron convocadas por los encargados de las distintas delegaciones.

El hecho probado en cuestión refiere que tuvieron lugar reuniones promovidas por los Sindicatos SE y SIT y convocadas por los supervisores de Zona, a instancia de los trabajadores. Así como otras convocatorias realizadas por los Supervisores de otras localidades por WhatsApp. Y que todas estas reuniones se promovieron a iniciativa de los trabajadores, sin tener participación alguna la empresa.

Por la parte recurrida ENOR, SA se ha impugnado el recurso y, con carácter preliminar, entiende que la revisión fáctica que se propone por la parte recurrente es propia de un recurso ordinario al pretender, realmente, una nueva valoración de toda la prueba practicada, como si de una apelación se tratase. No obstante, respecto de cada uno de los motivos realiza la correspondiente impugnación. Así, respecto del que ahora nos ocupa, señala que no es admisible al estar amparada en la misma prueba que sirvió de fundamento al juzgador de instancia.

Por el Sindicato SIT también se ha presentado escrito de impugnación del recurso y, respecto del que ahora nos ocupa señala que debe rechazarse porque no señala documento alguno cuando de la documental y testifical practicadas se obtuvo lo que se recoge en el ordinal fáctico impugnado y, en todo caso, no debe prevalecer la valoración subjetiva de la parte sobre el criterio valorativo de la Sala de instancia.

Las personas físicas demandadas han impugnado el recurso y, al igual que las anteriores partes recurridas, se oponen en este motivo por similares razones formales.

En igual sentido se pronuncia el informe del Ministerio Fiscal que entiende que el motivo no se ajusta a las exigencias formales al no identificar claramente los documentos de los que obtener lo que pretende.

Pues bien, el motivo debe rechazarse a la vista de la documental en la que pretende basarse para la modificación del referido hecho probado. Dicha documental es la misma que ha servido a la Sala de instancia para fijar el hecho probado y lo que pretende la parte es sustituir la valoración que de esa prueba ha alcanzado la misma, por su particular apreciación y menos sin advertir que lo que expresa el ordinal fáctico sea resultado de un claro error por parte de la Sala al respecto.

Tampoco es admisible que se pretenda suprimir determinas declaraciones fácticas porque, a juicio de la parte recurrente, no exista prueba que lo avalen. Es constante la doctrina de la Sala que, respecto de lo que podría denominarse prueba negativa, ha señalado que "no cabe la denuncia de error de hecho en casación exclusivamente amparada en la mera alegación de prueba negativa, es decir, sosteniendo que no se ha practicado en juicio prueba alguna que acredite la conclusión fáctica que recoge la sentencia y que en trámite de casación se cuestiona ( SSTS 23/11/93 -rco 1780/91 -; ... 04/10/16 -rco 232/15 -; SG 16/12/16 - rco 65/16 -; y 14/03/17 -rco 299/14 -);" [ STS de 20 de junio de 2017, rec. 170/2016, entre otras]

Con igual amparo procesal que el anterior, en el segundo motivo del recurso propone la revisión del HECHO PROBADO SEXTO para que se indique que el Informe de la Inspección de Trabajo se emitió tras visitar la empresa, entrevistarse con el director, Sr. Heraclio, y la administrativa, Sra. Esther, y mantener una conversación telefónica con el director de RRHH, Sr. Mauricio.

En este motivo la parte recurrida ENOR, SA considera que el motivo resulta irrelevante para el signo del fallo. Manifestándose en similar sentido el Sindicato SIT y los demás codemandados.

El Ministerio Fiscal entiende que está mal formulado el motivo y que, en todo caso, resulta irrelevante.

El motivo debe ser rechazado porque nada nuevo aporta al relato fáctico ya que, estando recogido en el citado hecho probado dicho documento identificado, debe entenderse incluido todo su contenido y, por tanto, las actuaciones llevadas a cabo y que en él se especifican. Al margen del valor que la parte recurrente pretenda otorgar a su contenido.

El tercer motivo, destinado igualmente a la revisión fáctica, impugna el HECHO PROBADO SEPTIMO a fin de que se incluya la fecha en que se presentó el escrito de queja al que se refiere el citado ordinal, señalando como tal la de 17 de julio de 2019.

La parte recurrida ENOR, SA, impugna el motivo por irrelevancia para alterar el fallo, al igual que se indica por el Sindicato SIT y los demás codemandados.

Por el Ministerio Fiscal se considera que el motivo no puede prosperar porque se refiere a la misma documental de la que lo ha obtenido la Sala de instancia y, como dice la propia parte recurrente, resulta irrelevante

Tampoco este motivo se presenta como necesario en tanto que habiendo obtenido el hecho probado del documento que en él se identifica, debemos entender que lo que se quiere añadir está comprendido dentro del relato fáctico, con lo cual nada nuevo estaría introduciendo la parte, al margen de la transcendencia que le pretenda dar a ese concreto dato al plantear el motivo de infracción normativa.

Siguiendo con la revisión fáctica, el cuarto motivo del recurso se destina a revisar el HECHO PROBADO OCTAVO para que se sustituya la categoría profesional que se atribuye a las personas que allí se refieren como supervisores de zona por la de encargados y que se elimine la frase "a petición de otros trabajadores de la empresa" porque del documento 14 de la prueba actora no se desprende tal afirmación.

La recurrida ENOR, SA, se opone al motivo por no desprenderse lo que pretende de documental, calificando de semántica la cuestión que suscita la recurrente y, en cuanto a la eliminación que se propugna en el motivo no es suficiente lo que alega cuando, además, no acredita lo que, según su particular criterio, alega.

También interesa la desestimación del motivo el Sindicato SIT al entender que no cubre las exigencias que requiere una revisión fáctica.

El Ministerio Fiscal entiende que lo que se pretende modificar por una parte es irrelevante para el signo del fallo y, en otra parte es resultado de conjeturas y apreciaciones de parte.

Por las personas físicas codemandadas se oponen al motivo indicando que los términos recogidos en el hecho responden a lo que la propia demanda reflejada como categoría de las personas a las que se refiere el ordinal, sin que lo que se quiere suprimir venga determinado por prueba documental cuando la testifical ha servido para configurar el hecho probado en cuestión.

El motivo tampoco puede ser admitido porque la parte pretende modificar el hecho probado con base en la misma documental de la que se ha obtenido, de forma que debemos dar similar respuesta que la recogida en el primer motivo.

Es más, la categoría profesional de quienes hayan presentado ante la Autoridad Laboral la convocatoria de la Asamblea, que por cierto no se indica en el documento en cuestión, y que en el hecho se refleja como Supervisores de Zona, debe relacionarse con el hecho probado primero que refiere la categoría profesional de las personas referenciadas en el que ahora se impugna, lo que vendría a calificar el motivo como reiterativo.

Y respecto de la frase que se pretende eliminar cabe decir que el documento en cuestión lleva incorporado una serie de firmas de otros trabajadores relativas al objeto de la convocatoria a las que la parte no se refiere para desvirtuar lo que se pretende eliminar.

Finalmente decir que todo lo que razona el motivo, sobre la influencia de los Encargados sobre sus subordinados para justificar la revisión que propone resulta contradicho con lo que expresa el hecho probado décimo que aquí no se ha impugnado, sobre la libre participación de todos los trabajadores en la Asamblea a la que alude y otras afirmaciones que se recogen en la fundamentación jurídica con valor fáctico.

El motivo quinto del recurso se dirige a modificar el HECHO PROBADO DÉCIMO PRIMERO a fin de que se indique el ámbito territorial del Sindicato IT, así como que no ostenta ningún representante legal de los trabajadores en los centros de Ascensores Enor, SL. El motivo quiere poner de manifiesto la conducta permisiva -trato de favor- que la empresa tiene sobre la actividad del Sindicato SIT.

Según la parte recurrida ENOR, SA, este motivo debe rechazarse porque la documental en que se ampara revelan lo que se refleja en el hecho probado.

El Sindicato SIT se opone al motivo por las extensas razones que expone y que, en definitiva, vienen a querer poner de manifiesto que lo que pretende la parte recurrente va contra otras pruebas practicadas cuando no una cuestión nueva que ni siquiera suscitó en la instancia.

Los codemandados recurridos también se oponen al motivo indicando la existencia de defectos formales en su planteamiento, así como que se está planteando una cuestión nueva, siendo irrelevante lo pretendido para el fallo.

El Ministerio Fiscal entiende que no puede admitirse el motivo porque la prueba que se invoca no es concluyente ni evidencia error alguno del juzgador.

Lo que se pretende modificar y a los fines que se invocan resulta irrelevante ya que esos datos nuevos que se proponen no tienen relevancia alguna sobre el fallo, al margen de las particulares valoraciones que la parte recurrente realiza para obtener una conducta empresarial que, en relación con la revisión fáctica que nos ocupa, no se reflejaría ni siquiera con lo que se quiere adicionar.

El sexto motivo del recurso pide la modificación del HECHO PROBADO DECIMO SEGUNDO para que se suprima que la Sra. Felisa fue elegida como Representante de los trabajadores por el Sindicato G.T. y se indique en su lugar que fue elegida por un grupo de trabajadores. Igualmente, pretende que se indique que la reunión de 9 de octubre de 2018 se convocó sin orden del día ni información de contenido, y que lo fue por el Supervisor " Canicas"

A juicio de la parte recurrida ENOR, SA, el motivo debe seguir igual suerte que los anteriores porque, además de reiterar lo que en el anterior motivo expuso, refiere que no tiene trascendencia para el fallo lo que se propone de contrario.

El sindicato SIT se opone al motivo al considerar que la reunión a la que se refiere el ordinal es meramente informativa y no del carácter que pretende otorgarle la parte recurrente para justificar unos defectos formales que no le eran exigibles a los convocantes.

Por los demás codemandados recurridos se expone que no hay prueba que avale lo que se pretende introducir, siendo además irrelevante para el signo del fallo.

El Ministerio Fiscal manifiesta que debe rechazarse este motivo por las mismas razones que la que expuso en el anterior.

Pues bien, respecto del Sindicato GT debemos rechazar la modificación porque la documental que ha servido a la Sala y que es la misma que ahora pretende justificar el fallo, al margen de lo que venimos diciendo al respecto, claramente revela que el referido Sindicato es por el que se presentó la Sra. Felisa.

Y en relación con la convocatoria a la reunión informativa de 9 de octubre de 2018, y los defectos formales que la parte recurrente quiere hacer valer resulta irrelevante lo que se quiere adicionar por cuanto que no consta que entonces quién ahora recurre y estuvo presente en la misma hiciera manifestación alguna sobre esos defectos o se opusiera a su celebración de forma que ahora resulta intranscendente la propuesta revisora.

Continúa el motivo séptimo con la revisión del relato fáctico para que, en este caso, se elimine el HECHO PROBADO DECIMO CUARTO porque se refiere a unas circunstancias (a criterio de esta parte no justificadas) supuestamente ocurridas fuera del ámbito territorial de la demanda y, por tanto, sin trascendencia alguna para el fallo de la sentencia.

También se opone la parte recurrida ENOR, SA al no identificar documento alguno y lo que se quiere suprimir resulta relevante para el signo del fallo, siendo en similares términos en los que se manifiesta la oposición al motivo por parte del Sindicato SIT y los demás codemandados recurridos, así como el Ministerio Fiscal.

El motivo no puede ser admitido porque no hay prueba documental que permita entender que ese hecho no se haya obtenido de la prueba practicada. Además, las razones que ofrece la parte para su supresión, ámbito territorial y falta de trascendencia, no es suficiente cuando estamos ante una demanda en la que se imputa una determina conducta antisindical a la empresa y lo que el hecho probado indica es, precisamente, una actuación empresarial que si para la recurrente es irrelevante no tendría por qué entorpecer lo que pretende en el recurso el que se mantuviera ese contenido al poder razonar en derecho sobre la falta de alcance de lo que allí se declara probado cuando, además, no se imputa error alguno a la Sala de instancia en tal declaración.

El siguiente motivo, con igual amparo procesal que los precedentes, interesa la revisión del HECHO PROBADO DECIMO QUINTO para que se elimine lo siguiente: "En la celebración de todas las reuniones informativas celebradas, no consta que la empresa haya tenido participación alguna, otorgando a ambos sindicatos (al SE y al SIT) el mismo trato en cuanto a la cesión de locales y horario de convocatoria", al considerar que lleva implícita una valoración jurídica que, además, no es cierta.

Por la empresa ENOR, SA se impugna también este motivo por similares razones que el anterior, intentando desvirtuar otras alegaciones que la parte recurrente realiza para justificar el motivo.

El Sindicato SIT se muestra disconforme con lo pretendido por la parte recurrente, sin prueba documental que justifique lo que pide.

También se oponen al motivo el resto de los codemandados recurridos, reiterando lo dicho en los precedentes motivos impugnados.

El Ministerio Fiscal se pronuncia en similar sentido que las partes recurridas al entender que el motivo no cubre las formalidades legales que son exigidas, pretendiendo suprimir el criterio del Tribunal obtenido de la valoración conjunta de la prueba.

El motivo no es admisible porque lo que se pretende suprimir, aunque son hechos negativos, no pueden calificarse como predeterminantes del fallo ni que tengan carácter jurídico ya que lo que expresa ese párrafo es una conducta empresarial cuya trascendencia jurídica, en el ámbito material del proceso especial que se ha presentado, tendrá que ser examinada en el motivo de infracción de norma. Es más, hay otros hechos probados que, desde la perspectiva que aquí pretende otorgar la parte para justificar la eliminación del texto, podrían tener ese mismo alcance y, sin embargo, no ha formulado denuncia en similar sentido. Nos referimos al hecho probado 14, por ejemplo.

En el motivo noveno, ya con amparo en el apartado e) del art. 207 de la LRJS, se denuncia como preceptos legales infringidos el art. 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y el art. 23 de la Ley 23/2015, de 2 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Según la parte recurrente, a la vista del redactado de los artículos que denuncia, existe una presunción de veracidad de los informes de la Inspección de trabajo que se extiende a los hechos reseñados en los mismos. La presunción de certeza, a su entender, no solo alcanza a los hechos directamente constatados por los inspectores sino a los constatados por testimonios o declaraciones de trabajadores o sus representantes o terceros. A partir de ahí, sigue el recurrente refiriendo el contenido de los informes emitidos por la Inspección de Trabajo de Lugo y Pontevedra y resume lo que se obtiene de los mismos diciendo que en ellos claramente se aprecia la vulneración de la libertad sindical y se insta a la empresa a cumplir con sus obligaciones.

Según la parte recurrida ENOR, de los informes de la Inspección de Trabajo no se advierte que el actuante constatara las conductas que se denuncian en la demanda, sino que son deducciones o apreciaciones que no gozan de la presunción de certeza, al no ser "hechos constatados". Concretamente, respecto del emitido en Pontevedra, que a su entender es prácticamente idéntico al de Lugo, la parte recurrida refiere que en el acto de la vista se dejó constancia de las imprecisiones e irregularidades del citado informe (refiriéndose y desarrollando las que advierte en los puntos 3º, 4º, 6, 7º). Es más, refiere que la parte recurrente no justifica por qué entiende que es de mejor criterio el de la Inspección de Trabajo sobre el alcanzado por el Tribunal de instancia

En similares términos se opone al motivo el Sindicato SIT que, además, expone que del informe no tuvo conocimiento hasta el presente proceso, por lo que presentó queja a la Inspección de Trabajo de Pontevedra.

Por las personas físicas codemandadas se manifiesto, en oposición al motivo, que no estamos ante Actas de la Inspección, sino que lo emitido son informes que no gozan de esa presunción que se pretende aplicar. En todo caso y al igual que los demás recurridos, considera que los informes contienen irregularidades y errores y, además, no expresa los hechos concretos por los que llega a la conclusión de la vulneración del derecho sindical del denunciante.

El Ministerio fiscal entiende que el motivo debe rechazarse. Considera que la parte está pretendiendo que se otorgue una presunción de veracidad a una prueba al margen de la valoración que la Sala de instancia ha obtenido del conjunto probatorio y sin exponer en que medida esa valoración incurre en las infracciones normativas que denuncia cuando el Tribunal ha expuesto de forma detallada por qué se han destruido los indicios que carecen de base suficiente para identificarlos como atentatorios de su libertad sindical.

La sentencia recurrida refiere en los hechos probados, en relación con los informes de la Inspección de Trabajo, que ante las denuncias del Sindicato demandante ante dicho órgano (hecho probado quinto), fueron diversas las respuestas dadas. Así, en el hecho probado sexto, tras descarta las presentadas en Lugo y Ourense, declara probado que la Inspección de Trabajo de A Coruña se dictó resolución diciendo que los hechos denunciados no tenían encuadramiento entre las sanciones previstas en la LISOS. Y respecto del emitida por la de Pontevedra destacada determinados extremos para rectificarlos o identificarlos y la conclusión allí alcanzada, según la cual y de todos los datos obrantes en el informe, entiende que la empresa ha vulnerado el derecho fundamental en materia sindical de los representantes legales por el SE.

La Sala de instancia, al resolver la cuestión de fondo, en el fundamento de derecho octavo, dice que las actuaciones referidas por el Sindicato demandante no lo son de forma totalmente clara y palmaria "pues de la actividad probatoria desplegada por la empresa y por los doce trabajadores demandados, la Sala considera que esos indicios aportados de vulneración de un derecho fundamental -si es que realmente se les puede calificar de indicios- han quedado neutralizados y que en realidad los hechos denunciados carecen de base suficiente para ser calificados como atentatorios al Derecho fundamental de Libertad Sindical". Seguidamente se detiene a justificar esa conclusión respecto de las diferentes conductas denunciadas.

Los preceptos legales denunciados disponen lo siguiente:

Artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, relativo al contenido de las actas y documentos iniciadores del expediente, dice: "2. Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

El artículo 23 de la Ley 23/2015, de 2 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, bajo la rúbrica de presunción de certeza de las comprobaciones inspectoras, dispone: " Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.

No se verá afectada la presunción de certeza a que se refieren los párrafos anteriores por la sustitución del funcionario o funcionarios durante el periodo de la actuación inspectora, si bien se deberá comunicar en tiempo y forma a los interesados dicha sustitución antes de la finalización de aquella, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

También creemos oportuno recoger el mandato del art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuando describe el contenido que debe tener la sentencia diciendo que "deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo"

Y el art. 151.8 de la misma Ley procesal que, aunque está referido a la impugnación de sanciones administrativas, refiere lo siguiente: "Los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendrán los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes".

Pues bien, aunque es evidente que aquí no estamos ante Actas de Infracción sino frente a Informes emitidos por las respectivas Inspecciones Provinciales de Trabajo, ello resulta irrelevante a los efectos que nos ocupan. En efecto, la presunción de certeza también es aplicable a los informes, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables, tal y como refieren los preceptos que hemos recogido anteriormente.

Por otro lado, también resulta irrelevante el ámbito de aplicación que se quiere dar a la presunción de certeza y que, según la parte recurrente no se limita solo a los hechos constatados, sino a otras circunstancias o elementos que han servido para la elaboración. Sea cual sea esa ese ámbito -no olvidemos que el art. 97 de la LRJS se refiere como tal a las afirmaciones de hechos consignados en esos documentos dotados de presunción de certeza-, lo que aquí interesa realmente es en qué medida lo que en esos informes se haya podido constatar o comprobar, al margen de las valoraciones jurídicas que de ellos se hayan alcanzado por quienes los han emitido, se ha desvirtuado por la prueba practicada en el proceso judicial. Y en ese sentido, en el caso que estamos examinando lo primero que se advierte es que el Tribunal de Instancia no ha dado valor prevalente a los citados informes respecto del resto de pruebas practicadas, incluida la testifical. Así se advierte claramente cuando a lo largo de todo lo que expone la resolución judicial recurrida no hace uso de esa presunción, que ya la parte demandante alegó en juicio, sino que, más bien al contrario, parece advertir en alguna de ellos errores o inconcreciones que, en definitiva, no han contribuido a que por el Tribunal se tomaran como documentos relevantes y preferentes respecto del resto de material probatorio.

En estas condiciones y no habiéndose alterado el relato fáctico, es evidente que no ha existido vulneración alguna de aquellos mandatos legales, sino que, por el contrario, la Sala de instancia, atendiendo a lo que indican los mismos, ha entendido que aquella presunción de certeza se ha visto desvirtuada por otras pruebas, llegando a la configuración del relato fáctico que aquí sigue inmodificado.

El último motivo del recurso, con igual amparo procesal que el anterior, invoca como preceptos legales infringidos los siguientes preceptos: art. 28.1 y 10.2 de la Constitución Española, en relación con el art. 2.2 y 13 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y art. 77 del Estatuto de los Trabajadores, así como los Convenios 98 y 135 de la Organización Internacional de Trabajo, en relación todo ello con el art. 181.2 de la LRJS.

La parte recurrente considera que se han presentado indicios suficientes, conforme a lo preceptuado por el art. 181.2 de la LRJS que ponen de manifiesto que las Delegaciones de la empresa demandada en Galicia han llevado a cabo actividades atentatorias al derecho de libertad sindical del Sindicato demandante. Así, refiere el contenido de las Actas de la Inspección, la convocatoria de reuniones, carentes de formalidades, por parte de dichos delegados, a las que acudían miembros del Sindicato SIT, cuyas asambleas son promocionadas por aquellos etc. Con ese escenario que desarrolla en tres apartados, sigue diciendo la parte recurrente, a la empresa le correspondía presentar prueba que lo desvirtuara, citando a tal efectos SSTC, entendiendo que el razonamiento del órgano judicial para entender que se ha aportado esa prueba olvida que los poderes empresariales se encuentran limitados por los derechos fundamentales de los trabajadores y sindicatos y la empresa en ese caso ha tenido un trato de favor hacia el Sindicato SIT y ha omitido el deber de vigilancia y de informaciones respecto de las reclamaciones de la parte demandante realizadas por correos electrónicos.

La parte recurrida ENOR se opone al motivo alegando la falta de fundamentación de la infracción legal que denuncia la recurrente y, además, todo lo que se expone en él es sobre la base de unas revisiones fácticas que no han podido ni debido prosperar por lo que la infracción que se denuncia se encuentra vacía de contenido. En último caso, considera que la sentencia recurrida ha entendido que lo que se ha acreditado, aunque se calificaran de indicios, han sido desvirtuados y neutralizados. Concluye negando la realidad o irrelevancia de los trece puntos que se exponen en el motivo.

El Sindicato SIT también se opone al motivo partiendo de que el que se formula está apoyado en las revisiones fácticas que ha propuesto por lo que, entendiendo que no pueden prosperar, el motivo de infracción de norma debe decaer. Al margen de entender que no cumple con las exigencias formales que impone el art. 210.2 de la LRJS. En todo caso, considera que los hechos que la parte recurrente expone en el motivo como indicios en los que apoyar la inversión de la carga de la prueba son meras apreciaciones subjetivas con hechos que no figuran en el relato fáctico, demostrando con todo lo que expone la intolerancia del sindicato demandante a que otra organización sindical desarrolle su actividad participando en reuniones informativas.

Las personas físicas codemandadas se manifiesta que el recurso no realiza una fundamentación de la infracción legal que denuncia, ni siquiera vinculada a sus alegaciones. Es más, entiende que no es posible atender el motivo porque se ampara en afirmaciones que no tienen apoyo en el relato fáctico y, en todo caso, no existen indicios de los que obtener lo que se pretende de contrario cuando, además, lo que se ha constatado es que no se ha producido ninguna vulneración del derecho de la libertad sindical del demandante. Lo que se ha constatado, sigue diciendo dicha parte recurrida, es una conducta del sindicato demandante que ha motivado el malestar de los trabajadores, quienes han convocado reuniones en diferentes lugares de forma espontánea y sin esa interferencia que se denuncia por la parte demandante.

El Ministerio Fiscal también considera que el motivo debe ser rechazado porque los trece puntos que expone en él son manifestaciones de parte sin referencia alguna a la forma y manera en que la sentencia recurrida ha vulnerado los preceptos que se citan. Según el Fiscal, los razonamientos que realiza la sentencia recurrida para desestimar la demanda y negar que se haya vulnerado el derecho de libertad sindical de la parte actora no han sido desvirtuados por la recurrente.

Como refiere la sentencia recurrida, "la demanda se fundamenta en que tanto la empresa Ascensores ENOR S.L. como las doce personas físicas demandadas han llevado a cabo actos que suponen una injerencia en la actividad sindical, vulneradora de la libertad sindical, considerando como tales: 1.- la convocatoria a través de WhatsApp para reunión informativa de los trabajadores tras la presentación de la demanda de Conflicto Colectivo por el Sindicato SE ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional . 2.-la convocatoria de asambleas revocatorias del mandato de los miembros del Comité de Empresa del SE, y 3. - fomentar la constitución de un Sindicato controlado por el empleador, en clara referencia al SIT"

La Sala de instancia, en orden a esas conductas denunciadas y atendiendo al marco procesal en el que se han planteado, considera que en el caso de calificar como indicios constatados lo que se ha declarado probado, esos han quedado neutralizados y no puede considerarse que se haya vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical de la organización demandante.

Así, respecto de las convocatorias por WhatsApp para una reunión informativa a los trabajadores tras presentar la demandada de conflicto colectivo por el Sindicato demandante ante la AN se destaca por la Sala de instancia que las mismas lo fueron por el carácter sorpresivo de la demanda -en la que se solicitaba que a la plantilla de Ascensores ENOR le fuera de aplicación el Convenio colectivo de la empresa OTIS- en tanto que lo fue sin consultar ni informar a los afectados lo que provocó su malestar y rechazo. Y ante esto, la Sala dice que no constituye vulneración del derecho de libertad sindical " por cuanto, el SE no sufrió menoscabo alguno en el ejercicio de sus derechos como tal Sindicato, nada consta acreditado que la empresa haya dificultado o torpedeado el ejercicio de su actividad sindical, no consta que haya denegado locales para reuniones, que haya impedido o dificultado a algún trabajador poder asistir a las mismas, o que haya influido en las decisiones de terceros respecto de las actividades sindicales" y ante ello considera que las convocatorias efectuadas " es totalmente lícita, que forma parte del derecho de reunión amparado por el artículo 21 de la Constitución . Estas convocatorias no se instaron o promovieron desde la dirección de la empresa, sino que surgieron de la libre voluntad de los trabajadores de convocarlas, la asistencia siempre fue pública, pacífica,. libre y voluntaria, sin existencia de ningún tipo de coacción, imposición u obligación, en todo caso se indicaba la conveniencia de asistir a todos los trabajadores que pudieran con el fin de estar informados de las actuaciones que estaba llevando a cabo el SE, y de lo que resultó acreditado en el acto del juicio, es que en todas estas reuniones cada trabajado exponía libremente su punto de vista, y que fueron reuniones totalmente pacíficas"

En relación con la convocatoria de la asamblea revocatoria del mandato de los miembros del Comité de Empresa del Sindicato demandante, la Sala de instancia consideró probado que tres trabajadores promovieron a petición de otros trabajadores dicha convocatoria, celebrándose en los centros respectivos el 9 de noviembre de 2018, con libre participación de todos los trabajadores y desarrollo de la misma con total normalidad y sin que se efectuaran reclamaciones. Al respecto, la Sala de Galicia " que se trata de una actuación lícita y que no constituye ninguna injerencia en la actividad sindical del SE, por cuanto se trató de que una parte de la plantilla de trabajadores de la empresa no estaba de acuerdo con la actuación de sus representantes, y promueve su remoción, actuación que cuenta con amparo legal en el Estatuto de los Trabajadores [....] sin que haya quedado probado ninguna proposición, insinuación o indicación por parte de su empleadora, [...] Por tanto, esta actuación no supone una injerencia en la actividad Sindical, ni entraña, en definitiva, ningún comportamiento antisindical.

Finalmente, por lo que se refiere a la conducta relativa a fomentar la constitución de un Sindicato controlado por el empleador, en referencia al Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT), la Sala de instancia refiere que ha quedado probado que se constituyó el 15 de febrero de 2016, publicada su inscripción en el BOP por resolución de 1 de abril de 2016, por lo que esa constitución en forma es muy anterior a las reuniones informativa de octubre de 2018, acaecidas tras la presentación de la demanda de conflicto colectivo sobre la que gira todo el debate. Es más, refiere que el referido Sindicato (SIT) celebró una reunión en octubre de 2018 para informar sobre aquella demanda, asistiendo a la misma el Delegado de Personal, perteneciente al sindicato demandante, celebrándose dicha reunión con total normalidad. Según la Sala de Galicia " nada se ha probado de que la empresa haya intervenido en la constitución y promoción del SIT, no constando tampoco acreditado ninguna preferencia de la empresa por una determinada línea sindical, frente a otra. El SIT, fue constituido en fecha de 15/02/2016 - por tanto mucho antes de las desavenencias surgidas con la demanda de Conflicto Colectivo a finales del año 2018-, sus Estatutos constan depositados en la autoridad laboral competente, su inscripción consta publicada en el BOP por resolución de 01/04/2016 de la Consellería de Emprego de la Xunta de Galicia, este sindicato participó en el proceso electoral, en la demanda se hace consta que obtuvo 2 RLT en Vigo, realmente en el acto del plenario nada se ha probado de que la empresa hubiera prestado ayudas a este SIT que no preste al SE, por lo tanto ninguna conducta contraria a la libertad sindical cabe imputar a la empresa, relacionada con este Sindicato".

Pues bien, el motivo debe ser desestimado porque la sentencia recurrida no ha vulnerado los preceptos constitucionales y legales que se denuncian sobre los que, por cierto, no fundamenta una específica infracción por parte de la sentencia recurrida.

En efecto y como ya advierten todas las partes recurrida, el motivo no da cumplimiento al mandato del art. 201.2 de la LRJS cuando dispone que el escrito de interposición del recurso deberá razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas. La parte recurrente describe en trece apartados lo que, a su juicio, constituye indicios para, tras ese denominado escenario, señalar que la empresa debió desvirtuarlo, con trascripción de unas sentencias del Tribunal Constitucional, concluyendo que la sentencia recurrida ignora que los poderes empresariales están limitados por los derechos constitucionales, menospreciando las circunstancias del caso que ha dejado acreditadas. Pues bien, este desarrollo del motivo, sin la más mínima referencia a las argumentaciones ofrecidas por la sentencia recurrida para entender que la conducta de la empresa no ha sido atentatoria del derecho de libertad sindical de la parte actora, es defectuoso y no podría entenderse suficiente, ni siquiera con criterios flexibles, cuando la sentencia recurrida expone de forma extensa, ordenada y razonada cómo ha alcanzado el fallo desestimatorio. En todo caso, aunque se entendiera suficiente el escrito de interposición del recurso, tampoco podría prosperar el motivo.

Con carácter general y a la vista del razonamiento jurídico que contiene la sentencia recurrida -que hemos querido expresamente recoger en este momento para dejar constancia de los extensos argumentos que ofrece-, llegamos a la conclusión de que el motivo realmente es una mera discrepancia con el fallo alcanzado en la sentencia recurrida.

Esto es, si la parte recurrente ha pretendido dejar constancia de hechos en los que apoyar la existencia de indicios mediante la revisión fáctica extensa que ha propuesto, desde luego que el motivo debería decaer, tal y como exponen las partes recurrida en tanto que está ausente de los elementos fácticos en los que se pretendía apoyar.

Por otro lado, la sentencia recurrida pone de manifiesto que no hay datos de los que obtener que la empresa haya actuado en la forma y manera que la parte actora alega, lo que impediría estimar el motivo al no haberse desvirtuado en este momento procesal lo que la Sala de instancia valoró.

Más concretamente y respecto de las reuniones convocadas por los trabajadores, supervisores/encargados de las Delegaciones, como bien refiere la sentencia de instancia, no es una conducta que pueda servir de indicio para apreciar una vulneración del derecho de libertad sindical del demandante por cuanto que en ello no ha intervenido la empresa, como refiere la sentencia recurrida al decir que dichas reuniones se convocaron a raíz del clima laboral que desató la sorpresiva demanda de conflicto colectivo que, sin consultar con los trabajadores, presentó el Sindicato demandante -no olvidando que en ella se pedía que el convenio colectivo que debiera regir la relación laboral de los trabajadores fuera otro distinto al que venía siendo aplicado-. Tampoco es indicio alguno el que no se haya constatado que las Asambleas que pudiera promover el Sindicato demandante no fueran convocadas por dichos Supervisores porque ello no guarda relación alguna con la específica situación en la que se enmarcaron aquellas otras reuniones informativas. Y lo mismo podemos señalar respecto del resto de comunicaciones que refiere el motivo instando a los trabajadores a acudir a las reuniones cuando, en ese ambiente laboral que provocó la demanda de conflicto colectivo que la demandante presentó, se estaba intentado reunir a los afectados para ser informados al efecto. El que otra organización sindical acuda a esas reuniones, a las que por cierto también fueron miembros del Sindicato demandante, no obstruye el ejercicio de la libertad sindical de este, sino que, al contrario, le hace participe de las mismas.

Tampoco puede decirse que se infringido normas en relación con el derecho de reunión por el simple hecho de que se hayan convocado reuniones meramente informativas ante la situación que el propio sindicato actor provocó, cuando, además, las mismas se desarrollaron con la libre participación de sus asistentes sin que esa forma de convocatoria estuviera legalmente prohibida, y cuando, así se dice en el relato fáctico, la empresa no tuvo intervención alguna ni interfirió en ellas ni se declara probado que existiera algún tratamiento más favorable hacia el Sindicato SIT en detrimento del Sindicato SE (h.p.15).

En definitiva, no se ha puesto de manifiesto que el derecho del sindicato demandante, a ejercer su actividad sindical, en defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas, haya sido obstaculizado o impedido por la empresa demanda.

Por tanto, de conformidad con lo informado por el Ministerio fiscal, el recurso debe ser desestimado. Todo ello sin imposición de costas, a tenor del art. 235.1 LRJS.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

:

1.- Desestimar el recurso de casación interpuesto por Don Jose Miguel representante del Sindicato de la Elevación.

2.- Confirmar la sentencia recurrida de fecha 30 de julio de 2019, aclarada por auto de 7 de agosto de 2019, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso de suplicación núm. 15/2019, seguido a instancia de Don Jose Miguel, en nombre y representación del Sindicato de la Elevación, contra la Empresa Ascensores Enor S.L., y contra los también demandados: D. Heraclio, D. Hipolito " Canicas", D. Jeronimo, D. Juan, D. Justino, D. Leon, D. Luciano, D. Manuel, D. Mario, Dª Felisa, D. Mauricio y D. Maximo, sobre tutela de libertad sindical.

3.- Sin imposición de costas

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.