Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo 4 29/10/2019 

Tribunal Supremo 4, 29-10-2019 , nº 424/2017, rec.742/2019,  

Pte: López García de la Serrana, José Manuel

ECLI: ES:TS:2019:3510

ANTECEDENTES DE HECHO 

Con fecha 30 de junio de 2016 el Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

"PRIMERO.- La actora solicitó renta activa de inserción ante el Servicio Público de Empleo Estatal con fecha 3-VIII-15, sin que le fuera reconocido el derecho a percibir la prestación por haber excedido el límite de ingresos, fijado legalmente en la cantidad de 486,45 € es decir, el 75 % del SMI. La demandada desestimó la pretensión del actor por resolución de fecha 5-VIII-15.

SEGUNDO.- El total de los ingresos de la actora que se han tenido en cuenta por la Entidad demandada para la denegación de la prestación alcanza la cantidad de 522,83 € mensuales. Estas rentas proceden de una pensión de invalidez, cuyo importe es de 460,37 € mensuales, y de aplicar el interés legal del dinero, del 3,5 %, al valor catastral de la vivienda no habitual de la actora. Dicho valor catastral es de 21413,64 €. En los ingresos por rentas derivadas del capital inmobiliaria por inmueble distinto de la vivienda habitual de la actora, la cuantía de dichos ingresos que figura en la declaración del IRPF es de 235,55 €.

TERCERO.- Formulada reclamación administrativa previa, la misma fue desestimada por resolución de fecha 1-IV-16.".

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Que, estimando la demanda interpuesta, debo revocar y revoco la resolución impugnada, y asimismo acuerdo reconocer a la actora el derecho a que se proceda a su alta en el Programa de Renta Activa de Inserción, con efectos del día 3-VIII-15, con los efectos económicos correspondiente.".

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual dictó sentencia en fecha 16 de diciembre de 2016, en la que consta el siguiente fallo: "Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE), contra la sentencia dictada en 30 de junio de 2.016 por el Juzgado de lo Social núm. 12 de los de MADRID , en los autos núm. 1.104/15, seguidos a instancia de DOÑA Rocío, contra la Entidad Gestora recurrente, sobre prestaciones por desempleo -renta activa de inserción- y, en su consecuencia, debemos confirmar, como confirmamos, la resolución judicial recurrida. Sin costas.".

Por la representación de SPEE se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ante la misma Sala de suplicación. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, en fecha 27 de mayo de 2016 (RS 153/2016).

Con fecha 21 de febrero de 2018 se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalice su impugnación en el plazo de quince días.

Por la recurrida Dª. Rocío se presentó escrito de impugnación, y por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente. Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 29 de octubre de 2019, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La cuestión planteada en el presente recurso de casación unificadora, donde se cuestiona el derecho de la actora al cobro de la renta activa de inserción, se reduce a determinar como deben computarse los ingresos de la beneficiaria, a efectos de determinar si se encuentra en el estado de necesidad que condiciona la obtención de esta modalidad de prestación asistencial por desempleo, más concretamente, como se calculan los ingresos derivados de la tenencia de bienes inmuebles urbanos que no constituyen la vivienda habitual de la beneficiaria y no se encuentran arrendados, controvirtiéndose si ello debe hacerse aplicando al valor catastral un porcentaje equivalente al 100 por 100 del interés legal del dinero (3'5% en el caso que nos ocupa) o atendiendo a la renta imputable fiscalmente a ese inmueble a efectos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), conforme al art. 85 de la Ley 35/2006, esto es el 1'1% del valor catastral que en el presente caso es de 21.413'64 euros.

2. Tal cuestión ha sido resuelta de forma distinta por la sentencia impugnada y por la invocada como contradictoria de la propia Sala de lo Social del TSJ de Madrid, la de 27 de mayo de 2016 (RS 153/2016). Concurre, pues, el requisito de contradicción que requiere el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS) para la viabilidad de este recurso extraordinario, por cuanto en supuestos de hecho y de derecho semejantes, en los dos casos se controvertía la fórmula de cálculo de los rendimientos de un inmueble urbano no ocupado por su titular, a efectos de determinar la carencia de rentas del mismo que se requiere para obtener la llamada renta activa de inserción, y el método seguido por las sentencias comparadas ha sido diferente, lo que comporta la existencia de una contradicción doctrinal que debe ser unificada.

La cuestión planteada ya fue resuelta por nuestra sentencia de 16 de enero de 2018 (R. 882/2017) dictada en un supuesto como el que nos ocupa y a su doctrina debemos estar al no ofrecerse argumentos que funden un cambio de criterio. La solución que dimos se ajusta a la doctrina contenida en la sentencia de contraste que consideramos más correcta. A su fundamentación nos remitimos destacando que en ella dijimos: "El núcleo de la controversia gira en torno a la interpretación del pasaje del párrafo primero del art. 215.3.2 LGSS, según el cual:"También se considerarán rentas (...) los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por 100 del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezca reglamentariamente".Esta redacción es, básicamente, la introducida por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, con la modificación que en cuanto al porcentaje aplicable realizó el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El anunciado desarrollo reglamentario se llevó a cabo por el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, que en su art. 7.1 c), cuya infracción al igual que la del precepto legal anteriormente transcrito se denuncia en el recurso, dispuso que"Para determinar el requisito de carencia de rentas (...) a que se refiere elartículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social(...), se aplicarán las reglas siguientes: c) 3º "Si se dispone de bienes de patrimonio, fondos de inversión mobiliaria o inmobiliaria, fondos o planes de jubilación, o cualquier otra modalidad de inversión de capital, excepto la vivienda habitual y los planes de pensiones, que tenga diferida su sujeción al impuesto de la renta de las personas físicas, siempre que no se haya computado su rendimiento mensual efectivo se computará el rendimiento mensual presunto que resulte de aplicar el 50 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente sobre el valor del bien, fondo o plan, prorrateado entre 12 meses".Esta es la versión actualmente vigente, dada por el Real Decreto 200/2006, de 17 de febrero que, en lo que respecta al porcentaje aplicable, debe considerarse corregida por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que lo elevó al 100 por 100."...

... "frente a lo que se alega en el recurso, el término "patrimonio" empleado en la norma legal, y la expresión "bienes del patrimonio" utilizada en la disposición reglamentaria, equivalen al conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular una persona, entre los que se incluyen los bienes inmobiliarios, como lo confirma que se exceptúe de manera expresa la vivienda habitual, que es un activo que participa de esa naturaleza.

La última puntualización radica en que cuando los preceptos que hemos reproducido excluyen la toma en consideración de los rendimientos "de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas" se refieren a las que ya han sido contabilizadas por su valor real y efectivo, como sucede con las generadas por el alquiler de bienes inmuebles distintos de la vivienda habitual.

3. Una vez hechas estas precisiones preliminares y adoptando como ineludible punto de partida de la labor hermenéutica la literalidad de las normas objeto de exégesis, observamos que el legislador incorporó un criterio propio en orden al cálculo de los rendimientos ficticios de los bienes integrantes del patrimonio del solicitante, consistente en aplicar, a la cuantía de su valor, el 50 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, en detrimento, de la solución plasmada en la normativa rectora del IRPF que en la fecha en que se llevó a cabo la reforma de 2002 era la Ley 40/1998, de 9 de diciembre. En lo que al patrimonio inmobiliario se refiere esta Ley, en su art. 72.1, establecía que en el supuesto de los bienes inmuebles urbanos no afectos a actividades económicas, ni generadores de rendimientos del capital inmobiliario, excluida la vivienda habitual y el suelo no edificado, tendrá la consideración de renta imputada la cantidad que resulte de aplicar el 2 por 100 al valor catastral, porcentaje que se reducirá al 1,1 % en el caso de inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados o modificados de conformidad con los procedimientos regulados en los artículos 70 y 71 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y hayan entrado en vigor a partir de 1 de enero de 1994.

Lo anterior evidencia que si bien el legislador se inspiró en el sistema de cálculo de las rentas presuntas establecida a efectos del IRPF, se apartó de ella en lo que respecta al porcentaje aplicable. Así, en lugar de establecer un porcentaje fijo sobre el valor del bien, lo vinculó a un concepto variable - el tipo de interés legal del dinero -, lo que en aquél momento se tradujo en la aplicación de un porcentaje ligeramente superior, pues en el año 2002 el interés del dinero fue del 4,25 % (Ley 23/2001, de 27 de diciembre), que a los fines del cálculo de las rentas se dividía por dos; diferencia que aumentó tras la reforma efectuada por el Real Decreto 20/2012, que elevó el porcentaje al 100 por 100. En definitiva el legislador se decantó por establecer una regla propia de imputación de rendimientos presuntos, distinta de la vigente en el ámbito tributario, decisión que resulta plenamente legitima y encuentra su justificación en que la elegida se aplica para verificar la situación de insuficiencia económica que da derecho a percibir una prestación de carácter asistencial.

Los preceptos cuya vulneración se acusa en el recurso regulan expresamente la forma de cálculo de los rendimientos presuntos en términos que no dejan margen a la duda, conforme a los cuales los correspondientes a los bienes inmuebles distintos de la vivienda habitual que no se encuentran arrendados se computan aplicando a su valor catastral el 100 por 100 del tipo de interés legal del dinero vigente. No existe por tanto ninguna laguna que permita a acudir a las normas tributarias a efectos de determinar los rendimientos ficticios.".

Las consideraciones anteriores conducen, de acuerdo a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, a estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, por ser más correcta la doctrina contenida en la sentencia de contraste. Sin costas.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

:

1. Estimar el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la representación legal del Servicio Público de Empleo Estatal contra la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2016 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en recurso de suplicación nº 875/2016, formulado contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2016, dictada por el Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid, en autos nº 1104/2015.

2. Casar y anular la sentencia recurrida.

3. Resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de estimar el recurso de esa clase que interpuso el SPEE contra la sentencia de instancia que revocamos con expresa desestimación de la demanda origen de estas actuaciones.

4. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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