Economía colaborativa y competencia.

24/01/2019

 

Por Antonio Maudes Gutiérrez. Técnico comercial y economista del Estado.

Lo que hoy denominamos “economía colaborativa”apareció a mediados de la década pasada en Estados Unidos. En su origen se encuentran diversos grupos de jóvenes difícilmente identificables como empresarios. Estaban educados en ambientes tecnológicos y no tenían relación con mercados concretos. Estos innovadores combinaron una idea tan antigua como la humanidad —compartir cosas cuando no las necesitas— con otra tan moderna como las plataformas digitales en Internet —con precedentes en Usenet, Napster o Wikipedia—. Cada grupo tradujo su idea a código informático y le puso un nombre a su aventura. Airbnb, Uber, Lyft, TaskRabbit, Bridj o Kickstarter empezaron a competir para cubrir una necesidad en el mercado. Muchas fracasaron. Otras, siguen compitiendo. Las menos, se han convertido en gigantes.

Este nuevo modelo de negocio digital no hubiese cuajado sin añadir a la receta otro potente ingrediente de disrupción. Introdujeron sistemas de reputación en línea para que los usuarios pudieran evaluarse mutuamente, facilitando el intercambio entre iguales peers.

El boca a boca en Internet hizo el resto. Surgieron velozmente los beneficios habituales de la verdadera competencia: mejores precios, mayor calidad, más innovación, más libertad de elección, más actividad económica, más hechos impositivos que podían ser gravados, más bienestar. Las plataformas colaborativas crecieron rápidamente. Centenares de millones de usuarios. Decenas de miles de millones de euros de facturación anual. Las de crecimiento más rápido fueron aquellas que, como Uber Pop, Blablacar o Wimdu permitían el acceso a bienes que representan el mayor porcentaje de la riqueza de los hogares: la vivienda y los coches. Sin embargo, en ambos sectores había ya potentes operadores instalados. Durante décadas, no sin conflicto, el sector hotelero y el monopolio del taxi habían codiseñado con la administración unas normas a medida. A menudo regulaciones contrarias a la competencia y en conflicto con la eficiencia y la equidad. Normas cada vez más desligadas de las necesidades de los consumidores.

Su capacidad de influir como grupos de presión sobre las administraciones había creado marcos jurídicos enfermos que producían mercados cada vez más fraccionados e ineficientes. Paradójicamente, en su afán por eliminar la competencia con el auxilio de la administración, estos sectores se habían autoimpuesto unas ineficiencias regulatorias que, en la era digital, pasaron a implicar ventajas a favor de los nuevos competidores.

Ante la fuerza del nuevo modelo de negocio y su aceptación por los consumidores, los incumbentes se vieron obligados a elegir. Podían animar a las administraciones a iniciar una reforma estructural en profundidad que eliminase los obstáculos a su propio crecimiento y les permitiese competir con más posibilidades de éxito. También podían atrincherarse, instrumentalizando normas ya en vigor, o intentando forzar nueva legislación para dificultar el crecimiento de los nuevos entrantes. En algunos países, como en España, sin aparente margen para las decisiones individuales y pastoreados por sus respectivas asociaciones de categoría, los grupos de interés están imponiendo la segunda vía.

A través de sus contactos en el sector público español, los operadores instalados están cerrando los mercados, frenando la innovación y blindando el negocio ante los nuevos entrantes. La libre elección de los consumidores y la superioridad tecnológica de las jóvenes empresas se enfrentan a normas que dificultan su actividad o la prohíben directamente. Ante esto ¿qué han hecho las autoridades de competencia en todo el mundo? Diez años después del inicio de la economía colaborativa no existen prácticamente casos de concertaciones de precios o de abusos de posición de dominio que afecten a estos nuevos modelos de negocio. Los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) acumulan telarañas en este debate. Tampoco existen casos de Ayudas de Estado, otra de las patas de la política de competencia destinada a supervisar los efectos de estas actuaciones públicas.

Las plataformas no piden dinero público, con lo que los artículos 106 y siguientes del TFUE no encuentran aplicación. Respecto a las autorizaciones ex ante de operaciones de concentración económica entre plataformas "algo más próximo a la promoción de la competencia que a los expedientes sancionadores", ha habido pocas y no han concluido en prohibiciones. Hasta donde llega mi información, la totalidad ha sido autorizada administrativamente y, sólo en ocasiones, con condiciones. Sí se detectan interesantes casos presentados como “competencia desleal”. En general, los incumbentes no acuden ante autoridades especializadas de competencia, sino ante diversos tribunales. En España, por ejemplo, la denuncia de una asociación de taxistas en un Tribunal Mercantil de Madrid logró de facto, en toda España, la prohibición del modelo de negocio de Uber Pop por “competencia desleal”. Desde 2014 los ciudadanos españoles no pueden llevar a otros ciudadanos en sus coches, en área urbana y a cambio de un precio, sin “licencia administrativa”.

Viendo el éxito de esta estrategia limitadora de la competencia, otro lobby, el del transporte interurbano por autobús, presentó un caso similar contra otra plataforma, Blablacar, ante el mismo tribunal y el mismo magistrado. En esa ocasión, la sentencia tuvo signo contrario. Desde entonces, han decaído los recursos por competencia desleal contra la “economía colaborativa”. Los lobbies han redoblado su apuesta anticompetitiva impulsando la aprobación de normas restrictivas en diversos niveles legislativos y administrativos.

Ante estas restricciones públicas, que no privadas, las autoridades de competencia han empleado, en ocasiones, los instrumentos de promoción de la competencia en defensa del interés general que les concede la legislación. Es decir, la elaboración de estudios, la emisión de informes referentes a normas en desarrollo y la legitimación activa por restricciones a la competencia y por fraccionamientos de la unidad de mercado. Por ejemplo, las legitimaciones se encuentran en artículos de leyes distintas y han sido utilizadas buscando corregir los daños ocasionados por normas con rango inferior a la Ley. De momento, con menor éxito en unidad de mercado.

Además del uso de la legitimación activa, las autoridades de competencia deben aportar datos, argumentar y animar. Deben convencer y educar a favor de la eficiencia y la equidad económica. Es la alternativa más favorable para la competencia y los consumidores. La más favorable a largo plazo para el propio sector. La más favorable para las administraciones y el interés general. Los próximos años en España ofrecerán un excelente experimento natural para analizar si los obstáculos a la competencia introducidos en los principales sectores de la economía colaborativa ralentizarán o detendrán la innovación tecnológica. O si, en mayor medida, será la tecnología la que determine la economía, las preferencias sociales y, en último término, el marco legal.

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