Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  28/10/2020 

Tribunal Supremo , 28-10-2020 , nº 950/2020, rec.3483/2018,  

Pte: Molins García-Atance, Juan

ECLI: ES:TS:2020:3608

ANTECEDENTES DE HECHO 

En fecha 9 de octubre de 2017, el Juzgado de lo Social número Dos de Santiago de Compostela, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Luis Enrique, representado y asistido por el Graduado Social Sr. Carballo Jardón; contra CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE LA XUNTA DE GALICIA, representada y asistida por la Letrada Sra. Vega Lorenzo y contra COLEGIO LA SALLE (CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS), representado y asistido por el Letrado Sr. Llorente Valduvieco, debo absolver y absuelvo a las demandadas de las peticiones deducidas en su contra."

Que en la citada sentencia y como hechos probados se declaran los siguientes:

"PRIMERO - D Luis Enrique ha venido prestando servicios para el COLEGIO LA SALLE con la categoría profesional de profesor, con una antigüedad de 23/9/1985, y percibiendo en 2010 un salario mensual de 2.678,20 euros brutos incluida la prorrata de extras (1.565,39 € salario base, 374,50 € antigüedad, 349,89 € Compt.R.CO, 5,82 € a Cta. Conv, y 382, 60 € de prorrata de extras). (Hecho no controvertido, y vid docs. 1 Y 2 del actor).

SEGUNDO.- El COLEGIO LA SALLE se dedica a la actividad de enseñanza, siendo Un centro privado concertado, sometido al sistema de concierto educativo.

La relación laboral del actor con el COLEGIO LA SALLE se rige por el Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. El V Convenio en su artículo 61 (actual artículo 62 del VI Convenio) establece:

"Los trabajadores que cumplan 25 años de antigüedad en la empresa, tendrán derecho a una única paga cuyo importe será equivalente al de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido".

"Sin perjuicio del derecho establecido en el párrafo anterior, el procedimiento y calendario de abono de esta paga respecto al personal en régimen de pago delegado en los niveles concertados, será conforme a los Acuerdos autonómicos que se suscriban conforme a lo establecido en la Disposición Adicional octava del presente convenio o en las Instrucciones o resoluciones que dicte la Administración educativa competente sobre dicho régimen".

El 17/08/2013 se publicó en el BOE el VI convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. El artículo 62, 62 bis, la disposición adicional octava y transitoria octava regulan la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa y se dan por reproducidos.

Hecho no controvertido).

TERCERO.- En fecha 24/11/2010 la Consellería demandada dictó resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo firmado entre la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria y las organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza privada concertada de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa (DOG 25- 11-2010), la cual se tiene por íntegramente reproducida, estableciendo en su apartado Quinto números 1 y 2:

1. A paga extraordinaria por antigüidade aboarase ata o límite do crédito existente na seguinte partida orzamentaria:

Concepto concertos educativos; aplicación 09.05.422ª.482, importe 1.000.000,00.

2.- As solicitudes tramitaranse sempre segundo a orde da súa entrada na Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Conselleriade Educación e Ordenación Universitaria, ata ao límite do importe sinalado no parágrafo anterior.

Respectado a regra anterior, canto as instancias se reciban de forma conxunta tramitaranse atendendo, por esta orde, á data de rexistro e á do devengo".

(Doc. 5 del actor,, en su relación figura como el 4 y doc 1 del Colegio La Salle).

CUARTO.- El demandante presentó el 26/11/2010 ante la Consellería demandada solicitud de abono de la paga extraordinaria por antigüedad. (Doc. 1 del ramo de prueba de La Consellería).

QUINTO.- En fecha 19/12/2011 se dictó la resolución de modificación de la Resolución definitiva del acuerdo sobre la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, conteniendo el listado priorizado de solicitudes. En dicha resolución el demandante consta incluido con número de orden NUM000, entrada en la Dirección Xeral es 29/11/2010, entrada Rexistro es 26/11/2010, Devengo 1/10/2010.

(Doc.5 del actor, aun cuando figura en la relación como el 4 y doc. 2 de Colegio La Salle).

SEXTO.- El demandante presento el 29/03/2011 y el 24/11/2011 reclamación previa ante la Consellerla demandada instando el abono de la paga extraordinaria de antigüedad.

El 23/11/2012 presento de nuevo reclamación previa ante la Consellería demandada instando el abono de la paga extraordinaria de antigüedad.

El 19/11/2014 presento nueva reclamación previa ante la Consellería demandada instando el abono de la paga extraordinaria de antigüedad, la cual fue desestimada por resolución de la Consellería de 23/02/2015.

Y Consta que asimismo presentó el 19/11/2014 papeleta de conciliación frente a COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, celebrándose el acto de conciliación el 2/12/2014, el cual finalizó con el resultado de sin avenencia.

(Doc. 4 del ramo de prueba del actor, documental adjunta a la demanda y expediente administrativo).

SÉPTIMO.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó el 5-06-2012 sentencia de Conflicto Colectivo en la que se declaraba en su fallo el derecho de los trabajadores de los centros concertados a percibir de la Administración autonómica la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, previa habilitación de la oportuna partida presupuestaria. El 11-06-2013 se dictó Sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo por la que se estima el recurso de Casación 001/0000065/2012 interpuesto por la CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA de la XUNTA DE GALICIA contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 5 de junio de 2012 (Conflicto colectivo 09/2012), que se casa y anula, y ello en base al articulo 55.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2012 que contiene una expresa e inequívoca prohibición de acuerdo autonómico en los siguientes términos: "(...) En el año 2012 la Administración autonómica tampoco suscribirá acuerdos ni dictará instrucciones o resoluciones para el abono de la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa prevista en el V convenio colectivo de empresas de enseñanza sostenidas total o parcialmente con fondos públicos."

(Hecho no controvertido).

OCTAVO.- Conforme certificación del Director General de Centros y Recursos Humanos de la Consellería demandada de fecha 23/05/2017 la dotación presupuestaria del apartado 5 de la resolución de 24/11/2010, se agotó en el orden de prioridad nº 90-, en los términos que constan en el documento 4 de Consellería demandada, que se tiene por reproducido.

NOVENO.- Desde el año 2012 hasta la actualidad no ha existido acuerdo para el abono de la paga extraordinaria entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y las organizaciones patronales y sindicales de enseñanza privada concertada. (Hecho no controvertido).

DÉCIMO.- Las leyes de presupuestos autonómicos de los años 2012 a 2015 han establecido una prohibición a la administración para cada ejercicio para la celebración de acuerdos o para dictar instrucciones o resoluciones para el abono de la paga extraordinaria por antigüedad prevista en el convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas con fondos públicos. El precepto correspondiente de la ley de los años 2012 y 2013 hace alusión al V convenio colectivo y el de la ley de los años 2014 y 2015 al VI convenio colectivo."

Contra la anterior sentencia, por el graduado social don Alfonso Carballo Jardón, en nombre y representación de don Luis Enrique se formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictó sentencia en fecha 19 de junio de 2018, en la que consta el siguiente fallo: "Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por la representación procesal del demandante, contra la sentencia de fecha 09/10/17 dictada por el Juzgado de lo Social núm.2 de Santiago de Compostela, en autos 186/15, confirmamos la sentencia recurrida."

Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por la representación letrada de don Luis Enrique, se interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 3 de noviembre de 2017 (recurso 2389/2017).

Se admitió a trámite el recurso y tras ser impugnado por la parte recurrida, Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de considerar que el recurso debe ser declarado improcedente. Por providencia de fecha 27 de julio de 2020, y por necesidades de servicio, se designó como nuevo Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. Juan Molins García- Atance, señalándose para votación y fallo del presente recurso el día 27 de octubre de 2020, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La controversia litigiosa radica en dilucidar si el actor tiene derecho a percibir la paga extraordinaria por antigüedad prevista en el art. 61 del V Convenio Colectivo de ámbito estatal para empresas de enseñanza privada concertada.

El demandante es profesor de un colegio privado concertado. Solicitó el pago de la paga extraordinaria de antigüedad al colegio demandado el 26 de noviembre de 2010, al haber cumplido 25 años de antigüedad en la empresa, siendo incluido en el listado de solicitudes de esa anualidad en el puesto nº NUM000. En el periodo 2011 a 2014 este profesor presentó varias reclamaciones reiterando la petición de abono de la citada paga. Las leyes autonómicas de presupuestos prohíben a la Administración autonómica celebrar acuerdos para el abono de la citada paga extraordinaria, y desde el año 2012 no ha habido pacto alguno para su pago entre la Consejería de la Junta y las organizaciones patronales y sindicales de enseñanza privada concertada.

Recursos idénticos se han resuelto por las sentencias de esta Sala fechadas el 10 de marzo de 2020 (tres), recursos 667/2018, 2508/2018 y 2928/2018; y 17 de marzo de 2020, recurso 675/2018, con invocación de la misma sentencia de contraste, cuyos argumentos reiteramos por un elemental principio de seguridad jurídica.

2. La sentencia de instancia desestimó la reclamación de esta trabajadora, quien interpuso recurso de suplicación, que fue desestimado por la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 19 de junio de 2018, recurso 291/2018. Esta sentencia argumenta que el abono de esta paga está supeditada a los acuerdos con la administración autonómica. Y según estos últimos, se contempla la consignación de partida presupuestaria para el abono de dicha paga solo hasta el límite del crédito existente en el ejercicio 2011.

3. - La actora interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina insistiendo en su pretensión y pidiendo la condena de la Consejería demandada, con cita de contraste de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 3 de noviembre de 2017, recurso 2389/2017, la cual desestimó el recurso de dicha Administración, manteniendo la condena de instancia al pago de la cantidad reclamada por la actora por el concepto de la misma paga.

4. - El Ministerio Fiscal interesa la desestimación del recurso por inexistencia de contradicción, y en el mismo sentido se pronuncia la Xunta de Galicia en su escrito de impugnación del recurso, la cual añade que la doctrina correcta es la contenida en la sentencia recurrida.

1.- En primer lugar debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS), que no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2019, recurso 2491/2018; 6 de noviembre de 2019, recurso 1221/2017 y 12 de noviembre de 2019, recurso 529/2017).

2 .- Las citadas sentencias de esta Sala fechadas el 10 de marzo de 2020 (tres), recursos 667/2018, 2508/2018 y 2928/2018; y 17 de marzo de 2020, recurso 675/2018, con invocación de la misma sentencia de contraste, rechazan la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial, argumentando que la sentencia de contraste diferencia entre las peticiones realizadas antes de que se incluyera en las leyes presupuestarias gallegas la prohibición de acuerdo para el abono de la repetida paga -recogida por vez primera en la ley 11/2011, de 26 de diciembre y reiterada en las leyes presupuestarias posteriores- y las peticiones efectuadas con posterioridad, indicando que sólo en el caso de las primeras cabe atender la petición, siendo la única razón oponible a la misma la superación del límite presupuestario establecido para el ejercicio correspondiente. En el caso enjuiciado por dicha resolución la actora solicitó el abono de la paga de antigüedad en el año 2010, es decir, cuando existían todavía acuerdos autonómicos de los previstos en el art. 61 del convenio colectivo que dieron lugar a la consiguiente partida presupuestaria, por lo que no habiendo la Administración demandada demostrado que dicha partida se agotara con anterioridad al orden de prelación de la actora, considera que debe responder de la cantidad reclamada.

La sentencia referencial valora que la certificación expedida por el director general de centros y recursos humanos de la Consejería demandada se refiere a otra trabajadora que ocupaba el puesto NUM001 en el listado de solicitudes admitidas. Por tanto, el hecho de que la dotación presupuestaria se hubiera agotado antes de llegar al orden de prelación número NUM001 no acredita que se hubiera agotado al alcanzar el número de prelación de la actora: el NUM002. Razona la sala que el mencionado certificado no acredita el agotamiento de la partida presupuestaria antes de llegar al orden de prelación de la demandante y por este motivo le reconoce el derecho.

3.- No cabe apreciar la contradicción, porque los supuestos de las sentencias en comparación son distintos. Es cierto que en ambos casos la petición de la paga se realiza en el año 2010, y por tanto, antes de que la referida prohibición de las leyes presupuestarias gallegas fuera efectiva. Pero en la sentencia de contraste la Administración no demostró que la partida presupuestaria de ese año se hubiera agotado antes de llegar a la actora. Por el contrario, en la sentencia recurrida consta probado que la Consejería había certificado el agotamiento de la dotación presupuestaria en el concreto número de orden 90 y la demandante ocupaba el puesto NUM000 en el listado de solicitudes, siendo este el motivo por el que se deniega el derecho reclamado.

Esa diferencia sustancial entre uno y otro asunto impide la concurrencia del requisito de contradicción y justifica que las sentencias en comparación hubieren alcanzado un distinto resultado, ya que en el caso de contraste no se había agotado la partida presupuestaria para hacer frente a la petición de la trabajadora, mientras que en el supuesto de la recurrida se había consumido en su totalidad la dotación económica prevista a tal efecto con anterioridad al número de orden asignado a la demandante.

4.- Además concurre como causa de inadmisión del recurso su falta de contenido casacional, en tanto que la sentencia recurrida resuelve con arreglo a la doctrina de esta Sala recogida en sus sentencias antes citadas de 10 de marzo de 2020 (tres), recursos 667/2018, 2508/2018 y 2928/2018; y 17 de marzo de 2020, recurso 675/2018, además de las de 28 de junio de 2018, recurso 3865/2016; y 14 de diciembre de 2018, recurso 988/2017, conforme a las cuales no procede el abono de tales pagas extraordinarias de antigüedad más allá de lo presupuestado y una vez agotada la partida prevista con esa finalidad.

La función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social. De ahí que, conforme a lo recogido en el art. 225.4 de la LRJS, deban ser inadmitidos los recursos de casación para unificación de doctrina que carezcan de contenido casacional, esto es, los que se interpusieran contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo ( sentencias del TS de 29 de abril de 2013, recurso 2492/2012; 17 de septiembre de 2013, recurso 2212/2012; y 15 de enero de 2014, recurso 909/2013, entre otras muchas).

Esta causa de inadmisión, atendida la fase en la que nos encontramos, se transforma en causa de desestimación ( sentencias del TS de 5 de abril de 2017, recurso 1932/2016; 25 de abril de 2017, recurso 3190/2015; 26 de abril de 2017, recurso 1995/2015 y 2 de julio de 2018, recurso 2250/2016, entre otras).

De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede desestimar el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

:

Desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Luis Enrique contra la sentencia dictada el 19 de junio de 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recurso 291/2018, que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social número Dos de Santiago de Compostela, de fecha 9 de octubre de 2017, recaída en autos núm. 186/2015, seguidos a su instancia contra la Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia y el Colegio La Salle, y confirmar la sentencia recurrida. Sin pronunciamiento sobre costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.