Las habilidades digitales irrumpen en las facultades de derecho

13/03/2019

Carlos Pérez del Valle, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.

Aunque los juristas no siempre somos conscientes de ello, la cimentación sobre la que se apoyan los estudios de Derecho es particularmente estable. Una Facultad de Derecho cultiva su tradición porque el mismo mundo de los juristas comprende que sus tradiciones son, con frecuencia, protección frente a lo indeseado, y lo indeseado es la injusticia. Cuando quienes nos dedicamos a la enseñanza del Derecho nos proponemos mejorar un Plan de estudios o revisar los métodos en la docencia, nos sentimos vinculados a estas tradiciones, en la medida que éstas se ordenan a un objetivo: formar juristas que no se limitan a pensar y argumentar convincentemente, sino que pretenden llegar a soluciones justas.

Esta perspectiva debería ser, a mi juicio, recuperada en relación con las nuevas tecnologías y el mundo digital, cuando se contempla que algo debe cambiar en la enseñanza del derecho: los juristas hablan usualmente de blockchain, de smart contracts o de inteligencia artificial cuando se intentan representar los cambios que afronta su profesión. Sólo siendo indiferente ante el entorno, puede hoy un profesional del Derecho ignorar que la tecnología tiene la capacidad de transformar la práctica del Derecho, y que ya hoy la está transformando de un modo radical.

El fenómeno se contempla, al menos, en tres perspectivas diferentes: por un lado, la tecnología como objeto de la regulación del Derecho; por otro lado, la tecnología como instrumento en la práctica del Derecho; y, finalmente, la tecnología como centro del debate de los principios del Derecho. Un ejemplo claro, y tal vez el más avanzado, se muestra en la tecnología derivada de la inteligencia artificial en su relación con el Derecho, que puede ser considerada con estos mismos enfoques. Entre los juristas, se ha abierto el debate sobre las necesidades de regulación sobre el mismo desarrollo de la inteligencia artificial y en sus límites; se formulan hipótesis creíbles -en ocasiones ya confirmadas- de avance de la inteligencia artificial en las tareas de aplicación del Derecho; y se discute sobre los principios éticos y jurídicos que han de constituir el marco jurídico o que afectan a la inteligencia artificial y generan responsabilidad en actividades desarrolladas en el marco de la inteligencia artificial.

La cuestión es, en el caso de la inteligencia artificial, de particular interés: es cierto que el Derecho siempre ha debido adaptarse a los cambios tecnológicos, y que los cambios tecnológicos no han sido ni infrecuentes ni irrelevantes en los últimos 150 años; pero no puede negarse, como subraya John Tasioulas, que la inteligencia artificial tiene una implicación a gran escala –más allá que otros saltos tecnológicos que hemos conocido- sobre cómo vivimos y sobre cómo entendemos lo que es ser un ser humano. Es obvio que la Universidad no puede ser ajena a estos acontecimientos: del mismo modo que no se entendería una Escuela Politécnica que ignorase las tecnologías derivadas de la inteligencia artificial, o una Facultad de Filosofía en la que no se plantease el alcance ético del transhumanismo, no es posible concebir hoy una Facultad de Derecho que ignore los retos que para un jurista supone la inteligencia artificial.

La cuestión es cómo una Facultad de Derecho ha de abordar este desafío que representan las nuevas tecnologías, y cuáles son los planos en los que es necesario actuar. En mi opinión, el primer paso y, sin duda, el fundamental, es marcar el objetivo y, por tanto, señalar cuál sería el factor diferencial de un jurista en el marco de una sociedad altamente condicionada por las tecnologías. Para responder a esta cuestión no debe olvidarse, en todo caso, qué significa tecnología: como ya contempló hace más de 60 años Heidegger, la tecnología no es sólo un instrumento utilizado por hombres para obtener un fin; la tecnología implica desvelar algo oculto, y esto supone una clara implicación con la verdad. Esto es: no cabe pensar en una tecnología que escape a exigencias éticas. Por esa razón, un jurista que conoce bien las prestaciones que las tecnologías ofrecen a su profesión ha de ser un jurista capaz de comprender las implicaciones que suponen, entre el Derecho y la Ética. Esto significa, en una Facultad de Derecho, formación en los principios. El desarrollo de la capacidad de razonamiento y de argumentación que exige cualquier sistema jurídico moderno no es suficiente, porque sólo con la sensibilidad que proporcionan los fundamentos del Derecho puede el jurista asumir el control del papel creciente de la tecnología. Pero el jurista sólo puede entender el entorno tecnológico si lo conoce, si se aproxima a la forma en la que la tecnología se crea, y sí está familiarizado con sus prestaciones; no se trata de capacitar para utilizar determinadas herramientas, sino para entender cuál es la base sobre la que se crean y cuál es el lenguaje esencial de quienes lo hacen. Es preciso que existan juristas bien formados que, a la vez, sean capaces de dialogar con quienes tienen las capacidades para crearlas; que puedan efectuar un análisis crítico de las prestaciones de varias herramientas para decidir cuál se ajusta más a las necesidades del trabajo a desarrollar.

Un segundo nivel es el del profesorado, porque éste es el factor esencial de la enseñanza del Derecho en la tradición europea: los proyectos docentes fundados de forma predominante en el alumno olvidan que la transmisión del conocimiento del Derecho no es simplemente el aprendizaje de un oficio, y esto es además especialmente claro si se considera que la Abogacía como profesión tiene unas normas específicas de formación diferentes de las del Grado. Tal vez sea ésta, desde mi punto de vista, la mayor dificultad que supone todavía el Espacio Europeo de Educación Superior y su actual ejecución, que -a mi juicio- no han situado convenientemente la figura del profesor en el sistema universitario.

El profesorado ya ha aceptado, en una infinidad de casos, que el paisaje en el exterior ha cambiado con las nuevas tecnologías, e incluso ha desplegado proyectos personales de adecuación de la docencia a las nuevas tecnologías, porque existe la conciencia de que el alumno actual, nativo digital, no acepta con facilidad los métodos tradicionales de explicación de la asignatura. Con esto no quiero decir que deba sobrecargarse al profesor con un cambio radical de la metodología docente, sino que es preciso facilitar al profesor las herramientas para que su clase se sitúe ya en un entorno tecnológico, tanto en la impartición como en los contenidos. No se ha de exigir al profesor que imparte el Derecho del Trabajo que sea un experto en nuevas tecnologías, sino que conozca las implicaciones que estas tecnologías comportan para el desarrollo de la materia en la que es experto; y, en su caso, para que sea consciente de la forma en la que las nuevas tecnologías facilitan o hacen más complejo el trabajo de los futuros juristas que se encuentran en el aula.

La conclusión, desde mi punto de vista, se apuntaba en las primeras líneas: durante los próximos años, la enseñanza del derecho encuentra su reto esencial en la formación de juristas familiarizados con un nuevo entorno tecnológico y global en el marco de tradición que le debe ser consustancial. Afrontarlo exige asumir diferentes acciones dirigidas a los estudiantes, pero también a los profesores, con objetivos claros. Al menos algunos tenemos claro que ha de ser así y que ésta es la responsabilidad que hoy se nos demanda.

Artículo de Carlos Pérez del Valle, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para obtener información de su navegación por nuestro sitio web y poder realizar análisis de navegación y, en su caso, registro de su sesión. Si continúa navegando acepta nuestra política de cookies. Pinche en el siguiente enlace para obtener más información más detallada, así como de la desactivación de cookies: Más información.

Acepto